Repetición iniciada por la aseguradora que indemnizó al asegurado cuyo vehículo fue sustraído en la playa de estacionamiento de un hipermercado

estacionamientoPartes: Nación Seguros S.A. c/ Cencosud S.A. s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 20-oct-2016

Cita: MJ-JU-M-101892-AR | MJJ101892

Sumario:1.-Debe confirmarse la admisión de la demanda iniciada por una aseguradora contra la sociedad propietaria de un hipermercado en cuya playa de estacionamiento se produjo la sustracción de un vehículo asegurado, al no estar cuestionada la existencia de la cobertura ni el pago invocado por la aseguradora y el hurto está probado mediante la constancia de la denuncia policial, mientras que la falta de adjunción de un ticket de compra correspondiente al día del siniestro no tiene efecto alguno ya que corrobora que la playa en cuestión es un instrumento ofrecido al público con la ostensible finalidad de colectar clientela.

2.-Toda vez que las playas de estacionamiento implican un beneficio adicional para empresas que ofrecen bienes o servicios a potenciales consumidores o comerciantes minoristas, a la luz del standard de la buena fe previsto por el art. 1198 del Código Civil, es posible concluir que aquéllas asumen un deber de custodia y deben responder por los daños que se produzcan a los vehículos allí? estacionados.

3.-Las consecuencias de la omisión de la sociedad propietaria de un hipermercado de establecer controles al ingreso y egreso -irrestricto y gratuito- de vehículos, probablemente adoptadas por razones de ahorro de costos de recursos humanos e infraestructura, deben jugar en su contra cuando se le reclama la indemnización del daño derivado de la sustracción de un rodado, pues solo a ella les son imputables.

4.-La sociedad propietaria de un hipermercado no debe restituir a la compañía aseguradora la suma de dinero abonada por ésta a un asegurado con fundamento en la sustracción de su rodado en la playa de estacionamiento, si las pruebas rendidas en la causa impiden considerar acreditado que el vehículo hubiera estado efectivamente estacionado en el lugar y el real acaecimiento del hurto debido a que la causa penal fue archivada por falta de acreditación de la existencia del hecho investigado (de la disidencia de la Dr. Tévez)

5.-La acción que deduce una compañía aseguradora contra el responsable del daño ocasionado al asegurado, procurando la restitución de las sumas de dinero abonadas por el acaecimiento del siniestro, debe ser idéntica a la acción que su asegurado podría haber ejercido, lo cual implica que goza de los mismos beneficios y queda la aseguradora sometida a idénticas excepciones (de la disidencia de la Dra. Tévez).

Fallo:

En Buenos Aires a los veinte días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: “NACIÓN SEGUROS S.A. contra CENCOSUD S.A. sobre ORDINARIO” (COM 24299/2012; Com. 21 Sec. 41) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Juan Manuel Ojea Quintana, Alejandra N. Tevez y Rafael F. Barreiro.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 439/451?

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

I.- El relato de los hechos 1. Se presentó a fs. 169/175, por intermedio de su apoderado, Nación Seguros S.A. promoviendo demanda contra Cencosud S.A. y/o quien resulte civilmente responsable del siniestro que relatara, por el cobro de la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000), o lo que en más o en menos resultase de la prueba de autos, con más los intereses y costas.

Explicó que el monto cuyo reembolso pretende se corresponde con la cobertura del riesgo de robo/hurto total del vehículo tipo camión Mercedes Benz modelo L1114, año 1978, dominio RPC 673; ya que debió reponer el rodado a su asegurado, Adiser Transportes S.A. Justificó su legitimación en el artículo 80 de la ley 17418, que lo autoriza a subrogarse en los derechos del asegurado.

Indicó que el siniestro se configuró el día 29.08.2010 en la playa de estacionamiento del centro comercial Easy, ubicado en la Avenida Calchaquí 3950, Provincia de Buenos Aires. Afirmó que el Sr. Mario Fernando Rodríguez estacionó allí el camión para realizar una compra de maderas y que, cuando salió del negocio sin haber hallado el producto buscado, el vehículo ya no se encontraba.

Desarrolló algunas consideraciones sobre la responsabilidad que cabe atribuir al supermercado.

Ofreció prueba a fs. 173 vta. /174.

2. Impreso el trámite de juicio ordinario (v. fs. 182) y corrido el traslado de la demanda, a fs. 221/228 se presentó Cencosud S.A., a través de su apoderado, solicitando el rechazo del reclamo con costas.

Formuló una pormenorizada negativa de los hechos invocados en el libelo de inicio. Especialmente desconoció la configuración del siniestro denunciado, su pago y la responsabilidad que por ello le imputa su contraria.

Se explayó en orden a la ausencia de pruebas que demuestren la existencia del robo/hurto alegado. Calificó de insuficiente, a tal efecto, la denuncia policial realizada. Dijo que la información de la empresa de seguridad CODECOOP resultaba imprecisa. Alegó que el asegurado no tenía ticket de compra en el comercio y cuestionó que no hubiera efectuado reclamo alguno en Cencosud S.A.

Afirmó que el siniestro constituye un caso fortuito. Citó jurisprudencia. También adujo que es el Estado quien debe brindar seguridad a los ciudadanos y que, por vía del artículo 18 de la ley 12.573, su establecimiento está obligado a brindar un espacio para el estacionamiento a sus clientes.

Ofreció prueba.

II.- La sentencia de primera instancia

Mediante el pronunciamiento dictado el 1 de diciembre de 2015, a fs. 439/451, el juez de grado admitió la demanda promovida por Nación Seguros S.A. y condenó a Cencosud S.A. a abonar a la primera, dentro de los 10 días, la suma de $80.000, con más los intereses desde el 16.12.2010 (fecha del pago realizado por la aseguradora demandante) a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días.

Para decidir como lo hizo, el magistrado aclaró, en primer lugar, que la cuestión debatida en autos se encuentra alcanzada por las disposiciones que fluyen de la Ley de Defensa del Consumidor.

Luego, considero por probada la sustracción del camión del predio de la demandada en tanto: a) existió un proceso criminal abierto con motivo de la correspondiente denuncia penal (fs. 345/385); b) la declaración del denunciante, Sr. Mario Fernando Rodríguez, resultó congruente en lo que respecta a la descripción en tiempo y espacio de las circunstancias acontecidas antes y después del hecho (fs. 346); c) el asegurado efectuó oportunamente la comunicación a la aseguradora (fs. 11/14).

Consideró que por tratarse de una acción subrogatoria en los términos del artículo 80 de la ley 17.418 era menester acreditar el contrato de seguro y el pago realizado a su asegurado. Indicó que tales circunstancias se encontraban probadas por medio de la pericia contable practicada en autos.

De seguido, fijó el monto de condena en la suma de dinero abonada por la compañía de seguros a su asegurado, con más sus intereses.

III.- El recurso De esa sentencia apeló la demandada, Cencosud S.A., a fs. 452. El recurso fue concedido libremente a fs. 457. Su expresión de agravios luce a fs. 467/470 y mereció réplica de la parte actora a fs. 472/479.

La recurrente adujo, sustancialmente, que la instrucción probatoria resulta insuficiente para concluir sobre la existencia del hurto que se dijo acaecido en su establecimiento. En ese sentido, controvirtió la eficacia de la denuncia policial, por considerar que consiste en una declaración unilateral del damnificado.

IV.- La solución propuesta (i) Se agravia la apelante, en lo principal, porque considera que no se colectaron en la causa suficientes elementos de juicio para estimar acaecido el denunciado hurto del automóvil en sus instalaciones ni para atribuirle responsabilidad por dicho suceso.

(ii) Preliminarmente, en lo concerniente al fondo de la cuestión, cabe señalar que en reiteradas ocasiones se ha considerado que los supermercados -y, agrego, los grandes centros comerciales o shoppingsresultan responsables por la sustracción de vehículos estacionados en sus playas de estacionamiento anexas. Ello es así, en razón de la obligación de seguridad y custodia que recae sobre el supermercado en virtud de la relación contractual que lo vincula con sus clientes (conf., Cncom., Sala C, in re: “La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales c. Carrefour Argentina S.A. y otro del 14.11.2006; íd. “Omega Coop. de Seguros Ltda. c. Carrefour Argentina S.A.”, del 06.06.06; íd. “Caja de Seguros S.A. c. Cadesa S.A. y otro”, del 22.10.02; íd. “Caja de Seguros S.A. c. Cadesa S.A.”, del 19.10.01; esta Sala, in re: “Caja de Seguros S.A. c/ Cencosud S.A. s/ ordinario”, del 22.11.2012; íd: “Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. c/ Jumbo Retail”, del 26.02.2015).

En orden a la existencia y tipificación de la relación que uniera a las partes, se ha señalado que el vínculo es de naturaleza contractual. Si bien no puede afirmarse que hubiera un contrato típico de depósito o uno de garaje, o una prestación accesoria de un contrato de compraventa, ello no implica que no existiera vínculo jurídico entre las partes. En efecto, se ha considerado que en estos supuestos se configura una relación de índole contractual atípica, pues si bien, por sus características, podría asimilarse al depósito gratuito (cfr. art. 2182 y siguientes del Cód. Civil), en tanto se facilita gratuitamente la guarda del vehículo, el ánimo de lucro hace que exceda ese encuadramiento, por lo que se trata de un contrato innominado (cfr. art.

1143, Código Civil), semejante a lo que ocurre con los guardarropas de los restaurantes o salas de espectáculos, ofrecidos como servicios accesorios de su actividad principal a fin de incrementar o facilitar esta última (CNCom., esta Sala, in re: “Caja de Seguros S.A. c/ Cencosud S.A. s/ ordinario”, del 22.11.2012; íd: “Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. c/ Jumbo Retail”, del 26.02.2015; Sala C, in re: “Omega Cooperativa de Seguros Limitada c. Carrefour Argentina S.A. s. ordinario”, del 31.03.06 y del 06.06.06; íd. “Omega Cooperativa de Seguros Ltda. c. Supermercados Mayoristas Makro S.A.”, del 18.11.03; íd., del voto del Dr. Monti, in re: “Caja de Seguros c. Cadesa s. ordinario”, del 19.10.01; en igual sentido, CNCom., Sala A, in re:

“Sancor c. Cencosur s. ordinario”, del 6.03.98; íd., in re: “Arcadía Cía. de Seguros c. Carrefour Argentina S.A.”, del 16.04.97; CNCom., Sala B, in re: “La Meridional c. Carrefour s. ordinario”, del 22.05.96; CNCom., Sala E, in re: “Inca S.A. c. Carrefour s. ordinario”, del 22.10.91, entre muchos otros).

En síntesis, y toda vez que tales playas de estacionamiento implican un beneficio adicional para empresas que, como la aquí demandada, ofrecen bienes o servicios a potenciales consumidores o comerciantes minoristas, parece razonable concluir, a la luz del standard de la buena fe previsto por el art. 1198 del Código Civil, que aquéllas asumen un deber de custodia y deben responder por los daños que se produzcan a los vehículos allí estacionados (CNCom., Sala D integrada, voto del Dr. Monti, in re:

“Omega Coop. de Seguros Ltda. c. Carrefour Argentina S.A. s. ordinario”, del 18.02.05).

Es, pues, desde dicha perspectiva conceptual que será abordado el análisis del recurso.

(iii) Como ya fue reseñado precedentemente, la recurrente se queja porque estima que fue insuficiente la actividad probatoria desplegada en el sub lite y que luego fue ponderada por el a quo para receptar la demanda.

Sin embargo, del análisis de la causa no se advierte la aducida ausencia de elementos acreditativos para concluir sobre la existencia del siniestro denunciado en la playa de estacionamiento del centro comercial. a) En primer lugar, resultó indiscutida la aptitud de la pretensora para promover este pleito en los términos del artículo 80 de la Ley 17.418. No ha sido apelada la existencia de la cobertura ni el pago invocado por la aseguradora y juzgado realizado por el anterior sentenciante, con apoyo en la documentación acompañada y el resultado arrojado por la pericia contable. b) A mi entender, el hurto se encuentra probado mediante la constancia de la denuncia policial cursada ante la Comisaría Novena de Quilmes (v. informe obrante a fs. 270/274) y las fotocopias certificadas de la causa N° 13-00-017154-10, caratulada “s/ Hurto agravado. Rodríguez Mario Fernando”, que tramitó ante la Fiscalía de Instrucción y Juicio N° 12 del Departamento Judicial de Quilmes (oficio de fs. 344/385).

c) La dogmática negativa formulada por la demandada respecto de la información volcada en la denuncia realizada ante la autoridad policial de modo alguno logra desvirtuar el contenido que la misma exhibe; máxime, teniendo en cuenta que no ha sido redargüida de falsedad.

A ese respecto, cabe añadir que se ha resuelto en casos análogos, que no es óbice para atribuir significación probatoria a ese testimonio el hecho de que se trate del asegurado -aquí, en rigor, del chofer del camión -, pues constituye un hecho que no atañe directamente a la actora, sino a otra persona, lo que contribuye a robustecer la eficacia probatoria de su declaración (ver CNCom., Sala C, en “Omega Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Supermercados Mayoristas Makro S.A s/ ordinario”, del 18.11.03, íd. “Omega Cooperativa de Seguros Limitada c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, del 31.03.06). SA c/ Cencosud SA, s/ ordinario”, 17.07.2006, Expte. Nro. 47.267 del Registro de la Secretaría Nro. 35 del Juzgado Nro. 18; íd; 22.07.2008, “El Comercio Compañía de Seguros a prima fija SA, c/ Coto CICSA, s/ ordinario, Expte. Nro.

51.349 de la misma Secretaría)”; consideraciones que, por lo demás, compartí al adherir a su ponencia en los autos: “El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija SA c/ Cencosud SA s/ ordinario” del 15/4/2014.

d) Cierto es que la quejosa alegó que en autos no se acompañó ticket alguno que permita aceptar que una persona efectuó una compra en el lugar el día del siniestro. Al respecto, he sostenido en pronunciamientos anteriores que no constituye punto dirimente la circunstancia de no haber adquirido el potencial cliente uno o más bienes de los ofrecidos por los locales ubicados en el predio, ya que el haz de las hipótesis que podrían verificarse resulta muy amplio (v.gr. el asegurado visitó la tienda para interesarse por determinados productos, su calidad y precio, etc., sin concretar la compra) y no hace ello sino corroborar que la playa en cuestión constituye un instrumento ofrecido al público con la ostensible finalidad de colectar clientela (conf. CNCom., Sala C, mi voto preopinante como juez subrogante, en los autos: “Herrera José A. c/ Ingotar SA y otro s/ sumario” , del 19/10/2007; íd., “Caja de Seguros SA c/ Supermercados Makro SA s/ ordinario”, del 17/8/2007; entre otros).

A mayor abundamiento, es dable poner de relieve que las consecuencias de la omisión de la recurrente de establecer controles al ingreso y egreso -irrestricto y gratuito- de vehículos, probablemente adoptadas por razones de ahorro de costos de recursos humanos e infraestructura, deben jugar en su contra, pues sólo a ella les son imputables.

La negligencia incurrida, aunada a la inexistencia de comprobantes documentales que registren fehacientemente la entrada y salida de los rodados, le impiden desplazar la carga de la prueba de estos extremos al damnificado -o a quien en él se subroga-, como erróneamente lo intenta la apelante (conf. CNCom., Sala A, in re: “Omega Coop. de Seg. Ltda. c. Supermercados Mayoristas Makro S.A. s. ordinario”, del 25.8.2004; en igual sentido: Sala D, in re: “Omega Coop. de Seguros Ltda. c. Carrefour Argentina

S.A. s. ordinario”, del 10.2.05).

(iv) De modo que el plexo probatorio precisado supra crea convicción suficiente en este juzgador sobre la veracidad del relato de los hechos brindado por la actora y el derecho que le asiste. Y así, los argumentos de la accionada referidos a la falta de constancias acreditativas resultan inhábiles a fin de desvirtuar la postura asumida.

(v) Aprecio acertada, entonces, la solvente decisión del anterior sentenciante, en cuanto atribuyó responsabilidad a la demandada por la sustracción del vehículo asegurado por la accionante y la condenó a que le restituya el monto que esta última abonó en concepto de indemnización por el acaecimiento del eventus damni.

V.- La conclusión Por los fundamentos expuestos, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas en el Acuerdo que se celebra, corresponderá desestimar los agravios introducidos por la demandada y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de apelación. Con costas de Alzada a la quejosa, por virtud del principio objetivo de la derrota (Cpr. 68).

Disidencia de la Dra. Tevez:

1. No comparto la solución propiciada por mi distinguido colega preopinante. Ello pues juzgo que, con las pruebas rendidas en la causa, no puede reputarse acreditado que el asegurado hubiera dejado efectivamente estacionado el rodado en el predio del supermercado, así como tampoco el real acaecimiento del hurto.

2. Inicialmente señalaré que la responsabilidad de los supermercados por los vehículos estacionados en las playas destinadas para los clientes que concurren al establecimiento, en situaciones que guardan similitud con el caso, ha sido considerada por esta y las restantes Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial como una obligación de custodia y restitución (cfr. CNCom., Sala E, “Omega Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, del 7/9/07; íd., C, “La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, del 14/11/06; esta Sala F, “Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. c/ Jumbo Retail Argentina S.A. s/ ordinario”, del 26/2/15, entre muchos otros).

En ese quicio, es pacífica la jurisprudencia en cuanto considera que los centros comerciales o shoppings resultan responsables por la sustracción de los rodados aparcados en sus playas de estacionamiento. Ello así, en razón de la obligación de seguridad y custodia existente en el marco de la relación contractual que los vincula con sus clientes (cfr., CNCom, Sala C, “Omega Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Carrefour Argentina S.A. s/ Ordinario”, del 6/6/06, íd. “Caja de Seguros c/ Cadesa S.A. y otro s/ Ordinario”, del 22/10/02; íd. E, “Formoso de Juárez, A. c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, del 18/2/03; íd. D, “Omega Coop. de Seguros Ltda. c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario” del 18/2/05, entre muchos otros).

La cuestión a dirimir es, entonces, esencialmente probatoria: trátase de establecer, en cada caso, si se demostró o no el hecho del estacionamiento y posterior sustracción de la playa de la defendida.

3. Tengo dicho -en casos similares al aquí planteado- que la acción que la aseguradora deduce debe ser idéntica a la acción que su asegurado podría haber ejercido. Ergo, goza de los mismos beneficios y queda la aseguradora sometida a idénticas excepciones: de allí que ni el asegurador tiene un derecho distinto al de la víctima ni el tercero una obligación diferente, según sea el damnificado o la compañía de seguros quien ejercita la acción (conf. CNCom., Sala D, “La Holando Sudamericana Cia. de Seguros c/ Candale SRL s/ ordinario, del 28.09.05; idem, Sala C, “La Republica Cia. Argentina de Seguros c/ Supermercados Mayoristas Makro s/ ordinario”, del 18.11.03).

Así, el tercero no tiene, en razón de la subrogación operada, una obligación distinta de la que tenía respecto de la víctima. En tal orden de ideas, puede oponer al asegurador todas las defensas que tenía contra el asegurado (v. mi voto, en esta Sala, “Omega Seguros S.A. c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, del 14.9.2010).

4. Consecuentemente, frente al agravio de la defendida corresponde analizar en primer lugar si se acreditó idóneamente que el vehículo fue estacionado y luego sustraído del predio perteneciente a Cencosud S.A.

Adelanto que las pruebas rendidas en la causa resultan insuficientes, a mi juicio, para estimar acreditado que el camión fue efectivamente aparcado en el predio del supermercado y que el mismo fue sustraído en ese lugar.

Sabido es que, para generar la convicción necesaria en el juzgador, resulta carga de la actora aportar elementos idóneos a fin de apoyar su versión de los hechos.

No desconozco, en ese sentido, la dificultad que puede representar la prueba de la ocurrencia de una sustracción en el predio de un supermercado. Y recuerdo que rige para las partes el principio de libertad de prueba, con la única limitación de aquellas que por razones de moralidad se refieran a hechos que la ley prohíbe investigar, o que resulten manifiestamente inútiles, impertinentes, inidóneas, o aparezcan ilícitas por otro motivo (cfr. De Santo, Víctor, “La prueba judicial, teoría y práctica”, Ed.

Universidad, pág. 24, Buenos Aires, 1992).

Recuérdese que, como quedó dicho, el estacionamiento del vehículo y su desaparición constituyen el presupuesto fáctico indispensable para evaluar posteriormente la responsabilidad atribuida (Cpr. 377).

Como anticipé, la escasa prueba rendida no logra formar en mi ánimo la convicción necesaria a efectos de tener por acreditada la existencia de los hechos del modo en que han sido descriptos por el pretensor (conf. arg. art. 386 del Cpr.).

En efecto: i) la denuncia policial del hurto y las actuaciones penales labradas en su consecuencia, carecen de virtualidad probatoria; así pues si bien aquella fue efectuada por el chofer del camión -Mario Fernando Rodríguez- y no por el propio asegurado, se dispuso el archivo de la misma por no haberse podido “acreditar la existencia del hecho que se investiga” (v. copia certificada a fs. 376, conf. CNCom, Sala E, “Caja de Seguros S.A. c/ Supermercados Mayoristas Makro S.A. s/ ordinario”, del 2.6.10; íd, esta Sala, mi voto en “Caja de Seguros S.A. c/ Cenco sud S.A. s/ ordinario” del 22.11.12). ii) la empresa Protección Total Codecop S.A., que monitoreó satelitalmente el recorrido del camión dominio RPC 673, informó que no contaban con los registros correspondientes del mismo por haber perdido el disco back up donde se almacenaban (v. fs. 309), a la vez que las copias simples del recorrido que integran el informe del liquidador -además de haber sido desconocidas por la defendida en fs. 221- carecen de identificación respecto de quién las habría suministrado y a qué vehículo corresponderían (v. fs. 21/33), y iii) el propio denunciante manifestó en sede policial la inexistencia de testigos que dieran cuenta de la ocurrencia del hecho, a la vez que no se ofreció prueba testimonial en este proceso.

En tales condiciones, no se ha producido prueba que permita considerar razonablemente demostrados los hechos sobre los que el actor sustentó su pretensión.

Véase que bien pudo Nación Seguros S.A. haber producido pruebas a fin de indagar si los encargados de vigilancia asentaron documentadamente el acaecimiento del hecho, entre otras cosas, lo que no hizo.

Es del todo previsible que quien resulta víctima de un ilícito como el invocado, efectuará el reclamo pertinente en el lugar, dejará constancia del mismo, pedirá ayuda para ubicar el bien sustraído y preservará las pruebas necesarias para justificar su posterior reclamo (CNCom., Sala B, “Omega Cooperativa de Seguros Ltda. c/ INC SA s/ ordinario” del 14/06/07).

Así las cosas, el mero reconocimiento de la responsabilidad por parte de la aseguradora y el pago de la indemnización correspondiente, no sustentan adecuadamente su reclamo. Lo anterior por cuanto la sola versión del asegurado, si bien pudo ser suficiente frente a su aseguradora -dado que, en principio, ante la cobertura existente el lugar de la sustracción era indiferente-, no basta para generar responsabilidad patrimonial de la empresa mercadista. Su convicción no resulta suficiente fundamento para obtener el reintegro de lo pagado (conf. CNCom., Sala D, “Caja de Seguros S.A. c/ Supermercados Mayoristas Makro S.A. s/ ordinario”, del 22.03.05.).

5. Tras todo lo anterior, voto por revocar la sentencia apelada e imponer las costas de ambas instancias al actor vencido (conf. arg. art. 68 y 279 del Cpr.).

He concluido.

El Dr. Rafael F. Barreiro dice:

Adhiero a los muy sólidos y precisos fundamentos del Sr. Vocal preopinante, Dr. Juan Manuel Ojea Quintana. En particular, comparto y hago mías las apreciaciones vertidas en el apartado IV, (iii), d), en el sentido de ponderar debidamente que la demandada, pudiendo hacerlo, no ejerció la facultad de control de ingreso al estacionamiento.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

Rafael F.

Barreiro Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: desestimar los agravios introducidos por la demandada y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de apelación. Con costas de Alzada a la quejosa, por virtud del principio objetivo de la derrota (Cpr. 68).

II. Notifíquese (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13 y n° 42/15).

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez (en disidencia)

María Florencia Estevarena

Secretaria