Las ONG en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

ongAutor: Orlando, Lucas A. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 02-02-2017

Cita: MJ-DOC-10607-AR | MJD10607

Sumario:

I. Introducción. II. Nivelación de concepto. III. Persona jurídica. IV. Asociaciones civiles. V. Simples asociaciones. VI. Fundaciones. VII. Generalidades. VIII. Propuestas a los nuevos cambios normativos.Doctrina:

Por Lucas A. Orlando (*)

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento de estudio abarca todo lo referido a las entidades civiles en la Argentina, tales como las organizaciones no gubernamentales (ONG), conocidas actualmente como organizaciones de la sociedad civil (en adelante, OSC). En lo sucesivo, se estará haciendo referencia principalmente a algunas de sus figuras y más precisamente la de tipología legal, tales como fundaciones, asociaciones civiles y simples asociaciones. Expondré sus aspectos normativos, definiciones, características y demás regulaciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCivCom). Asimismo estaré brindando opinión doctrinaria y propuestas de cambios para que las organizaciones de la sociedad civil sigan pudiendo cumplir con sus fines sociales, de bien común, público y sin fines de lucro.

II. NIVELACIÓN DE CONCEPTO

¿Qué son las ONG? La comunidad directamente las asocia a grupos comunitarios con fines solidarios. Su siglas significan «organizaciones no gubernamentales», en contraposición a toda pertenencia referida al Estado y / o sector público. Pero dicho concepto comprendería otras integraciones que no hacen a las acciones solidarias puras. Por ello, en el 2001, año internacional del voluntariado declarado por las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) (1), donde se han instaurado ciertos cambios, entre ellos declarar el año 2001, como año internacional del Voluntariado, fijar la fecha cada 5 de diciembre como el Día Internacional del Voluntariado Social, hemos logrado, por el Comité Argentino ante la ONU, que tuve el honor de ser parte integrante por el Programa de Voluntariado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, actualizar el concepto más integrador y propio al referirse a las entidades vinculadas con acciones altruistas y de bien común, bautizándolo con el siguiente nombre: «organizaciones de la sociedad civil», con sus siglas OSC.Tal concepto no debe asociarse con la tipología legal establecida por las normas y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que rige desde el 1 de agosto de 2015 (2), cuyo texto normativo no fue muy propicioso para tales entidades civiles, nos estamos refiriendo a las denominadas fundaciones, asociaciones civiles y simples asociaciones.

A tiempos actuales, a la redacción del presente artículo (2016), tengo el placer de integrar la Coalición de la Sociedad Civil, integrada por las OSC más referentes de la Argentina. En mi caso particular, representando a la Asociación Cristiana de Jóvenes, YMCA (3), pero nos acompaña el Foro el Sector Social, Confederación de la Sociedad Civil, RACI, ACIJ, Fundación Compromiso, GDFE, AMIA, entre otras. Asimismo, coincide la integración de los Estudios Jurídicos y Contables, especialistas en esta materia (por quien represento a Orlando & Abogados, además de acompañarnos, Beccar Varela, Fourcade & Abogados, Gezik, otros). Además, nos acompañan integrantes de distintos organismos gubernamentales, coordinada por la Jefatura Nacional de Ministros, donde podemos mencionar entre otros a la Inspección Gral. de Justicia – IGJ de Ciudad de Buenos Aires, Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP, Ministerio Nacional de Trabajo, Unidad de Información Financiera – UIF, otras. Todos juntos en la puesta en común, para la reforma regulatoria de las entidades civiles, tales como asociaciones civiles, fundaciones y simples asociaciones, bajo el lema de trabajo «Una nueva ley para las ONG» (4). Esta Comisión «ad hoc» -que lleva casi dos años de labor voluntaria-, que nos ha motivado a seguir estudiando, analizando, investigando y evaluando las disposiciones normativas actuales de la sociedad civil y proponer cambios necesarios reales a las circunstancias difíciles que se presentan a más de una OSC del país.En mi caso particular y por proyectos sociales como «Vitaminas para OSC» (5) (encuentros presenciales educativos) y «Derecho Comunitario para OSC» (6) (programa de radio), hemos reunido grandes personas especialistas en la materia, no solamente en lo técnico legal o fiscal, sino personas que transitan el campo social, dando voz a la realidad que se vive desde el llano mismo del campo social de las OSC.

III. PERSONA JURÍDICA

Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación fija en su art. 141 la definición, especificando que es todo ente al que el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución y no necesita autorización legal para funcionar, salvo disposición legal en contrario.

El Código Civil y Comercial las clasifica, en su art. 145 , en personas jurídicas públicas o privadas. Las primeras comprendidas por el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas, los Estados extranjeros, la Iglesia católica, organizaciones constituidas en nuestro país con norma que les atribuya ese carácter o bien aquellas organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca constituidas en el extranjero. Las segundas son las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda aquella a la cual una norma le otorgue ese carácter. Ha dejado sin mencionar a los sindicatos, partidos políticos, y a otras asociaciones.

Una interesante aclaración que el Código Civil y Comercial estableció: fija la fuente de ley. Y para ello estipula lo siguiente: 1.°: las normas que se crean por ley especial o, en su defecto, lo normado por el Código Civil y Comercial; 2.°: las normas de su Estatuto Social y Reglamento, ambas creadas en su ámbito de acto constitutivo con las modificaciones que le correspondiere.Y en caso de divergencia, prevalecen las cláusulas del Estatuto Social sobre la reglamentación; 3.°: las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, lo normado por el Código Civil y Comercial y 4.°: aquellas personas jurídicas privadas, constituidas en el extranjero se regirán por la ley general de sociedades. En este último ítem, no se comprende por qué una Entidad Civil sin fines de lucro, para el Bien Común y Público, de gran referencia Internacional, constituida en el extranjero, debe aplicarse las normas referidas al ámbito comercial. Pero observaremos que esta inclinación comercialista, no será la primera en recalcarlo.

El Código Civil y Comercial, en su art. 151 , establece que el nombre de la persona jurídica privada debe identificarse como tal, junto a la tipología legal que haya adoptado. Por ej.: «Asociación Civil para la Ayuda Profesional Equis» o si no «Ayuda Profesional Equis – Asociación Civil». Una novedad que se incorpora es que el nombre debe cumplir recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, a otros nombres, como marcas, fantasía u otras referencia a bienes o servicios, ya sea que se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica. Luego se remite a lo ya regulado en cuestiones de seguridades al nombre y conforme a la generalidad de la ley.

Con relación al domicilio y sede social, el art. 152 del CCivCom nos trae la distinción, que el primero fija la competencia y jurisdicción de ley y debe fijarse en su Estatuto Social. Por ejemplo si se constituye una asociación civil en la Ciudad de Santa Rosa, prov. de La Pampa, le confiere además, la aplicación del Código Civil y Comercial y las normas de las «autoridades locales» de allí. Distinto es referirse a la sede social, que es la fijación de las obligaciones contraídas y, por ende, donde son válidas todas aquellas notificaciones. Se aconseja no estipularla dentro del estatuto social, ya que es común cambiar de sede y no de domicilio social.Este primero requerirá la reforma de estatuto social y el último, solo un trámite de comunicación ante la autoridad de contralor externo.

Sobre la duración de la persona jurídica, es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario. Con relación a su objeto social, determina que debe ser preciso y determinado. Según mi opinión, la fijación del objeto social nos podrá además determinar la duración de la entidad. Por ello y al sentido práctico y ante las autoridades de contralor externo de cada jurisdicción podría generar ciertas rigideces, ya que para anhelar la vida institucional en un tiempo de largo plazo, los objetivos sociales deben ser lo más amplios posibles, evitando así ser cumplido en un plazo corto o mediano de tiempo, generando con ello la existencia real en un tiempo determinado de la entidad civil y, con ello, el cumplimiento de su existencia, dando por ello fin a su existencia (7). Por otra parte, otro error muy común es la falta de distinción de que es un fin en sí mismo, sobre cuáles son los medios o bien el cumplimiento de las metas.

En el art. 158 del CCivCom, se establecen los órganos de Gobierno y sobre qué reglas deberá operarse la persona jurídica privada. Allí encontraremos que el estatuto social debe estipular una competencia de Gobierno, Administración y para los casos que sea exigible por la ley, la fijación de un área de fiscalización. Con relación a sus reglas y siempre y cuando en ausencia de previsiones especiales, se podrá usar en participaciones de sus reuniones medios que ayuden a los participantes comunicarse entre sí, siempre y cuando todos los que deban participar, aprueben dicha forma. Para ello el acta, alcanzará con la firma del Presidente y otro Administrador, indicando la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias, de acuerdo con el medio utilizado para comunicarse.Estimo que deben interpretarse los medios electrónicos y / o virtuales a los tiempos actuales, también conocidos como «de distancia». Y por otro lado, se permitirá que los miembros, que deban participar de una reunión, pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa o la conocida «circular de convocatoria», siempre y cuando concurran todos y el temario por tratar sea aprobado en forma unánime.

En el art. 159 y ss. del CCivCom, se avanza en lo referido a la responsabilidad civil, en la prevención del daño y en la asunción de sus actos, por las consecuencias que ello acarrea. Los administradores de las personas jurídicas deben obrar con lealtad y diligencia y no pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. En el caso de haber intereses superpuestos a los personales, dichos miembro deberá abstenerse de cualquier intervención a dicha operación. Es normal escuchar, muchas veces, afirmaciones posesivas a una entidad civil y hasta moverse en una libertad sin límite. Error a mi consideración, ya que la facultad de administrador y / o de mandatario no le es como propia, sino por el contrario de representación y con ello rendición de cuentas. Es importante nunca perder el «norte» de la OSC, que no es otra cosa que anhelar el cumplimiento del bien público y de bien común. Generalmente el nacimiento de muchas OSC se fundamenta por la ausencia y / o abandono del sector gubernamental o del sector productivo, sobre cuestiones particulares a una comunidad. Y esa libertad de hacer con el prójimo -y por el prójimo- no le genera que le sea algo absoluto; por el contrario, la autonomía de la voluntad debe circunscribirse al bien común, público e institucional. En otras palabras, no se deberían realizar las mismas actitudes que dieron origen a la creación de la OSC y que nacieron de una falencia de un sistema aplicado a una comunidad.Por ello, a nivel personal manifiesto que, a diferencia de ser «dueño» de algo, uno posee doble mandato de representatividad. La causa social por la que lucha y el bien público en sí mismo.

Tenemos que destacar que el Código Civil y Comercial aborda la «prevención del daño» o conocido en el ambiente, como el «escenario de riesgo» o el «escenario operacional». A los administradores les corresponde implementar los sistemas y medios necesarios para prevenir y así reducir el riesgo de conflictos de la persona jurídica. Asimismo, el Código Civil y Comercial establece que la responsabilidad de los administradores va a responder en forma ilimitada y solidaria sobre los actos de la persona jurídica a sus miembros y / o terceros, sin importar si ha ocurrido por su culpa, en ejercicio o con ocasión de sus funciones, ya sea por la acción y / o por la omisión. Si bien corresponde y considero que todo integrante de una OSC debe velar por siempre en los intereses institucionales, la responsabilidad actúa aquí por sus consecuencias. Pero que de aquí sea en forma ilimitada, opino que trasciende el espíritu de reglas y principios generales del derecho. En el sentido de que, si en una entidad comercial, donde hay una explotación comercial, donde hay un sinfín de variadas e infinitas relaciones jurídicas de distintos grados y hasta inclusive de carácter consumidor, aun así existe sobre muchos de ellos una responsabilidad limitada. Por ende, siendo una entidad civil, donde lo único que tiene como fin una actividad de bien público y sin fines de lucro, considero en lo personal una excesiva aplicación normativa. En su defecto, opino que debería ser como se encontraba establecida en el viejo Código Civil (CCiv), donde respondía hasta el límite de sus funciones o bien hasta los bienes y patrimonio de la entidad civil y no del propio.No son materia de tratamiento -aquí- las aplicaciones de la norma en general, sobre aquellos actos realizados con dolo y / o con culpa o bien con un ulterior interés oculto o mejores beneficios personales. Además que el nuevo Código Civil Comercial de la Nación reconoce la responsabilidad civil por el error involuntario, un dato no menor para tener encuentra.

IV. ASOCIACIONES CIVILES

En el art. 168 y ss. del CCivCom, se fijan los aspectos normativos. Y el Código establece que como sinónimo del bien común es símil al interés general. Considero que, al momento de la definición, se ha omitido su real concepto, del bien común por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el caso ALITT (8). («Para los supremos se puede pensar que todo tiende al “bien común” excepto las conductas que son evidentemente ilegales, o sea, que afectan los derechos de los demás. En ese sentido, las acciones que apunten al pluralismo en una sociedad democrática estarían orientadas hacia el “bien común”. Ese concepto, además, según el planteo de la Corte no se puede reducir a lo que quiere o piensa una mayoría»). Y un segundo párrafo detalla que no debe tener un fin de lucro principal ni tampoco para sus miembros o terceros. Aquí encontramos una cuestión que puede generar un gran problema. Por qué hace referencia que no puede tener un fin de lucro como actividad social principal. ¿Qué pasaría si fuese una actividad secundaria o subsidiaria? No es un dato menor, justo este planteamiento al abordar lo que se entiende por «sin fines de lucro».

El Código Civil y Comercial establece que el acto constitutivo debe realizarse por instrumento público. Esto no significa que solamente debe realizarse ante escribano, ya que cualquier autoridad con rango de funcionario, puede dar cumplimiento a este instrumento público.De hecho todo legajo y / o carpeta ingresada al ámbito gubernamental, se transforma en un instrumento público.

La autorización a funcionar como persona jurídica y ser sujeto de derecho, no es suficiente, porque luego de ello debe registrarse. Digamos en otras palabras, existe un doble control y registro por parte de la autoridad. Nuevamente un exceso normativo, que en comparación al ámbito de sociedades comerciales y en las operaciones de actividad que llevan a cabo, no sucede.

Con relación a su contenido y en comparación al anterior sistema, podemos decir que el nuevo Código invoca que, en forma resumida, se brinde la información que consta en el estatuto social, al cual yo recomiendo que sea utilizado como fundamento válido, lícito y legal del propio estatuto social.

El Código Civil y Comercial fija y determina en forma muy cerrada, cómo se integra la comisión directiva. Y manifiesta que se integra con una Presidencia, Secretaría y una Tesorería y que el resto serían Vocales, sin determinar titulares o suplentes o cantidad. ¿Qué pasará con aquellas organizaciones que, por sus estructuras organizativas, de gestión de planificación de distintas actividades, no solamente en el país o en el exterior, se encuentran obligadas a tener uno o dos Vicepresidentes, Prosecretarios o Secretarios Generales, etcétera?

Un aspecto positivo que introduce el nuevo Código Civil y Comercial es que el órgano de fiscalización será obligatorio para aquellas asociaciones que posean cien o más miembros asociados. Pero aclara que su integración podrá ser de personas asociadas o no, que no requerirán título habilitante para ello, pero que las asociaciones podrán contratar profesionales independientes.Aquí yo mantengo mis diferencias particulares, porque observo que no es igualitaria y / o equiparada para el área ejecutiva, donde muchas veces los miembros no poseen los conocimientos plenos para dirigir y / o administrar una asociación, y se les veda en cierta manera contar con profesionales allí. Pero lo que sí deja muy en claro y seguramente para darle a dicho órgano su independencia correspondiente, los integrantes del órgano de fiscalización no deben tener relación alguna con cualquier integrante de la comisión directiva, hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Con relación a la renuncia de los integrantes de la comisión directiva, se ha establecido una regla de aplicación que tiene a más característica reglamentaria que norma de fondo. Los integrantes podrán presentar su renuncia, y la misma operará de pleno derecho, siempre y cuando no afecte el funcionamiento del órgano o existan actos previos de ejecución. De allí que la renuncia no será válida y se deberá aguardar asamblea ordinaria para que se pronuncie. Es una mera prolija de dar cumplimiento al compromiso asumido. Puede haber otras causales que no están enunciadas, pero ameritan la consideración a los hechos y circunstancias que se apliquen.

Con relación a la responsabilidad civil, se establece que los asociados no responderán en forma directa y subsidiaria, salvo hasta el compromiso de su equivalencia y cuota social. Con relación a sus administradores, la responsabilidad será ilimitada y solidaria.

Un dato no menor: la responsabilidad del directivo se extinguirá por la aprobación de su gestión, renuncia o transacción resuelta por la asamblea ordinaria. En contraposición, no se extinguirá si la responsabilidad deriva de infracción a normas imperativas y si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada de asociados cantidad no menor al diez por ciento del total. En este caso, quienes se opusieron pueden ejercer la acción social de responsabilidad prevista para las sociedades.

Ya no se podrá exigir más a los asociados que adeuden cuotas sociales, que las cancelen como condición para participar de una asamblea.La obligación se sucinte hasta el mes anterior. Y la renuncia del asociado, no lo libera de sus compromisos obligacionales, entre ellas las deudas de sus cuotas sociales.

En materia de disolución, continúan las causales para personas jurídicas privadas, pero se agrega que aquellas comisiones directivas y / o comisiones revisores de cuentas, se reduzcan por varios motivos a un número inferior y no sea resuelto en los próximos seis meses, será causal de disolución.

Por último, el nuevo Código Civil y Comercial fija que, en caso de duda, se aplica en forma supletoria las leyes de las sociedades. Considero en lo personal que esto arroja por la borda muchos años de trabajo y donde fallos de las distintas justicias del derecho de trabajo del país, han establecido que las entidades civiles, como asociaciones y fundaciones no deben aplicarse sobre normas de índole o de aplicación comercial. Un ejemplo de ello, se ha observado en juicios de despidos la justicia laboral ha trasladado la responsabilidad empresaria en los incumplimientos cuando así correspondan, en forma solidaria e ilimitada a los integrantes directivos de esa empresa, propiamente por su finalidad de lucro. O sea, soporta las ganancias y las pérdidas. Asimismo, en varios casos judiciales, las personas en su legítima defensa de sus derechos, han querido trasladar la misma mecánica a las asociaciones civiles y fundaciones, haciendo responsable en forma personal, ilimitada a sus integrantes. Cuestión dirimida ampliamente por la Justicia Nacional de Trabajo.

V. SIMPLES ASOCIACIONES

Las tenemos reguladas desde el art. 187 del CCivCom, se les aplica las normas de asociaciones civiles salvo las que destaque el presente capítulo. Entre sus características constitutivas, nos encontramos que pueden formarse por instrumento público (igual a las asociaciones civiles) o bien por instrumento privado con firmas certificadas por notariados y que, en su nombre, deberán agregarse la tipología «simple asociación» o «asociación simple».

Comienza su existencia desde la fecha constitutiva, no se les exigirá el órgano de fiscalización si no superan de los veinte asociados.La responsabilidad civil es casi igual que la de asociaciones civiles donde sus administradores y miembros responden por sus bienes personales sobre las obligaciones que genere la simple asociación. Cuando correspondería que fuera proporcional al grado de estructura misma y espíritu de esta nueva figura. Además de ello, se le ordena llevar la contabilidad con la documentación semejante a una asociación civil, todo en forma documentada.

La pregunta que nos formularemos es si nos conviene a la hora de constituir una institución crearla bajo la figura de simple asociación o directamente si convendría crear una asociación civil.

VI. FUNDACIONES

En el Código Civil y Comercial, se regulan a partir del art. 193 donde encontramos su concepto integrado por seis requisitos: 1. Persona jurídica. 2. Finalidad del bien común. 3 Sin ánimo de lucro. 4. Con el aporte patrimonial de una o más personas como medio para cumplir los objetos sociales propuestos. 5. Constituirse mediante instrumento público. 6. Contar con autorización del Estado.

Establece que la conformación del patrimonio inicial, se la delega con facultad de razonabilidad, oportunidad y legitimidad a la autoridad de contralor externo. Estimo que es una facultad excesiva por ser expresada en la presente norma. Los que transitamos el campo social, sabemos que la autoridad de contralor ejerce dicha facultad conforme a características, niveles y razonabilidad en cada jurisdicción territorial donde se presente la solicitud de funcionar como tal, ya que somos conscientes de que las realidades sociales, culturales, climáticas y demás usos y costumbres, son muy distintos dentro de nuestro territorio argentino. Con relación a la cantidad de este patrimonio inicial, no lo expresa, sino que sean los medios necesarios para poder cumplimentar los fines propuestos. Por ello, se la integra en el concepto del artículo anterior. Se desprende que es el compromiso de una suma de dinero en moneda nacional necesaria, los distintos bienes que sean donados en el acto constitutivo y las promesas de donación a futuro, ya sea de fundadores y / o de terceros.Sin perjuicio de ello, esta integralidad de valores, no será determinante, ya que la autoridad de contralor, y conforme al presente Código, debe considerar la viabilidad, conforme antecedentes de los fundadores, la voluntad en sus acciones altruistas, características del programa por desarrollar y la aptitud potencial para cumplir con su objeto social.

Con relación a la constitución y autorización específica de la fundación, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

– Se debe destacar que la fundación es una de las formas para constituirse puede ser como acto de última voluntad de la persona humana. En el art. 195 , especifica los elementos necesarios para que se constituya la fundación: Debe ser otorgado proveniente de tres fuentes de origen: a. Fundadores b. Apoderados o c. por el caso de última voluntad (testamento), el juez que intervenga en el procedimiento sucesorio.

Con relación a qué requisitos debe contener el instrumento constitutivo, lo enuncia en doce requisitos: 1. datos personales de los fundadores y / o apoderados y / o autorizados (1. A. de ser personas humanas: nombre completo, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, documento de identidad. 1. B. de ser personas jurídicas: la razón social, domicilio, acreditación registral y la representativa con indicación de mandato). 2. nombre y domicilio de la fundación. 3. citación del objeto social, siendo preciso y determinado. 4. patrimonio inicial ya comentado anteriormente. 5. plazo de duración. 6. Organización del consejo de administración, duración de los cargos, régimen de reuniones y procedimiento para la designación de sus miembros. Importante citar cómo se integrará el primer consejo. 7. demás condiciones necesarias para el funcionamiento de la entidad.

8. procedimiento y régimen para la reforma del estatuto. 9. fecha del cierre del ejercicio anual para los Estados Contables. 10. cláusulas de disolución y procedimiento atinentes a la liquidación y destino de los bienes. 11. plan trienal de acción. 12.La autorización de las personas con facultades para gestionar el trámite de personería jurídica.

Con relación a los aportes patrimoniales. Hay dos formas de efectuarlos. a. Por sumas de dinero depositados en el Banco con el que opere la autoridad de contralor o los títulos de valores. Y b. Aquellos bienes donados, por lo cual deben estar correctamente inventariados y con las valuaciones y / o tasación, suscriptos por un profesional que sea Contador Público Nacional. Una aclaración es que las promesas de donación a futuro por terceros y / o fundadores en el inicio del trámite, deben estar firmadas en el acta constitutiva o bien emitida en la resolución de personería jurídica y que son irrevocables incluyendo a los posibles herederos del que prometiere. Solo será admisible la revocación de las donaciones, cuando el acto de celebración de tales donaciones se haya establecido expresamente como condición resolutoria que la fundación realice algún cambio de objeto social.

Cabe destacar que la facultad a la fundación ya constituida a exigir el cumplimiento de las promesas de donación hechas a su favor, no deben ser oponibles a la defensa en la revocación hecha antes de la aceptación, ni la relativa al objeto de la donación si constituye todo el patrimonio del donante o una parte indivisa de él, o si el donante no tenía la titularidad del dominio de lo comprometido.

Con relación a conformar un plan de acción con proyección a tres años, la indicación que establece es que su naturaleza, características y desarrollo de las actividades serán las necesarias para su cumplimiento, como así también las bases presupuestarias para su realización. Cumplido el plazo, se debe proponer lo inherente al trienio subsiguiente, con idénticas exigencias.Creo que, en un país donde la planificación a largo plazo no fue su «norte» a seguir, es muy difícil asumir un compromiso de lo que se va a realizar con cierto detalle minucioso en los próximos tres años. Con las tantas variables y / o circunstancias que muchas veces transita nuestra sociedad. Ahora la pregunta queda sin responder: ¿Qué pasa si no se lleva a cabo ese plan; y qué sanciones y / o consecuencias le recae a la entidad?

Sobre la responsabilidad de los fundadores y administradores durante la etapa de gestación, expresa que son solidariamente responsables frente a terceros por las obligaciones contraídas hasta el momento en que se obtiene la autorización para funcionar. Los bienes personales de cada uno de ellos pueden ser afectados al pago de esas deudas solo después de haber sido satisfechos sus acreedores individuales. Y además establece que la responsabilidad será ilimitada y solidaria.

Con respecto a la determinación de los órganos de Gobierno y Administración, se llamará «Consejo de Administración», el cual estará integrado por un mínimo de tres personas. Concluimos e interpretamos, porque la norma no lo fija, que será para ejercer cargo de Presidencia, Secretaría y Tesorería.

La reservas de derechos por parte de los fundadores sigue vigente, y son como ocupar cargos en el Consejo de Administración, así como también la de designar a sus integrantes, cuando se produzcan los vencimientos de plazos de designación o la vacancia de alguno de ellos. Sin perjuicio de ello, la designación de los consejeros puede ser conferida a instituciones públicas y a entidades privadas sin fines de lucro. Los consejeros pueden clasificarse en permanentes o en temporarios. De esta manera, determinadas decisiones pueden requerir el voto favorable de los primeros, como que también quede reservada a estos la designación de los segundos. Se le permite a la fundación que pueda delegar ciertas facultades a favor de un comité ejecutivo o en una o varias personas. Tales personas podrán ser -o no- miembros del consejo de administración.Y solo para estos casos específicos, puede prever algún honorario a favor de los integrantes de un Comité Ejecutivo. El Código Civil y Comercial recalca que los miembros del Consejo de Administración son de carácter honorario y, por ello, no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de su cargo, excepto el reembolso de sus gastos, tales como refrigerio, viáticos, de representación y demás afines en nombre de la institución.

La organización de reuniones, procedimiento de convocatorias, mayorías, decision es y actas del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, así como el procedimiento de convocatoria, lo tendremos expresado en el art. 207 . Allí fija que el quórum necesario debe ser de la mitad más uno de sus integrantes, lo actuado debe labrarse en el libro respectivo, en donde deberá resumir lo que resulte de cada convocatoria con todos los detalles más relevantes de lo actuado. Las decisiones se toman por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes, excepto que la ley o el estatuto requieran mayorías calificadas. En caso de empate, el presidente del Consejo de Administración o del Comité Ejecutivo tiene doble voto. Salvo para cuando aquellas designaciones de nuevos integrantes del Consejo de Administración se torne imposible, se contemple un quórum especial.

El Código Civil y Comercial nos brinda cierta garantías, donde los miembros del Consejo de Administración podrán ser removidos, con el voto de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del cuerpo. Asimismo el estatuto puede prever la caducidad automática de los mandatos por ausencias injustificadas y reiteradas a las reuniones del consejo.Y en el caso de acefalía, en el Consejo de Administración, existan cargos vacantes, donde su funcionamiento se torne imposible, y no puedan designarse nuevos miembros, o estos rehúsen aceptar los cargos, se le delega a la autoridad de contralor para reorganizar la administración de la fundación, designando nuevas autoridades y / o modificar el estatuto en las partes pertinentes.

El Código Civil y Comercial fija los derechos y obligaciones de los integrantes del «Consejo de Administración», que estarán sujetos por lo que determina la ley, normas reglamentarias, estatutos, y, subsidiariamente, por las reglas del mandato. En caso de violación, son pasibles de responsabilidad que pueden promover tanto la fundación como la autoridad de contralor. Además de las sanciones administrativas y de las medidas que se adopten al caso particular.

Se regula que todo contrato entre la fundación y los fundadores o sus herederos, con excepción de las donaciones que estos hacen a aquella, debe ser considerado y aprobado por la autoridad de contralor, y es ineficaz de pleno derecho sin esa aprobación. Esto replica en toda resolución del Consejo de Administración que directa o indirectamente origina en favor del fundador o sus herederos un beneficio que no está previsto en el estatuto.

Los ingresos de las fundaciones deben estar destinados a la mayor parte de sus ingresos, al cumplimiento de sus fines. De existir acumulación de fondos, debe llevarse a cabo únicamente con objetos precisos, vinculados al cumplimiento de sus programas sociales y / o objeto de la fundación. En estos casos, debe informarse a la autoridad de contralor, en forma clara y concreta, sobre esos objetivos buscados y la factibilidad material de su cumplimiento. De igual manera, las fundaciones deben informar de inmediato a la autoridad de contralor la realización de gastos que importen una disminución apreciable de su patrimonio.El Código Civil y Comercial genera la carga de la prueba en contrario, donde debe ser la fundación la que tiene que informar de sus acciones, como así también se amplía a las reparticiones oficiales suministrar la información y asesoramiento, conforme lo expresado en el art. 215 del CCivCom.

Se fijan las pautas de votos sobre las mayorías necesarias. Para reforma estatutaria, se requiere el voto de la mayoría absoluta de los integrantes del consejo de administración. Para los casos de modificación del objeto y fusión con otras entidades similares, rige el voto de los dos tercios. Y establece que la modificación del objeto solo opera cuando lo establecido por el fundador ha llegado a ser de cumplimiento imposible.

Con relación al destino de los bienes, en el caso de disolución, el remanente de los bienes debe destinarse a una entidad de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública o de bien común, que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada en la República. Esta disposición no se aplica a las fundaciones extranjeras. Y todo traspaso de bienes, requiere la aprobación previa de la autoridad de contralor.

Sobre fundaciones creadas por disposición testamentaria, se establece que todo testador que disponga de bienes, con destino a la creación de una fundación debe intervenir el Ministerio Público, así lo expresa el art. 219 . Todo ello a los fines de asegurar la efectividad de su propósito, en forma coadyudante con los herederos y el albacea testamentario, si lo hubiera. Se deja expresado que, en el caso de los herederos, se ponen o no se ponen de acuerdo entre sí o con el albacea en la redacción del estatuto y del acta constitutiva, las diferencias son resueltas por el juez competente en el procedimiento sucesorio, previa vista al Ministerio Público y a la autoridad de contralor.

Quedan determinadas, por la autoridad de contralor, las siguientes atribuciones:- Para las fundaciones: a. aprobar los estatutos y su reforma; b. fiscalizar su funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias a que se halla sujeta, incluso la disolución y liquidación. Además; a. solicitar a las autoridades judiciales la designación de administradores interinos de las fundaciones cuando no se llenan las vacantes de sus órganos de gobierno con perjuicio del desenvolvimiento normal de la entidad o cuando carecen temporariamente de tales órganos; b. suspender, en caso de urgencia, el cumplimiento de las deliberaciones o resoluciones contrarias a las leyes o los estatutos, y solicitar a las autoridades judiciales la nulidad de esos actos; c. solicitar a las autoridades la suspensión o remoción de los administradores que hubieran violado los deberes de su cargo, y la designación de administradores provisorios y d. convocar al consejo de administración a petición de alguno de sus miembros, o cuando se compruebe la existencia de irregularidades graves. Asimismo: a. fijar el nuevo objeto de la fundación cuando el establecido por el o los fundadores es de cumplimiento imposible o ha desaparecido, procurando respetar en la mayor medida posible la voluntad de aquellos. En tal caso, tiene las atribuciones necesarias para modificar los estatutos de conformidad con ese cambio y b. disponer la fusión o coordinación de actividades de dos o más fundaciones cuando se den las circunstancias señaladas en el inc. a de este artículo, o cuando la multiplicidad de fundaciones de objeto análogo hacen aconsejable la medida para su mejor desenvolvimiento y sea manifiesto el mayor beneficio público.

En cuestiones procesales y de recursos, las decisiones administrativas que denieguen la autorización para la constitución de la fundación o retiren la personería jurídica acordada pueden recurrirse judicialmente en los casos de ilegitimidad y arbitrariedad. Igual recurso cabe si se trata de fundación extranjera y se deniegue la aprobación requerida por ella o, habiendo sido concedida, sea luego revocada.El recurso debe sustanciar con arreglo al trámite más breve que rija en la jurisdicción que corresponda, por ante el tribunal de apelación con competencia en lo civil, correspondiente al domicilio de la fundación. Los órganos de la fundación pueden deducir igual recurso contra las resoluciones que dicte la autoridad de contralor en la situación prevista en el inc. b del art. 223 .

VII. GENERALIDADES

Para cualquier de las tres figuras detalladas, compartiremos a continuación distintas generalidades que se aplican y que se hacen difíicil comprender desde su realidad. Hemos observado que, para su constitución, se requiere que los documentos sean por instrumento público. Desde un concepto de estereotipo social, podemos asociar que sea por medio de una escritura pública, pero un legajo que reúne cierta documentación y que se encuentra introducida en un organismo público, podemos considerar que la misma, sea transformada en un documento privado a uno público, transformándose de esta manera en «instrumento público». Pero conociendo muchas veces las oficinas públicas no se suele ver a funcionarios que certifiquen firmas y / o documentos privados. Al menos en su mayoría. Por ello, será común la respuesta desde cualquier escritorio de un organismo público la asociación errónea de instrumento público como sinónimo de escritura pública. Ahora vayamos a colocarnos en los zapatos de esa organización, que ante una injusticia social, una necesidad, una emergencia, una necesidad imperante ante un grave problema de una comunidad, una asociación civil o fundación debe constituirse justamente para poder paliar esa situación, donde muchas veces se vincula a base de necesidades y / o falta de recursos. ¿Cómo reaccionará, para cuando nuestra Constitución Nacional, que fija nuestro derecho de asociación, nos comunique que debemos constituirnos por escritura pública y asumir con ello el costo que genera el mismo? Pensemos un poco más esta situación y visualicemos el mismo ejemplo con esas organizaciones alejadas de las grandes ciudades y penetradas en nuestro territorio argentino.Ante una situación urgente en atender un problema central y en la búsqueda de la solución, se encuentra con un nuevo problema. O bien un comedor comunitario o merendero, donde día a día está planificando cómo recaudar dinero y poder comprar el alimento diario, y sabiendo que, al tener la personería jurídica, se le abrirán nuevos y multifacéticos caminos y oportunidades para bien, para seguir creciendo y perfeccionar su obra comunitaria, y deba llegar a elegir en destinar un dinero para la adquisición de ese alimento o de la formalización de la escritura pública.

Como aspectos positivos y con las nuevas normas del Código Civil y Comercial, tenemos el reconocimiento de los nombres de fantasía en las denominaciones de las entidades civiles. De allí se comprende porque es obligatorio desde ahora fijar dentro de la denominación la palabra «Asociación Civil» o «Fundación» en forma obligatoria. Porque se dejaría de usar la relación que antes se exigían nombre de la futura institución, en articulación y / o relación a sus objetivos sociales. Entonces, antes nos encontrábamos con Comedor Comunitario Caras Lindas, sin necesidad de especificar la tipología de asociación o fundación. Ahora se podría aplicar un nombre de fantasía, pero con la determinación de la tipología. Será cuestión de acostumbrarnos al nuevo cambio.

Otra nueva herramienta es que se ha reconocido el permiso para celebrar reuniones a distancia o también consideradas como reuniones virtuales y / o electrónicas. Esto será de una gran ayuda, ya que las reuniones personales de las personas jurídicas respondían a un concepto normativo del siglo pasado, donde ha quedado en desuso y ajeno a la globalización generada a los últimos tiempos.Hoy en la actualidad, ya existen pagos como cancelación de operaciones comerciales a través de celulares, donde el uso de las tecnologías avanza no como forma de evadir la norma, sino de facilitación en tiempos y concreción de fines en forma más simple y práctica. Ya existen los expedientes judiciales digitales y notificaciones procesales electrónicas, y así un sinfín de ejemplos. Hoy día, el mundo va en una velocidad de innovación donde algo generado hace días ya pasa ser antiguo. Este reconocimiento de reuniones a distancia ayudan y agilizan las actividades en todo sentido. Se espera que los órganos de contralor externo estatales, como la Inspección General de Justicia o la Dirección de Personas Jurídicas de las distintas jurisdicciones no restrinjan con alto reglamentarismo estas nuevas medidas, que se aplican a tiempos actuales, de facilitación.

El nuevo Código Civil y Comercial contempla que los administradores deben obrar con lealtad y correcta diligencia. Esto que puede sonar como obvio, la jurisprudencia y la realidad de los hechos nos indica muchas veces lo contrario. Y es, en este incumplimiento, que compete la responsabilidad ilimitada, solidaria y personal por el administrador ante las obligaciones de la entidad civil. En otras palabras, las normas están para cumplir, si uno no la incumple no sería justo que se beneficie, por el contrario le debe regir la fuerza de ley como iguales a todos. Y retomamos el mismo tema de siempre, que nadie deba ser dueño de una entidad civil, sino obrar como corresponde, porque no se representa a sí mismo, sino a una entidad que refleja el bien común y público y en donde recae sobre una comunidad la esperanza de acción altruista, de ayuda, de equidad, de igualdad de derechos, de acceso, de oportunidades. Agrega al artículo de la calidad de obrar de los administrados, que deben abstenerse de participar en representación cuando haya un interés personal.Y esta es una cuestión muy difícil y particular y que, a su vez, se transforma en dos caras de una misma moneda. Esta claro, que de haber una participación o interés personal en un proyecto institucional, la persona debe abstenerse en participar en el poder de decisión interna, ya sea de beneficio económico y / o en especie y / o de beneficio indirecto en la consecuencias de los actos principales que de ellos resulte esa ejecución del proyecto social de la entidad civil. Lo difícil es, muchas veces, que esas consecuencias indirectas o tal vez no deseadas en su primer momento, no surgen en un momento inmediato, sino en su mediano o largo plazo. Pero allí serán difícil de conocer, algunas ya sea por su capacidad, idoneidad y / o ambiente social o profesional del administrado se podrá desprender que ciertos proyectos sociales podrán ser de beneficio indirecto. Ahora bien y, con lo expresado, damos lugar a la otra cara de la moneda. Cuantas veces, resulta que los administradores, los resultados de los proyectos sociales de la institución son gracias a los contactos, influencia, conocimiento, idoneidad en el rubro del mismo administrado. La diferencia aquí será que hay que distinguir que el beneficio principal no nace como acto primordial, sino por el contrario ni se plantea. El beneficio inmediato es el resultado concreto de hacer las cosas de la mejor manera posible, con conocimientos en la materia y que genere impacto social real a donde se desea aplicar dicho proyecto. Como siempre sucede en todo rol participativo de nuestra sociedad, siempre habrá personas y / o grupos con buenas actitudes y otras que no. Nadie está ajeno a ello y no corresponde asociarlo con un oficio, profesión o rubro de actividad, sino que todos son personas y todos aplican su libre albedrío y cada uno tiene sus formas de ver la vida.Lo importante que debemos destacar, que en la forma que tengamos el conocimiento en la medida que sucedan las acciones sociales de la institución, ser transparente con nuestra idoneidad de persona social que somos y de poder visualizar cierto o potencial beneficio personal, abstenernos en participar en su seno de poder de decisión. Porque la que debe resaltar es la misma OSC y si eso sucede, la que se beneficia será la misma comunidad y / o sociedad que hemos propulsado con el proyecto.

Una herramienta muy útil que no debe omitir las nuevas OSC y más de aquellas que profesionalizan sus labores internas, ya sea voluntarias o no, es que el riesgo de escenario del campo social aumenta en proporción al crecimiento institucional. Que dicho riesgo no puede eliminarse, pero que si aplicamos herramientas, técnicas, métodos podremos disminuir que así ocurran o bien de no preverla, tener respuesta de atenderla en tiempo y forma. Por ello, abordando en lo que se conoce como «gestión de riesgos», el nuevo Código contempla proveer mecanismos de sistemas de conflictos y reducción de riesgos. No se trata de abordar asuntos desde posiciones egoístas, sino de intereses que se intenta proteger. Crear en forma interna unidades de prevención de conflicto o símiles, ya sea integrado por profesionales o no de multidisciplinas, podremos ayudarnos a prevenir que un voluntario abandone la actividad o bien se vaya molesto, podremos visualizar un conflicto y al no ser tratado en tiempo y forma, podremos terminar involucrados en un juicio. O sin llegar a ello, no ser tapa de diario en noticias policiales y / o símiles. Porque estos efectos negativos de no abordar un conflicto a tiempo, con responsabilidad, no se termina con tener un resguardo de seguro civil y / o penal, sino de no tener una imagen negativa como institución. Invito al lector en pensar en cualquier OSC que haya sido noticia en los medios de comunicación, y supongamos que esa institución nos invite a ser voluntarios. Sabremos la respuesta de ello y, a ello me refiero, a la imagen negativa.Sigo insistiendo, una entidad civil responde por una acción social directamente representativa de una comunidad, donde debemos dar lo mejor y no repetir la injusticia que hemos visto a su momento y que henos buscado como solución la creación de la institución. Esta unidad de prevención de conflicto podrá estar integrada por asistentes sociales, trabajadores sociales, sociólogos, coordinadores de voluntariado, directivos de la OSC, abogados, contadores y hasta un sinfín de oficios y profesiones que hagan a las características de la OSC. Todo, con el fin de dar respuestas internas a los problemas, ya sea solucionando cuando ello ocurran o trabaja en su prevención.

VIII. PROPUESTAS A LOS NUEVOS CAMBIOS NORMATIVOS

La conclusión arribada y en la forma redactada del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y esto es compartido por muchas personas del derecho es que fue realizada con una visión comercialista. Por ello, se propone realizar una segmentación justamente de las OSC, porque sabemos que existen grandes asociaciones civiles que son obra sociales, clubes de fútbol muy importantes o fundaciones que representa a grupos económicos, empresarios u universidades. Y que justamente su estructura de organización, dirección y de gestión, no se le puede exigir por igual a muchas asociaciones y / o fundaciones que son más pequeñas desde su estructura operativa, cantidad de miembros, abordaje social o comunidad con la cual se vincula. Por ello, considero que es importante generar una segmentación y que no todas tengan la misma exigencias, porque justamente su oportunidad de participación es distinta.

Ahora ¿qué pautas se pueden establecer para configurar esta segmentación? Para mí deben ser varias, ya sea en conjunto y / o alternativa.No debe ser un solo aspecto y menos cuantificable en forma determinada, pero todas proyectadas en un tiempo calendario determinado o bien representado en un ejercicio social.

Por ejemplo, una línea de segmentación podría ser que aquellas organizaciones que posean menos de 2000 voluntarios y / o menos de 100 asociados y / o menos de 10 trabajadores y / o menos de siete directivos o coordinadores, podrían clasificar para obtener algún beneficio fiscal u impositivo, eximición de timbrados o sellados en sedes administrativas, acceder directamente a una tarifa social de los servicios públicos, simplicidad en diversos trámites, recepción directa de subsidios estatales, entre otros.

Otro eje de medición, siempre en «y / o», sería que su presupuesto sea menor a un valor equivalente conforme a la mínima categoría de monotributo en foma anual. Por ej., a la fecha de este artículo, sería el valor de $ 250.000 anuales.

Otra sería su estructura organizativa, de poseer organigramas operativos, directivos, funcionales, etcétera; podría estar determinando su estructura de organización y la respuesta a sus áreas de trabajos.

Otra variable podrá ser la calidad de sus beneficiarios directos. No es lo mismo una asociación que se integra por cargo funcional a un oficio o tarea que aquellas que atiende a la población de alta vulnerabilidad social.

Y aun así, se pueden proyectar nuevas e innovadoras características que ayuden a diferenciar las exigencias de las normas a las grandes OSC de las pequeñas.

Como conclusión de lo expresado acompaño la siguiente sinopsis:

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Siguiendo en las líneas de las propuestas, desde lo normativo, es fundamental el abordaje de un régimen legal basado en conceptos civiles y / o cívicos, antes que la comercial o supletorios a ella.

Pero es fundamental regir leyes basadas en «Fomento» y / o «promoción» y no tanto sobre excesivos reglamentos.Delegando desde una norma principal a las distintas jurisdicciones la aplicación conforme costumbre, características sociales, culturales, de clima y demás afines a la aplicación local que corresponda.

Poder logar la segmentación de entidades en forma anual, porque siempre tendremos años difíciles y otros no tantos, podrán ser beneficiadas de ciertos formulismos burocráticos, o exención de sellos y timbrados, rigurosos reglamentos u otros beneficios.

Sí estoy de acuerdo en la registración de las entidades civiles, donde el procedimiento se rige en el cumplimiento de una serie de pasos, que una vez cumplimentadas uno cumple con esa registración. No estoy de acuerdo con la autorización, porque en la práctica misma y de haber caminado muchos de los escritorios de las oficinas gubernamentales, las decisiones sobre el destino de una entidad civil con alto reconocimiento en su propia Comunidad depende de una decisión literalmente individual y personal de una persona que a su criterio, razonabilidad y oportunidad, considera que se le otorgue o no la autorización para funcionar o bien dependiendo de qué escritorio sea, se exigirá uno u otro requisito.

Con relación a lo manifestado anteriormente, doy introducción donde en cada una de las oficinas gubernamentales que intervienen las entidades civiles, ya sea la AFIP, la IGJ, Rentas, Municipios, gobernaciones y tantas secretarías y / o subsecretarias, se solicita en cada inicio de trámite, la misma documentación y hasta a veces duplicadas en copias y / o certificadas por escribano. Me refiero al estatuto social, acta constitutiva, última designación de autoridades, estados contables y tantos documentos más al requerimiento burocrático. Es importante destacar que el órgano de contralor externo posee potestad suficiente en certificar la vigencia de la personería y personalidad jurídica, resumida en un solo documento. Por ello, es necesario que se genere una unificación de documentación o bien en la determinación que la certificación de vigencia sea competente a cada área.En otro sentido, si se requiere la documentación legal para que determine o no que es persona jurídica, alcanza con la emisión por parte de la IGJ y / o la DPPJ, la certificación que corresponda, si se requiere la demostración fiscal, alcanza con la constancia que se emita de la AFIP, si se requiere la demostración de ser entidad civil vinculada a una situación social y / o de salud, por citar dos ejemplos de tantos, es suficiente lo que pueda emitir el Ministerio y / o Secretaría de Desarrollo Social o de Salud. En conclusión, es importante la creación de una «ventanilla única» de documentos varios, donde dicha validación sea para todas las personas, sean humanas, jurídica privadas o públicas, y sean válidos los efectos que genere la misma. Ello ahorrará gastos innecesarios y costos de tantos ejemplares que se requiere demostrar muchas veces para toda actividad por realizar.

Como sucede en otros países de Latinoamérica y de Europa, se emplean sistemas de Gobiernos Abiertos o de Participación Ciudadana activa, a través de estas OSC, donde se ofrecen instrumentos de organización en conjunto para el bien común, como por ejemplo, Órganos Consultivos, Foros, Consejos Participativos, Cabildos, Urnas Comunitarias, Presupuesto Participativo, Comisiones Especiales, Audiencias Públicas y Dinámicas, y otros semejantes. Las experiencias han demostrado que las OSC, conociendo el campo social de la comunidad, han superado en información y datos concretos, cualquier estadística de analistas de mercado y asesores a ellos.

Se genera con ello una visión y participación de un campo social transitado y de conocimiento en causa.Las oficinas argentinas que hoy aplican esta modalidad generan altos impactos sociales, en las medidas distintas a adoptar a lo que le compete el área gubernamental que corresponda.

Otras de las mejoras que se pueden efectuar y por exterior al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es la segmentación y / o mejora del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, para estas organizaciones pequeñas o de las segmentadas, los aspectos impositivos, normas vinculadas a la prevención de lavados de activos, financiamiento público, entre otros.

Estimo necesario que no se requiere de generar necesariamente y de crear nuevas normas, sino que existen muchas en la actualidad y vigentes en donde se puede articular, vincular, adecuar y / o innovar, ya sea normas referidas al voluntariado social, sistema b, clubes de barrio, tarifa social, microempleadores, educación de gestión privada, bomberos voluntarios, las pymes, servicio doméstico, fondo solidario del personal de la construcción, entre otras.

Y esta necesidad de adecuar la norma a la realidad de las OSC obedece a la gran cantidad que existen registradas, de las que están en su irregularidad, de las que generan alto impacto social y resuelven problemas comunes de la sociedad, y hasta -a veces- sin necesidad del sector productivo y / o público, generando resultados sorprendentes. Comparto una investigación de campo llevada a cabo sobre la cantidad de organizaciones a septiembre de 2016 y publicada en la Jornada de los Aspectos Legales de las OSC en el Consejo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina (9):

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Considero por último, que todavía nos resta un camino por transitar, que para los que realizamos voluntariado y participamos en OSC, estamos acostumbrados a seguir generando cambios positivos, ya que todo se trata de un constante aprendizaje y crecimiento. Y que solo estamos de tránsito para seguir dándole al prójimo lo que mejor podemos darle o dejarle al mundo respecto de cómo lo encontramos.——————-

(1) Año internacional del Voluntariado, declarado por las Organizaciones de las Naciones Unidas, ONU Integre el Comité Argentino ante la ONU, para la coordinación de actividades diversas y varias en nuestro país.- Véase más información en el siguiente enlace web: http://www.volunteeractioncounts.org/iyv/content/unv-world-volunteer-web/content/background.html.

(2) Código Civil y Comercial de la Nación. Véase más información en el siguiente enlace web: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=235975.

(3) Véase la siguiente página web: http://www.ymca.org.ar/.

(4) Véase la siguiente página web: http://www.unaleyparalasong.org.

(5) Vitaminas para OSC, ver más información en: https://www.facebook.com/Vitaminas-para-OSC-173208506056407/?ref=bookmarks.

(6) Derecho Comunitario para OSC, véase para mayor información: http://derechocomunitarioparaosc.blogspot.com.ar/ y / o http://derechocomunitarioparaosc.blogspot.com.ar/2014/10/programa-de-radio-aspectos-legales-para.html.

(7) Código Civil y Comercial de la Nación, art. 163 : «Causales de disolución: La persona jurídica se disuelve por: . c. la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad sobreviviente de cumplirlo; d. el vencimiento del plazo».

(8) Fallo ALITT, véase: http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=611573.

(9) Véase el siguiente enlace web: http://derechocomunitarioparaosc.blogspot.com.ar/2016/11/cuantas-ong-osc-hay-en-la-argentina.html.

(*) Abogado, UBA, matriculado. Miembro de la Coalición de la Sociedad Civil; Equipo de Trabajo «ad hoc», para la reforma del Marco regulatorio de las OSC en la Argentina, Miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, Cancillería Argentina, Fundador del Programa Vitaminas para OSC para YMCA, Asesor y Director Ejecutivo de distintas Organizaciones de la Sociedad Civil. Especialista en Entidades de Bien Público y abocado al Sistema de Conflicto y Aspectos Legales del Prehospitalario.