Indemnización por resolución de un contrato de transporte de combustibles

LIMA, 27 DE ABRIL DEL 2007. GRIFO EN LA PLAZA GRAU, AUMENTO DE PRECIO EN LA GASOLINA FOTOS: GIANCARLO SHIBAYAMA/EL COMERCIO

Partes: Trans West y Cía. S.A. c/ Petrobras Energía S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 7-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101267-AR | MJJ101267 | MJJ101267

Sumario:1.-La resolución contractual por pacto comisorio tácito prevista en los arts. 1204 CCiv. y 216 CCom. sólo es legítima, cuando el incumplimiento enrostrado a la contraparte reviste gravedad e importancia, afectando el contenido esencial del contrato. Lo contrario, es decir, legitimar resoluciones basadas en incumplimientos no esenciales, validaría un ejercicio abusivo del derecho, injustificable y contrario a la buena fe. Se busca proteger así la continuidad negocial cuando el incumplimiento sea simplemente accidental y carezca de la entidad suficiente para afectar la esencia del acuerdo. En estos casos, la parte in bonis podrá reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de tal incumplimiento, pero no podrá terminar.

2.-La determinación de la importancia del incumplimiento queda sometida a la apreciación judicial, teniéndose presente que éste debe tener entidad suficiente para quitar interés al acreedor por la ejecución ulterior.

3.-Tal estándar -esto es, la relevancia de la obligación incumplida- es actualmente exigido de manera expresa por la normativa para los casos como el presente por el art. 1088 CCivCom. y su remisión a las pautas del art. 1084 del mismo código, que sirven de guía para determinar cuándo un incumplimiento es esencial. Si bien dicha normativa no resulta aplicable al sub lite dado lo dispuesto en su art. 7, sí constituye un buen referente para interpretar los hechos de autos y su relevancia jurídica.

4.-El art. 1084 CCivCom. establece diferentes casos de incumplimiento esencial y de acuerdo a su letra, un incumplimiento será considerado esencial cuando el cumplimiento estricto de la prestación sea fundamental para el contrato, la tempestividad sea condición de mantenimiento del interés del acreedor, el incumplimiento prive al perjudicado de lo que tenía derecho a esperar, sea intencional o cuando sea anunciado de forma seria y definitiva por el acreedor al deudor.

5.-Si bien la intimación a cumplir bajo apercibimiento de resolución prevista por los arts. 216 CCom. y 1204 CCiv. no se cumplió con ese paso, dicha intimación no es indispensable en todos los casos, pues tiene dicho la jurisprudencia que, dado que su finalidad es otorgar al moroso una última oportunidad de cumplir con sus obligaciones, el requisito del emplazamiento previo a la resolución pierde sentido -y se vuelve, por ello, inexigible- cuando el cumplimiento tardío carece de interés para el acreedor o cuando, como en el caso, el deudor manifiesta su intención de no cumplir N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 7 días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos seguidos por “Trans West y Compañía S.A. c/ Petrobras Energía S.A. s/ ordinario” (expte. nro. COM 21952/2009/CA1) en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Machin, Villanueva, Garibotto.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1713/33?

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin

dice:

I. Viene apelada por la accionante la sentencia dictada en la instancia de grado que rechazó la acción incoada, impuso las costas a la parte actora y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

El magistrado recordó que la actora inició este pleito para reclamar la suma de $5.000.000, más sus intereses, en concepto de indemnización por los daños que dijo haber sufrido como consecuencia de la resolución, que calificó de injustificada, intempestiva e ilegítima, del contrato de transporte de combustibles que la vinculó durante 14 años a la demandada y sus antecesoras. Al decidir el litigio, el sentenciante analizó las pruebas pertinentes y juzgó que se trataba de un contrato verbal celebrado por tiempo indeterminado y descartó el argumento del actor, según el cual eran contrataciones aisladas e independientes. Luego, señaló que tales contratos pueden ser rescindidos por cualquiera de las partes siempre que medie una notificación fehaciente otorgada con un preaviso razonable para que la contraparte pueda reordenar su negocio.Según el criterio expresado por el juez, no es necesario cursar esa notificación en los casos en los que existe una justa causa para resolver el contrato basada en uno o más incumplimiento/s grave/s que justifique/n el cese inmediato de la relación contractual. Al retomar el análisis del caso en particular, señaló que la accionada había invocado el incumplimiento por parte de la actora de ciertas pautas de seguridad que la demandada imponía a sus transportistas. El juez determinó que esos incumplimientos -alteración de algunos discos tacógrafos, la omisión de archivar algunos de ellos, conducción en exceso de velocidad, circulación en horarios prohibidos e incumplimientos en las horas de descanso obligatorias de los conductores-, además de un caso de robo de combustible y un accidente ocurrido durante el transporte del que resultó muerto un motociclista, revestían la entidad suficiente para justificar la resolución. Destacó que era irrelevante si estos incumplimientos habían sido cometidos por la accionada per se o a través de sus dependientes, puesto que ella era, en virtud de la culpa in eligendo e in vigilando, responsable por las consecuencias de los actos de aquéllos. Para finalizar, el magistrado añadió que no sólo se encontraba probado el incumplimiento de la actora sino que, además, ésta no había logrado demostrar la existencia de los daños que había alegado.

II. Contra dicho decisorio la actora planteó su recurso de apelación en fs. 1739 y expresó agravios en fs. 1778/88, mientras que la demandada los respondió en fs. 1794/1802.

La accionante intenta rebatir a través de distintos argumentos las conclusiones del sentenciante de grado. Comienza por cuestionar que el a quo considerara que los hechos que tuvieron como protagonista al chofer Veliz -el supuesto hurto de combustibles y el accidente de tránsito- eran relevantes para decidir el pleito.Ello así toda vez que estos motivos no fueron los invocados por la accionada en su carta documento del 18.11.05, donde, destaca el actor, la demandada hace referencia sólo a “los (.) incumplimientos de vuestra parte a la política de seguridad de PETROBRAS (.) los mencionados incumplimientos se encuentran debidamente acreditados mediante las auditorías externas de la empresa SUI SRL (.) de fecha 28 de septiembre de 2005 y 15 de noviembre de 2006.”. La recurrente señala, además, que la distancia temporal entre el acaecimiento de esos hechos y la resolución invalida su uso como causal resolutiva. A estas consideraciones añade otras referidas a los hechos. Con respecto al hurto, destaca que Veliz fue sobreseído en sede penal y que la demandada no acreditó haber sido la denunciante del hecho. En relación con el accidente, afirma que hechos de esta naturaleza forman parte del riesgo propio del transporte y que, además, Veliz fue despedido inmediatamente.

Sobre las auditorías que fueron la base para la resolución del contrato, señala que en la primera de ellas se juzgó su servicio como “aceptable”, que se indicó que el control de los tacógrafos era adecuado -lo cual sería confirmado por el testigo Ferrer- y que cumplió con todas las observaciones que se le hicieron (contratar un asesor de seguridad, anexar un cronograma al plan de seguridad vial, redactar su política de seguridad y divulgarla a los choferes). Aclara que si bien el resultado de la segunda auditoría, realizada en septiembre de 2005, fue insatisfactorio, tal calificación quedaría desvirtuaría por los dichos del citado testigo, quien habría atestiguado que la actora cumplió con el requisito de tener una política de seguridad propia, y porque en la misma auditoría informaba que cumplía con el plan de seguridad de Petrobras. Destaca, además, dos falencias de esa auditoría:la primera, que se le recomienda contratar un asesor de seguridad cuando la actora ya había contratado un servicio de asesoría externa en septiembre de 2004; la segunda, que se informó que el 7% de los discos no habían sido guardados, en contradicción con lo informado por el perito actuante, que reportó que esa porción era en realidad del 0,55%. Concluye sus impugnaciones diciendo que en todas las auditorías se usaron los servicios de SUI SRL para analizar los tacómetros, pese a que esa compañía no reviste el carácter de servicio técnico oficial, lo cual, conforme la accionante, la inhabilitaría para certificar la información obtenida de los discos. Afirma que en este punto se debe estar al informe realizado, a pedido de la actora, por la empresa SILTAC, que sí presta servicio técnico oficial, donde se consignó que no había contravenciones a los límites de velocidad. Agrega que esa alegada adulteración de los discos tacógrafos tampoco puede considerarse probada por el peritaje caligráfico dado que éste no informó de forma concluyente que las personalidades gráficas de las hojas coincidieran con aquéllas de los discos tacógrafos. De todos modos, sostiene, aun si se reputara existente la adulteración de los seis discos tacógrafos cuestionados, ello no constituiría una justa causa para resolver el contrato. Concluye sus impugnaciones a las auditorías al apuntar que la tercera y última no debería ser tenida en cuenta a la hora de juzgar si la accionada resolvió el contrato por justa causa o no porque se realizó después de que la accionada terminara el contrato.

Con respecto a la circulación fuera de los horarios permitidos, arguye que esos límites fueron impuestos por Petrobras y que no surgen de la normativa vial. Además explica que, con el fin de maximizar su inversión y prestar el servicio en tiempo y forma, contrataba choferes extra que nunca excedían la cantidad de horas de manejo permitidas por la ley.La actora destaca también, junto con otros informes y prueba documental, el dictamen del perito ingeniero, quien dio cuenta, según la accionante, del cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por las leyes aplicables.

Niega haber incurrido en incumplimientos esenciales a la prestación del servicio de transporte y apoya esto en las pautas interpretativas del Código Civil y Comercial. Argumenta que los únicos hechos que eventualmente podrían tener esa gravedad son el accidente de tránsito y el hurto de combustible, pero que esos dos hechos aislados y que ocurrieron un año antes de la resolución no son suficientes para justificar el fin de una relación contractual que se extendió por 14 años sin otros inconvenientes. Afirma que no es posible concluir que la falta de guardado del 0,55% de los discos tacógrafos pueda considerase un incumplimiento esencial. Añade a ello que el día 9.11.05 su parte había informado a Petrobras sobre sus avances en la implementación del cronograma de seguridad vial y que no recibió ninguna observación de parte de la accionada.

La accionante manifiesta que, contrariamente a lo juzgado por el a quo, no se encuentran cumplidos los recaudos del art. 1204 CCiv. puesto que la demandada no le cursó ninguna intimación a cumplir o comunicación de la resolución con anterioridad al 15.11.05, cuando se labró el acta que da cuenta de que se le negó el ingreso a uno de los choferes de Trans West, y que las auditorías llevadas a cabo no pueden ser entendidas como emplazamientos expresos.

Luego reitera sus pedidos indemnizatorios. En primer lugar, alega que el daño emergente de la terminación ilegítima del contrato se revela en el embargo trabado en julio de 2008 por $347.979,11 derivado de los incumplimientos fiscales y previsionales en los que incurrió por falta de fondos, y en los juicios en trámite por $979.569.Destaca que no pudo evitar incurrir en esas deudas aun a pesar de haber celebrado mutuos por $100.000 para poder atender a los gastos del diario habitual del negocio. En segundo lugar, la actora reclama un daño que titula como lucro cesante pero que, en su confuso desarrollo, parece referirse a la pérdida de chance. Solicita que ésta sea apreciada teniendo en cuenta los pagos efectuados por Petrobras y sus antecesoras y “considerados a un valor adquisitivo de diez años posteriores”. Relata, además, que como en los camiones se había pintado el logo identificativo de Petrobras, éstos no pudieron ser utilizados durante 6 meses, hasta que fueron repintados. En t ercer y último lugar, la actora afirma que la imagen de la empresa fue dañada, puesto que la terminación unilateral fundada en supuestos incumplimientos y falta de adecuación a las normas de seguridad genera un perjuicio difícil de reparar en una empresa reconocida por su trayectoria en el transporte de mercaderías peligrosas.

Como corolario de su expresión de agravios, Trans West arguye que, sea que se considere que se trata de una rescisión -si se desestiman las causales invocadas por Petrobras- o de una resolución, la accionada actuó ilegítimamente al no haberle cursado ningún tipo de intimación o aviso con anterioridad al fin del convenio y que por ello debe responder por los daños que le ocasionó.

III. Corresponde, entonces, adentrarse en la solución del recurso planteado. No se encuentra controvertido en esta instancia que a las partes las vinculó un contrato de transporte de duración que se extendió por al menos cuatro años. La determinación del momento preciso en que se inició el vínculo, dada la forma en que se resolverá el presente recurso, resulta innecesaria. En cambio, sí se mantiene en este estadio del proceso el debate sobre la existencia y gravedad de los incumplimientos alegados por la accionada así como el cumplimiento de la intimación prevista por los arts. 216 CCom y 1204 CCiv.Principiaré por analizar la prueba de los incumplimientos endilgados a la actora y su relevancia, para culminar evaluando el cumplimiento del mecanismo resolutorio.

En fs. 149 luce la copia de la carta documento enviada por la accionada el día 12.12.05, donde, según allí se asegura, se reiteran los términos de otra misiva que había sido enviada al domicilio de la accionante el día 18.11.05 y que no fue entregada porque se le informó al empleado postal que Trans West había mudado su domicilio. En aquella comunicación, Petrobras informó a la demandada que no continuaría utilizando sus servicios y justificó su decisión en los graves y reiterados incumplimientos a la política de seguridad en los que habría incurrido la actora y que habrían sido acreditados por las auditorías realizadas el 28.9.05 y el 15.11.05.

En la primera de ellas, la empresa auditora calificó como insatisfactorio el nivel de implementación de las medidas de seguridad que se habían obligado a incorporar en agosto de 2004. Tal calificación se basó en la adulteración de la información tacográfica de una de las unidades en la segunda quincena de junio de ese año, la circulación en horarios prohibidos, el incumplimiento del proceso informativo establecido por la accionada y la falta de registro de los incumplimientos de los choferes y de las acciones tomadas por Trans West ante ellos (fs. 144/5). Por esos motivos, la actora obtuvo un puntaje de -11 (menos once) sobre un total de 100 (fs. 148). La accionante, por su parte, intenta desacreditar las conclusiones a las que arribó la empresa auditora. A tal fin, señala que el resultado desfavorable de esa auditoría sería “desvirtuado” por las declaraciones del testigo Ferrer, socio gerente de la empresa auditora.En ese sentido, la accionante destaca que aquél manifestó que Trans West cumplió con el diseño de una política de seguridad propia y que reconoció que la “auditoría reflejaba [el] cumplimiento del plan de seguridad por parte de Trans West, la entrega de la guía de conductor a los choferes, la firma de los choferes del acta compromiso, etc.” (fs. 1779 vta.). Agrega que durante el año transcurrido entre la primera de las auditorías (de diciembre de 2004, fs. 138/40) y el cese de la relación, su parte había cumplido con todas las indicaciones expresas dadas por Petrobras en ese primer control: la contratación de una asesora de seguridad e higiene, la capacitación de los choferes y la diagramación de un plan de seguridad. Si bien esto es cierto -o al menos eso cabe suponer del hecho de que la empresa auditora llamó la atención sobre esos requisitos en la primera auditoría pero no en la segunda, del mes de septiembre de 2005, ni el la tercera, del mes de noviembre-, considero que no es suficiente para, como pretende la actora, concluir que la calificación de “insatisfactorio” estaba injustificada.

En efecto, otras fueron las áreas en las que se verificaron incumplimientos al plan de seguridad plasmado en el Acta Acuerdo. En primer lugar, en la auditoría de septiembre se refirió a ciertos discos tacógrafos que se encontraban en poder de Petrobras y en los cuales se habían detectado adulteraciones. Sobre este punto, dos han sido los expertos que se han expedido en el presente pleito. Por un lado, el perito ingeniero informó que seis de los discos tacógrafos correspondientes a la segunda quincena de junio de 2005 de uno de los camiones de la actora presentaban anormalidades: el trazo no había sido realizado por el estilete del aparato y, según estos discos, la unidad había circulado a una velocidad inferior a los 0 km/h (fs.1583/4). Esto fue confirmado por la perito scopométrica, quien informó que las diferencias gráficas halladas en esos seis discos eran compatibles con la intervención de la mano humana y el uso de un elemento escritor -i. e., lapicera- (fs. 1511). Sobre este particular, la recurrente intenta sin éxito restar valor a las conclusiones de la perito al aducir que ella no analizó las personalidades gráficas que aparecen en los tacógrafos ni si aquéllas se correspondían con las que confeccionaron las hojas que acompañan a esos tacógrafos. En primer lugar, es falso que no se hubieran analizado los tacógrafos, pues la perito informó que fueron cuatro las personalidades gráficas identificadas tanto en los discos como en las planillas, y que tres de ellas pertenecerían a los choferes y la cuarta al Sr. Pedretti, el apoderado de la compañía (fs. 1505/6). En segundo lugar, aun cuando no se tuviese en cuenta esto último, lo cierto es que determinar quién adulteró los tacógrafos -toda vez que la accionada no desconoce haberlos entregado en ese estado- resulta irrelevante, puesto que la consecuencia es la misma: la transportadora, sea por decisión de su apoderado o de los dependientes de la empresa, ocultaba la información que se le solicitaba e intentaba engañar a Petrobras sobre el cumplimiento de algunas de las pautas de seguridad -recordemos que los tacógrafos recaban información sobre la cantidad de kilómetros recorridos, la velocidad, los horarios de transporte y paradas, así como su duración, etc.-. También se señaló que la actora falló al archivar los discos tacógrafos, habiéndose registrado un faltante cuya magnitud fue debatida. Mientras Petrobras afirmó que para el período mayo-junio de 2005 (auditado en el informe presentado por la empresa SUI en septiembre de ese mismo año) había un faltante de 8 discos (fs. 146), el perito ingeniero informó que para ese mismo lapso sólo un tacógrafo no había sido presentado (fs.1585).

En segundo lugar, la empresa auditora señaló que Trans West debía disminuir drásticamente la circulación en horarios prohibidos. En el período analizado, la compañía detectó 26 circulaciones entre las 23 y las 4 hs, hecho que no es negado por la accionante, quien pretende escudarse en el hecho de que tal restricción no tiene origen legal. Si bien esto es cierto, también lo es el hecho de que la actora se comprometió a cumplir tal exigencia al firmar el Acta Acuerdo. Así, tal exigencia pasó a integrar el contrato que vinculó a las partes y su cumplimiento, por eso sólo hecho, podía serle exigido a la accionante (art. 1197 CCiv.). En efecto, la normativa vial impone requisitos mínimos de prudencia que deben cumplirse, pero nada impide que se adopten estándares más exigentes, sobre todo cuando se trata, como en el caso, del transporte de mercaderías peligrosas. Cabe destacar, además, que ya se le había llamado la atención a Trans West sobre este punto en la auditoría realizada en noviembre de 2004, en la que se registraron 29 circulaciones fuera del horario permitido (fs. 140). Por otro lado, la adopción de restricciones horarias no resulta injustificada, toda vez que es de conocimiento público que la circulación vehicular nocturna es mucho más riesgosa que la diurna.

Por otro lado, Trans West intenta restar validez a lo informado por la auditoría al cuestionar que para su realización no se hubiera empleado una empresa que fuera servicio oficial de la compañía que fabrica los tacógrafos. Si bien es cierto que SUI no reviste tal calidad (declaración de Ferrer, fs. 1302), también es cierto que la auditoría abarcaba otros aspectos además de la lectura de los discos tacógrafos.

aun si nos restringiésemos al análisis de la información contenida en aquellos discos, las falencias halladas en los discos tacógrafos son confirmadas por otras probanzas.En efecto, la circulación en horarios fuera de los permitidos es confirmada por el análisis de los discos que aportó la accionante a la causa, realizados por SILTAC, que sí prestaría un servicio técnico convalidado por la fabricante (a modo de ejemplo, ver fs. 162, 163, 165 y 173). La otra anomalía hallada en los tacógrafos -v. gr., su sobreescritura con lapicera- fue, como ya reseñé, confirmada en este pleito por otros dos expertos. Así, los argumentos intentados por la accionante para desvirtuar las auditorías, al menos en este aspecto, quedan sin basamento puesto que, aun sin revestir la calidad de servicio técnico oficial, los resultados a los que arriba SUI sobre estos puntos se presentan como correctos.

La tercera desviación del plan de seguridad señalada por la auditoría realizada en septiembre de 2005 se vinculó al incumplimiento del proceso de información diseñado por Petrobras. Tal plan incluía el envío de las denominadas “alertas SMS”, donde se planteaban las circunstancias de ciertos accidentes y se pedía que la transportista se las comentase a los choferes y pidiera a éstos que pusieran por escrito sus impresiones sobre lo narrado y cuál sería la actitud que ellos tomarían en caso de hallarse en una situación simi lar a fin de reducir el riesgo al mínimo posible. En este aspecto, la accionada fue acusada de incumplir con el envío de esas conclusiones a Petrobras.

En cuarto y último lugar, la auditoría también refirió que la actora no informaba a Petrobras de los incumplimientos de sus choferes y las acciones tomadas en cada caso, contrariando lo pactado en el Acta Acuerdo.

Por su parte, en la tercera auditoría, aleatoria y realizada el día 15.11.05, en la que sólo se relevó el archivo y control de la información tacográfica, se detectaron 9 excesos de velocidad, 27 circulaciones en horarios prohibidos y 3 casos en los que los choferes no gozaron de las 7 hs de descanso nocturno.No se me escapa que la accionante sostiene que esta última auditoría no pudo haber sido tenida en cuenta por la demandada para resolver el contrato puesto que esto acaeció el día en que a criterio de la actora se concluyó el contrato: el 15.11.05, día en que, según afirma Trans West, no se le asignó ningún transporte. Para confirmar esto, la recurrente cita la declaración de chofer Defant quien, efectivamente, manifestó que la accionada les comunicó a fines de 2005 que a los camiones de Trans West no se les permitiría más la entrada a la planta de Petrobras donde habitualmente cargaban el combustible y se les indicaba a dónde trasladarlo (fs. 1201). Sin embargo, eso no condice con lo asentado en la actuación notarial realizada ese mismo día a pedido de la actora, donde consta que el mismo chofer informó al salir de la planta que “.el personal le manifestó que tenían expresas instrucciones de no adjudicarle más de un servicio diario y el cupo ya había sido cumplido para ese día.” (fs. 15). Lo relatado, según los dichos de la propia recurrente en su demanda, sí ocurrió a fines de 2005, pero el día 24.11.05, es decir, con posterioridad a la tercera auditoría y al envío de la carta documento del 18.11.05, en la que se comunicaba la resolución del contrato y que no fue recibida porque alguien informó al correo, erróneamente, que la empresa se había mudado.

En este contexto, es mi opinión que los desvíos de las pautas de seguridad aparecen suficientemente demostrados -y en algunos casos incluso reconocidos por la actora-. Asimismo, entiendo que cabe considerar a esos desvíos como incumplimientos contractuales, toda vez que el Acta Acuerdo firmada por las partes forma parte del contrato de transporte celebrado verbalmente entre los litigantes.Si bien las pautas fueron impuestas por Petrobras y la accionante no tuvo más opción que cumplirlas, esas reglas, en razón de la peligrosidad de la mercadería transportada, en manera alguna son abusivas, ni tampoco su aplicación fue discriminatoria. En efecto, otras transportadoras de Petrobras confirmaron que les eran exigidos similares requisitos y que también eran sometidas a auditorías (fs. 1169, fs. 1186 y fs. 1189). En el mismo sentido se expresó el socio gerente de la empresa auditora (fs. 1302/3). Con respecto al contenido, el Acta fijaba un límite de velocidad, límites de circulación horaria, la exigencia de que los choferes fueran capacitados de forma periódica, la obligación de contratar un asesor de seguridad, de redactar un plan de seguridad vial acorde a los lineamientos del Acta, el deber de formar y actualizar un legajo por cada conductor, el de entregar una guía de conducción a los choferes, el compromiso de archivar la totalidad de los discos tacógrafos y el de informar a Petrobras cuando los conductores cometiesen alguna falta, así como la acción tomada por la empresa frente a esa situación. Nada de todo ello resulta, a mi entender, antojadizo ni desproporcionado, lo cual tampoco fue alegado por la accionante.

Cierto es, como afirma la parte actora y reconoce la demandada, que muchos de esos puntos fueron cumplidos por Trans West, como por ejemplo el diseño de un plan de seguridad vial propio y la contratación de una experta en seguridad -aunque su idoneidad se encuentra debatida-. Sin embargo, no puede soslayarse que otros requisitos fueron incumplidos sistemáticamente, habiéndose detectado las mismas falencias en las tres auditorías realizadas en el período de 15 meses. Llegados a este punto, entonces, cabe preguntarse si el cumplimiento de las pautas de seguridad impuestas por Petrobras era esencial o no para el contrato. La respuesta a dicha pregunta es decisiva dado que la resolución contractual por pacto comisorio tácito prevista en los arts. 1204 CCiv. y 216 CCom.sólo es legítima, como sostiene pacífica jurisprudencia, cuando el incumplimiento enrostrado a la contraparte reviste gravedad e importancia, afectando el contenido esencial del contrato. Lo contrario, es decir, legitimar resoluciones basadas en incumplimientos no esenciales, validaría un ejercicio abusivo del derecho, injustificable y contrario a la buena fe (CNCom., Sala A, “Cía. Tomas-Tel Telefónica c/ SENTRA SA”, 17.4.85; íd., Sala E, “Tesler, Edgardo Gabriel c/ Cartier, Cristian Esteban y otro s/ ordinario”, 12.2.15). Se busca proteger así la continuidad negocial cuando el incumplimiento sea simplemente accidental y carezca de la entidad suficiente para afectar la esencia del acuerdo. En estos casos, la parte in bonis podrá reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de tal incumplimiento, pero no podrá terminar legítimamente el contrato (íd., “Estación de Servicio Sáenz Peña SRL c/ ESSO SAPA s/ ordinario”, 22.10.09). En cada caso, la determinación de la importancia del incumplimiento queda sometida a la apreciación judicial, teniéndose presente que éste debe tener entidad suficiente para quitar interés al acreedor por la ejecución ulterior (Halperín, Isaac, “El artículo 216 del Código de Comercio. Ensayo de una exposición sistemática”, AR/DOC/2804/2009).

Tal estándar -esto es, la relevancia de la obligación incumplida- es actualmente exigido de manera expresa por la normativa para los casos como el presente por el art. 1088 CCyC y su remisión a las pautas del art. 1084 del mismo código, que sirven de guía para determinar cuándo un incumplimiento es esencial. Si bien dicha normativa no resulta aplicable al sub lite dado lo dispuesto en su art. 7, sí constituye un buen referente para interpretar los hechos de autos y su relevancia jurídica. El art. 1084 CCyC establece diferentes casos de incumplimiento esencial (Dir. Lorenzetti, Ricardo L., Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t. VI, Rubinzal- Culzoni, Bs.As., 2015, pp 197/200). De acuerdo a su letra, un incumplimiento será considerado esencial cuando el cumplimiento estricto de la prestación sea fundamental para el contrato, la tempestividad sea condición de mantenimiento del interés del acreedor, el incumplimiento prive al perjudicado de lo que tenía derecho a esperar, sea intencional o cuando sea anunciado de forma seria y definitiva por el acreedor al deudor.-

En mi opinión, el desapego a los requisitos de seguridad impuestos por Petrobras -en particular, la conducción fuera de los horarios permitidos, la adulteración de los discos tacógrafos y su irregular archivo- coinciden con más de uno de los tipos de incumplimientos esenciales referidos. Puntualmente, se advierte que el incumplimiento de los límites horarios fue permanente y doloso y que la compañía actora -de acuerdo a lo manifestado en la demanda y en el recurso- no tenía ninguna intención de modificar su conducta en este punto, hecho que pudo ser advertido por la accionada dada la persistencia de Trans West en el incumplimiento. La adulteración de seis discos tacógrafos, por su parte, aporta una razón más para que la demandada perdiera la confianza en el cumplimiento actual y futuro de Trans West. Recordemos, además, que en el año 2004 se registraron dos incidentes -el accidente vial del que resultó la muerte de una persona y el hurto de la mercadería transportada- que, si bien no fueron alegados para justificar la resolución del vínculo, sí agravan la situación de la demandante renuente a cumplir con las medidas de seguridad y explican la pérdida de confianza por parte de Petrobras.

Por esos motivos considero, al igual que el magistrado de grado, que el incumplimiento de la normativa de seguridad -manifestado a través de incumplimientos parciales sostenidos al Acuerdo durante más de un año desde su celebración- es esencial para el contrato de marras.Ello pues el riesgo intrínseco al transporte de mercaderías peligrosas, como lo son los combustibles, explica el interés de Petrobras de minimizar su exposición a la posibilidad de perder parte de su mercadería y de enfrentar una eventual responsabilidad frente a terceros, dado que, además, el transporte de combustibles implica un riesgo para la sociedad en general. Aun si las probabilidades de acaecimiento de un accidente fuesen bajas, la magnitud que tal hecho podría justificar, a mi entender, la adopción de las más rigurosas medidas de seguridad por todos los involucrados en la comercialización de estos bienes. Las anomalías señaladas y comprobadas resultan, en mi opinión, aptas para minar la confianza de la demandada en las aptitudes de la transportadora para cumplir con el contrato de manera segura, elemento indudablemente esencial para un contrato de estas características.

Analizada y determinada la existencia de un incumplimiento esencial, resta entonces evaluar si el mecanismo por el cual se procedió a la resolución fue o no adecuado a las exigencias legales. De este aspecto, la recurrente cuestiona que la accionada no le haya cursado la intimación a cumplir bajo apercibimiento de resolución prevista por los arts. 216 CCom. y 1204 CCiv. Si bien es cierto que no se cumplió con ese paso, dicha intimación no es indispensable en todos los casos. Tiene dicho la jurisprudencia que, dado que su finalidad es otorgar al moroso una última oportunidad de cumplir con sus-obligaciones,-el-requisito-del-emplazamiento previo a la resolución pierde sentido -y se vuelve, por ello, inexigible- cuando el cumplimiento tardío carece de interés para el acreedor o cuando, como en el caso, el deudor manifiesta su intención de no cumplir (CNCom., esta Sala, “Baires Inter Trade S.A. c/ New Patagonia S.A. s/ ordinario”, 23.10.12; íd., Sala B, “Aleman y Asociados SRL c/ Pinto, Claudia s/ ordinario”, 30.6.05; íd., Sala D “Sucesores de José M.Irastorza SA s/ Quiebra c/ Yabito SA s/ ordinario”, 16.3.00). En efecto, la voluntad del accionante de incumplir y de mantenerse en esa postura se manifestó en varios sentidos: primero, al incumplir con los mismos recaudos durante los 15 meses que transcurrieron entre la firma del Acta Acuerdo y la resolución; luego, al manifestar en ambas instancias que no tenía obligación alguna de respetar los límites horarios de circulación; y, finalmente, al intentar eludir el mecanismo de control dispuesto por Petrobras mediante la adulteración de los tacógrafos y su archivo incompleto. En estas circunstancias, enrostrarle a Petrobras el incumplimiento de la referida intimación implicaría caer en un rigorismo formal excesivo.

Recuérdese que el deber de buena fe es exigible también en la ejecución del contrato (art. 1198 CCiv.), y que este deber fue claramente violado por el accionante al persistir, sin excusa alguna, en el incumplimiento de las pautas de seguridad. Tal violación se manifiesta de forma patente, sobre todo, en la adulteración de los iscos tacógrafos. Así, el incumplimiento de exigencia legal de comportarse de buena fe justifica la pérdida de confianza de la demandada, situación que difícilmente podría haber sido revertida en el plazo de 15 días que manda la ley.

Las razones expuestas precedentemente son suficientes, en mi opinión, para sellar la suerte del recurso planteado.

IV. Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, corresponderá desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada. Costas de Alzada a la actora vencida (art. 68 del Código Procesal).

Así voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara, doctores Juan R. Garibotto y Julia Villanueva, adhieren al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Eduardo R. Machin, Julia Villanueva, Juan R. Garibotto.

Ante mí:

Rafael F. Bruno.

Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Rafael F. Bruno

Secretario

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016.

VISTOS:

I. Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada. Costas de Alzada a la actora vencida (art. 68 del Código Procesal).

II. Proveyendo el planteo de fs. 1746 pto. II: La limitación del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación no importa una modificación en los importes que corresponde establecer en concepto de honorarios sino que, de resultar aplicable y darse los supuestos allí indicados, deberá procederse conforme la misma disposición indica.

No cabe entonces, en esta instancia, limitar las alícuotas aplicables conforme los respectivos aranceles profesionales, sin perjuicio de los derechos que pudieren asistirle a los condenados en costas.

III. En mérito a la importancia, calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados por los profesionales beneficiarios de la regulación apelada, habiéndose considerado las pautas porcentuales que habitualmente utiliza el Tribunal para casos como el de autos, se elevan a ($.) los honorarios de los letrados apoderados de la demandada, Dres. Jorge Eduardo Bargalló y Cecilia Wetzler Malbrán, en conjunto, se confirman en ($.) los de la letrada patrocinante de la actora,-Dra.-Laura Mariana Costessich, en ($.) los de la letrada apoderada de la misma parte, Dra. Verónica Tito, en ($.) los de la perito en scopometría, Jimena Fernanda Díaz Pérez, en ($.) los del perito ingeniero, Jorge Domingo Soriano, en ($.) los de la perito contadora, Sandra Daniela Cabrera, en ($.) los del consultor técnico, Gustavo Eduardo Brambati, en ($.) los del consultor técnico, Jorge J. Reynal O’Connor, en ($.) los del consultor técnico, Edgardo Daniel Costessich, y estando apelados sólo por altos, en ($.) los de la mediadora, Blanca Susana Meghinasso, regulados a fs. 1732/3 (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, art. 3 del decreto ley 16.638/57, art. 478 CPCC y dec. 2536/15).

IV. Asimismo, se fijan en ($.) los emolumentos de la Dra. Cecilia Wetzler Malbrán, por sus tareas inherentes a esta instancia (art. 14, ley cit.).

Eduardo R. Machin

Julia Villanueva

Juan R. Garibotto

Rafael F. Bruno

Secretario