Fue el hecho de la propia víctima la causa determinante de su muerte al descender del vehículo en plena autopista para cambiar una rueda

autopistaPartes: S. C. J. y otro c/ Aguirre Federico Mariano y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 12-oct-2016

Cita: MJ-JU-M-101766-AR | MJJ101766 | MJJ101766

Sumario:1.-Corresponde confirmar la sentencia y rechazar la demanda de daños entablada por los progenitores a causa del fallecimiento de su hijo cuando era transportado por cortesía en un automóvil, al que se le desprendió la rueda trasera izquierda cuando iba circulando por una autopista, y al descender del vehículo fue embestido por una motocicleta, toda vez que la situación riesgosa fue generada por la propia víctima, quien permaneció durante un lapso de más de 20 minutos sobre la autopista y no se dirigió a un lugar seguro.

2.-De acuerdo al sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7° del nuevo CCivCom., la relación jurídica que origina esta demanda, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil.

3.-Es claro que la circunstancia de que el automóvil quedase bloqueado en el segundo carril, al salírsele en plena marcha larueda trasera izquierda, constituyó una infracción a las normas de tránsito (cfr. art. 48 inc. L , de la Ley 24.449 y art. 5.2.1 del Código de tránsito de CABA) y generó claramente un peligro para quienes circulaban por la autopista pero careció por sí misma de virtualidad para causar la muerte de la víctima, la cual tuvo su causa eficiente no en aquélla situación riesgosa sino en que aquél permaneció innecesariamente en la calzada exponiéndose al tránsito de la autopista.

4.-La imprudencia no está en haber descendido para colocar la señal, pues era un deber legal (cfr. art. 59 de la Ley 24.449 y art. 19 del dec. Nº 2356/GCABA/03 ), sino en permanecer sobre la autopista luego de haber señalizado.

5.-No puede considerarse como causa adecuada de la muerte de la víctimael hecho de que el motociclista lo hubiese embestido, pues si bien esa es la causa próxima y existe causalidad material, eso no conlleva la causalidad jurídica que requiere previsibilidad, toda vez que la aparición de un peatón, frente a la línea de marcha de un vehículo que circula por el segundo carril rápido de una autopista aérea, resulta un hecho absolutamente imprevisible, máxime si, como ocurre en este caso, se trata de una autopista aérea y no se presentó una, sino dos personas sobre la calzada.

6.-Es cierto que se exige al conductor de un automóvil circular con dominio absoluto del mismo- cfr. art. 50 Ley 24.449- sin embargo, ello debe interpretarse en función de las circunstancias de tiempo y lugar, y no puede traducirse en la obligación de superar contingencias extraordinarias producidas por violaciones de terceros a las normas de circulación.

7.-Debe imponerse las costas de ambas instancias en el orden causado, toda vez que el presente caso encuadra en la norma excepcional del art. 68 del CPCCN. en su segunda parte, ya que los actores no participaron, ni presenciaron el accidente en el cual perdiera la vida su hijo y, por consiguiente, al desconocer la forma en que se produjo, bien pudieron, por la concurrencia de distintos factores objetivos de atribución y la complejidad del caso, considerarse objetivamente con derecho a litigar como lo hicieron.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de octubre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “S., C. J. y otro c/ Aguirre, Federico Mariano y otros s/ Daños y perjuicios” (Expte. nº 38904/2011/CA2)” respecto de la sentencia de fs. 452/462 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores:

ROBERTO PARRILLI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.- MAURICIO LUIS MIZRAHI.-

A la cuestión planteada, el Dr. Parrilli dijo:

1.- Los antecedentes del caso y la sentencia impugnada C. J. S. y M. M. C. B., demandaron a Federico Ramiro Aguirre; Atilio Filomeno Aguirre; Concepción Alegre y “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A”- citada en garantía como aseguradora de los demandados-, pretendiendo una indemnización de $ 1.706.400 por los daños y perjuicios que dijeron haber sufrido a causa del fallecimiento de su hijo B. S. (ver f. 17) ocurrido el día 16 de abril de 2010.

Expusieron que, aquél día, su hijo era transportado por cortesía de Federico Ramiro Aguirre en el automóvil VWGOL FAU 260, propiedad de Atilio Filomeno Aguirre y en el cual también viajaba Concepción Alegre, por la autopista 9 de julio SUR, en dirección Sur-Norte cuando, a la altura de la avenida Brasil, se desprendió la rueda trasera izquierda, que siguió girando unos sesenta metros. Explicaron que Aguirre logró detener el rodado el segundo carril de la izquierda el cual quedó bloqueado obstruyendo el tránsito. En tales circunstancias, ante el eminente peligro de resultar embestidos por los vehículos que circulaban por la autopista, Federico Aguirre y su hijo descendieron del automóvil para señalar la detención con un cono naranja que encontraron en el lugar y retirar el neumático de la autopista.Dijeron que fue entonces, cuando se encontraba sacando del baúl del rodado los elementos para reemplazar el neumático, que B. S. resultó embestido por Claudio Morales, quien conducía una motocicleta Honda, dominio 330 DIR y circulaba por la autopista en la misma dirección, a causa de lo cual falleció.

A su turno, los demandados reconocieron que se produjo el accidente pero argumentaron que tuvo lugar por la culpa de la propia víctima y del conductor de la motocicleta Norberto Damián Morales, asegurado en “Liderar Compañía General de Seguros S.A”, a quienes citaron en los términos del art. 94 del Código Procesal.

En la sentencia obrante a fs.452/463, luego de encuadrar el caso en el art. 1113, segundo párrafo “in fine” del Código Civil, el Sr. Juez de la anterior instancia destacó que la decisión de “descender del vehículo y pararse sobre la calzada de la autopista, constituye un elemento de riesgo que fue asumido por B. S.por su propia voluntad y no tiene ninguna relación con el transporte benévolo”, agregó que “si bien la detención del vehículo se generó por un defecto mecánico, dicha circunstancia no lo obligaba a bajarse de aquél para ir en búsqueda del neumático, sino que se trató de un acto voluntario para ayudar a su amigo, motivo por el cual el transporte benévolo se encuentra agotado” y, en relación a la intervención de Morales, expuso que “es evidente que el demandado ha logrado acreditar la fractura del nexo causal pues, tal como lo ha expresado el juez penal a fs.204/205, si bien se ha determinado que el deceso de la víctima fue producido por haber sido embestido por Morales, lo cierto es que del análisis en conjunto de lo actuado, no se vislumbra ningún elemento que permita inferir que éste haya violado el deber objetivo de cuidado, de modo determinante para la producción del resultado, sino más bien que fue ocasionado por el riesgo creado por la propia víctima que se colocó en una situación por demás peligrosa”. Con estos fundamentos, rechazó íntegramente la demanda e impuso a los actores las costas del proceso.

2. Los recursos Contra la referida sentencia, en lo principal que decide, interponen recurso de apelación únicamente los actores (ver f.463) el cual fue concedido a f. 465 y se fundó mediante el escrito de expresión de agravios de fs.482/485 el cual se contestó solamente por parte de Federico Ramiro Aguirre, Atilio Filomeno Aguirre, Concepción Alegre y “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A”.

3. Aclaraciones previas.

Antes de entrar en el examen del caso y dado el cambio normativo operado con la entrada en vigencia del actual Código Civil y Comercial debo precisar que, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial y art.1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.

En consecuencia, de acuerdo al sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7° del nuevo Código y como ya lo ha resuelto la Sala (ver mi voto en autos: “D. A. N y otros c/ C. M. L. C S.A y otros s/daños y perjuicios – resp. prof. médicos y aux” del 6-8-2015), la relación jurídica que origina esta demanda, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil- ley 17.711, interpretado, claro está, a la luz de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país porque así lo impone una correcta hermenéutica y respeto a la supremacía constitucional. Sin embargo, cabe aclararlo, las normas procesales contenidas en el nuevo Código resultan de aplicación inmediata.

Asimismo, recuerdo que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros) y tampoco es obligación referir a todas las pruebas agregadas, sino únicamente las apropiadas para resolver (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611).

4. Los agravios. La responsabilidad Los agravios de los actores se dirigen al rechazo de la demanda y apuntan a derruir la afirmación del Sr. Juez en punto a que el accidente se produjo por la culpa exclusiva de la víctima, afirmando que, en todo caso, el obrar de S.concurrió al resultado dañoso junto con el riesgo introducido por los demandados.

En el expediente criminal que se sustanciara con motivo del accidente de autos y que tramitara por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 12, Secretaría n° 137, bajo el n°14.931/2010, quedó probado que el día 16 de abril de 2010, entre las cinco y las seis de la tarde, en la autopista 9 de julio SUR, a la altura de la avenida Brasil de esta Ciudad, el automóvil VWGOL FAU 260, conducido por Federico Ramiro Aguirre y en el cual viajaban su madre y, por cortesía, B. S., luego de perder la rueda trasera izquierda y transitar en ese estado unos sesenta metros quedó detenido en el segundo carril rápido, en sentido sur-norte (ver f. 1 y vta; croquis f. 5, fotografías de f.26, fotografías en CD con la inscripción “Cria 16” obrante a f.216, ver f. 23 vta del sargento 1° Alejandro Cejas y croquis de f. 145 de la División Ingeniería Vial de la Policía Federal, todo de la referida causa penal).

También se encuentra probado que, en esas circunstancias, A. y S. descendieron a la calzada donde este último resultó impactado por la motocicleta Honda, dominio 330 DIR que, conducida por Claudio Morales, circulaba por la autopista en igual dirección.

Expuesto el caso, circunscribiéndome a los agravios, cabe dilucidar si el accidente- como dijera el Sr. Juez- se produjo por el exclusivo obrar de la víctima o si -como argumentan los actores- fueron los riesgos generados por los demandados la causa adecuada de aquél hecho dañoso.

Como enseñaba Llambias, la complejidad para saber cuándo el efecto dañoso que está a nuestra vista debe reconocer su causa en el obrar del sujeto, a quien se le exige responsabilidad, deriva de que “la realidad social no es simple:los hechos no aparecen perfectamente dibujados, sino que, de ordinario, integran un conjunto o masa de acontecimientos que actúan como factores determinantes, condicionantes o coadyuvantes de sucesivos fenómenos” y explicaba que el derecho “no se satisface con una pura relación de causalidad material, puesto que no es una física de las acciones humanas. Aún averiguando que tal hecho deba aceptarse como causa de tal efecto dañoso, esto sólo no basta para concluir que el autor de aquel hecho tenga que afrontar la reparación del daño producido. Antes de ello, el derecho se preguntará si es justo que así sea, pues todas las conclusiones a que él llega están contempladas bajo el prisma de la justicia. De ahí que, según la índole del hecho originario del daño, y especialmente de acuerdo al reproche o censura que merezca la conducta en cuestión, será menester dilatar o restringir aquella relación de causalidad material, para que resulten o no comprendidas en ella tales o cuales consecuencias del hecho originario. De ese ajuste o corrección bajo el prisma de la justicia, del nexo de causalidad material, surge que la causalidad jurídica, es decir, la que el derecho computa a los fines de la pertinente responsabilidad” (cfr. Llambias JJ, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones- Tomo 1, 4ª ed, Perrot, Buenos Aires,1983, p.366).

De allí que en nuestro derecho causa de un daño es solo aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producir el resultado. Las demás condiciones, que no producen normal y regularmente ese efecto, serán sólo condiciones antecedentes o factores concurrentes (arts. 901 y concs del Código Civil).

Dic ho de otro modo, la causa adecuada actúa como el principio en que virtualmente está contenido el efecto.La condición, en cambio, “opera como ambiente o atmósfera propicia para que la causa actúe” (ver Puig Peña, citado por Trigo Represas Félix A- López Mesa Marcelo, en “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Tomo I, p.609, n° 951).

Los recurrentes se agravian del rechazo de la demanda porque, según ellos, a partir del desperfecto o vicio que presentaba el automóvil de Aguirre se “genera la relación de causalidad en el desenlace fatal ya que el quedar el rodado varado en la autopista, descender B. S. para prestar auxilio y ser atropellado por la motocicleta, constituye todo una misma unidad fáctica y un mismo nexo causal” (el resaltado me pertence).

Dicha afirmación, que sustenta la crítica ensayada a la sentencia, al hablar de que existió “una misma unidad fáctica”, intenta transformar en causa a todas las condiciones que dieron origen al accidente a través de unificarlas a modo de la teoría de la “conditio sine qua non”, rechazada por la jurisprudencia y doctrina nacional (cfr. Bueres – Highton, “Código Civil.”, Tomo 2B, p.429).

La queja no puede admitirse porque la afirmación de que la suma de las fuerzas que han contribuido al resultado ha de ser considerada la causa de este, es incompatible con la otra afirmación de que cada una de estas fuerzas puede ser calificada de causa del evento (cfr. Llambías, op. cit). Para decirlo con Birkmeyer:

Si: m+n+o=p, entonces ni m ni n ni o =p” (cfr. Gimbernat Ordeig Enrique “Delitos cualificados por el resultado y causalidad”, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, p. 52).

Frente a lo antes expuesto, observando las distintas condiciones que se conjugaron en el caso parece claro que, la circunstancia de que el automóvil de Aguirre quedase bloqueado en el segundo carril, al salírsele en plena marcha la rueda trasera izquierda, constituyó una infracción a las normas de tránsito (cfr. art. 48 inciso l, de la ley 24.449 y art.5.2.1 del Código de tránsito de CABA) y generó claramente un peligro para quienes circulaban por la autopista pero careció por sí misma de virtualidad para causar la muerte de B. S. que tuvo su causa eficiente no en aquélla situación riesgosa sino en que aquél permaneció innecesariamente en la calzada exponiéndose al tránsito de la autopista, luego de haber colocado el cono señalizando la detención del rodado, hasta que resultó atropellado por la motocicleta conducida por Morales.

En síntesis, el transporte de cortesía y la posterior detención del vehículo en el segundo carril, sólo fueron simples condiciones instrumentales que generaron la ocasión propicia para que actuara la causa determinante del resultado que, tal como concluyó el Sr. Juez de la anterior instancia, fue el hecho de la víctima.

Esta conclusión del Sr. Juez ha pretendido ser desvirtuada por los recurrentes con dos argumentos: a) que la conducta de “F. A. y B. S., de colocar un cono anaranjado para advertir a los demás conductores, a treinta metros de distancia y hacer señales para apartar el tránsito, no puede ser catalogada como una conducta puramente disvaliosa ya que seguramente ha evitado la colisión a los vehículos que circulaban por ese carril”. Se trata de un acto de abnegación, un auxilio altruista y no un obrar imprudente y b) que se ha reprochado a la víctima haber descendido a la calzada, sin considerar la situación de riesgo en la que este también se hallaba aun permaneciendo dentro del automóvil.

No encuentro sustentables estas críticas.

Admitiendo que haya sido B. S. quien colocó el cono detrás del automóvil para señalizar la detención y recuperó la llanta del automóvil, – [circunstancia que es negada por Aguirre, quien en la causa penal manifestó que fue él y no su amigo quien realizó tales actos (ver f.271 del referido expediente)]- lo cierto es que el accidente se produjo varios minutos después de que se recuperara la rueda y se colocara aquélla señal, cuando nada justificaba que aquél estuviese sobre la calzada.

Entonces, la imprudencia no está en haber descendido para colocar la señal, pues era un deber legal (cfr. art. 59 de la ley 24.449 y art. 19 del decreto Nº 2356/GCABA/03), sino en permanecer sobre la autopista luego de haber señalizado.

Dicha obligación de señalizar la detención del vehículo excluye la existencia de un acto de abnegación que, además, no debe repararse cuando resulta innecesario por existir otros medios para evitar el peligro (Trigo Represas “El acto de abnegación y la reparación de los daños sufridos por su autor” en Revista del Colegio de Abogados de La Plata”, La Plata, 1959, p.155) y aquí hubiese alcanzado con llamar telefónicamente al servicio de emergencias de la autopista.

En cuanto al riesgo que importa permanecer dentro del automóvil detenido en uno de los carriles rápidos es indudable y los recurrentes tienen razón. Pero si esto es así, resulta de toda lógica que aun más riesgoso fue permanecer, como lo hiciera B. S., durante un lapso de más de 20 minutos (ver en este sentido el pliego de posiciones propuesto por los actores agregado en sobre a f. 192, posición 7ª, que conforme al art. 411 del CPCCN importa para el ponente el reconocimiento de tal hecho) exponiendo, sin protección alguna, su humanidad contra el sentido del tránsito y en el segundo carril donde los vehículos circulaban a altas velocidades. Así lo prueba la circunstancia de que la madre de Aguirre, quien permaneció dentro del vehículo, resultó ilesa.

En ese mismo sentido, no puede soslayarse que según el art.6.1.9, inciso “k” del Código de tránsito de CABA, al referir a situaciones como la aquí planteada establece que “si por accidente, avería, malestar físico de sus ocupantes u otra emergencia tuviera que inmovilizarse el vehículo en una autopista y fuere necesario solicitar auxilio, si no se dispone de teléfono celular se utilizará el poste de socorro más próximo, evitando en cuanto sea posible la circulación por la calzada.” (el subrayado me pertenece) Por otra parte, en caso que guarda analogía, la Sala ha señalado que: “¨. la obligación de observar los reglamentos que regulan el tránsito le corresponden tanto al conductor como al peatón. Haber permanecido sobre la autopista durante cinco minutos sin haber cruzado hacia el lado derecho de la misma -banquina de seguridad-, o haberse quedado del otro lado del guardarraíl -entre las dos vías de circulación-, quedando fuera del alcance los automóviles sorprendiendo al conductor que lo hacía a velocidad reglamentaria y por un vía de circulación rápida, constituye una expresión de culpa, para el peatón, toda vez que si bien el conductor debe conservar en todo momento el pleno dominio sobre su máquina no puede exigírsele que lo haga al punto de responsabilizarlo de las manifiestas imprudencias cometidas por los peatones (cfr. L. 519.975 del 23-6-09, voto del Dr. Ramos Feijóo).

De todos modos, aquí no se cuestiona que B. S. haya descendido del automóvil a colocar la señal sino que, entiéndase bien, luego de colocar el cono, permaneció sobre la autopista y no se dirigió a un lugar seguro (en este sentido, pueden consultarse las recomendaciones del manual del conductor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativas a cómo actuar situación de emergencia, p.74).

Concluyo entonces que el proceder de la víctima fue, objetivamente y más allá de cual haya sido su intención, extremadamente riesgoso e innecesario; tan riesgoso que los propios recurrentes argumentan que se trató de un acto de abnegación que puso en peligro su vida, cuando nada la impedía buscar la mejor forma de ponerse a resguardo.

Cabe ahora examinar la responsabilidad que se pretende atribuir a Claudio Morales quien, tanto para el Sr. Juez de primera instancia como para el magistrado que intervino en el fuero criminal, logró quebrar el nexo causal entre el riesgo creado y el daño (art. 1113, 2° parte del CC).

Al respecto, los recurrentes se quejan porque no se ha ponderado la impericia del referido en el manejo de la motocicleta que, según dicen, quedó comprobada por no haber ni siquiera disminuido la velocidad ante un cono colocado a treinta metros del automóvil detenido. Afirman que de haber actuado con prudencia, Morales “hubiera podido detener la motocicleta antes del impacto o por lo menos disminuir notablemente la velocidad de los impactos contra la persona de la víctima y el automotor Gol” A mi entender tampoco aquí la queja resulta atendible pues no puede considerarse como causa adecuada de la muerte de S. el hecho de que Claudio Morales lo hubiese embestido con su motocileta.

Que esa es la causa próxima y que existe causalidad material no tengo dudas, pero eso no conlleva la causalidad jurídica que requiere previsibilidad.

En efecto, el análisis causal requiere un juicio de probabilidad que se hace, como surge del propio artículo 901 del CC, en abstracto: esto es, atendiendo a lo que era o no previsible “según el curso natural y ordinario de las cosas”, es decir, a lo que comúnmente acostumbra suceder en casos análogos; salvo si la previsibilidad del agente en concreto era superior a la corriente, por sus aptitudes sobresalientes o sus conocimientos especiales, en cuyo supuesto se debe tener en cuenta esa previsibilidad mayor (art. 902, Código Civil)- (cfr.Trigo Represas Félix A- López Mesa Marcelo J, “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Tomo I, La Ley, 2004, p.617, con cita de Orgaz “El daño resarcible” p. 82 y 83).

Entonces, a la hora de determinar, en abstracto, si resulta previsible para un conductor que un peatón se encuentre sobre uno de los carriles rápidos de la autopista, no podemos soslayar que el art. 46 inciso “b” de la ley 24.449 prohíbe terminantemente esa posibilidad y lo mismo hace el art. 6.1.9. inciso “g” del Código de tránsito de CABA.

También hay que ponderar que los conductores, a la hora de ingresar en una autopista, parten de considerar la inexistencia de obstáculos en virtud de la obra d e ingeniería vial que aquéllas representan (conf. esta Sala, 23-12-2009, Expte. Libre 536.817 “Manago, Antonio c/ Autopistas de Sol s/ daños y perjuicios”). Además, confían en qué de existir algo que obstruya el tránsito, quien controla la seguridad y explota comercialmente esa vía rápida de circulación, ante una defección del usuario, lo removerá inmediatamente garantizando la fluidez del tránsito y la seguridad de los automovilistas (cfr. art. 19 del decreto 2356/GCABA/03).

Con esos indicadores se puede deducir que la aparición de un peatón, frente a la línea de marcha de un vehículo que circula por el segundo carril rápido de una autopista aérea, resulta un hecho absolutamente imprevisible, máxime si, como ocurre en este caso, se trata de una autopista aérea y no se presentó una, sino dos personas sobre la calzada (repárese que también se encontraba sobre la calzada Aguirre que resultó ileso, según surge de f.1 y 171 de la causa penal).

En esa línea de pensamiento, la jurisprudencia ha dicho que la existencia de un transeúnte que circula por un lugar vedado al tránsito peatonal configura un accionar de una imprevisibilidad tal que convierte el accidente en una circunstancia irresistible, es decir, imposible de evitar (conf. CNCiv, esta Sala, in re “Souto, Fabio Alberto c/ Currao, Ezequiel Alejandro s/daños y perjuicios”, del 28-11- 2012; voto del Dr. Mizrahi; ídem, Sala “F” in re, “Cárdenas, Victoria c. Ferreiro, Roberto J. y otro” del 17/07/2003, publ, en La Ley AR/JUR/1881/2003; id.id, “Gauna, María L. c. Castro, Carlos A. y otro” , del 12/11/2003, publ, en LA LEY 2004-D, 1028; íd., Sala A, 19/05/2008, “Araujo, Angel Ramón c. Alonso, Gustavo César y otros” La Ley Online; AR/JUR/4391/2008; íd., Sala K, 03/09/2010, “Cáceres, Pedro Leonardo y otros c. Autopistas del Sol S.A.” AR/JUR/69088/2010).

Entonces, si la presencia del peatón era un hecho que un hombre prudente no podía prever en abstracto y si Morales circulaba aún por debajo de la velocidad máxima permitida (ver art. 6.2.2, inciso “a” del Código de transito de CABA) no puede atribuírsele responsabilidad con una remisión automática al riesgo creado previsto en el art. 1113, 2° parte del CC, soslayando la normativa especial de tránsito incumplida por la víctima.

Tampoco el hecho de que la detención del vehículo de Aguirre hubiese sido señalizada con un cono que, circunstancialmente, se encontró en el lugar permite afirmar que Morales pudo evitar atropellar a S. porque aquí, lo absolutamente inesperado, no es la presencia de un automóvil detenido, sino de dos personas sobre la autopista.

Además, no puedo dejar de observar que Morales, según lo ha dictaminado el perito ingeniero designado en autos, circulaba a una velocidad 80 km/h, es decir por debajo de la máxima permitida en la autopista (ver f.297 vta, p.5) y que no se realizó en la instrucción una medición certera de la distancia a la cual se encontraba el cono (ver la exposición de Aguirre a f. 171 de la causa penal donde dice que aquél se había colocado a unos diez o doce metros del vehículo, que se contrapone con la versión policial que lo ubica a unos treinta metros).

De todos modos, admitiendo que aquélla señal se encontrase a treinta metros, los necesarios para detener la moto a la velocidad que circulaba eran 66,04 metros (ver dictamen pericial de f. 296, respuesta al punto 2° “in fine”), sin contar la distancia que en función de la velocidad necesariamente se recorre en el tiempo de reacción hasta reconocer el obstáculo, lo cual permite inferir que era inevitable impactar.

Es cierto que se exige al conductor de un automóvil circular con dominio absoluto del mismo (cfr. art. 50 ley 24.449) sin embargo, ello debe interpretarse en función de las circunstancias de tiempo y lugar, y no puede traducirse en la obligación de superar contingencias extraordinarias producidas por violaciones de terceros a las normas de circulación.

De ahí que el hecho de que otros automóviles pudiesen haber evitado el accidente nada aporta para configurar la responsabilidad de Morales.

Por otra parte, ante el principio de unidad de jurisdicción y la coherencia que debe transmitir la administración de justicia, no podemos soslayar en los términos del art. 1777 del CCy C -que resulta de aplicación inmediata por ser una norma de que regula un instituto procesal de orden público (cfr. art. 347 inciso 6° CPCCN) – que en sede penal, al decidirse el sobreseimiento de Federico Aguirre y Claudio Norberto Morales se hizo base en la inexistencia de vínculo causal posicionado claramente la autoría del hecho dañoso en la víctima, al señalar que “si la causalidad está determinada por la imprudencia ajena [se refiere al obrar de B. S.de haber descendido a la calzada] debe cesar la responsabilidad penal” (ver f. 204 vta).

En suma, coincido con el Sr. Juez en que fue el obrar de la propia víctima el factor determinante de que sucediera el accidente (cfr. arts. 1111,1113 p. 2° y concs. del Código Civil y en igual sentido, arts. 1729,1757, 1769 y concs. del Código Civil).

En cuanto a las costas, el art. 68 del Código Procesal en su segunda parte, prescribe que “el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.

La referida disposición importa una sensible atenuación al principio del hecho objetivo de la derrota fijado en la primera parte de la referida norma y acuerda a los jueces un margen de arbitrio que debe ejercerse restrictivamente y sobre la base de circunstancias cuya existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta la aplicación del mencionado principio (ver Palacio Lino “Derecho Procesal Civil”, T. III, p. 373).

Entiendo que el presente caso encuadra en la norma excepcional transcripta, ya que los actores no participaron, ni presenciaron el accidente en el cual perdiera la vida su hijo y, por consiguiente, al desconocer la forma en que se produjo, bien pudieron, por la concurrencia de distintos factores objetivos de atribución y la complejidad del caso, considerarse objetivamente con derecho a litigar como lo hicieron.

En consecuencia, encontrándose el recurso contra la condena en costas – que los actores pretendieron se impusiera íntegramente a los demandados y tercero (ver f. 475 p. 3°- implícito al cuestionarse la decisión dictada en el principal (ver en este sentido, CNCivil, Sala “A” in re, “Fischman Sánchez, Viviana M. c. Tecnología Integral Médica S.A. (TIM) y otro” del 07/07/2003, publicado en La Ley on line, AR/JUR/3610/2003), propondré al Acuerdo se impongan las costas de ambas instancias en el orden causado.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo:Confirmar la sentencia recurrida en lo principal que decide y modificarla en lo que concierne a las costas las que se imponen, en ambas instancias, en el orden causado (art. 68 última parte CPCCN).

Así lo voto.-

Los Dres. Ramos Feijóo y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

ROBERTO PARRILLI -. CLAUDIO RAMOS FEIJOO -. MAURICIO LUIS MIZRAHI.-

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° a n° del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, Octubre de 2016.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia en lo principal que decide; mas se la modifica en lo que concierne a las costas, que se imponen en ambas instancias en el orden causado.

Tiene resuelto esta Sala que, en los casos en que ha sido rechazada la demanda (conf. sentencia de fs. 452/462, confirmada por este Tribunal), la base regulatoria se halla configurada por el monto reclamado en el escrito de inicio con más sus intereses (conf. Plenario “Multiflex S.A. c/ Consorcio Bartolomé Mitre 2257 s/ sumario” del 30/9/75, E.D. 64-250; id., C.N.Civ., esta Sala, RN° 18.557/00 del 20.09.10; id., HN° 38.971/08 del 22.06.11; id., HN° 62.872/08 del 05.07.11, entre otros).

Sin embargo, en orden a la falta de agravio respecto de la integración de los intereses en la base regulatoria, habrá de tomarse el quantum reclamado en el escrito de inicio (conf.C.N.Civ., esta Sala, HN° 29.360/06 del 10.08.11; id., HN° 8.320/07 del 14.09.11; id., LHN° 40.323/06 del 15.09.11; id., LHN° 30.951/07 del 30.11.11; id., LHN° 64.733/04 del 30.12.11; id., LHN° 116.771/03 del 09.03.12, entre otros).

Sin perjuicio de ello corresponde señalar que, en la especie, el monto reclamado en la demanda resulta desmesurado, ajeno a lo razonable de conformidad a las circunstancias que rodearon la causa. Así también lo consideró la parte demandada, que, en su escrito de contestación de demanda, sostiene que la actora incurrió en pluspetición inexcusable al formular un reclamo exhorbitante” (conf. fs. 38, punto VI, 3° párrafo).

Obsérvese que la estimación del monto realizada en el escrito de inicio encuentra como limitaciones, que aventan los abusos rayanos en la pluspetición inexcusable, tanto el pago de la tasa de justicia como el de la condena en costas por la vencida que, en casos como el de autos, en que la actora actúa amparada en el principio de gratuidad, desaparecen, lo que quiebra un cuadro armónico que posibilita fijar retribuciones proporcionales al real valor económico comprometido en el pleito y, por ende, condiciona la aplicación de las pautas arancelarias vigentes.

Asimismo, nuestro más alto Tribunal se ha pronunciado sosteniendo que “si el actor ha obtenido el beneficio de litigar sin gastos y la demanda ha sido rechazada, para efectuar las pertinentes regulaciones de honorarios resulta necesario apartarse del monto reclamado y tomar en consideración el máximo que estimativamente habría representado la indemnización en caso de prosperar la acción, pues ésta es en definitiva la medida del interés sustancial mente defendido por los letrados de la demandada y el real valor comprometido en el pleito” (conf. CSJN, in re: “Martín, Jorge A. c/ Shin Dong Sik” , del 20/4/95, L.L.1995-C-320).

En consecuencia, teniendo en cuenta el interés económico comprometido; labor desarrollada, apreciada por su naturaleza, importancia, extensión, eficacia y calidad; etapas cumplidas; resultado obtenido; que a efectos de meritar los trabajos desarrollados por los expertos se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. C.S.J.N., Fallos 236:127; 239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361; CNCiv., esta Sala H.N.° 11.051/93, in re: “Hernández c/ Jaramal s/ daños y perjuicios” , del 17/12/97; id., H.N.° 44.972/99, in re: “Alvarez c/ Sayago s/ daños y perjuicios”, del 20/3/02; id., H.N.° 363.134 in re: “Patri c/ Los Constituyentes s/ daños y perjuicios”, del 23/6/04; id., H.N.° 5810/05, in re: “Morandini c/ TUM S.A. s/ daños y perjuicios”, del 28/12/07; id., H.N.° 42.689/05, in re: “Godoy c/ Kañevsky s/ ordinario”, del 6/3/08; id., H.N.° 87.303/04, in re: “Barrios Escobar c/ Transportes s/ daños y perjuicios”, del 24/9/08; id. H.N.° 40.649/02, in re: “Mazzeo c/ Romero s/ daños y perjuicios”, del 9/6/10; id. H.N.° 108.802/04, del 21/2/11, entre otros), así como la incidencia que las mismas han tenido en el resultado del pleito y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 37, 38 y cc. de la ley de arancel N° 21.839, con las modificaciones introducidas en lo pertinente por la ley 24.432, arts. 279 y 478 del Código Procesal y Decreto 2536/2015, modificatorio del decreto 1467/2011, reglamentario de la ley 26.589, corresponde adecuar las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 461 vta./462 y 465 de la siguiente manera: los correspondientes al letrado patrocinante de la parte actora, Dr.S.R.S., se fijan en la suma de ($.); los del letrado apoderado de la parte demandada y citada en garantía Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., Dr. J.J.G., en ($.); los del letrado patrocinante del tercero citado Morales y apoderado de la citada en garantía Liderar Compañía Argentina de Seguros, Dr. F.O., en ($.); los del letrado apoderado de la parte demandada y citada en garantía Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., por su actuación en las audiencias de fs. 199, 223 y 448, Dr. F.M.M., en ($.); los de la letrada patrocinante del tercero citado Morales y apoderada de la citada en garantía Liderar Compañía Argentina de Seguros, por su actuación en la audiencia de fs. 199, Dra. F.L.M., en ($.); los del perito ingeniero mecánico N.J.P., en ($.); los de la perito contadora M.E.D., en ($.) y los de la mediadora Dra. S.R.M., en ($.).

Por su labor en la Alzada se fijan en ($.) los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada y citada en garantía, Dr. J.J.G. y en ($.) los del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. S.R.S. y (conf. fs. 179) se fijan en ($.) los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. S.R.S. (conf. arts. 14, 33, 49 y cc. de la ley de arancel) los que deberán abonarse en el plazo de diez días.

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.-

DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI , JUEZ DE CÁMARA

DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA

ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA