Eximición de responsabilidad del propietario de una unidad funcional en cuyo interior hubo una explosión que destruyó sectores privativos y comunes del edificio

explosion-rosarioPartes: Consorcio de Copropietarios Edificio Av. Colón 2769 c/ Retegui, Aníbal Luis y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata

Sala/Juzgado: II

Fecha: 18-oct-2016

Cita: MJ-JU-M-101530-AR | MJJ101530 | MJJ101530Sumario:

1.-Es procedente rechazar la acción resarcitoria iniciada por un consorcio de propietarios contra el propietario de una unidad funcional en cuyo interior tuvo lugar una explosión que destruyó sectores privativos y comunes del edificio, ya que siendo aplicable el art. 1113 , segundo párrafo in fine, del CCiv., se acreditó la causa ajena pues la explosión no fue causada por el riesgo insito en ninguno de los aparatos y conexiones de gas contenidos en la unidad (es decir, al peligro que se deriva de su estado o modo de utilización) sino por una temeraria e injustificada rotura voluntaria de una cañería de gas que realizó el locatario. 2. El accionar del locatario guardián de una unidad funcional situada en un edificio sometido a propiedad horizontal, al modificar intencionalmente una cosa riesgosa como es una cañería de gas y generar una explosión, debe ser concebida como un uso contrario a la voluntad presunta de sus propietarios, eximiendo a éstos de responder por los daños ocasionados.

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de octubre de 2016, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO AV. COLON 2769 C/ RETEGUI, ANIBAL LUIS Y OT S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Rubén D. Gérez, en atención a la excusación formulada por el Dr. Roberto J. Loustaunau a fs. 729 que se acepta en este acto.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Es justa la sentencia de fojas 702/8?

2a) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el Sr. Ricardo D. Monterisi

dijo:

I) La sentencia definitiva de fs. 702/8 viene a conocimiento de este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 709.

En el decisorio impugnado, el juez de primera instancia rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida por el Consorcio de Propietarios Edificio Av. Colón 2763/67/69 contra los Sres. Aníbal Luis Retegui y Elsa Mabel Corso, con costas a la parte vencida.

Para así decidirlo, el sentenciante señaló que no fue controvertido -o en su caso resultó acreditado- que en la mañana del 12 de noviembre de 2011 se produjo una explosión en el departamento 8vo “C” del edificio de Avenida Colón 2769 de esta ciudad, ocupado por el Sr. Leonardo Francisco Beatrice (en calidad de inquilino) y que era de propiedad de los Sres. Retegui y Corso.La explosión destruyó sectores privativos y comunes del consorcio.

Luego de evaluar distintas pruebas producidas en autos concluyó que la explosión fue producto de una conducta negligente e imprudente del locatario de la unidad funcional, Sr. Leonardo Francisco Beatrice, ello sin perjuicio del carácter antirreglamentario de la instalación de gas existente en el consorcio.

Seguidamente, encuadró el caso en la teoría del riesgo creado (art. 1113 del Código Civil -ley 340-), que responsabiliza al dueño o guardián por los daños que se derivan del riesgo o vicio de las cosas.

Con esa base, consideró que los demandados Retegui y Corso -en tanto locadores del inmueble- no son responsables por no revestir en la especie el carácter de guardianes que se les pretende asignar. Explicó que guardián es el que ejerce el control directo de la cosa y quien dispone de ella.

Agregó que a través del contrato de alquiler que celebran las partes para su tenencia y uso del inmueble, los propietarios se desprendieron de su guarda, transfiriéndola al locatario quien tenía el uso y goce en los términos del negocio convenido. En la medida en que solo el inquilino puede ejercitar un contralor directo sobre la cosa recibida en arriendo, por lo que es responsable -en su calidad de guardián- por los daños que ella ocasione.

En suma, estimó que el inquilino es un tercero por quien los locadores no deben responder, demostrándose en tal caso la interrupción del nexo causal entre el hecho y el daño, eximiéndolo totalmente de la responsabilidad objetiva. Con esa base, rechazó la demanda.

II. Síntesis de los agravios.

a) El apoderado del Consorcio actor expresó sus agravios a fs. 734/9, los que fueron respondidos por el gestor procesal de los demandados Retegui y Corso a fs. 743/6.

Las quejas de la recurrente pueden sintetizarse de la siguiente

manera:

(i) Que el juez no consideró el ámbito físico y jurídico en el que se produjo el hecho dañoso.Destaca la aplicación de las normas que reglan la propiedad horizontal y pone de relieve que se ha omitido considerar las obligaciones y responsabilidades que le caben a un propietario en el sistema consorcial. Señala -con cita doctrina y jurisprudencia- que el dueño de un departamento es responsable por los daños producidos al vecino o al inmueble común por acción o negligencia de familiares, parientes, inquilinos, usuarios u ocupantes por cualquier título. Pone de relieve las pautas contenidas en el artículo 5 de la Ley 13.512 y en el Reglamento de Copropiedad, de cuyo tenor se desprende que los compromisos que los propietarios asumen frente a tercero no hacen variar su responsabilidad ante el consorcio.

(ii) En un segundo punto de disconformidad, alega que el magistrado violó las reglas de la apreciación de la prueba. Con esa base, se queja de que haya considerado que el ocupante del departamento intentó suicidarse, considerando -por ello- que se rompió el nexo causal. Entiende que no hay prueba que corrobore esa hipótesis.

(iii) Por último, critica la sentencia por entender que se ha omitido apreciar la prueba confesional, donde los demandados han reconocido la instalación viciosa y anti reglamentaria.

III. Legislación aplicable

Previo a ingresar en el análisis particular de los agravios propuestos por la actora entiendo necesario realizar un breve comentario con relación a la legislación aplicable al caso en estudio, teniendo en cuenta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994) y su reciente entrada en vigencia el pasado 1 de agosto de 2015 (art. 1 de la ley 27.0477).

El artículo 7 del nuevo Código ha replicado casi textualmente el artículo 3 del hoy derogado Código Civil (el cual, reformado en 1968, siguió las recomendaciones de Guillermo Borda y con ello las enseñanzas del jurista francés Paul Roubier) y que establece que “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.

Ello significa que las nuevas leyes se aplican a las situaciones o relaciones jurídicas que se creen a partir de su vigencia y a las consecuencias que se produzcan en el futuro de relaciones o situaciones jurídicas ya existentes al momento de vigencia de la ley. La excepción se da en el caso de que la ley prevea expresamente su retroactividad, la que será válida en la medida en que no afecte derechos amparados por la Constitución.

Tratándose de normas supletorias, se mantiene su inaplicabilidad a los contratos en curso de ejecución, salvo -y aquí una novedad con relación al art. 3 del código derogado- que se traten de reglas más favorables al consumidor en supuestos de relaciones de consumo.

En supuestos -como el de autos- en los que se debate la procedencia de una pretensión indemnizatoria fundada en la responsabilidad civil de los accionados (daños y perjuicios derivados de una explosión en una unidad funcional), la doctrina y la jurisprudencia es conteste en afirmar que la ley que rige la relación generada por el hecho ilícito dañoso es la vigente al momento de la producción del daño (v. Kemelmajer De Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 158; en jurisprudencia, v. mi voto en causa “Rios, Marta Graciela c/ Transportes 25 de mayo SRL y ot. s/ Daños”, Expte. 159040, del 08/10/15; de este mismo tribunal, Sala Primera, autos “Uriarte, Paula A. y Romero Rubén Omar c/ Galán, Héctor F. s/ Daños y Perjuicios”, Expte.129.815, del 22/10/2015, Sala Tercera, autos “Salazar, Pedro A. c/ Bruno, Luis G. y ot. s/ Daños y perjuicios”, Expte. 159.100, 24/11/2015; en igual sentido: Cám.2da.Civ.Com. de La Plata, Sala II, “Medina, Olga Mabel c. El Rápido Argentino Cía de Microomnibus S.A. y otro/a”, del 15/09/2015, La Ley Online, AR/JUR/30827/2015, Cám.Civ.Com. de Bahía Blanca, Sala II, autos “Mangano, Edgardo Omar c/ Rivera Novoa, Lorenzo Antonio y ot. s/ Daños y Perjuicios”, causa 145.795, del 23/12/2015, Cám.Ap. Cont.Adm. de La Plata, autos “L., C. M. c. Hospital Zonal Gral. Agudos de Quilmes y otro/a s/ pretensión indemnizatoria”, del 10/09/2015, publicado en LA LEY 2015-F , 321, Sup. Adm. 2015 (noviembre), 61, Cám.Civ.Com. de Morón, sala II, en autos “Barrios, Sandra Beatriz Antonia y Otro c. Lacuadra, Aranda Juan Ignacio y Otros s/ daños y perjuicios”, del 22/09/2015, La Ley Online AR/JUR/31284/2015, CNCiv., sala J, en autos “S. M. A. y Otro c. Z. J. L. y Otros s/ daños y perjuicios”, 28/08/2015, ED 05/10/2015, 3,LA LEY 29/10/2015, 8, CNCiv., sala H, “Feres, José Luis c. General Tomás Guido S.A.C.I.F. y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 21/10/2015, La Ley Online AR/JUR/47667/2015, CNCiv., Sala A, “M. V. T., B. y otro c. Julia Tours S. A. y otro s/ daños y perjuicios”, del 24/08/2015, Publicado en: RCCyC 2015 (noviembre) , 138 – RCyS 2015-XII, 117, CNCiv., Sala J, “S. M. A. y otro c. Z. J. L. y otros s/ daños y perjuicios”, 28/08/2015, Publicado en:ED 05/10/2015, 3, LA LEY 29/10/2015, 8,LA LEY 2015-F, 94, RCyS 2015-XII , 93, entre otros).

Ello, sin perjuicio de la eventual aplicabilidad de la nueva ley a las consecuencias no agotadas de aquella relación jurídica obligacional preexistente y que pudieran verificarse en el proceso (v.gr. daños ocurridos con posterioridad al 01/08/15, intereses moratorios devengados con posterioridad a esa fecha, etc.) (Kemelmajer de Carlucci, ob.cit., pág.62, Moisset de Espanés, Irretroactividad de la ley y el nuevo Art. 3 -Código Civil, derecho transitorio-, Universidad Nacional de Córdoba, 1976, pág. 47, Rivera, Julio C. “Aplicación del nuevo código civil y comercial a los procesos judiciales en trámite (y otras cuestiones que debería abordar el congreso)”, La Ley 04/05/2015, 1 -punto II.5.2.-, CNCiv., Sala B, “Martínez, José Eduardo c. Varela, Osvaldo Héctor y otros s/ daños y perjuicios”, del 06 /08/2015, ED 03/09/2015, 7, LA LEY 30/10/2015, 5).

El criterio expuesto parte de una premisa central, cual es que la obligación de resarcir conforma una relación jurídica que se establece entre víctima y el responsable en virtud de la ley cuando se reúnen los requisitos o presupuestos de hecho necesarios, y que incluye a la producción de un daño indemnizable (Kemelmajer, ob.cit., p. 158-159, Moisset De Espanés, Luis, ob.cit., pág. 39 a 42; plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil “Rey, José c.Viñedos y Bodegas Arizu S.A”., del 21/12/1971, Publicado en La Ley Online, AR/JUR/123/1971).

En el caso en estudio, tanto el hecho central en el cual se sustenta la pretensión indemnizatoria como los daños cuya reparación se reclama han ocurrido -al decir de la actora- en una fecha anterior a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, motivo por el cual la controversia -incluyendo el recurso que aquí se analiza- debe resolverse a la luz de las normas contenidas en el derogado Código Civil -ley 340- y la entonces vigente Ley de Propiedad Horizontal, en lo que pudiere resultar aplicable -Ley 13.512- (art. 7 del Código Civil y Comercial).

La solución expuesta no solo se presenta como la más adecuada interpretación del derecho transitorio previsto en la novel legislación (art. 7 del CCyC), sino que además es aquella que mejor resguarda el derecho fundamental de defensa en juicio de las partes, teniendo en consideración las pretensiones y defensas que dieron forma a la relación procesal – fundadas, como no podía ser de otra manera, en la legislación entonces vigente-, la consecuente actividad probatoria y la posterior solución definitiva asignada por el magistrado de grado (arts. 18 CN; sobre el tema, véase voto del Dr. Ferrari en el caso “Barrios” cit. más arriba, de la Cám.Civ.Com. de Morón, Sala II; Rivera, ob.cit., punto II.4).

IV. Tratamiento del recurso.

He leído con atención la totalidad de los escritos postulatorios, la prueba producida y los agravios expuestos por el Consorcio accionante y he llegado a la conclusión de que el recurso en tratamiento no puede prosperar.

Si bien con alguna diferencia en cuanto a los fundamentos,

encuentro que la decisión del a quo de desestimar la demanda ha sido

correcta y debe ser confirmada.

Seguidamente explicaré las razones de mi decisión.

a. Coincido con el Sr.Juez de primera instancia en que el reclamo del actor debe ser analizado a la luz de las reglas que rigen la responsabilidad por el riesgo o vicio de las cosas, de conformidad con lo normado por el entonces vigente artículo 1113 segundo párrafo in fine del Código Civil (art. 7 del Cód.Civ.Com).

La precitada norma prescribía que quien es dueño o se sirve de cosas o realiza actividades que por su naturaleza o modo de empleo generan riesgos potenciales a terceros, deben responder por los daños que ellas originan. La razón o fundamento por la que el agente responde en forma objetiva (esto es, con independencia de cualquier reproche que pueda hacerse sobre su conducta), es que ha sido él quien ha introducido en la sociedad un factor de riesgo para terceros (art. 1113 del Cód.Civ.).

De conformidad con la normativa vigente al momento del hecho, el dueño o guardián solo se libera total o parcialmente de su responsabilidad demostrando la culpa o el hecho de la víctima, la culpa o el hecho de un tercero extraño por quien no debe responder o el casus fortuito (arts. 514, 1113 seg. párr. in fine del Cód.Civ.). También se eximen de responder en aquellos casos en que la cosa riesgosa de la que eran propietarios o guardianes hubiere sido usada contra su voluntad expresa o presunta (art. cit., párr. final).

Estas eximentes se orientan a demostrar que se ha interrumpido total o parcialmente el nexo de causalidad que se presume existente entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño ocasionado (Pizarro, D., Vallespinos C. Instituciones de derecho privado. Obligaciones. Hammurabi: Buenos Aires, 2008, t. IV, p. 571). En estos supuestos, ya no es posible imputarle las consecuencias dañosas al dueño o guardián de la cosa riesgosa: tales perjuicios -de existir- reconocen su origen en una causa ajena.

b. En el caso en estudio los demandados han demostrado con suficiencia la causa ajena invocada en el escrito de contestación de demanda.Entiendo por ello, y como dije, que la decisión del juez de primera instancia de rechazar la demanda ha sido correcta.

En efecto, de la prueba producida se desprende que la explosión en la unidad funcional no se debió al carácter antirreglamentario de las modificaciones hechas en el calefón de tiro natural del departamento 8vo “C” del edificio de Avenida Colón 2769 (fs. 44 -informe del Cuartel Centro de Bomberos Mar Del Plata y fs.77 -informe de Camuzzi Gas Pampeana-, todos ellos de la IPP; absolución de fs. 345 posición sexta) ni tampoco por la existencia de un calefactor ubicado en el living comedor (informe del gasista Nelson Funes a fs. 34 y 44 de dicha causa).

De hecho, la detonación no se debió al riesgo ínsito en ninguno de los aparatos y conexiones de gas contenidos en la unidad funcional (es decir, al peligro que se deriva de su estado, o modo de utilización) y cuya guarda había sido voluntariamente entregada al ocupante en virtud de una relación locativa.

Por el contrario, quedó demostrado que el desgraciado incidente tuvo origen en una avería que intencional y deliberadamente realizó el locatario Beatrice sobre un tubo flexible de gas detrás de la cocina, la cual -a su vez- generó la concentración gaseosa necesaria para que sobreviniera el estallido (fs. 43 y 44 de la causa penal). Lo que el personal de bomberos calificó como una “instalación peligrosa” y que el gasista Fuentes refirió como carente de sentido y utilidad (fs.34, 43 y 44), en rigor, se trataba de una temeraria e injustificada rotura voluntaria de una cañería de gas.

La Corte Suprema ha interpretado -en un pleito análogo al de autos que versaba sobre un contrato de fletamento, especie contenida del género de las locaciones- que “en los casos en que el dueño se desprende voluntariamente de la guarda de la cosa, aquél solo puede liberarse si ésta fue usada contra el destino autorizado o el que regularmente sirve según su naturaleza, o contra la finalidad del desprendimiento. Como dice la última parte del artículo 1113 del Código, debe tratarse de un uso contrario a la voluntad expresa o presunta del dueño” (CSJN, in re “Giménez.”, Fallos 310:1449, considerando 10, el resaltado me pertenece).

Esta apreciación de la Corte Federal es lo que Kemelmajer de Carlucci califica como una noción amplia del concepto de “uso contrario a la voluntad presunta o expresa” a que refiere la parte final del artículo 1113 del Código de Vélez, y que “cubre los casos en que la cosa ha sido dada para una finalidad determinada y se la usa para otra absolutamente distinta. Parecería que esta tesis amplia fuese la que responde al texto legal que admite la voluntad presunta; de lo contrario esta expresión quedaría vacía de contenido” (Kemelmajer de Carlucci, Aida, en Belluscio – Zannoni, “Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado”, Buenos Aires: Astrea, 1984, t.V, pág. 571; en igual sentido, Rugna, Agustín, “El uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián como causal de liberación de responsabilidad’, publicado en La Ley Gran Cuyo 2015 (junio), 465; Cámara Civil y Comercial de Dolores, en autos “D. O., R. N. c/P., D. A. y otros s/Daños y Perjuicios”, Expte. 79575, RSD-81-4,, sent. del 16/03/2004).

La Casación bonaerense ha dicho que la eximente contenida en el párrafo final del art.1113 del Código Civil no exige que se verifique fehacientemente una “prohibición expresa o presunta” para que el uso de la cosa sea entendido como contrario la voluntad del sindicado como responsable. Dice la Suprema Corte: “bastará que se demuestre que la voluntad del dueño o guardián fue o pudo ser contraria al uso de la cosa, según las circunstancias, para liberarlo de la responsabilidad, sin que deba acreditarse directamente que fue formulada una prohibición expresa o que esas mismas circunstancias hagan presumir que lo hizo” (SCBA, Ac. 25.521, sent. del 27-VI-1978; Ac 47048, del 24-XI-1992 y Ac. 90.533, sent. del 14-XII-2005; en doctrina, véase Agoglia, María Martha, Boragina, Juan C. y Meza, Jorge Alfredo, “Los hechos de terceros como eximentes. Dependiente y tercero. El uso o empleo de la cosa contra la voluntad del dueño o guardián’, en Revista de Derecho de Daños 2006-1 “Eximentes de Responsabilidad”, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2006, p.239, la negrilla me pertenece).

Ninguna duda me cabe que la persona a la cual le fue confiada la guarda de la cosa (en la especie, el inquilino Leonardo Beatrice) ha utilizado los artefactos y conexiones de gas en una forma completamente contraria al destino autorizado por el locador, a la naturaleza misma del artefacto y a la finalidad ínsita en la relación locativa (CSJN, in re “Giménez.”, Fallos 310:1449, considerando 10).

De hecho, hasta pareciera discutible que pueda afirmarse que Beatrice “utilizó” los artefactos de gas, dado que lejos de sacar algún provecho o hacerlo funcionar conforme su naturaleza y finalidad, procedió derechamente a realizar una modificación dolosa de sus condiciones mecánicas y físicas, rompiéndola en sus componentes y transformándola en la fuente material (y en lo que aquí más interesa:en la única causa adecuada) de la trágica explosión que derivó en los daños cuya indemnización se reclama.

Agrego a ello que nada puede reprochársele al demandado con relación a los posibles caminos de acción que hubiera podido desplegar para evitar la súbita conducta del inquilino. La naturaleza de la alteración que el Beatrice efectuó sobre el aparato de gas y sus conexiones permite asignarle al evento un carácter imprevisible e inevitable.

En definitiva, de conformidad con la citada doctrina de la Corte Suprema el acc ionar del locatario guardián -al modificar intencionalmente una cosa riesgosa y generar una explosión- debe ser concebida como un uso contrario a la voluntad presunta de sus propietarios, eximiendo a éstos de responder por los daños ocasionados (arts. 375, 384 del CPC y 1113 último párrafo del Código Civil -Ley 340-).

Lo dicho torna innecesario indagar si la conducta del inquilino tuvo o no un móvil suicida, no obstante debo reconocer -obiter dictum- que existen numerosos indicios graves, precisos y concordantes que se direccionan en esa hipótesis (la conducta temeraria advertida por los vecinos en otras ocasiones (fs. 78/9 de la IPP -testigo Lara-), los intentos anteriores de quitarse la vida inhalando gas (fs. 74 de la IPP – testigo Piñero-), los altibajos en su personalidad (ídem, fs. cit.), su adicción a las drogas (declaraciones de los hermanos Mariano y Natalia Beatrice a fs. 62 de la IPP; informe de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, fs. 57, declaración de Piñero a fs. 74), la decisión de arrojarse al vacío en una modalidad que el médico calificó como de probable “modo suicida” (v. fs. 78/9 -testigo Lara-, fs. 83 -certificado de defunción- y fs. 89 y vuelta -autopsia- todos ellos de la IPP, fs. 510 de la causa principal -testigo Ferro-, respuesta tercera)).

c.Por último, sin perjuicio de que el sistema de responsabilidad por el riesgo o vicio de las cosas puede extenderse a supuestos de daños en la órbita contractual y no solo extracontractual (cf., C.N.Civ., sala A, “Jelic, Carlos

c. Modo S.A.”, del 24/5/85, en LA LEY, 1985-A, 596) y que dicho enfoque fue incluso aplicado en materia de daños originados en cosas de dominio exclusivo de una unidad funcional a otra o de cosas comunes a unidades privativas (CNCiv, Sala B, 06/07/2005, LA LEY 2005-E , 883; CNCiv., Sala K, 11/04/2006, DJ 19/07/2006, 869), me interesa aclarar la solución es la misma aun si se adoptara el encuadre contractual derivado del incumplimiento a las reglas de la comunidad consorcial que propone el apelante en su expresión de agravios.

La relación de causalidad supone establecer el ligamen existente entre un acto y sus consecuencias lesivas. Este vínculo -de naturaleza objetiva- permite no solo definir la extensión del resarcimiento sino también la autoría, es decir, atribuir materialmente el resultado dañoso a la acción de un sujeto determinado. En el caso, no es posible vincular causalmente la explosión motivadora de los daños a ninguna forma de incumplimiento (sea contractual o aquiliano) de los copropietarios de la unidad en tanto tales perjuicios reconocieron su origen en una causa ajena, cual es la súbita y deliberada acción del ocupante que seccionó un tubo flexible de gas, hecho que -por su naturaleza y modalidad- resultó tanto imprevisible como inevitable para los locadores.

En otras palabras, aun cuando se encuadre el caso en la órbita de la responsabilidad contractual subjetiva con fundamento en el artículo 1109 del Código Civil y sus concordantes de la Ley 13.512 (de conformidad con el precedente citado por el apelante a fs. 734/vta, párrafo final), el copropietario sindicado como responsable puede igualmente demostrar o bien que de su parte no hubo culpa (confr.CNCiv, Sala C, 3-12-65, ED, 16-345, citado por Highton de Nolasco en la obra y página referenciada por el apelante a fs. 734/vta) o bien que los perjuicios reconocen una causa ajena. Esto último es, en definitiva, lo que ha ocurrido en autos.

Pizarro y Vallespinos explican que la prueba de una causa ajena no solo funciona como eximente de responsabilidad en supuestos de factores de atribución objetivos, sino también en aquellos conflictos en los que se aplica el sistema de responsabilidad subjetiva presumida (donde al accionado le basta probar que obró con diligencia) o de culpa probada (donde el actor debe demostrar la culpa del demandado). En tales supuestos, dicen los autores, “su actividad probatoria [refiriéndose al sindicado como responsable] puede ir aún más lejos demostrando la presencia de una causa ajena que interrumpe el nexo causal. Es obvio que, no existiendo relación de causalidad (y, por ende, autoría) ningún juicio de reproche subjetivo se podrá formular sobre la conducta de aquél” (Pizarro, D. – Vallespinos, C., “Instituciones de derecho privado. Obligaciones”, Buenos Aires: Hammurabi, 1999, t. III, pág. 109).

Por lo expuesto, el recurso de la actora debe ser desestimado, confirmándose en consecuencia la sentencia atacada (arts. 375, 384 y cctes. del CPC, 901, 1113 del Código Civil -Ley 340-, 7 del Código Civil y Comercial).

ASI LO VOTO

El señor Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:

Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 709, con costas (art. 68 del CPC); II) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 del Dec-Ley 8904).

ASÍ LO VOTO

El señor Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente

S E N T E N C I A

Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 709, con costas (art. 68 del CPC)

II) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 del Dec-Ley 8904).

III) NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.).

DEVUÉLVASE.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RICARDO D. MONTERISI

RUBÉN D. GÉREZ

ALEXIS A. FERRAIRONE

SECRETARIO