Rechazo de la demanda por restitución de aportes iniciada contra la sociedad civil desarrolladora de un complejo de viviendas

casa_propia1Partes: González Luis Angel c/ Complejo Habitacional Nuevo Suterh Sociedad Civil s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 16-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100897-AR | MJJ100897 | MJJ100897

Sumario:

1.-La doctrina de los actos propios resulta aplicable en la medida que se advierte una falta de coherencia en el comportamiento, una incompatibilidad manifiesta entre la conducta generadora de determinada instalación fáctica o jurídica y la posterior actitud de objeción a ella.

2.-Si el actor ejerció una conducta incompatible con otra suya anterior válida, deliberada, voluntaria, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, ello hace aplicable el principio venire contra factum proprium nulli conceditur , pues tal actitud -expresa o tácitamente- implica ya no destruir lo hecho sino desconocerlo, para evitar sus secuelas o eludirlas.

3.-No sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encuentran gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cambiar sus consecuencias para aumentar su provecho.

4.-Conforme la armónica interpretación de los arts. 1198 del CCiv. y 218 del CCom., a las relaciones contractuales deben aplicarse los usos sociales, las reglas de la experiencia y el sentido crítico, analizando íntegramente el contexto negocial, el principio favor debitoris, el fin económico perseguido al contratar y la intención común de las partes y en tal sentido revisten especial importancia los hechos y actos de los contratantes durante la vigencia del convenio y la conducta asumida antes, durante y después de la formación del mismo según las constancias de autos.

5.-La primera regla de interpretación de los contratos es la intención común (el art. 218, inc. 1, CCom) el cual prevé que: debe buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos , puesto que la literalidad del texto contractual no descarta la indagación de la voluntad real de las partes, siendo relevantes para ello la intención y la finalidad de los contratantes. Ergo, debe tenerse en cuenta sus intenciones, más allá de la textualidad del pacto.

6.-La segunda regla interpretativa es el contexto contractual . El art. 218, inc. 2 CCom., dispone que las cláusulas contractuales deben ser interpretadas congruentemente; otorgando el sentido que corresponda por el contexto general, puesto que se considera al contrato como un todo indivisible.

7.-La interpretación -especialmente la judicial- mantiene una relación inmediata con las expresiones que obran en el instrumento y con los hechos que rodean al contrato. Y lleva ínsita la necesidad de desarrollar un proceso intelectual de comprensión, ya que lo escrito en el instrumento exige que se puedan deducir las obligaciones y los derechos que corresponden a las partes intervinientes.

8.-En tanto la demandada es una sociedad civil (arts. 1648 /1788 bis , CCiv.) cuyo objeto es la construcción de un complejo de viviendas, es ésta la concreta y específica actividad económica que los socios acordaron desarrollar a través del ente, conjuntamente con el resto de los adherentes al sistema y, como tal, ingresó fondos que fueron destinados a la ejecución del complejo habitacional a fin de cumplir el objeto para el cual la sociedad fue constituida.

9.-La limitación al retiro voluntario del socio es lógico y necesario. Cuando aquél ingresa a la sociedad se desprende de sus aportes que pasan a formar parte del activo del ente. Dejan de ser de su propiedad, para constituir el fondo común imprescindible para el cumplimiento del objeto social para el cual la sociedad fue creada.

10.-Lo acordado debe cumplirse, no es factible sustraerse de las obligaciones libremente contraídas (CCiv:1197 ), siendo necesario respetar lo pactado: aquello que primero es de libre decisión luego es constreñido.

11.-Si la demandada no es una sociedad constituida por tiempo indeterminado conforme el art. 1765 del Código Civil, en consecuencia es aplicable el CCiv.:1.738 que establece que en la sociedad por tiempo determinado, no pueden renunciar los socios sin justa causa. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 16 días del mes de agosto de dos mil dieciséis, reunidas las señoras jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “GONZALEZ LUIS ANGEL” contra “COMPLEJO HABITACIONAL NUEVO SUTERH SOC. CIVIL” sobre ORDINARIO en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi, Ballerini y Díaz Cordero.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

I. ANTECEDENTES FACTICIALES DEL PROCESO

1. El 12-02-2002 (fs. 2/6) Luis Ángel González demandó a Complejo Habitacional Nuevo Suterh Soc. Civil. (en “Complejo Suterh”) por $30.000 (pesos treinta mil), con reajuste por desvalorización monetaria.

Relató que era cesionario de un plan de viviendas suscripto con la accionada conforme la cláusula cuarta del contrato social. Indicó que los socios debían abonar 104 cuotas mensuales consecutivas y 16 semestrales.

Sostuvo que sus cedentes pagaron hasta la cuota 96

Agregó que se dirigió a la sede social a efectos de obtener la adjudicación de la vivienda, donde le informaron que no había abonado la totalidad de las cuotas y que en caso de renuncia o exclusión no correspondía la devolución de los aportes.

Argumentó que tal proceder importó una modificación del contrato social -que originalmente preveía la devolución de los aportes- y que la asamblea que lo había decido no había sido debidamente celebrada y publicitada.

Reclamó la devolución de los aportes e inició, conjuntamente con este expediente, las actuaciones N°86127/98 “González, Luis Ángel c/ S.U.T.E.R.H. s/ medida precautoria” que en este acto tengo a la vista.

2. El 08-10-2003 (fs.59/62) se presentó Juan Manuel Garzón Vieyra en carácter de interventor judicial de la demandada (designado en los autos “COM 126529/2000 – “Inspección General de Justicia c/ Complejo Habitacional Nuevo Suterh Soc. Civ. I y II/ medida precautoria” también a estudio en esta Alzada).

Opuso excepción de incompetencia, solicitó la conexidad con el expediente mencionado en el párrafo anterior y pidió la citación como tercero del Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Horizontal (SUTERH).

Sobre el fondo de la cuestión dijo que la demanda debía prosperar por el monto reclamado, previo descuento de los gastos administrativos (31 % del aporte).

Posteriormente (fs. 155) el interventor manifestó que por resolución del 06-06-2005 se dispuso la normalización de las sociedades intervenidas y que con fecha 19-10-2005 procedió a la entrega del cargo a las autoridades estatutarias elegidas por los socios, cesando su intervención.

3. Luego de un dilatado trámite procesal, el expediente quedó radicado ante el Juzgado 13 del Fuero el 05-11-2008 (fs. 260) y la Juez de primera instancia ordenó correr un nuevo traslado de la petición inicial (fs. 262).

4. El 27-04-2010 (fs. 309/325) Complejo Habitacional Suterh I Soc. Civ. se presentó y contestó demanda, solicitando su rechazo.

Explicó que desde la celebración del contratado de sociedad civil los socios -como el actor- se comprometieron a integrar aportes de capital mediante el pago de cuotas en efectivo, destinadas a la construcción de sus viviendas.

Relató que como consecuencia de la debacle económica que comenzó en 1989 se entendió que resultaba potencialmente impeditivo de la consecución de los fines sociales la posibilidad de que los socios renunciaran libremente a la

Por ello se decidió modificar la cláusula 7 del contrato social mediante asamblea 26-06-1992 cuya actual redacción, conforme el relato de la defensa, dice “La falta de pago de dos cuotas. dará derecho. a excluir al socio.Los importes aportados, en concepto de cuotas sociales, quedarán a favor de la sociedad”.

Adujo que el pretensor no había cancelado la totalidad de las cuotas, pues el número total a integrar era de 186 conforme el plan de aportes y su prolongación comunicada a través del “Informe al Asociado” de septiembre de 1994 y que la decisión de la administración respondió a los aumentos en el costo de construcción; que estaba prevista en el art. 6 del contrato social.

Agregó que el objeto de la sociedad se encuentra en pleno cumplimiento pues se realizan adjudicaciones periódicas de viviendas.

II. EL DECISORIO RECURRIDO

El fallo de primera instancia del 19-02-2016 obrante a fs. 519/525 y correctamente precedido de la certificación actuarial sobre su término prevista en el art. 112 del reglamento del fuero, rechazó la demanda.

Para así decidir el a quo meritó que: i) la originaria posibilidad de devolver los aportes a los socios fue modificada por asamblea y debidamente publicitada; y ii) cuando el actor adquirió la calidad de socio ya regía la nueva regla contractual.

III. EL RECURSO

La actora apeló el fallo el 23-02-2016 (fs. 527), el recurso se concedió el 25-02-2016 (fs. 528) y sus incontestados agravios del 18-04-2016 lucen a fs. 539/545.

La presidencia de esta Sala llamó autos para sentencia el 03-06-2016 (fs. 1147), la causa se sorteó el 23-06-2016 (fs. 1147 vta.); quedando el Tribunal habilitado para resolver.

IV. CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA

La actora se queja porque el anterior sentenciante:(i) no tuvo en cuenta el reconocimiento del derecho formulado por el interventor judicial y permitió una “segunda contestación de demanda” en detrimento del principio de preclusión; (ii) otorgó virtualidad a la asamblea del 26-06-1992, soslayando que tal decisión era violatoria del derecho de propiedad y en concecuencia, solo podía ser aprobada por unanimidad; (iii) no evaluó que apropiarse de la cuotas que el actor abonó de un plan de ahorro era desproporcionado y confiscatorio; (iv) omitió considerar un posible enriquecimiento sin causa de la accionada y (v) le impuso integramente las costas.

V. Luego de analizar los antecedentes del caso, los diversos medios de Prueba al expediente de conformidad con las técnicas de la sana critica (art.386 CPCCN).

Y de la sentencia recurrida, anticipo que el pronunciamiento apelado será -en lo sustancial- confirmado.

No atenderé a todos los planteos del apelante, sino sólo los que estime esenciales y decisivos para fallar en la causa (cnfr. CSJN, “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13.11.86; ídem, “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas” , del 12.02.87; bis ídem, “Pons, María y otro” del 06.10.87; ter ídem, “Stancato, Carmelo”, del 15.09.89; v. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

VI. LA DECISIÓN PROPUESTA

1. Destaco que en una expresión de agravios no basta el quantum discursivo sino la qualitae razonada y critica. No resulta suficiente el disentimiento con la sentencia, pues disentir no es criticar al punto que el recurso debe bastarse a sí mismo.

Tanto los disensos subjetivos, como la exposición retórica de la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de modo distinto de lo apreciado por el juzgador, si bien constituyen modalidades propias del debate dialéctico, no lo son de la impugnación judicial (CNCom., esta Sala, in re, “Cía. Integral de Motores SRL c. Griecco María s.Sumario”, del 07/08/90).

No basta, pues que el apelante alegue la transgresión de diversas normas sin explicar concretamente su conduce a una solución distinta a la adoptada en anterior instancia.

Sin mengua de ello, se atenderán a las críticas del recurrente en reguardo del derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional.

2. El actor sostuvo en su primer agravio que el Juez de la anterior instancia autorizó una suerte de “segunda contestación de demanda” y desestimó la formulada en término por el interventor judicial de la accionada.

El argumento es inatendible pues el propio accionante consintió tal proceder.

Destaco que en fs. 262 -una vez concluida la intervención judicial- se dispuso correr un nuevo traslado de la demanda providencia no objetada por ‘González’, quién procedió a librar la cédula de notificación correspondiente (fs. 264) y tampoco cuestionó la providencia que tuvo por contestada la demanda (fs. 326).

La doctrina de los actos propios resulta aplicable en la medida que se advierte -como en el caso- una falta de coherencia en el comportamiento, una incompatibilidad manifiesta entre la conducta generadora de determinada instalación fáctica o jurídica y la posterior actitud de objeción a ella (CNCom., esta Sala, in re “Aseguradores Industriales SA Cía. Arg. de Seguros c/

Federico Claps Automotores S/ ordinario” 26/03/99).

El actor ejerció una conducta incompatible con otra suya anterior válida, deliberada, voluntaria, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, que hace aplicable el principio “venire contra factum proprium nulli conceditur”.

Tal actitud -expresa o tácitamente- implica ya no destruir lo hecho sino desconocerlo, para evitar sus secuelas o eludirlas. Como dijo la CSJN “.no sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encuentran gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cambiar sus consecuencias para aumentar su provecho.” (Fallos 322:1564; 273-187; 274-96; 275-235 y 459; 279-350; 285-410; 293-438; 2943-220; 299-373; 300-51, 62, 147 y 480; entre otros).

Se rechaza el agravio.

3. En atención al contenido de las restantes quejas, corresponde adentrase en el estudio de la cuestión de fondo.

Recuérdese que no se encuentra controvertido: a) que el actor era socio de la sociedad civil “Complejo Habitacional Suterh I” por la cesión de derechos efectuada por el socio n° 559 y b) que integró las cuotas de capital hasta la n° 141, en diciembre de 1997.

El thema decidendum se circunscribe a determinar si -tal como expuso en la demanda- el accionante cumplió con la integración del capit al social de modo que el ente demandado se encontraría en mora y le asiste derecho a la restitución del aporte.

4. Conforme la armónica interpretación de los arts. 1198 del CCiv. y 218 del CCom., a las relaciones contractuales deben aplicarse los usos sociales, las reglas de la experiencia y el sentido crítico, analizando íntegramente el contexto negocial, el principio favor debitoris, el fin económico perseguido al contratar y la intención común de las partes (cfr. Danz, Erich, “La interpretación de los negocios jurídicos”, Madrid, 1926, p. 44 y ss.; López de Zavalía, Fernando J., “Teoría de los Contratos”, T, 1, “Parte General” p. 279 y ss.; Cifuentes, Santos, “Negocio Jurídico”, Astrea, 1986, p. 252; CSJN, “Intertelefilms S.A. c/ Provincia de Chubut -Secretaría de Gobierno – LU 90 TV Canal & de Rawson- s/ ordinario”, del 19-9-95; CNCom., Sala A, “Equipamientos Profesionales Damonte S.A. c. Autolatina Argentina S.A. s/ cobro de pesos”, del 8-2-90; idem, Sala D, “Marvag Constructora S.R.L.c/ Asorte S.A.”, del 26-8-88; entre otros).

En tal sentido revisten especial importancia los hechos y actos de los contratantes durante la vigencia del convenio y la conducta asumida antes, durante y después de la formación del mismo según las constancias de autos (CNCom., esta Sala in re “Gráfica Editora Primor c/ Gibelli M.”, del 26-10-88; 90; ídem, ídem, “Comelec S.A. c/ Maderas y Vivienda Lago Fagnano S.R.L.”, del 20-9-91; ídem, ídem, “Pérez, Alberto y otro c/ Cargill S.A.C.I.”, del 22-12-91; ídem, ídem, “Caropresse Carlos Alberto c/ Transportes Andreani S.A.” , del 4-3-98).

No está desprovisto de interés destacar que dos de las reglas de interpretación apoyan lo referido supra; la primera de ellas es “la intención común” (el art. 218, inc. 1, CCom; prevé que: “debe buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos”) puesto que la literalidad del texto contractual no descarta la indagación de la voluntad real de las partes, siendo relevantes para ello la intención y la finalidad de los contratantes. Ergo, debe tenerse en cuenta sus intenciones, más allá de la textualidad del pacto (CSJN, Fallos 311:1556).

La segunda regla interpretativa es el “contexto contractual”. El art. 218, inc. 2 Ccom., dispone que las cláusulas contractuales deben ser interpretadas congruentemente; otorgando el sentido que corresponda por el contexto general, puesto que se considera al contrato como un todo indivisible.

La interpretación -especialmente la judicial- mantiene una relación inmediata con las expresiones que obran en el instrumento y con los hechos que rodean al contrato. Y lleva ínsita la necesidad de desarrollar un proceso intelectual de comprensión, ya que lo escrito en el instrumento exige que se puedan deducir las obligaciones y los derechos que corresponden a las partes intervinientes.

5. La demandada es una sociedad civil (arts.1648/1788 bis, CCiv.) cuyo objeto es la construcción de un complejo de viviendas, es ésta la concreta y específica actividad económica que los socios acordaron desarrollar a través del ente (CNCom, esta Sala, in re “Buscaglia Osvaldo Fabián c/ Complejo Habitacional Nuevo Suterh Sociedad Civil s/ ordinario” del 31-05-2005″). Sociedad civil de la cual forma parte el actor (carácter adquirido en virtud de la cesión efectuada por el socio original, ver fs. 7 de los autos “Gonzalez Luis Ángel c/ S.U.T.E.R.H. s/ medida precautoria” que en este acto tengo a la vista), conjuntamente con el resto de los adherentes al sistema y, como tal, ingresó fondos que fueron destinados a la ejecución del complejo habitacional a fin de cumplir el objeto para el cual la sociedad fue constituida.

En el contrato constitutivo de la sociedad se estableció que “el capital social será aumentado en la medida que la evolución de la obra así lo requiera. Los socios deberán efectuar los aportes necesarios de común acuerdo con los administradores”. Y hasta tanto se formalizara la instrumentación del aumento de capital (lo que acontecería con posterioridad a la resolución que adoptara la asamblea convocada a tal efecto), los aportes que integraran los socios se imputarían a la cuenta de cada uno de ellos (fs. 394vta., cláusula 6ta.)

No está discutido que el régimen original establecía la integración de 104 cuotas mensuales y consecutivas y 16 cuotas semestrales.Tampoco que la administración dispuso la prórroga del plan de aportes mensuales en 82 cuotas.

Ahora bien, el actor alega que cumplió con la totalidad de las cuotas previstas de ello se colige el rechazo a la legalidad de tal ampliación.

Sobre el particular tuve oportunidad de expedirme en la causa “Valdés Navarro”, análoga al presente (CNCom, esta Sala, in re “Valdés Navarro, Hugo Alejandro c/ Complejo Habitacional Nuevo Suterh II s/ ordinario” del 22-07-2009).

Conforme lo decidido en el precedente citado, de la atenta lectura de la cláusula sexta del contrato constitutivo se advierte que consta de dos partes: i) la decisión de aumentar el capital social adoptada por los administradores “cuando la evolución de la obra así lo requiera” y, ii) su instrumentación a realizarse luego de que la asamblea de socios ratificara el aumento de capital. Tal interpretación se basa en el adverbio “hasta tanto” con el que se inicia la segunda parte de la cláusula que de lo contrario, no tendría ningún sustento.

Conforme tal interpretación, la asamblea debía convocarse para ratificar la decisión de los administradores de aumentar el capital, mas no para otorgar validez a la decisión por parte de la cláusula, en cuanto dispuso que hasta tanto no se ratificara por los socios, el aumento de capital se imputaría a una cuenta personal -o a la que en el futuro se abriera- de acuerdo a lo que resolviera la asamblea.

Ello así, puede afirmarse que los administradores estaban debidamente autorizados a extender el número de cuotas si el estado de la obra así lo imponía, sin perjuicio de la decisión que posteriormente pudiera surgir de la asamblea.

Por lo demás, esta interpretación de la cláusula sexta del contrato social es la que se compadece con el convenio primigeniamente suscripto entre los socios y los administradores; donde se consignó respecto de las cuotas que, si bien se establecía su número y monto, ello era “sin perjuicio de que el número de cuotas deintegración y su aumento de capital, podrá ser modificado en función de los requerimientos y costos como asimismo sus montos” (fs. 13 de los autos “Gonzalez Luis Ángel c/ S.U.T.E.R.H. s/ medida precautoria” que en este acto tengo a la vista).

Como recordé en el fallo antes citado, esas amplias facultades conferidas a los administradores condicen con el momento financiero y económico que vivía el país, toda vez que la inflación que padecía el mismo (y que llegó a la hiperinflación convocatoria a asamblea para establecer con la urgencia necesaria de la construcción el aumento de las cuotas o su monto, en orden a la consecución del fin social. Consecuentemente, de la interpretación de la cláusula sexta del contrato social, tomándose asimismo en consideración los términos del convenio que lo precedió, resulta que los administradores podían elevar el número de cuotas o su monto, sin perjuicio de la decisión que más tarde tomara la asamblea.

Apoya esta conclusión la circunstancia que “González” continuó pagando los aportes hasta la cuota 141, cuando, según sus dichos, el acuerdo consistía en sólo 104. Ninguna explicación fue brindada al respecto.

6. Por otro lado, el actor cuestiona la validez de la reforma del art. 7 del contrato social efectuada por la asamblea extraordinaria del 26-06-1992. Tal cláusula originalmente establecía “la falta de aportes a la sociedad dentro de los plazos que se establezcan, dará derecho a ésta. a excluir al asociado. reintegrándosele la totalidad de los montos aportados. Idéntico sistema se aplicará en caso de renuncia” (fs. 395).

El texto reformado es el siguiente: “la falta de aporte de dos cuotas en la sociedad dentro de los plazos establecidos para su pago, dará derecho a aquélla. a excluir al socio.los importes aportados quedarán a favor de la Sociedad Poder Judicial de la Nación renuncia de algún socio, éste se obliga a conseguir un sustituto en su lugar, que asumirá la totalidad de sus obligaciones.” (fs. 410vta.).

Existen dos argumentos de peso que me convencen de confirmar la postura del anterior sentenciante.

El primero es que la redacción originaria de la cláusula séptima se contrapone el art. 1.653 del Código Civil que fulmina de nulidad toda previsión que autorice “al socio a retirar lo que tuviese en la sociedad cuando quisiese”, efecto que tendría otorgar validez a la cláusula primigenia.

La limitación al retiro voluntario del socio es lógico y necesario. Cuando aquél ingresa a la sociedad se desprende de sus aportes que pasan a formar parte del activo del ente. Dejan de ser de su propiedad, para constituir el fondo común imprescindible para el cumplimiento del objeto social para el cual la sociedad fue creada.

Lo acordado debe cumplirse, no es factible sustraerse de las obligaciones libremente contraídas (CCiv:1197) es necesario respetar lo pactado: aquello que primero es de libre decisión luego es constreñido (CNCom, esta Sala, in re “Arias Juan Antonio y otros c/ SUTERH y otros s/ ordinario” del 12-10-2012).

El segundo, es que el actor adoptó la condición de socio de la defendida mediante la cesión notificada a la sociedad el 30-03-1994, pagando la primera cuota el 25-04-1994.

En esa oportunidad, la asamblea del 26-06-1992 ya había reformado el estatuto. No puede alegarse ahora que tal cambio resultó sorpresivo, pues cuando el accionante ingresó en la sociedad el texto original ya no estaba vigente.

Tal circunstancia no es ajena al actor, quien, aplicando un mínimo de diligencia, debió conocer el contenido de las cláusulas contractuales a las que voluntaria y deliberadamente se sometía.Ello hace inaudible la queja relativa al cambio estatutario.

De todos modos, resulta dirimente que los quejosos no hayan rebatido los sólidos argumentos del Juez respecto de las cuestiones examinadas.

7. Para despejar toda duda y efectuar un adecuado análisis de la cuestión, recordaré las normas imperativas en la materia para demostrar que, aún con prescindencia de la previsión estatutaria, tampoco cabe acoger el reclamo.

La demandada no es una sociedad constituida por tiempo indeterminado conforme el art. 1765 del Código Civil (ver cláusula segunda del contrato social, fs. 394).

En consecuencia es aplicable el CCiv.:1.738 que establece que en la sociedad por tiempo determinado, no pueden renunciar los socios sin justa causa.

En el marco jurídico reseñado, no encuentro acreditada la justa causa que habilite el retiro voluntario del actor.

El accionante explicó que luego de abonar la cuota n° 141, alegando haber “cumplido con el pago total de las cuotas pactas”, se dirigió a la sede social a fin de lograr la adjudicación del inmueble y al no obtener respuesta positiva, inició la presente demanda.

Se concluye de ello que la mora atribuida al ente sería la causa del retiro del actor.

Empero conforme lo ya explicado, la sociedad no se encontraba en mora pues el asociado no había cumplido con la totalidad del plan de pagos. Ello sella la suerte adversa al planteo del recurrente.

Agrego que el presente resulta esencialmente diferente al precedente “Andrieu” (CNCom, esta Sala , in re “Andrieu, Alicia Beatriz c/ Suterh y otros s/ ordinario” del 23-11-2015) pues allí las cuotas se encontraban totalmente pagas y se probó la mora del demandado.

8. Finalmente, y sin perjuicio de que el enriquecimiento sin causa no fue invocado en la anterior instancia, el planteo debe ser rechazado (art.277, CPR).

Para que proceda la indemnización por enriquecimiento incausado es menester comprobar el efectivo empobrecimiento del actor.

En el sub lite no se alegó ni probó que el socio haya sido excluido del ente, de manera que, en principio, mantiene su posición en la sociedad y la puede transferir de conformidad con lo establecido en el contrato social.

Ergo, no se encuentra acreditado el detrimento patrimonial.

Se rechaza el agravio.

VII. Costas. En nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél (arts. 68, 69 y 558 Cpr.) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio que deben ser reembolsados por el vencido.

Sin embargo, si bien esa es la regla general, la ley también faculta al Juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss, Cpr.).

Síguese entonces, que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las

En el sub examine las circunstancias particulares de la causa permiten inferir que la perdidosa actuó sobre la base de una razonable convicción acerca del derecho invocado. Por ello, propicio que las costas de primera instancia se distribuyan por su orden (arts. 71, Cpr.). Sin especial imposición de costas de Alzada por no mediar contradictor.

VIII. Si mi criterio es compartido por mis distinguidas colegas, propongo -por los fundamentos enunciados-: confirmar el decisorio recurrido con excepción de las costas, que serán impuestas conforme lo expuesto en el punto VII. He concluido.

Por análogas razones las Dras. Ballerini y Díaz Cordero adhirieron a la conclusión propiciada por su distinguida colega. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara Dras. Matilde E. Ballerini, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Ana I.Piaggi. Es copia del original que corre a fs. 587/97 del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B.

Ruth Ovadia – Secretaria De Cámara

Fecha de firma: 16/08/2016

Firmado por: Matilde E. Ballerini, Juez De Camara Firmado Por: Ana I. Piaggi, Juez De Camara

Firmado por: María L. Gómez Alonso De Díazcordero, Juez De Camara

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016.-

VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve confirmar el decisorio recurrido con excepción de las costas, que serán impuestas conforme lo expuesto en el punto VII.

Regístrese y notifíquese por Secretaría, en su caso, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSJN y devuélvase. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN.

Matilde E. Ballerini

María L. Gómez Alonso De Díaz Cordero

Ana I. Piaggi