Corrupción e imprescriptibilidad. A propósito del fallo «M. D. M. y otros»

consejo-magistraturaAutor: Terragni, Marco A. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 2-nov-2016

Cita: MJ-DOC-10366-AR | MJD10366

Doctrina:

Por Marco A. Terragni (*)

El art. 256 bis del Código Penal tiene el siguiente texto:

«Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones».

»Si aquella conducta estuviere destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años».

Como se echa de ver, la palabra «corrupción» no aparece. Sí la ley denomina esta clase de delitos como «cohecho y tráfico de influencias» (Capítulo VI del Título XI, «Delitos contra la Administración Pública»).

El art. 36 de la Constitución Nacional reza así:

«Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos».

»Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29 , inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas».

»Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos.Las acciones respectivas serán imprescriptibles».

«Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo».

»Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que les determinen para ocupar cargos o empleos públicos».

»El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función».

Como se advierte, tampoco aparece acá la palabra «corrupción» y, aunque la idea podría vincularse a lo que dice el penúltimo párrafo, este, contrariamente a la regla sobre responsabilidad por usurpar funciones, no contempla que la acción sea imprescriptible.

El art. 36 de la CN no tiene por finalidad ampliar las disposiciones del art. 29 de la CN equiparando las conductas. Solo equipara las penas, y este último artículo lo expresa del siguiente modo:

«El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria».

Las acciones que contempla el art. 256 bis del CPen no pueden ser consideradas graves violaciones a los derechos humanos y atentados al sistema y valores democráticos; tampoco delitos de lesa humanidad. No hay ninguna ley que las equipare.

En cuanto a la imprescriptibilidad, si alguna ley la estableciese -obviamente no lo puede hacer un juez cuya misión está limitada a resolver el caso que se le ha confiado-, esa norma sería inconstitucional, salvo en las situaciones en que la propia Ley Fundamental ha contemplado y que el derecho común debe receptar; tal como se desprende de los textos que antes he transcripto.Incluso estos son cuestionables porque no encajan en la filosofía que guió las sanciones de 1853 y 1860 claramente enfocadas a un derecho penal de mínima intervención, reductor del poder represivo del Estado (art. 19 de la CN).

Si una persona debe pasar el resto de su vida amenazada por la espada de Damocles, que el Estado decida desprender en cualquier momento sobre su cabeza; ese es el suplicio más cruel.

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(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, UNL. Doctor en Derecho, UBA. Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Estudios Avanzados, Universidad Complutense de Madrid. Profesor titular de Derecho Penal, UNL. Profesor de Maestría en Derecho Penal, UB. Profesor de cursos de posgrado, Universidad Austral, Rosario. Profesor invitado para cursos de posgrado, UBA, Universidad Nacional de La Rioja, UNC, UNS y Colegio de Abogados de San Isidro. Profesor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Se le otorgó la Presea a la Excelencia Académica «Simón Bolívar», Perú-Ecuador. Exbecario del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional, Alemania. Exdirector de la revista Ciencias Penales Contemporáneas. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad. Conferencista.