Prescripción de la acción por cobro de saldo deudor de una cuenta corriente bancaria al resultar aplicable la prescripción trienal prevista en la normativa más favorable al consumidor

dineroPartes: Compañía Financiera Argentina c/ Josserand Gustavo y otro s/ ejecutivo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: I

Fecha: 30-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-100337-AR | MJJ100337 | MJJ100337

Sumario:

1.-Es procedente admitir la excepción de prescripción y rechazar la acción tendiente al cobro del saldo deudor de una cuenta corriente bancaria pues la acción fue iniciada luego de vencido el plazo de tres años previsto en el art. 50 de Ley 24.240 según el texto dado por la Ley 26.361 , el cual resulta aplicable

Fallo:

En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 30días del mes de Junio de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos Enrique Ribera y Hugo O.H. Llobera (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: «COMPAÑIA FINANCIERA ARG C/ JOSSERAND GUSTAVO Y OTRO S/ EJECUTIVO» y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

CUESTIÓN

¿Es justa la sentencia apelada?

VOTACIÓN

A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. LLOBERA DIJO:

I) Los antecedentes C.F.A. S.A. inicia cobro ejecutivo por el saldo deudor de la cuenta corriente bancaria N° 34-715458/0, abierta en la Sucursal Olivos del Banco Caseros S.A., contra G. C. J. y J.A.C. (fs. 13).

Corrido el pertinente traslado (fs. 15), se presenta el coejecutado J.A.C. oponiendo excepción de inhabilidad de título y de prescripción (fs. 175/180).

G.C.J., a pesar de la intimación de pago que se le cursara (fs. 436), no se presentó en autos a hacer valer sus derechos.

II. La sentencia El Juez dictó sentencia de trance y remate y mandó llevar adelante la ejecución contra los accionados.

Pesificó la deuda reclamada en dólares estadounidenses conforme a las normativas dispuestas por las leyes de emergencia N° 25.561 y 25.820. Analizó el planteo de prescripción conforme el art. 790 del Código de Comercio, que establece el término de cinco años; en función de ello consideró que la deuda resulta exigible.Resolvió que no es necesario acreditar la comunicación al cliente del cierre del saldo de la cuenta y que sólo se admite discutir su saldo siempre que se acomapañen elementos documentales que hagan presumir prima facie la irregularidad de aquél. Estableció los intereses tanto compensatorios como punitorios y estableció la tasa aplicable (fs. 480/483).

III. La apelación y sus argumentos El coejecutado J.A.C. apela dicha decisión (fs. 484) y presenta el memorial (fs. 492/499), el que es contestado por la reclamante (fs. 501).

Cuestiona lo decidido por el sentenciador, toda vez que entiende, omitió considerar la totalidad de los argumentos expuestos en las excepciones. Dice haber interpuesto falta de legitimación activa por no encontrarse su crédito incluido dentro de la cesión de derechos, la cual por otra parte no le fue notificada; además, desconoce la apertura de una cuenta corriente en el Banco Caseros. Señala que de haber sido abierta, ella lo ha sido al sólo efecto de debitar consumos de tarjeta de crédito, lo que se encuentra expresamente vedado, por tratarse de una cuenta no operativa. Objeta la falta de apertura a prueba de la causa, los intereses establecidos y la fecha de la mora. En cuanto a la prescripción, señala que el vínculo existente se trataría de afianzar una tarjeta de crédito, por lo que entiende, resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 47 de la ley 25.065 que determina que el plazo de prescripción es de tres años, por lo que la demanda se encontraría extinguida.

IV. Legitimación activa La legitimación de la actora se encuentra debidamente acreditada. En efecto, la ejecutante es una compañía financiera que recibió el crédito que aquí persigue mediante una cesión de derechos litigiosos efectuada por parte el Banco Caseros S.A. (ver fs. 11).

Nótese que en dicho instrumento se hace referencia, entre otros créditos cedidos, a la cuenta corriente N° 34- 7154580 (fs.11 vta.), la que pertenece a ambos demandados (ver lo que surge de fs. 12). Por ello corresponde desestimar la excepción planteada al respecto (art. 542, inc. 4°, del C.P.C.C.).

V. Prescripción

El art. 1 de la ley 24.240 considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Por su parte, el art. 2 del citado ordenamiento legal, señala como proveedores, obligados al cumplimiento de esta ley, a todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicio a consumidores o usuarios.

En virtud de ello entiendo que la relación jurídica que aquí se pretende ejecutar, es una clara relación de consumo, y por lo tanto se debe aplicar la normativa prevista por la ley de defensa del consumidor, ello de conformidad con lo dispuesto por el art. 3 de LDC y los arts. 1092, 1093, 1384, y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994). En efecto, el art. 7 del citado ordenamiento legal, señala que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.

En función de ello, la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor (art. 37 LDC y art. 1094 CCCN), y en caso de duda se adopta la que le sea menos gravosa (art. 1095 CCCN).

Con tal premisa, entiendo que resulta de aplicación el art.50 de Ley 24.240 (ley 26.361), toda vez que ella no sólo era la vigente a la expedición del certificado de cuenta corriente bancaria, sino que también resulta ser la más favorable para el consumidor.

En efecto, el Anexo II punto 3.4 de la ley 26.994 modificó el art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, dispone que las sanciones que emergen de la ley 24.240 prescriben en el término de tres años. De tal modo, la norma quedó acotada a las sanciones, dejando de lado la referencia a las acciones judiciales. Las relaciones jurídicas de consumo quedan alcanzadas por el plazo genérico de cinco años establecido en la nueva codificación civil y comercial (art. 2560 del CCCN).

En cambio el art. 50, modificado por la citada ley 26.361, contenía una solución legal expresa respecto de las acciones judiciales derivadas de relaciones de consumo, fijando el plazo de prescripción en tres años.

Además, se incluyó una cláusula pro consumidor, para cuando por otras leyes se fijaran plazos diferentes, de modo que funcionara de piso mínimo estándose siempre al plazo más favorable para aquél. Refiere el citado artículo que las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario.

Claramente es ésta la que resulta más favorable al consumidor.

Por todo ello, siendo de aplicación el plazo previsto de tres años (conforme ley 26.361) y toda vez que ha sido el 29 de mayo de 1996 el cierre de las operaciones, conforme se desprende del certificado de fs. 12, al momento de iniciar la demanda (5 de julio de 2000 – 13 vta-), la deuda se encontraba prescripta. Cabe apuntar que en modo alguno se alegó que se encontrara interrumpida.

VI.La propuesta al Acuerdo En virtud de todo lo expresado, lo dispuesto por los arts. 1092, 1093, 1094, 1095, 1384, 1393 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, art. 2, 3, 37, 50 de la ley 24.440; arts. 384, 542 inc. 5 del CPCC, entiendo que la deuda aquí pretendida se encuentra prescripta, por lo que corresponde rechazar la acción intentada.

En función de ello, entiendo la decisión de los restantes planteos y defensas articuladas resulta abstracto.

VII. Las costas Atento la solución esbozada, propongo que las costas de ambas instancias, se impongan al ejecutante en su calidad de sustancialmente vencida (arts. 68 y 274 del CPCC).

Por todo lo expuesto, voto por la NEGATIVA.

Por los mismos fundamentos, el Dr. RIBERA votó también por la NEGATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede: 1) se desestima la excepción de falta de legitimación activa; 2) se revoca la sentencia apelada, se hace lugar a la excepción de prescripción planteada por el ejecutado, y se rechaza la ejecución promovida por C.F.A. S.A. contra G.C.J. y J.A.C.

Las costas de ambas instancias se imponen al ejecutante. Regístrese y devuélvase.

Carlos Enrique Ribera

Juez

Hugo O. H. Llobera

Juez

Soledad de Vedia

Secretaria

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