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Rechazo de la demanda deducida contra la ART, en tanto la patología física que presenta el accionante no califica como enfermedad profesional de acuerdo al dec. 658/96

asistencia-medicaPartes: Acosta Hernán Gastón c/ Jumbo Retail Argentina S.A. y otro s/ accidente acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 10-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100348-AR | MJJ100348Sumario:

1.-Cabe rechazar la demanda deducida contra la ART, pues la patología física que presenta el accionante no califica como enfermedad profesional de acuerdo al dec. 658/96 en relación a las tareas de movilización de paquetes pesados, por lo que no media una contingencia cubierta en los términos del art. 6 ap. 2 inc. a) de dicho régimen legal; además, no está acreditado que el accionante haya estado expuesto a ‘vibraciones de cuerpo entero’, que es el único agente de riesgo que contemplaba la afección padecida al momento de desarrollarse la relación, antes de la reforma introducida por el dec. 49/2014 .

2.-El hecho de que el Congreso haya decidido que algunas enfermedades gocen de la ventaja transaccional de un reconocimiento teóricamente automático por la sola circunstancia de estar identificadas en el listado, y obtener entonces un régimen especial y tarifado de prestaciones, no resulta ilegítimo ni, mucho menos inconstitucional puesto que ninguna norma constitucional obsta a que el Poder Legislativo otorgue un régimen especial a unas contingencias y no a todas, sin privar a éstas otras, lo subrayo, del régimen común de responsabilidad.

3.-La delegación que el Congreso hiciera en el art. 6 de la Ley 24.557 al Poder Ejecutivo Nacional para que elabore el listado de enfermedades no constituye una delegación legislativa de las vedadas por el art. 76 de la CN., en razón de que se trata de un aspecto técnico que requiere el concurso de profesionales especializados, amén de que constituye un aspecto reglamentario de la pauta legal y, por otra parte, tal encomienda no fue efectuada en forma genérica ni amplia sino que el Congreso Nacional fijó las pautas o bases en mérito a las cuales el PEN debía realizar el listado.

4.-En tanto el reclamo por la patología psicológica que presenta el demandante ha sido planteado como una consecuencia derivada de la patología columnaria, la inexistencia de responsabilidad especial de la demandada por la incapacidad física conlleva la lógica inexistencia de responsabilidad por lo que pueda considerarse secuela secundaria del daño físico.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Agosto de 2.016, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

El Doctor Miguel Ángel Maza dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 502/508 apelan la parte actora a fs. 511/516, la empleadora a fs. 522/524 y la ART a fs. 526/538. Las presentaciones merecieron oportuna contestación de sus contrarias a fs. 544/545, 552/555, 557/558 y 559. Por su parte, el perito médico apela a fs. 517 los honorarios que le fueron regulados por estimarlos reducidos.

II. El Sr. Acosta inició demanda fundada en el derecho civil tendiente a percibir las indemnizaciones por la incapacidad que padece. Señaló que entre sus actividades de cajero del supermercado Jumbo se encontraba la realización de movimientos antiergonómicos y esfuerzos para cargar las mercaderías que debía pasar por el lector electrónico. Además, afirmó que preparaba los envíos y ello conllevaba el levantamiento de canastos de aproximadamente unos 30 kilos de peso. Aseguró que en abril del 2011 comenzó a sufrir dolores en hombro, espalda, pérdida de visión, mareos y jaquecas hasta que el 9 de julio de ese año sintió dolores y adormecimiento de brazos. Denunció lo acaecido a su empleador quien no dio intervención a la ART sino que, tras ser analizado por el médico laboral de la empresa, fue derivado a su Obra Social. Expresa que no pudo retomar sus labores, comenzó el período de reserva y, en diciembre del 2011, fue intervenido quirúrgicamente por discopatía C5 y C6 siendo dado de alta el 09 de marzo de 2012.Quien me precedió en el juzgamiento verificó la existencia de una incapacidad del orden del 35% de la TO sosteniendo las manifestaciones vertidas por el perito médico y avaló la causalidad entre el agravamiento sufrido por las patologías previas del actor y las tareas desempeñadas para Jumbo. Producto de ello, redujo en un 50% la incapacidad determinada y condenó a la otrora empleadora en virtud de lo normado por el art. 1.113 del Código Civil. Por su parte, respecto de la acción contra la ART, expresó que resultaba insalvable la falta de argumentos expuestos en la demanda por lo que sólo condenó a la aseguradora hasta el límite de la póliza de la Ley 24.557. La empleadora, en su tercera queja se alza contra el progreso de la acción debido a que, en su visión, de la prueba recabada no se extrae la relación causal entre la enfermedad y las actividades por cuanto las tareas no fueron respaldadas por testimonios objetivos. No concuerdo con la exposición realizada por la apelante. En este punto, estimo necesario resaltar las consideraciones vertidas por quien me precedió en el juzgamiento en torno a las testimoniales de fs. 284/286 y 295/297, que no fueron objeto de especial queja tornando en desierto al recurso interpuesto (art.116 LO). Independientemente de ello, no resulta sobreabundante recordar que las declaraciones de Castiñeira y Challiol, -si bien mantenían juicio pendiente con la demandada- fueron concordantes en cuanto a las tareas realizadas por el actor para desarrollar eficazmente las funciones encomendadas por la patronal. Esto es, el desplazamiento de objetos de considerable peso en posiciones no recomendables tanto al realizar la función de cajero como al momento de preparar los pedidos para enviar. Lo expuesto es ratificado por la documental aportada por la propia demandada a fs. 211 donde, ante un traslado, se detalla que el actor ejercía el puesto de «cajero» desde el 2009 sin que encuentre prueba que me permita afirmar alguna modificación posterior de sus tareas.Sumado a ello, resulta reprochable que la empleadora haya adoptado una actitud extrema al momento de negar los hechos pues a fs. 97vta. desconoció hasta la relación laboral que luego quedó corroborada por la prueba precedentemente analizada así como por los recibos de sueldo acompañados por ambas partes a fs. 164/199 y 245/262, y por el informe glosado a fs. 499/500. Cabe recordar, que ello se encuentra vedado por el capítulo dedicado a la contestación de demanda del CPCCN, donde, en su art. 356 2do punto, prevé que deberá especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. De este modo, encuentro probadas las tareas descriptas por el actor en su demanda.

III. Su segundo agravio radica en que la acción no puede progresar debido a que la pericia médica estableció que la enfermedad tenía un origen inculpable sin que la prueba recabada, respalde un nexo de concausalidad del orden del 50% tal como fue determinado en grado. Pues bien, como fue señalado en el acápite precedente, las tareas del actor en la línea de cajas del supermercado fueron probadas. De este modo, corresponde hacer foco en las consideraciones médico legales aportadas por el galeno desinsaculado en autos quien, a fs. 410, expresó que resulta de vital importancia el diseño del puesto para evitar que el cajero deba realizar movimientos posturales anómalos, extienda el brazo y levante cosas con frecuencia. Refirió que las tareas de cajero entrañan una cantidad de movimientos repetitivos y de stress con tasas de sufrimiento muscular mayor que en otros puestos. Dichas tareas aumentan la tasa de molestias en cuello, hombros, codos y muñecas. Además, informó que la inclinación y la basculación de la cabeza dan lugar a una mayor compresión de los discos intervertebrales, lo que puede acelerar los procesos degenerativos.También afirmó que las patologías presentadas por el actor difícilmente se encuentran en personas con edad inferior a los cuarenta años evidenciando, a mi modo de ver, que los factores exteriores relacionados con las labores desarrolladas influyeron perjudicialmente en el cuadro clínico del actor quien, también cabe precisar, tenía una predisposición genética para ello a tan temprana edad. Por mi parte opino que el examen preocupacional de fs. 213 evidenció que el actor mantenía «cuerpos y espacios intervertebrales radiológicamente conservados», sin portar incapacidad alguna al nivel columnario cervical y dorso lumbar ni en los miembros inferiores. Por ello, resulta una muy razonable y equitativa estimación la efectuada por el perito médico de autos recurriendo a la regla salomónica del 50%, y lo afirmo valorando la edad del actor al momento del examen pericial (29 años), la extensión del sometimiento a las condiciones nocivas de trabajo ya señaladas (casi 3 años) así como la naturaleza y etiología de la patología. Por lo expuesto, opino que la prudencial estimación pericial es apropiada a las circunstancias del caso y sugiero confirmar la sentencia también en este aspecto.

IV. Por su parte la Aseguradora se queja porque en el régimen de reparaciones por vía sistémica, la patología sufrida por el actor no se encuentra cubierta. Señala que su responsabilidad se limita a aquellas enfermedades profesionales que se encuentren incluidas en el listado que elabora y revisa el Poder Ejecutivo conforme el procedimiento del art.40 apartado 3 de la Ley 24.557. Remarca que ese baremo identifica agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. Memoro que el galeno a fs. 405/417 concluyó que el actor padece cervicobraquialgia derecha a causa de una discopatía con hernia de disco de C5-C6 y que, como se expresó, se encontraba relacionada concausalmente con las tareas repetitivas que desarrollaba el Sr. Acosta.De este modo, encuentro que la patología física que presenta el accionante no califica como Enfermedad Profesional de acuerdo al decreto 658/96 en relación a las tareas de movilización de paquetes pesados, por lo que no media una contingencia cubierta en los términos del art. 6 apartado 2 inciso a) de dicho régimen legal. Cabe aclarar, que no está acreditado que el accionante haya estado expuesto a «vibraciones de cuerpo entero», que es el único agente de riesgo que contemplaba la afección padecida al momento de desarrollarse la relación, antes de la reforma introducida por el decreto 49/2014. En la demanda se adujo que tal cuadro incapacitante fue provocado por las tareas realizadas para la empresa asegurada, indicándose que el pretensor laboró muchos años como «cajero», y que tal tarea le exigió movimientos y posturas columnarias nocivas (fs. 5 vta./6). No obstante, ello no era reconocido por el decreto 658/96 como «agente nocivo» a los fines de considerar la situación como Enfermedad Profesional, lo que obsta a activar la responsabilidad legal especial de la demandada puesto que se trata de una contingencia no cubierta en el marco de la ley 24.557 y por ende ajena a la responsabilidad contractual y legal de la aseguradora aquí demandada. En tanto veo evidente que el eventual factor laboral relativo a los movimientos y posturas columnarias nocivas no estaba reconocido en el decreto 658/96 como «agente nocivo», a la época de la consolidación del daño resulta necesario examinar el planteo de inconstitucionalidad deducido en la demanda contra el art. 6 apartado 2 de la ley 24.557 de fs. 22/23vta. en tanto esta norma únicamente considera Enfermedades Profesionales cubiertas las que sean incluidas en el listado encomendado al PEN.Más allá de que en las genéricas consideraciones efectuadas en el planteo no se indicó en concreto qué razones habría para juzgar inconstitucional la decisión legislativa en general o en el caso particular de la patología objeto de demanda, lo cierto es que igualmente ese criterio legislativo de restringir la cobertura especial a solamente algunas enfermedades, tareas y agentes nocivos no es inconstitucional en la medida que, como no podría ser de otra manera, tales contingencias encuentren amparo en la ley común. Al votar en la causa «Espinoza, Raimundo M. c/ Danone Argentina SA y otro» (SD Nº 95.723 del 25/4/08 de esta Sala II) recordé que ya como Juez de primera instancia he sostenid o (ver sentencia dictada en autos «Cardalda, N. M. c/ Siembra AFJP SA s/ ley 24.557», SD Nº 3.437 del 2/7/02, del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 62) que nada impide que el legislador, es decir el Congreso Nacional, tome la decisión de elaborar una lista de «enfermedades profesionales» a las que exima de la necesidad de un debate jurisdiccional sobre tal carácter, dándoles así cobertura automática. Eso es lo que ha tratado de hacer el legislador de 1995, aunque lo concretó con el enorme número de defectos conceptuales y de técnica normativa que los expertos, la doctrina y la jurisprudencia le han señalado desde su sanción al régimen de la ley 24.557 y sus reglas complementarias. En efecto, el hecho de que el Congreso haya decidido que algunas enfermedades gocen de la ventaja transaccional de un reconocimiento teóricamente automático por la sola circunstancia de estar identificadas en el listado, y obtener entonces un régimen especial y tarifado de prestaciones, no resulta ilegítimo ni, mucho menos inconstitucional puesto que ninguna norma constitucional obsta a que el Poder Legislativo otorgue un régimen especial a unas contingencias y no a todas, sin privar a éstas otras, lo subrayo, del régimen común de responsabilidad.Sentado que el legislador goza de la prerrogativa de conferir a algunos cuadros nosológicos la ventaja de la automaticidad del reconocimiento como contingencia sin necesidad de requerir una discusión jurisdiccional y su consecuente declaración, resta aclarar que ese derecho debe ejercerse con cumplimiento del recaudo de «razonabilidad», aunque sin que corresponda a los jueces controlar el mérito o la conveniencia de los criterios legislativos salvo en los límites de la irrazonabilidad (C.S.J.N., Fallos 290:247). Pues bien, yo mismo cuando imaginé posibles acciones que podrían plantearse a la vera de la ley («Cuestiones de competencia en la ley de riesgos de trabajo», Revista Derecho del Trabajo, 1998, págs. 209 y stes., ver especialmente pág. 217, pto. 17) he postulado, solo como hipótesis conjetural, la posibilidad de que se plantee la inconstitucionalidad por omisión del listado derivado del art. 6 apartado 2 de la ley 24.557. Advertí poco después, sin embargo, que: «No opinamos aquí a favor de la procedencia de esta acción, pues dudamos de que, por vía de la declaración de inconstitucionalidad, quepa al Poder Judicial legislar o modificar el criterio del legislador.» (Ver Ley sobre Riesgos del Trabajo. Aspectos Constitucionales y Procesales, Mario E. Ackerman y Miguel A. Maza, Santa Fe 1999, Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 227/228). Ya entonces puntualicé que el fundamento de tal planteo habría de ser la irrazonabilidad del criterio legislativo o una discriminación violatoria del derecho a la igualdad (obra recién citada, pág. 228) y en la nota 113 di un ejemplo claro, a mi juicio, de ese modo de comportamiento cuestionable. Además, en el sublite la parte actora con sus genéricas consideraciones no indica qué garantía constitucional o convencional internacional conculcarían las normas cuestionadas. De todos modos, la interpretación que anticipé del art.6 LRT en torno a la existencia de un derecho a demandar con base en el derecho civil aun antes de la ley 26.773 conjura -sobre todo por cuanto esta tesis fue sustentada por la Corte Federal- que medie conculcación de garantía alguna puesto que el reclamante tiene pleno derecho a que las patologías que afirmara sufrir y no incluidas en el Listado de Enfermedades Profesionales de la ley especial como contingencia cubierta puedan ser reparadas, de concurrir los recaudos pertinentes, de acuerdo a las reglas generales de responsabilidad y, por añadidura, de manera integral. Amén de ello, en el insuficiente planteo constitucional, también dirigido a cuestionar los alcances del dto. 1278/00, no se ha aducido que la peculiar situación de autos deba considerarse arbitraria o irrazonablemente excluida de la cobertura especial de la ley 24.557, siendo que, repito, el legislador y la reglamentación no estaban obligados a incluir todas las enfermedades y cuadros clínicos en el listado. Por todo lo dicho considero que no hay en el planteo de autos indicados elementos de juicio para verificar arbitrariedad ni irrazonabilidad en la omisión de la patología columnaria que sufre el actor por parte de la autoridad que confeccionó el original listado de «Enfermedades Profesionales» (recientemente modificado y ampliado en su ámbito de aplicación por el decreto 49/2014), así como tampoco datos elementales para vislumbrar un trato desigual violatorio de la garantía constitucional respectiva. También creo útil recordar que la delegación que el Congreso hiciera en el art. 6 de la ley 24.557 al Poder Ejecutivo Nacional para que elabore el ya referido dictado no constituye una delegación legislativa de las vedadas por el art.76 de la Constitución Nacional en razón de que se trata de un aspecto técnico que requiere el concurso de profesionales especializados, amén de que constituye un aspecto reglamentario de la pauta legal y, por otra parte, tal encomienda no fue efectuada en forma genérica ni amplia sino que el Congreso Nacional fijó las pautas o bases en mérito a las cuales el PEN debía realizar el listado. Por eso, tampoco desde este punto de vista considero pertinente una tacha constitucional. Si bien la parte actora también involucró en sus planteos al decreto de necesidad y urgencia 1278/2000, no encuentro expresado cuál sería el agravio concreto que le provocaría dicha norma -en general celebrada como una cierta apertura y aligeramiento del marco restrictivo original del art. 6 LRT- y ello obsta por completo a la consideración de una posible inconstitucionalidad en la medida que no se explicita qué perjuicio le acarrearía dicha norma o en qué conspira contra la procedencia del presente reclamo. En virtud de las razones esbozadas, opino que en el presente caso no ha mediado causa jurídica que justificase la condena dispuesta y propondré dejarla sin efecto. De ello se sigue que, en tanto el reclamo por la patología psicológica que presenta el demandante ha sido planteado como una consecuencia derivada de la patología columnaria, la inexistencia de responsabilidad especial de la demandada por la incapacidad física conlleva la lógica inexistencia de responsabilidad por lo que pueda considerarse secuela secundaria del daño físico. En síntesis, sugiero revocar la sentencia y desestimar la acción contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada tal como fuera planteada en tanto, lo vuelvo a señalar, la patología evidenciada no encuadra como contingencia a cargo de la demandada en el régimen legal elegido para este reclamo judicial, de conformidad con el art. 6 apartado 2 inciso a) de la ley 24.557 y el decreto 658/96 según el texto vigente a la época de los hechos aquí analizados.

V.El actor se queja por la aplicación de los intereses del Acta CNAT 2601/2014 sólo desde junio el 2014 y no desde que cada suma es debida. La tasa de interés tiene como objetivo mantener incólume el contenido de la sentencia; la integridad del crédito de naturaleza alimentaria y evitar que el transcurso del tiempo lo convierta en irrisorio. En este contexto, si bien la tasa establecida en el Acta 2357 del 7/5/02 al principio fue adecuada, esta Cámara advirtió que en la actualidad y frente a los ajustes y variaciones económicas financieras que surgen de elementos propios de la realidad, quedó desajustada y sin posibilidades de disipar la existencia de un agravio patrimonial. Por ello, ante la conducta del empleador moroso que no permitió que la persona trabajadora utilizara su dinero libremente, es criterio jurisprudencial reiterado que la tasa de interés compensa el deterioro del crédito laboral y el lógico avatar que implica un juicio tendiente a recuperar el capital indebidamente retenido por su empleador. De aplicar un interés ajeno a la realidad social y política, notoriamente inferior al imperante en el mercado financiero, sin establecer pautas correctoras de la conducta antijurídica y no contemplar la verdadera dimensión del perjuicio sufrido, significaría premiar al deudor que no cumplió oportunamente sus obligaciones. Por lo expuesto, propongo que sea modificada la tasa de interés recurrida y disponer la utilización de la expuesta en el Acta CNAT 2601/2014 desde la fecha dispuesta en grado que no llega apelada por las partes interesadas.

VI. Tanto la ART como el actor se alzan contra la aplicación de las previsiones reparadoras de la Ley 26.773 y, Jumbo Retail Argentina SA se queja por las condenas independientes que habría decidido la Sra. Jueza a quo. De la forma en la que fue planteada y solucionada la acción entablada por el actor respecto de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, los agravios lucen abstractos.

VII.Atento el nuevo resultado del pleito que se propone, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto en grado en materia de costas y honorarios (art. 279 del CPCCN) e imponer las primeras -en ambas etapas- a cargo de Jumbo Retail Argentina SA, en su carácter de objetivamente vencida respecto de la acción iniciada en su contra y al actor por la demanda dirigida contra Provincia ART SA (art.68 del CPCCN).

De conformidad con el mérito y eficacia de los trabajos cumplidos en Primera instancia, el valor económico del juicio, los rubros que resultaron procedentes, el resultado final del pleito y las facultades conferidas al Tribunal, estimo que corresponde regular los honorarios correspondientes a las representaciones letradas del actor, de la empleadora, de la Aseguradora y del perito médico en el 16%, 12%, 14% y 7%, respectivamente, a calcular sobre el monto total de condena con más los intereses fijados (arts. 1, 3, 6, 7, 8, 19, 37 y 38 Ley 21.839).

VIII. Teniendo en cuenta similares pautas, por su actuación ante esta Alzada propicio regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, Empleadora y A seguradora, por su actuación en la alzada, en el 25%, 25 y 30%, respectivamente, de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa (art. 38 de la LO y normas arancelarias de aplicación).

IX. En definitiva, propicio: a)- Confirmar la sentencia apelada en lo principal respecto de la acción entablada contra Jumbo Retail Argentina SA quien deberá abonar al actor la suma de $513.000 más los intereses conforme la tasa dispuesta en el Acta 2601 de esta CNAT desde la fecha dispuesta en grado y hasta su efectivo pago con la particularidad resaltada en el acápite V in fine, b) rechazar la demanda interpuesta contra Provincia ART SA, c)- imponer las costas conforme lo dispuesto en el acápite VII (art.68 CPCCN), d) regular los honorarios correspondientes a las representaciones letradas del actor, de la empleadora, de la Aseguradora y del perito médico en el 16%, 12%, 14% y 7%, respectivamente, a calcular sobre el monto total de condena con más los intereses fijados, e) regular los honorarios de Alzada de la representación letrada de la parte actora, Empleadora y Aseguradora, por su actuación en la alzada, en el 25%, 25% y 30%, respectivamente, de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa y f) Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/2015 y Nro. 3/15 de fecha 19/02/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de la presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas.

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Por iguales fundamentos, adhiero a las conclusiones del voto de mi distinguido colega Dr. Miguel Ángel Maza, con excepción de lo propuesto en el considerando IV con relación a la responsabilidad que cabe atribuirle a la aseguradora en el marco de la Ley de Riesgos de Trabajo. Como ha señalado esta Sala en la causa «Fadini, Sabrina Luján c/Atento Argentina SA y otros s/despido» (SD 87.389 del 23/02/2012), en un caso de aristas análogas en cuanto a la existencia de una dolencia incapacitante no susceptible de ser encuadrada en el listado previsto en el dec.658/96 -sin la modificación introducida por el dec.49/2014 no vigente a la época de los hechos objeto de debate en el presente- «.cabe destacar que antes del decreto 1278/00 sólo eran consideradas enfermedades profesionales y, por lo tanto, alcanzadas por la cobertura de la ley 24.557, aquellas incluidas en el listado de enfermedades profesionales elaborado por el Poder Ejecutivo según el procedimiento establecido por el artículo 40 apartado 3 de la ley 24.557.Este esquema de «numerus clausus» fue modificado por el decreto 1278/2000 que, en sustitución del apartado 2 del original artículo 6º de la citada ley, introdujo una previsión que permite calificar de enfermedad profesional a «(.) aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo» (ap.2.b.).» «De acuerdo con lo expresado, cabe entender que son enfermedades profesionales, además de las incluidas en el mencionado listado, las que han sido motivadas por el trabajo, con la salvedad de que, respecto de aquellas en cuyo origen o agravamiento el trabajo sólo haya incidido parcialmente, la incapacidad indemnizable en el marco de la ley 24.557 se limita a la proporción imputable al trabajo. En otras palabras, la modificación introducida por el referido decreto 1278/2000 importa, en el aspecto en consideración, volver al esquema establecido por la derogada ley 24.028 en su artículo 2º, tercer párrafo.Siguiendo lo expresado señalo que si bien no puede dejar de advertirse que, según el referido decreto, el órgano legitimado para establecer el carácter profesional de las enfermedades no incluidas en el ya mencionado listado es la Comisión Médica jurisdiccional (cuya decisión es susceptible de ser revisada -según el procedimiento específicamente previstopor la Comisión Médica Central), no cabe entender que esta circunstancia impida al Tribunal, una vez consentida su competencia, expedirse sobre la relación de causalidad entre una determinada enfermedad no incluida en ese listado (y comprobada en el proceso) y el trabajo cumplido por el accionante». Desde esa perspectiva, esta Sala concluyó con criterio que comparto que si se demuestra que una enfermedad incapacitante se encuentra vinculada a las condiciones laborales, como sucede en el presente, donde la patología columnaria que padece el accionante está relacionada con las tareas de cajero, en virtud de las cuales debía permanecer en posiciones viciosas movilizando paquetes pesados, la acción procede con independencia del listado que prevea la ley de riesgos de trabajo. Estimo que el planteo efectuado por la parte actora a fs.22/vta., coincidente con los fundamentos ut-supra referidos, reviste entidad suficiente para adoptar la decisión que propongo que conlleva la confirmación de lo resuelto a fs.506 por la Sra. Magistrada que me precede. De compartirse mi propuesta, las costas deben mantenerse a cargo de la aseguradora en la proporción fijada en origen y declararse de igual modo por la actuación en Alzada.

La Dra. Graciela González dijo:

Discrepan mis distinguidos colegas acerca de la procedencia de la condena a la aseguradora codemandada, en el marco de la ley especial, por una patología no incluida en el listado de enfermedades elaborado por el PEN (dec. 658/96). Sobre el particular, comparto la solución y fundamentos expuestos por el Dr.Miguel Ángel Maza, quien se expidió en primer término, cuyo criterio ya fuera plasmado al votar como integrante de la Sala II en diversas causas de aristas similares a la presente y a cuyo criterio adherí (ver entre otros, in re: «Espoille, Leandro Ezequiel c. Metroshop S.A. y otros s. accidente-acción civil» S.D. 101570 y «Loyola Arriagada, Héctor Manuel c. CNA ART. S.A. s. Accidente-ley especial», SD. 101807 del 22/05/13, ambas del registro de esta Sala II). A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Confirmar la sentencia apelada en lo principal respecto de la acción entablada contra Jumbo Retail Argentina SA quien deberá abonar al actor la suma de $513.000 más los intereses conforme la tasa dispuesta en el Acta 2601 de esta CNAT desde la fecha dispuesta en grado y hasta su efectivo pago con la particularidad resaltada en el acápite V in fine, b) rechazar la demanda interpuesta contra Provincia ART SA, c)- imponer las costas conforme lo dispuesto en el acápite VII (art. 68 CPCCN), d) regular los honorarios correspondientes a las representaciones letradas del actor, de la empleadora, de la Aseguradora y del perito médico en el 16%, 12%, 14% y 7%, respectivamente, a calcular sobre el monto total de condena con más los intereses fijados, e) regular los honorarios de Alzada de la representación letrada de la parte actora, Empleadora y Aseguradora, por su actuación en la alzada, en el 25%, 25% y 30%, respectivamente, de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa y f) Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/2015 y Nro. 3/15 de fecha 19/02/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de la presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Regístrese, notifíquese, comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase. Miguel Ángel Maza

Jueza de Cámara

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

Graciela González

Juez de Cámara

Ante mi:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de , se dispone el libramiento de

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

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