La sanción por temeridad y malicia del art. 275, LCT

estresAutor: Romualdi, Emilio E. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 22-dic-2016

Cita: MJ-DOC-10591-AR | MJD10591Sumario:

I. Concepto de temeridad y malicia. II. Facultad de los jueces. III. Tasa de condena. IV. El incumplimiento de acuerdos judiciales o administrativos. La reforma prevista en la Ley 26.696. V. Consideración final.

Doctrina:

Por Emilio E. Romualdi (*)

I. CONCEPTO DE TEMERIDAD Y MALICIA

En una anterior entrega, distinguimos el problema de la vigencia de lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 25.323 y la eventual aplicación de este instituto (1).

Analicemos ahora la especial regulación de esta norma en un sentido amplio de los supuestos contemplados en ella.

En primer lugar, es necesario destacar que si bien el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) regula conjuntamente los institutos de la temeridad y la malicia, no son situaciones homónimas, sino que responden a conductas dispares.

1. Temeridad

La temeridad es la conducta de quien sabe o debe saber que carece de razón para litigar y, no obstante ello, así lo hace, abusando de la jurisdicción, o resiste la pretensión del contrario. Ha dicho la jurisprudencia que debe entenderse que asume una conducta maliciosa o temeraria quien afirma hechos o se conduce sin fundamentos o motivos con conciencia de su propia sinrazón, concepto este que define el alcance de la aplicación del art. 275 de la LCT (t. o.) (2).

La conciencia de la propia sinrazón es lo que condiciona la temeridad, lo cual debe ser analizado con carácter restrictivo dado que, en este concepto, está en juego la garantía constitucional del debido derecho de defensa en juicio (art. 18 de la CN). Así, los jueces deben ser sumamente cautelosos y prudentes en la apreciación de esta circunstancia, pues no cualquier supuesto de falta de razón es indicio de temeridad. Una aplicación laxa del instituto haría que la promoción de demandas o la oposición de defensas pudiera verse comprometida, con lesión del derecho de defensa, si el justiciable se ve coaccionado por la posibilidad de la aplicación de graves sanciones.

En este sentido, es claro que la sola falta de razón no es motivo de temeridad, pues de lo contrario todo litigante que perdiera el pleito sería pasible de la sanción.Se suele afirmar en general que no es suficiente, para calificar una conducta como temeraria, el elemento objetivo representado por la falta de fundamento o por la injusticia de la pretensión o de la oposición, sino que se requiere el factor subjetivo que se manifiesta a través de la conciencia de que tales circunstancias concurren en el caso concreto.

Asimismo, tampoco puede calificarse de este modo el error ni la ausencia o pobreza de fundamentación de las pretensiones; ni la negligencia; ni la existencia de jurisprudencia obligatoria contraria a la pretensión invocada. Por ejemplo, ha sostenido la jurisprudencia que resulta absurdo el fallo que impone la sanción por temeridad y malicia (art. 45 del CPCCN) por el solo hecho de sostener la constitucionalidad de una ley, sin tener en cuenta o mencionar siquiera la difícil controversia jurídica planteada, prescindiendo de las circunstancias relevantes en la causa, en perjuicio del derecho de defensa del recurrente (arts. 18 de la CN; 15 de la Constitución provincial) (3). También se ha dicho que la mera afirmación de que el demandado, conociendo su propia sinrazón, ha negado la relación laboral no es sustento suficiente para calificar su conducta en orden a una posible temeridad o malicia, ni sustituye el cuidadoso análisis que debe proceder a una decisión de tan gravitantes consecuencias (art. 17 de la CN) (4).

De este modo, es necesario destacar que su calificación se trata de una cuestión de hecho sobre la cual es muy difícil dar fórmulas precisas; la conducta temeraria se revela al juez, a través de toda la actuación en el proceso por lo absurdo, caprichoso, etcétera, de las pretensiones o defensas. Ha sostenido la jurisprudencia que corresponde aplicar la sanción del art.275 de la LCT si la conducta asumida por el empleador en el proceso demuestra que se haya comportado con conciencia de su propia sinrazón obstruyendo el derecho del actor a percibir su crédito (5).

Ahora bien, la sanción que prevé el art. 275 de la LCT (conducta maliciosa y temeraria) y la «plus petitio inexcusable» a que se refiere el art. 20 de dicho cuerpo legal, constituyen dos institutos distintos que se informan en principios diferentes y que pueden ser resueltos por el Tribunal del Trabajo con argumentos disímiles sin que se viole el derecho de igualdad ante la ley (6).

La pluspetición es aquella donde se reclama más de lo debido. Es decir, el exceso o demasía de la demanda. Ahora bien, se ha sostenido que la pluspetición consiste en términos generales en reclamar en juicio un derecho sin fundamento en norma alguna (o con grave error en la interpretación de ella), o invocando hechos o situaciones inexistentes, inverosímiles o contradictorias con clara conciencia de su improcedencia o falsedad (7), en tanto el art. 20, último párr., de la LCT establece que «en cuanto a los antecedentes del proceso resultase pluspetición inexcusable, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante» (8).

Como se puede ver, no obstante su distinción genérica, en lo concreto, parecería que la pluspetición está vinculada con la actividad procesal de la parte actora y los términos de su reclamo, y la temeridad a la conducta de la demanda en el ejercicio de su defensa. Obsérvese que el art. 20 de la LCT establece la solidaridad del letrado que la patrocina, dado que no puede desconocer la manifiesta exageración de su reclamo.

Por el contrario, en el caso de la temeridad, se ha sostenido que debe condenarse al pago de la multa del art. 45 del CPCCN al abogado cuya conducta al patrocinar la temeraria presentación del demandado que condujo a la aplicación del art.275 de la LCT no se condice con su calidad de auxiliar de la justicia y de los jueces (art. 59 de la Ley 5177) (9). Ello demuestra que el fundamento de la responsabilidad profesional del abogado tiene su asiento en la ley procesal y no en la ley sustantiva.

Así, ha sostenido la jurisprudencia que el art. 275 de la LCT es aplicable -en tanto se configure alguno de los supuestos en él contemplados-, a los empleadores que perdieren total o parcialmente el juicio, pero no a los abogados letrados que los representan, cuya conducta debe ser examinada, si correspondiere, teniendo en cuenta las normas legales pertinentes de aplicación (10).

2. Malicia

La malicia procesal (conducta maliciosa) consiste en la utilización del proceso como instrumento para causar perjuicio a un tercero. Es una de las formas del dolo procesal y se contrapone a un deber de conducta; es el proceder de mala fe, con un propósito avieso disimulado en el trámite del proceso.

Así, malicia y obstrucción son conceptos estrechamente vinculados, pues la segunda finaliza en necesariamente configurar la primera. Es cierto que hay un sector doctrinario que sostiene que son conceptos que, si no incompatibles, son independientes, pues la obstrucción consiste en obtener el retardo del trámite procesal mediante la articulación de cuestiones inútiles o ajenas al litigio, mientras que la malicia consiste en actuar «mala fide», con intención de dañar o perjudicar. En realidad el concepto «obstrucción» implica una conducta de mala fe, dado que lo que pretende es la dilatación innecesaria de la causa. En definitiva, el retardo obstructivo es siempre una conducta maliciosa. Ello no excluye que pueda incluirse dentro de este concepto la connivencia fraudulenta -complotarse con otro para perjudicar a un tercero- o la conducta obrepticia -formulación de imputaciones maliciosas, dar informaciones falsas o que indujeran en error- aunque estas últimas están más cercanas a la temeridad que a la malicia.

Ha sostenido la jurisprudencia que corresponde la aplicación del art.275 de la LCT si la conducta asumida en el pleito por la parte demandada revela una actitud procesal obstruccionista (11).

En resumen: la temeridad atiende al deber de probidad; la malicia, en cambio, a la buena fe procesal, es decir, a una actuación procesal con violación consciente de la buena fe requerida por las circunstancias del proceso, y con intención de causar así un daño.

II. FACULTAD DE LOS JUECES

La calificación de la conducta procesal, que es una facultad discrecional de los magistrados, no necesariamente debe ser invocada por las partes para que el juez declare su procedencia.

En principio, es de destacar que la declaración de temeridad y malicia constituye una facultad privativa de los jueces de grado (12), por lo que el art. 275 de la LCT no subordina la declaración judicial que contempla a que la pidan las partes (13).

De este modo, es claro que el juez al momento de dictar sentencia, analiza las conductas de las partes y puede decidir aplicar una sanción por este concepto más allá de lo efectivamente peticionado por las partes. Ello así, ya que ambos institutos le adjudican al juez la facultad de ponderar la conducta de las partes, durante el vínculo contractual o en el proceso judicial pudiendo aplicar la penalidad cuando se compruebe un obrar malicioso, obstruccionista o intencionalmente dañoso de parte de las partes.

1. Casos particulares

La norma, en su segundo párrafo, fija supuestos claros de procedencia de la sanción.

El primero es cuando estas conductas se evidencien en accidentes de trabajo, atendiendo a las exigencias, más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, y la omisión de los auxilios indispensables en tales casos. Es decir, no solo se requiere la existencia del accidente, sino de los otros elementos agravantes del supuesto.La doctrina en algunos casos sostiene que son dos supuestos distinguiendo el primero (los accidentes de trabajo) del segundo (la omisión de auxilios indispensables) (14).

El segundo es cuando sin fundamento y, teniendo conciencia de la propia sinrazón, se cuestionase la existencia de la relación laboral. Como ya vimos en una cita previa, el simple desconocimiento de la relación labo ral no excluye su aplicación, sino que se requiere el análisis por el juez de la conducta del demandado.

El tercero, cuando se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador abusando de su necesidad o inexperiencia, como podrían ser documentos firmados en blanco o cuya obtención se produjo al momento de la celebración del contrato como requerimiento para su concreción.

El cuarto es cuando se opusiesen defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho, lo que no es más que una forma de la temeridad. En este sentido, se ha dicho que el proceso exige una conducta de decoro, que alcanza a todas las partes y profesionales intervinientes, en tanto constituye un medio de satisfacer intereses jurídicamente protegidos y de postular un ideal de justicia, que, como elemento axiológico, influye en la sociedad, precisada de parámetros que, trascendiendo la esfera material, insuflen un sentido positivo. Si el proceso se convierte en un azar, librado a las artimañas y subterfugios que extralimitan la habilidad de la actuación y deforman el derecho de defensa, se escarnece el sentido ético que resguarda el objetivo último del ordenamiento procesal, que es la búsqueda de la verdad posible y la equidad rescatable (15).

Ello no obsta a que el juez analice su procedencia en el caso de los supuestos previstos en las siguientes leyes: Ley 24.013 y Ley 25.323 , dado que podría excluir la procedencia de otra sanción por la misma causa.

III. TASA DE CONDENA

El art.275 de la LCT en la regulación del instituto habilita -salvo en el caso de la reforma introducida por la Ley 26.696- al juez a fijar una tasa de hasta dos veces y media de la que fijan los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuentos comerciales. Es decir, fija una precisa entre las diversas tasas activas del mercado, lo que excluye la posibilidad de los magistrados de fijar una distinta a la establecida normativamente. No obstante, faculta al juez a regular su extensión conforme la gravedad de la conducta del alcanzado por la sanción, quedando abierta la discusión sobre si se puede fijar un valor inferior a una vez la tasa (ej. 50 % de la tasa).

Luego, según mi apreciación, la tasa debe fijarse hasta la fecha en que finaliza el proceso de conocimiento. Es decir, hasta que quede firme o ejecutoriada la sentencia sin perjuicio de que muchos fallos la extienden hasta el efectivo pago del capital adeudado, lo que la extiende al eventual proceso de ejecución.

Por otro lado, conforme lo dispuesto por el art. 770 del CCivCom, el resultado de su operación aritmética se capitaliza a fin de establecer el capital del proceso de ejecución. De este modo, aprecio que la aplicación de la misma tasa sobre el resultado de la operación antes mencionada no es el supuesto previsto en el art. 770 del CCivCom que refiere a los intereses moratorios. Por igual motivo no creo que sea procedente la capitalización prevista en el art. 770 del CCivCom al momento de notificarse la demanda, ya que también este supuesto refiere al supuesto de intereses moratorios previstos en el art. 768 del CCivCom.

En relación con este tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que las prescripciones del art. 275 de la LCT no pueden traducirse en una fuente injustificada de enriquecimiento para el acreedor ni su aplicación violentar los principios establecidos en los arts.953 y 1071 del CCiv (16). En tal sentido ha sostenido que el hecho de que la sanción impuesta estuviera dirigida a reprimir la malicia procesal carecía de aptitud para justificar una evidente desproporción, y que no cabía tolerar que un originario propósito represivo se tradujera en una fuente injustificada de enriquecimiento (Fallos: 316:1972) desnaturalizando su finalidad so color de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada (Fallos: 317:53). La sanción no puede traducirse en una fuente injustificada de enriquecimiento para el acreedor laboral, desnaturalizando la finalidad de la pretensión entablada (17), y tampoco puede afectar la garantía de la defensa en juicio (18).

IV. EL INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS. LA REFORMA PREVISTA EN LA LEY 26.696

La Ley 26.696 introdujo, en la última parte del art. 275 de la LCT, una sanción en el caso de incumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa por el empleador por el que el trabajador se vea precisado a continuar y / o promover la acción judicial estableciendo que, independientemente de las sanciones que tal actitud genere, dicha conducta será calificada como «temeraria y maliciosa» y la suma adeudada devengará a favor del trabajador, desde la fecha de la mora y hasta su efectiva cancelación, el máximo del interés contemplado en el presente artículo.

En cuanto a sus presupuestos, la norma es simple: se requiere un acuerdo homologado que, incumplido, obliga al actor a iniciar acciones jurisdiccionales tendientes a obtener el cobro compulsivo. En este sentido, me parece claro que si bien hay un segundo sentido en la norma -compeler al deudor a abonar el compromiso asumido- lo cierto es que esta norma es una calificación de conducta del deudor y no una sanción conminatoria como la prevista en el art.806 del CCivCom, más allá de que -como ya dije- termina cumpliendo dicha función.

Sin embargo, presenta algunas dudas referidas a casos particulares donde existe la posibilidad de acumular -o no- la sanción por temeridad y malicia prevista en el art. 275 de la LCT.

1. Incumplimiento de acuerdo ante el SECLO

En este caso, la Ley 24.635 (BO: 3/5/96), en su art. 26 , dispone que en caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio homologado, el juez, «meritando la conducta del empleador, le impondrá una multa a favor del trabajador de hasta el treinta por ciento (30%) del monto conciliado».

Este artículo claramente establece que no existe la automaticidad que tiene el supuesto previsto en el art. 275 de la LCT. Así, a los efectos de la graduación de la multa, el juez debe evaluar la actuación del empleador, de manera que no se trata de una sanción automática, sino que únicamente podrá aplicarse en caso de verificarse un comportamiento inadecuado del deudor. La norma deja entonces un espacio para que el magistrado analice y evalúe las conductas en el marco de una potestad de dispensa, por cuanto, más allá de la mora en el cumplimiento de la obligación, deben examinarse las circunstancias en que se produjeron los incumplimientos que motivaron la ejecución, a fin de decidir si la actitud asumida por la ejecutada resulta o no susceptible de sanción.

Ahora bien, esta norma prevista en la Ley 24.635, ¿es acumulable con la sanción por temeridad y malicia? La doctrina está dividida. Es cierto que la multa del art. 26 de la Ley 24.635 solo sanciona la falta de pago en término y que el art. 275 de la LCT califica la conducta del deudor de forma autónoma. No obstante, más allá de la facultad del juez de excluir o disminuir la multa prevista en la Ley 24.635, ambas implican una sanción por la mora del deudor con fuente en el derecho positivo.Es decir, en ambos casos, hay ausencia de la autonomía de la voluntad e igual supuesto de aplicación e igual naturaleza de ambas normas que justifique su aplicación conjunta con una misma fuente de la obligación por la misma conducta.

2. Cláusula penal prevista por las partes en el acuerdo

La cláusula penal es una estipulación mediante la cual las partes disponen que, en caso de inejecución culposa de la obligación o de retardo en la ejecución, el deudor se compromete a cumplir una determinada prestación de dar o de hacer conforme lo dispone el art. 790 del CCivCom. Se ha sostenido que en nuestra ley civil, como acontece en los Códigos francés o español, la cláusula penal ha sido fundamentalmente contemplada como medio para fijar, convencional y anticipadamente, el monto de los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación principal o de la morosidad en su ejecución. Pero promiscuamente con dicha función indemnizatoria, la cláusula penal sirve al objetivo de «asegurar el cumplimiento de la obligación», operando como «medio de presión». El temor de verse obligado a satisfacer la pena actúa a guisa de constreñimiento sobre la voluntad del deudor, estimulando su querer hacia el cumplimiento voluntario de la prestación principal. Cumple por tal modo una función compulsiva, al margen de la resarcitoria, a través de la creación convencional de una sanción que llega a revestir el carácter de una verdadera pena civil. Ahora bien, el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es indemnización suficiente (art. 655 del CCiv) (19).

Como se vio, la cláusula penal puede ser compensatoria, que, como su nombre lo indica, es aquella destinada a resarcir al acreedor por el incumplimiento definitivo, total o parcial, de la obligación, y por lo tanto, no puede pedirse su ejecución junto con el cumplimiento de la obligación principal, a menos que se hubiese estipulado por el simple retardo. El art.793 del CCivCom, concordantemente con lo expuesto, dispone lo siguiente: «La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente». A esta norma se refiere la facultad de reducción de los jueces prevista en el art. 794 del CCivCom. En este último sentido, ha dicho la jurisprudencia que el nuevo ordenamiento no ha variado la solución contenida en el anterior, en su art. 656 (conf. agregado Ley 17.711 ); la morigeración de la cláusula penal depende de que su monto sea desproporciona do con la gravedad de la falta, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias, para configurar un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor, dada su inmutabilidad relativa (20).

Ahora bien, también se puede fijar conforme el art. 790 del CCivCom una cláusula penal moratoria, que es la indemnización debida por el deudor en los casos de retardo en el cumplimiento de la obligación, y por lo tanto, su ejecución puede ser pedida junto con el cumplimiento de la obligación principal. Esta es la cláusula que generalmente se fija en los acuerdos sobre la base de un valor previsto por las partes.

En este sentido, ha sostenido la jurisprudencia que la cláusula penal constituye una modificación del derecho común para reforzar las consecuencias que se derivan del incumplimiento contractual en la doble función conminatoria e indemnizatoria; no obstante, el legislador ha facultado al juez a morigerar sus efectos cuando su monto fuera desproporcionado con el valor de la pretensión principal (21).

3.Intereses

Sin adentrarme en el problema del interés, dado el objetivo del trabajo, podría definirlo como el rendimiento porcentual de una obligación de capital en proporción al valor del capital y el tiempo por el cual se está privado de la utilización de aquel.

El interés en principio, en cuanto a su modo de cálculo, puede ser simple o compuesto.

El interés simple -es el estipulado primariamente en el art. 623 del CCiv derogado y hoy en principio en el art. 770 del CCivCom- es el que se calcula sobre el monto de capital y por el tiempo de utilización y donde la tasa y el plazo están expresados en la misma unidad de tiempo.

El interés compuesto es aquel que se capitaliza después de un cierto período; es decir que luego de un período fijado, se suma al capital, para generar nuevos intereses. Es decir, lo que generalmente denominamos «anatocismo» (22).

En nuestro sistema legal, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, se prevé la capitalización de intereses en la fecha de notificación de la demanda y en el caso de formación del capital del proceso de ejecución donde se acumulan los intereses devengados en el proceso de conocimiento.

También merece destacarse -si se quiere- una obviedad, y es que las tasas que se aplican por los Tribunales son vencidas y no adelantadas; por tanto, requieren el paso del tiempo para percibirlas.

Ahora bien, la obligación de intereses puede tener diferentes orígenes, ya bien que nazca del contrato de mutuo oneroso, en que el deudor se obliga a entregar el capital con más los intereses; o como consecuencia de la mora; o bien cuando la ley en forma taxativa así lo indica (23).

Luego, a partir de ello y analizando las diversas definiciones veo que hay diferentes clasificaciones, pero me remito a la que establece el Código Civil y Comercial.

Así, los intereses pueden ser:

A. Compensatorios

Están previstos en el art.767 del CCivCom, tienen origen convencional o legal y son los que se abonan por usar un capital de otra persona. También reciben el nombre de «retributivos o lucrativos», pues sería la ganancia o retribución que obtiene el dueño por prestar dinero y no poder disponer de él durante cierto tiempo. Fijada convencionalmente la tasa de interés compensatoria estipulada por las partes debe ser acorde a las condiciones del mercado y no puede exceder el límite previsto por la moral y las buenas costumbres.

B. Moratorios

Son aquellos que se pagan por la mora en el cumplimiento de la obligación que puede eventualmente ser acodado por las partes más allá de la existencia de disposiciones legales en algunos casos conforme el art. 768 , incs. a y b del CCivCom. O fijado judicialmente por el juez conforme las facultades previstas en el inc. c de dicho artículo. La jurisprudencia ha entendido que los intereses moratorios constituyen la indemnización de los daños causados por el incumplimiento de la obligación de dar sumas de dinero; y ello procede aunque no hubiere pacto expreso alguno (24). En ese sentido, se ha dicho que en lo que respecta a la naturaleza de los intereses moratorios debidos por el deudor, el Código Civil y Comercial utiliza términos semejantes a los empleados con anterioridad, razón por la que el carácter de aquellos no ha variado; es decir que atienden al resarcimiento que la ley concede al acreedor de una obligación de dar sumas de dinero frente a la mora de su deudor. La finalidad de dicho incremento del capital exige la fijación de una tasa que debe cubrir ese retardo del incumplidor moroso (25).

C. Punitorios

Conforme el art. 769 del CCivCom, los intereses punitorios son siempre convencionales y se rigen por las normas que regulan la cláusula penal, por lo que me remito a lo detallado previamente al desarrollar ese instituto.En este sentido, ha dicho la jurisprudencia que «respecto a los intereses punitorios posteriores al 1/8/2015, y a diferencia de los compensatorios, el Código Civil y Comercial dispone la aplicación de las pautas previstas para la cláusula penal (art. 769), por lo que han de valorarse tanto el grado de reprochabilidad de la conducta del deudor (gravedad de la falta), como todo el daño derivado del incumplimiento de la obligación principal (valor de las prestaciones) y la invocación y demostración de una situación lesiva, objetivo-subjetiva en tanto los requisitos anteriores deben acarrear el aprovechamiento abusivo de la situación del deudor» (26).

Algún sector de la doctrina refiere a los intereses sancionatorios siendo estos los previstos en el art. 275 de la LCT. Según mi apreciación, la sanción por temeridad y malicia no es un tipo de interés más allá de que utilice como módulo de cálculo la tasa de interés, sino una calificación de la conducta del deudor que lo obliga a abonar el importe que surge de liquidar los previstos por la norma.

4. Acumulación

Ahora bien, incumplido un acuerdo, dado lo establecido por la última parte del art. 275 de la LCT, analicemos cuáles supuestos son acumulables con la sanción prevista dado el texto de la norma que establece claramente, que «independientemente de las sanciones que tal actitud genere, dicha conducta será calificada como “temeraria y maliciosa”».

– En relación con lo previsto en la Ley 24.635 en su art. 26 , si bien no caracteriza la conducta del incumplidor, lo cierto es que ese incremento es facultativo del juez más allá de su naturaleza sancionatoria de fuente legal.Ahora, también es claro que la norma prevé precisamente la acumulación con otras sanciones lo cual, en mi apreciación -e insisto, dado el carácter facultativo del magistrado-, posibilitando de acumular ambas sanciones, es posible a partir de la discrecionalidad que la norma le asigna a la tarea jurisdiccional.

– En relación con la cláusula penal, mi apreciación es que son perfectamente acumulables. La cláusula penal es de carácter convencional y, por tanto, tiene una fuente distinta a la prevista en la norma. Este aspecto no es menor. Ello así, dado que, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 792 del CCivCom, su fuente es la autonomía de la voluntad de las partes que, en conocimiento del derecho y la procedencia del art. 275 de la LCT, deciden establecer una penalidad adicional como manera de compeler al deudor a cumplir; finalidad que no es la del art. 275 de la LCT que hace una calificación de conducta y no tiene en principio una finalidad compulsoria, sino sancionatoria derivada del incumplimiento.

– En el caso de los intereses, es claro que los intereses moratorios son siempre acumulables, dado que su procedencia es independiente de la calificación de conducta del deudor y serán fijados por el juez conforme los parámetros usuales en su jurisdicción. Ello así, siempre que no se haya fijado la cláusula penal, dado que en ambos cumplen la misma finalidad conforme la jurisprudencia antes detallada.

No modifica esta situación si se fijan intereses compensatorios por las partes, ya que en realidad, en el contexto del acuerdo, cumplen la misma función que los moratorios, pero tienen una fuente convencional. Sin embargo, en este particular caso -si las partes así lo expresaran-, si se fijaran intereses punitorios como estos, se rigen por las disposiciones de la cláusula penal y por iguales argumentos son acumulables a los previstos en el art. 275 de la LCT.

Ahora bien, en cuanto a los intereses, resulta aplicable lo dispuesto por el art.771 del CCivCom, regla que no tiene correlato en la anterior legislación derogada. Esta norma no implica una nulidad total del acuerdo, sino solo de carácter parcial.

Sostiene Compagnucci de Caso (27) que algunos autores entienden que cuando la tasa pactada es abusiva, ofende al orden público, a la moral y las buenas costumbres, y por ello debe decretarse su nulidad absoluta (art. 1047 del CCiv). En ese supuesto, puede declararse de oficio (GALLI: en Salvat, Galli, Trat. Oblig. en gral., op. cit., t. 1, p. 427, N.° 483 f. BORDA: Trat. Oblig., cit, t. 1, p. 407, N.° 493. ALTERINI, AMEAL, LÓPEZ CABANA: Der. de las oblig., op. cit., p. 535, N.° 1098) y que otra corriente, que aparece como minoritaria, considera que se trata de una nulidad relativa (conf. art. 1048 del CCiv), y por ello alegable solamente por la persona perjudicada (LLAMBÍAS: Trat. Oblig., op. cit., t. 2-A, p. 233, N.° 929. CALVO COSTA: Der. de las oblig., op. cit., p. 326. MOISSET de ESPANÉS: «El pago de intereses excesivos», op. cit., en JA, 1973-20-227. PIZARRO y VALLESPINOS: Instituciones, Oblig., op. cit., t. 1, p. 429).

En este contexto está claro que si el juez considera excesivo el resultado podría resolver la reducción de los intereses.

V. CONSIDERACIÓN FINAL

En la práctica, la experiencia demuestra que los jueces son remisos tanto a aplicar como a acumular la sanción prevista en el art. 275 de la LCT con otros intereses, sanciones o a una cláusula penal.

En relación con su aplicación, considero que debería ser un instrumento en general más utilizado, en particular en las cuestiones derivadas de los accidentes de trabajo, dada su específica recepción y la excesiva prolongación muchas veces innecesaria en los reclamos denominados «intrasistémicos».

En relación con la reforma introducida por la Ley 26.696, lo cierto es que por un lado la procedencia de la acumulación de la sanción prevista en el art.275 de la LCT es indubitada en el caso de los intereses moratorios. Por el otro, en relación con los demás supuestos, dado que las mismas normas prevén la facultad de morigeración de los jueces, queda a su discrecionalidad su reducción o simplemente determinar la improcedencia de su acumulación con fundamento en el excesivo resultado cuantitativo de su aplicación.

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(1) ROMUALDI, Emilio E.: Vigencia y complemento o exclusión de la Ley 25.323, el art. 9 de la Ley 25.013 y el art. 275 de la LCT, Doctrina Microjuris Argentina, 14/3/2016, MJD7643 .

(2) SCBA, 8/6/1984, «Cárdenas, Julián Carlos c/ Santiago, Aníbal s/ Cobro de salarios».

(3) SCBA, 11/5/2016, «Sorarrain, Héctor y otros c/ Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios».

(4) SCBA, 23/9/1986, «Aguirre, Ramón Porfirio c/ Aloise, Nicolás s/ Indemnización por antigüedad».

(5) SCBA, 23/11/1988, «Robledo, Lucila Irene c/ Fredes, Aurelio y otros s/ Despido»; SCBA, 28/9/2016, «Schauffele, Ernesto c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa»; SCBA, 28/12/2010, «Lucchetti, María del Carmen c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa».

(6) SCBA, 27/4/1984, «Rath, Ernesto Roberto c/ Renzi, Luis s/ Diferencia de sueldos».

(7) ETALA, Carlos A.: «Contrato de Trabajo». Buenos Aires, Astrea, 2000, p. 74.

(8) CNTRAB, Sala II, 29/6/2012, «Morandi, Leonardo Alejandro c/ Proseres S.R.L. y otro s/ despido».

(9) SCBA, 9/2/1988, «Caviglia, Ana María c/ Aragón de Benavídez, Graciela s/ Despido».

(10) SCBA, 12/9/1995, «Siderca S. A. I. C. c/ Theis, Carlos H. s/ Exclusión sindical».

(11) SCBA, 5/6/2013, «Volpe, Martín Alberto c/Consumo S. R. L. s/ Indemnización por despido», MJJ80227 ; SCBA, 2/10/2002, «Vilchez, Juan P c/ Fanelli, Nazareno s/ Cobro de pesos», etc.; SCBA, 26/8/1986, «Bianchini, Inés Amelia c/ U. S. M. Argentina S. A. I. C.s/ Despido», AyS 1986 II, 514, DJBA 132, 133; DT 1987-A, 531; TSS 1988, 316.

(12) SCBA, 24/5/2016, «Loncoman Duarte, Gregorio y otros contra Puerto Pacífico S. A. y otros»; SCBA, 25/4/2012, «J. S., M. O. c/ J. B. S. y o. s/ Daños y perjuicios»; SCBA, 1/12/2010, «Marotta, Emilio c/Club Atlético Lanús s/Despido», MJJ83349 .

(13) SCBA, 28/4/1987, «Luna, Francisco c/ Mig S. A. y otra s/ Accidente de Trabajo».

(14) PICÓN, Liliana: Régimen de Contrato de Trabajo, de Maza, Miguel Ángel. T. 3, Buenos Aires, La Ley, 2012, p. 602 y 603.

(15) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala 2, «Toledo Juan Miguel c/ Sanes S. A. s/ despido s/ inc.-cas», MJJ77554 .

(16) Vigentes al momento del fallo, hoy arts. 9 , 10 , 11 , 240 , 279 , 958 y 1004 del CCivCom.

(17) CSJN, 12/12/2002, «Rizzi, Norberto Oscar c/ Cámara Industrial Gráfica Argentina», MJJ18508 .

(18) CSJN, 18/9/1990, «Transportes Automotores Riachuelo S. A. c/ Millad Juri».

(19) CC0201, LP 116111, RSD 64/16, 31/3/2016, «Boiero Alberto Herbert c/ Vitucci José Carlos y Otros s/ Daños Y Perjuicios».

(20) CC0102, MP 161.916. 264-S, 3/11/2016, «Consumo S. A. c/ ARGAÑARAZ, Luis Alberto s/ cobro ejecutivo».

(21) CNAC, Sala H, 25/4/2016, «López Susana Beatriz y otro c/ Choikue S. A. y otro s/ daños y perjuicios – ordinario».

(22) GARRONE, José A.: Diccionario Manual Jurídico. Buenos Aires, Abeledo Perrot, p. 72.

(23) MOLINARIO: «Del interés lucrativo contractual», ED, 43-1155.

(24) CSJN, JA, 35-204. CJ Salta, JA, 1968-I-725.

(25) SCBA, 31/10/2016, «Maidana, Francisco Javier c/ Mapfre Arg. ART S. A. Accidente in itinere», juez Genoud (OP); SCBA, 31/10/2016, «Sosa de Correa, Enriqueta c/ Dirección de Vialidad de la Pcia. de Bs. As. y otros.Daños y perjuicios», juez Genoud (OP); SCBA, 26/10/2016, «Martínez, Rosa Beatriz c/ Fisco de la provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional», juez Genoud (OP).

(26) CC0102, MP 161741 249-S, 25/10/2016, «Banco Santander Río S. A. c/ Marinucci Mariano s/ Cobro Ejecutivo».

(27) COMPAGNUCCI de CASO, Rubén: Código Civil y Comercial de la Nación comentado, t. 3, Libro III, Derechos Personales. RIVERA, Julio, y MEDINA, Graciela César (dir.). ESPER, Mariano (coord.) 1.a ed. Buenos Aires, La Ley, 2014, p. 123.

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UK. Juez del Trabajo, Provincia de Buenos Aires. Profesor Titular, Escuela de Graduados de UK. Profesor Titular de Derecho Procesal Civil y Comercial, UK. Profesor Titular, UCALP. Miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.