Reclamo de daños y perjuicios iniciado por el titular de una estación de servicios contra la empresa petrolera

estacion-de-servicioPartes: Yacife S.R.L. c/ YPF S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 25-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-101044-AR | MJJ101044 | MJJ101044
Sumario:

1.-Según lo establece el Código Civil en su art. 1198 – vigente en la época en que sucedieron los hechos que dieron origen a este pleito-, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Esto quiere decir que, ante el conflicto suscitado, el tribunal no debe limitarse en su interpretación al sentido literal de los vocablos empleados, sino que debe atenderse a la intención común de los contratantes, para lo cual es menester valorar las particulares circunstancias que rodearon a la estipulación (sus antecedentes y conductas sobrevivientes) en orden a reconstruir el contexto negocial que motivó la expresión de voluntad común en los términos que se pretenden desentrañar (CPCCN.: 386 ). Lo anterior requiere colocarse por encima del interés de cada una de las partes; porque la interpretación debe hacer mérito del comportamiento de las partes en su integridad (cpr 163, inc. 5° ).

2.-El modo y la forma como las partes ejecutan el contrato es la prueba más concluyente que puede tenerse de la verdadera intención contractual, porque es la traducción en el hecho de lo que resulte dudoso en la palabra.

3.-El CPCCN.: 377 pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso. La consecuencia de esta regla es que quien no ajuste su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos

4.-Las dificultades para emitir un juicio valorativo con referencia a la razón de las alegaciones de las partes, particularmente cuando como acontece en esta causa se contradicen en grado tal que se excluyen recíprocamente, resultan evidentes y justifican la regulación legal de los medios y modos de comprobar la veracidad de lo que se afirmó. En esta línea de pensamiento, es claro que no puede desconocerse la importancia que asume la actividad que las partes deben desplegar para crear la convicción judicial acerca de la sinceridad de sus respectivas posturas adoptadas en el proceso.

5.-Que el juez debe tener por propósito, dentro del cauce procesal adecuado, desentrañar la verdad jurídica objetiva y, por consiguiente, indagar en base a los hechos que surgen de la causa cuál es la versión más probable de lo que realmente sucedió, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación formulada contundentemente en el conocidísimo precedente Colalillo hace más de medio siglo (Fallos 238:550). Pero en el proceso civil la verdad puede estar sujeta sólo a lo que se quiso o pudo evidenciar y sometida a la regulación probatoria. Es usual, entonces, que aparezca retaceada, oculta o parcialmente aludida.

6.-Cuando los argumentos de las partes se hallan en franca contradicción, compete al juez llevar adelante la construcción de la versión fáctica que más se acomode a las circunstancias de lo que verosímilmente puede haber sucedido, optando si así fuera necesario por descartar totalmente la versión de una de ellas, si cuenta con base que lo persuadan suficientemente para formular esa interpretación. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “YACIFE SRL C/ Y.P.F. SA, s/ ordinario”, Expediente COM 35.064/2011 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Barreiro, Ojea Quintana y Tevez.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1100/1106?

El Señor Juez de Cámara doctor Barreiro dice:

Los antecedentes.

Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas por los sujetos procesales intervinientes en la causa y las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación (CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

El socio gerente de YACIFE SRL, por medio de apoderado, promovió demanda contra YPF SA, por cobro de $ 5.668.302,02 -o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse-.

Aclaró que la suma total reclamada se compone de los siguientes rubros:1) $ 1.614.912,86 por el incumplimiento de la obligación contractual de suministrar los fluidos en consonancia con los volúmenes oportunamente abastecidos, 2) $ 1.049.638,22 por rebaja de las comisiones percibidas por la venta de combustibles, efectuada en forma unilateral e inconsulta por YPF, 3) $ 42.000 por ignorar en forma parcial los “ajustes de ventas” destinados a paliar la situación económica, 4) $ 31.000 en atención al incremento salarial del sector ocurrido en el mes de enero de 2007, 5) $ 896.265,78 por comisiones no abonadas en relación a la cooptación del cliente Nobleza Piccardo SA, 6) $ 1.352.337,13 por las comisiones no abonadas en relación a la cooptación del cliente Ashira SA, 7) $ 620.487,98 por la disminución y cesación completa del pago de comisiones otorgadas como incentivo para aumentar el volumen de ventas y, 8) $ 61.660,05 por discontinuación en la entrega de nafta normal.

Explicó que el 22.09.99 suscribió con su ahora contendiente un contrato -al que calificó de adhesión- que tenía por objeto el suministro en consignación para su comercialización exclusiva de todos los combustibles y lubricantes de la línea comercial YPF SA a cambio de distintos tipos de comisiones.

Añadió que el contrato tuvo y tiene como base operacional la estación de servicio de su propiedad sita en la Diagonal 91 – San Lorenzo Nro. 3301, esquina Leandro N. Alem, Villa Ballester y, de seguido, transcribió varias cláusulas del mismo y sus Anexos.

Sostuvo que la relación comercial se desarrolló con normalidad hasta fines de 2001, mas a principios de 2002 comenzaron los problemas de abastecimiento y los consecuentes reclamos. Dio detalle de las cartas documento que hubo enviado a YPF SA.

Refirió a la relación que entabló con Ashira SA y con Nobleza Piccardo SA a quienes vendía combustibles.Afirmó que YPF SA en forma desleal cooptó esos clientes y dejó de abonarle las respectivas comisiones.

Se explayó -con cita de jurisprudencia y doctrina- sobre los contratos de adhesión y la forma en que deben interpretarse sus cláusulas.

De seguido, formuló algunas consideraciones sobre la fuerza mayor y el hecho del príncipe.

En el apartado VII practicó liquidación de los distintos rubros indemnizatorios. Tras ello, ofreció prueba.

YPF SA, por medio de apoderado, contestó la demanda incoada en su contra con la presentación de fs. 298/314.

Formuló una pormenorizada negativa de los hechos invocados en el escrito de demanda.

Luego de referir al plazo de duración del contrato que suscribió oportunamente con la actora e indicar que puso fin al vínculo de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda, resistió la pretensión resarcitoria argumentando básicamente: (1) YPF SA celebra con todos los titulares de estaciones de servicio contratos similares al que anudó con la actora y ello se debe a que se trata de una red abanderada.Por ello, tratándose de dos sociedades comerciales y dado que el contrato se ejecutó por largos períodos sin que existieran quejas de YACIFE SRL, no puede ésta alegar que es abusivo, (2) las comisiones reconocidas al actor para los diferentes productos se encuentran pactadas en el Anexo I del contrato y la actora debía confeccionar las Notas de Líquido Producto que son las constancias instrumentales de la operatoria que sirven como base de cálculo del combustible entregado, del efectivamente expedido, del precio y la comisión correspondiente, (3) YPF SA se comprometió -y así lo hizo- a mantener un sotck adecuado de los productos de acuerdo a los promedios históricos de venta pero, de ningún modo se estableció como parámetro “el incremento existente con motivo de la mayor demanda”, (4) fue prevista la posibilidad de modificar las comisiones y en las oportunidades que tal cosa se hizo efectiva, se cursaron las notificaciones pertinentes debidamente recibidas por la actora, (5) la cláusula del contrato que cita YACIFE fue prevista a los efectos de calcular la indemnización por daños y perjuicios y por tanto no modifica el compromiso de suministro asumido por YPF SA y, (6) no hubo desabastecimiento ni quiebre de stock, ni existieron pedidos de suministro insatisfechos.

Cuestionó de seguido, la composición de los distintos rubros pretendidos.

Ofreció prueba de sus dichos.

La sentencia.

En el decisorio de fs. 1100/1106 el juez a quo desestimó la demanda incoada por YACIFE SRL contra YPF SA -mediante la que perseguía el resarcimiento de los daños y perjuicios estimados en la suma de $ 5.668.302,02- y le impuso las costas del proceso.

Para resolver en el sentido apuntado y en cuanto concierne al cumplimiento de la obligación de suministrar combustibles por parte de YPF SA, luego de referir al contenido de las cláusulas 1° y 7° del contrato, el magistrado reparó en la pericia contable.Conforme a ella, concluyó que para el período 22/9/1999 (inicio del contrato) y el 22/9/2011 (finalización del vínculo) el suministro de volúmenes de los distintos productos se fue incrementando.

Continuó el sentenciante con el análisis de las previsiones contractuales relacionadas con las “Condiciones Comerciales/ Comisiones”. Tras dar cuenta del porcentaje acordado para cada producto (a modo de ejemplo recuerdo que se estableció el 8,50% para la nafta normal), señaló que fue prevista la posibilidad de modificar las comisiones siempre y cuando concurrieran los presupuestos establecidos en la cláusula 5 y la ahora demandada cursara comunicación fehaciente a YACIFE SRL.

Indicó el juez que de acuerdo a la pericia contable, las comisiones por la comercialización de combustibles fueron pagadas por YPF SA y, además, la actora consintió el cambio de los porcentajes. Sobre éste último tópico, aclaró el a quo que a través de la pericial caligráfica producida en autos se determinó la “autenticidad de las notas de conformidad enviadas por la actora”.

En punto al incumplimiento que se achacó a la demandada del compromiso de atender el incremento de los salarios del sector ocurrido en el año 2007, juzgó el sentenciante que la pretensión deducida por la actora no podía admitirse por cuanto, de acuerdo a los términos del convenio, las obligaciones emergentes de las relaciones habidas entre YACIFE SRL y su personal estaban exclusivamente a cargo de la misma.

A todo evento señaló que de la pericia contable surgía un saldo a favor de la demandada de $ 176.732,47.

Finalmente aclaró que la información brindada por las instituciones CECHA, FECOBA, CARBAP, SRA y CONINAGRO, nada aporta para el esclarecimiento de la cuestión aquí ventilada.

Conclusivamente sostuvo que en tanto la parte actora incumplió con la carga que le imponía el cpr: 377, correspondía desestimar la demanda.

Los recursos.

La parte actora apeló la sentencia en fs. 1107. Concedido libremente el recurso en el proveído de fs. 1108, el escrito de expresión de agravios fue glosado en fs.1138/1157 y su responde en fs. 1159/1168.

La recurrente expuso, a modo de introducción, una crítica generalizada del decisorio comenzando por señalar el escaso tiempo en que fue dictado, continuando con su extensión (aclaro que refiere a la cantidad de renglones que el sentenciante dedicó a atender las distintas cuestiones planteadas) y calificándolo de infundado.

Se explayó más adelante sobre ciertas “anormalidades instrumentales” haciendo hincapié en dos actuaciones notariales (N°F 000577760 y N°F608422) y en las notificaciones sobre los cambios de comisiones supuestamente aceptadas por YACIFE.

Adujo que la sentencia contiene serios defectos de fundamentación y de razonamiento que causan un menoscabo a garantías constitucionales invocadas. Reiteró en este estadio, la Cuestión Federal oportunamente introducida, en tanto su tratamiento fue omitido por el juez.

De seguido exhibió sus quejas del modo siguiente: a) el pronunciamiento del a quo no contiene cita legal alguna, desatendiendo la previsión contenida en el cpr: 34, inc. 4. Sostiene que una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado, y la falta de fundamento jurídico puede ser un índice de arbitrariedad; b) omitió decidir sobre cuestiones esenciales planteadas. El juez se pronunció ponderando solamente que el perito contador tras examinar ciertas planillas, ilustró sobre el suministro de volúmenes creciente para los distintos productos. Empero, en rigor no se trató de establecer la existencia de volúmenes crecientes, sino de determinar si fueron en las cantidades debidas -de acuerdo a los términos del contrato- y, si además, lo hicieron con regularidad. En punto a éste último extremo, sostuvo que en numerosas oportunidades faltaron combustibles, tal como puede corroborarse con las cartas documento agregadas al expediente.

Afirmó que su contraria incurrió en los incumplimientos siguientes: 1) no i ncrementó la entrega de combustibles de acuerdo a las necesidades, 2) desvió combustibles hacia otros centros de expendios (v.gr.estaciones propias en otros puntos del país con mayor rentabilidad), 3) no respondió a las necesidades de un mayor mercado automotor, lo que quedó acreditado con la pericial contable y la prueba informativa; c) no analizó adecuadamente la prueba pericial caligráfica ni la impugnación.

Sostuvo que resultó erróneo el análisis que efectuó el sentenciante respecto de la ayuda financiera que le fue prometida por su contraria. Ello pues, nada reclamó con relación a los haberes del personal.

Señaló que el magistrado refirió a la existencia de un saldo de $ 176.732,47 a favor de la demandada, no obstante que ello no tiene ninguna importancia en el asunto que aquí se ventila.

Finalmente, en el apartado VIII se explayó -citando conocida doctrina- sobre la valoración de la prueba.

La solución.

En primer lugar, no puedo dejar de señalar que el método expositivo empleado por la recurrente se aprecia impreciso -lo cual desdibuja la crítica- y, además, buena parte de su presentación contiene un compilado de citas doctrinarias referidas mayormente a la estructura que debe guardar una sentencia.

De otro lado, las alegaciones que a continuación introdujo YACIFE SRL haciendo hincapié en la extensión y el plazo en que fue pronunciada la sentencia -para avalar su tesitura sobre el análisis superficial que de la cuestión debatida efectuó el magistrado-, no bastan por sí solas para descalificar el decisorio. Suponer que el magistrado solo conoce la causa cuando dispone el llamado de autos para sentencia, implica soslayar las múltiples intervenciones que tiene durante la tramitación del pleito e incluso el hecho de que ha tomado contacto directo con las partes en oportunidad de celebrarse la audiencia a que refiere el cpr: 360 (v. fs. 345 y véase además el acta de fs.1096).

Luego, conforme surge de la reseña precedente, los restantes agravios sostenidos son el producto de un rotundo disenso respecto de la apreciación de la prueba efectuada por el “a quo”. Tal posición, entonces, impone revisar las constancias obrantes en autos y relacionarlas con la concreta actividad procesal desplegada por las partes la que, como es sabido, debe ceñirse a lo establecido en el cpr: 377.

Sin embargo debe señalarse que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en cada una de las argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (CSJN, fallos 272:225; 274:113; 276:132; 200:320).

Por otra parte no puede perderse de vista que la función jurisdiccional tiene como misión específica la de solventar conflictos de intereses -con contenidos patrimoniales en este Fuero en lo Comercial- cometido que se cumple en base a los hechos relevantes que, invocados oportunamente por los litigantes y acreditados, se encuentren dotados de suficiente eficacia convictiva.Ello conlleva necesariamente la reconstrucción de acontecimientos y situaciones que deben juzgarse en oportunidades muy posteriores al contexto histórico que enmarcó dichos sucesos.

Las dificultades para emitir un juicio valorativo con referencia a la razón de las alegaciones de las partes, particularmente cuando como acontece en esta causa se contradicen en grado tal que se excluyen recíprocamente, resultan evidentes y justifican la regulación legal de los medios y modos de comprobar la veracidad de lo que se afirmó. En esta línea de pensamiento, es claro que no puede desconocerse la importancia que asume la actividad que las partes deben desplegar para crear la convicción judicial acerca de la sinceridad de sus respectivas posturas adoptadas en el proceso.

Que el juez debe tener por propósito, dentro del cauce procesal adecuado, desentrañar la verdad jurídica objetiva y, por consiguiente, indagar en base a los hechos que surgen de la causa cuál es la versión más probable de lo que realmente sucedió, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación formulada contundentemente en el conocidísimo precedente “Colalillo” hace más de medio siglo (Fallos 238:550). Pero en el proceso civil la verdad puede estar sujeta sólo a lo que se quiso o pudo evidenciar y sometida a la regulación probatoria.Es usual, entonces, que aparezca retaceada, oculta o parcialmente aludida.

Adviértase que, como se ha producido en el caso presente, cuando los argumentos de las partes se hallan en franca contradicción, compete al juez llevar adelante la construcción de la versión fáctica que más se acomode a las circunstancias de lo que verosímilmente puede haber sucedido, optando si así fuera necesario por descartar totalmente la versión de una de ellas, si cuenta con base que lo persuadan suficientemente para formular esa interpretación (esta Sala, 21.03.2013, “Paip SRL, c/ Saporitti SA, s/ ordinario”, íd., 8.08.2013,”Romulan SRL, c/ Banco Comafi Fiduciario

Financiero SA, s/ ordinario” ; íd., 5.11.2013, “Badessich, Andrés Juan c/ Bodega y Cavas de Weinert SA, s/ ordinario” ).

Sentado ello, aclaro que no analizaré las quejas siguiendo estrictamente el orden en que han sido planteadas. Me detendré en primer término en las relacionadas con la valoración que de la pruebas rendidas en la causa realizó el magistrado, pues considero que con ello quedan aprehendidas las restantes referidas a la motivación del fallo.

Debo señalar que, tal como lo hizo el a quo, fue necesario examinar el contenido del contrato para determinar el alcance de las obligaciones asumidas por los ahora contendientes y, en definitiva, si la demandada incurrió en los incumplimientos que se le achacaron en el escrito de inicio.

Es que según lo establece el Código Civil en su artículo 1198 – vigente en la época en que sucedieron los hechos que dieron origen a este pleito-, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.Esto quiere decir que, ante el conflicto suscitado, el tribunal no debe limitarse en su interpretación al sentido literal de los vocablos empleados, sino que debe atenderse a la intención común de los contratantes, para lo cual es menester valorar las particulares circunstancias que rodearon a la estipulación (sus antecedentes y conductas sobrevivientes) en orden a reconstruir el contexto negocial que motivó la expresión de voluntad común en los términos que se pretenden desentrañar (cpr: 386) (esta Sala, 24/06/2010 “Piolava S.R.L. c/Medialink S.A. s/ordinario”; íd., 14/12/2010, “Inlica SRL s/ Quiebra, c/ EDESUR SA, s/ ordinario”).

Lo anterior requiere colocarse por encima del interés de cada una de las partes; porque la interpretación debe hacer mérito del comportamiento de las partes en su integridad (cpr 163, inc. 5°). El modo y la forma como las partes ejecutan el contrato es la prueba más concluyente que puede tenerse de la verdadera intención contractual, porque es la traducción en el hecho de lo que resulte dudoso en la palabra (Conf. Siburu, Juan B., “Comentario del Código de Comercio Argentino”, T, IV, pág. 88, Bs. As., 1923).

[c.a] Recuérdese que la actora reclamó la suma de $ 614.912,86 por “incumplimiento de la relación contractual de suministrar los fluidos en consonancia con los volúmenes oportunamente abastecidos en períodos anteriores con más el incremento existente con motivo de la mayor demanda, todo ello desde el año 2002”. Así, consideró un faltante de aproximadamente 40.000 litros de gasoil (v. fs. 237 vta.).

Ciertamente en el escrito de demanda afirmó que “desde principios de 2002 comienzan los problemas de abastecimiento” y que cursó a la demandada en el mes de abril una nota reclamando por la falta de entrega de combustibles (v. fs.231). Mas en rigor no existen constancias de aquella requisitoria y, las cartas documento que envió a tal fin, fueron remitidas a partir del mes de septiembre del año 2007 (véanse las copias glosadas en el primer cuerpo de esta causa). Ergo, queda vacua de todo sustento la señalada aserción.

Ahora bien, a tenor de lo establecido en la cláusula séptima del contrato YPF se comprometió “a mantener un stock adecuado de los productos provistos en consignación para la operación normal de la estación de servicios, de acuerdo a los promedios históricos de venta y/o patrones de venta, correspondientes a iguales períodos. Asimismo, la FIRMA se obliga a mantener adecuada existencia de los otros productos de la línea comercial, para el normal funcionamiento de la Estación de Servicios” (v. copia en fs. 50 vta.).

Por su parte, la cláusula decimoctava en cuanto a la entrega de productos concierne establece -aclaro que la transcripción será parcial-: “La SOCIEDAD suministrará los productos de la línea comercial en las cantidades por ella definidas como necesarias para el normal abastecimiento de la Unidad de Ventas.Las entregas de productos en consignación serán programadas y realizadas de acuerdo al plan de abastecimiento definido por la SOCIEDAD.El Operador debe informar ante una situación anormal, a los efectos de permitir a YPF analizar el motivo y tomar las acciones correspondientes.”.

Obsérvese que a diferencia de lo sostenido por la actora, en ningún momento YPF asumió el compromiso de aumentar la provisión del combustible más allá del promedio histórico. Por tanto, cuanto expresó la accionante en punto al incremento que debió verificarse en atención a “la mayor demanda” no encuentra sustento alguno.

Concatenado con ello, aprecio que ninguna utilidad reportaron para esclarecer la cuestión el informe del INDEC relacionado con el incremento del PBI entre los años 2001 y 2011, ni el aportado por ADEFA que ilustra sobre la creciente producción de automóviles en el período señalado.Es que estas dos últimas variables, aun cuando vengan a confirmar un mejora miento de la economía del país en general, no modifican el alcance del compromiso asumido por YPF SA al suscribir el contrato con YACIFE el 22.09.99.

En estrictez, de acuerdo con lo informado por el perito contador en su dictamen -considerando períodos anuales-, la demandada a lo largo de la relación proveyó a YACIFE volúmenes crecientes de gasoil de acuerdo a los niveles históricos y nunca por debajo de los mismos. Véase que si se compara el año inicial 2001 con el 2006 -que fue en el que se registró menor entrega del producto gasoil mientras que duró el contrato-, en éste último se verifica una existencia de 30.772 litros más que al inicio.

Por otra parte, si bien es cierto que entre un período y otro pudo corroborarse en algún caso menor cantidad de litros entregados; a modo de ejemplo en el año 2009 la actora recibió prácticamente 6000 litros menos del combustible que en el 2008, también lo es que en el 2002 recibió 460.331 litros más que en 2001.

No ignoro que existió entre los ahora litigantes un arduo intercambio epistolar relacionado con la provisión de combustibles empero, no hay constancia de que YACIFE efectuara un pedido y éste no fuera atendido. Dicho en otros términos, no se acreditó desabastecimiento ni quiebre de stock. Por idénticos motivos -agrego-, no es posible otorgar virtualidad a los dichos de la actora relacionados con la “entrega privilegiada de combustibles” a otras estaciones de servicios ubicadas en el interior del país. Máxime porque si en la mejor de las hipótesis se hubiera acreditado tal cosa, lo cierto es que ello no implicó -tal como surge del análisis precedente- que YPF incumpliera el compromiso que con la actora hubo asumido al contratar.

De lo anterior se sigue que:a) YPF siempre suministró a la actora los volúmenes históricos de combustible (y nunca por debajo), b) a lo largo de la relación en muchos casos proveyó mayor cantidad de combustible que el período precedente y, c) la eventual cantidad en menos que pudo recibir la actora en alguna ocasión se vio compensada con la mayor entrega que se produjo en otros períodos anuales.

Finalmente, la cláusula vigésimo sexta que invoca la quejosa para dar cuenta de las cantidades “mínimas de ventas de combustibles” de ningún modo guarda correlación con las reseñadas más arriba, referidas a la obligación de suministro que YACIFE alegó incumplida. Es que, claramente la cláusula 26 establece cantidades de litros y promedios mensuales de ventas a los fines de determinar la indemnización de daños y perjuicios en caso de rescindirse el vínculo.

En virtud de las consideraciones vertidas, no encuentro incumplida la obligación de suministro asumida por YPF. Por tanto, la queja no será admitida.

[c.b] Otra cuestión planteada que, al decir de YACIFE fue omitida por el sentenciante, es la relacionada con la rebaja de las comisiones.

Debo señalar que en este capítulo al igual que en el resto de la presentación, el recurrente expuso sus argumentos sin adecuada ilación haciendo mayormente referencia a la interpretación que de la pericia caligráfica realizó el a quo.

Interesa recordar que para resolver como lo hizo el a quo reparó no sólo en el texto del contrato que preveía la posibilidad de modificar -comunicación fehaciente mediante- las comisiones establecidas originariamente en el Anexo I (v. copia en fs. 261) sino, además, en los datos aportados por el perito contador que consideró corroborados con la pericial caligráfica.

El experto contable elaboró una planilla que da cuenta las comisiones que YPF abonó a la actora durante todo el período contractual por la venta de cada uno de los combustibles.En el apartado 8 de su dictamen debió expedirse sobre “si las modificaciones atingentes a los porcentajes abonados por YPF SA a la empresa YACIFE SRL, consta en el legajo y/o carpeta y/o elemento de la contabilidad y/o administración de la demandada, constancia alguna con la debida autorización escrita de un representante de la sociedad YACIFE SRL a tal efecto” y describió las conformidades prestadas por la empresa actora indicando sus fechas (v. fs. 1033 vta.). Con igual información, dio respuesta a la pregunta nro. 9. Luego, tras la petición de YPF de fs. 1054, el perito amplió la pericia y señaló “el total de las comisiones computadas desde las Notas de

Líquido Producto, se corresponden con las comisiones señaladas en el informe, considerando Monto de Comisión +IVA., s/ comisión” (v. fs. 316 y fs. 1056).

De lo anterior se concluye que las comisiones fueron oportunamente abonadas por YPF y que concuerdan con las Notas de Líquido Producto confeccionadas por la actora.

Aclaro que no ignoro que YACIFE solicitó al experto explicaciones mas, la temática que el profesional debió abordar es totalmente ajena a los aspectos señalados (v. fs. 1047 y fs. 1050/1051).

En la situación descripta, y dado que la accionante percibió su retribución con las reducciones que claramente surgen de las planillas (que – reitero- se adecuaron a las notas de líquido producto por ella confeccionadas), su tesitura respecto del resultado que arrojó la pericial caligráfica resulta cuanto menos caprichosa.

Ello pues, por un lado consintió por largos años la modalidad de liquidación de las mentadas comisiones y, por el otro, no han quedado dudas de que las firmas estampadas en las notas de fs. 292 y fs. 293, donde se presta conformidad con el cambio de porcentajes comisionales han sido suscriptas por el Sr. Eugenio Palermo.

Es verdad que la calígrafa ninguna conclusión certera pudo exponer respecto de la nota de fs.294 empero tal cosa obedeció al “deficiente material fotográfico aportado”. Véase que las explicaciones que brindó la experta al evacuar la impugnación que introdujo YACIFE son sumamente sólidas (v. fs. 1005/1014).

Pero además, este extremo por sí sólo no es suficiente para desvirtuar la restante prueba producida que resulta -como se vio más arriba- concordante; ni permite soslayar la conducta seguida por la quejosa a lo largo de la relación (v.gr. liquidar y percibir las comisiones sin formular objeción alguna por largos años).

Por todo ello, la queja no será admitida.

[c.c] Con argumentos ciertamente endebles cuestionó la actora cuanto fue decidido sobre la promesa incumplida de YPF de prestarle ayuda financiera.

Adelanto que concuerdo con la solución propiciada en la instancia de grado, por los motivos que de seguido expondré:

a diferencia de lo sostenido por la quejosa, a poco que se recurra a la lectura del escrito de demanda se advierte que la asistencia prometida, no puede escindirse del incremento salarial dispuesto para el sector en el mes de enero de 2007 (v. fs. 238, ap. B). sobre éste tópico y las cargas asumidas por la recurrente, se explayó el anterior sentenciante al referir a la cláusula 12 del contrato que uniera a las partes. Por ello, me remito a cuanto fue expresado en fs. 1104 vta., segundo párrafo en tanto resulta suficiente para desestimar la pretensión.

no puedo soslayar que YPF negó rotundamente la versión expuesta en el libelo inicial (v.gr. haber ofrecido ayuda financiera) y, que además, ninguna prueba ofreció la actora tendiente a avalar su posición. En ese marco y conforme lo sostiene conocida y reiterada jurisprudencia, el cpr: 377 pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (CNCom, Sala A, 14.6.07, “Delpech, Fernando Francisco c.Vitama SA”, entre otros). La consecuencia de esta regla es que quien no ajuste su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (CNCiv, Sala A, 1.10.81, “Alberto de Río, Gloria c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, íd., Sala D, 11.12.81, “Galizzi, Armando B. c. Omicron SA”; íd., 3.5.82, “Greco Jospe c. Coloiera Salvador y otro”; CNCom, Sala A, 12.11.99, “Citibank NA c. Otarola Jorge” ; íd., “Filan SAIC c. Musante Esteban”, Sala B, 16.9.92, “Larocca Salvador c. Pesquera Salvador”; íd., 15.12.89, “Barbara Alfredo y otra c. Mariland SA y otros”; Sala E, 29.9.95, “Banco Roca Coop. Ltdo. c. Coop. de Tabacaleros Tucumán Ltda., esta Sala, 27.4.2010, “Lucchini Hernán Ricardo c/ Banco de La Nación Argentina y otro, s/ ordinario” , íd., 16.11.2010, “Pugliese Hnos. S.H. de J. L.Pugliese y Damiano Pugliese c/ Refinería Neuquina SA, s/ ordinario”; íd., 18.11.2010, “Belli y Compañía SA, c/ Seguettis SRL y otro, s/ ordinario”; íd., 28.06.2011,”Mazzei, Juan Carlos c/ Boix Vargas Carlos Alberto, s/ ordinario” ).

En virtud de las consideraciones vertidas, el agravio no puede prosperar.

[c.d] Le agravia a YACIFE que el sentenciante de grado no efectuara consideración alguna respecto de las “Anomalías Instrumentales” que hubo denunciado en el escrito de demanda.

En primer término diré que los ahora litigantes han reconocido la suscripción del documento el 14.06.2006 a través del cual se instrumentó un “Contrato de crédito de Mejoramiento de imagen”.

En rigor, la temática allí abordada ninguna vinculación ni utilidad tiene para solución el conflicto aquí planteado, de modo que no se advierte que la omisión del tratamiento de la cuestión cause perjuicio alguno al accionante.

De otro lado los sujetos intervinientes oportunamente aportaron su propio ejemplar, con la certificación de la firma en la actuación notarial labrada a tal fin, de modo que no es posible que estas dos se identifiquen con un mismo número, tal como pretende la actora.

En la situación descripta, la queja no será admitida.

[c.e] Criticó la actora que el juez no se pronunciara sobre la cuestión federal que hubo propuesto.

No obstante que en este estadio ningún agravio se p rovoca al accionante, se tiene presente el referido planteo para su oportunidad.

[c.f] Finalmente, en cuanto concierne a la consideración del saldo acreedor que registra YPF SA efectuada por el a quo, advierto que si bien la cuestión no fue introducida en el debate (v.gr.reconvención de la empresa petrolera) y desde esa óptica podría sostenerse que se conculcó el principio de congruencia, la misma se aportó como dato coadyuvante que en nada modifica la posición de la actora.

En esas condiciones, no se advierte configurado agravio alguno.

Conclusión.

Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas propongo al Acuerdo: a) desestimar las quejas vertidas por YACIFE SRL en la presentación de fs. 1138/1157, b) confirmar la sentencia de fs. 1100/1106 y, c) imponer las costas de alzada a la recurrente vencida (arg. cpr: 68).

Así voto.

Por análogas razones los doctores Juan Manuel Ojea Quintana y Alejandra N. Tevez adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016.

Vistos:

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: a) desestimar las quejas vertidas por YACIFE SRL en la presentación de fs. 1138/1157, b) confirmar la sentencia de fs. 1100/1106 y, c) imponer las costas de alzada a la recurrente vencida (arg. cpr: 68).

Pasen los autos para la consideración de los recursos articulados contra los honorarios regulados en la sentencia en crisis.

Notifíquese (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Rafael F.

Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena

Secretaria