fbpx

Procede el daño punitivo reclamado por el adquirente de un rodado que presentó desperfectos

autoPartes: González Pablo José c/ Ford Argentina S.A. y otro s/ sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 23-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-101046-AR | MJJ101046 | MJJ101046

cuadro-1
Sumario:

1.-Resulta equivocado sostener que, en tanto los defectos de la camioneta pueden ser rectificados y el auto continuó en uso, no corresponde el reemplazo de la unidad.

2.-El art. 17 de la Ley 24.240 pone en cabeza del consumidor la opción de pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada . Con mayor especificidad, el dec. 1798/1994 , art. 17 in fine, prescribe que: La sustitución de partes de la cosa podrá ser viable siempre que no se alteren las cualidades generales de la misma y ésta vuelva a ser idónea para el uso al cual está destinada .

3.-Habiendo quedado comprobado que la camioneta, luego de ingresar en reiteradas oportunidades al taller de la concesionaria, no se reparó satisfactoriamente y según indicó el perito ingeniero, tras los arreglos, el vehículo continuó con la misma falla puede estimarse aquí configurado el presupuesto fáctico que habilita a que el actor ejerza alguna de las opciones establecidas en el art. 17 de la Ley 24.240.

4.-No resulta ocioso recordar que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas; entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad psíquica, los afectos familiares, etc. Se trata de una lesión susceptible de causar lo que una aguda fórmula ha llamado modificaciones disvaliosas del espíritu.

5.-El agravio moral debe ser entendido aquí en su doble función, como sanción ejemplar al proceder reprochable y como reparación a quienes padecieran las aflictivas consecuencias de dicho proceder.

6.-Decidida la procedencia de la reparación del daño moral, la determinación del quantum puede quedar librada al prudente arbitrio judicial.

7.-Cabe señalar el carácter restrictivo que la jurisprudencia asigna a la reparación de esta clase de daño en materia contractual, criterio que tiende esencialmente a excluir de este ámbito las pretensiones insustanciales, basadas en las simples molestias que pueda ocasionar el incumplimiento del contrato. Sin embargo, esa razonable restricción no puede erigirse en un obstáculo insalvable para el reconocimiento del agravio moral cuando el reclamo tiene visos de seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antecedentes de la causa.

8.-No debe desdeñarse el sufrimiento anímico de quien, ante la ilusión y la expectativa de disfrutar su camioneta cero kilómetro, se ve obligado a sufrir la incomodidad de los desperfectos técnicos del auto y lidiar con el taller de la concesionaria a fin de resolver defectos del vehículo, que él no ha causado, máxime cuando el actor compró un auto de una reconocida automotriz, que -tal como se refirió- en su propio Manual para Propietario asegura que el automóvil ha sido construido con los más altos estándares y usando piezas de alta calidad y se vio obligado a recurrir al taller de la concesionaria al menos en tres oportunidades y no se le proporcionó una solución a su problema. Ello, sin dudas, superó la frontera de las simples inquietudes o incomodidades, para tornarse en una situación en la cual se causó a la parte accionante un serio disgusto que trasciende las molestias que han de tolerarse en el cotidiano plano contractual.

9.-A mediados de 2008 entró en vigencia en nuestro país la ley 26.361, mediante la cual se incorporaron importantes reformas a la ley de defensa del consumidor (en adelante LDC). Dentro de las reformas más destacables podemos mencionar la incorporación al derecho positivo Argentino de la institución de los daños punitivos, disponiendo el art. 52 bis de la LDC textualmente expresa: Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que corresponda .

10.-Si bien no se ignora la amplitud y vaguedad del texto del art. 52 bis de la LDC en cuanto a las condiciones que deben reunirse para la procedencia de la multa y su alcance (v.gr. que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales ). Empero, en nuestra doctrina parece haber consenso en afirmar que la aplicación de los daños punitivos se encuentra condicionada a la existencia de una conducta especialmente reprochable y cualquier actuación meramente negligente o culpable no dará lugar a la multa civil prevista en el art. 52 bis en análisis, toda vez que la aplicación del instituto es de carácter excepcional y de naturaleza restrictiva y que solo procede cuando el comportamiento importe un desprecio inadmisible para el adquirente.

11.-Los daños punitivos han sido definidos de las más diversas formas, pero todas o la mayoría de las definiciones incluyen los siguientes elementos: (i) suma de dinero otorgada a favor del damnificado por sobre el daño efectivamente sufrido; (ii) se los aplica con la finalidad de castigar al incumplidor y para disuadir al sancionado de continuar con esa conducta o conductas similares, (iii) también son aplicados con la finalidad de prevención general; es decir, para disuadir a otros proveedores que practiquen conductas análogas a la sancionada.

12.-El incumplimiento de las codemandadas constituye un fundamento suficiente y vigoroso para la aplicación de la multa civil establecida en el art. 52 bis de la LDC.

13.-Para la aplicación de la multa civil adquiere especial relevancia la finalidad de prevención general que subyace en esta sanción, resultando necesario evitar que, en lo sucesivo, se comercialicen productos defectuosos que incumplan con los estándares de calidad y que sean inaptos para cumplir con la función a la que están destinados. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: «GONZÁLEZ PABLO JOSÉ C/ FORD ARGENTINA S.C.A. OTRO S/ SUMARÍSIMO» (expediente n° 26675/2014; Com. 4 Sec. 7) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Juan Manuel Ojea Quintana, Alejandra N. Tevez y Rafael F. Barreiro.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia de fs. 382/392?

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

I. El relato de los hechos

1. Se presentó en fs. 14/22, con patrocinio letrado, el Sr. Pablo Q José González promoviendo demanda contra Ford Motors Argentina S.A. y Sudamerican Autos S.A. a fin de obtener el recambio de un vehículo marca Ford con todos los costos, gastos, impuestos y tasas pagas para su transferencia, con más daños y perjuicios por $75.000 o lo que en más o menos resulte de la prueba de autos, con más intereses y costas. Reclamó que, en caso de resultar imposible el cambio, se condene a las demandadas a que le entreguen un automóvil de iguales características al adquirido por él, con todos los impuestos, tasas y gastos pagos para la transferencia.

Explicó que es propietario de una camioneta Ford modelo Ecosport Freestyle 4×4, N° de motor AOJBE8892373, que adquirió de la concesionaria Sudamerican Autos S.A. el 30.10.2013. Relató que, tras retirar el vehículo, condujo unos pocos kilómetros hasta su casa y dejó estacionada la camioneta.Indicó que el 1.11.2013 encendió el vehículo y, al notar un ruido extraño en el motor, lo acercó al taller de la concesionaria.

Señaló que el vehículo estuvo en dicho taller hasta el 15.11.2013 y que, conforme surge de la orden de trabajo N° 407157, se determinó que la camioneta presentaba ruido en placa y disco de embrague en condiciones de circulación y que, recibidos los repuestos, se contactarían con él para la reparación en garantía.

Luego, refirió que el fin de semana del 16.11.2013 viajó con su mujer a San Miguel del Monte, Pcia. de Buenos Aires, y notaron que al superar los 60-80 km/hora se sentía un «chiflido» del lado del acompañante. Detalló que el 19.11.2013 informó el inconveniente al Gerente Post Venta de la concesionaria, Sr. Germán Scherer, quien le respondió que atenderían el problema cuando se llevara el auto para cambiar la pieza defectuosa del embrague.

Manifestó que, conforme la orden de trabajo N° 1992, el diagnóstico primigenio dado por el taller no había sido correcto: pese al cambio de la placa y el disco de embrague, el motor continuaba ruidoso. Precisó que, en esa misma orden, se asentó que se debía reemplazar el volante bimasa y que, una vez que estuviera el repuesto, lo contactarían para el cambio. Destacó que el taller hizo «ajustes» en el vehículo para, supuestamente, eliminar el intenso «chiflido» en el lado derecho.

Mencionó que retiró la camioneta del taller el 25.04.2014 y que desde entonces lo han llamado cada dos o tres meses desde el Centro de Atención a Clientes de Ford para informarle que los repuestos no han llegado.

De seguido, aclaró que demoró en presentar la demanda desde su sorteo debido a que, hacia fines de agosto de 2014, recibió una comunicación de cada una de las demandadas para que llevara el vehículo al taller, dado que el repuesto (volanta bimasa) había llegado desde el exterior.

Indicó que luego de coordinar con el Sr.Ramiro Meza, Gerente de Robayna Martínez, el 15.09.2014 dejó el auto en el taller y lo retiró el 9.10.2014, conforme figura en la orden de Trabajo N° 4381. Agregó que, al conducir unos pocos kilómetros, percibió que el ruido del motor continuaba. Dijo que, por ello, su mujer regresó al taller a fin de informar lo ocurrido y el Sr. Enzo, luego de comprobar el inconveniente, con su puño y letra, dejó constancia de tal hecho en la misma orden de Trabajo, N° 4381.

Concluyó que, tras tomarse unos días y probar nuevamente el auto en la ruta, el «chiflido» aerodinámico en la ventana del lado derecho y el según la ley de defensa del consumidor: Ford Motors Argentina S.A. como empresa fabricante, importadora o licenciataria del vehículo, y Sudamerican Autos S.A. como vendedora del producto y culpable de la falta de inspección técnica previa a la entrega del auto.

Reclamó el cambio de la camioneta por una nueva o, para el caso de que las demandadas no la tuvieran disponible, una de mayores prestaciones. En subsidio, requirió el pago del monto correspondiente a un automóvil de iguales características, libre de gastos de transferencias, costos e impuestos.

Adicionalmente, practicó liquidación. Solicitó una indemnización por daño moral de $25.000 y/o lo que en más o en menos determine el juez, y otra en concepto de daño punitivo por $ 50.000 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba.

A fin de sostener que correspondía indemnización por daño punitivo, detalló ciertos beneficios económicos obtenidos por Ford Motor Company en el último tiempo.

Por último, pidió como medida de prueba anticipada la designación de un perito mecánico.Ofreció prueba y requirió se intimara a las demandadas a presentar documentación y/o información relativa a la relación jurídica que los vinculara.

Informó que cumplió con el procedimiento de mediación previa y fundó en derecho.

Finalmente, solicitó se lo eximiera del pago de la tasa de justicia en los términos del art. 53 de la ley 24.240.

En fs. 23/27 se ordenó la producción de la prueba anticipada y la ley de defensa del consumidor.

Con la providencia de fs. 46 se tuvo por enderezada la demanda contra Ford Argentina S.C.A.

En fs. 78/9 presentó su dictamen el perito mecánico, del que se ordenó correr traslado a las partes a fs. 80.

En fs. 89/102 se presentó, por medio de letrado apoderado, Ford Argentina S.C.A. y solicitó se rechace la demanda incoada contra su mandante, con expresa imposición de costas.

En primer lugar, sintetizó el reclamo en su contra. Negó pormenorizada y categóricamente los hechos alegados por el actor en el libelo de inicio, y desconoció la documental acompañada en la demanda.

Luego, desarrolló su versión de los hechos. Analizó lo que significa el contrato de concesión y sostuvo que en el caso no puede endilgársele responsabilidad a su representada, en tanto obró de acuerdo con lo establecido en los términos de la garantía brindada a los usuarios de los productos elaborados por Ford Argentina S.C.A.

Arguyó que el Sr. González no puede manifestar que se vio desprotegido frente a los supuestos desperfectos, pues la garantía del automóvil es otorgada por un plazo mayor al exigido por la ley 24.240 en su art. 11.

Afirmó que el planteo del actor resultaba inconsistente.Sostuvo que los aparentes defectos de la camioneta no tienen entidad como para que ésta se torne inepta para el uso y que el vehículo fue debidamente reparado en diversas oportunidades.

Resaltó que no existe responsabilidad objetiva de Ford Argentina S.C.A por los hechos narrados en la demanda y dijo que su mandante no celebró ningún contrato con el actor. Señaló que corresponde al Sr. González demostrar que Ford Argentina S.C.A entregó a la concesionaria el vehículo con los vicios aducidos. Agregó que no puede imputársele a su instituyente infracción alguna a la ley 24.240.

De seguido, objetó cada uno de los rubros que componen la indemnización reclamada.

Ofreció prueba y solicitó se desestimara la prueba testimonial propuesta por la actora.

En fs. 107/108 se presentó, por medio de letrado apoderado, Sudamerican Autos S.A. y solicitó el rechazo de la acción iniciada contra su poderdante, con imposición de costas.

Negó los extremos fácticos y la documental acompañada a la demanda.

Adujo que la obligación reclamada carece de causa. Sucintamente, explicó que, según surge del propio libelo de inicio, los supuestos desperfectos invocados por el Sr. González fueron atendidos por el servicio de garantía del fabricante a través de la concesionaria.

Agregó que, si la camioneta se encuentra dentro del período de garantía, el reclamante deberá acudir al taller de cualquier concesionaria de la marca Ford, mencionar el desperfecto y su problema será resuelto sin cargo.

Fundó su derecho en el art. 499 y concordantes del Código Civil.

Adhirió a la prueba pericial ofrecida por el actor.

II. La sentencia de primera instancia

Mediante el pronunciamiento de fs. 382/392, dictado el día 24 de agosto de 2015, el juez rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por Ford Argentina S.C.A, con costas; y condenó a Ford Argentina S.C.A y Sudamerican Autos S.A.a, por un lado, entregarle a Pablo José González un automóvil cero kilómetro de similares características al adquirido por él y, por otro lado, abonarle la suma de $15.000 en concepto de daño moral, con más los intereses. Estos acrecidos fueron fijados desde la mora -que se consideró operada el 01.11.2013- hasta el efectivo pago, a la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones comunes de descuento a treinta días. Las costas fueron impuestas a las demandadas.

A su vez, desestimó la indemnización por $ 50.000 en concepto de daño punitivo.

En primer lugar, el magistrado explicó que, al contestar demanda, Ford Argentina S.C.A adujo ser ajena a la relación y a los hechos en virtud de los cuales el actor fundó su reclamo. De modo que, tras invocar el principio iura novit curia, interpretó que la defensa de la accionada debía ser tratada como una excepción de falta de legitimación pasiva. Reseñó las normas de consumidores relativas al concepto de proveedor y de responsabilidad solidaria de estos -cfr. art. 2, párr.1, 11, 13 y 40 de la ley 24.240- y, al entender que la reprochada quedaba comprendida dentro de la figura de proveedor, rechazó el planteo.

Luego ingresó en el estudio del tema de fondo. Analizadas las pruebas producidas en las actuaciones, consideró demostradas las fallas del vehículo esgrimidas por el actor en su libelo de inicio. Estimó que dicho extremo quedó comprobado con el resultado de la pericia mecánica (fs. 78/9 y 361) y de las órdenes de trabajo que evidencian tres pedidos de arreglo por

parte del actor al taller de la concesionaria (fs. 4, 5 y 11), cuya autenticidad quedó acreditada con la pericia referida.Precisó que no se arrimó a la causa otro elemento de prueba más convincente que permitiera desplazar el informe del auxiliar.

Concluyó que, pese a que al momento del reclamo por parte del pretensor todavía no había vencido el plazo de garantía, hubo demora injustificada en la entrega de los repuestos requeridos, susceptibles de generar daños al actor.

Con relación a los rubros pretendidos en la demanda, entendió razonable la sustitución del automóvil por otro de iguales características – cfr. art. 17 de la ley 24.240- en tanto las deficiencias en el vehículo existieron desde que el accionante lo adquirió. Afirmó que, si bien los desperfectos no impidieron el uso de la unidad, la falta de calidad garantizada por el vendedor era cierta.

Receptó también el resarcimiento moral, por el valor de $15.000. Sostuvo que los desperfectos demostrados en autos debieron afectar el ánimo y la estabilidad emocional del Sr. González, pues frustraron sus lógicas expectativas de recibir una camioneta cero kilómetro en perfectas condiciones.

Sin embargo, rechazó el daño punitivo solicitado por el actor. Entendió que tal figura es de carácter excepcional y que las demandadas no obraron con dolo ni culpa grave.

Finalmente, difirió la consideración de los honorarios para el momento oportuno.

III. Los Recursos

De esa sentencia apelaron el Sr. González y Ford Argentina S.C.A.

1. El actor lo hizo a fs. 392 y su recurso fue concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 394. Su expresión de agravios luce agregada a fs. 399/402 y fue contestada por Ford Argentina S.C.A. en fs. 411/414.

El Sr. González pretendió el aumento de la indemnización por daño moral.Consideró que el monto de condena no alcanza siquiera el 3% del valor del vehículo y que no guarda relación con el tiempo en que la operación lleva sin resolverse -al menos dos años- ni con el mínimo de colaboración prestado por parte de las demandadas.

Se quejó, también, de que el juez no haya reconocido el daño punitivo. Sostuvo que los presupuestos para admitir tal rubro están demostrados en la causa, ya que el incumplimiento de las accionadas: a) debía considerarse doloso o, como mínimo, negligente; b) había representado un beneficio económico para ellas.

2. Ford Argentina S.C.A. apeló a fs. 395 y su recurso fue concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 396. Su expresión de agravios de fs. 416/420 fue contestada por el actor en fs. 423/426.

Las quejas de la apelante pueden resumirse del siguiente modo: a) el juez decidió sobre la base de supuestos no probados en autos; b) la condena a sustituir el vehículo resultó excesiva; c) el magistrado trató arbitrariamente una defensa expuesta en la contestación de demanda como una excepción de falta de legitimación pasiva y le impuso costas; d) el a quo debió desestimar el rubro daño moral; e) el juez impuso intereses desde el 1.11.2013, fecha en la que, sobre la base de extremos no probados, determinó que ocurrió la primera falla en el vehículo; f) el magistrado omitió J tratar el pedido de temeridad y malicia interpuesto por su parte.

La solución propuesta

i) En el punto III.

(2) de su expresión de agravios, Ford Argentina Q S.C.A.sostuvo que el magistrado resolvió sobre la base de extremos no probados en autos.

Afirmó que el a quo, basándose en documental desconocida por las demandadas, tuvo por ciertas tres entradas del vehículo al taller de la concesionaria, las fechas de esos ingresos y el contenido de ciertas órdenes de trabajo supuestamente entregadas por el taller.

Agregó que el juez también fundamentó su decisión ponderando la opinión del perito mecánico, quien a su vez efectuó su informe tomando por auténticas aquellas órdenes de trabajo.

Es sabido que la prueba es indispensable y su importancia es fundamental, pues sustrae el derecho del arbitrio de la probabilidad y lo coloca bajo la égida de la certeza (conf. CNCom., Sala B, in re «Roldán, Ángela R. c/ Savaso, Gabriel H s/ sumario», del 26.04.93). Por ello, en principio, y dejando a salvo los casos en los que la ley expresamente previene la inversión del onus probando, quien alega un hecho debe demostrar su existencia (en igual sentido, art. 377 del Cpr).

Así, de acuerdo con el principio contenido en el art. 377 del Cpr., el Sr. González debía demostrar el hecho constitutivo de su pretensión para sustentar de hecho a las normas invocadas al demandar.Sin embargo, resulta preciso señalar que las partes deben asumir en el juicio la carga de colaboración activa concerniente a la prueba que ha de instruirse; sin que ello implique, claro está, desvirtuar la ya mencionada carga que pesa sobre el demandante.

De esa manera, las modernas tendencias probatorias han

aceptado, como línea de principio, que ambas partes deben contribuir a conformar el plexo probatorio, llegándose a sostener que el favor probationis o la «Teoría de las cargas dinámicas» se inclina -más allá de todo elemento presencial- por poner la carga de la acreditación sobre la parte que está en mejores condiciones de hacerlo.

Por último, recuérdese que el sentenciante puede inclinarse por aquellas pruebas que merezcan mayor certidumbre en concordancia con las demás obrantes en la causa, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado (esta Sala, in re: «Belloni Omar Marcelo c. Mazza Turismo- Mazza Hnos. S.A.C.» del 27.05.02; in re: «Abaceta Héctor Luis c. Tonel Antonio A.», del 18.06.96) y que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquéllas que se estimen conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia (CSJN, fallos 307:2216 y precedentes allí citados).

iii) La cuestión debatida en autos gira en torno a supuestos desperfectos que tendría el automóvil adquirido por el Sr. González. Por lo tanto, a fin de resolver la cuestión del sub lite, resulta esencial la opinión del perito mecánico, designado en la causa a efectos de dilucidar las fallas aducidas por el actor.

En el informe de fs.78/79, el experto indicó -entre otras cosas -que el vehículo ingresó al taller de la concesionaria en dos oportunidades (la primera cuando tenía 20km) dado que sufría distintos inconvenientes, entre los que cabe mencionar el defecto vinculado al volante bimasa del embrague y el «chiflido» que provenía del costado derecho cuando el auto alcanzaba los 110 km/h. Asimismo, destacó que los daños mencionados no resultaban normales en una unidad cero kilómetro.

Tras la impugnación interpuesta por Ford Argentina S.C.A. (fs. 346), el auxiliar respondió que él no podía determinar las causas de las fallas; que dicha cuestión debía ser determinada por la impugnante, ya que el auto tenía escasos kilómetros recorridos como para presentar los desperfectos referidos. Finalmente, sostuvo que no creía que los defectos pudieran haber sido provocados por el intenso o mal uso de la unidad y que, evidentemente, existía un vicio oculto en el vehículo (fs. 361).

Cabe precisar, asimismo, que para que las conclusiones emanadas del experto no sean tenidas en cuenta por el juez es menester arrimar evidencias de mayor rigor científico o técnico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas. Ello es así, aun cuando los resultados del dictamen no obliguen a los magistrados en la ponderación de la prueba, pues para prescindir de ella se requiere, cuanto menos, que se le opongan otros elementos no menos convincentes (CSJN, «Pose José c. Provincia de Chubut» del 1/12/1992; íd., «Soregaroli de Saavedra, María Cristina C/ Bossio, Eduardo César y otros» del 13/8/1998; esta Sala, «Vecor Internacional SA c/ Shell Compañía Argentina de Compañía Argentina de Petróleo SA s/ ordinario» del 31/8/2010).

Ahora bien, la recurrente descalificó la prueba técnica porque, principalmente, el dictamen se basa en documentación aportada por el actor -desconocida por su parte-. Así, resulta dirimente analizar la autenticidad de dichos instrumentos.

Del interrogatorio efectuado a Enzo Fabián Mosegue (fs. 305/308), J se desprende que:a) el testigo era empleado de Sudamerican Autos S.A. y trabajaba en la sucursal ubicada en La Paz 1175, Martínez, Pcia. de Buenos Aires; b) había atendido al Sr. González en dicha sucursal y reconocía como de su puño y letra cierta anotación en la Orden de Trabajo N° 4381 (fs. 5); c) la concesionaria tenía una base de datos llamada Bianchi FSB, de donde surgía que el auto del actor había ingresado dos veces al taller y tenía dos órdenes de ingreso abiertas; d) el Sr. Sherer trabajaba como gerente de posventa de Sudamerican Autos S.A.; y e) los empleados de la concesionaria poseen un correo electrónico cuyo dominio es «gruporobayna».

De modo que, contrariamente a lo postulado por la demandada – quien se ciñó a formular genéricas negativas sin mínima colaboración para la dilucidación del conflicto-, es posible concluir que:

La Orden de Trabajo N° 4381 (fs. 5) es auténtica, al menos por cuanto fue arrimada a la causa con anterioridad a la declaración del Sr. Mosegue y se condice con lo declarado por el testigo: lleva el domicilio indicado por el empleado de Sudamerican Autos S.A. como sucursal de la concesionaria y contiene la inscripción reconocida como de su puño y letra.

Las Órdenes de Trabajo N° 407157 (fs. 4) y N° 1992 (fs. 11) resultan auténticas, como mínimo en tanto: presentan análogo formato que la Orden de Trabajo N° 4381 y, en todas, los datos de la concesionaria (razón social, domicil ios, teléfonos, calidad frente a la AFIP, N° de Ingresos Brutos, N° de CUIT, fecha de inicio de actividades) se repiten idénticos. Refuerza esta postura que existe registro en el sistema Bianchi FBS de Sudamerican Autos S.A. en punto a que el auto del actor ingresó al menos dos veces.

Asimismo, exhiben validez a los efectos probatorios los correos electrónicos intercambiados entre las direcciones «gisla@bgh.com.ar» y «german.scherer@gruporobayna.com.ar», por medio de los cuales el Sr. González informó al Sr.Sherer, empleado de la concesionaria, acerca de los desperfectos que detectó en el auto mientras viajaba a San Miguel del Monte con su mujer.

Así pues considero que el desconocimiento de los correos electrónicos efectuado por Ford Argentina S.C.A luce sumamente endeble y que tales mails constituyen un principio de prueba por escrito que debe ponderarse en concordancia con el plexo probatorio obrante en la causa (Conf. CNCom., esta Sala, «Ketra S.R.L. c/ Omda S.A. s/ ordinario» del 13.09.2012).

En esas condiciones estimo que lo desarrollado hasta aquí resulta suficiente para rechazar el agravio de Ford Argentina S.C.A respecto a que el juez resolvió sobre la base de extremos no probados.

Pero hay más.

Exhibe relevancia, asimismo, cuanto surge del manual de la camioneta adjuntado por el actor a fs. 246, tal como le fue requerido por Ford Argentina S.C.A.

nótese también que dicha demandada, por un lado, sostuvo que el presente pleito debía tramitar como juicio ordinario -y no como sumarísimo- dada su complejidad y la necesaria amplitud de debate y prueba (fs. 71/73); pero, por el otro, no aportó la documental que se le requirió a fs. 152 y desconoció la Carta Documento N° 447056961, que se tuvo por auténtica con la contestación de oficio de Correo Argentino (fs. 297/301).

Finalmente, la recurrente impugnó las pericias mecánicas reseñadas, negando simplemente la autenticidad de la documental sobre la que se basó el perito y enfatizando que el auxiliar técnico no podía indicar la causa de los desperfectos; cuando, siendo una reconocida empresa automotriz, podría haber adjuntado un informe técnico, con argumentos científicos, que justificara de qué manera los defectos que posee la Ford Ecosport del Sr. González podrían deberse al mal o intenso uso del propietario.

Como quedó evidenciado, la apelante no colaboró con las probanzas del caso y adoptó una actitud reticente y elusiva.

Tal como resolvió el magistrado de la anterior instancia, considero suficientemente acreditado que: el vehículo del Sr.González posee una falla en el volante bimasa del embrague y otra en el flujo de aire de cabina; que los desperfectos no son propios de un auto cero kilómetro; que todo ello no puede haber sido provocado por el intenso o mal uso de la unidad; y que, evidentemente, existió un vicio oculto en el vehículo.

Consecuentemente, en tanto Ford Argentina S.C.A. fabricó la camioneta del Sr. González y esos defectos generaron un perjuicio al actor, es posible endilgar a la recurrente la responsabilidad reprochada.

Recuérdese que la apelante no sólo es responsable por la ineficiente prestación de la garantía (art. 13 de Ley sobre Defensa del Consumidor) sino también en el supuesto de que se advierta la existencia de un vicio oculto (art. 40 de la norma mencionada); y aquí, en definitiva, quedó demostrado que se verificaron ambas circunstancias.

De modo que la recurrente no sólo fue responsable por la ineficiente prestación del servicio de garantía, sino que también le corresponde atender la demostrada falla subsistente en el automóvil.

Condena a sustituir el vehículo

En el punto III (1 y 3.1) de su expresión de agravios, Ford Argentina S.C.A. postuló que la condena a sustituir el auto al actor resultó excesiva.

Basándose en lo prescripto por el decreto 1798/1994 -en lo que refiere al art. 17 de la ley 24.240-, esgrimió que no resulta aplicable al caso el cambio de la unidad, puesto que: las dos supuestas fallas de la camioneta se pueden reparar y el automóvil fue usado con normalidad durante todo el tiempo.

Por último, solicitó que, de no hacerse lugar a su queja, se aclare que la entrega de un nuevo vehículo debe ser a cambio de la dación de la unidad objeto de autos.

Se equivoca la recurrente al concluir que, en tanto los defectos de la camioneta pueden ser rectificados y el auto continuó en uso, no corresponde el reemplazo de la unidad.

El art.17 de la Ley 24.240 pone en cabeza del consumidor la opción de pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características «en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada». Con mayor especificidad, el decreto 1798/1994, art. 17 in fine, prescribe que: «La sustitución de partes de la cosa podrá ser viable siempre que no se alteren las cualidades generales de la misma y ésta vuelva a ser idónea para el uso al cual está destinada».

En el sub lite quedó comprobado que la camioneta, luego de ingresar en reiteradas oportunidades al taller de la concesionaria, no se reparó satisfactoriamente. Según indicó el perito ingeniero, tras los arreglos, el vehículo continuó con la falla relativa al volante de bimasa y, al circular a partir de los 110km/h, se percibía un ruido correspondiente al flujo de aire que aumentaba con la velocidad.

Por donde puede estimarse aquí configurado el presupuesto fáctico que habilita a que el actor ejerza alguna de las opciones establecidas en el art. 17 de la ley 24.240.

Asimismo, para desvirtuar el argumento de Ford Argentina S.C.A., alcanza con resaltar que un auto que «ha sido construido con los más altos estándares y usando piezas de alta calidad (manual del propietario elaborado por la demandada, fs. 158)», no resulta idóneo para el uso al cual está destinado (decreto 1798/1994, art. 17 in fine) si presenta las deficiencias referidas, luego de haber sido reparado.

Cabe, en conclusión, rechazar el agravio de la apelante en lo que hace al cambio de la unidad.

No obstante, resulta útil mencionar que el actor reclamó «el urgente recambio del vehículo» (fs. 14) y que la solución mencionada supra necesariamente implica que la entrega de una nueva camioneta sea a cambio de la dación del vehículo objeto de autos.Tal es la consecuencia explícita del referido concepto de «reemplazar» (según la definición del Diccionario de la Real Academia Española significa: «sustituir algo por otra cosa») y la que deriva de un elemental sentido de justicia, pues de lo contrario se estaría justificando una suerte de duplicación de la indemnización o un enriquecimiento indebido de la peticionante.

Con este alcance ha de integrarse la decisión de grado (Cpr. 278).

Indemnización

Daño Moral

En la sentencia de grado se condenó a las demandadas a pagar al J actor la suma de $ 15.000 en concepto de daño moral.

El actor consideró insuficiente el monto de condena por ese rubro.

Sostuvo que la suma referida no alcanza siquiera el 3% del valor del auto y que no guarda proporción con el tiempo en que la operación lleva sin resolverse -al menos dos años- ni con el mínimo de colaboración prestado por parte de las demandadas.

Por su parte, Ford Argentina S.C.A solicitó que el rubro sea desestimado íntegramente y, de confirmárselo en alguna medida, se lo reduzca a sus justos límites. Adujo que el reconocimiento del daño moral por incumplimientos contractuales debía interpretarse de manera restrictiva y que en autos no estaban acreditados los padecimientos por parte del actor.

No resulta ocioso recordar que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas; entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad psíquica, los afectos familiares, etc. (conf. CNCom., Sala B, in re: «Katsikaris A. c. La Inmobiliaria Cía. de Seguros s. ordinario», del 12/08/1986). No se reduce al pretiumdoloris, pues involucra todo daño a intereses jurídicos extrapatrimoniales (conf. CNCom., Sala B, in re: «Galán, Teresa c. Transportes Automotores Riachuelo S.A. s. sumario», del 16/03/1999). Se trata de una lesión susceptible de causar lo que una aguda fórmula ha llamado «modificaciones disvaliosas del espíritu» (v.Pizzarro Daniel, «Reflexiones en torno al daño moral y su reparación», JA, del 17/09/1986, especialmente pág. 6 y doctrina allí citada).

Tampoco puede dejar de tenerse en cuenta que el agravio moral debe ser entendido aquí en su doble función, como sanción ejemplar al proceder reprochable y como reparación a quienes padecieran las aflictivas consecuencias de dicho proceder (conf. C.N.Com, Sala C, in re: «López, Carlos c. Banco Roca Coop. Ltda. s/ordinario», del 12/10/1994.; in re: «Rodrigo, Juan Caries y otros c Esso SAP.SA s/ orinario», del 23/03/l»9; in re: Roberto José c. Viajes Futuro S.R.L. s/ sumario, del 28/03/2003; in re: «Albín Gabriel F. y otro c. Club Vacacional S.A. -Rincón Club- y otros s. ordinario», del 20/04/2007).

Sentado ello, diré que de encontrarse decidida su procedencia, la determinación del quantum puede quedar librada al prudente arbitrio judicial (conf., entre otros, CNCom., Sala B, in re: «Albrecht c. Estímulo», del 06/07/1990; «Muzaber c. Automotores y Servicios», del 23/11/1990; ídem. «Kofler c. David Escandarami», del 26/02/1991; ídem, «Villacorta de Varela c. Plan Rombo S.A. de Ahorro», del 15/11/1991; ídem, «Greco c. Círculo de Inversores S.A.», del 10/02/1992).

Cabe señalar, asimismo, el carácter restrictivo que la jurisprudencia asigna a la reparación de esta clase de daño en materia contractual, criterio que tiende esencialmente a excluir de este ámbito las pretensiones insustanciales, basadas en las simples molestias que pueda ocasionar el incumplimiento del contrato (conf. Guillermo A. Borda, «La reforma de 1968 al Cód. Civil», p. 203; Ed. Perrot, Bs. As., 1971). Sin embargo, esa razonable restricción no puede erigirse en un obstáculo insalvabl e para el reconocimiento del agravio moral cuando el reclamo tiene visos de seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antecedentes de la causa (conf. C.N.Com., Sala C, in re: «Giorgetti Héctor R. y otro c. Georgalos Hnos. S.A.I.C.A. s.ordinario», del 30/06/1993; in re: «Miño Olga Beatriz c. Caja de Seguros S.A. s. ordinario», del 29/05/2007).

Es aquí perceptible, a poco que nos emplazamos en la situación del Sr. González, que éste padeció una injuria moral y una afectación de la tranquilidad de espíritu, por las diversas contingencias acaecidas en orden a conseguir que se reparara su auto, lo cual no pudo conseguir.

No debe desdeñarse el sufrimiento anímico de quien, ante la ilusión y la expectativa de disfrutar su camioneta cero kilómetro, se ve obligado a sufrir la incomodidad de los desperfectos técnicos del auto y lidiar con el taller de la concesionaria a fin de resolver defectos del vehículo, que él no ha causado.

Máxime cuando el actor: compró un auto de una reconocida automotriz, que -tal como se refirió- en su propio Manual para Propietario asegura que el automóvil «ha sido construido con los más altos estándares y usando piezas de alta calidad» (fs. 158); se vio obligado a recurrir al taller de la concesionaria al menos en tres oportunidades (días 14.11.13, 22.04.14 y 15.09.14) y no se le proporcionó una solución a su problema; obtuvo una camioneta que posee una falla en el volante bimasa del embrague y otra en el flujo de aire de cabina, que no son propios de un vehículo cero kilómetro.

Ello, sin dudas, superó la frontera de las simples inquietudes o incomodidades, para tornarse en una situación en la cual se causó a la parte accionante un serio disgusto que trasciende las molestias que han de tolerarse en el cotidiano plano contractual.

En consecuencia, considero ajustado a las circunstancias descriptas, elevar el valor calculado por este concepto a la suma de $20.000 (pesos veinte mil) en concepto de daño moral.

Daño Punitivo

En la resolución de fs. 382/392, el magistrado desestimó la aplicación del daño punitivo.

El actor se quejó por cuanto se rechazó tal rubro.Sostuvo que los J presupuestos para admitir el daño punitivo están demostrados en la causa, ya que el incumplimiento de las accionadas: a) debía considerarse doloso o, como mínimo, negligente; b) había representado un beneficio económico para ellas. Sobre este último requisito, agregó que sus dichos en el escrito de demanda sobre los beneficios económicos obtenidos por Ford Motor Company en el último tiempo no habían sido rebatidos en las presentes actuaciones.

Con carácter previo es dable evocar que a mediados de 2008 entró en vigencia en nuestro país la ley 26.361, mediante la cual se incorporaron importantes reformas a la ley de defensa del consumidor (en adelante LDC). Dentro de las reformas más destacables podemos mencionar la incorporación al derecho positivo Argentino de la institución de los daños punitivos.

El art. 52 bis de la LDC textualmente expresa: «Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que corresponda».

Pues bien, ciertamente no se ignora la amplitud y vaguedad del texto en cuanto a las condiciones que deben reunirse para la procedencia de la multa y su alcance (v.gr. «que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales»). Empero, en nuestra doctrina parece haber consenso en afirmar que la aplicación de los daños punitivos se encuentra condicionada a la existencia de una conducta especialmente reprochable y cualquier actuación meramente negligente o culpable no dará lugar a la multa civil J prevista en el art. 52 bis en análisis. Se sostiene que la aplicación del instituto es de carácter excepcional y de naturaleza restrictiva y que solo procede cuando el comportamiento importe un desprecio inadmisible para el (López Herrera, Edgardo, «Los daños punitivos», p.17 y ss., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008).

Los daños punitivos han sido definidos de las más diversas formas, pero todas o la mayoría de las definiciones incluyen los siguientes elementos: (i) suma de dinero otorgada a favor del damnificado por sobre el daño efectivamente sufrido; (ii) se los aplica con la finalidad de castigar al incumplidor y para disuadir al sancionado de continuar con esa conducta o conductas similares, (iii) también son aplicados con la finalidad de prevención general; es decir, para disuadir a otros proveedores que practiquen conductas análogas a la sancionada.

En el caso, el hecho de que se le haya vendido al Sr. González una camioneta cero kilómetro que evidenció sus deficiencias tan sólo un día después de su entrega, poseía las fallas referidas y que luego de que concurriera al taller de la concesionaria en tres ocasiones no se le hayan resuelto los inconvenientes, evidencia una burda negligencia que -como quedó demostrado- provocó un daño al actor y un quebranto de sus derechos.

Así, el incumplimiento de las codemandadas constituye un fundamento suficiente y vigoroso para la aplicación de la multa civil establecida en el art. 52 bis de la LDC.

Se resalta que en el sub lite adquiere especial relevancia la finalidad de prevención general que subyace en esta sanción. Tal como refirió mi distinguido colega, Dr. Rafael F. Barreiro, en las sentencia «Formigli Eduardo c/ Auto Zero S.A. s/ ordinario» del 04.06.2015 -temperamento al que adherí-, resulta necesario evitar que, en lo sucesivo, se comercialicen productos defectuosos que incumplan con los estándares de calidad y que sean inaptos para cumplir con la función a la que están destinados.

Por lo expuesto, considero adecuado hacer lugar a la queja en cuestión y graduar el daño punitivo en la suma de $50.000 (pesos cincuenta mil).

Intereses

Se agravió Ford Argentina S.C.A.por cuanto la sentencia de grado impuso intereses desde el 01.11.2013, oportunidad en la que el juez consideró manifiesta la primera falla del vehículo. Sostuvo que no hay prueba en el proceso que acredite que la primera deficiencia se haya producido en la fecha indicada.

Respecto de este punto, es relevante repetir que, con la contestación de oficio de Correo Argentino agregada a fs. 297/301, se tuvieron por ciertas las Cartas Documento N° 447065975 y N° 447056961, en las cuales el actor notificó a las demandadas que, al 01.11.2013, su vehículo ya padecía desperfectos. Y así, esas comunicaciones bastaron para colocar en mora a la parte demandada (art. 509, segundo párrafo). Cabe agregar que, tal como fue precisado supra, ha sido considerada auténtica la orden de trabajo N° 407157 -de fecha 04.11.2013-.

Ello echa por tierra la queja de la demandada e imponen sin más su rechazo.

Temeridad y malicia

Manifestó Ford Argentina S.C.A. que su pedido de aplicación de la sanción prevista en el Cpr. 45 presentado a fs 289/292, diferido a fs. 360 por el juez para el momento de dictar sentencia, no fue resuelto en el decisorio de fs. 382/392.

Pues bien, la cuestión debe ser atendida en esta oportunidad por el Tribunal ya que, conforme prevé el Cpr. 278, puede «decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios».

El art. 45 invocado otorga a los órganos jurisdiccionales un delicado instrumento que trasciende el mero interés individual de quien ha triunfado en el pleito, y apunta a la mejor administración de justicia, por lo que exige un uso cauto y prudente teniendo en cuenta, en cada caso, el beneficio de la duda (cfr. CNCom., Sala B, in re: «Czernizer Sergio c.Kitanick Miguel», del 23.2.95). Es necesario para su configuración, el empleo desviado y antifuncional de las reglas del proceso; la obstrucción malintencionada al curso de la justicia debe aparecer en consecuencia, como manifiesta y sistemática, no bastando la articulación de pretensiones que no son acogidas o de recursos que se desestiman (conf. CNCom., Sala B, in re: «Ardenas S.A. c. Sahara S.C.A. s. sumario», del 26.6.1995″).

Sin embargo, no considero quepa admitir la pretensión sancionatoria. Efectivamente, para delimitar el alcance de los deberes de lealtad, probidad y buena fe con que deben actuar las partes, no ha de exigírseles total certidumbre en sus articulaciones; como tampoco una interpretación equivocada puede aparejar sin más la aplicación de una multa, pues ello resultaría inconciliable con la garantía constitucional mencionada y la vigencia del principio dispositivo (Conf. esta Sala, 25.2.10, «Leoz Francisca S. s/conc. prev. s/incid. de verificación por Mangiante María Luisa N.)»

A mi modo de ver, las presentación del actor de fs. 253/254, fs. 256 y fs. 259/261 no denotan una actitud vil que se corresponda con las conductas maliciosas o temerarias reprochadas en el Cpr. 45, sino que se encuentran dentro del amplio margen que posee para ejercer su derecho de defensa en juicio.

Así, será desestimado este requerimiento de la recurrente.

5. Excepción de falta de legitimación

Resta expedirme sobre esta arista del recurso -que bajo una estructura clásica habría sido tratada prioritariamente, mas por las circunstancias del sub lite parece adecuado analizar de modo final-.

Se agravió Ford Argentina S.C.A porque el juez encausó como excepción de falta de legitimación pasiva, iura novit curia, cierta defensa que articuló su parte respecto a que habría tenido vínculo contractual con la concesionaria y no con el actor.Todo ello a fin de que se elimine la imputación de costas, ya que nunca interpuso dicha excepción.

Ahora bien, el estudio de la responsabilidad reprochada a la demandada ya ha sido abordado suficientemente en los acápites anteriores, de modo que, en definitiva, este agravio sólo cobrarí a virtualidad a los fines de despejar el cuestionamiento inherente a la imposición de los gastos causídicos.

Estimo que, más allá del nomen iuris que pudiera otorgarse a la defensa articulada por Ford Argentina S.C.A en punto a que no tuvo relación contractual con el actor, lo cierto es que aquí no se ha generado una incidencia -ni siquiera se corrió traslado del planteo- que amerite una diferenciada imposición de costas -tal como hizo el magistrado de grado-. J Es que la brevedad a la que apunta el proceso sumarísimo descarta el tratamiento previo de excepciones (Cpr. 498, inc.2) y, tal como sucedió en oportunidad en que se dictó sentencia definitiva.

De esa manera, no pareciera hallarse justificada una escisión de la imposición de costas.

En definitiva, habida cuenta el progreso sustancial de la demanda promovida y la consecuente calidad de derrotada de las defendidas, corresponderá que sean ellas quienes asuman el pago de los gastos causídicos por virtud del Cpr. 68.

Conclusión

Por los fundamentos precedentemente expuestos, propongo al Acuerdo confirmar sustancialmente la sentencia apelada, con las siguientes modificaciones: a) receptar parcialmente el recurso del actor y, en consecuencia, elevar el monto estimado por daño moral a la suma de $20.000 y condenar al pago de una multa por daño punitivo que se fija en $50.000; y, b) desestimar el recurso de la demandada, con la integración del acápite IV.2.(ii), y modificar la escisión de las costas decidida en la sentencia de grado, que se imponen a las demandadas vencidas (Cpr. 68).

Así voto.

Disidencia parcial de la Dra. Alejandra N. Tevez:

Comparto la solución que propicia mi distinguido colega preopinante.

Disiento simplemente en un aspecto meramente conceptual:el referido a que el daño moral debe ser entendido en una doble función (como sanción ejemplar al proceder reprochable y reparación a quienes padecieran las aflictivas consecuencias de dicho proceder).

En efecto, tal como precisé en varios votos en esta Sala F -el 4.05.10 en la causa «Cantero Delia Noemi c/ Berkley International Seguros S.A. s/ Ordinario» (expte nro. 21531/2003), el 19.06.12 en autos «Moretti Ricardo Nicolás y otro c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario» (expte. n° 43840/2009), el 07.4.15 en la causa «Fernández Blanco Guillermo c/ Volkswagen Argentina S.A. y otros s/ Ordinario» (expte. nro. 41154/2007), y el 24.09.15 en autos «García Guillermo Enrique c/ Bankboston N.A. y otros s/ Sumarísimo» (expte. nro. 23865/2011), entre muchos otros-, juzgo que el daño moral tiene carácter exclusivamente resarcitorio.

Me explico.

Sabido es que el resarcimiento de los daños puede llevarse a cabo:

con una reparación «in natura», en la que se reestablece materialmente el estado de las cosas que existía antes del acto ilícito; o ii) con una reparación pecuniaria, en la que se compensa el menoscabo sufrido por medio de su equivalente en dinero.

El art. 1083 del CCiv, establece que «el resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero. También podrá el damnificado optar por la indemnización en dinero».

Así, siendo imposible la reposición de las cosas a su estado anterior, la reparación siempre se traducirá en una obligación de dar sumas de dinero, con el objetivo de que el patrimonio de la víctima sea reestablecido cuantitativamente en sus valores menoscabados. De ese modo, ha de quedar eliminada la diferencia que existe entre la situación actual del patrimonio y aquella que habría existido de no suceder el acto ilícito.Esta diferencia constituye, en principio, el daño resarcible (Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1952, p. 143).

La regla general en materia de reparación es que el responsable debe resarcir todo el daño causado por su acto ilícito, sin que tenga carácter de pena, sino de indemnización. Tal postura surge de los artículos 1068, 1069, 1077, 1079, 1082 y 1109 del CCiv.

En este sentido, no veo que la reparación a las «modificaciones disvaliosas del espíritu» (Pizarro, Daniel, «Reflexiones en torno al daño moral y su reparación», J.A., 17.09.86) presente características particulares respecto a los restantes perjuicios indemnizables que ameriten apartarse del principio general de nuestro Código Civil.

Acótese que la ley al referirse el daño en cuestión, siempre habla de reparación (conf. arts. 522, 1077, 1078, 1079, 1081, 1109, 1110 CCiv.) y nunca de pena o sanción (v. en tal sentido, «Orgaz, Alfredo, «El daño moral: ¿Pena o reparación?, ED 79-857).

Cierto es que, antiguamente, este perjuicio fue entendido como una pena civil mediante la cual se reprobaba ejemplarmente la falta reprochable al ofensor -vigente el art. 1078 del CCiv. en su antigua redacción, que condicionaba la procedencia de la indemnización a que «el hecho fuese un delito del derecho criminal»-. La finalidad punitiva surgía manifiesta en tal recaudo, inexistente tras la reforma de la ley 17.711, razón por la cual la reparación del daño moral procede en toda clase de ilícitos, lo que importa de suyo restarle calidad ejemplar o de castigo.

En síntesis, en mi parecer la indemnización del daño moral tiene carácter exclusivamente resarcitorio. Este criterio, por lo demás, es el que ha seguido en reiteradas oportunidades nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 184:52; 311:1018; 316:2894; 318:1598 ; 321:1117 ; 325:1156 ; 326:847 ; 327:5991 ; 328:4175 ; 329:2688 ; 329:3403 ; 329:4944 ; 330:563 ; etc.).

perspectivas: i) si se advierte la procedencia de otorgar en forma independiente a los daños que revisten estricta naturaleza reparatoria, otros montos económicos que solo tienen por objeto sancionar la conducta del responsable (tal el caso de los «daños punitivos» del art. 52 bis ley 24.240); y el Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde el 1ro. de agosto de 2015 establece expresamente que la responsabilidad civil tiene dos funciones: preventiva y resarcitoria (conf. arg. art. 1710 y art. 1716).

De allí que la antigua discusión que giraba en torno a si la responsabilidad civil debía tener, o no, un componente punitivo, debe entenderse superada (conf. Vázquez Ferreyra Roberto A., «Aspectos generales de la responsabilidad civil en el nuevo Código de derecho privado», RCyS 2015-II, 5).

Con tal salvedad, adhiero -como anticipé- al voto que abrió este Acuerdo.

Por análogas razones a las expuestas por el doctor Ojea Quintana, el doctor Rafael F. Barreiro adhiere a su voto.

Con lo que terminó el Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara doctores:

Rafael F. Barreiro siguen las firmas

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016

Vistos:

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: confirmar sustancialmente la sentencia apelada, con las siguientes modificaciones: a) receptar parcialmente el recurso del actor y, en consecuencia, elevar el monto estimado por daño moral a la suma de

$20.000 y condenar al pago de una multa por daño punitivo que se fija en $50.000; y, b) desestimar el recurso de la demandada, con la integración del acápite IV.2.(ii), y modificar la escisión de las costas decidida en la sentencia de grado, que se imponen a las demandadas vencidas (Cpr. 68).

Notifíquese (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n°

15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Rafael F. Barreiro

Alejandra N. Tevez (en disidencia parcial)

A %d blogueros les gusta esto: