Condena impuesta a una empresa de medicina prepaga para que brinde cobertura de las prestaciones médicas requeridas por un menor de edad discapacitado

menor-discapacitadoPartes: C. P. J. y A. M. C. c/ OMINT y/o CS SALUD S.A. s/ amparo

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 23-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-101365-AR | MJJ101365 | MJJ101365
Sumario:
1.-Es procedente condenar a la empresa de medicina prepaga a brindar cobertura total de las prestaciones médicas, medicamentos, drogas, insumos, estudios y todo otro tipo de gastos que se generen a raíz de la enfermedad que padece un menor de edad discapacitado, sanatoriales, quirúrgicos, traslados y/o todo el resto de las prácticas que sean recetadas por los médicos tratantes, pues aún cuando las prestaciones requeridas no estén comprendidas en el Programa Médico Obligatorio o excedan lo pertinente respecto la patología discapacitante, ello no es motivo suficiente para eximir a la demandada de dar cobertura.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Beatriz A. Abele, Lorenzo J. M. Macagno y Alejandro A. Román, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 38 – Año 2.016 – C., P. J. y A., M. C. c/ “OMINT” y/o “CS SALUD S.A.” s/AMPARO”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primera, Dra. Beatriz A. Abele; segundo, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; tercero, Dr. Alejandro A. Román.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es justa la sentencia apelada?

2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

La Jueza de Primera Instancia hace lugar a la demanda de amparo interpuesta por los señores P. J. C. y M. C. A., por derecho propio y en nombre y representación de la hija menor de ambos llamada P.CH. contra la empresa de medicina prepaga “OMINT y/o CS SALUD S.A.”, tendiente a obtener de la demandada, a favor de la niña, la cobertura total (100%) de las prestaciones médicas, medicamentos, drogas, insumos, estudios y todo otro tipo de gastos que se genere a raíz de la enfermedad de la menor, sanatoriales, quirúrgicos, traslados a ciudades como Rosario o Santa Fe, y/o todo el resto de las prácticas que sean recetadas por los médicos tratantes en relación con la enfermedad que la niña padece. Impone las costas a la demandada. Regula los honorarios profesionales de los abogados actuantes (fs.351 a 370).

En los considerandos de la sentencia se analizan las legitimaciones pasiva y activa, y se pasa luego al estudio de la cuestión de la admisibilidad del recurso.

A dicho fin examina y desarrolla el contenido del Art. 43 de la C.N., del cual extrae los requisitos de admisibilidad, y con cita de jurisprudencia de la Corte Provincial recuerda que ésta postula una “selección inteligente”, por lo que considera que debe partir del derecho cuya protección se pretende y luego analizar el que entra en colisión con el mismo.

Manifiesta que los actores reclaman un acto jurisdiccional, precisamente por considerar que se transgreden derechos constitucionales, dentro de ellos el derecho a la salud, originado por un acto emanado de la demandada, fundado en ilegalidad y arbitrariedad.

Agrega que por la presente acción, los amparistas reclaman la asistencia que imperiosamente necesita su hija, quien padece una grave enfermedad desde su nacimiento -síndrome de Apert y coartación de aorta corregida-, lo que motivó que en fecha 06/02/2.013 se le expidiera el certificado de discapacidad.

Cuenta que dicha enfermedad genera dificultades motrices, cardíacas, respiratorias, en el habla, en el desarrollo óseo, en su alimentación y, en general, en su vida en relación.

Especifica que la cobertura que se reclama es la diagnosticada por el equipo médico tratante de la menor, principalmente por sus médicos de cabecera y de internación domiciliaria, Dres. Carlos Ferreyra y Daniel Manfort, quienes son los que la asisten constantemente y hacen las derivaciones pertinentes.

Aclara que entre las prestaciones solicitadas, y que ya enumerara ut-supra, constan los traslados a ciudades como Rosario y Santa Fe, a lo que hay que agregar los gastos que demanda la estadía porque la familia debe habitar en cada oportunidad en departamentos o inmuebles similares, ya que en los hoteles no se permite la entrada de personas extrañas para la atención de la menor.Solicitan también que las erogaciones incluyan los gastos del acompañante según consta en el certificado de discapacidad.

Se explica que la enfermedad que padece P.CH. es crónica y compleja, y resulta dificultoso individualizar en este momento la totalidad de los tratamientos que P.CH. vaya necesitando. Agrega que conforme con la normativa protectoria de las personas con discapacidad se deberán satisfacer por parte de la demandada la totalidad de las prestaciones que en cada momento dispongan los galenos tratantes de la menor, sin limitaciones cuantitativas ni temporales algunas. En cuanto a las prestaciones médicas aclara que serán las que prescriban actualmente y/o en el futuro los galenos encargados de la menor y que se inscriban dentro del marco de los prescripto por las Leyes Nacionales 24.091, 22.431 y 24.754 y Ley Provincial 9.325 y cc.

Dice que los amparistas agregan que “Omint” no tiene delegación en esta ciudad, razón por la cual deben gestionar el reintegro de las prestaciones que abonan a través de pedidos telefónicos o correos electrónicos que implican un despliegue de esfuerzos y tiempos completamente irrisorios e irrazonables.

En segundo lugar, también reclaman el reembolso de todos y cada uno de los gastos que la familia ya ha efectuado de su propio peculio y también de aquéllos que deba erogar mientras dure la tramitación de este proceso. Dice que ambas prestaciones se formulan bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias hasta el efectivo cumplimiento, haciendo una estimación de la multa diaria. Al respecto dice que en el presente proceso se pueden reclamar los originados durante el mismo y no lo que fueran anteriores, ya que el pedido de devolución debe hacerse por otra vía.

A continuación hace una reseña de las pruebas aportadas a autos, siendo todas las nombradas provenientes de prueba documental emanada de profesionales de la salud en distintas especialidades que atienden a la niña a los fines de su rehabilitación y mejora de la calidad de vida.Igualmente reitera que la enfermedad que presenta es congénita y crónica.

Luego analiza la legislación aplicable al tema central acá tratado: derecho a la salud y a la vida, mencionando las C.N. y C.P., y los tratados y pactos internacionales pertinentes.

Luego de ello, afirma que la acción de amparo es idónea para lograr el objetivo perseguido, que se ha probado la enfermedad de la menor y que corresponde que la accionada cubra en forma directa el 100% de las prestaciones médicas, drogas, insumos, estudios y todo tipo de gastos que se originen en prescripciones de los médicos tratantes.

Recuerda que la Ley 24.754 hace referencia a que las entidades de salud que prestan servicios de medicina prepaga quedan obligadas a la cobertura médico asistencial de las prestaciones predispuestas para las obras sociales por las Leyes 23.660 y 23.661.

Asegura que P.CH. es una persona con discapacidad en los términos del Art. 9 de la Ley 24.901, y cita los derechos que le asisten enumerando los Arts. 11 y 12 de la misma Ley, los que transcribe.

Expresa que los médicos que actualmente atienden a P.CH., lo vienen haciendo desde su nacimiento, por lo que entiende que corresponde hacer lugar al pedido de los padres en tal sentido, sin importar si los mismos figuran en la lista de la obra social.

Cita jurisprudencia.

Por último considera conveniente fijar astreintes equivalentes a la suma de $ 500 diarios para el supuesto de que la accionada incumpla con lo indicado en el fallo que acá analizo y hasta el efectivo pago.

Contra dicho fallo apela la parte accionada (fs. 373 a 385 vto.). En dicho escrito dice agraviarse porque:

a) No existió arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de su parte, lo que torna improcedente el amparo. Para sostener este agravio asegura que su parte nunca negó las prestaciones solicitadas, sino que ofreció cubrirlas dentro del marco contractual y normativo. Asegura que su comportamiento no ha sido arbitrario y que se ajustó a derecho.Agrega que no surge de autos negativa alguna por su parte de dar las prestaciones que la menor necesita. Luego realiza una consideración teórica de los conceptos de legalidad y arbitrariedad. Cita la Ley 24.901 y la C.N., más específicamente el Art. 19 in fine.

b) La A-quo ordena a su parte la cobertura conforme sea “prescripto por los médicos tratantes”. Asegura que esta obligación así como se les impone torna imposible su cumplimiento para CS SALUD por no poder planear la cobertura que se vayan requiriendo. Afirma que si bien la menor tiene la cobertura prevista en la Ley 24.901, la misma debe efectuarse en un marco de razonabilidad y conforme a la reglamentación dictada por la autoridad de aplicación. Añade que el PMO y la propia ley de discapacidad indican que la cobertura a prestar es respecto de la patología discapacitante y no de cualquier enfermedad que presente un discapacitado, y sostiene que los términos genéricos de la sentencia pueden perjudicar el propio cumplimiento de la misma, puesto que debería existir un plan de tratamiento que le permita prever qué prestaciones corresponden sean cubiertas a la menor. Menciona las Leyes 24.754; 23.660; 23.661 y 24.455, y las resoluciones 201/02 del Ministerio de Salud y por las Resoluciones 310/04 y 500/04, las cuales según su versión prevén taxativamente los medicamentos que deben ser cubiertos por los agentes de salud y en cada caso, el porcentaje.

c) Obliga CS SALUD a brindar prestaciones con prestadores ajenos a la cartilla médica. Argumenta que su parte y la amparista están comprendidos en un “Plan Cerrado” por lo que ésta debe aceptar la atención de los médicos incluidos en la cartilla de la prepaga, y no puede elegir a su voluntad los profesionales de la salud que necesita para su atención.Dice que esta decisión produce una crisis en el sistema de la medicina prepaga.

d) Se excluye la ampliación del sistema de reintegros, lo que asegura viola a todas luces los términos del contrato. Asegura que contratar con un prestador ajeno a la cartilla implica violentar el derecho constitucional de la accionada a ejercer industria lícita y de contratar libremente (punto III.d, fs. 380 vto. y 381).

e) La demandada n o es la garante del derecho a la salud de la accionante y su grupo familiar. Sin desconocer el carácter a la salud de la menor y su familia, sostiene que no es su parte quien debe garantizar este derecho indudablemente constitucional. Concluye que es el Estado quien debe ser garante de ello, y no su parte que es una empresa privada, una sociedad anónima.

f) Impone astreintes sin que haya existido incumplimiento alguno de su parte. Se agravia porque dice que se han determinado de antemano la aplicación de sanciones conminatorias, no obstante no existir incumplimiento de su parte.

Hace reserva del caso federal y solicita se revoque la sentencia por ser contraria a derecho.

Ya radicados ante este Tribunal, los presentes autos, la Asesora de Menores contesta la vista apoyando los argumentos exhibidos en la sentencia y postulando su confirmación (fs. 397).

Ingreso al tratamiento del recurso planteado, aclarando que comparto los argumentos del fallo y la solución dada al conflicto.

En el presente caso debe resolverse una cuestión cuya base fáctica es una enfermedad congénita y crónica que padece la menor P.CH., que la incapacita severamente al punto que se le fue otorgado el Certificado de Incapacidad a los siete meses de vida (certificado a fs. 9 y partida de nacimiento a fs. 10).

Entiendo que los derechos en conflicto son los de la salud, la vida y la calidad de vida de la menor y su grupo familiar, por un lado; y por el otro, los derechos a ejercer industria lícita y contratar libremente de la demandada. Si bien es verdad que la C.N.no da mayor importancia a unos derechos que a otros, un simple razonamiento basado en el sentido común, permite asegurar que alguno de ello, como los derechos personalísimos, se hacen acreedores a una mayor protección porque hace a la integralidad de la persona humana y es ésta indudablemente el centro de imputación de derechos y deberes.

El reclamo en autos refiere a la atención de la salud, lo que redunda en la vida y calidad de vida de una menor de edad, que padece una muy grave enfermedad. Por dicha razón es que comenzaré por mencionar y remarcar la normativa que rige estos casos.

Es indudable que el tema se ubica en el ámbito de los derechos humanos.

El derecho a la salud -de ahora en adelante, cuando hablo de derecho a la salud incluyo el derecho a la integridad física, a la vida y a la calidad de vida-, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (Art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional), entre ellos el Art. 12 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Arts. 4 y 5 inc. 1° de la Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- y el Art. 6 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos extensivo no solo de la salud individual sino también de la colectiva.

Es oportuno destacar, como lo adelantara, que el derecho a la salud, se encuentra íntimamente vinculado con el derecho a la vida digna, reconocido por nuestra Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales de jerarquía supranacional (Art. 75, inc.22 C.N.). “El hombre es la razón de todo el sistema jurídico; y que, en tanto fin en sí mismo -más allá de la naturaleza trascendente-, su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes tienen siempre un carácter instrumental” (CSJN, Fallos 329:4918, 323:3229).

En sintonía con esta noción, el Más Alto Tribunal ha sostenido invariablemente que el derecho a la vida constituye un primer derecho natural de la persona, preexistente a toda legislación positiva (Fallos: 302:1284, 312:1953, 323:1339; 324:754 entre otros). Es un bien esencial en sí mismo, garantizado tanto por la Constitución de la Nación como por diversos tratados de derechos humanos (entre ellos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Art. 12.1-; Convención Americana sobre Derechos Humanos -Arts. 4.1 y 5.1-; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Art. 6.1; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -Art. 1-; Declaración Universal de Derechos Humanos -Art. 3-; Convención de los Derechos del Niño -Art. 24, apartado 1; ley 23.849-; Art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna; (Fallos:329:1226 y 2552; 326:4931; 325:292; 323:1339). Esa doctrina enseña que la inviolabilidad de la vida del ser humano incorporada expresamente al bloque constitucional a partir de 1994-, más que un derecho no enumerado en los términos del Art. 33 de nuestra Carta Magna, fue siempre un atributo implícito por lo imprescindible, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos explícitamente, requieren necesariamente de él.

Al propio tiempo, advierte que el derecho a la salud -particularmente cuando se trata de enfermedades graves-, está íntimamente relacionado con aquél otro que lo sustenta, así como con el principio de autonomía personal, desde que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida (Fallos: 329:1638 y 331:453 -este último, cita online:AR/JUR/914/2008-). Es en este orden de ideas, que el contenido material del derecho a la salud, el derecho a la vida, el bien humano básico de la vida, reclama ser respetado, y protegido.

Delimitada, entonces, la órbita en la cual se encuadra la presente acción, y a fin de resolver el fondo de la misma, paso a analizar los agravios de la accionada.

El primer agravio, referido a la invocada inexistencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta no ha sido suficientemente fundada, porque se argumentó en forma genérica sin identificar el error concreto cometido por la A-quo. Sin perjuicio de ello, todo el plexo normativo que mencioné anteriormente, ya sea nacional o internacional, y la jurisprudencia citada, demuestran que si la amparada no ha cumplido con las disposiciones legales, constitucionales y convencionales y no habiendo dado una explicación atendible a su decisión, está claro que su conducta ha sido ilegal y arbitraria.

Resulta necesario recordar que la jerarquía de las normas deben respetarse, y cuando colisionan dos normas debe prevalecer la de mayor rango. Esto lo digo porque en el fallo en crisis se ha desmenuzado toda la normativa aplicable al caso, ya sea la de rango constitucional como la convencional (C.N. y convenciones y tratados internacionales) para dar sustento legal a la decisión; y contra ello, la parte demandada enarbola el reglamento interno y el contrato suscripto por las partes -el que recordemos, de paso, es de adhesión-. Ante una contradicción, nunca esta última puede prevalecer sobre las de naturaleza superior en el esquema normativo. En virtud de dichos tratados la normativa interna debe adaptase a los lineamientos que los mismos contienen. Viene al caso recordar que en todos ellos, el hombre es el centro de especial tutela en todos los aspectos de su vida, y los niños reciben una protección aún mayor. Esto es tan así, que todos los convenios internacionales obligan a los países miembros a extremar todas las medidas y llevar adelante todas las acciones necesarias para concretar dichos fines.En el caso que acá nos ocupa, está en juego la atención de la salud de una menor de edad. No puede oponerse un reglamento interno para negar las prestaciones que la enferma necesita (del propio archivo: “Bauducco Cuffia, Daniela M. c/ “I.A.P.O.S. RAFAELA” s/ Ordinario”; 03/09/2.015; Res. N° 180 – T. 25). “El régimen legal contemplado en el art. 1 de la ley 24.754 es de orden público, en tanto remite a normas y principios constitucionales de prioritaria trascendencia para la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional al establecer la prestación médica obligatoria que involucra tanto a las obras sociales como a las prestadoras privadas de servicios médicos. La menor tiene derecho al `disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios del tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación.´ -art. 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño-, y así a la cobertura integral …” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; “A.G.M. c/ OSDE s/ Sumarísimo”, Sala III, 18-jun-2009, http://www.microjuris.com.ar).

Agravia a la parte demandada que se le ordene la cobertura del 100% de todas las prestaciones y tratamientos que indiquen los médicos de cabecera. En el caso, los galenos tratantes que la vienen atendiendo desde el nacimiento. Es un derecho que le asiste a la menor.

La quejosa alega que la cobertura debe hacerse en un marco de razonabilidad, que deberá ser íntegra siempre y cuando las prestaciones y atenciones requeridas lo sean en torno a la patología discapacitante que presenta P.CH. Ya lo insinué anteriormente y lo reafirmo ahora: aún cuando las prestaciones requeridas por un discapacitado, como la menor cuya situación acá se analiza, no estén comprendidas en el Programa Médico Obligatorio o excedan lo pertinente respecto la patología discapacitante del niño no resulta, en mi opinión, motivo suficiente para eximir a la demandada de dar cobertura a los tratamientos solicitados.El listado de prestaciones debe tomarse como un piso, o sea un mínimo, porque de lo contrario, vía reglamentación o norma legal interna de rango menor se estaría violando normas constitucionales y convencionales, lo que resulta a todas luces contrario a las básicas normas de derecho.

“Dicho piso puede y debe “ampliarse cuando en el caso concreto, como el aquí analizado, se encuentra comprometido el derecho a la salud, entendido en su sentido amplio, en virtud de la supremacía constitucional consagrada en el art. 31 … En tal sentido, comparto el criterio de considerar que las empresas de medicina privada no deben prescindir también de la función social que tiene el contrato de medicina prepaga en virtud de la entidad de los bienes en juego, como son los relacionados con la salud y la vida de las personas, protegidos tanto por nuestra Ley Fundame ntal como por los tratados internacionales como se reseñó en párrafos anteriores (cfr. CS in re “Etcheverry, Roberto Eduardo c. Omint Sociedad Anónima y Servicios”, E. 34. XXXV, Recurso de Hecho, del 13.03.2001, dictamen del Procurador General al que adhirió el Tribunal, publicado en Fallos 324:677)” (Archico propio: “CATINOT, Juan José y BALESTRO, Fabiana Soledad c/ “OMINT” s/ Amparo”; T.2 – Ros. 194; 09/08/2.013). En igual sentido: C. Nac. Ap. en lo Civil y Comercial Federal; “A.G.M. c/ OSDE s/ Sumarísimo”, Sala III, 18-jun-2009, http://www.microjuris.com.ar. Este último Tribunal en la causa citada también dijo que el Art. 1 de la Ley 24.754 es de orden público (conf. CNCiv., Sala “C”, causa “T., J.M. c/ Nubial SA s/ amparo”, del 14-10-97, Jurisprudencia Argentina, 1998-II-430), en tanto remite a normas y principios constitucionales de prioritaria trascendencia para la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional al establecer la prestación médica obligatoria y que involucra tanto a las obras sociales como a las prestadoras privadas de servicios médicos (conf.CSJN, causa “Wraage, Rolando Bernardo c/ Omint SA s/ amparo”, del 16-9-03).

En cuanto al supuesto perjuicio que esta decisión jurisdiccional ocasionaría a la prepaga, no deja de ser una afirmación sin sustento en el elemento probatorio alguno arrimado a la causa. Aunque resulte reiterativo, no puedo dejar de recordar que nunca un contrato entre partes puede contradecir normas constitucionales y convencionales de orden público y relacionadas directamente con los derechos humanos.

Sin perjuicio de ello, la empresa demandada no puede ignorar que, dada la naturaleza del servicio que presta, contiene una suerte de compromiso social implícito que, como tal e incluso más allá de cualquier ecuación económico-financiera, resulta ser tan ineludible como la propia ley o el contrato. Aquí está en juego un derecho de que es objeto de tutela superior (salud-vida-integridad-calidad de vida) a los de naturaleza económica. Y porque las prepagas tienen un compromiso social con sus prestatarios que va mucho más allá de consideraciones económicas, y, con las mismas razones, en relación a los profesionales que ayuden a los médicos de cabecera a realizar sus indicaciones médicas. No desconozco que la demandada es una empresa que tiene una actividad comercial. Pero, también, entre sus fines se tiende a proteger las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, por las que se adquiere -reitero- un compromiso social con sus usuarios (cfr. criterio CNCiv., Sala L, “M., J.A. c. Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica”, del 21.11.2003, en LA LEY, cita Online AR/JUR/4292/2003 y La Ley 2004-B, 980).

Por otro lado, corresponde remarcar que el contrato que regula la prestación del servicio de medicina prepaga es un contrato de consumo, por lo que queda comprendido dentro del marco regulatorio específico, con todo la estructura propia de principios y disposiciones contenidas en el estatuto del consumidor (Art.42, C.N., Ley 24.240 y complementarias y concordantes). En relación al agravio referido a supuestos tiempos que pueden resultar de cumplimiento imposible para su parte, además de no aclarar en qué sentido se verían en esa situación invocada como insuperable, no propone ningún método que incluya plazos de comunicación para tornar posible estas prestaciones vitales y, por lo tanto, indispensables.

El agravio referido a la exclusión del sistema de reintegros no puede ser receptado, porque dada la cantidad y continuidad de los tratamientos y provisión de medicamentos, insumos, drogas, etc., más traslados fuera de la ciudad, resultan considerablemente onerosos para un grupo familiar de clase media y baja. Y no se condice con la protección de la salud y la vida, poner por delante de estos derechos una cuestión de organización económica.

Por último, la accionada plantea su cuestionamiento respecto a que la sentencia se dictó bajo apercibimiento de sanciones conminatorias, cuando su parte no ha incumplido con su obligación. Este agravio corre la misma suerte que el anterior, porque tratándose de un amparo, aún cuando la sentencia haya sido apelada, el efecto del recurso es devolutivo (Art. 10, Ley 10.456); en otros términos, la decisión de un Juez dictada en un proceso de amparo se debe cumplir, más cuando en la propia sentencia se lo apercibió debidamente de las sanciones conminatorias que sufriría en caso de incumplimiento.

Para concluir, entiendo oportuno recordar que la Convención de los Derechos del Niño (Ley 23.849) establece en su Art. 24, apartado 1, que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de un derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.

Con lo expresado todos los agravios han sido analizados y en base a ello es que voto por la afirmativa.

A esta primera cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Alejandro A. Román dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones a que arribara la Jueza de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la segunda cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

Que como consecuencia del estudio precedente sugiero a mis colegas se dicte la siguiente resolución: 1) Rechazar el recurso de apelación opuesto por la parte demandada, con costas. 2) Confirmar la sentencia venida a revisión. 3) Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

A la misma cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Alejandro A. Román dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por la Jueza de Cámara Dra. Beatriz A. Abele, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE

APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación opuesto por la parte demandada, con costas. 2) Confirmar la sentencia venida a revisión. 3) Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen. Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Alejandro A. Román

Juez de Cámara