Se condena a entidad financiera para que restituya el saldo insoluto de un depósito efectuado en moneda extranjera y alcanzado por las normas de emergencia económica

dolaresPartes: Puch Miguel Ángel c/ Banco Santander Río S.A. s/ ordinario por cobro de pesos

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

Sala/Juzgado: Civil y Comercial y de Familia

Fecha: 30-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100854-AR | MJJ100854 | MJJ100854
Sumario:

1.-Debe condenarse al banco demandado a abonar al actor las sumas de dinero pesificadas correspondientes al saldo insoluto de un depósito efectuado en moneda extranjera que fue parcialmente restituido en el marco de una acción de amparo, más intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que cobra el Banco de la Nación Argentina desde la mora y hasta el efectivo pago pues, aún cuando la situación planteada se debió a un hecho del príncipe, atento la gravedad institucional que generó el dictado de las normas de emergencia con el consiguiente desorden del sistema financiero, la legitimidad del actor deviene indiscutible en la protección a su derecho de propiedad.

Fallo:

San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, la Sala I -Civil y Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, integrada por los Dres. Sergio Marcelo Jenefes, Beatriz Elizabeth Altamirano y Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº CF-12.090/15, caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en B-249.456/2011 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 5) Ordinario por Cobro de Pesos: Puch Miguel Ángel c/ Banco Santander Río S.A.”

El Dr. Jenefes dijo:

La Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial en sentencia de fecha 29 de julio del 2015 resolvió, en lo que aquí interesa, hacer lugar a la demanda ordinaria por cobro de pesos deducida por Miguel Ángel Puch en contra del Banco Santander Río S.A. condenando al demandado a pagar al actor en el término de diez días, la suma de $98.924,56, con más intereses conforme tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que cobra el Banco de la Nación Argentina desde la mora (02/06/2008) y hasta el efectivo pago. Impuso costas a la vencida y reguló honorarios profesionales.

Para así resolver consideró, que el Sr. Miguel Ángel Puch era titular de cuatro depósitos a plazos fijos en el Banco Río de la Plata S.A. (hoy Banco Santander Río S.A.) por la suma de U$S 29.063 cada uno de ellos. Que cuando quiso disponer de tales fondos, la entidad bancaria no se los devolvió invocando normas de emergencia económica dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. Por ello el actor interpuso el 01/03/2002 una Acción de Amparo que tramitó por Expte. N° 38/02:”Puch, Miguel Ángel c/ Poder Ejecutivo Nacional por Acción de Amparo y Medida Cautelar” en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de la Provincia de Jujuy donde, luego de superar todas las instancias procesales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 17/07/2007, sostuvo que las cuestiones planteadas en el caso -entre muchos otros que fueron acumulados- eran sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas en la causa conocida como “Massa” (“Massa, Juan Agustín c/Poder Ejecutivo Nacional”), haciendo remisión a sus fundamentos y conclusiones, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto las sentencias apeladas.

Agregó la sala sentenciante, que con fundamento en dicha sentencia de la C.S.J.N., el actor remitió al Banco demandado una nota por la cual requería el reintegro de los aludidos depósitos a plazos fijos en la relación de $1,40 por cada dólar estadounidense, ajustados por el CER desde la fecha de vencimiento de los correspondientes certificados (03/05/2002) y hasta el momento de su pago, con más los intereses a la tasa del 4% anual -no capitalizables-, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente acción judicial para obtener el cobro de tal acreencia.

A continuación y previa intimación del juez de la causa, el Banco se presentó en ese proceso dejando en claro que no fue parte del mismo (en cuanto tramitó exclusivamente en contra del Estado Nacional) depositando a la orden del Juzgado la suma de $359.648,99 cantidad, que sumada a los $11.284,44 ya depositados en la cuenta Nº 150-231470/5 a disponibilidad del actor (“supercuenta”), totalizaba la suma global de $370.933,43 que debía tomarse como pago total, cancelatorio y definitivo del crédito que le corresponde al Sr. Puch (fs.146/147).

Agregó el a quo, que de la manifestación del Banco se corrió vista al actor quien, sin perjuicio de esgrimir que tal pago no era cancelatorio porque no cumplía con los lineamientos sentados por la C.S.J.N., solicitó orden de pago por los $359.648,99 como un pago a cuenta (fs. 149/150). Con posterioridad el Juzgado resolvió desestimar la planilla de liquidación que había presentado la entidad bancaria y aprobó la del actor, que ascendía a $448.225,96 calculada al 02/06/2008, con lo que ordenó al Banco pagar el saldo insoluto (fs. 164/165 vta.).

Continuó relatando la Sala sentenciante que, en contra de esta resolución, el Banco apeló a la Cámara Federal de Apelaciones quien hizo lugar al recurso y revocó el proveído cuestionado; finalizando allí el proceso de amparo.

Ponderó el a quo, que dicha Cámara, con fundamento en la falta de intervención del Banco en el proceso, determinó que las sentencias dictadas sólo tenían el carácter de declarativas y, al haber cobrado el actor la suma depositada por el demandado, cualquier diferencia que considerara que se le adeudaba, la debía hacer valer en un proceso que iniciara en contra de la entidad bancaria; y por ello -justamente- se promovió la demanda ordinaria por cobro de pesos.

A continuación para resolver aclaró dos cuestiones: la primera, que la sentencia dictada por la C.S.J.N. en el proceso del amparo, no fijó lineamientos distintos a los establecidos en su oportunidad en el caso “Massa”; y la segunda, que la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta no revocó la providencia que aquejaba al Banco, por cuestiones numéricas o de equivalencias en las respectivas cotizaciones del dólar sino que lo hizo por el simple hecho de que tal entidad, no había sido parte del proceso; es decir:por una cuestión netamente formal.

Ponderó que el Banco demandado realizó un pago parcial el día 02/06/2008 y que el actor lo recibió a cuenta de mayor cantidad (fs. 158 del expte. del amparo). Que la entidad bancaria procedió (casi ocho meses después que el actor le requiriera por nota) al reintegro de los fondos en función de lo decidido por la C.S.J.N., a dar cumplimiento con lo resuelto por el Máximo Tribunal depositando $359.648,99 en el expediente del Fuero federal; monto que consideraba adeudar por aplicación del mencionado Fallo “Massa”.

Evaluó que el actor se vió obligado a deducir el presente proceso por cobro de pesos tendiente a lograr la restitución forzada de los fondos que le pertenecen (saldo insoluto) toda vez que, el pronunciamiento de la C.S.J.N. tiene efectos meramente declarativos y no ejecutorios.

Entendió el a quo que no obstante que el Banco no fue parte en el proceso, la Corte Suprema de Justicia declaró el derecho del actor a obtener de la entidad el reintegro de sus depósitos y ante la indiferencia del Banco, lo obligó a demandar.

Resolvió por ello que existió legitimidad y derecho por parte del actor en la promoción de la demanda al haber visto dilatado el pago de la acreencia y que, como si fuera poco, este fue “parcial”.

Acudió a la Pericial Contable practicada en la causa en donde el experto determinó que el pago de los $359.648,99 no se ajustaba a lo resuelto por la C.S.J.N. Agregó que, siguiendo las pautas sentadas en la misma (conversión en pesos a relación $1,40 por cada dólar estadounidense, ajustado por el CER hasta el momento del pago, más la aplicación sobre el monto así obtenido de intereses a la tasa del 4% anual no capitalizable y deduciendo el pago a cuenta efectuado) y la observación de la demandada el total a pagar al 06/11/2013 ascendía a $200.277,73 (v. fs.253).

Consideró que las observaciones de la accionada no lograban conmover la liquidación y el resultado obtenido por el experto, la que se confeccionó de acuerdo a los lineamientos sentados por la C.S.J.N. en el fallo denominado “Massa” por lo que entendió apareció como irrefutable.

Con relación a la Caja de Ahorro denominada “Súper Cuenta Vista Nº 150-231470/5” donde el demandado depositó $ 11.284,44 pretendiendo sean tenidos en cuenta como pago, sostuvo que, si bien la misma se abrió a nombre del actor y tales fondos se encontraban disponibles, éste no extrajo dinero, ni tampoco la usó, según informó el Perito; ni existe constancia alguna que acredite que Miguel Ángel Puch la requirió o que consintió su apertura. Finalizó sosteniendo que ante la falta de consenso del actor para la celebración del mismo, corresponde tener por inexistente tal operatoria unilateral e inconsulta por parte del Banco Santander Río S.A. y por ello -tal depósito de $11.284,44- no se tiene en cuenta como pago formulado por el deudor, toda vez que tal pretensión resulta inadmisible.

Por último, la Sala sentenciante desestimó el planteo de la demandada determinando que el principio de la “reformatio in peius” no resulta aplicable. En el caso la sentencia dictada por el Tribunal de alzada no le resultó perjudicial, resolvió a favor de lo que el apelante pidió ni se advierte que se hayan excedido los límites que el Banco impuso a su recurso, ni cómo habría modificado la sentencia del juez de primera instancia en perjuicio de la entidad bancaria; máxime si la sentencia de la Corte no sólo es anterior en el tiempo sino que simplemente hizo remisión al fallo “Massa” que dejó sentados los lineamientos necesarios para poner fin a una serie de litigios de indudable trascendencia institucional y social. No se han quebrado las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del derecho de propiedad que le asiste al Banco demandado.

En contra de este pronunciamiento, a fs. 19/27 de autos el Dr.Carlos José Insausti (h) en representación del Banco Santander Río S.A. interpuso recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Sostiene que la sentencia recurrida afecta en forma grave el derecho de defensa en juicio y de propiedad de su mandante.

Se agravia por violación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al valor de la cosa juzgada. Sostiene que el primer elemento no considerado por el Tribunal a quo es la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones Federal de Salta en el amparo promovido por el actor, a la que hace referencia la Corte, interpretando que la devolución de lo depositado en pesos no puede superar el equivalente en dólares a la paridad cambiaria de la fecha del pago (U$S 1= $3,09 a la fecha del pago 02/08/2008).

Señala que la sentencia fue dictada en el proceso de amparo y apelada sólo por el Estado Nacional, por lo que el actor se encontraba satisfecho con las resultas de tal resolución.

Refiere que el principio de la reformatio in peius veda la posibilidad de agravar, perjudicar o empeorar la situación del recurrente, no habiendo apelado la parte actora, la devolución de los dólares debe hacerse conforme las pautas fijadas por la Cámara de Apelaciones. Entiende que el límite impuesto por la Cámara de Apelaciones de Salta se encuentra firme y consentido y pasado en autoridad de cosa juzgada por lo que ni el actor puede modificar nada a su favor.

Agrega que la sentencia no puede mandar a devolver una suma mayor a la fijada por la sentencia dictada por la Corte, sin agraviar el derecho de propiedad de su mandante y enriqueciendo sin causa al actor.

En cuanto a la apertura de la Caja de Ahorros denominada súper cuenta se equivoca el Tribunal al sostener que fue abierta de manera inconsulta y unilateral por la entidad bancaria. Su mandante procedió en un todo de acuerdo con los arts.1, 2 y 4 del Decreto 214/02 con ajuste a la Comunicación “A” 3467 -Régimen de Reprogramación de Depósitos del Banco Central de la República Argentina. Por ello el monto depositado de $11.284,44 debe ser imputado en el pago de lo reclamado, lo que fue desconocido por el Tribunal de manera arbitraria. Esos fondos no fueron retirados por exclusiva culpa del actor.

Entiende que el total entregado por el Banco representa el 100% del depósito original. Si además de ello, se suma el importe $98.924,56 con el cambio e intereses no existe diferencia alguna a favor del actor.

Insiste en reputar errónea y refutable a la pericia contable practicada.

Por último se agravia por la imposición de costas entendiendo que existen sobrados elementos para excepcionar la regla general de imposición a la vencida peticionando se impongan por el orden causado.

Sustanciado el recurso, a fs. 41/45 de autos el Dr. Sergio E. Stephan en representación de Miguel Ángel Puch se opone al progreso del mismo por las razones que indica y a las que remito en honor a la brevedad.

Integrado el tribunal y habiéndose expedido el Sr. Fiscal General, la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

Realizado el análisis de la causa traída a mi conocimiento, me adelanto en expresar que, comparto los fundamentos vertidos por el Ministerio Público Fiscal en su dictamen, concluyendo que debe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad deducido.

Con relación a la excepcionalidad del recurso de inconstitucionalidad que -precisamente- impone una aplicación de él en extremo restrictiva, hemos sostenido que el vicio de la arbitrariedad, que alcance para descalificar el fallo, debe ser grave y tiene que probarse, y no cabe respecto de sentencias meramente erróneas o que contengan una equivocación cualquiera, si no padecen de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que lo descalifiquen como acto judicial (L.A.Nº 38, Fº 1390/1393, Nº 534), lo que no advierto en el caso.

Por lo demás, los fundamentos expresados por el tribunal a-quo respecto a las cuestiones debatidas, no sólo resultan suficientes para sustentar sus conclusiones sino que no han sido adecuadamente controvertidas por el recurrente, quien se limita a exteriorizar las discrepancias que los mismos le provocan.

Si bien lo señalado basta para rechazar el recurso deducido formularé las siguientes consideraciones.

Concretando el estudio del caso, resulta que oportunamente el Sr. Miguel Ángel Puch promovió acción de amparo ante la justicia federal en contra del Estado Nacional por no poder disponer de los depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses que detentaba en el Banco Río de la Plata Sucursal San Salvador de Jujuy, conforme medidas de emergencia económicas dispuestas.

En sentencia de fecha 23 de junio del 2003 la Cámara de Federal de Apelaciones de Salta resolvió revocar la sentencia de primera instancia; declarar la inconstitucionalidad del art. 2 del Decreto 214/02, disponiendo la inmediata restitución de los depósitos conforme la conversión provisoria que allí dispone. En contra de esta sentencia el Estado Nacional dedujo recurso extraordinario, resolviendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 17 de julio del 2007 que la cuestión era análoga a la tratada en la causa “Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional” remitiéndose a sus conclusiones y fundamentos; declarando procedente el recurso y dejando sin efecto la sentencia apelada.Refiere expresamente que “declara el derecho de los actores a obtener de la entidad bancaria el reintegro de su depósito convertido en pesos a la relación de $1,40 por cada dólar estadounidense, ajustado por el CER hasta el momento de su pago, más la aplicación sobre el monto así obtenido de intereses a la tasa del 4 % anual -no capitalizable- debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que -con relación a dicho depósito- hubiese abonado la aludida entidad a lo largo del pleito, así como las que hubiera entregado en cumplimiento de medidas cautelares. El reconocimiento de tal derecho lo es, en su caso, con el límite pecuniario que resulta de lo decidido por la Cámara, y con exclusión de los supuestos en que la obligación emergente de los contratos de depósito se hubiera extinguido a raíz de su canje por bonos del Estado o por haberse aplicado su importe a fines específicos previstos normalmente, tales como la cancelación de deudas con el sistema financiero, adquisición de inmuebles o automóviles”.

Devuelta la causa al Tribunal de origen se intima al Banco al depósito de la suma adeudada presentándose el Banco Santander Río S.A. negando la condición de parte y depositando la suma de $359.648,99, lo que -refirió- sumado a la cantidad depositada en la llamada supercuenta $11.284,44 entendió debía tomarse como pago total y cancelatorio.

En fecha 26 de noviembre del 2008 el juzgado de primera instancia resolvió desestimar la planilla de liquidación presentada por el Banco aprobando la presentada por la parte actora y ordenando a la entidad financiera depositar dicho importe. En contra de esta sentencia el Banco dedujo recurso de apelación por lo que, en sentencia de fecha 30 de abril del 2010 la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar al recurso deducido por el Banco revocando la resolución del juez de la instancia anterior.Para así resolver sostuvo “cabe decir que efectivamente este proceso tramitó sin intervención del Banco en el que se realizó el depósito, por lo que las sentencias dictadas como consecuencia de la demanda interpuesta por el Sr. Miguel Ángel Puch, tienen carácter de declarativas y agregó que habiendo cobrado la parte actora la suma depositada por el Banco cualquier diferencia que considere que se le adeuda, deberá hacerla valer en el proceso que inicie en contra de la entidad financiera” (fs. 196 del expte. agregado por cuerda).

Conforme lo allí considerado el actor dedujo juicio ordinario por cobro de pesos dictando la Cámara Civil la sentencia ahora recurrida.

Cabe señalar que no se advierte arbitrariedad en la interpretación realizada por el Tribunal a quo pues, más allá de que el Banco no fue parte en la causa detallada, no podemos dejar de desconocer las pautas que la Corte Suprema fijó para determinar la devolución de los depósitos oportunamente retenidos. Por otra parte el principio de economía procesal nos lleva a acoger las directivas señaladas por el Tribunal cimero.

Por lo demás, aún cuando la situación planteada se debió a un hecho del príncipe, atento la gravedad institucional que generó el dictado de las normas de emergencia con el consiguiente desorden del sistema financiero, la legitimidad del actor deviene indiscutible en la protección a su derecho de propiedad.

En definitiva la interpretación realizada resulta razonable y se compadece con una comprensión armónica del orden jurídico.

En cuanto al agravio por violación al principio de la reformatio in peius tampoco puede prosperar pues, si bien la Corte Suprema declaró procedente el recurso extraordinario deducido por el Estado, se revocó la sentencia oportunamente apelada declarando procedente el derecho de los actores a obtener de la entidad bancaria el reintegro de su depósito controvertido conforme las pautas allí dadas.Y en cuanto al recurso de apelación deducido por el Banco, el recurrente tuvo éxito en su reclamo pues se revocó la aprobación de planilla de liquidación de primera instancia, mandando al actor a ocurrir a otra vía de considerar la existencia de una deuda pendiente.

Que la reformatio in peius es el principio por el cual el Tribunal Superior no puede reformar la sentencia en perjuicio del único apelante. Tal principio de ninguna manera se vio vulnerado ni cabe sostenerlo en esta instancia respecto de una sentencia que ya quedó firme.

En relación se dijo “La reformatio in peius es un principio de jerarquía constitucional -derivado del apotegma tantum devolutum quantum apellatum- que indica que el juez de la apelación no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos y que veda la posibilidad de agravar, perjudicar o empeorar objetivamente la situación del recurrente e impide que se prive a la impugnación de su finalidad específica de obtener una ventaja o un resultado más favorable” (S.C.B.A., Ac. 34184 S 13-8-85 “Bertella de Sabaris Margarita c/Ledesma Raúl Mario s/ daños y perjuicios; Cfr. Luis A. Rodríguez Saiach, Teoría y Práctica de las Nulidades y Recursos Procesales, T. 2, Ed. Gowa, pág. 386).

En cuanto al valor de la pericia contable entiendo ha sido ponderada razonablemente por el sentenciante por lo que cabe estar a sus resultas. Asimismo el recurrente formula las mismas objeciones que las realizadas en la instancia anterior no logrando justificar adecuadamente su reclamo.

En definitiva la prueba incorporada a la causa fue debidamente ponderada y en tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que no tipifican la sentencia arbitraria los fallos que evalúan razonablemente la prueba acumulada (C.S.J.N.Fallos 301:532; 301:574, entre otros).

En cuanto al agravio por la imposición de costas conviene recordar que es materia reservada a los jueces de la causa y ajena a esta instancia extraordinaria, y si bien es cierto que tal principio no es absoluto (confr. L.A. 44, Fº 89/92 Nº 37; ídem, 725/726, Nº 292; L.A. 45, Fº 127/130, Nº 55; L.A. Nº 52, Fº 46/49, Nº 19) no se configura en autos algún supuesto de excepción que autorice apartarse de aquella regla.

En efecto, sabido es que en materia de costas, el principio general es el de la imposición a la parte vencida. Por las razones aludidas corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Carlos José Insausti en representación del Banco Santander Río S.A.

En cuanto a las costas generadas en esta instancia extraordinaria corresponde imponerlas al recurrente vencido (art. 102 del C.P.C.).

Asimismo corresponde regular los honorarios profesionales de los Dres. Carlos José Insausti (h) y Sergio E. Stephan por su actuación en esta instancia recursiva, conforme arts. 6, 11 y cctes. de la ley de aranceles, en las sumas de $4.748,00 y $5.935,00 respectivamente. Dichas sumas devengarán igual interés y desde igual fecha que el capital hasta el efectivo pago, con más el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder.

Las Dras. Altamirano y de Falcone adhieren al voto del Dr. Jenefes.

Por ello, la Sala I -Civil y Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, Resuelve:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Carlos José Insausti (h) en representación del Banco Santander Río S.A.

2º) Imponer las costas al recurrente vencido.

3º) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Carlos José Insausti (h) y Sergio E. Stephan por su actuación en esta instancia recursiva, en las sumas de $4.748,00 y $5.935,00 respectivamente.

4º) Dichas sumas devengarán igual interés y desde igual fecha que el capital hasta el efectivo pago, con más el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder.

5º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dra. Sara Estela Rosenblath –

Secretaria Relatora.