Electrocución de un menor en instalaciones del ferrocarril

electrucacionPartes: A. R. A. y otro c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. Y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 9-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101453-AR | MJJ101453 | MJJ101453

cuadro

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que admitió la excepción de falta de legitimación para obrar pasiva opuesta por Estado Nacional, y condenarlo junto con la empresa de ferrocarriles a raíz de las lesiones sufridas por el menor, el cual se electrocuto al haber maniobrado una varilla de hierro dentro de su jurisdicción, la cual hizo contacto con una descarga eléctrica proveniente del tendido-catenaria- que abastece de energía a las formaciones ferroviarias, toda vez que ha quedado patentizada su falta de previsión y de contralor del cumplimiento de las normas de seguridad destinadas a prevenir que ocurran accidentes como el de marras, hallándose al margen de la cuestión la responsabilidad parental.

2.-Toda responsabilidad que derive de hechos que concreten el ejercicio de la concesión, le corresponde al concesionario, quien obra por su cuenta, de modo que todo su accionar debe ser atribuido a su propia responsabilidad sin obligar directamente al concedente, pues el accionar bajo su propio riesgo indica claramente que asume en forma directa y personal las consecuencias, favorables o no, de su negocio consistente en la explotación del servicio.

3.-La mera existencia de un poder de policía que corresponde al Estado Nacional o Provincial, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, pues no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos, pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa.

4.-El hecho de la víctima no reúne los caracteres necesarios para eximir la responsabilidad objetiva que alcanza a la empresa de ferrocarriles por riesgo emergente del art. 1113 del Cciv., pues el particular damnificado no podía suponer que la proximidad de un elemento metálico al cableado -ubicado a una distancia a todas luces antirreglamentaria-era una circunstancia que podría poner en peligro su integridad física, sin perjuicio de denotar la displicencia con que el operario de la obra permitió el acceso a la misma de su joven hijo y la manipulación por éste de varillas metálicas en las cercanías de una vía ferroviaria electrificada.

5.-Se efectúo un cálculo atribuyendo una doble indemnización por la incapacidad sufrida por la victima, toda vez que ambos profesionales basaron sus pericias y conclusiones ponderando ambos las mismas incapacidades variando solamente el porcentaje reconocido- el perito neurólogo otorgó 100% de incapacidad y el traumatólogo 90 %- , siendo acertado computar exclusivamente para su procedencia el valor de incapacidad del 100% omnicomprensiva en su cuantificación de todos los daños sufridos por el accionante (conf. art. 165 CPCCN.) dado que en ambas experticias se ponderan las lesiones que afectan al menor en forma conjunta, respecto de su sistema esquelético- neuromuscular y epitelial.

6.-Si bien por dec. 591/2007 el Poder Ejecutivo Nacional rescindió el contrato de concesión de la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros aprobado por Decreto del 28/12/1994 que había sido otorgado a la empresa codemandada, fundando dicho acto rescisorio en la constatación de un servicio deficiente, y esas facultades fueron ejercidas con posterioridad al hecho que dio origen a la presente causa; aun así, las previsiones por las cuales el concedente traslada la responsabilidad al concesionario resultan inoponibles a los damnificados, en tanto han sido ajenos a dicha relación contractual (del voto de la Dra. Patricia Barbieri- por sus fundamentos-mayoria)

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “A. R. A. Y OTRO C/TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Ana María Brilla de Serrat, Patricia Barbieri y Osvaldo Onofre Álvarez.

A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de Serrat, dijo:

I.- Contra la sentencia obrante a fs. 2504/2513, se alza la citada en garantía “Trainmet Seguros S.A” por intermedio de su delegado liquidador que expresa agravios a fs.2551/2561, la parte actora que hace lo suyo a fs. 2562/2570 y por último “Transportes Metropolitanos General Roca S.A” que esboza sus quejas a fs. 2571/2579. Corridos los traslados de ley pertinentes, los mismos fueron contestados a fs. 2581/2585, 2586/2593 y 2595/2600. Con el consentimiento del auto de fs. 2602 quedaron los presentes en estado de resolver.

El decisorio de la anterior instancia: a) Rechazó la excepción de prescripción opuesta a fs. 498, III y 608, V, con costas; b) Hizo lugar a la excepción de falta de legitimación para obrar pasiva opuesta a fs. 658 vta, III, decisión que también alcanzó a su aseguradora, Generali Corporate Compañía Argentina de Seguros S.A; c) Receptó la excepción de falta de legitimación para obrar pasiva opuesta a fs. 1011 vta., III, con costas; c) Admitió la demanda interpuesta, y en consecuencia, condenó a Transportes Metropolitanos General Roca S.A y Trainmet Seguros S.A ( en la medida del seguro) a pagar a L. E. A., la suma de $ 5.540.000 y a R. A. A.y Ramona Irma Márquez, en conjunto, la de $155.000, con más sus intereses y costas del proceso dentro de los diez días de quedar firme la liquidación a practicarse, bajo apercibimiento de continuar devengándose intereses hasta el efectivo pago y e) Difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para una vez determinado el monto del proceso.II.-Preliminarmente es dable rememorar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos los planteamientos, ni evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados al expediente sino que sólo deben hacer mérito de aquéllos que crean conducentes y de las articulaciones que juzguen valederas para la resolución de la litis. (C.S.J.N. Fallos 258: 304; 262:222; 272: 225; 278:271 y 291: 390 y otros más).Asimismo, en el terreno de la apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado. Por último, cabe establecer que sin dejar de ponderar lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 26.853, en virtud del artículo 15 de la mencionada normativa considero se mantiene la operatividad de las doctrinas plenarias hasta tanto se produzca su entrada en vigencia.- (criterio adoptado por la C.S.J.N. a través de su acordada N° 23/13).

III.- AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA:

Las quejas vertidas por los accionantes por ante este Tribunal se vinculan con la admisión de las excepciones de falta de legitimación pasiva interpuestas por el Estado Nacional-Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”, “Edesur S.A” y “Generali Corporate Compañía Argentina de Seguros S.A”.Por los fundamentos esgrimidos en la pieza procesal de referencia (v.fs.2562/2570) requieren se haga lugar a sus planteos recursivos, y en consecuencia, se haga extensiva la condena a las codemandadas aludidas anteriormente, con costas.

IV.- AGRAVIOS DE TRAINMENT SEGUROS S.A Y TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A:

a) Las recurrentes se alzan -en idénticos fundamentos- por encontrarse disconformes con la exclusiva atribución de responsabilidad a la empresa de ferrocarriles por el hecho ventilado en las presentes actuaciones.- Alegan que la total o mayor parte de la misma se encuentra en cabeza de la víctima, quien por su negligencia y actuar desprovisto de todo cuidado, prudencia y pericia, ocasionó el infortunio de autos.Aducen que si el -en aquel entonces- menor L. A. no hubiese manipulado la varilla de hierro de 4 metros de longitud de manera imprudente, no hubiera sucedido el accidente denunciado y en estos momentos no se tendrían que lamentar las severas lesiones que padeció .

En ese orden de ideas agregan que al haber maniobrado el adolescente una varilla de hierro dentro de la jurisdicción concesionada a su mandante, el daño alegado solo pudo tener como causa eficiente una conducta totalmente prohibida a los particulares y que por su gravedad configura la eximente de responsabilidad “culpa de la víctima”, por lo que el dueño o guardián de la cosa no debe responder, solicitándose por ende el rechazo de la demanda perpetrada o en su defecto, la justa distribución de responsabilidades.Se cuestiona que en las instancia de grado se hubiera ponderado únicamente la actividad de la demandada en la producción del hecho dañoso, son atender a la culpa “in vigilando” que en este caso se pretende endilgar al progenitor que lo llevó consigo a su trabajo. Tal como lo ha sostenido esta Sala en los autos “González Ramón Valeriano y otro c/Transporte Metropolitano Belgrano Sur SA y otro s/Daños y Perjuicios”, Exp. N° 38.703/08, en junio de 2015, más allá de las diversas posturas relativas a la aplicación de los arts.1114 y 1116 elaboradas por prestigiosa doctrina y jurisprudencia, especialmente en relación a daños producidos por menores o a los menores, lo cierto es amén de las transformaciones sociales que han producido notables cambios en la organización familiar, en el sub-lite no se logra apreciar más que la conducta antijurídica de la demandada como causa del daño en virtud del cual se reclama en autos, de lo que no cabe más que colegir que la responsabilidad parental se halla al margen de la cuestión a dilucidar. b) En segundo término, se agravian por considerar excesivas las sumas reconocidas tanto a favor de L. E. A. como la establecida a favor de los progenitores del mismo, Sres. R. A. A. y Ramona Irma Márquez. Aducen respecto de la incapacidad física que se efectuó una doble indemnización, habiéndose otorgado una suma exorbitante por el padecimiento físico que le corresponde al co-actor L. y otra igual por la incapacidad neurológica que se le atribuye. Aseguran que el anterior magistrado adujo que la víctima padece de un 190 % de incapacidad, circunstancia que no puede validarse de ninguna manera por ante esta alzada.Rememoran las impugnaciones efectuadas a las pericias de autos, y requieren se hagan lugar a las mismas.Similares consideraciones efectúan respecto de los montos reconocidos bajo los ítems “Prótesis”, “Daño Psicológico y Tratamiento”, “Daño Moral”, “Gastos Médicos, Traslados, de Tratamiento Kinesiólogico” y “Gastos de Asistencia Personal”, por lo que requieren el rechazo o la reducción a sus justos límites.Por ultimo, se alzan al establecer que el anterior magistrado no aclaró de manera fehaciente cual es la tasa de interés que mandó aplicar a la presente condena,

V.- SOLUCIÓN:

a) EXCEPCIONES:Respecto a los agravios esgrimidos en relación a la excepción de falta de legitimación pasiva que interpusiera el Estado Nacional y tuviera favorable acogida por ante la anterior instancia, adelanto que propondré al acuerdo el rechazo de las quejas intentadas.Con relación a este aspecto, ya se he expedido la jurisprudencia en el sentido que (conf. causa N° 537.470 del 18/03/2010, pub. en Abeledo Perrot On Line, Lexis n° 70061879) en el contrato de concesión, y en el marco que lo regula, se establece como principio general de responsabilidad del concesionario, la derivada de la naturaleza de esta clase de relaciones jurídicas y de los caracteres particulares del objeto del mismo.-

El concesionario deberá responder por todos los daños y perjuicios causados por el incumplimiento o mal cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la concesión que se le otorga. De tal manera, que por ejercer la tenencia y operación de los Grupos de Servicios Concedidos el concesionario es el responsable de los daños y perjuicios que se produjeran como consecuencia de dicha actividad, o por la utilización o riesgo por los bienes muebles o inmuebles afectados por dichos Grupos, o por sus dependientes, personas o cosas de las cuales se sirve. Frente a un planteamiento similar la Sala I de esta Cámara, sostuvo que aún cuando las normas contenidas en el contrato de concesión no contemplan en forma literal la responsabilidad exclusiva del concesionario y la eximición del concedente, tal es sin duda el propósito que los inspira. Así lo indica la inicial referencia al principio general de responsabilidad del concesionario y también la atribución a éste de ejercer la tenencia y operación de los Grupos de Servicio Concedidos, situación ajena al concedente, y que prevea en forma expresa una sola excepción, admitiendo la responsabilidad del concedente, como es la relativa a los daños al medio ambiente.En esta línea de pensamiento, se ha dicho también que la explotación del servicio público la hace el concesionario a su propia costa y riesgo. Ello significa que toda responsabilidad que derive de hechos que concreten el ejercicio de la concesión, le corresponde al concesionario. Además, obra por su cuenta, de modo que todo su accionar debe ser atribuido a su propia responsabilidad sin obligar directamente al concedente. El accionar bajo su propio riesgo indica claramente que asume en forma directa y personal las consecuencias, favorables o no, de su negocio consistente en la explotación del servic io.

Por tanto, entiendo que no resulta admisible que se pretenda extender una responsabilidad al Estado, fundándose en el deber genérico que pesa sobre éste de garantizar la seguridad (conf.: CNCiv. Sala “A” en autos “Sayago, Andrés Ireneo y otros c/Transportes Metropolitanos General San Martín y otros s/daños y perjuicios” del 05/03/2009; CNCiv. Sala “C” en autos “Sixto, Nora E. y otro c/Trenes de Buenos Aires S.A. y otros s/daños y perjuicios” del 01/12/2010; CNCiv. esta Sala “D” en autos “Lescano, Rubén Darío c/Trenes de Buenos Aires s/daños y perjuicios” del 01/03/2010; CNCiv. Sala “E” en autos “Hoyos Tobar, María de los Ángeles c/Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia y otros s/daños y perjuicios” del 10/06/2010; CNCiv. Sala “G” en autos Kubitz, Herta c/Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otros s/daños y perjuicios” del 10/10/2008; CNCiv. Sala “H”, en autos “Gauna, Valentín c/Estado Nacional y otro s/daños y perjuicios” del 28/12/2009; CNCiv.Sala “L” en causa libre n° 513.372 del 13/08/2009).A este respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la mera existencia de un poder de policía que corresponde al Estado Nacional o Provincial, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa (conf.: Fallos, 312:2138; 323:3599 ; 325:1265 y 3023; 326:608 , 1530 y 2706).En virtud de dichas consideraciones, propongo al acuerdo la confirmación del fallo cuestionado en cuanto a este punto se trata.Respecto de las quejas vertidas por la parte actora en relación a la admisión de falta de legitimación pasiva interpuesta por la empresa “Edesur S.A” y su aseguradora, entiendo acertado el criterio adoptado por el anterior magistrado, por lo que propondré al acuerdo su confirmación, con costas de alzada a la parte actora vencida.Es que tal como se desprende del escrito inicial y de cómo ha quedado trabada la litis, la responsabilidad que se reclama se funda en la falta de señalización, resguardo y prevención de los cables e instalaciones correspondientes a la provisión de energía eléctrica con que se alimenta el servicio ferroviario dentro de las instalaciones de la empresa de ferrocarriles, por lo que Edesur S.A resulta ajeno a los cuidados que debería haber prestado Transportes Metropolitanos General Roca S.A.- Avalan esta postura las declaraciones testimoniales efectuadas a fs. 255/257 y fs. 258/260 de la causa penal venida “ad effectum vivendi et probandi” por los Sres.Grasso Juan Carlos (Ingeniero Electricista en la División Obras de Transportes Metropolitanos General Roca S.A) y Arturo Oscar Frencia (Jefe de Subestaciones y redes para Transportes Metropolitanos General Roca S.A) cuando declararon que “…La energía la suministra Edesur ….La empresa Edesur no tiene el deber de contralor sobre las instalaciones de alta tensión, deber que esta a cargo de Ferrocarriles y la C.N.R.T….El testigo supervisa el mantenimiento…diariamente un técnico a bordo de un tren recorre las vías y mensualmente a pie; si se detecta una obra en un vecino lindero próxima a los cables, el supervisor informa a la base y se envía a gente al lugar de la obra para alertar de peligro y se notifica al departamento de legales para que a su vez notifique fehacientemente al dueño…. Y finalmente, cuando el último de los deponentes asevera que “…después de ver las fotografías de fs. 12/15, dijo que, si la distancia es inferior a un metro de la medianera, medida horizontalmente, debería haber una reja de malla metálica con descarga a tierra”….

Confirmada, entonces, la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la empresa de energía, la misma suerte habrá de correr la correspondiente a su aseguradora “Generali Corporate Compañía Argentina de Seguros S.A”, con costas a cargo de los reclamantes vencidos.

b) RESPONSABILIDAD:

Respecto de la responsabilidad generada por el hecho de autos, diré en primer lugar que tratándose de daños a terceros no transportados la cuestión debe encuadrarse en la segunda parte del artículo 1.113 del Código Civil, conforme lo sostienen pacíficamente la doctrina y jurisprudencia absolutamente dominantes en nuestro país, incluida la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los accidentes ferroviarios, no mediando relación contractual, cualquiera sea la forma y modo en que se produzcan, caen bajo la órbita de la teoría del riesgo creado (C.S.J.N., 20/12/92, “Coria c.Ferrocarriles Argentinos”, Fallos, 312:2412).La actividad ferroviaria configura una actividad riesgosa, que torna aplicable dicha norma, vale decir que tratándose de una responsabilidad objetiva, la demandada debe probar una causa ajena para exonerarse total o parcialmente del deber de responder. Tiene que acreditar, no sólo invocar, la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio, la de un tercero por el cual no debe responder, o bien el “casus” genérico de los artículos 513 y 514 del citado ordenamiento legal, las que deben aparecer como la única causa del daño y revestir las condiciones de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (art. 1113, 2° párrafo, in fine del Código Civil).Desde este punto de vista, habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión, sin perder de vista que en el caso concreto no se trató de un accidente provocado por una formación ferroviaria en movimiento, sino por la electrocución de la víctima al haber tomado contacto con una descarga eléctrica proveniente del tendido -catenaria- que abastece de energía a las formaciones ferroviarias de la Ex Línea Gral. Roca, y resulta el conductor de la electricidad que brinda la energía para posibilitar la circulación de los trenes, al levantar una varilla de hierro en el fundo aledaño a las vías férreas.- Ahora bien, de la prueba producida por ante la anterior instancia ha quedado acreditado que “…el dispositivo tensor se encuentra ubicado próximo a la pared lindera con la propiedad, 25 cm, y el fin o extremo de la línea de contacto electrificado, muy próximo a la medianera del predio de Esmeralda 2, de Temperley, a 1 metro de dicha medianera, para el cable desnudo que se encuentra con una tensión de 25.000 voltios…” (v.fs.2239/2261 de estas actuaciones).- El perito ingeniero designado de oficio aclaró, asimismo, que no es necesario -en este caso- que la varilla de hierro hubiera tocado la línea catenaria electrificada , si la distancia a la que se situó al moverla o desplazarla es inferior a esa, ya que puede producirse un arco voltaico entre la línea electrificada y el extremo elevado de la varilla, por lo que no puedo tener por acreditado que el accionante hubiese invadido el predio del ferrocarril con su actuar, impropio por otra parte, al permanecer en una obra en construcción, sin visos de autorización alguna, llevado por su propio progenitor, en un día de tormentas.Adujo, a su vez, que la prevención de accidentes se debe realizar impidiendo y previniendo el contacto o la proximidad de terceras personas mediante el mantenimiento de las distancias, lo que claramente determina la reglamentación AEZ en el punto 7.8, pudiendo también solucionar el problema con una jaula equipotencial y señalización preventiva. Llegados a este punto, creo que ha quedado patentizada la falta de previsión por parte de la demandada “Transportes Metropolitanos General Roca S.A” y de contralor del cumplimiento de las normas de seguridad destinadas a prevenir que ocurran accidentes como se dio en el caso de marras, por lo que entiendo acertada la decisión del Sr. Juez de grado de responsabilizar a la accionada por los sucesos ocurridos el día 5 de julio de 2006. Entiendo, por otro lado que el particular damnificado en el caso de autos no podía suponer que la proximidad de un elemento metálico al cableado -ubicado a una distancia a todas luces antirreglamentaria- era una circunstancia que podría poner en peligro su integridad física, sin perjuicio de denotar la displicencia con que el operario de la obra permitió el acceso a la misma de su joven hijo y la manipulación por éste de varillas metálicas en las cercanías de una vía ferroviaria electrificada.En síntesis, concibo que el hecho de la víctima no reúne los caracteres necesarios para eximir la responsabilidad objetiva que alcanza a la empresa de ferrocarriles por riesgo emergente del artículo 1113 del Código Civil, por lo que en virtud de todo ello, es que propongo al acuerdo la confirmación del fallo cuestionado sobre el particular, con costas de alzada a las recurrentes vencidas (conf. art. 68 CPCCN), desestimando la queja en ese particular. Como corolario de todo lo expuesto precedentemente, insisto, no quedó configurada en la especie ni la culpa de la víctima ni la que pudiera corresponderle a su progenitor “in vigilando” por la supervisión de los actos que realizare su hijo menor. Párrafo aparte merece resaltarse la total improcedencia de permitir por parte de las autoridades pertinentes la invasión de vías, playas de maniobras y terminales ferroviarias, extensivas a puertos lacustres, fluviales y marítimos y estaciones aeroportuarias, a través de construcciones de todo tipo y unidades de vivienda en terrenos a aquéllos afectados, totalmente irregulares, no convalidables en modo alguno a través de pseudointegraciones barriales, por los gravísimos peligros de toda índole que ello implica, no sólo para los seres humanos que las habitan o circulan por ellas, sino también por la severa afectación a la seguridad de los servicios de transportes de mercaderías y de personas referenciados. En el caso, empero, considero qu e la responsabilidad no se atenúa, dado que no se ha abonado a través del onus probandi que la electrificación del tendido fuera anterior a las construcciones aledañas a la vía.c) INDEMNIZACIÓN:

Previo a conocer respecto de los rubros indemnizatorios concedidos en la anterior instancia corresponde recordar que, como he resuelto reiteradamente, la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación de una persona.En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas. Así la integridad del ser presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el artículo 1068 del Código Civil, y, por ende, indemnizable. Como afirma Mosset Iturraspe, “en el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial” (“Responsabilidad por daños”, t.II-B, p. 194).Debe recordarse, asimismo en este punto lo expuesto reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto a que la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socioeconómicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc.Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer. Desde este punto de vista habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.

DAÑO NEUROLÓGICO/DAÑO TRAUMATOLÓGICO:

A fs. 2203/2208 obra la pericia efectuada por la neuróloga Adriana A. Martín.- Luego de haber analizado las particulares circunstancias del caso la experta adujo que del examen físico efectuado al damnificado se desprende que él mismo padece “…: amputación de mano derecha 10 cm por encima de la muñeca; amputación de pierna derecha a nivel medio; retracción de dedos de mano izquierda-mano en garra-; múltiples cicatrices en mano izquierda traumáticas y por reiteradas cirugías; cicatrices en abdomen por cirugía de injertos-colgajos; disminución de sensibilidad al tacto en mano izquierda y por último disminución de la sensibilidad dolorosa en borde radial mano izquierda…”.- La especialista agregó que el actor presentó dos episodios convulsivos de causa no aclarada, que no se han repetido y no necesita tratamiento en el momento actual. Finalizó al establecer que L. A. padece una severa secuela motora y sensitiva en mano izquierda, estimando su incapacidad permanente en un 100 % de la total obrera.Dicho instrumento fue impugnado por el Estado Nacional a fs. 2224-quien se queja básicamente del porcentaje de incapacidad otorgado-, mereciendo la correspondiente contestación por parte de la profesional a fs. 2230. A fs. 2299/2302 obra el informe traumatológico presentado por el Dr. Alejandro Gustavo Marra. El galeno estableció que el accidente sufrido por el demandante “…culminó con la amputación del miembro superior derecho a nivel del tercio medico del brazo, amputación de miembro inferior derecho a nivel del tercio proximal de la pierna.El miembro superior izquierdo que sufrió también la descarga eléctrica con quemadura grave y evolucionó a un cuadro de retracción muscuotendionosa con dedos en garra fija deformación de mano y muñeca que concluyeron a un cuadro de mano inapta para todo tipo de función garra, puño y pinza digital…”.- Añadió que “… a lo antedicho se agregan cicatrices antiestéticas en ambos miembros superiores y cicatrices antiestéticas en abdomen…”.

Concluyó al otorgar una incapacidad parcial y permanente del 90 % de la T.V de carácter físico funcional y estético. A fs. 2309 la codemandada Estado Nacional impugnó dicha pericia, mereciendo la correspondiente contestación por parte del profesional a fs. 2316.Llegados a esta altura, debo adelantar que me veo obligada a hacer lugar parcialmente a los agravios vertidos por la demandadas quejosas por ante esta Alzada.Es que tal como lo plantean las accionadas, el Sr. Juez “a-quo” efectúo un cálculo atribuyendo una doble indemnización por la incapacidad sufrida por el Sr. L. A.- Adviértase, en ese sentido, que ambos profesionales basaron sus pericias y conclusiones ponderando ambos las mismas incapacidades variando solamente el porcentaje reconocido (el perito neurólogo otorgó 100% de incapacidad y el traumatólogo 90 %).- En virtud de ello, entiendo acertado computar exclusivamente para su procedencia el valor de incapacidad del 100% omnicomprensiva en su cuantificación de todos los daños sufridos por el accionante (conf. art. 165 CPCCN) por encontrar el monto justipreciado como ajustado a derecho, dado que en ambas experticias se ponderan las lesiones que afectan a Lucas en forma conjunta, respecto de su sistema esquelético- neuromuscular y epitelial.En orden a lo cual propicio la confirmatoria de la suma de $ 2.000.000 otorgada por el a-quo para enjugar la afectación neurológica conforme la pericial respectiva que tal como se anticipara engloba las restantes incapacidades tal como surge prístinamente de su contenido.

PRÓTESIS:

El perito interviniente adujo que el actor requerirá de cuatro a cinco cambios de prótesis en el transcurso de su vida.Estimó a febrero del año 2009 que los costos ortopédicos oscilan, para ambos miembros, entre la cantidad de $25.0000 y $30.000.- Siendo así las cosas, entiendo que la cantidad de pesos seiscientos mil ($600.000) otorgada por el anterior magistrado resulta algo elevada, ya que el reajuste por desvalorización monetaria que el Sr. magistrado de la anterior instancia otorgó a los importes estimados por el especialista que intervino en autos se encuentra vedado a partir del 1º de abril de 1991 por el art. 7º de la ley 23.928 -aun en su nueva redacción con las modificaciones introducidas por la ley 25.561, prohibición que ratifica el decreto N 214/2002 en su art. 5 .° ° En consecuencia, propongo al acuerdo reducir la cantidad reconocida para hacer frente al presente ítem al monto de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000), que supera holgadamente la estimación del especialista al momento de presentar su informe.

DAÑO PSICOLÓGICO: A fs. 2327/24044 obra la pericia psicológica efectuada por la Licenciada Patricia S. Baum.La especialista sostuvo que “…Para el caso de L. A., se sugiere una psicoterapia de contención y elaboración del hecho traumático para que lo ayude a asumir su nuevo esquema corporal, aceptar las pérdidas anatómicas y repensarse en esta otra condición con sus perspectivas, potenciales diferentes y poder encontrar una salida a su frustración e impotencia.”.Agregó que deberá hallar un espacio psicoterapéutico donde poder expresar aquellas inquietudes íntimas sobre las que le cuesta conversar.Con relación a la frecuencia recomendada, adujo que la misma será evaluada por el profesional interviniente, pudiendo de todos modos estimarse como mínimo de dos a tres veces por semana durante un lapso de 36 meses aproximadamente y a un costo promedio de cuatrocientos pesos por sesión individual.Por último, estimó que a Lucas le corresponde un porcentaje de incapacidad psíquica de entre un 22% y 27% de la Total Obrera por un grado crónico moderado de trastorno por estrés postraumático.Dicha pericia fue objeto de impugnación por parte del Estado Nacional y Edesur S.A a fs. 2418/20 y 2424/30, mereciendo las respectivas contestaciones por parte de la profesional a fs. 2433/2435 y 2440/2442 y donde la especialista ratificó sus conclusiones originarias. Ahora bien, habiendo aceptado las conclusiones periciales esgrimidas por la perito de autos, y tomado como referencia los numerosos casos que llegan a estudio del tribunal, entiendo ajustado a derecho las cantidades otorgadas bajo el ítem daño psíquico y tratamiento psicoterapéutico, por lo que propicio al acuerdo su confirmación, siendo objeto de total valoración la ponderable contracción al estudio demostrada por el afectado y su continuo afán de superación.

DAÑO MORAL:

a) El Sr. Juez de grado otorgó la cantidad de pesos quinientos mil ($500.000) bajo el presente acápite.- b) En lo que concierne al rubro daño moral, cabe recordar que debe entenderse por daño moral, toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial. (Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, JA semanario del 17-9-1985).Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso.O dicho en otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito pri vado, o en el desempeño de sus actividades comerciales. Con atinado criterio, se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto “es” (Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de Daños”, Presupuestos y Funciones del Derecho de Daños, t. 4, pág. 103, 1143 y “El concepto de daño moral”, JA del 6-2-85).Reiteradamente ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que, en lo concerniente a la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad y la entidad de los sufrimientos espirituales causados y por otra parte, que el reconocimiento de dicha reparación no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. C.S.J.N., 06/10/2009, A. 989. ; “Arisnabarreta, Rubén J. c/ E. N. (Min. de Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimiento” ; Idem., 07/11/2006, B. 606. “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios” , Fallos 329:4944; Id., 24/08/2006, F. 286, “Ferrari de Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c/ Entre Ríos, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios” , Fallos 329: 3403; Id., 06/03/2007, M. 802.”Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios” , Fallos 330:563, entre muchos otros).-

Debe reconocerse la extrema dificultad que presenta al juzgador su estimación, pues tratándose de vivencias personales, no puede precisar cuánto sufrió el damnificado a raíz del suceso, pudiendo sólo evaluar la magnitud del dolor que puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las circunstancias particulares acreditadas en la causa. En consecuencia, ponderando la repercusión que en los sentimientos del accionante debió generar el hecho objeto de la presente litis, considero reducida la cantidad reconocida, pero ante la inexistencia de quejas a su respecto que me permitan elevarlo, propicio su confirmatoria.- GASTOS MÉDICOS, DE TRASLADOS, TRATAMIENTO KINESIOLOGICO Y GASTOS DE ASISTENCIA PERSONAL:

El Sr. Juez de grado otorgó la cantidad total de pesos ciento cincuenta y cinco mil ($155.000) bajo los rubros en tratamientos bajo el presente acápite.Se ha sostenido reiteradamente que en materia de atención médica , gastos de medicamentos y traslados el aspecto probatorio debe ser valorado con criterio amplio, sin que sea necesaria la prueba acabada de todos los gastos realizados, toda vez que la asistencia médica, sanatorial y de farmacia provoca desembolsos de dinero que no siempre resultan fáciles de acreditar o no son reconocidos por la obra social y, además, porque lo apremiante en tales circunstancias para la víctima o sus familiares no reside en colectar pruebas para un futuro juicio sino en la atención del paciente.Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente reconocidas.En relación a ello, también se expidió nuestro Máximo Tribunal, “Atento a la necesidad de salvaguardar el principio de la reparación integral del daño causado, debe integrar el resarcimiento, aunque no hayan sido materia de prueba, los gastos médicos y de farmacia que guarden razonable proporción con la naturaleza de las lesiones sufrida por el actor “(C. S. J. N.Fallos 288:139).En consecuencia, siempre que se hubiera probado la existencia del daño, tal como acontece en la especie, donde se demostraron las lesiones y la necesidad de la asistencia médica, aún cuando no se haya acreditado específicamente el desembolso efectuado para cada uno de los gastos realizados, tiene el deber el magistrado de fijar el importe de los perjuicios reclamados efectuando razonablemente la determinación de los montos sobre la base de un juicio moderado y sensato (art. 165 del Código Procesal).Sin perjuicio de ello, la presunción es susceptible de rebatirse por prueba en contrario, la que deberá producir quien alega la improcedencia del reclamo (si el recurrente es el demandado) o pretende una suma superior a la fijada por el sentenciante en uso de las facultades que le otorga el artículo 165 del Código Procesal, cuando se trata del accionante.En virtud de las consideraciones precedentes, considero adecuados y prudentes los importes fijados en la instancia de grado, por lo que propicio su confirmación (conf. artículo 165 del C.P.C.C.N).

d) INTERESES:

Cabe destacar que esta Cámara ha resuelto que en el supuesto de indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos los intereses deben liquidarse desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación -en el caso- desde la ocurrencia del accidente y hasta su efectivo pago, de conformidad con lo establecido en la doctrina plenaria “Gómez, Esteban c. Empresa Nacional de Transporte”, de fecha 16 de diciembre de 1958 (CNCiv, sala H · 13/02/2006 · Fernández, Ceferino D. c.Grubber, Gabriel · La Ley Online). Ahora bien, según el criterio adoptado por este Tribunal, los intereses habrán de calcularse desde la fecha del hecho (5-7-2006) a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina hasta el 20 de abril de 2009 y, desde entonces hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina conforme la recta vigencia del plenario Samudio, dictado con anterioridad (20 de abril de 2009). En virtud de ello, propongo al acuerdo la modificación parcial del fallo cuestionado en cuanto a este tema se trata.

Por todo lo expuesto, voto para que:

1) Se haga lugar parcialmente a los agravios esgrimidos por las demandadas, y en consecuencia, se precise como monto indemnizatorio total el otorgado en la instancia de grado en concepto de “Daño Neurológico” y se reduzca a la cantidad de pesos doscientos cincuenta mil el monto reconocido bajo el ítem “Prótesis”.2) Se impongan las costas de alzada a las demandadas por haber resultado vencidas en lo principal (conf. art. 68 C.P.C.C.N.), con excepción a las generadas en esta instancia por la excepciones de falta de legitimación pasiva del “Estado Nacional”, “Edesur S.A” y “Generali Corporate Compañía Argentina de Seguros S.A” , las que serán soportadas por los accionantes vencidos.

3) Se disponga que los intereses sobre las indemnizaciones otorgadas se fijen desde la fecha del siniestro ventilado a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina hasta el 20 de abril de 2009 y, desde entonces hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.4) Los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes serán regulados una vez que lo hayan sido los de primera instancia, diferidos a fs.2513 vta.5) Se la confirme en todo lo demás que fuera objeto de apelación y agravio, dejándose constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida lo dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y articulo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

La señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri dijo: Adhiero a la solución propiciada por la Dra. Brilla de Serrat, con las aclaraciones que efectuaré, salvo en lo que respecta a la eximición de condena al Estado Nacional. 1) Ya se ha expedido esta Cámara al señalar que “…El Estado Nacional no puede eximirse de responsabilidad, por los daños sufridos por un pasajero que cayó de un tren en movimiento, invocando una cláusula del contrato de concesión por la cual, se traspasó a la concesionaria la total responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiera irrogar la prestación del servicio ya que, dicha previsión resulta inoponible a la víctima quien, ha sido ajena a la relación contractual…” (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala “B” del 29/08/2008 Partes: Roa García, Oscar Luis c. Trenes de Buenos Aires Publicado en: La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/8891/2008).

Innecesario resulta poner de resalto que nada o casi nada de todo lo asumido en el contrato de concesión ha sido cumplido, al extremo que en el caso concreto de la aquí demandada Transportes Metropolitano Gral. Roca, el Estado ha reasumido la explotación del servicio ante la existencia de causales de resolución del contrato. En efecto, en virtud del Decreto 591/2007 se rescindió el Contrato de Concesión de la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros aprobado mediante el Decreto N° 2333 del 28 de diciembre de 1994, suscripto con la empresa Transportes Metropolitanos General Roca Sociedad Anónima.Se facultó a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a convocar a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. para la operación integral del citado servicio ferroviario. Se lee en los considerados del Decreto que el concesionario debió cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la normativa vigente, las que no fueron suspendidas a pesar de que declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios correspondientes al Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires. Así, entre las obligaciones que mantuvieron su virtualidad jurídica se encuentran las de brindar el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en condiciones de calidad, confort y seguridad; la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato; la imposición de penalidades por el organismo de control; el mantenimiento del material tractivo y rodante entregado, como así también, de lo s bienes muebles e inmuebles que fueran entregados en concesión, resguardándolos con los seguros correspondientes o con la referida garantía.

La prestación del servicio de transporte público ferroviario de pasajeros en condiciones de calidad, confort y seguridad implica el cumplimiento de las frecuencias y horarios aprobados por el organismo de control, sin cancelaciones, demoras ni reducción de la oferta del servicio -cantidad de coches por formación-, este concepto comprende además el mantenimiento de la infraestructura y material rodante en condiciones de limpieza y en buen estado de conservación. Y con respecto a las condiciones de seguridad exigidas contractualmente y por la normativa vigente, debe cumplirse con el mantenimiento de infraestructura de vías, señalamiento, comunicaciones, aparatos de vías, obras civiles y obras de arte (alcantarillas, puentes, cercos perimetrales, etc.) pasos a nivel, material rodante: tractivo y remolcado.Por ello, al haberse verificado incumplimientos graves y reiterados en las obligaciones a cargo del concesionario que han dado lugar a la aplicación de numerosas sanciones por parte de la autoridad de aplicación, a pesar de los cual la empresa no ha modificado su conducta ni ha realizado ninguna de las obligaciones a su cargo a fin de adecuar el servicio a las condiciones establecidas en la normativa vigente, ha devenido en una prestación del servicio deficiente que no cubre los requerimientos mínimos para la prestación del servicio público y por ende un adecuado transporte de los usuarios (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G(CNCiv)(SalaG) del 10/10/2008 en autos “Kubitz, Herta c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otros” LA LEY 19/01/2009, 19/01/2009, 3 – AR/JUR/9839/2008). Luego de estos clarísimos fundamentos, el art. 1° del Decreto dispone la rescisión del Contrato de Concesión. Frente a la contundencia de tales elementos, queda fuera de toda disputa la deficiente prestación del servicio por parte de la empresa codemandada, cobrando especial relevancia en el caso el incumplimiento de las medidas de seguridad mínimas y necesarias para evitar accidentes como el de esta litis. En el mismo sentido se ha dicho que “…existe sin duda una obligación de seguridad por parte del Estado con referencia a los “usuarios de servicios” que debe ser amplia y absoluta, de modo que puedan ser transportados sin riesgos que concluyan en daños. Se trata de una obligación del Estado y las empresas privadas de preservar la vida y salud de las personas usuarias de servicios como un modo de prevención de daños, que en caso de producirse, deben ser reparados” (conf. Ghersi, Carlos A., “Obligación social de seguridad.Una sentencia de la CSJN con trascendencia para el derecho de daños”, LA LEY, 2008—D, 265). En el caso no constituye un dato menor que por Decreto 591/2007 el Poder Ejecutivo Nacional rescindió el contrato de concesión de la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros aprobado por Decreto del 28/12/1994 que había sido otorgado a la aquí codemandada, Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y que fundó dicho acto rescisorio en la constatación de un servicio deficiente “que no cubre los requerimientos mínimos para la prestación del servicio público y por ende un adecuado transporte de los usuarios”. Pero esas facultades fueron ejercidas con posterioridad al hecho que dio origen a la presente causa. Adhiero en consecuencia al criterio jurisprudencial que sostuvo que las previsiones por las cuales el concedente traslada la responsabilidad al concesionario resultan inoponibles a los damnificados, en tanto han sido ajenos a dicha relación contractual (conf. CNCiv, Sala M, del 14/07/2011 en autos “Troiano, Víctor Antonio y otro c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otros s/ daños y perjuicios Publicado en: RCyS2011-XI, 222 – DJ18/01/2012, 73 Cita Online: AR/JUR/36711/2011, del voto en disidencia de la Dra. Mabel de los Santos).

Por todo ello, voto por hacer extensiva la condena al Estado Nacional, con costas de ambas instancias a su cargo (art. 68 del CPCCN).2) La demandada cuestiona que el magistrada hubiera ponderado únicamente la actividad de la demandada en la producción del hecho dañoso, sin atender a la culpa “in vigilando” que el recurrente pretende endilgar a los progenitores del menor fallecido.Como lo ha sostenido esta sala en los autos “González Ramón Valeriano y otro c/ Transporte Metropolitano Belgrano Sur S.A y otro s/ Daños y Perjuicios”, Exp. N° 38.703/08 de Junio de 2015, más allá de las distintas posturas que con respecto a la aplicación de los arts.1114 y 1116 han sido elaboradas por prestigiosa doctrina y jurisprudencia (en especial en relación a su aplicación a daños producidos por los menores o a los menores), lo cierto es que amén de las transformaciones sociales que han producido notables cambios en la organización familiar, que difiere abismalmente de las existentes a la época en que fueran pergeniadas ambas normas y que requieren dar soluciones legales diferentes a las pensadas para siglos anteriores – ejemplo de lo cual lo constituye la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación- en el caso no ha sido sino la conducta antijurídica de la demandada la causa del daño en virtud del cual se reclama en autos, por lo que entiendo, la responsabilidad de los padres se encuentra al margen de la cuestión a dilucidar. Agrego puntualmente y a mayor abundamiento en este caso, que a diferencia de lo que sostiene la demandada, el menor tenía a la fecha del hecho 14 años por lo que contaba con discernimiento en los términos del art. 921 del Código Civil vigente a la fecha del accidente. En definitiva voto por rechazar las quejas sobre este punto. Así mi voto.

El señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

ANA MARIA BRILLA DE SERRAT

PATRICIA BARBIERI

OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de septiembre de 2016. Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Por Mayoría: 1) Hacer extensiva la condena al Estado Nacional, con costas de ambas instancias a su cargo; Por unanimidad:2) Hacer lugar parcialmente a los agravios esgrimidos por las demandadas, y en consecuencia, fijar como monto indemnizatorio por incapacidad neurológica/traumatológica la cantidad de dos millones de pesos ($ 2.000.000) y reducir a la cantidad de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000) el monto reconocido bajo el ítem “Prótesis”; 3) Imponer las costas de alzada a las demandadas vencidas, con excepción de las generadas en esta instancia por la excepción de falta de legitimación de “Edesur S.A.” y “Generali Corporate Compañía Argentina de Seguros S.A”, las que serán soportadas por los accionantes perdidosos; 4) Disponer que los intereses sobre las indemnizaciones otorgadas se fijen desde la fecha del siniestro ventilado a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina hasta el 20 de abril de 2009 y, desde entonces hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; 5) Los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes serán regulados una vez que lo hayan sido los de primera instancia, diferidos a fs. 2513 vta.; 6) Confirmar el fallo recurrido en todo lo demás que fuera objeto de apelación y agravio. Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Ana María Brilla de Serrat

Patricia Barbieri

Osvaldo Onofre Álvarez