Rechazo de la demanda por no haberse probado que los daños hubieran sido producidos por una avalancha en el estadio de fútbol

estadioPartes: Villarreal Walter Oscar c/ Asociación de Fútbol Argentino y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 19-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101297-AR | MJJ101297 | MJJ101297
Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios sufridos al asistir a un estadio a presenciar un partido de fútbol, ya que si bien existe a cargo del organizador una obligación de seguridad por la cual aquel se compromete -además de brindar el espectáculo deportivo- a garantizar la indemnidad de la persona y bienes del espectador y demás asistentes y participantes, no surgen elementos probatorios contundentes, relativos a que la causa eficiente del daño padecido por el actor, pudiera imputarse, a la alegada avalancha producida en el estadio y en ocasión del partido de futbol referido.

Fallo:

Buenos Aires, a los 19 días del mes de septiembre de 2016, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “Villarreal Walter Oscar c/ Asociación de Futbol Argentino y otros s/ daños y perjuicios” La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:

I. La sentencia definitiva obrante a fs. 951/ 957 rechazó la demanda de daños y perjuicios, interpuesta por Walter Oscar Villarrreal contra Asociación del Futbol Argentino y Club Atlético River Plate, con costas a la vencida.La acción intentada se origina según sus dichos en el accidente sufrido el 11 de Octubre de 2010, cuando el actor asistió como espectador, al estadio Antonio Vespucio River Plate – a presenciar el partido organizado por la Asociación del Futbol Argentino a disputarse entre los equipos Club Atlético River Plate y el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, correspondiente a la 10° fecha del torneo apertura del año 2010. Manifiesta que encontrándose en la Tribuna Alta Sivori y en los primeros minutos del partido, se habría producido una avalancha, cayéndose varios escalones y algunos espectadores sobre él sufriendo los daños por los cuales acciona.La sentencia de grado, desestimó la acción incoada, en virtud de no haberse producido en autos, prueba idónea tendiente a acreditar la existencia del hecho invocado como fundamento de la pretensión.­ Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora cuyos agravios lucen a fs. 1017/1030. Corrido el pertinente traslado luce a fs. 1032/1034 el responde de Club Atlético River Plate. A fs. 1037 se dicta el llamado de autos a sentencia, providencia que se encuentra firme, por lo que se encuentran los autos en condiciones de resolver los recursos deducidos.

II.Los agravios de la parte actora se centran sustancialmente en la errónea valoración de la prueba testimonial e informativa, que se ha prescindido de prueba decisiva y efectuado una errónea merituación de la prueba producida, por lo que la tilda de arbitraria la sentencia apelada, solicitando se revoque la misma.

III.­ Como previo y antes de entrar en el tratamiento de los agravios deducidos cabe precisar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 aprobado por la ley 26.994 contempla de manera expresa lo relativo a la “temporalidad” de la ley. Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las consecuencias son los efectos, de hecho o de derecho que reconocen como causa, una situación o relación jurídica por ende atento que en los presentes obrados la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior, corresponde analizar la cuestión a la luz de la misma, así como la doctrina y jurisprudencia a ella aplicable.­ IV. En cuanto a la normativa aplicable cabe señalar que la ley 23.184 fue modificada por la ley 24.192, cuyo art. 51 reemplazó al art.33 prescribiendo “Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios”.

En función de ello existe a cargo del organizador una obligación de seguridad por la cual aquel se compromete además de brindar el espectáculo deportivo a garantizar la indemnidad de la persona y bienes del espectador y demás asistentes y participantes.

Se trata de una obligación de resultado agravada cuyo incumplimiento origina una responsabilidad objetiva que únicamente es excusable probando culpa de la víctima o caso fortuito extraño a la actividad, lo que implica fracturar el nexo de causalidad (conf. CNCiv, sala K, 25/10/2010 Expte Nº 22.543/06, “T., C. M. c/ D., H. M. s/ daños y perjuicios” ídem esta sala, 29/12/2011, Expte Nº 30308/98 “Herrera Washington Alfredo C/ Malacalza Carlos Rubén y otros s/daños y perjuicios ).

A su vez el daño sufrido durante la celebración de un evento deportivo puede reconocer su causa tanto en hechos provenientes de otros deportistas, espectadores, etc., en los supuestos de responsabilidad colectiva cuando no resulta identificable el autor del daño, en los casos de avalanchas, tumultos, acción de barras bravas, como así también puede resultar por el hecho de las cosas de las cuales se sirve el empresario. En todos los casos, se compromete la responsabilidad objetiva y directa del organizador (Conf CNCiv, esta sala poner fecha Expte. N° 16.395/02.”Ayala, Sergio Adrián c/ Club Atlético River Plate s/ daños y perjuicios”).

Es que el deber de seguridad que asume el organizador obliga antes, durante y después de concluido el espectáculo, a que los asistentes no sufran daños en su persona; de esta manera, ese deber se prolonga durante todo el tiempo, desde el ingreso del espectador al recinto hasta su posterior egreso.

Sin perjuicio de ello cabe señalar, que para que todo el mecanismo de imputación de este tipo de responsabilidad objetiva entre a funcionar, se le exige al actor acreditar la ocurrencia del hecho por el cual reclama y la relación de causalidad adecuada que existe entre éste y el daño.

Asimismo he de resaltar que para que nazca la obligación resarcitoria el daño debe cumplir con ciertos requisitos: ser cierto, subsistente, propio, afectar a un interés legítimo y estar vinculado al ilícito o incumplimiento contractual por una relación de causalidad adecuada.­ En principio, no existe daño sin hecho que lo determine, y la probanza del mismo debe darla la parte que tiene interés en afirmar su existencia en cuanto le es favorable su efecto jurídico, debiendo a tal fin elegir los medios adecuados para formar la convicción en el ánimo del juzgador; es decir, el onus probandi pesa sobre quien sostiene un hecho contrario a sus intereses morales o materiales. Lo que ha de probarse es la afirmación del hecho, por lo que si el onus probandi pesa sobre la actora, ante la falta de pruebas del hecho contradicho, debe rechazarse la pretensión.

En el proceso civil los hechos que son objeto de prueba deben haber sido afirmados por las partes. En principio, en el sistema dispositivo, el juez no investiga ni averigua, sino que verifica las afirmaciones los litigantes (Conf. Roland Arazi, Jorge A. Rojas “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 2º edición actualizada, T II, pág.309).

Desde el punto de vista estrictamente procesal, los litigantes deben probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y tal imposición no depende de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso.

El citado art. 377 comienza diciendo que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la presencia de un hecho controvertido. Se considera como tal aquel hecho conducente, pertinente, útil, que incide con suficiente importancia en el curso de la litis, siendo su prueba necesaria porque dependiza la verificación y convicción que el juez puede alcanzar (Conf. Gozaíni, Osvaldo, “El acceso a la justicia y el derecho de daños”, en Revista de Derecho de Daños­II, Ed. Rubinzal Culzoni, Pág. 192).

Los hechos podrán preexistir con abstracción del proceso, pero en la medida en que de aquellos se pretenda extraer consecuencias jurídicas e interesen a la litis, menester será que se los pruebe, de forma que adquieran vida propia, se exterioricen y existan judicialmente para el juez, para las partes y el proceso, en razón de que para el método judicial un hecho afirmado, no admitido y no probado, es un hecho que no existe, pues para ello se requiere un mínimo contenido objetivo en el material con el que se opera (conf. Kielmanovich, Jorge L. “Teoría de la prueba y medios probatorios”, pag. 37, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001; C.N.Civ., esta Sala, Expte. 84737/2007, 14/5/2010, “Macchi, Daniel Roberto c/ Autopistas del Sol S. A. s/ daños y perjuicios”, entre otros).

El concepto de “carga procesal” es el centro de la responsabilidad y función de las partes que persiguen, naturalmente, una sentencia favorable, y para ello necesitan conducirse en el debate judicial, con cuidada eficacia y oportunidad.La teoría del proceso como “situación jurídica” justamente ha puesto en el tapete el rol de los litigantes visto a la luz de sus chances, expectativas, posibilidades y riesgos que irán marcando la distancia con la posible suerte del derecho se somete a la decisión judicial. Especialmente, en esa concepción, las partes están pesadas con “cargas” o sea imperativos del propio interés para cumplir los actos procesales No son obligaciones, ya que su contraparte no podrá forzar al interesado a cumplirlas y, por el contrario, quedará en ventaja si el mismo omite liberarse bien y en tiempo propio (Eisner, Isidoro, “Planteos procesales”, Ed. La Ley, 1984; pags. 57/58 y 94; C. N. Civ., esta Sala, 10/12/09, Expte. Nº 85.249/04, “Cons. De Prop. Callao 710/16 c/ Rodríguez, Mónica s/ rendición de cuentas”; Idem., id., 09/02/2010, Expte. Nº 108.095/2005, “Muñoz, Mónica Andrea c/ Expreso General Sarmiento S.A. Línea 176 y otros s/ daños y perjuicios”; Id., id., 11/05/2010, Expte. Nº 75.058/2000 “Peralta, Carlos Raúl y otros c/ Coronel Vega, Carlos Javier y otros s/ daños y perjuicios”; Id., id., 12/05/2010, Expte. Nº 7.184/2006 “Cauda de Devoto, Elisabeth Jacqueline y otros c/ Marani, Claudio Daniel y otros s/ daños y perjuicios”).

Siguiendo este criterio, se ha sostenido reiteradamente que la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio litigante: es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (conf. Fassi, S.,”Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado”, t. II, p. 163, Astrea, Buenos Aires; C. N. Civ., esta Sala, 03/10/2000, “Romero, Damiana c. Cesáreo, Carlos y otros; Lugo, Mauro c. Indrieri, Juan L. y otro y Di Marco, Julio c. Expreso Cañuelas S.A. y otro” L. L.2001­E 609, Id., id., 29/9/2005, “Koselstein, Adolfo Roberto c/ Cons. de Prop. Salta 1157”; Idem., id., Expte. Nº 25.011/2005, 22/2/2010, “Longueira, Marcelo Adrián c/ Club Atlético River Plate y otros s/ daños y perjuicios”, entre muchos otros).

Por ello como ya señalara la prueba del daño y de la relación causal, cuando menos en su fase primaria, puramente material, incumbe al pretensor. Es una simple aplicación del principio que fluye del artículo 377 del CPCC (Roberto H. Brebbia, “Hechos y Actos Jurídicos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, P. 141; Roberto A. Vázquez Ferreira, ” Responsabilidad por daños elementos” Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, ps. 226­230; Jorge Bustamante Alsina, “Teoría General de la responsabilidad civil”, Ed. Abeledo Perrot Bs. As., 1993 , N 606 y 607 , p. 269; C.N.Civ. esta Sala, 8/6/2010, Expte. Nº 39663/2003, “Wybranski, Mariano Andrés c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s daños y perjuicios”).

Reiteradamente hemos sostenido que “Más allá que la tendencia en materia de derecho de la responsabilidad civil sea aligerar la carga de la prueba en beneficio de las víctimas de daños (por ejemplo a través de presunciones de responsabilidad, de causalidad, de culpa, e incluso en un plano subjetivo la teoría de las cargas probatorias dinámicas se encuentra en la misma línea manifestaciones todas de carácter tuitivo del sistema), lo cierto es que ello no alcanza a enervar el régimen probatorio en materia de relación de causalidad en los términos señalados, sustento primero del reclamo indemnizatorio (Conf. C.N.Civ., esta Sala, 19/5/2008, Expte. Nº 77855/92, “Grecco, Francisca Vicenta Lydia c/ Farmacia Dietrich s/daños y perjuicios”; Idem., id., 6/7/2010, Expte. Nº 20588/2006, “Mansilla, Martha Francisca c/Transporte Almte. Brown S.A.y otro s/daños y perjuicios” Idem.,id 20/9/2010 Expte nº 24507/2006 “Abramczik, Horst c Metrovías s/daños y perjuicios”.

En síntesis, el pretensor del resarcimiento de daños debe demostrar los presupuestos de la norma que lo beneficia. Debe probar la existencia del hecho por el que demanda, o de la acción antijurídica, o el incumplimiento; también el factor de atribución, el nexo causal y el daño serán motivo de su esfuerzo demostrativo (Lorenzetti, Ricardo Luis, “Carga de la prueba en los procesos de daños”, L. L. 1991­A­995, Tanzi, Silvia, “La prueba en el daño” en Revista “Derecho de Daños” t. 4, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1999, págs. 444/6/7/9).

El Juez no procede de oficio y no toma en examen una controversia si no lo pide el interesado; es decir si no se deduce la demanda que fija no sólo la cuestión propuesta, sino también la postura defensiva del demandado. Como base de este sistema subyacen principios de raigambre constitucional, como el debido proceso y la defensa en juicio, cuya integridad se hace necesario preservar.

De las probanzas existentes en autos cabe señalar, el testimonio de Rodolfo Gastón Andrada quien manifestó haber socorrido al accionante en la ocasión.Depuso que luego del siniestro lo acompañó hasta abajo, porque no podía pisar, que se acercó un policía, que le dijo que llamaba al Same, “que dio una vuelta en la escalera de River, en el primer piso y de ahí ví que subió a la camioneta” ” . cuando se lo llevó el Same estaba solo”, declarando asimismo no saber donde estaba el policía, ni tener conocimiento de las postas médicas, existentes en el estadio como tampoco pudo dar precisión alguna, en la forma que fuera contactado por el accionante a los fines de prestar declaración en la presente causa.

Como bien lo destacara el sentenciente de grado, resulta cuanto menos llamativo, que el accionante no se hubiera referido a tal relevante presencia en el lugar del hecho, máxime cuando se trató de la persona que lo asistió inmediatamente después del accidente, resultando asimismo sugestivo que desconociera la existencia de la postas médicas debidamente señalizadas existentes en la tribuna en cuestión.

Por otro lado en relación al testimonio de Juan Francisco García (ver fs. 486/487) mas allá de las imprecisiones horarias señaladas por el sentenciante de grado, cuando depuso haber visto al actor a las 16.45 siendo que de la prueba pericial de informática, el ticket N° 10771, ingresó al estadio a las 17,12 hrs ( ver fs. 715) en principio, manifestó conocer a la persona que se lo llevó luego de la avalancha, para luego no recordar quien socorrió al actor, ni tener ideo como ni donde, fue trasladado para su atención.

En cuanto la valoración de la prueba testimonial reiteradamente se ha dicho que el juez es soberano en la valoración de los testimonios, en función de los principios de la sana crítica racional, esto es, las reglas de la lógica y de la experiencia aplicadas con recto criterio.

En tal sentido el magistrado goza de amplias facultades:admite o rechaza la que su justo criterio le indique como acreedora de mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito obrantes en el expediente (Conf. Fenochietto­Arazi, “Código Procesal Comentado”, Tomo 2, pág. 446). La pauta fundamental que el juez debe seguir consiste en la determinación del grado de convicción que le ofrece el testimonio en función de la mayor o menor verosimilitud de los hechos que expone, así como también a la mayor o menor facilidad con que pueden percibirse y recordarse (Conf. Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Lexis Nº 2507/004573).

La fuerza probatoria de un testigo está vinculada con la razón de sus dichos y, en particular, con las explicaciones que pueda dar acerca del conocimiento de los hechos a través de lo que sus sentidos percibieran. (Conf CNCiv, sala L, 11/11/2010, “Pietragalla Miguel Ángel c/ Autopistas Urbanas S.A. s/ daños y perjuicios” cita: MJ­JU­M­61993­AR | MJJ61993 | MJJ61993).

En el caso y mas allá que los testimonios puedan cuanto menos ser complacientes con la postura del actor, la existencia de vaguedades e imprecisiones en sus relatos, impiden conferirles el valor convictivo que pretende el quejoso en su agravio, por lo que los cuestionamientos intentados por el recurrente, en manera alguna desvirtúan la adecuada apreciación de la prueba testimonial efectuada por el sentenciante.

Asimismo no surge de la prueba informativa de fs. 434, correspondiente al sistema de atención medica de emergencias (SAME) y del “Registro de Atención Medica de Urgencias de Ambulancias (Auxilio Médico) un pedido de auxilio para el estadio River Plate, como tampoco para el Sr. Walter Oscar Villarreal, circunstancia corroborada por el informe brindado a fs. 786 y suscripto por el Dr. Eduardo Spada, del cual surge que el paciente Villarreal Walter Oscar, no figura en los registros del Same del depto de Urgencias, ignorando con que medios fue trasladado al Hospital.­ A su vez del informe médico del día del evento, obrante a fs.458/60, en el cual se detalla la asistencia prestada a los espectadores, durante el partido de la referencia, en el departamento médico central y en las distintas postas ubicada en las tribunas, no obra registro alguno del actor, señalando a mayor abundamiento, lo manifestado en ocasión de producirse la pericia medica, de haber sido asistido en el estadio. (a fs. 394).

Se confirma asimismo con la prueba informativa de fs. 464, que la entidad deportiva demandada, no contrata ambulancias del Same, y que el servicio de emergencia en el día del hecho, fue prestado por la empresa International Health Services, con cinco ambulancias dentro y en las afueras del estadio, no surgiendo registro alguno del actor, de haber sido trasladado por dicho servicio.

Del informe de la Policía Federal Argentina, no surge reporte alguno de incidentes heridos avalancha o traslado a hospital alguno, y finalmente cabe referirse a las constancias de la historia clínica que a fs. 284 se consigna: paciente de 34 años, que refiere haber caído en una avalancha en cancha de futbol y a fs. 285 surge en el resumen de guardia , que las lesiones se debieron a caída en vía pública.

Analizadas que fueran las constancias acompañadas en el fallo recurrido y que en honor a la brevedad me remito al minucioso análisis realizado en la instancia de grado con prudente arbitro judicial, considerando que las mismas tornan impreciso tanto la ocurrencia del hecho como la mecánica del evento denunciado.­

Las reglas de la sana crítica suponen la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba, comprendiéndose como el correcto entendimiento humano, derivadas de la lógica y de las “máximas de experiencia” del juzgador.Se sustentan en la actividad intelectual que éste realiza para la apreciación de los elementos de ponderación que le fueron arrimados al proceso, para determinar la fuerza probatoria relativa que tienen cada uno con los demás, para llegar a la convicción de correspondencia del conjunto respecto de la versión fáctica en la que se asienta la causa de la pretensión o de la defensa (conf. Morello y otros, “Códigos Procesales.”, V­A pág. 326 y stes. y sus citas).

En virtud de ello entiendo que en los presentes, no surgen elementos probatorios contundentes, relativos a que la causa eficiente del daño padecido por el actor, pudiera imputarse, a la alegada avalancha producida en el estadio y en ocasión del partido de futbol referido, y así poder extender la responsabilidad a las demandadas, en los términos que se planteara la presente acción de daños.

Le cabía entonces al actor acreditar los acontecimientos por los que reclama indemnización, procurando demostrar las circunstancias en las que ocurrió el accidente (conf. CNCiv, Sala M, 15/08/97, “Molina, Gustavo L. c/ Línea 17 S. A. interno 07 s/ daños y perjuicios”); y ante la negativa del hecho por parte de la demandada, pesa sobre el actor la carga de arrimar al Tribunal los elementos probatorios que lleven al convencimiento de la certeza de sus afirmaciones (conf. CNCiv, Sala H, 27/5/98, “Álvarez, Alberto H. c/ Espinel, Sergio s/ daños y perjuicios” Idem, Sala L, 31/7/2007, “Navarro Daniel Huberto c/ Metrovías S. A.s/ daños y perjuicios”) para fundamentar esa responsabilidad de tal manera que el magistrado pueda verificarlo, valiéndose de elementos suministrados al proceso.­ Teniendo en cuenta ello, resultaba menester acompañar al proceso y diligenciar aquellas pruebas capaces de otorgar al juzgador, un convencimiento fehaciente o al menos verosímil del daño y la relación causal exigida por la normativa legal, ya que su intervención está delimitada por la prueba aportada en la causa, pues la mera hipótesis en este terreno, no es suficiente para dar por cumplida la prueba de la relación de causalidad, por lo que no habiendo demostrado el accionante los extremos a los que estaba obligada, concluyo que la presente acción ha sido correctamente rechazada.

A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo:

1. Confirmar el fallo apelado, con costas de Alzada a la actora sustancialmente vencida (Art 68 del CPCC).

TAL ES MI VOTO

La Dra. Beatriz A.Verón adhiere al voto precedente.Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.Se deja constancia que la Dra. Zulema Wilde no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N).

Buenos Aires, septiembre 19 de 2016.

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

1.­ Confirmar el fallo apelado, con costas de Alzada a la actora sustancialmente vencida (Art 68 del CPCC).

Para conocer los honorarios regulados a fs. 965 y que fueran apelados a fs. 967,969, 970,971,973,978,982, respectivamente.En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9,10, 19,10, 37, 38 y conc. de la ley 21.839, y su modificatoria ley 24432 y por resultar ajustados a derecho, confírmense los honorarios regulados a los profesionales y peritos intervinientes en la instancia anterior.­ Respecto de la tarea desarrollada en la Alzada de conformidad con lo dispuesto en el art 14 de la ley de aranceles profesionales, según texto ley 24432, se regulan los honorarios del Dr. S J R A en la suma de ($.) y los del Dr. V A G en la suma de ($.). Se deja constancia que la Dra.Zulema Wilde no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N).

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4° y oportunamente devuélvase.