fbpx

Responsabilidad por electrocución con un ventilador conectado a la instalación eléctrica domiciliaria

electrucacionPartes: Insaurralde Miguel Salvador y otro c/ Edenor s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 12-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-101228-AR | MJJ101228 | MJJ101228

cuadro-2

Sumario:

1.-Corresponde elevar la indemnización de la pérdida de chance otorgada a favor de los padres por el fallecimiento de su hijo al morir producto de una electrocución, dado que cuando se trata del deceso de un adolescente, se presume el daño material que ello representa para sus padres, pues de ordinario los hijos devuelven esfuerzos y los cariños que los progenitores le brindan en su minoridad; más aún cuando de las constancias de la causa surge que el sostén de familia es una persona humilde y sin estudios y el fallecido tenía un proyecto de continuar su educación y transformarse en Marino de la Nación.

2.-La indemnización por daño moral otorgada a favor del hermano menor de una persona que falleció electrocutada al tocar un aparato electrónico en su domicilio es inapelable, toda vez que el monto involucrado es inferior al mínimo legal establecido en el art. 242 del CPCCN.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de agosto de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Alfredo Silverio Gusman dice:

I.- A fs. 659/664 obra la sentencia del Juez de la anterior instancia, en la que se hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios promovida por Miguel Salvador INSAURRALDE y Graciela Zulema ISA por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad Rocío Belén INSAURRALDE, Macarena Soledad INSAURRALDE y Gonzalo Ezequiel INSAURRALDE contra la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA -en adelante, Edenor S.A-. Los actores imputaron a la accionada responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de seguridad inherente a la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Precisaron que el día 22 de noviembre de 2003, Leandro Hernán INSAURRALDE, quien fuera en vida hijo y hermano de los accionantes respectivamente, falleció electrocutado en su dormitorio al tocar un ventilador que se encontraba enchufado a la instalación eléctrica domiciliaria. Con motivo de aquél episodio, es que reclaman el pago de los perjuicios que le habría irrogado la conducta reprochable de la accionada.

II.- Para hacer lugar a la pretensión, el «a quo», haciendo mérito de las constancias aportadas a la causa, consideró que Edenor S.A. incurrió en un incumplimiento de los deberes que le son exigibles en base a la reglamentación vigente para el resguardo de la seguridad de las personas. En ese sentido, resaltó que de acuerdo con el artículo 2 inc. d) de la Resolución E.N.R.E.N° 82/2002, se indican los elementos interconectados en forma correcta desde la red pública de B.T., hasta el consumo, y que el inmueble de los actores carecía de tablero principal (T.P.), como así también de tablero seccional (T.S.) el cual contiene los elementos de corte automático como los disyuntores. Sobre este punto, puntualizó que era posible detectar las fallas en las instalaciones eléctricas de la vivienda mediante una simple inspección visual, y que aquello pudo haberse verificado en ocasión de inspeccionar los medidores, tarea ésta que la empresa lleva a cabo cada dos meses.

Asimismo, meritó el carácter de la demandada como proveedora de una cosa riesgosa, no pudiendo desvincularse de su obligación de vigilancia con relación a los aparatos y materiales instalados en el tablero de entrada, que por ella fueron puestos en servicio. Como consecuencia de ello, consideró que la accionada no debió habilitar el suministro eléctrico en la vivienda de los actores, incumpliendo así sus obligaciones relacionadas a la seguridad de las personas. Sin perjuicio de ello, para calibrar la distribución de responsabilidad tuvo en cuenta la circunstancia de que el accidente se desarrolló dentro del inmueble, como consecuencia del estado de las instalaciones internas, sin disyuntor, que el artefacto se encontraba en mal estado potenciado todo ello por el hecho de que la víctima se encontraba descalzo, tal como fuera informado en la causa n°199.744 de la Instrucción Penal Preparatoria. Luego de esa conclusión, estableció la graduación de las culpas en un 60% a cargo de la empresa distribuidora del monto que en definitiva se fije. En función de ello, dispuso el pago de la indemnización por los daños patrimoniales relativos a la pérdida de chance de asistencia futura a los padres, daño psicológico, tratamiento psicológico y gasto de sepelio, y por el daño moral padecido por los progenitores, siendo el monto total de la condena justipreciada por el sentenciante la suma de $168.720.En lo concerniente a los intereses, dispuso que aquellos deberán liquidarse a partir del día 22 de noviembre de 2003 y hasta el momento de efectivo pago, a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, con excepción de la suma reconocida en concepto de tratamiento psicológico por tratarse de un gasto futuro. Por último, impuso las costas en la misma proporción en que se hizo lugar a la demanda, es decir, un 60% de los gastos del proceso y honorarios regulados a cargo de la demandada y el 40% restante a cargo de la parte actora.

II.- Dicho pronunciamiento fue materia de apelación por parte del apoderado de los co-actores Miguel Salvador INSAURRALDE y Graciela Zulema ISA (fs. 666), por Edenor S.A. (fs. 668) y por la Defensora Oficial, en representación del menor Gonzalo Ezequiel INSAURRALDE (fs. 675).

Los coaccionantes fundan sus quejas en la pieza que luce a fs. 684/697, que en esencia fincan en la exigüidad de los montos reconocidos por el «a quo» en concepto de pérdida de chance y daño moral. Asimismo, se agravian de la distribución de las costas en tanto considerar que el hecho de que el éxito de la demanda sea parcial no le quita al concesionario del servicio la calidad de vencido a los efectos del pago de los gastos del proceso.

Dichos agravios fueron respondidos en el escrito de fs. 710/711 por Edenor S.A.

Por su parte, debe recordarse que de conformidad con lo dispuesto en la providencia obrante a fs. 698 -tercer párrafo-, el recurso interpuesto por la demandada quedó desierto, en virtud de lo normado por el artículo 265 del Código Procesal.

Por último, la Defensora Oficial expone sus quejas en el dictamen que luce a fs. 699/705, el cual únicamente se dirige a cuestionar el modo en que el «a quo» atribuyó la responsabilidad.En ese sentido, advierte que no se encuentran justificados en la sentencia cuáles fueron los motivos concretos que llevaron al juzgador a hacer uso del eximente vinculado con la culpa de la víctima, pues el sólo hecho de mencionar que el infortunio ocurrió dentro del inmueble como consecuencia del estado de las instalaciones internas, que no había disyuntor, y que la víctima se encontraba descalza, no parece ser un argumento suficiente para aplicar ese eximente en beneficio de la empresa demandada.

Dichos agravios fueron respondidos en el escrito de fs. 708/709.

III.- En primer término, corresponde formular una aclaración preliminar con relación al recurso interpuesto por la Defensora Pública Oficial a fs. 675, cuyos agravios fueron expresados mediante el dictamen de fs. 699. Sobre ese punto, cabe señalar que por tratarse de una cuestión en la que está comprometido el orden público, relativa a la jurisdicción y a la competencia funcional, el Tribunal de Alzada se encuentra facultado para examinar de oficio la procedencia del recurso de apelación, sin que sea obstáculo para ello la concesión realizada por el Juez de primera instancia ni la conformidad que al respecto pudieran haber prestado las partes, sea en forma expresa o tácita (conf. esta Sala, causa n° 11.952/94 del 29.10.99 y sus citas, entre otras).

En lo que aquí interesa, el Magistrado de la anterior instancia fijó en la suma de $15.000 los gastos relativos al tratamiento psicológico del co-actor Gonzalo Ezequiel INSAURRALDE, siendo éste el único rubro admitido a favor del menor. De este modo, siendo que el recurso de la Defensora Pública Oficial se dirige a cuestionar únicamente la distribución de responsabilidad efectuada por el sentenciante, queda claro que el gravamen por el cual dicha parte cuestiona el veredicto recurrido se circunscribe en el 40% de la referida suma, porcentual que se corresponde con la atribución de culpa efectuada a la víctima.Por las razones mencionadas, toda vez que el monto involucrado por el cual prosperaría el recurso es inferior al mínimo establecido por el art. 242 del Código de forma, es claro que la sentencia de fs. 659/664 es inapelable para aquella parte en razón del monto, circunstancia ésta que veda toda intervención de este tribunal de alzada para conocer en el recurso de apelación (conf. C.S.J.N, Fallos: 323:311 y su remisión al dictamen del Procurador General); extremo que no privaba al citado coactor de ocurrir a una instancia superior, toda vez que contaban con el derecho de interponer -directamente ante el Juez, dentro de los diez días el recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la Ley N° 48.

En consecuencia, propongo declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 675. Con costas de alzada en el orden causado, en atención a que se resuelve por una cuestión que no fue puesta de manifiesto por la representación de la demandada (art. 68, 2do. párr. del CPCC).

IV.- En autos ha quedado firme la atribución de responsabilidad de Edenor S.A. por el luctuoso hecho, las sumas reconocidas a los actores en concepto de daño psicológico, tratamiento psicológico y gastos de sepelio. Resta resolver los agravios de los progenitores que trasuntan sobre la insuficiencia de los montos indemnizatorios relativos a la pérdida de chance de asistencia futura y el daño moral y, por último, la distribución de costas efectuada por el sentenciante.

V.- De la lectura del escrito inaugural se desprende que la pretensión resarcitoria refiere a la pérdida patrimonial derivada del luctuoso hecho (referida por los accionantes bajo el acápite «valor vida»), como así también el daño moral que el deceso del joven Leandro generó en sus progenitores. Si bien lo pretendido en la liquidación efectuada al punto VI, 1) de fs.33 no resulta coincidente con la magnitud de los daños irrogados, no es menos cierto que la fórmula utilizada en el objeto de la demanda no es rígida (ver fs. 23 y 33), lo que otorga al Tribunal cierto margen de maniobra a la hora de determinar el monto de la condena, sin llegar a transgredir los límites impuestos a la jurisdicción de esta Alzada.

En orden al impropiamente denominado «valor vida humana», ésta no tiene un valor en sí misma (ya que de suyo es inconmensurable), sino por lo que produce o deja de producir. De tal modo que cuando se utiliza esa expresión, se está aludiendo al daño que sufren los causahabientes como consecuencia de la muerte del causante (conf. esta Sala, causas n° 2393/97 «Sambiase de Craviotto Myrtha Alici a c/ Hospital Británico de Buenos Aires y otro s/ Responsabilidad Médica» del 9/09/05; 2259/02 «Ferreyra Nelida Nidia y o. c/ Estado Nacional s/ accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad» del 16/09/11, entre otras).

En el sub lite, el «valor vida» apunta a enjugar el perjuicio material que los progenitores han sufrido con motivo de la muerte de su joven hijo, teniendo en cuenta que de lo que se trata es de apreciar que el deceso importó para ellos la privación de una razonable posibilidad de asistencia futura en situaciones en que pudiera requerirla, tales como enfermedad, vejez, etc. Esta privación de expectativa legítima y verosímil, según el curso ordinario de las cosas, constituye un daño que debe ser restañado (conf.esta Sala, causa n° 6.697/99 del 25.06.03).

Con relación a la pérdida de la posibilidad de ayuda futura, el Máximo Tribunal de la Nación ha decidido que si de lo que se trata es de resarcir la «chance» que -por su propia naturaleza- es sólo una posibilidad; no puede negarse la indemnización con el argumento de que es imposible asegurar que la muerte de un menor vaya a resultar perjuicio, pues ello importa exigir una certidumbre extraña al concepto mismo de «chance» de cuya reparación se trata (Fallos: 308:1160).

Tal es así que, cuando se trata del fallecimiento de un adolescente, se presume el daño material que ello representa para sus padres, pues de ordinario los hijos devuelven esfuerzos y los cariños que los progenitores les brindan en la minoridad, con una positiva ayuda y sostén a la hora de la vejez de los actores. No se trata entonces de eventuales, sino de concretos sostenes, tanto en el orden económico como personal, asistencial, de cuidados y de consejos en el futuro de los padres. Si quienes reclaman son gente de humilde condición social, con mayor razón debe aplicarse el art. 1085 del Código Civil (conf. C.N.Civ. Sala C, «R.,M. c/ B. de A., G. C. y/o Municipalidad de la Capital», E.D., 105-256). Es que no debe perderse de vista que la procedencia de la indemnización por la pérdida de chance pretendida, encuentra sustento normativo en los arts. 277, 367 y 372 del Código Civil.

De las constancias de la causa surgen las circunstancias que rodean a los Sres. Miguel Salvador y Graciela Zulema (de sesenta y cincuenta y nueve años, respectivamente, en la actualidad) y que -como he dicho- inciden en la fijación del «quantum» del rubro en cuestión.Nótese que en el caso del co-actor se trata de un padre, sostén de familia, con estudios primarios incompletos y que al momento de producirse el accidente gozaba de un «Plan Trabajar» y acrecentaba sus ingresos realizando distintas actividades (v. fs. 394 y 394vta.). A lo que debe agregarse que, de acuerdo con los extremos apuntados en la pericia psicológica, Leandro se encontraba cursando el segundo año del «Plan de Estudios Polimodal» y su título a obtener era el de «Técnico de Ciencias y Humanidades». En igual sentido, el dictamen menciona que el joven «.tenía un proyecto personal de continuar sus estudios Superiores en la Escuela Naval y ser Marino de la Nación» (v. fs. 393 vta.). Atendiendo tal panorama, resulta razonable admitir que la muerte de su primogénito importó la frustración de una posible ayuda material, pues una comprensión objetiva y realista de la situación económico-social de la familia permite inferir con probabilidad suficiente la cooperación futura del hijo (conf. C.S.J.N. «Schauman de Scaiola, Martha Susana c/ Santa Cruz, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios» del 6.07.99).

Ponderando las condiciones de los padres, creo que la traducción monetaria de la pérdida de aquella probabilidad que se realizara en la sentencia fue un tanto escasa, por lo que propiciaré elevarla a la suma de $100.000 (cien mil pesos) para cada uno de ellos. Aclaro que para la estimación de este monto no dejo de ponderar que los señores cuentan con otros tres hijos para dispensarle asistencia en un futuro y que -según el orden natural de las cosas- Leandro algún día formaría su propia familia, extremo que naturalmente incidiría en la ayuda que podría prestar a sus padres. También debí cuantificarla sin perder de vista la suma que los actores reclamaron a fs.33

VI.- Con referencia al daño moral, los apelantes se quejan del monto reconocido en la anterior instancia ($40.000 para cada uno de ellos), por considerarlo exiguo si se tiene en cuenta los padecimientos espirituales que debieron afrontar por el lamentable deceso de su hijo Leandro.

Sobre este punto, debo poner de resalto que en supuestos como el de autos en donde se discute el perjuicio padecido por la desaparición física de un hijo y dada su naturaleza, se considera un daño «in re ipsa», sin que se requiera prueba en concreto de su acaecimiento.

En razón de lo expuesto, teniendo en cuenta la suma pretendida por los progenitores en el escrito inaugural ($80.000 en conjunto), corresponde confirmar el monto reconocido en la anterior instancia bajo este rubro. Para proponer esta solución, tengo en cuenta que carezco de atribuciones para otorgar más de lo solicitado bajo este acápite por los coactores en el escrito de inicio (fs. 33, pto. VI 2). Recuerdo de nuevo, que la cuantía de este ítem no resulta susceptible de prueba alguna y que los accionantes han apreciado su perjuicio en la suma que se les reconoce.

VII.- En cuanto al agravio atinente a las costas, teniendo en cuenta el principio de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.N.) y la significación jurídica que presenta la atribución de responsabilidad en un juicio de daños, corresponde modificar la proporción en la cual fueron impuestas en la anterior instancia, debiendo quedar a cargo de la demandada en un 85% y el 15% restante, a cargo de la parte actora.

VIII.- En mérito a lo expuesto, voto por:

8.1) Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 675. Con costas de alzada en el orden causado, en atención a la forma en que se resuelve (art. 68, 2do. párr.del CPCC).

8.2) Modificar la sentencia apelada con relación al monto reconocido en concepto de «pérdida de chance de asistencia futura», el cual se eleva a la suma de $100.000 (cien mil pesos) a favor de Miguel Salvador INSAURRALDE y $100.000 (cien mil pesos) a favor de Graciela Zulema ISA; y confirmarla en lo relativo al quantum reconocido en concepto de daño moral.

8.3.) Modificar la distribución de las costas en la forma dispuesta en el Considerando VII e imponer las costas devengadas en esta instancia con relación al recurso de los co-actores Miguel Salvador INSAURRALDE y Graciela Zulema ISA a la demandada por resultar sustancialmente vencida (art. 68 C.P.C.C.N.).

Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Graciela Medina, por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 675. Con costas de alzada en el orden causado, en atención a la forma en que se resuelve (art. 68, 2do. párr. del CPCC); 2) Modificar la sentencia apelada con relación al monto reconocido en concepto de «pérdida de chance de asistencia futura», el cual se eleva a la suma de $100.000 (cien mil pesos) a favor de Miguel Salvador INSAURRALDE y $100.000 (cien mil pesos) a favor de Graciela Zulema ISA; y confirmarla en lo relativo al quantum reconocido en concepto de daño moral; 3) Modificar la distribución de las costas en la forma dispuesta en el Considerando VII e imponer las costas devengadas en esta instancia con relación al recurso de los co-actores Miguel Salvador INSAURRALDE y Graciela Zulema ISA a la demandada por resultar sustancialmente vencida (art. 68 C.P.C.C.N.).

Regístrese, notifíquese y pasen los autos a la Sra. Defensora Oficial, a sus efectos. Cumplido, devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

GRACIELA MEDINA

A %d blogueros les gusta esto: