Corresponde al fuero federal entender en el interdicto de recobrar de un inmueble desalojado en el marco de la causa seguida por el saneamiento del Riachuelo.

Partes: Pons Pedro Alejandro y otros c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ interdicto

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 29-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-102408-AR | MJJ102408 | MJJ102408

 

Sumario:

1.-Corresponde declarar la competencia del Juzgado Federal en la Criminal y Correccional de Morón para continuar conociendo en el interdicto de recobrar del inmueble que habría sido desalojado con la finalidad de liberar el camino de sirga del Riachuelo, en el marco de la causa ‘Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros’ , habida cuenta que ello tendría una relación -directa o indirecta- con el programa integral de saneamiento de la cuenca, cuyo control se encuentra precisamente a cargo del magistrado federal de ejecución, conforme la competencia asignada al juzgado federal de ejecución en la sentencia definitiva del 8 de julio de 2008 y la división de competencias dispuesta con fecha 19 de diciembre de 2012 por esta Corte, la que claramente diferenció las acciones que tienen por objeto la tutela del ambiente como bien colectivo, de aquellas otras que solo persiguen la satisfacción de intereses individuales.

 

2.-Debe mantenerse la competencia del Juzgado Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para seguir entendiendo en la pretensión que tiene por objeto el resarcimiento de los daños y perjuicios de naturaleza individual que los actores atribuyen al demandado por el desapoderamiento del mismo inmueble, toda vez que excede la competencia del tribunal federal.

 

 

Fallo:

 

Procuración General de la Nación

 

-I-

 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, consideró competente al juez federal que interviene en el proceso por cumplimiento del denominado plan remediador de la cuenca Matanza-Riachuelo. Adujo para ello que, según lo decidido en dicha ejecución, las causas relacionadas con esa región hídrica deben ventilarse ante el mismo tribunal federal. Agregó que la medida que, en definitiva, motivó el pleito fue dictada por aquel juzgado federal, circunstancia que encuadra al asunto dentro del ámbito de competencia determinado por la Corte Suprema, más allá de que la orden judicial de desalojo incluya o no a la fracción objeto del juicio (fs. 25 y 52/54). Esta decisión fue apelada por la parte actora y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora declaró desierto el recurso (v. fs. 26, 27, 28/29 Y 32).

 

A su turno, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 2 de Morón, rechazó la radicación del expediente (cf. fs. 49/50). Apreció sustancialmente que, con ajuste a lo resuelto en los autos “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios, daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo”, su actuación se circunscribe a los litigios planteados en tomo al plan que debe implementar la autoridad de la cuenca (ACUMAR) en pos de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona, de la recomposición del ambiente, y de la prevención de daños futuros. Puntualizó que aquí no se cuestiona el accionar de ACUMAR.En ese contexto, destacó que la demanda no tiene nexos con el programa integral de saneamiento cuyo control concierne parcialmente al juzgado federal, sino que tiende a la protección de derechos individuales de carácter patrimonial frente a la conducta presuntamente ilegítima de funcionarios locales.

 

Sobre tal base, concluyó que en el caso no concurren los supuestos de excepción establecidos por esa Corte para habilitar su competencia.

 

En tales condiciones, se ha suscitado un conflicto negativo que incumbe dirimir a ese máximo tribunal, en los términos del artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/58, texto según ley 21.708.

 

-II-

 

La resolución de este tipo de temas exige examinar, principalmente, los hechos relatados en el escrito inicial, e indagar la naturaleza de la pretensión (Fallos: 328: 1979; 330:811).

 

En esta tarea, cabe apuntar ante todo que en el sub lite se acumularon dos acciones diferentes (v. fs. 18/23). La primera, tiende al reintegro de la posesión de una parcela que, conforme refieren los actores, les fue despojada por personal del municipio de Lomas de Zamora, en ocasión de cumplirse el desalojo decretado en el marco de la citada causa Mendoza.

 

En lo que atañe a esta faceta, la reseña formulada a fojas 18/23 permite inferir que dicho predio se sitúa en la zona del Riachuelo, y linda con otros terrenos -que también poseerían los peticionarios-, cuya desocupación fue resuelta por el tribunal federal en función del plan remediador. Además, la demanda da cuenta de que la medida habría sido recurrida por los aquí actores, a pesar de lo cual se llevó a cabo, extendiéndose de hecho sobre el terreno objeto de autos, que no estaría comprendido en el respectivo mandamiento.

 

Entiendo que estos datos, tal como han sido descriptos en el escrito introductorio, aconsejan que el problema planteado sea resuelto por el juez que dispuso el desalojo.Es que el desapoderamiento de la fracción se presenta como una secuela inmediatamente vinculada con dicha diligencia, sea que el inmueble integre el área a liberar o que la orden dictada se haya implementado con exceso por parte de los agentes comunales.

 

No ignoro que los interesados han nominado a la acción como interdicto de recobrar, materia que corresponde, como regla, a los jueces ordinarios del lugar donde se ubica la cosa litigiosa (arg. arto 5°, inc. 1°, CPCCN). Tampoco desconozco que el magistrado local entiende en sendas acciones por usucapión iniciadas por los aquí demandantes respecto de las tierras que dicen ocupar en las cercanías del Riachuelo.

 

Empero, las particularidades del caso me llevan a considerar que el pedido de restitución debe ventilarse en sede federal, pues los alcances de la providencia que dio origen a la situación, deben ser establecidos por el tribunal a cargo de la ejecución; pues tal decisión implica determinar cuál es el interés que revisten esas tierras en el contexto ambiental de la cuenca, juicio éste reservado al juez del proceso de ejecución del plan remediador. Nótese que la medida de desalojo de parte del terreno, cuyo alcance se cuestiona, fue tomada con el objeto de liberar el camino de sirga.

 

-III-

 

El segundo reclamo efectuado en este expediente, tiene por objeto la determinación del resarcimiento por los perjuicios que los actores atribuyen al desapoderamiento de la finca y a la destrucción de diversos bienes de su propiedad.

 

En lo que concierne a este reclamo, conforme al criterio adoptado por esa Corte en la citada causa Mendoza (Fallos: 329:2316 , considerando 8°), estimo que la cuestión excede la competencia del tribunal federal; máxime valorando que los mismos interesados solicitaron expresamente que este reclamo puntual tenga trámite autónomo (v. fs.37 y 39).

 

-IV

 

En consecuencia, más allá del procedimiento que corresponda imprimir al reintegro requerido, opino que el primer aspecto del conflicto debe quedar radicado en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón; y la acción por los daños y perjuicios debe continuar su trámite ante al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

 

Buenos Ares, 11 de febrero de 2016.

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación

 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016

 

Autos y Vistos; Considerando:

 

1º) Que entre el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 2 de Morón, ambos de la Provincia de Buenos Aires, se originó un conflicto negativo de competencia en el expediente iniciado a raíz de la interposición de un interdicto de recobrar del inmueble ubicado en la Fracción VI, Circunscripción XIV, Sección A, del Partido de Lomas de Zamora, en virtud de la orden de allanamiento y posterior desalojo dispuesto por el juez federal de Quilmes, en el marco de la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)”.

 

Asimismo, los actores promovieron una acción por daños y perjuicios derivados del desapoderamiento de su vivienda (fs. 1/6 y 24/29)

 

2º) Que el titular del Juzgado de Primera: Instancia en lo Civil y Comercial nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora se declaró incompetente (fs. 38) y envió las actuaciones al Juzgado Federal de Quilmes, quien a su vez remitió la causa al Juzgado Federal de Morón nº 2 (fs.50).

 

El magistrado local consideró que la medida que dio origen al interdicto de recobrar había sido dictada por el juez federal, lo que claramente encuadraba la cuestión en el ámbito de competencia que al mismo se le atribuyera.

 

Por su parte, el juez federal no aceptó la competencia atribuida, pues manifestó que no se daba ninguno de los estrictos supuestos de excepción señalados por el Máximo Tribunal en la causa “Mendoza”, ya que no se cuestionó el accionar de la autoridad de cuenca ni el objeto tenía relación directa o indirecta con el Plan Integral de Saneamiento. Asimismo, señaló que mediante la acción que se solicitaba se pretendían proteger “derechos patrimoniales, de carácter exclusivamente individual, de un accionar presuntamente ilegítimo de autoridades locales” (fs. 55/56) .

 

Con la insistencia del juez de garantías quedó formalmente trabada la contienda (fs. 58/60).

 

3°) Que este tribunal tiene reiteradamente dicho que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que los actores hacen en su presentación inicial y, en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (Fallos: 308:229; 311:172; 313:971, entre otros) Cabe destacar que en autos se promovieron dos acciones distintas; la primera de ellas se relaciona con un interdicto de recobrar el terreno ubicado en la Fracción VI, Circunscripción XIV, Sección A, del Partido de Lomas de Zamora (parcela lindera al Riachuelo), que fue desalojado por la orden de allanamiento dispuesta por el juez federal de Quilmes en el marco de la causa 17/09 caratulada “ACUMAR s/ Limpieza de márgenes de río” de los autos principales 01/09 caratulados “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ ejecución de sentencia”.

 

Que la limpieza de las márgenes del río fue una de las situaciones especialmente contempladas por el tribunal para dictar el pronunciamiento del 10 de noviembre de 2009 (Fallos:332:2522 ), aclaratorio de la competencia asignada al juzgado federal de ejecución en la sentencia definitiva del 8 de julio de 2008 (Fallos: 331: 1622) y de la división de competencias dispuesta con fecha 19 de diciembre de 2012 CSJ 1569/2004 (40,M)/CS2, por lo que corresponde atenerse a la nítida diferenciación mantenida entre las acciones que tienen por objeto la tutela del ambiente como bien colectivo de aquellas otras que solo persiguen la satisfacción de intereses individuales según la precisión efectuada en el considerando 4° de la resolución citada.

 

En este sentido, en la decisión del 8 de julio de 2008, esta Corte señaló que uno de los objetivos del Programa de Saneamiento Ambiental es la limpieza de las márgenes del río Matanza-Riachuelo (considerando 17; parte resolutiva, punto V).

 

A su vez, en el precedente del 10 de noviembre de 2009 el tribunal indicó, que se había atribuido competencia al juzgado federal en asuntos concernientes a la ejecución de la sentencia condenatoria, en los términos del art. 499 del ordenamiento procesal, de los mandatos contenidos en el programa de saneamiento ambiental, establecido en el pronunciamiento final, dictado exclusivamente sobre las pretensiones que tuvieron por objeto la prevención y la recomposición del medio ambiente dañado en la cuenca hídrica (considerando 3°, punto a) Finalmente, en considerando 6°, punto d de la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2012 la Corte destacó la importancia de erradicar y relocalizar barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, de las márgenes del río Matanza-Riachuelo. De esta manera, indicó que:”deberá instarse el efectivo y completo cumplimiento del plan de erradicación y relocalización de aquellos que se encuentran ubicados sobre el denominado ‘camino de sirga’, aprobado por el juez de ejecución el 22 de febrero de 2011.

 

En definitiva, la acción intentada (interdicto de recobrar) tendría una relación -directa o indirecta- con el programa integral de saneamiento de la cuenca, cuyo control se encuentra precisamente a cargo del magistrado federal de ejecución, ya que se trata de recuperar un terreno que habría sido desaloj ado con la finalidad de liberar el camino de sirga del Riachuelo.

 

En consecuencia, corresponde que en la acción de interdicto de recobrar intervenga el juez federal de Morón.

 

Por otra parte, el segundo reclamo efectuado en este caso, tiene por objeto la determinación del resarcimiento por los daños y perjuicios que los actores atribuyen al demandado por el desapoderamiento del mismo inmueble; cuestión que excede la competencia del tribunal federal (Fallos: 329:2316, considerando 8°) la que deberá seguir tramitando en el Juzgado de Primera Instancia en la Civil y comercial nº 2 del Departamento. Judicial de Lamas de Zamora, tal cama fuera solicitada par las interesadas a fs. 43.

 

4º) Que can tal comprensión, el juzgada provincial resulta incompetente para seguir conociendo en la acción de interdicto. de recobrar, que se encuentra alcanzado par la litispendencia declarada par esta Corte en favor del Juzgada Federal de Marón.

 

En las condiciones expresadas el tribunal provincial conserva inalterada su competencia sola para seguir entendiendo. en las pretensiones resarcitorias de dañas personales que han acumulada subjetivamente las demandantes, razón par la cual el expediente ha de mantenerse en trámite ante dicha estrada y el juez de la causa deberá tomar las medidas necesarias para facilitar la duplicación de las actuaciones, a fin de remitir ulteriormente el legajo. de copias correspandiente al tribunal federal que continuará canacienda en la acción de interdicto. de recobrar, según la señalada en el párrafo anterior.

 

Par ella, y de conformidad can la dictaminada par la señora Procuradara Fiscal subrogante se resuelve: 1) declarar la competencia del Juzgada Federal en la Criminal y Correccional nº 2 de Marón, Provincia de Buenas Aires, para continuar conociendo en el interdicto. de recobrar. 11) Mantener la competencia del Juzgada de Primera Instancia en la Civil y Comercial nº 2 del Departamento. Judicial de Lamas de Zamora, para seguir entendiendo. en la pretensión que tiene par objeta el resarcimiento. de las daños y perjuicios de naturaleza individual. Hágase saber al Juzgado Federal de Morón y devuélvase el expediente al juzgado provincial.

 

ELENA I.HIGHTON DE NOLASCO – HORACIO ROSATTI – JUAN CAROS MAQUEDA – RICARDO LUIS LORENZETTI –