Responsabilidad concursal del presidente y socio fundador de una sociedad declarada en quiebra

quiebraPartes: Bepez AS s/ quiebra c/ Levy Augusto Cláudio José s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: E

Fecha: 6-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100465-AR | MJJ100465 | MJJ100465
Sumario:

1.-Mientras que el deber de lealtad consiste en la prohibición para el administrador de dar preferencia a sus intereses en oposición a los de la sociedad, la diligencia de un buen hombre de negocios intenta reflejar los cuidados propios que deben tener los administradores societarios, al desempeñar funciones. Presupone un nivel de exigencia traducido en concreta idoneidad, capacidad, conocimiento suficiente y eficiente de la actividad, que deben ser evaluados atendiendo a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar.

2.-En casos en que se intenta responsabilizar al director de una sociedad anónima, el dolo a que alude la ley puede ser también el de carácter eventual, máxime cuando la norma inherente no lo descarta. Una interpretación contraria del precepto lo tornaría de difícil aplicación, sobre todo, si se tiene en cuenta el carácter subjetivo del dolo.

3.-En casos en lo que no se han suministrado respuestas idóneas sobre cual fue el destino del activo social, se impone concluir que ha mediado incumplimiento de deberes y que el accionar resulta asimilable al dolo exigido por el artículo 173 de la LCQ.

4.-La generación de un pasivo insusceptible de ser atendido con el activo, y la omisión de presentar la documentación y los libros de comercio que hicieran posible la reconstrucción del patrimonio de la sociedad y sus negocios, son actuaciones que tradicionalmente calificaron como fraudulentas y basta para ello referir lo establecido en la LCQ a los efectos de establecer la fraudulencia de la conducta del deudor. Así la cosas, resulta ostensible la relación de causalidad entre el mentado obrar del administrador y el perjuicio a los actores, resultando procedente la acción de responsabilidad promovida contra el administrador societario en los términos del artículo 173 de la ley 25522.

5.-La acción de responsabilidad concursal prevista en el artículo 173 de la Ley de Concursos y Quiebras es una herramienta a través de la cual el síndico persigue reconstruir el patrimonio del fallido, que es la prenda común de los acreedores ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

6.-El principio de universalidad se refleja no sólo en los bienes desapoderados, sino también en las acciones recuperatorias como son la ineficacia de pleno derecho, la revocatoria concursal y las acciones de responsabilidad y extensión de la quiebra, todas ellas tendientes a proteger la intangibilidad de la garantía de los acreedores ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara ).

7.-A los efectos de que proceda la acción de responsabilidad se ha señalado que deben concurrir los siguientes elementos: (i) una conducta consistente en haber producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia; (ii) el carácter de legitimado pasivo; (iii) el dolo y (iv) la relación de causalidad entre la conducta cuestionada y el estado de cesación de pagos o la disminución de la responsabilidad patrimonial del fallido ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

8.-Para apreciar la existencia del dolo en la acción concursal y dado que la ley falencial no lo define, considero que debe realizarse una mirada integradora de las normas concursales y del derecho común (art. 3 CCCN). Así ha sido definido el dolo como cualquier acto o complejo de actos que impliquen una disposición patrimonial, cumplidos por la persona designada para la administración de la sociedad, con la intención de conseguir para sí o para otro un injusto provecho, con daño a la sociedad y a los acreedores ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

9.-El concepto de dolo debe buscarse en el Código Civil y Comercial, en tanto allí está regulada la teoría general del derecho de daños o en su caso en el Código Civil (ley 340) ya derogado atento la fecha de realización de los actos por los cuales se pretende imputar responsabilidad al demandado ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

10.-La responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara ).

11.-La palabra dolo en el derogado Código Civil tiene tres significados: i) designa la intención de cometer un daño (art. 1072 Código Civil), siendo el elemento que caracteriza al delito civil; ii) es un vicio de los actos jurídicos que consiste en la acción de un sujeto que provoca error en el otro (arts. 931 y 933 del Código Civil) e implica la realización de actos que aseveran lo falso y disimulan lo verdadero; y iii) representa el incumplimiento deliberado e intencional de una obligación a cargo del demandado (art. 506 Código Civil). Debo destacar, tal como lo sostiene la mayoría de la doctrina civilista, que todas las definiciones del dolo tienen un común denominador: el autor del hecho tiene conciencia de la ilicitud de la acción ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

12.-Si la obligación incumplida está referida a la omisión en la conducta exigida consistente en llevar la contabilidad regular teniendo en cuenta que dicho deber en sí mismo implica la existencia de una culpa intrínseca, la cual se consuma por el propio hecho de la inobservancia de una obligación o cargo que le es impuesta normativamente con carácter imperativo en pos de la sociedad, los socios y terceros contratantes, debe concluirse que en este caso, la acepción del dolo que más se ajusta a la naturaleza del obrar del administrador de la aquí fallida es aquella que alude a la omisión en el cumplimiento de una obligación legalmente impuesta ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

13.-No resultando controvertido que el administrador de la fallida no entregó ni fue posible hallar bienes o papeles de comercio de la fallida, ni invocó haber confeccionado balances ni su presentación a la Inspección General de Justicia, como tampoco brindó explicación alguna sobre esa orfandad documental societaria y contable, en el marco descripto, cabe aquí apuntar que la falta de registros contables implica una violación de la ley pues la obligatoriedad de llevar registros contables es de carácter legal (art. 43 y sig. CCcio., art. 320 C.C.C., art. 63 LGS) y ese obrar omisivo nos conduce directamente a la noción de dolo obligacional antes descripta, y que está contenida en el artículo 506 del Código Civil. Es ésta la concepción del dolo que debe ser tenida en cuenta a los fines de corroborar la existencia del factor de atribución subjetivo en las acciones de responsabilidad concursales ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

14.-El factor de atribución subjetivo en las acciones de responsabilidad previstas en el artículo 173 de la Ley de Concursos y Quiebras no debe circunscribirse exclusivamente a la interpretación del dolo como la intención de dañar prevista en el artículo 1072 del Código Civil. Es más, la noción de dolo a la que alude el art. 173 LCQ ya estaba siendo equiparada por la jurisprudencia al dolo eventual y este concepto resulta en consonancia con lo dispuesto por el art. 1724 del CCCN que considera que el dolo se configura por la producción de un daño con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

15.-Resulta indudable que la omisión por parte del administrador en el cumplimiento de un deber legal -llevar libros contables- implicó una conducta dolosa que lo torna responsable por los daños producidos y en el caso, y tal como fuera solicitado por la sindicatura deberá el demandado satisfacer el pasivo falencial insatisfecho por la falta de activos, ya que quien lo a custodiado no ha dado explicaciones adecuadas de su destino, existencia o pérdida ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

16.-El art. 1724 C.C.C. establece que: Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos” ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

17.-La norma del artículo 1724 del Código Civil y Comercial de la Nación se refiere a los factores subjetivos de atribución. Mientras que en materia de culpa mantiene -en general- las reglas establecidas por el art. 512 del ordenamiento civil anterior, en materia de dolo unifica las ideas de dolo obligacional y delictual e incorpora al dolo eventual además del directo. En cuanto al dolo, cabe recordar, tal como señalé en el acápite precedente, que en el Código Civil derogado se contemplaban tres tipos de dolo distintos, el dolo como vicio de la voluntad (arts. 931 y ss.), el dolo obligacional (art. 522 ) y el dolo delictual (art. 1072). Así y en tanto el primero aparece regulado en los arts. 271 y ss.del C.C.C. y poca trascendencia reviste para el derecho de daños, los otros dos supuestos enunciados (incumplimiento intencional y delictual) confluyen en la norma supra citada (art. 1724) en un solo concepto de dolo para el ámbito contractual y extracontractual, eliminándose el requisito de la mala fe ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara ).

18.-Hoy el Código Civil y Comercial faculta al juez a distribuir la carga de la prueba en cuanto a la culpa o a haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla (art.1735 ). Por ello, imponerle al síndico o a los acreedores la carga de probar la intención de dañar de los administradores, ante la infracción evidente por parte de éstos de los deberes legales que le fueron impuestos, es desconocer la función del administrador, sus deberes legales y la normativa existente que busca la protección de la víctima del daño ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

19.-La falta de libros societarios y demás documentación contable tal como fuera expuesto por la sindicatura en el informe general, debe ser interpretado a la luz de lo que prescribían el art. 33 inc. 2 y 3 y los arts. 43, 44 y ss. del Código de Comercio vigente al momento de cometerse las faltas y omisiones reprochadas y por el arts. 61 ss L.G.S. Lo contrario importaría desconocer las obligaciones que la ley establece en cabeza de los administradores societarios, que sumado a la ausencia de activos y que la existencia de pasivos agrava lo que algunos podían considerar meros incumplimientos formales. Es que la falta conducta desplegada por el presidente de la fallida, su actuar desaprensivo respecto de sus obligaciones legales no pueden beneficiarlo, sino más bien hacerlo responsable por sus actos. Todo ello evidencia de parte del demandado un total desinterés por los acreedores de la fallida y por los perjuicios que pudo haberles causado su incumplimiento de los deberes que le impuso la ley en su carácter de administrador (art. 61 LGS y 1724 CCC) ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

20.-El nuevo Código Civil y Comercial establece que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva (art. 1737 ). El artículo 1068 del Código Civil derogado consideraba la existencia de daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

21.-Ante la falta de libros societarios y demás documentación contable de la fallida, el daño consistió en poner a los acreedores en una situación que les impide reconstruir y conocer a ciencia cierta qué sucedió con los activos y cómo se llegaron a conformar los pasivos insatisfechos. Ninguna duda cabe entonces que en las presentes actuaciones existe un daño susceptible de ser reparado (art. 1068 del Código Civil y arg. arts. 1737 y 1738 del Código Civil y Comercial) y este tiene vinculación directa con la conducta que se le reprocha al demandado como administrador ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

22.- Existe relación de causalidad adecuada o razonable entre el daño y el antecedente que lo produce normalmente, conforme el curso natural y ordinario de las cosas. Para establecer la causa del daño es necesario formular un juicio de probabilidad, o sea considerar si tal acción u omisión del presunto responsable era idónea para producir regular o normalmente un resultado; y ese juicio de probabilidad no puede hacerse sino en función de lo que un hombre de mentalidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto. El Código Civil y Comercial de la Nación, recepcionó esa teoría y expresamente establece en el art. 1726 que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

23.-Llevar la contabilidad en forma regular constituye una obligación legal que no es de medios, sino de resultado pues la ley obliga derechamente a los responsables a llevar la misma y realizar los balances en cada ejercicio. De ello se sigue que de acuerdo a las circunstancias del caso, ante el incumplimiento de la manda legal debe tenerse por configurado un supuesto de mal desempeño y falta de diligencia, siendo tal proceder doloso (art. 173 LCQ), o en el mejor de los casos, culposo en los términos de los arts. 54 , 59 y 274 de la ley 19.550 ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

24.-Es responsabilidad de los administradores conservar los bienes sociales, manteniendo su producido en el activo o bien dando cuenta de su destino o aplicación por medio de su registro en la contabilidad legal y la obligación de llevar libros de contabilidad se justifica por :a) el interés del comerciante para conocer su estado financiero y orientar correctamente su gestión, b) el interés de quien contrata con él, y c) el interés general del comercio. Siendo ésta una obligación de los comerciantes (arts. 43 y 44 del Código de Comercio y art. 61 y ss de la ley 19.550) su falta de presentación por parte de los demandados implica un grave presunción en su contra ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

25.-La falta de registraciones contables y la falta de acreditación de circunstancias que pudieran justificar las omisiones anteriormente expuestas y toda explicación sobre los bienes del activo, me llevan a concluir que la demanda debe ser admitida por existir conductas reprochables producidas dolosamente por el demandado ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

26.-El artículo 59 de la ley 19550 reproduce una pauta de carácter general, con parámetros de conductas abstractos (buen hombre de negocios), estableciendo la responsabilidad de los administradores y representantes frente a los socios, la sociedad y terceros ante los incumplimientos de los deberes que le son impuestos a aquellos a lo largo de toda la ley de sociedades. Así, la responsabilidad de los administradores por su función puede ser denominada como calificada” y queda entonces encuadrada en los parámetros del art. 902 del Código Civil que prevé que cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que surja de las consecuencias de los hechos que le fueron imputables. Hoy el art. 1725 del CCCN establece que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

27.-Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes, En esos casos, se estima el grado de responsabilidad, con la condición especial del agente ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

28.-La normativa en materia de responsabilidad de los administradores societarios es inderogable en tanto establece un estándar de conducta de alto contenido moral requerido a los administradores sociales y destinado a la protección de los terceros que contratan con la sociedad deudora ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

29.-La ley 19.550 en el art. 59 establece el patrón de conducta del administrador y el principio general en materia de la responsabilidad de los administradores estableciendo que estos deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios en cuyo defecto son responsables solidaria e ilimitadamente por los daños y perjuicios que resultaran de su acción u omisión. La reglamentación de esta norma en lo que se refiere a los supuestos concretos se encuentra en los arts. 274 a 279 de esa ley ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

30.-El art. 274 L.G.S. con fundamento en lo dispuesto por el art. 1109 Código Civil. ha establecido el régimen de responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas, que resulta adecuado al carácter colegiado de este órgano, que le impone a todos sus integrantes una actividad permanente, continúa y coordinada en la gestión social, siendo un principio fundamental en materia de responsabilidad de los directores el carácter colegiado del directorio lo que determina que la responsabilidad de todos sus integrantes sea solidaria e ilimitada hacia la sociedad, los accionistas y terceros por el mal desempeño de su cargo, conducta esta que no sólo queda configurada por la participación activa de cada director en los hechos generadores de responsabilidad, sino también por una conducta omisiva o negligente ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

31.-Entre los supuestos generadores de la responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas con base en el art. 274 LS, se encuentra precisamente el mal desempeño del cargo conforme al estándar previsto por el art. 59 del mismo cuerpo legal (actuación desleal o no diligente), violación de la ley, el estatuto o reglamento y el dolo, abuso de facultades o culpa grave. Ese mal desempeño de los administradores consiste también en la omisión de las diligencias exigidas por las circunstancias de tiempo, lugar y modo, para evitar subsanar incorrectos procederes, que no podían desconocer de haber aplicado la debida atención y preocupación por los asuntos sociales ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara ).

32.-Son deberes del administrador la lealtad y la diligencia, en tanto administran un patrimonio e intereses ajenos, motivo por el cual deben evidenciar una actitud de cooperación sobre la base de las expectativas que se tutelan en función del objeto social. La responsabilidad nace al integrar el órgano de administración; de manera tal que su conducta debe meritarse en función de su actividad (u omisión) aunque no actúe directamente en hechos que originan responsabilidades, pues es función de cualquier integrante de este órgano controlar la gestión empresaria ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara )

33.-El incumplimiento de aquella obligación de actuar en un determinado sentido (en el caso la de llevar la contabilidad en forma regular y la omisión de dar explicaciones sobre el destino del activo de la fallida), ocasiona la responsabilidad de los administradores (art. 1717 CCC) de la sociedad en tanto importó una inejecución deliberada de aquella que los responsabiliza por las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles de ese obrar desaprensivo, negligente, omisivo y malicioso (art. 1716 y 1724 CCC y 506 y 521 del Código Civil) ( del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara ) N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de julio de dos mil dieciséis reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por: “BEPEZ S.A. S/ QUIEBRA c/ LEVY AUGUSTO CLAUDIO JOSE s/ ORDINARIO”, en los que según el sorteo practicado votan sucesivamente los jueces Hernán Monclá, Ángel O. Sala y Miguel F. Bargalló. Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 237/245? El Juez Hernán Monclá dice: I. a) Apeló la sindicatura de la quiebra Fechadefirma.-06/07/2016 de Bepez S.A (en adelante, “Bepez”) el rechazo de la acción de responsabilidad entablada en los términos del artículo 173 de la ley 24.522 (“LCQ”) contra el presidente de la fallida -y socio fundador junto con su madre-, Augusto Claudio José Levy, por la que perseguía el cobro de la suma necesaria para cubrir el pasivo falencial. b) Para arribar a la decisión apelada, el magistrado de grado consideró que la sindicatura no probó de modo fehaciente la ocurrencia de los presupuestos para la recepción de la acción intentada relacionados con la existencia de la conducta antijurídica supuestamente desplegada por el demandado en su condición de presidente de la sociedad en quiebra y la calificación como doloso de su obrar, pues los antecedentes fácticos tenidos en miras por ésta resultaban insuficientes por sí solos para justificar la procedencia de la demanda de responsabilidad al no constituir evidencia cierta de la maniobra defraudatoria invocada. Por su parte, las costas se impusieron en el orden causado dado que la sindicatura pudo haberse considerado válidamente con derecho a accionar como lo hizo atento la conducción negligente de la sociedad fallida. recurso impetrado por la síndico actuante obran agregados a fs. 261/4 y merecieron contestación por parte del señor Levy a fs. 269/71.Se agravió la recurrente por cuanto la resolución atacada concluyó en la orfandad probatoria de la continuidad de las actividades de Bepez por parte de Lelemar S.R.L. y Aubepez S.A. (en adelante, “Lelemar” y “Aubepez”, respectivamente). A este respecto manifestó que poseen mismo objeto social, idéntica sede de actividades, comparten líneas telefónicas y tienen cuentas abiertas en la misma entidad financiera. Destacó que Lelemar inició su actividad durante el mismo mes en que se determinó como inicio del estado de cesación de pagos y que el incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas y registros contables por parte de las tres sociedades en cuestión conllevaba al ocultamiento de su patrimonio. Por su parte, puso de manifiesto que la fallida cesó en sus actividades por no contar con la debida autorización de AFIP para emitir facturas y que no ha cumplido con sus obligaciones como empleadora determinadas por el pago de los partes y contribuciones con destino al Sistema de Seguridad Social. d) La señora Fiscal ante esta Cámara, luego de analizar, en su dictamen de fs. 283/90, cada uno de los presupuestos que impone el artículo 173 de la LCQ, bregó por la revocación del decisorio apelado atento considerar que la prueba reunida resultó suficiente para responsabilizar al demandado y que el incumplimiento de llevar la contabilidad en forma regular implicó una conducta dolosa por cuyos daños deberá responder. II. a) La conducta que la sindicatura le imputa al señor Levy estaría dada por la supuesta continuación de la actividad de la fallida (comercialización de pescados y mariscos) por parte de Lelemar y Aubepez, sociedades de las cuales éste también era socio fundador, en este caso, junto a su por entonces cónyuge, Beatriz Estela Lescano.Para ello se apoyó en una serie de indicios, tales como coincidencias en el objeto social, la sede social, líneas telefónicas y entidad bancaria con la que operaban, además del hecho de que la supuesta continuadora (Lelemar) obtuvo el Código de Autorización de Impresión (CAI) en el mismo mes que fue determinado como de inicio del estado de cesación de pagos de Bepez. No obstante, la falta de cumplimiento de Facha de lr&a-fallida de las presentaciones de balances por ante IGJ y de declaraciones juradas ante AFIP impidieron a la síndico demostrar de modo fehaciente el aducido traspaso de activos a Lelemar, así como el hecho de que alguna vez haya existido activo físico en el patrimonio de Bepez. Conforme quedó trabada la litis, resulta menester analizar si las pruebas aportadas por la sindicatura alcanzan para encuadrar el comportamiento del demandado dentro del marco de la acción de responsabilidad consagrada en el artículo 173 de la LCQ. b) Sentado lo expuesto, en lo que atañe a la responsabilidad del administrador, cuadra señalar que: (i) Desde la óptica concursal, se responsabiliza al representante, administrador, mandatario o gestor de negocios, que hubiere producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial o insolvencia del deudor, debiendo indemnizar los perjuicios causados (art. 173 de la LCQ). En lo atinente al factor de atribución, la legislación vigente sólo admite la procedencia de la acción cuando se acredite que medió conducta dolosa. (ii) En el plano societario, la responsabilidad de los administradores y representantes está dada por dos pautas fundamentales sobre las cuales —ncn-mmc deberá analizarse su conducta; esto es, el deber de obrar con lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios (art.59 de la LSC). Mientras que el deber de lealtad consiste en la prohibición para el administrador de dar preferencia a sus intereses en oposición con los de la sociedad, la diligencia de un buen hombre de negocios intenta reflejar los cuidados propios que deben tener los administradores societarios al desempeñar funciones; presupone un nivel de exigencia traducido en concreta idoneidad, capacidad, conocimiento suficiente y eficiente de la actividad; que deben ser evaluados atendiendo a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (cfr. Otaegui Julio, “Administración societaria”, Editorial Ábaco, Buenos Aires, 1979, p. 135 y ss.; CNCom., Sala B, 5.12.2013, “San Justo S.A. s/ quiebra c/ Garavano, Alfredo J. Ernesto y otra s/ ordinario”). c) A todo evento, cabe señalar que en casos como el examinado en que se intenta responsabilizar al director de una sociedad anónima, el dolo al que alude la ley puede ser también el de carácter eventual; máxime cuando la norma inherente no lo descarta (Fassi, Santiago C. y Gebhardt, Marcelo, “Concursos y Quiebras”, Editorial Astrea, 2004, p. 450; CNCom., Sala A, 12.3.2008, “Ponce J uan—s/ quiebra c/ 0jeda,—Alejandro”). Una interpretación contraria del precepto, lo tornaría de difícil aplicación; sobre todo si se tiene en cuenta el carácter subjetivo del dolo. En esa misma inteligencia, esta Sala tiene resuelto que, en casos en los que -como en la especie- no se han suministrado respuestas idóneas sobre cuál fue el destino del activo social se impone concluir que ha mediado incumplimiento de deberes y que el accionar resulta asimilable al dolo exigido por el artículo 173 de la LCQ (cfr. CNCom., esta Sala, 12.4.2012, “Neumacheck s/ quiebra c/ Flores, Luis O. y otros s/ ordinario (acción de responsabilidad)”). En este sentido, cuadra poner de resalto que -tal como surge del informe general de la síndico en los autos de la quiebra y como impone el artículo 58 del CCom. (actualmente art.331 CCyC.)- no fueron presentados los registros contables de Bepez, pese a haber sido ello requerido en los términos del artículo 102 de la LCQ (v. fs. 160 de la quiebra). Asimismo, del listado de trámites registrados por ante la IGJ (v. fs. 209 de la quiebra) resulta posible concluir que desde el pedido de constitución de la sociedad misma, en fecha 18.12.2003, la misma conclusión se puede arribar respecto de Lelemar (v. fs. 171) y Aubepez (v. fs. 176). Por su parte, tampoco fueron presentadas por ante AFIP las declaraciones juradas de ganancias de los períodos que corren desde 2004 a 2009, de IVA por los períodos 01/2005 a 08/2010 y del Régimen Nacional de la Seguridad Social durante los períodos 02 a 10/2004 y 12/2004 a 08/2010 (v. fs. 1). Entonces, las abstenciones en las que incurrió el aquí apelante, además de evidenciar -cuanto menos- la falta de la diligencia debida, justifican la calificación de actuar doloso encuadrable en la norma concursal referida pues no han sido aportados los libros sociales y contables, ni se ha podido dar con activos que pertenezcan a la sociedad, sin que se brindaran al respecto explicaciones atendibles, todo lo cual hace encuadrable su conducta en el concepto aludido (cfr. CNCom., esta Sala, 24.6.2005, “Lescano Norberto E. y otros c/ Zurdo Luis Alberto y otro s/ ordinario”; ídem, 5.12.2014, “Imagint S.A. s/ quiebra c/ Lázaro Jaime Zilberman y otros s/ ordinario”). Pues, toda vez que el administrador tiene el deber de llevar una cuidadosa registración de los documentación contable (arts. 33 y 43 y ss. del CCom.; actualmente art. 320 y ss. del CCyC.), arribar a una conclusión diferente conduciría a la insólita situación de que la ausencia de contabilidad, cuando ha devenido imposible la reconstrucción del patrimonio y de los negocios sociales, exima de responsabilidad a quien se encuentra obligado a explicarse (cfr. CNCom., Sala A, 1.11.2013, “Núcleo Autoservicio Mayorista S.A.s/ quiebra s/ incidente de restitución”). d) Llegado este punto, cobran importancia las diversas pruebas aportadas por la actora, las cuales resultan indiciarias de la alegada continuación de la actividad de Bepez en las restantes sociedades constituidas por el demandado Levy, quien fue investido desde la constitución de cada una de ellas con el rótulo de director (v. estatutos a fs. 161 y 164 vta. de estas actuaciones y a fs. 25 de la quiebra). En efecto, ha quedado demostrado que Bepez, Lelemar y Aubepez funcionaban en el mismo domicilio (v. informe de la síndico a fs. 121 y datos registrados ante AFIP a fs. 127 de la quiebra, así como copia del cheque que motivó el juicio ejecutivo a fs. 54 y estatutos de Aubepez y Lelemar a fs. 161 y 166 de estas actuaciones),el cual era locado a la ex cónyuge del señor Levy -socia de Lelemar y Aubepez y titular del derecho real de usufructo vitalicio sobre el bien- en tanto el inmueble se encuentra inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de los hijos de ambos, quienes adquirieron la nuda propiedad mediante donación de fecha 23.4.2008 (v. fs. 220/22). Asimismo, tanto la cuenta bancaria de Bepez como la de Lelemar se encuentran radicadas en la misma entidad, ambas embargadas (v. informe de Banco Supervielle de fs. 182). Por su parte, tampoco puede pasarse por alto la similitud en la descripción del objeto social de cada una de ellas en los estatutos presentados por ante IGJ (v. fs. estatuto de Aubepez a fs. 159 vta. y de Lelemar a fs. 164 vta. de estos autos y estatuto de Bepez a fs. 22/3 de la quiebra). Así, todos ellos se encuentran apuntados al desarrollo de la misma actividad, esto eso, compraventa, importación, exportación, distribución y comercialización de pescados y mariscos.En ninguno de los casos se encuentra efectuada la distinción que efectúa el demandado en lo atinente a la venta mayorista o minorista, por el contrario, en el caso de Aubepez se encuentra habilitada por su objeto social para comerciar Finalmente, resulta decisivo que la solicitud para la obtención del primer CAI por parte de Lelemar haya tenido lugar apenas un mes antes de la fecha que se determinó como de inicio del estado de cesación de pagos de la fallida. Pues, mientras el trámite de solicitud del CAI se inició el día 25.1.2007 y su fecha de entrega fue 2.2.2007, el magistrado de grado entendió que el estado de cesación de pagos hubo comenzado el día 27.2.2007, fecha en que fue rechazado el cheque de pago diferido librado por la fallida (v. informe de la sindicatura de fs. 241/3 y resolución de fs. 246/7 de la quiebra e informe de AFIP de fs. 190 de la documentación desglosada y reservada de estos actuados). e) En el examinado contexto y contrariamente a lo que resulta de la sentencia recurrida, en el sub-lite se verifican todos los presupuestos de responsabilidad. En efecto, se ha demostrado ya el obrar antijurídico evidenciado en la actuación del administrador, determinado por la imposibilidad de contar con el activo para cancelar -cuanto menos parcialmente- el pasivo. Por su parte, los actos que llevaron a tal situación son aptos para responsabilizar al administrador, en tanto susceptibles de ocasionar daños a los acreedores, provocando que subsista el estado de insolvencia. Adicionalmente a lo ya expuesto respecto del dolo del demandado, la generación de un pasivo insusceptible de ser atendido con el activo y la omisión de presentar la documentación y libros de comercio que hicieran posible la reconstrucción del patrimonio de la sociedad y sus negocios, son actuaciones que tradicionalmente calificaron como fraudulentas; y basta para ello referir lo establecido en la LCQ a los efectos de establecer la fraudulencia de la conducta del deudor (art.233). Así las cosas, resulta ostensible la relación de causalidad entre el mentado obrar del administrador y el perjuicio a los acreedores. Por todo lo hasta aquí expuesto, en los términos del artículo 173 de la LCQ, juzgo procedente la acción de responsabilidad intentada por la actora contra el director de Bepez. f) Sentada la responsabilidad del demandado, resta considerar el error de la sindicatura a la hora de calcular el pasivo falencial verificado. —ncn-mmc Conforme resolución del artículo 36 de la LCQ obrante a fs. 231 de la quiebra que en este acto se tiene a la vista, dicho pasivo era de $83.580,82 (AFIP: $59.791,60; Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada: $8.325,67; Inspección General de Justicia: $15.463,55). Sentado lo expuesto, cabe señalar que no obstante haber subsanado el defecto legal de la demanda generado como consecuencia de la omisión de la sindicatura en indicar el valor por el cual se encontraba reclamando, lo cierto es que la misma estuvo planteada “por el monto que cubra el pasivo falencial” (v. escrito de demanda a fs. 63), lo cual -a pesar de haber detallado la cifra- fue reiterado en el escrito de fs. 106. Así las cosas, es convicción del suscripto que el recurso en estudio deberá prosperar por el pasivo insoluto. Entendiéndose por éste a los créditos que se declararon verificados a fs. 231 ($83.580,82) así como a los que pudieran presentarse en forma tardía y a los gastos del concurso. III. En consecuencia y de conformidad con lo dictaminado por la señora Fiscal de Cámara a fs. 283/90, propongo al Acuerdo: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto con el alcance de declarar procedente la acción de responsabilidad concursal respecto del señor Augusto Claudio José Levy, por el pasivo falencial insoluto -con los alcances señalados en el último párrafo del acápite II.f)-, el cual deberá ser abonado dentro de los 10 días de quedar firme la presente.Ello, con más los réditos que deberán calcularse a tasa activa del Banco Nación desde la fecha de notificación de la demanda y hasta el efectivo pago (receptando la doctrina sentada en el fallo plenario de este fuero, in re “S.A. La Razón s/ quiebra s/ incidente de pago de los profesionales” del 27.10.94); en razón de que la tasa de interés prevista en el CCyC. 767 no se haya operativa a la fecha. Con costas de ambas instancias al demandado vencido (CPr. 68 y 279). Así voto. El Señor Juez de Cámara, Ángel O. Sala, dice: Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido. Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, Miguel F. Bargalló, adhiere a los votos que anteceden. Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara doctores Hernán

Ante mi: Francisco J. Troiani.

Es copia del original que corre a fs del libro n° 36 de Acuerdos Comerciales, Sala “E”. Francisco J. Troiani – Secretario De Cámara Buenos Aires, 6 de julio de 2016 VISTOS: precedente, se resuelve: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto con el alcance de declarar procedente la acción de responsabilidad concursal respecto del señor Augusto Claudio José Levy, por el pasivo falencial insoluto -con los alcances señalados en el último párrafo del acápite II.f)-, el cual deberá ser abonado dentro de los 10 días de quedar firme la presente. Ello, con más los réditos que deberán calcularse a tasa activa del Banco Nación desde la fecha de notificación de la demanda y hasta el efectivo pago (receptando la doctrina sentada en el fallo plenario de este fuero, in re “S.A. La Razón s/ quiebra s/ incidente de pago de los profesionales” del 27.10.94); en razón de que la tasa de interés prevista en el CCyC. 767 no se haya operativa a la fecha. Con costas de ambas instancias al demandado vencido (CPr. 68 y 279). Notifíquese a las partes al domicilio electrónico o, en su caso, en los términos del CPr. 133 y la Acordada C.S.J.N. 3/2015, pto. 10. Comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. N° 15/13).

Hernan Moncla

Angel O. Sala

Miguel F. Bargallo

Francisco J. Troiani – Secretario De Cámara