fbpx

Admiten parcialmente la acción de daños por la muerte de un motociclista que al accidentarse circulaba sin casco

motoPartes: De Rossi Edgardo Luis y otro c/ Giuliani Marcos Gabriel y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 17-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100839-AR | MJJ100839 | MJJ100839

cuadro-6

Sumario:

1.-Debe admitirse parcialmente la acción de daños y perjuicios ocasionados por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, al estar acreditado que aquel incurrió en una conducta reprochable porque circulaba desprovisto del casco reglamentario, lo cual interfirió causalmente, habida cuenta que el informe de la autopsia practicada reveló que la muerte se produjo como consecuencia de aplastamiento cráneo facial.

2.-La responsabilidad objetiva fundada en el art. 1113 , 2° par., del Código Civil, resulta aplicable a las colisiones entre dos o más vehículos, ya que el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad al dueño o guardián de las cosas intervinientes activamente en la producción del daño, de modo tal que la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto por el texto normativo citado, sino que crea presunciones concurrentes que no dejan de gravitar.

3.-Para el examen de los daños no debe aceptarse la multiplicidad de rubros resarcitorios, los que se limitan en número a las consecuencias patrimoniales y no patrimoniales, lo cual es reafirmado por el art. 1737 del CCivCom., por lo cual la lesión o daño estético y la lesión o daño psíquico o psicológico, son aspectos a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio (arg. art. 1738 ), pero cualquiera de éstos no configura un daño de distinta naturaleza o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o no patrimonial, según los intereses afectados.

Fallo:

Rosario,17.08.16

VISTOS: Los presentes caratulados «DE ROSSI,Edgardo Luis y ot. c. GIULIANI, Marcos Gabriel y ot. s. Daños y perjuicios», Expte. Nro. 12/08, y sus acumulados «PEDRETTI, Graciela Ester c. GIULIANI, Marcos Gabriel y ot. s. Daños y Perjuicios» Expte. N°3051/09, «TRAVERSO, Yolanda Leonor c. GIULIANI, Marcos Gabriel y ot. s. Daños y Perjuicios», Expte. N° 1267/10; «DE ROSSI, Edgardo Luis y ot. c. GIULIANI, Marcos Gabriel y ot. s. Declaratoria de Pobreza» Expte. N° 448/08; «PEDRETTI, Graciela Ester c. GIULIANI, Marcos Gabriel y ot. s. Declaratoria de Pobreza», Expte. N° 3050/09; y «TRAVERSO, Yolanda Leonor c. GIULIANI, Marcos Gabriel y ot. s. Declaratoria de Pobreza», Expte. N° 2178/09 en trámite por ante este Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, venidos a despacho a fin de dictar sentencia, conforme se ordena a fs. 269 de los citados en primer término de donde surge lo siguiente.

1. Expte. N° 12/08 1.1. A fs. 7 y ss., Edgardo Luis de Rossi y Graciela Ester Pedretti promueven demanda de indemnización de daños y perjuicios -ampliada a fs. 34 y 46- contra Marcos Gabriel Giuliani, Interbus S.R.L, y/o contra quien resulte civilmente responsable del ómnibus marca Mercedes Benz OF 1721 dominio DCY 383 tendente a la percepción de los siguientes rubros: daño patrimonial por pérdida de vida humana, daño moral y daño psíquico.

Relatan que, el día 11.11.07 el Sr.Matías de Rossi circulaba al mando de su motocicleta en compañía de su novia Carina Vanesa Español por calle Iriondo de la ciudad de Rosario en dirección al Norte a una velocidad que no superaba los 30 kilómetros.

Al estar atravesando la intersección con calle San Luis fue arrollado por el ómnibus marca Mercedes Benz, modelo OF 1721 dominio DCY 383 conducido por el codemandado Marcos Gabriel Giuliani de propiedad de Interbus S.R.L el cual circulaba por esta última arteria en sentido Este, resultando de dicho accidente la muerte de Matías de Rossi hijo de la actora.

Endilga responsabilidad al conductor del micro quien circulaba a excesiva velocidad y no respetó la prioridad de paso que ostentaba la motocicleta. Si bien reconocen la existencia de un cartel de ceda el paso para los vehículos que circulaban por calle Iriondo, afirman que su visibilidad era prácticamente nula debido a los árboles en la arteria. Agregan que el micro ostentó el carácter de embistente y que el demandado carecía de carnet de 5° categoría que lo habilitara a conducir.

Atribuyen responsabilidad en los términos de los arts. 1109 y 1113, CC.

Ofrecen pruebas. Petcionan citación en garantía de Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros.

1.2. A fs. 30 y ss. el apoderado de la actora Graciela Ester Pedretti denuncia que le ha sido revocado el poder 1.3. A fs. 39 comparece con patrocinio letrado la coactora Graciela Ester Pedretti quien desiste del proceso 1.4. Citada y emplazada la parte demandada (fs. 45), a fs. 61 y ss. comparece y contesta demanda la citada en garantía Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros y la codemandada Interbus S.R.L.quienes efectúan negativa puntual de los hechos afirmados por los actores en el escrito inicial.

Denuncian la existencia de una franquicia de $40.000 a cargo del asegurado.

Reconocen que el día 11.11.07 Matías De Rossi circulaba al mando de una motocicleta por calle Iriondo en dirección al Norte.

Refieren que el ómnibus circulaba a baja velocidad y contaba con prioridad de paso en la encrucijada. Esgrimen como defensa culpa de la víctima en virtud de ignorar la señal de tránsito emplazada en la encrucijada, conducir a exceso de velocidad, ostentar el carácter de embistente y no portar el casco reglamentario.

Ofrecen pruebas.

1.5.A fs. 78 comparece sin contestar demandada el codemandado Marcos Gabriel Giuliani.

1.6.A fs. 88 y ss. la actora contesta el traslado que se le hubiera corrido respecto la existencia de franquicia a cargo del asegurado denunciada por la citada en garantía, sosteniendo que desnaturaliza la esencia del contrato de seguro de responsabilidad civil, y oponiendo su inconstitucionalidad.

2. Expte. N° 3051/09 2.1.A fs. 1 y ss. Graciela Ester Pedretti promueve demanda de indemnización de daños y perjucios contra Marcos Gabriel Giuliani, Interbus S.R.L, y contra quien resulte civilmente responsable del ómnibus marca Mercedes Benz dominio DCY 383 tendente a la percepción de los siguientes rubros: daño patrimonial por pérdida de vida humana y daño moral.

Relata que, el día 11.11.07 el Sr.Matías de Rossi quien en vida fuera su hijo, circulaba en un ciclomotor conjuntamente con la señorita Carina Vanesa Español, por calle Iriondo de la ciudad de Rosario con dirección al Norte.

Al encontrarse atravesando calle San Luis, fue arrollado por el ómnibus marca Mercedes Benz modelo OF 1721, dominio DCY 383 que circulaba por calle San Luis en dirección al Este a excesiva velocidad.

Refiere la existencia de un cartel de ceda el paso para los vehículos que circulaban por Iriondo, sin embargo tal cartel era imposible de divisar por estar oculto entre las ramas de los árboles.

Atribuye responsabilidad en los términos de los arts. 1109 y 1113, CC.

Funda su derecho y ofrece pruebas. Peticiona citación en garantía de Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros (fs. 17).

2.2.Citada y emplazada la parte demandada (fs. 18), a fs. 33 y ss. comparecen y contestan demanda la citada en garantía Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, Interbus S.R.L. y el codemandado Marcos Gabriel Giuliani quienes efectuaron negativa puntual de los hechos afirmados por el actor en el escrito inicial.

2.3.La citada en garantía denuncia la existencia de una franquicia de $40.000 a cargo del asegurado.

2.4.En lo sustancial reproducen el escrito de contestación de demanda de fs. 61 y ss. del Expte. N° 12/08.

Ofrecen pruebas.

3. Expte. N° 1267/2010 3.1. A fs. 4 y ss. Yolanda Leonor Traverso promueve demanda de indemnización de daños y perjuicios contra Marcos Gabriel Giuliani, Interbus Sociedad de Responsabilidad Limitada, y/o contra quien resulte civilmente responsable del ómnibus marca Mercedes Benz OF 1721 dominio DCY 383 tendente a la percepción de los siguientes rubros:daño moral y daño psicológico y daño patrimonial por pérdida de chance.

Refiere ser abuela de quien en vida fuera Matías De Rossi y que el día 11.11.07 circulaba al mando de su motocicleta en compañía de su novia Carina Vanesa Español por calle Iriondo con sentido al Norte a una velocidad que no superaba los 30 kilómetros.

Al estar atravesando la intersección con calle San Luis fue arrollado por el ómnibus marca Mercedes Benz, modelo OF 1721 dominio DCY 383 conducido por el codemandado Marcos Giuliani de propiedad de Interbus S.R.L el cual circulaba por esta última arteria en sentido Este lo que provocó la muerte del Sr. De Rossi.

Endilga responsabilidad al conductor del micro quien circulaba a excesiva velocidad, no respetó la prioridad de paso que ostentaba la motocicleta, reconociendo la existencia de un cartel de ceda el paso para los vehículos que circulaban por calle Iriondo, pero su visión era prácticamente nula debido a los árboles en la arteria. Agrega que el micro ostentó el carácter de embistente y que su conductor carecía del Carnet de 5° categoría habilitante.

Atribuye responsabilidad en los términos de los arts. 1109 y 1113, CC.

Funda su derecho y ofrece pruebas. Peticiona citación en garantía de Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros afirmando que en caso de existir franquicia a cargo del asegurado la misma resulta inaplicable.

Deduce inconstitucionalidad del art. 4 Anexo II de la Resolución N° 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación que establece la franquicia de $40.000.

3.2.Citada y emplazada la parte demandada (fs. 26), a fs. 34 y ss. comparecen y contestan demanda la citada en garantía Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, Interbus S.R.L.y el codemandado Marcos Gabriel Giuliani quienes efectúan negativa puntual de los hechos afirmados por el actor en el escrito inicial.

3.3.La citada en garantía denuncia la existencia de una franquicia de $40.000 a cargo del asegurado.

En lo sustancial reproducen el escrito de contestación de demanda de fs. 61 y ss. del Expte. N° 12/08.

Ofrecen pruebas 4. Proveídas las pruebas (fs. 84 Expte N° 12/08 y fs. 55 Expte. N° 1267/10), constan como producidas en autos las siguientes: Expte. N° 12/08: a) informativa: R.N.P.A (fs. 250 y ss.); b) periciales: mecánica (fs. 104 y ss. observada fs. 122, aclarada a fs. 140 y ss.), contable (fs. 178 y ss.), y psicológica (fs. 130 y ss., observada a fs. 212 y ss. aclarada a fs. 219 y ss.); c) instrumental: los caratulados «GIULIANI, Marcos Gabriel s. Homicidio Culposo.», Sumario Nro. 915/2011, que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Décima Nominación de Rosario; d) documental: Partida de nacimiento del Sr. Matías Ezequiel De Rossi (fs 216); e) constatación: notarial (fs. 252 y ss.); f) testimonial: del Sr. Hugo Fiore (fs. 258), Luciano Nicolás Bovio (fs. 259), Walter Ramón Canteros (fs. 262), y Osvaldo Eduardo West (fs. 263). Expte. N° 1267/10: a) informativa: Anses (fs. 61 y ss.); Designada la audiencia a los fines del art. 555, CPCC (fs. 234 Expte. N° 12/08), y habida la misma (según da cuenta el acta de fs. 259 y ss. Expte. N° 12/08), quedan los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

Y CONSIDERANDO:

1. Cabe indicar, como previo al análisis de los hechos expuestos por los actores, que en el proceso penal (Sumario Nro. 915/2011) se ha dispuesto la absolución del imputado Marcos Gabriel Giuliani por insuficiencia de pruebas según lo dispuesto por el Art. 84 del C.P. y 5 del CPPP, según Resolución N° 1912 de fecha 11.05.2012, obrante a fs.193 y ss.) Tal decisión firme permite al Tribunal Civi l examinar la responsabilidad del hoy demandado en el hecho, por la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y civil, extremo que se hace constar expresamente por la disposición contenida en el art. 1775, CCC (de aplicación inmediata por tratarse de norma de índole procesal1).

2. Habiendo comparecido sin contestar demanda el codemandado Marcos Giuliani pese a encontrarse debidamente notificado, según da cuenta la carta certificada de fs. 71 con acuse de recibo a fs. 71 vta. Expte. N° 12/08, corresponde hacer efectivo el apercibimiento contenido en el art. 143, CPCC, resultando por tanto, aplicable en principio la presunción iuris tantum de reconocimiento de los hechos invocados por el actor en sustento de su pretensión.

Sin perjuicio de ello, la citada en garantía y la codemandada Interbus S.R.L. formularon una negativa puntual de los hechos narrados en la demanda.

En consecuencia, debe hacerse la salvedad que la falta de contestación de la demanda por parte del demandado Marcos Giuliani dentro del Expte. N° 12/08 no empece a que en la especie las cargas probatorias devengan inalteradas, toda vez que la defensa y negativa efectivizada por la citada en garantía y la codemandada Interbus S.R.L. aprovecha al demandado que no contestó.

3. De las constancias probatorias rendidas, que se evaluarán bajo la perspectiva de dilucidar sólo los aspectos controvertidos dado que las cuestiones admitidas no requieren prueba (arg. art. 145, CPCC)2, surge lo siguiente.

En oportunidad de brindar declaración indagatoria, el codemandado Marcos Giuliani narró en sede correccional su versión de los hechos. Al respecto sostuvo que circulaba por calle San Luis y cuando estaba cruzando la intersección con calle Iriondo a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora, apareció de golpe la motocicleta a gran velocidad impactándolo entre la rueda delantera del micro y el guardabarros. Agregó que quien manejaba no era el occiso De Rossi, sino su acompañante y que ninguno de los dos tenía colocado el casco.Agregó que en la intersección se hallaba ubicado un cartel de ceda el paso y cree que el impacto fue con el frente de la motocicleta en el medio de la bocacalle» (fs. 57 y 58 Sum. Penal).

El acta de procedimiento elaborado por la preventora da cuenta que: «(.) sobre calle San Luis que tiene una orientación vehicular de Oeste a Este sobre el cordón Norte y a escasos metros de la intersección con calle Iriondo, se encontraba detenido y con su motor encendido un colectivo Mercedes Benz dominio DCY 383 de la empresa de transporte de pasajeros Interbus interno 03 y en el centro de la intersección de las arterias mencionadas orientada con su rueda delantera hacia el Este y volcada sobre su costado izquierdo, una moto Mondial color azul domino 512 CGC de 110 cc. y junto a la misma con su cabeza orientada al cardinal Oeste, acostado sobre su costal izquierdo, el cuerpo sin vida de un joven con signos visibles de pérdida de masa encefálica y sentada a los pies del mismo una joven con lesiones visibles como producto del accidente, la cual manifiesta llamarse Carina Español, argentina, soltera, de 19 años de edad, domiciliada en calle México 1727 y que el óbito sería Matías De Rossi, de 23 años de edad, con domicilio en calle Campbell y Marcos Paz también de este medio. (.) Seguidamente se logra entrevistar al llamado Marcos Giuliani, argentino, casado, de 24 años de edad, domiciliado en calle Libertador 1511 de Villa Gobernador Gálvez, quien dice ser el conductor del colectivo que circulaba por calle San Luis al Este, cuando fue embestido por la moto en su lateral derecho, llevando varios pasajeros en esos momentos, los cuales tras lo ocurrido descendieron de la unidad y se retiraron en distintas direcciones, pudiéndose establecer a uno de los mismos quien dice llamarse Luis Corda, argentino, casado, de 43 años de edad domiciliado en Ruta AO 12 Km. 10 de Piñero, celular 155.903.700 quien por razones laborales se retira en forma inmediata del lugar.Que por comentarios del llamado Giuliani, el conductor de la moto era la llamada Español. Que a posterior se hace presente la ambulancia N° 03 del SIES a cargo de la Dra. Funes, quien procede a examinar a las víctimas, dictaminando óbito para De Rossi y el traslado de la llamada Español a un centro asistencial para sus curaciones (.) se efectuó una minuciosa inspección ocular pudiéndose observar que ambas arterias se encuentran pavimentadas y sin elementos que impidan su tránsito en forma normal (.) no contando con semáforos, sólo un cartel plantado sobre la vereda Oeste de calle Iriondo, antes de San Luis, que reza ceda el paso (.)» (fs. 2 y 2 vta.) El testigo Luis Antonio Corda declaró en sede prevencional: «(.) el día Domingo 11 de noviembre de 2007, viajaba como pasajero en un ómnibus interurbano de la empresa Interbus y me dirigía hacia mi domicilio, más precisamente estaba ubicado en el anteúltimo asiento individual del interno mencionado, estaba despierto, cuando veo que nos desplazábamos por San Luis en dirección Oeste a Este, el conductor del ómnibus se desplazaba a muy baja velocidad, a unos 40 kms por hora, de repente, siento un fuerte golpe a la altura de la rueda delantera derecha del ómnibus, lo único que se escuchó fue el golpe, no se escucharon frenadas ni gritos, asi que al fijarme bajo del ómnibus por la puerta delantera y veo a un joven tirado en el pavimento y al lado de este a una chica con el chico que observo que estaba muerto, la piba estuvo como diez minutos como con un estado de shock, estaba como ida, lo único que preguntaba era cómo estaba el muchacho, no alcancé a ver quién manejaba la moto, ni a la velocidad que iba (.)» (fs. 33 y vta. Sumario Penal).

Luego, en sede correccional ratificó su declaración vertida ante preventora, agregando que iba en el asiento izquierdo del colectivo y que el choque fue en el lado derecho (fs. 142 Sum. Penal).

A su turno el Sr.Claudio Alfredo Rodríguez Pérez declaró en sede prevencional: «El día domingo 11 de noviembre del corriente año, siendo aproximadamente las 05.45. horas yo me encontraba trabajando en el automóvil taxi Renault 19 RA 1246 el cual es de mi propiedad. Así las cosas, como estaba con hambre por haber trabajado toda la noche estacioné mi rodado por calle San Luis entre Iriondo y Cafferata, a mitad de cuadra, a los fines de ir a una panadería que está en la esquina de Iriondo y San Luis a comprar unas facturas. Que en circunstancias que estaba caminando hacia el sitio veo pasar un colectivo muy rápido por calle San Luis de Oeste a Este el cual al llegar a la intersección con Iriondo no reduce su marcha, siendo que a los pocos segundos puedo escuchar un fuerte ruido, el cual pude reconocer como producto de un impacto, pudiendo ver que el colectivo detiene su marcha más adelante, parando sobre la mano izquierda de San Luis, circunstancias estas en que veo tirada sobre la calle una moto y dos personas caídas por lo que me acerco de inmediato, pudiendo ver que un muchacho tenía su cabeza aplastada, en tanto que una chica estaba tirada en el piso y gritaba de dolor, que al ver la cabeza del joven toda rota y mucha sangre en el lugar, me descompuse por lo que opté por volverme al auto e irme a mi domicilio. Posteriormente por medios escritos y televisivos me enteré que en el accidente había un muerto, por lo que decidí presentarme a declarar ante esta seccional» (fs. 34 Sum. Penal).

En sede correccional, Rodríguez Pérez sostuvo: » ratifico mi declaración efectuada en su momento en la comisaría, la cual me fue leída. No compré facturas, no hice nada, me fui del lugar porque me sentía muy mal.A mi me llamó la atención porque yo con 30 años de taxista no paso a esa velocidad por calle San Luis, y paró lejos del choque porque venía muy fuerte para ser un colectivo, no puedo especificar, no podría decir si a 60 o 70 pero me llamó la atención. Yo a la moto no la había visto, escuché el ruido nomás, después de eso me subí al auto y me fui. No sé que moto era ni nada, la chica estaba viva y gritaba, el muchacho no tenía la cabeza» (fs. 143 Sum. Penal).

La testigo Carina Vanesa Español relató ante la preventora: «en fecha 11 de noviembre de 2007, siendo alrededor de las 06.00 hs., iba como acompañante de mi novio el llamado Matías Exequiel De Rossi, de 23 años de edad, el cual se domiciliaba en calle Campbell y Marcos Paz, el cual conducía la moto marca Mondial 110 cc., de color azul, íbamos por calle Iriondo de Sur a Norte y al llegar a calle San Luis, no puedo precisar qué pasó, y lo que sé es que me desperté en el Hospital, enterándome que había tenido un accidente y que mi novio había muerto» (fs. 49 Sum. Penal).

En sede correccional declaró: «(.) Bueno, el accidente fue temprano, antes de las 7 de la mañana, nosotros veníamos con Matías de un bar, habíamos salido de trabajar, fuimos a saludar a un cumpleañero y ninguno de los dos habíamos tomado nada de alcohol porque entrábamos a trabajar temprano, entrábamos a las 11 de la mañana, nosotros veníamos por calle Iriondo pero yo venía abrazada de él, venía mirando para mi derecha me parece y de ahí se me blanquea todo, lo único que sé es que sentí un impacto y me levanté en el Heca, no vi nada (.)» (fs. 75 Sum. Penal).

El examen mecánico llevado a cabo por la autoridad prevencional evidenció los siguientes daños en los rodados involucrados.En cuanto a la motocicleta Mondial 100 cc. dominio 512 CGC: «impacto frontal. Ambos barrales de dirección desalineados, guardabarros delantero quebrado, mascarín quebrado y desprendido, frente quebrado y desprendido, tablero desprendido colgando, posapie lado izqueirdo doblado con goma pelada, pedal de cambios lado izquierdo doblado, puño de manillar lado izquierdo quebrado y desprendido, llaves de bocina y giros de manillar lado izquierdo rotas, cacha trasera izquierda raspada». (fs. 38 Sum. Penal) En cuanto a los daños constatados en el colectivo Mercedes Benz dominio DCY 383: «impacto lateral derecho.

Presenta guardabarros delantero derecho parte delantera con leve abollón y marca de caucho, pollera lateral derecha sector medio con abollones leves y marcas de roce, ambas cubiertas duales traseras lado derecho con manchas de supuesta sangre humana y fragmentos de supuesto material orgánico, ambos brazos de vigías lado derecho quebrados» (fs. 39 Sum. Penal) La pericial mecánica rendida por la Autoridad Preventora no pudo determinar quién era el conductor de la motocicleta al momento del siniestro (fs. 68 Sum. Penal). En lo referente a cual de los dos rodados ostentó el carácter de embistente, se lo atribuyó a la motocicleta marca Mondial dominio 512 CGC (pto. 5 fs. 69 Sum. Penal). Finalmente dio cuenta de la «existencia de una señalización vertical consistente en un CARTEL DE CEDA EL PASO erigido en la acera Oeste de calle Iriondo (marcado en croquis demostrativo de fs. 3 con el N°6). Este cartel ordena a los conductores que circulan por calle Iriondo de Sur a Norte que deben ceder el paso a los que transitan por calle San Luis de Oeste a Este. Por lo tanto inferimos que la prioridad de paso es de aquellos que transitan por la última mencionada» (pto. 6 fs. 69 Sum. Penal).

La sentencia penal obrante a fs. 193 y ss. del Sumario Penal tuvo por acreditado la existencia del hecho, sin embargo no ha podido determinar quién conducía motocicleta al momento del hecho. Se desprende al respecto:»(.) No ha podido, en cambio acreditarse, con igual grado de certeza quién era el conductor del rodado menor, pues la duda inicial no ha logrado ser despejada con lo actuado. Así, desde el mismo momento en que se produjera el hecho (Acta de fs. 2), y posteriormente en el acta de su defensa material (fs. 57/58), el encartado expresa que era la mujer; en tanto ésta lo niega (fs. 49 y 75), y los testigos nada aportan al respecto (fs. 33 y 142; y 34 y 143); duda que a partir de tales probanzas tampoco ha sido aclarada por la pericial accidentológica en la que se requiera expresamente un pronunciamiento sobre tal extremo (fs. 67/69) (.)» (fs. 203 Sum. Penal). En lo referente a cuál de los rodados había sido el agente activo en el siniestro y quién gozaba de la prioridad de paso en la encrucijada resolvió el magistrado: «En el sub examine, el lugar de localización de los daños en ambos rodados indican claramente la calidad de embistente del vehículo de menor porte -lo que incluso es reconocido por la propia Carina Español y afirmado parcialmente a partir de aquellas consideraciones-, como asimismo que el micro había comenzado el cruce de la encrucijada y que gozaba con prioridad de paso, pues el motovehículo que se desplazaba por la derecha la había perdido precisamente por la indiscutida presencia del cartel indicador de «ceda el paso»; señal que ordenaba a quienes circulaban por la calle Iriondo que debían permitir el paso de quienes cruzaban por la vía transversal; pues tal indicación constituye precisamente una de las excepciones a la regla de la prioridad de quien circula por la derecha (.)» (fs. 206 vta. Sum. Penal).

Cabe considerar que sede civil, la codemandada Interbus S.R.L y la citada en garantía Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, reconocieron al contestar demandada (fs. 64 vta. Expte. N°12/08) que el occiso De Rossi conducía la motocicleta, extremo que no había podido ser determinado en sede penal.Lo propio hicieron Interbus S.R.L, Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros y el codemandado Marcos Gabriel Giuliani en el Expte. N°3051/09 (fs. 36) y en el Expte. N° 1267/10 (fs. 40 vta.), por lo cual en virtud del principio de que los hechos reconocidos por las partes no son materia de prueba, cabe tener por acreditado que el Sr. Matías de Rossi conducía el birrodado el día del siniestro.

Ya en sede civil, la pericial mecánica rendida arrojó los siguientes resultados: Comienza su dictamen el perito enunciando la probable mecánica siniestral afirmando que el día 11 de noviembre de 2007 siendo aproximadamente entre las 05.50 y 6.15 hs., la motocicleta que circulaba por el carril izquierdo de calle Iriondo de Sur a Norte, embiste con su parte delantera la parte lateral delantera derecha, a la altura de la parte anterior del guardabarros del Colectivo, que circulaba por el carril izquierdo de calle San Luis con sentido Oeste a Este. Luego de la colisión, la motocicleta toma un giro horario y golpea con su lateral izquierdo el lateral derecho del colectivo cae y se arrastra sobre su costado izquierdo dejando efracciones sobre la calzada para terminar cerca del centro de la intersección, con la parte delantera orientada hacia el Este. De los dos ocupantes se puede decir que el masculino después del impacto es arrollado en su cabeza por las ruedas traseras derechas del colectivo, produciéndose su muerte por aplastamiento del cráneo. (Pto. 7.3.3.1 fs. 104 y 105). Concluye afirmando que la motocicleta ostentó el carácter de embistente y el colectivo embestido (pto. 7.3.3.3., fs. 106).

Finalmente en lo atinente a la prioridad de paso sostuvo: «(.) se informa que sobre la vereda Oeste de la calle Iriondo, antes de llegar a la intersección con la calle San Luis, se encuentra un cartel de «Ceda el Paso» en condiciones de poca visibilidad para la posición sobre el carril izquierdo donde se desplazaba la motocicleta (.)» (pto. 7.3.3.4, fs.106 Expte. N° 12/08). Agrega: «El referido cartel no estaría cumpliendo la condición exigida para su ubicación debido a que se encuentra semi oculto entre los árboles, ya que para poder el conductor de la motocicleta obedecer el mismo necesitaría percibirlo a una distancia de lo por lo menos entre 20 y 26 metros antes del comienzo de la encrucijada» (fs. 108 Expte. N° 12/08) En lo referente la velocidad de los rodados intervinientes sostuvo que el colectivo se desplazaba a una velocidad comprendida entre los 23 y 62 km/h (fs. 109 Expte. N° 12/08), no pudiendo determinar fehacientemente la velocidad desarrollada por la motocicleta. (fs. 110 Expte. N° 12/08).

Al momento de aclarar los puntos de pericia, puntualmente en lo concerniente a las condiciones de poca visibilidad del cartel de ceda el paso en virtud de los árboles, indicó no poder determinar la altura exacta del piso a la que se tomó la fotografía reproducida en el informe así como tampoco el ángulo (rta. 1 fs. 150). También indicó no poder afirmar que la altura a la que se tomó la fotografía se corresponda con el punto de vista de una persona montada sobre una motocicleta de similares características a la que conducía De Rossi (rta. 2 fs. 141).

Dijo también que: «la modificación de la altura hacia abajo o hacia la derecha ampliaría el ángulo de visibilidad del cartel y en consecuencia también de la distancia de visibilidad del mismo» (rta. 3 fs. 141). Luego indicó: «Según las apreciaciones hechas en la respuesta a la pregunta 7.3.3.4) del informe pericial mecánico, se toma como referencia para estimar la distancia desde la cual el conductor de la motocicleta podría percibir el cartel de «Ceda el Paso», el comienzo de la intersección de la calle Iriondo con calle San Luis, lo que sería lo mismo que a la línea imaginaria que se proyecta desde el cordón derecho de la calle San Luis.Se estima según las mismas apreciaciones que el lugar mínimo donde se tendría que empezar a percibir parte del cartel de «Ceda el Paso» sería unos 24 metros antes de dicha referencia, y a unos 18 metros ya se empieza a visualizar casi la mitad del cartel, por lo que el cartel completo se visualizará a menos de 18 metros» (rta. 5 fs. 142).

Luego, realizó el mismo cálculo, pero desde el centro de calle San Luis y desde el carril de circulación del ómnibus donde concluyó: «Teniendo en cuenta que la calle San Luis tiene un ancho de 11 metros y hay 5,5 metros desde el cordón derecho de dicha calle al centro de la misma, tenemos que el conductor de la motocicleta podría empezar a visualizar el cartel completo a menos de 23, 5 metros de la calle San Luis. Considerando que de acuerdo a las marcas de derrape dejadas por la moto en la zona de impacto y su posición final, se puede estimar que el Colectivo circulaba por el carril izquierdo de la calle San Luis, con su lateral derecho cercano al centro de la calzada, por lo que la distancia a la cual podría empezar a visualizar el cartel completo el conductor de la motocicleta se aproximaría al de la pregunta anterior, a menos de 23,5 metros» (rta. 6, fs. 142).

Finalmente sostuvo: «Teniendo en cuenta la respuesta a la pregunta 6) donde se calcula la necesidad de una distancia menor a los 23,5 metros para observar el cartel y poder detener la motocicleta antes del impacto, se tiene según los cálculos realizados en el Anexo 1: Que para el frenado suponiendo el bloqueo de las 2 ruedas de la motocicleta se calculó como distancia mínima de detención 7,83 metros para una velocidad de 20 km/h y un tiempo de reacción total de 1s. y 17,62 metros para una velocidad máxima de 30 km/h y un tiempo total de reacción total de 1,5 s.Entonces se concluye que es posible pero no seguro «ya que no se sabe a qué distancia del punto de impacto se podría observar completamente el cartel de Ceda el Paso» detener la marca de la motocicleta al divisar dicho cartel y antes de impactar al ómnibus para las velocidades calculadas. Que para el frenado suponiendo el bloqueo de las ruedas traseras de la motocicleta se calculó como distancia mínima de detención 9,48 metros para una velocidad de 20 km/H, y un tiempo total de reacción de 1s., y 21,34 metros para una velocidad máxima de 30 km/h y un tiempo total de reacción de 1,5 s. Entonces se concluye que es posible pero no seguro » ya que no se sabe a qué distancia del punto de impacto se podría observar completamente el cartel de Ceda el Paso» detener la marcha de la motocicleta al divisar dicho cartel y antes de impactar al ómnibus para las velocidades calculadas. (rta. 8 fs. 143).

4. Por la confirmación de la mecánica del accidente, de acu erdo a la prueba rendida dentro del proceso, ha de analizarse la responsabilidad siniestral.

4.1. Dada la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en fecha 01.08.2015, cabe distinguir entre las normas que gobiernan el momento de la constitución y la extinción de una situación jurídica, de aquellas que refieren al contenido y las consecuencias, siendo que cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa3, lo que no impide la aplicación de las normas del Código Civil hoy derogado, aunque sólo a los hechos ocurridos bajo su imperio (arg. art. 7°, CCC, texto análogo al previsto en el art. 3°, CC de Vélez Sarsfield, según Ley Nro.17.711).

Así, se ha explicado que si el ad quem «revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente; en agosto de 2015 la revisará conforme al artículo 1113 del Cód. Civil, no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente). En cambio, si la apelación versara sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la extinción de esa relación (por ej., una ley que regula la tasa de interés posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa ley a los períodos no consumidos»4.

4.2. La responsabilidad objetiva fundada en el art. 1113, 2° párrafo, Código Civil, resulta claramente aplicable a las colisiones entre dos o más vehículos -como la presentada en el sub examine-, ya que el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad al dueño o guardián de las cosas intervinientes activamente en la producción del daño.

De tal suerte, la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto por el texto normativo citado, sino que crea presunciones concurrentes que no dejan de gravitar sobre la solución del caso aun cuando se haya deducido sólo una pretensión resarcitoria (tesis sostenida en Francia por los hermanos Mazeaud y André Tunc, entre otros).

En tal sentido se ha perfilado la jurisprudencia en numerosos precedentes5 cuyos fundamentos los suscriptos comparten y a los cuales se remiten, así como en la doctrina sobre el particular6.

Sobre la expresada base no incumbe al actor la prueba fehaciente de violación reglamentaria alguna por parte de la contraria, sino que le basta con acreditar la existencia del nexo causal adecuado entre la cosa riesgosa y el daño, correspondiendo a la parte demandada que pretende liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima,de un tercero, o el caso fortuito, siempre que revelen aptitud para interrumpir o interferir tal nexo7, lo cual no empece a la facultad del órgano jurisdiccional para realizar un análisis de la conducta del demandado8.

4.3. Del análisis de los elementos obrantes en las presentes actuaciones, surge la existencia de conductas reprochables a la víctima, que deberán ser ponderadas para aquilatar su grado de gravitación en el resultado dañoso

4.3.1. En primer término, por haberse erigido en embistente en el hecho dañoso que lo tuvo como protagonista tal como se desprende de la pericia elaborada por la preventora y el perito mecánico en sede civil.

Cabe destacar que ello conlleva presumir infracción a lo previsto por la citada Ordenanza municipal Nro. 6.543/1998 cuando advierte que los automovilistas deben «circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito» (art. 35, inc. b).

4.3.2. Se advierte una segunda conducta reprochable al occiso De Rossi consistente en circular en una motocicleta desprovisto del casco reglamentario, extremo que se desprende de la fotografía obrante a fs. 16 del Sumario Penal, avalado por el relevamiento por parte del SIES (fs. 18 Sum. Penal), criterio que en definitiva fue también compartido por el Magistrado Penal a fs. 207 vta.

Entiende este Tribunal que tal incumplimiento interfirió causalmente, habida cuenta que el informe de la autopsia practicada reveló que «la muerte se produjo como consecuencia de aplastamiento cráneo facial. Causa de muerte: aplastamiento cráneo facial por accidente de tránsito» (fs. 5 vta. y 6, Sumario penal).

Por ello, este órgano jurisdiccional concluye que la falta de utilización del citado adminículo importó una infracción a la Ordenanza municipal Nro. 6.543/1998, que expresamente puntualiza «(.) Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados (.)» (art. 36, inc.j).

Corresponde que este órgano jurisdiccional reitere incansablemente la significativa relevancia de no hacer caso omiso a tal requerimiento, máxime en un caso como el presente en que las lesiones que desencadenaron el óbito fueron -precisamente- en la cabeza del occiso.

4.3.3. Finalmente en lo concerniente al exceso de velocidad que la parte demandada le endilgara al conductor de la motocicleta, si bien el sentenciante en lo penal afirmó que la motocicleta se desplazaba a una velocidad inadecuada (fs. 208 Sumario Penal), cabe considerar que en autos el perito no ha podido determinarla (cf. pto. 7.3.3.8, fs. 110), no existiendo entonces datos objetivos que permitan corroborar si el occiso De Rossi infringió lo normado por el art. 47, inc. 6 «a» de la Ordenanza N° 6543/1998.

4.4. Sostuvo la parte demandada que la motocicleta violó la prioridad de paso que le asistía al micro debido a la existencia del cartel de «Ceda el Paso» emplazado en la encrucijada A su turno, la parte actora esgrimió que le asistía a De Rossi la prioridad de paso en la encrucijada por circular desde la derecha. Que si bien en la encrucijada se hallaba un cartel de Ceda el Paso para los vehículos que circulaban por calle Iriondo, la gran cantidad de árboles en la arteria de mención tornaban prácticamente nula su visión.

El dictamen elaborado por el experto dio cuenta de la existencia del mentado cartel -extremo no controvertido en autos-, indicando que debe ubicarse sobre la encrucijada o antes de ella, o al inicio del tramo, con la condición de ser visible desde una distancia suficiente como para detener la marcha antes de la bocacalle o el tramo.

Al momento de practicar la pericia afirmó: «El referido cartel no estaría cumpliendo la condición exigida para su ubicación, debido a que se encuentra semioculto entre los árboles, ya que para poder el conductor de la motocicleta obedecer el mismo necesitaría percibirlo a una distancia de por lo menos entre 20 y 26 metros antes del comienzo de la encrucijada».(fs. 108 Expte.N° 12/08) Ahora bien al aclarar su dictamen, indicó no constarle la altura en que se tomó la fotografía utilizada para elaborar la pericia así como tampoco el ángulo de la toma en relación al centro de la arteria (pto 1. fs. 140).

También sostuvo que las distancias indicadas en la pericia son aproximadas. En efecto, refirió: «(.) Los resultados fueron expuestos en la pregunta 7.3.3.4, del informe pericial mecánico y donde dice «unos 18 metros» o «unos 24 metros» se quiere expresar distancias aproximadas. Debido a la forma de medición, los resultados sólo se pueden tomar como una aproximación al valor real». (rta. 1 fs. 140, Expte. 12/08).

En suma, si bien es cierto que la prueba colectada en los presentes da cuenta de la existencia del cartel de ceda el paso emplazado en la intersección de calle Iriondo y San Luis, no menos lo es que el mismo se hallaba semi oculto entre los árboles (pericia mecánica fs.108) no logrando acreditar la parte demandada que corría con la carga de tal extremo que pese a la existencia del mismo, el occiso De Rossi pudo haberlo advertido y en consecuencia respetar la indicación que éste imponía.

En efecto, nótese que el perito expresamente sostuvo no poder determinar exactamente a qué distancia del punto de impacto la víctima hubiera podido observar el cartel de ceda el paso, y consecuentemente respetarlo, toda vez que lógicamente resulta necesario previamente advertir la señal vertical para acatar la misma.

Corría entonces la parte demandada con la carga de la prueba de que la víctima De Rossi pudo haber visto y consecuentemente respetado el cartel indicador de ceda el paso y no lo hizo, recordando que la culpa de la víctima con aptitud suficiente para interrumpir el nexo causal debe ser asertiva, extremo que no se verifica en autos toda vez que la prueba colectada arroja un manto de duda respecto a qué distancia era visible el cartel.

En efecto, circulando De Rossi por calle Iriondo hacia el Norte, y estando semi oculto el cartel de ceda el paso entre los árboles, no pudo advertir el mismo y consecuentemente respetarlo lo que importó derechamente que éste creyera contar con la prioridad de paso en la encrucijada -por circular desde la derecha-en relación al micro que circulaba por San Luis hacia el Este.

Si bien no escapa a este Tribunal que el magistrado penal sostuvo que en el caso bajo análisis la prioridad de paso correspondía al micro en virtud de la presencia del cartel indicador de Ceda el paso para los vehículos que circulaban por Iriondo, cabe considerar que entre la culpa civil y la penal existen diferencias.En general, las culpas se diferencian en cuanto a su finalidad dado que ésta última tiende a la imposición de una pena, en cambio, la primera, se formula para imponer la obligación de resarcir, teniendo el juez civil autonomía para apreciar la culpa de las partes en la producción del daño.

Así se ha sostenido que el juez civil, no queda limitado para efectuar el análisis de reprochabilidad de la conducta del demandado a la luz de los principios que guían la culpabilidad civil9 En suma, de acuerdo al plexo probatorio rendido en los presentes y en lo atinente estrictamente a la prioridad de paso en la encrucijada, entiende este Tribunal que la parte demandada no acreditó de man era asertiva la culpa de la víctima con aptitud suficiente para interrumpir el nexo causal tornándose así operativa la presunción legal contenida en el art. 1113 CC.

4.5. En cuanto a la velocidad del micro cabe considerar que si bien el testigo Rodríguez Pérez indicó que el colectivo circulaba a una velocidad de 60 a 70 km/h, también el testigo Corda indicó que el colectivo se desplazaba «despacio , a unos 40 km/h», no existiendo razones suficientes para favorecer un testimonio sobre otro. Por último el perito en sede civil indicó que la velocidad del micro era de 23 a 62 km/h (rta. 7.3.3.6 fs. 109). En suma, la prueba colectada en los presentes no resulta suficiente para tener por acreditado que el colectivo se hubiera desplazado a exceso de velocidad.

4.6. Finalmente en lo atinente a la falta de carnet habilitante para conducir colectivos por parte del codemandado Giuliani, ninguna prueba se ha rendido en los presentes que acredite tal incumplimiento.

4.7.Ponderando la gravitación de los recíprocos incumplimientos, decide este Tribunal que el 50 % de la responsabilidad corresponde al occiso Matías Ezequiel De Rossi (arts. 1109 y 1113, CC), y el 50 % restante a los codemandos Marcos Gabriel Giuliani e Interbus SRL (art. y 1113, CC).

4.8.En cuanto a la situación jurídica de la citada en garantía Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, habida cuenta del planteo de inconstitucionalidad (fs. 4 vta. Expte. N° 1267/10) de las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación que regulan la franquicia opuesta, materia sobre la cual la citada expuso su posición peticionando el rechazo (fs. 35 y ss.), cabe expresar lo siguiente.

Concretamente, en el caso se trata de determinar si la franquicia pactada entre el asegurador y el asegurado en los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, es oponible o no al damnificado.

4.8.1. El problema del control de constitucionalidad nace con la aparición de las primeras constituciones, aun cuando no surja simultáneamente con la primera de ellas10, y está principalmente vinculado al tema de la supremacía de éstas.

Al respecto se ha dicho que «El control refiere a que el derecho constitucional es el fundamento y la base de todo el orden jurídico político de un Estado, obligando a que normas y actos, sean estatales o privados, se ajusten a ella»11, toda vez que no hay discusión que la Constitución es ley suprema y que a ella debe acomodarse todo el ordenamiento jurídico, y el principal objetivo está centrado en obtener en grado efectivo su cumplimiento.

Por ello, si bien es cierto que el juez conoce el Derecho y por tanto debe aplicarlo con prescindencia de la cita de las partes12, no lo es menos que «en los casos de declaración de inconstitucionalidad, no se trata de traer a colación una norma vigente no tenido en cuenta por las partes, sino de modificar el ordenamiento jurídico dejando sin efecto parte del mismo, lo que representa un supuesto muy diferente y un recurso al que debe acudirse como «ultima ratio»13 4.8.2. Ahora bien, para determinar la existencia de la Ángel y otros», 05.08.1998, en A. y S. t. 148, págs.240­252; «LUNGHI, Gabriel Fernando», 21.10.1998, en A. y S. t. 150, págs. 402­405) legitimidad del planteamiento de inconstitucionalidad, debe probarse la existencia de un perjuicio efectivo: es decir, que el peticionante debe exponer el daño actual o por venir que le provoca la situación de incertidumbre, situación ausente en el caso de autos.

Conforme jurisprudencia constante de la Corte, el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma, debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen. Para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente, el perjuicio que la origina la aplicación de la disposición, pues la invocación de agravios meramente conjeturales resulta inhábil para abrir el análisis pretendido.

Aun cuando se considerara que el caso reposa en la prevención de una situación perjudicial, desechándose consiguientemente la posibilidad de un daño verificado, se impone minuciosidad de detalle en la explicitación del perjuicio o lesión que comunique atendibilidad, lo cual debe ser alegado y probado por el propio titular del derecho afectado.

4.8.3. Mas si lo antedicho no bastara, ha de puntualizarse que el más alto Tribunal nacional ha tenido oportunidad de expedirse sobre la cuestión14 afirmando que «asiste razón a la recurrente toda vez que el a quo al decidir incluirla en la condena y consecuentemente desestimar lo acordado entre el tomador y la aseguradora en cuanto a la franquicia, prescindió de lo dispuesto en la Ley nº 17.418 que específicamente establece que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador «en la medida del seguro» (art. 118, tercera parte) y de la normativa dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación que prevé como cobertura básica del seguro de responsabilidad civil de vehículos destinados al transporte público de pasajeros una franquicia de $ 40.000 – (Res.25.429/97, Anexo II, cláusula 4), sustentando dicha solución en la mera afirmación dogmática de que ese descubierto viola lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Transporte. Aquí es necesario precisar que el artículo 68 si bien impone la obligación de asegurar todo automotor, acoplado o semiacoplado, deja a salvo la estipulación de las condiciones del contrato a lo que fije la autoridad en materia aseguradora. En estas condiciones, el apartamiento a la normativa citada y vigente sin fundamento idóneo y suficiente, descalifica la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido, valorando asimismo lo ya mencionado por V.E. en cuanto a que en el seguro de responsabilidad civil, la franquicia pactada en la póliza es oponible al tercero damnificado (Fallos: 313: 988; 321: 394) y en ese mismo sentido he emitido dictamen en una cuestión análoga a la presente (S.C.N. 312, L.XXXIX, «Nieto Nicolás del Valle c/ La Cabaña S.A. y otros»)».

Más recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a indagar sobre esta cuestión15, con fundamentos que los suscriptos comparten, destacando que «la Ley Nacional de Tránsito es la que impone la necesidad de un «seguro obligatorio» de responsabilidad civil frente a terceros por los eventuales daños que pudiera ocasionar el dueño o guardián del automóvil, y asimismo, dispone que su contratación debe realizarse de acuerdo a las condiciones que fije la Superintendencia de Seguros de la Nación, en tanto estipula que «todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no» (art.68, ley 24.449). (.) Dentro de este régimen y atento a la delegación efectuada por la referida ley, la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó el reglamento mediante la resolución 25.429/97, estableciendo que todo contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil de vehículos destinados a transporte público de pasajeros, debe ser realizado de acuerdo a lo dispuesto en la misma, que impone que «el asegurado participará en cada acontecimiento cubierto que se tramite por la vía administrativa o judicial con un importe obligatorio a su cargo de $ 40.000.-» (art. 4, anexo II de la citada resolución). En consecuencia, la franquicia está legalmente prevista y opera como un límite consistente en una fracción del riesgo no cubierto por la cual el asegurado debe participar en cada acontecimiento dañoso cubierto por la póliza con un importe obligatorio de $ 40.000.- (.) De acuerdo con lo establecido por el art. 109 de la Ley 17.418, el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado o del conductor por él autorizado «por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por el vehículo objeto del seguro, por cada acontecimiento ocurrido durante la vigencia del contrato». En tales condiciones y atento a que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes y está destinado a reglar sus derechos (arts. 1137 y 1197 del Código Civil) y el damnificado reviste la condición de tercero frente al mismo porque no participó en su realización, si desea invocarlo debe circunscribirse a sus términos, pues los contratos tienen un efecto jurídico relativo y los efectos se producen exclusivamente entre las partes y no pueden afectar a terceros (arts. 1195 y 1199 del Código Civil). (.) el contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el Derecho argentino y en consecuencia, toda limitación que se dispone es de interpretación restrictiva.Esta tutela comprende tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19 de la Constitución Nacional), como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita (art. 14 de la Constitución Nacional) y de la libertad económica dentro de las relaciones de competencia (art. 43, Constitución Nacional), la libertad de contratar, de competir y de configurar el contenido de los contratos, constituyen una posición jurídica que este Corte debe proteger como tribunal de las garantías constitucionales. En este sentido debe ser interpretado el término «propiedad» desde la perspectiva constitucional (art. 17 de la Constitución Nacional). Esta es la interpretación consolidada por los precedentes de este Tribunal al sostener «que el vocablo propiedad, empleado por la Constitución comprende, como lo ha dicho este Corte, todos los intereses apreciables que un ser humano puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad: Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones privadas sea q ue nazca de actos administrativos, integra el concepto constitucional de propiedad a condición, de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en el goce del mismo» (Fallos: 145:307; 172:21, disidencia del juez Repetto). (.) Esta Corte ha dicho reiteradamente que las víctimas tienen un derecho a la reparación integral de los daños que sufren a causa de un accidente y ha reforzado toda interpretación conducente a la plena satisfacción de este principio. El instituto de la franquicia no es incompatible con este principio, sino que, por el contrario, beneficia a las víctimas al estar enfocado en la prevención. Si una persona puede trasladar al seguro la totalidad de los daños que causa, no tendrá ningún incentivo para tomar precauciones tendientes a evitar el daño, en cambio, si una parte repercute sobre su patrimonio, la indemnización mantendrá un efecto disuasivo.Interpretada conforme a sus consecuencias, la decisión de declarar la inoponibilidad de la franquicia no constituye un beneficio para las víctimas. Establecida una regla semejante, los aseguradores eliminarán la franquicia, elevarán los precios y difundirán sus costos, lo cual aumentará el volumen de sus negocios. Si se incrementan los capitales asegurados y disminuyen los incentivos para la prevención porque el seguro se hace cargo de la totalidad de las indemnizaciones, se satisface el objetivo de la reparación pero disminuye drásticamente toda motivación para evitar los accidentes. En el largo plazo, también habrá problemas para el aseguramiento y resultará afectado el objetivo de la reparación. Las reglas de la responsabilidad civil y del seguro están asentadas sobre un delicado y complejo equilibrio, experimentado y cuya modificación exige un volumen de información apropiado, que, en el caso no está disponible. Este principio, aplicado al caso, no justifica la eliminación de la franquicia. (.) No puede confundirse la acción directa de naturaleza procesal, con el efecto relativo de los contratos. Los contratos tienen efectos entre las partes y no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, salvo excepciones conocidas. Cuando se afirma que la víctima está perjudicada por la franquicia y que ello la hace inoponible, se modifica una regla establecida en el derecho civil desde el año 1804, los vínculos que se establecen entre las personas siempre afectan a los terceros desde el punto de vista económico o moral, pero si se permitiera que todos cuestionaran esas decisiones, no podría celebrarse contrato alguno. Por esta razón, la libertad de contratar está protegida constitucionalmente y nadie puede, so pretexto de un perjuicio ético o patrimonial, entrometerse en la esfera de autonomía de quien ha celebrado un contrato. En el caso del seguro, la limitación del riesgo y la franquicia son razonable porque nadie dispondría de un capital para asegurar si no conoce cuál es la responsabilidad que asume.El aseguramiento se fundamenta en el cálculo de probabilidades, exigiendo un estudio estadístico de cuántos accidentes ocurren, cómo incide ello en la cantidad de personas que sienten suficiente temor al riesgo como para pagar por su cobertura y si el monto de las indemnizaciones que se abonarán se puede difundir razonablemente entre los que pagan, pero no causan daño. Si se dan estos elementos, la actividad es posible, pero si, en cambio, esas variables se vuelven inciertas porque se cambian constantemente, disminuirá el aseguramiento y la responsabilidad civil será cada vez más declarativa. De tal modo, no puede afirmarse que la franquicia es un instrumento que perjudica a terceros, ya que es el ejercicio razonable de una limitación del riesgo de la actividad. Si un tercero puede cobrar al asegurador una suma superior a la contratada, no sólo se viola la ley de seguros, sino que se consagra una obligación sin causa (art. 499 Código Civil). Si bien, el tercero damnificado puede llegar a ser acreedor de la aseguradora del causante del daño, siempre deben respetarse las limitaciones de las cláusulas contractuales pactadas en dicha convención, que a su vez están subordinadas a la normativa vigente. El reconocimiento de una acción directa para las víctimas está basada en el acceso a la justicia y no en la violación del principio de relatividad de los contratos. La regla es que un tercero debería ejercer una acción subrogatoria y por esa razón, la evolución de la doctrina y legislación consagraron una acción denominada «citación en garantía», que poco a poco fue interpretada como una especie de acción directa para favorecer el acceso de las víctimas a una satisfacción más rápida, pero siempre dentro del límite del seguro. (.) Adoptar una posición distinta, sería parcializar el significado del art.68 de la ley 24.449, pues el régimen jurídico vigente deja a salvo que el seguro es obligatorio, pero de acuerdo a las estipulaciones que fije le autoridad en materia aseguradora, que es la que reglamentó la franquicia, también obligatoria. (.) Por lo que, en tanto la condena contra el responsable civil será ejecutable «en la medida del seguro» (art. 118, apartado tercero, de la ley 17.418) y existiendo la cláusula de la franquicia pactada contractualmente entre la compañía y el asegurado por la cual pone un límite al riesgo cubierto de acuerdo a la normativa legal prevista, ello conduce a concluir que el descubierto obligatorio es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación».

4.8.4. En otro orden de ideas, si bien no existe prescripción normativa que imponga el sometimiento de los Tribunales inferiores a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es menos cierto que «tal argumentación se traduce sin más en un distanciamiento evidente de la propia jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación, sobre la fuerza vinculante de sus pronunciamientos» 16 Es que claramente se ha sostenido que no obstante que la Corte «sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos»17 En tales términos «carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia»18 En autos, la actora no aporta nuevos argumentos que funden un apartamiento de los precedentes jurisprudenciales citados.

4.8.5 En virtud y sobre la base de todo lo expuesto, entiende este Tribunal que existe una regla de Derecho que establece con precisiónla existencia de una franquicia y, por ende, el Tribunal debe aplicar la norma excepto que la considerara inconstitucional -lo que no ocurre en el sub lite-, determinándose el rechazo del planteo de inconstitucionalidad articulado por la actora.

4.8.6.En suma, la presente decisión se hará extensiva, en la medida del seguro pactado (art. 118, Ley 17.418), a la aseguradora Mutual Rivdavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, quien acató la citación en garantía que le fuera efectuada (fs. 34 y ss. Expte. N° 1267/10, fs. 33 y ss. Expte. N° 3051/09, y fs. 61 y ss. Expte. N°12/08).

5. Despejada la atribución de responsabilidad, debe pasarse revista a los daños cuya indemnización se demanda.

Toda vez que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia (art. 772, CCC), las normas aplicables, que captan en su antecedente normativo tal presupuesto, son las vigentes al momento de la emisión del decisorio (arg. art. 7°, CCC, texto análogo al previsto en el art. 3°, CC de Vélez Sarsfield, según Ley Nro.17.711).

No otra conclusión cabe, habida cuenta que se trata de textos normativos que integran las reglas técnicas de la actividad de sentenciar19, pudiendo ser reconocidas a través de la facultad del órgano jurisdiccional de seleccionar el Derecho aplicable.

En efecto, la aplicación lisa y llana del Código Civil de Vélez Sarsfield a sentencias dictadas bajo el Código Civil y Comercial de la Nación hoy vigente21, por la sola razón de haber tramitado los litigios bajo el primero de los ordenamientos mencionados, implica una postergación de la aplicación inmediata del Código Civil y Comercial sin bases legales, consagrando la regla de la aplicación diferida del Código Civil velezano después de su derogación.

Así, las partes en juicio no adquieren derecho a que la causa se falle conforme a la ley vigente al trabarse la litis, si posteriormente y antes de la sentencia firme se dicta otra ley de orden público que determina su aplicación a los procesos en curso.

5.1. En cuanto al rubro daño material por la pérdida de vida humana el nuevo Código Civil y Comercial regula en su artículo 1745 la composición de los rubros y quienes se encuentran legitimados a reclamar los daños derivados del fallecimiento de una persona. Sin perjuicio de ello, se mantiene a la fecha la pacífica doctrina y jurisprudencia la cual ha tenido en cuenta este Tribunal invariablemente a la hora de cuantificar el rubro.

En el Expte N° 2178/09 luce agregada partida de nacimiento del Sr. Matías Ezequiel De Rossi de la cual se desprende que sus progenitores son Edgardo Luis De Rossi y Graciela Ester Pedretti (fs. 13). A fs. 12 del mismo expediente luce agregada partida de nacimiento del Sr. Edgardo Luis de Rossi cuya madre resulta ser la coactora Yolanda Leonor Traverso.

Lo apuntado permite tener por acreditado el vínculo filial entre los coactores Edgardo Luis De Rossi y Graciela Ester Pedretti con el Sr.Matías De Rossi, y que éste era nieto de Yolanda Leonor Traverso.

En lo atinente al rubro bajo análisis, se ha expresado que «Nada autoriza a establecer una pauta monetaria mínima igualitaria e indiferenci ada correspondiente a un valor «vida humana» o «pérdida de vida humana», como monto indemnizatorio, con prescindencia de todo otro perjuicio cierto», contando los herederos necesarios con la presunción contenida en el art. 1084, CC, por remisión del art. 1085.

En análogo sentido ha tenido oportunidad de expedirse el máximo Tribunal nacional, aseverando que «resulta razonable admitir que la muerte (.) importó la frustración de una posible ayuda material».

Es que «en el caso de pérdida de la vida humana, lo indemnizable no es una suerte de valor intrínseco (.) adjudicable a la existencia del ser desaparecido, sino (.) la pérdida patrimonial que pueden experimentar los sobrevivientes a raíz del fallecimiento de aquél. (.) Consideramos que la vida en sí es inconmensurable económicamente (¿quién podría ponerle un precio?). Lo valioso en este sentido se refiere a los bienes materiales que el hombre crea u obtiene mientras vive, y que implican una desventaja pecuniaria también para otros si de alguna manera son sus destinatarios. En consecuencia, la vida humana no tiene un valor económico intrínseco, sino mediato. No se trata del económico valor de la vida, sino de los valores de esa índole que con la vida («viviendo») se pueden alcanzar, a cuyo respecto el sujeto cumple un papel instrumental»

5.1.1. Para cuantificar el daño producido, deben tenerse presentes las características personales de la víctima, en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel de capacitación, para el supuesto de que realizara tareas remuneradas si lo hacía o no en relación de dependencia.Es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que del hecho deriva.

A efectos de determinar el monto de resarcimiento, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, reuniendo características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial.

En cuanto a las condiciones personales, el difunto contaba con 23 años de edad al momento del accidente (cf. fs. 2 Sumario Penal). En cuanto a la actividad laboral del difunto De Rossi, cabe considerar que la testigo Carina Vanesa Español declaró ante el magistrado correcional que el día posterior al accidente «debían presentarse a trabajar» (cf. fs. 75 Sum. Penal), sin embargo no indicó dónde trabajaban ni cuál era la actividad que desarrollaba la víctima.

A su turno, el testigo Hugo Fiore preguntado sobre la educación recibida por De Rossi contesta: «no recuerdo, había terminado la secundaria, y luego se dedicó a trabajar, terminó en una nocturna, no recuerdo dónde trabajaba, primero en la heladería de su abuelo trabajó, de grande no recuerdo, estuvo un tiempo en La Elena, una constructora, no sé si era ocasional el trabajo o planta permanente, o qué ganaba, colaboraba económicamente con su familia (.)» (fs. 259 Expte. 12/08).

En igual sentido Luciano Nicolás Bovio sostuvo en oportunidad de la A.V.C que De Rossi «tuvo muchísimos trabajos, no recuerdo qué hacía en ese momento, recuerdo de haber sido cadete en el barrio donde nos juntábamos, sé que trabajaba a la mañana, no recuerdo qué hacía, diría que no estaba anotado, no sé lo que ganaba, colaboraba con el mantenimiento del hogar (.)»(fs. 260 Expte. 12/08).

A mayor abundamiento, el testigo Walter Ramón Canteros afirmó que Matías De Rossi trabajó en La Elena, sin precisar la fecha de su ingreso ni tampoco la remuneración que percibía. (fs. 262 Expte.N° 12/08).

En relación a los co-actores Edgardo De Rossi, Graciela Pedretti y Yolanda Traverso, su carácter de humilde surge de las actuaciones efectuadas los respectivos incidentes de obtención de beneficio de litigar sin gastos (fs. 38, expte. N° 448/08; fs. 25 expte. N° 3050/09; y fs. 34 y vta. expte. N° 2178/09) También se halla acreditado en los presentes la asistencia proporcionada por la víctima De Rossi a su abuela Traverso. Al respecto, el testigo Luciano Nicolás Bovio declaró en oportunidad de la A.V.C, preguntado dónde y con quién vivía contestó: «vivió un tiempo con su abuela y su padre, que vivían juntos en la misma casa, (.) él vivió mucho tiempo con su abuela paterna, con su padre hasta que yo recuerdo, él siempre hablaba de la casa de su abuela paterna, mi tía vivió toda la vida a la vuelta, nos veíamos, nos cruzábamos y nos saludábamos» (fs. 260) El testigo Walter Ramón Canteros, peguntado por la relación de afecto que existía entre la actora y su nieto Matías De Rossi contestó: «él vivió un tiempo con la abuela y el papá(.)».

Preguntado cómo estaba conformada la familia de la actora contesta: «la abuela vivía con Matías, él vivía ahí, el papá vivió un tiempo ahí y después no sé, la abuela vivía con Matías» (fs. 262) Finalmente el testigo Osvaldo Eduardo West en cuanto a cómo está conformada la familia de la actora contesta: «ahora vive sóla, en aquél momento vivía con el chico y con el padre del chico». Preguntado si Matías vivió con la hermana y con la madre contesta: «la verdad que no creo, no estoy seguro, sé que estaba en lo de la abuela» (fs. 263).

Lo apuntado no logra enervar el testimonio del testigo Hugo Fiore quien dijo en oportunidad de la A.V.C. no poder recordar si De Rossi vivía o no con su abuela (fs.259 vta.) Estas probanzas tienden a afianzar la idea de que el occiso podría haberse constituido en una ayuda importante para sus progenitores cuando éstos arribaran a una edad avanzada que les impidiera proveer a su cuidado y también consolida la idea de ayuda para su abuela Traverso.

Teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las condiciones particulares de la víctima, se declara procedente el rubro fijándose el mismo en la suma de $360.000.- para cada uno de los actores Edgardo Luis De Rossi y Graciela Ester Pedretti y en la suma de $ 180.000 para la coactora Yolanda Leonor Traverso.

5.2. Se define al daño moral (comprensivo del daño psíquico) sufrido a consecuencia del siniestro, como «una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial».

El art. 1738, CCC, regla que «La indemnización (.) [i]ncluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, (.) su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida», estatuyendo el art.1741, CCC, en expresa referencia a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, que «(.) [e]l monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas».

Cabe consignar que, sobre la procedencia de su reparación, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que «en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin».

Sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto «la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante». Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto, cabe consignar que existen para ello distintos criterios, y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal, siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria, descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en concepto de daño moral, habiéndose entendido que «A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste».

Sentado lo anterior, el Tribunal hace saber que, como directriz general para el examen de los daños, participa del criterio que no debe aceptarse la multiplicidad de rubros resarcitorios, los que se limitan en número a las consecuencias patrimoniales yno patrimoniales, posición en que se ha manifestado la Alzada, y que reafirma el art. 1737, CCC. Así, la lesión o daño estético y la lesión o daño psíquico o psicológico, son aspectos a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio (arg. art. 1738, CCC), pero cualquiera de éstos no configura un daño de distinta naturaleza, o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o no patrimonial, según los intereses afectados33.

En cuanto a la legitimación activa del coactor Edgardo De Rossi en lo concerniente al rubro bajo análisis, fue negada a fs. 67 vta. Expte. N° 12/08 por la demandada en virtud de que De Rossi tenía una hija y consecuentemente desplaza a su progenitor en el reclamo.

En primer lugar, no se halla acreditado fehacientemente en autos la paternidad endilgada a Matías De Rossi -esto es mediante la partida de nacimiento que así lo determine-. Sin embargo, no escapa a este Tribunal el testimonio vertido por Hugo Fiore quien afirmó que el actor fue el primero del grupo en ser padre (fs. 259 Expte. N°12/08) Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de expedirse nuestro más alto Tribunal nacional explicando que «corresponde asignar una interpretación amplia a la mención herederos forzosos que hace el art. 1078, de modo que alcance a todos aquéllos que son legitimarios potenciales, aunque -de hecho- pudieran quedar desplazados de la sucesión por concurrencia de otros herederos de mejor grado, comprensión que -por otra parte- se compadece con el carácter ‘iure proprio’ de esta pretensión resarcitoria, y a la vez satisface la necesidad de evitar soluciones disvaliosas, pauta a la que cabe recurrir para juzgar el acierto de la labor hermenéutica (Fallos:310:558)». En cuanto al sometimiento de los Tribunales inferiores a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuestiones de brevedad se remite este Tribunal a lo apuntado en el punto 4.8.4 de los presentes considerandos.

En lo atinente al grado de incapacidad psicológica del coactor Edgardo De Rossi, se halla rendida pericial psicológica de la que se desprende: «(.) el Sr. De Rossi tiene daño psíquico causado por la muerte de su hijo, Matías Ezequiel De Rossi. Su muerte ha producido una fractura en su psíquis que ha arrasado su mente, produciendo graves alteraciones en su personalidad, en su accionar cotidiano y en su perspectiva de futuro social, laboral y familiar (.)» (rta. 7.3.2.11., fs. 136). Agregó: «(.) El Sr. Edgardo Luis De Rossi, padece incapacidad psíquica severa sin ideas de autoelminación al día de hoy, del 50% enmarcado dentro de Depresiones Neuróticas o reactivas 2.6.9 (.)» (rta. 7.3.2.13 fs. 136 vta.). Finalmente a fs. 220, corrige la pericia la psicóloga indicando que la incapacidad es muy severa.

En lo atinente a la coactoras Graciela Pedretti y Yolanda Leonor Traverso, no se ha practicado en autos pericial psicológica que determine si presentan algún grado de incapacidad.

Entonces, teniendo una vez más en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las circunstancias a las que se alude precedentemente, se declara procedente el rubro fijándose el mismo en la suma de $ 800.000- para el actor Edgardo Luis De Rossi, en la suma de $500.000 para la coactora Graciela Pedretti y en la suma de $ 400.000 para la coactora Yolanda Leonor Traverso.

6. Toda vez que el art. 1747, CCC, expresa que «El resarcimiento del daño moratorio es acumulable al del daño compensatorio o al valor de la prestación (.)», el capital devengará un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas: a) desde el día del hecho (arg. art.1748, CCC) y hasta el vencimiento del plazo que esta sentencia otorga para el pago, se aplicará el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); b) desde el vencimiento de dicho plazo y hasta su efectivo pago, devengará un interés equivalente al doble de la tasa referenciada.

7. En lo atinente a las costas atento el éxito obtenido que se pondera jurídicamente, y en virtud del principio normativo de los vencimientos recíprocos, en el marco de las pretensiones deducidas en los Exptes. N° 12/08, 3051/09 y 1267/10, se impondrán en el siguiente orden: 25% a la parte actora y 75 % a la parte demandada (art. 252 CPCC).

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, RESUELVE: Expte N°: 12/08: I) Hacer lugar parcialmente a la demanda y en consecuencia condenar a los codemandados Marcos Gabriel Giuliani e Interbus S.R.L. a pagar al actor Edgardo Luis De Rossi la suma de $580.000.- dentro del término de diez (10) días con más los intereses fijados en el punto 6 de los considerandos que anteceden. II) Imponer las costas en el siguiente orden: 25% al actor y 75% a la parte demandada. III) Hacer extensivos los efectos del presente decisorio a la citada en garantía, en la medida del seguro. IV) Los honorarios se regularán oportunamente, firme que estuviera la planilla a practicarse en autos, difiriéndose para tal oportunidad el prorrateo previsto en el art. 730, CCC. Expte. N° 3051/09:

I) Hacer lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia condenar a los codemandados Marcos Gabriel Giuliani e Interbus S.R.L. a pagar a la actora Graciela Ester Pedretti la suma de $430.000.- dentro del término de diez (10) días con más los intereses fijados en el punto 6 de los considerandos que anteceden.

II) Imponer las costas en el siguiente orden: 25% a la actora y 75% a la parte demandada.III) Hacer extensivos los efectos del presente decisorio a la citada en garantía, en la medida del seguro.

IV) Los honorarios se regularán oportunamente, firme que estuviera la planilla a practicarse en autos, difiriéndose para tal oportunidad el prorrateo previsto en el art. 730, CCC.

I) Hacer lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia condenar a los codemandados Marcos Gabriel Giuliani e Interbus S.R.L. a pagar a la actora Yolanda Leonor Traverso la suma de $290.000.- dentro del término de diez (10) días con más los intereses fijados en el punto 6 de los considerandos que anteceden.

II) Imponer las costas en el siguiente orden: 25% a la actora y 75% a la parte demandada.

III) Hacer extensivos los efectos del presente decisorio a la citada en garantía, en la medida del seguro.

IV) Los honorarios se regularán oportunamente, firme que estuviera la planilla a practicarse en autos, difiriéndose para tal oportunidad el prorrateo previsto en el art. 730, CCC V) Insértese, agréguese copia y hágase saber.

Autos: «DE ROSSI, Edgardo Luis y ot. c. GIULIANI, Marcos Gabriel y ot. s. Daños y perjuicios», Expte. Nro. 12/08, y sus acumulados «PEDRETTI, Graciela Ester c. GIULIANI, Marcos Gabriel y ot. s. Daños y Perjuicios» Expte. N°3051/09, BENTOLILA

CINGOLANI

ANTELO

BITETTI

A %d blogueros les gusta esto: