Responsabilidad del conductor que embistió la parte trasera de un rodado que lo precedía en la marcha

conduciendoPartes: Policardo Celina c/ Cenoz Berra Mariana s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 25-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100840-AR | MJJ100840 | MJJ100840

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Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda resarcitoria iniciada por el conductor cuyo rodado fue embestido desde atrás porque, existiendo una presunción de culpabilidad en contra del conductor de un vehículo que embiste con la parte frontal, la trasera del que le precedía en la marcha, en el caso no se produjo prueba tendiente a desvirtuar esa presunción, siendo que el embestimiento configura situación que evidencia un cierto grado de negligencia culpable.

2.-La responsabilidad objetiva fundada en el art. 1113 , 2° par., del CCiv., es aplicable a las colisiones entre dos o más vehículos, ya que el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad al dueño o guardián de las cosas intervinientes activamente en la producción del daño, de modo tal que la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto por el texto normativo citado, sino que crea presunciones concurrentes que no dejan de gravitar sobre la solución del caso aun cuando se haya deducido sólo una pretensión resarcitoria.

3.-Para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, debe tenerse presente el sistema previsto por el art. 1746 del CCivCom., que cederá en tanto no exista prueba asertiva de los ingresos que percibía la víctima del hecho dañoso o frente a víctimas económicamente improductivas (arg. art. 3° por referencia analógica con el art. 1745 , incs. b y c, ante ausencia de norma específica al respecto), en favor del sistema de las calidades personales.

Fallo:

Rosario,25.08.16

VISTOS: Los presentes caratulados “POLICARDO, Celina c. CENOZ BERRA, Mariana s. Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 3111/2011, y su acumulado “CENOZ BERRA, Mariana y otro c. MEZA MEDINA, Luciano s. Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 2510/2012, ambos en trámite por ante este Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, venidos a despacho a fin de dictar sentencia, conforme se ordena a fs. 223 de los citados en primer término.

1. Del Expte. Nro. 3111/2011 surge lo siguiente.

1.1. A fs. 21 y ss., Celina Policardo promueve demanda de indemnización de daños y perjuicios contra Mariana Inés Cenoz Berra y Luciano Meza Medina, tendente a la percepción de los siguientes rubros: incapacidad sobreviniente; daño moral; gastos no documentados; daños al vehículo; privación de uso; y depreciación de la unidad.

Relata que, en fecha 06.05.2011, siendo aproximadamente las 12.30 horas, conducía su Chevrolet Corsa dominio FIM 996 por calle Alem en dirección al sur, cuando a la altura del 1050 debió detener su marcha por razones del tránsito. En esa circunstancia fue impactada en la parte trasera de su vehículo por el frente del Ford Focus dominio EPN 887 que, al mando de la codemandada Mariana Inés Cenoz Berra, circulaba en idéntica dirección.

Sigue diciendo que la magnitud del contacto provocó el desplazamiento hacia adelante y el embestimiento contra la parte trasera del rodado Honda CRV que la precedía.

Adiciona que, al descender, constató una colisión entre el mencionado Ford Focus y un taxi dominio ERD 350 conducido por el codemandado Luciano Meza Medina, no pudiendo aseverar si tal suceso fue previo o posterior.

Atribuye responsabilidad en los términos de los arts. 1109 y 1113, CC.

Peticiona citación en garantía de Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. y Aseguradora Federal Argentina S.A.

Funda su derecho y ofrece pruebas.

1.2. Citada y emplazada la parte demandada (fs. 28), a fs. 34 y ss.comparecen y responden demanda el codemandado Luciano Meza y Aseguradora Federal Argentina S.A., efectuando negativa puntual de los hechos afirmados por la actora en el escrito inicial.

A fs. 34, la aseguradora acata la citación en garantía que le fuera promovida.

Ofrecen pruebas.

1.3. A fs. 47 y ss. comparece y responde demanda Boston Compañía Argentina de Seguros S.A., efectivizando negativa de estilo.

A fs. 52 vta. acata la citación en garantía que le fuera promovida.

Reconoce el acaecimiento del hecho dañoso, así como las circunstancias de personas, tiempo y lugar.

Endilga culpa a tercero por quien no debe responder, el codemandado Luciano Meza, toda vez que el rodado al mando de la codemandada María Inés Cenoz Berra se hallaba detenido cuando fue impactado por aquél, y tal fue la causa de su desplazamiento y del contacto con el vehículo de la actora.

Ofrece pruebas.

1.4. Citada y emplazada la codemandada Mariana Inés Cenoz Berra (fs. 28), no comparece ni contesta la demanda, pese a hallarse debidamente notificada (cédula de fs. 58, de lo cual se hace mérito a través del decreto de fecha 09.02.2012, obrante a fs. 60, con notificación por cédula de fs. 61).

Sin perjuicio de ello, a fs. 63 comparece la referida coaccionada, asumiendo el pleito en el estado en que se encontraba.

1.5. Proveídas las pruebas (fs. 67), constan como producidas en autos las siguientes: a) informativas: Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. (fs. 84 y ss.), Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe (fs. 90), La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales (fs. 91 y ss.) y Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (fs. 108 y ss., 170 y ss., 201 y ss. y 204 y ss.); b) periciales: mecánica (fs. 116 y ss.) y médica (fs. 143 y ss.); y c) instrumental: los caratulados “MEZA MEDINA, Luciano y POLICARDO, Celina s. LCAT. Víctimas: CENOZ, Mariana Inés y CENOZ, María Luciana”, Sumario Nro.1941/11, que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Décima Nominación de Rosario.

Designada la audiencia a los fines del art. 555, CPCC (fs. 180), y habida la misma (según da cuenta el acta de fs. 215), quedan los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

2. Del Expte. Nro. 2510/2012 surge lo siguiente.

2.1. A fs. 68 y ss., Mariana Inés Cenoz Berra y Luciana María Cenoz promueven demanda de indemnización de daños y perjuicios contra Luciano Meza Medina, tendente a la percepción de los siguientes rubros: incapacidad sobreviniente; daño moral; daño psicológico; gastos médicos, de traslado y de tratamiento para rehabilitación; daños al vehículo; privación de uso; y depreciación de la unidad.

Relatan análogas circunstancias fácticas a las reseñadas en el punto 1.3 de los presentes vistos.

Atribuyen responsabilidad en los términos de los arts. 1109 y 1113, CC.

Peticionan citación en garantía de Aseguradora Federal Argentina S.A.

Fundan su derecho y ofrecen pruebas.

2.2. Citada y emplazada la parte demandada (fs. 92), a fs. 98 y ss. comparecen y contestan demanda el codemandado Luciano Meza y Aseguradora Federal Argentina S.A., efectuando negativa puntual de los hechos afirmados por la contraria en el escrito inicial.

A fs. 98 vta., la aseguradora acata la citación en garantía que le fuera promovida.

Ofrecen pruebas.

2.3. Proveídas las pruebas (fs. 109 y vta.), constan como producidas en autos las siguientes: a) informativas: Archivo Tribunales de Rosario (fs. 127 y ss.), Hospital Provincial de Rosario (fs. 130 y ss.) y Aseguradora Federal Argentina S.A. (fs. 171 y ss.); y b) periciales: psicológica (fs. 189 y ss.), mecánica (fs. 197 y ss.) y médica (fs. 217 y ss. y 219 y ss.).

Y CONSIDERANDO:

1. Cabe indicar, como previo al análisis de los hechos expuestos por los actores, que en el proceso penal (Sumario Nro.1941/2011) se ha dispuesto el archivo de las actuaciones en función de lo previsto por los arts. 72, inc. 2°, Código Penal, y 501, Código Procesal Penal (Resolución Nro. 3227, de fecha 05.08.2011, a fs. 32).

Tal decisión firme permite al Tribunal Civil examinar la responsabilidad de los hoy demandados en el hecho, por la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y civil, extremo que se hace constar expresamente por la disposición contenida en el art. 1775, CCC (de aplicación inmediata por tratarse de norma de índole procesal1).

2. No habiendo contestado la demanda tramitada bajo Expte. Nro. 3111/2011 la codemandada Mariana Inés Cenoz Berra, pese a hallarse debidamente notificada (cédula de fs. 58, de lo cual se hace mérito a través del decreto de fecha 09.02.2012, obrante a fs. 60, con notificación por cédula de fs. 61), corresponde hacer efectivo el apercibimiento contenido en el art. 143, CPCC, resultando por tanto, aplicable en principio la presunción iuris tantum de reconocimiento de los hechos invocados por el actor en sustento de su pretensión.

Sin perjuicio de ello, en la especie las cargas probatorias devienen inalteradas, atento la negativa formulada por la citada en garantía (fs. 47 y ss.), que aprovecha a la no compareciente.

3. De las constancias probatorias rendidas, que se evaluarán bajo la perspectiva de dilucidar sólo los aspectos controvertidos dado que las cuestiones admitidas no requieren prueba (arg. art. 145, CPCC)2, surge lo siguiente.

Celina Policardo denunció administrativamente que “Me encontraba con mi unidad detenida para avanzar sobre calle Alem a la altura aproximada del 1050, y llevaba como acompañante a mi hermana llamada Rosa María Policardo, cuando en ese instante me colisiona en la parte trasera de mi vehículo un automóvil Ford Focus dominio EPN 887. Por el fuerte impacto (a pesar que me encontraba a la distancia reglamentaria con el vehículo que me subseguía) empuja hacia adelante a mi unidad colisionando con una camioneta Honda CVR dominio DAT 715.Cabe destacar que el Ford Focus fue colisionado en la parte trasera por un taxi dominio ERD 350” (fs. 92, Expte. Nro. 3111/2011).

Mariana Inés Cenoz declaró ante la preventora que “el pasado día viernes 06 del corriente (.) eran alrededor de las 12.30 horas, cuando me transportaba en mi vehículo Ford Focus, dominio EPN 887, llevando como acompañante a mi prima Luciana María Cenoz, y en circunstancias en que transitaba por calle Alem, de norte a sur, en la cuadra comprendida entre San Luis y San Juan, más o menos a la mitad de cuadra, debí detener la marcha debido al congestionamiento del tránsito y, estando hacía ya varios segundos totalmente detenida, en forma totalmente sorpresiva sentí un violento impacto en la parte trasera de mi conducido, que hizo que se desplazara hacia delante, chocando con la parte trasera de otro vehículo que también estaba detenido (.); cuando descendí observé que me había chocado un vehículo taxi, al mando de una persona mayor de edad, quien dijo llamarse Luciano Meza Medina (.) su vehículo es de marca Fiat, modelo Siena, dominio ERD 350, taxímetro RA 2784, en tanto que el vehículo que resultó embestido por mi conducido resultó ser un Chevrolet Corsa, dominio FIM 996, que era conducido por Celina Policardo (.)” (fs. 6 y vta., Sumario penal). En idéntico sentido, refirió en denuncia administrativa que “Encontrándome detenida en la intersección de San Juan y Alem soy embestida en la parte trasera de mi unidad por un taxi, a raíz del impacto mi vehículo se proyectó hacia adelante colisionando con un Corsa y éste con una Honda CRV” (fs. 87 vta., Expte. Nro.3111/2011).

Luciana María Cenoz, a su turno, relató a la autoridad policial que “el día viernes 06 del corriente, siendo alrededor de las 12.30 horas, acompañaba a mi prima Mariana Cenoz, y nos transportábamos en su vehículo Ford Focus; cuando íbamos por calle Alem, en la cuadra comprendida entre San Luis y San Juan, mi prima debió detenerse por la congestión del tránsito y estando hacía unos instantes totalmente paradas, fuimos violentamente chocadas desde atrás por un taxi (. .) mi prima descendió y tomó nota de los datos del conductor que nos chocó, y también de la conductora que estaba detenida delante nuestro, que también fue afectada por la colisión, ya que el auto de mi prima fue desplazado hacia delante y chocó contra el otro vehículo (.)” (fs. 16, Sumario penal).

Luciano Meza, por su parte, afirmó ante el Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito que “Circulaba con mi vehículo sobre el carril izquierdo de calle Alem en dirección sur, cuando al llegar a la altura aproximada del 1050 un automóvil Chevrolet Corsa dominio FIM 996 que se encontraba circulando delante de mi unidad en igual sentido se detiene detrás de una hilera de rodados a causa del tránsito, por lo cual frené pero a pesar de ello no pude evitar impactarlo en su parte trasera. (.) Descripción daños materiales vehículo (1): radiador, paragolpes delantero. Descripción daños materiales vehículo (2): paragolpes trasero, baúl” (fs. 174 y ss., Expte. Nro. 2510/2012).

Como puede apreciarse, si bien el codemandado reconoce el embestimiento respecto del auto que lo precedía, identifica erróneamente al de la coactora Policardo y no al de Mariana Inés Cenoz Berra que, según las declaraciones previas, habría sido el que recibiera el embestimiento directo.

Cursadas informativas al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, se acreditó la titularidad registral de Celina Policardo respecto del dominio FIM 996 (fs. 110, Expte. Nro. 3111/2011), de Mariana Inés Cenoz Berra respecto del dominio EPN 887 (fs.204 y ss., ídem), y de Luciano Meza respecto del dominio ERD 350 (fs. 202, ídem).

Practicado examen mecánico del Ford Focus, dominio EPN 887, evidenció “Impacto trasero y otro frontal. Presenta paragolpes trasero y parte trasera hundida, quinta puerta hundida y desalineada, guardabarros trasero derecho e izquierdo levemente inflados, paragolpes delantero con raspones, lado izquierdo partido, capot desalineado, parte delantera hundida y marcas de roce” (fs. 29, Sumario penal).

Practicadas en sede civil sendas periciales mecánicas, los expertos concluyeron que “De las constancias obrantes en autos, no surgen evidencias objetivas que permitan determinar la secuencia real de los impactos registrados durante la colisión múltiple en cadena que afectó a los rodados intervinientes (.). La hipótesis considerada es que por causas de tránsito desconocidas, el rodado Honda CRV, DAT 715, se encontraba detenido (.) y resultó ser embestido en su parte trasera por el vehículo Chevrolet, Corsa 2 1.8 GL, FIM 996, ubicado detenido detrás del primero, y como consecuencia de ser impactado también en su parte posterior, por el rodado Ford Focus 1.8, EPN 887, posicionado en fila tras los anteriores, y el cual fuera proyectado hacia adelante al ser embestido en su parte trasera por el vehículo Fiat Siena, ERD 350, taxímetro RA 2784, que circulando por la arteria Alem en la dirección del tránsito no pudo detener su marcha ante los vehículos que lo precedían detenidos en su frente (.) la estructura vial en el lugar del siniestro (.) presenta pendiente en ascenso en la dirección del tránsito (.) las consecuencias de una colisión múltiple en cadena se potencian a raíz del efecto gravitatorio de la pendiente sobre el estado de movimiento post colisión de cada rodado, superpuesto con la restitución elástica del choque, provocando impactos sucesivos luego del contacto inicial, con cambios bruscos de dirección e intensidad en la aceleración resultante sobre los vehículos y sus ocupantes” (fs. 117 y vta., Expte. Nro. 3111/2011), y que “no se han hallado en autos elementos concretos y objetivos que me permitan realizar lo solicitado.Con los elementos aportados es posible informar que se produjo un siniestro en el que habrían participado cuatro vehículos, comúnmente conocido como colisión en tándem o choque en cadena. En estos siniestros generalmente un vehículo disminuye su marcha o se detiene impactándolo desde atrás otro vehículo que a su vez es impactado por otro y a veces sucede que alguno en su impulso hacia adelante colisiona con otro. Según relatos de los conductores en las denuncias realizadas, habría venido circulando en primer lugar el Honda CRV, DAT 175; colisiona a éste en su parte trasera con su parte delantera el Chevrolet Corsa, FIM 996, a éste lo embiste en su parte trasera la parte delantera del Ford Focus que es impactado en su parte trasera por la parte delantera de un taxi RA 2784, Fiat Siena ERD 350. Esta descripción se realiza para ubicar los daños en cada vehículo y no es una secuencia de impacto, no hay en autos evidencias concretas y objetivas para determinar temporalmente el modo en que se sucedieron los impactos” (punto a, fs. 197 vta., Expte. Nro. 2510/2012).

4. Por la confirmación de la mecánica del accidente, de acuerdo a la prueba rendida dentro del proceso, ha de analizarse la responsabilidad siniestral.

4.1. Dada la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en fecha 01.08.2015, cabe distinguir entre las normas que gobiernan el momento de la constitución y la extinción de una situación jurídica, de aquellas que refieren al contenido y las consecuencias, siendo que cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa3, lo que no impide la aplicación de las normas del Código Civil hoy derogado, aunque sólo a los hechos ocurridos bajo su imperio (arg. art. 7°, CCC, texto análogo al previsto en el art. 3°, CC de Vélez Sarsfield, según Ley Nro.17.711).

Así, se ha explicado que si el ad quem “revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente; en agosto de 2015 la revisará conforme al artículo 1113 del Cód. Civil, no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente). En cambio, si la apelación versara sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la extinción de esa relación (por ej., una ley que regula la tasa de interés posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa ley a los períodos no consumidos”4.

4.2. La responsabilidad objetiva fundada en el art. 1113, 2° párrafo, Código Civil, resulta claramente aplicable a las colisiones entre dos o más vehículos ­como la presentada en el sub examine­, ya que el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad al dueño o guardián de las cosas intervinientes activamente en la producción del daño.

De tal suerte, la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto por el texto normativo citado, sino que crea presunciones concurrentes que no dejan de gravitar sobre la solución del caso aun cuando se haya deducido sólo una pretensión resarcitoria.

En tal sentido se ha perfilado la jurisprudencia en numerosos precedentes cuyos fundamentos los suscriptos comparten y a los cuales se remiten, así como en la doctrina sobre el particular.

Sobre la expresada base no incumbe al actor la prueba

trámite y otras cuestiones que debería abordar el Congreso, en La Ley del 04.05.2015 5 Tesis sostenida en Francia por los hermanos Mazeaud y André Tunc, entre otros.fehaciente de violación reglamentaria alguna por parte de la contraria, sino que le basta con acreditar la existencia del nexo causal adecuado entre la cosa riesgosa y el daño, correspondiendo a la parte demandada que pretende liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima, de un tercero, o el caso fortuito, siempre que revelen aptitud para interrumpir o interferir tal nexo, lo cual no empece a la facultad del órgano jurisdiccional para realizar un análisis de la conducta del demandado.

4.3. Boston Compañía Argentina de Seguros S.A., al contestar demanda en el Expte. Nro. 3111/2011, endilgó culpa a tercero por quien no debe responder, el codemandado Luciano Meza, afirmando que el rodado al mando de la codemandada María Inés Cenoz Berra se hallaba detenido cuando fue impactado por aquél, y tal fue la causa de su desplazamiento y del contacto con el vehículo de la actora.

Ahora bien, del análisis de las constancias referenciadas, se extrae que el único aval a la versión que refiere que Meza impactó en primer lugar al vehículo de Cenoz, proyectándolo sobre el de Policardo, surge de las declaraciones de las coactoras (Expte. Nro. 2510/2012) Cenoz.

Va de suyo, tal invocación no puede ser opuesta a la coactora Policardo, habida cuenta que no se trata de terceros que declararon como testigos, bajo juramento de decir verdad, sino de verdaderas partes procesales, una de ellas (Mariana Inés Cenoz) con evidente interés en el pleito, toda vez que también reviste el carácter de codemandada en el reclamo de Policardo.

En tales términos, la prueba rendida resulta francamente insuficiente como para tener por probado el hecho de tercero por el que no se debe responder.

4.4. En adición, existen ciertos incumplimientos, que corresponde sean merituados a los fines de ponderar su gravitación causal.

4.4.1.En primer término cabe consignar que, existiendo una presunción de culpabilidad en contra del conductor de un vehículo que embiste con la parte frontal la trasera del que le precedía en la marcha, correspondía a los accionados la carga procesal de desvirtuar tal presunción, extremo no probado en el juicio.

Es que el embestimiento configura situación que evidencia un cierto grado de negligencia culpable, toda vez que la Ordenanza municipal Nro. 6.543/1998 expresamente prescribe que se debe “circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito” (art. 35, inc. b).

4.4.2. En adición, es pacífica y reiterada, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la posición que sostiene que debe presumirse la culpabilidad del conductor del rodado que embiste con su parte delantera la posterior de otro vehículo que al momento del impacto circulaba o se hallaba adelante detenido, pues este rodado ha sido agente pasivo de la colisión, siendo a cargo del embestidor desvirtuar tal presunción.

Se recuerda que la mentada Ordenanza municipal Nro. 6.543/1998, en su art. 44, punto a.1.3, inc. f, establece que “Está prohibido en la vía pública: (.) Conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente, de acuerdo a la velocidad de marcha.La distancia de seguridad mínima requerida entre vehículo, de todo tipo, que circulan por un mismo carril, es la que resulta de una separación en tiempo de dos segundos”.

Es que los vehículos deben guardar mientras circulan una distancia tal, en relación al que les precede en la marcha, que les permita detener exitosamente su rodado en caso de hacerlo el precedente o en el supuesto que éste se halle detenido o reiniciando la marcha.

Resulta claro que dicha distancia guardará relación con las posibilidades de freno, de tal manera que incidirá en la misma la velocidad desarrollada, el estado del pavimento, y las características del rodado.

4.5. Todo lo expresado conduce a este órgano jurisdiccional a entender que, en relación al reclamo de la coactora Celina Policardo, la responsabilidad del presente hecho dañoso debe ser atribuida a los codemandados Mariana Inés Cenoz Berra y Luciano Meza (art. 1113, CC).

Y en cuanto al reclamo de las coactoras Mariana Inés Cenoz Berra y Luciana María Cenoz, se atribuirá al demandado Luciano Meza (arts. 1109 y 1113, CC).

La presente decisión se hará extensiva, en la medida de los seguros pactados (art. 118, Ley 17.418)10, a Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. y Aseguradora Federal Argentina S.A., que acataron las citaciones en garantía que les fueran promovidas.

5. Despejada la atribución de responsabilidad, debe pasarse revista a los daños cuya indemnización se demanda.

Toda vez que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia (art. 772, CCC), las normas aplicables, que captan en su antecedente normativo tal presupuesto, son las vigentes al momento de la emisión del decisorio (arg. art. 7°, CCC, texto análogo al previsto en el art. 3°, CC de Vélez Sarsfield, según Ley Nro.17.711).

No otra conclusión cabe, habida cuenta que se trata de textos normativos que integran las reglas técnicas de la actividad de sentenciar, pudiendo ser reconocidas a través de la facultad del órgano jurisdiccional de seleccionar el Derecho aplicable.

En efecto, la aplicación lisa y llana del Código Civil de Vélez Sarsfield a sentencias dictadas bajo el Código Civil y Comercial de la Nación hoy vigente, por la sola razón de haber tramitado los litigios bajo el primero de los ordenamientos mencionados, implica una postergación de la aplicación inmediata del Código Civil y Comercial sin bases legales, consagrando la regla de la aplicación diferida del Código Civil velezano después de su derogación.

Así, las partes en juicio no adquieren derecho a que la causa se falle conforme a la ley vigente al trabarse la litis, si posteriormente y antes de la sentencia firme se dicta otra ley de orden público que determina su aplicación a los procesos en curso.

Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Buenos Aires, Ediar, 2001, tomo

5.1. En cuanto al rubro incapacidad sobreviniente, debe destacarse que la invalidez es un concepto médico antes que jurídico.

Su captación normativa en el ámbito del ordenamiento civil, que manda a reparar de modo pleno (art. 1740, CCC), se orienta en tres sentidos: a) la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima por el concreto perjuicio laboral que padece, aun cuando el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada (art. 1746, CCC), b) el menoscabo a sus derechos personalísimos, su integridad personal y su salud psicofísica (art. 1738, CCC; ya afirmado desde antaño ­bajo la vigencia del hoy derogado Codigo Civil de Vélez Sarsfield­ por nuestro más alto Tribunal nacional), y c) la afectación de servicios o emprendimientos económicamente valorables, aunque no se traduzcan en entradas monetarias (art. 1746, CCC).

En función del sistema de fuentes adoptado por la normativa vigente (arts. 31 y 75 ­inc. 22­, CN; art.1°, CCC), resulta significativo destacar, frente a la tendencia al reconocimiento constitucional del derecho de la salud y al resarcimiento de daños como una de las técnicas de protección que se afirma en el Derecho comparado, que encontramos hoy el amparo de convenciones internacionales con jerarquía supralegal que aluden al tema tratado.

Se considera entonces que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible, conforme a una visión filosófica profunda del problema tratado.

El sistema normativo vigente dispone que el resarcimiento de los daños consistirá en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie (art. 1740, CCC), aunque debe atenderse que cuando el perjuicio indemnizable se presenta en virtud de una incapacidad física de tipo permanente, tal reposición ha de resolverse por la fijación de un monto dinerario, habida cuenta de la imposibilidad fáctica de restituir la capacidad mermada.

A los fines de la cuantificación (art. 772, CCC) de la reparación debida por lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, manda el ordenamiento que “(.) la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades (.)” (art.1746, CCC).

La mencionada determinación del capital, de tal suerte, debe obedecer a una formulación que tenga en consideración la edad y expectativa de vida laboral de la víctima, el ingreso percibido por su desempeño laboral (si es que lo hubiere), la cuantificación de las actividades productivas o económicamente valorables, el grado de incapacidad constatado y el coeficiente de la tasa de interés.

Lo expresado no obsta a que este órgano jurisdiccional mantenga un cierto grado de prudencial discrecionalidad, habida cuenta que

20 Al respecto debe considerarse el debate que se instaló a partir del dictado del decisorio de la CNAT, Sala III, 16.06.1978, “VUOTO, Dalmiro Santiago y otro c. AEGT Telefunken”, cita online 70012077, siempre con referencia a la posterior sentencia de la CSJN, 08.04.2008, “AROSTEGUI, Pablo Martín c. Omega A.R.T. S.A.”, y la consecuente modificación del criterio de la CNAT, Sala III, 28.04.2008, “MÉNDEZ, Alejandro Daniel c. Mylba S.A. y otro s. Accidente ­ Acción civil”, en RCJ 1462/08. También resulta relevante el decisorio del TSJ Córdoba, 22.03.1984, “MARSHALL, Daniel A.”, en JA 1985­I­214.

la “norma prevé la indemnización del daño patrimonial por alteración, afectación o minoración, total o parcial, de la integridad física y psíquica de la persona, admitiendo que su cuantificación pueda también ser fijada por aplicación de un criterio matemático, como parámetro orientativo sujeto al arbitrio judicial”, lo cual se compadece con la vigencia inalterada del art. 245, CPCC.

De tal suerte, para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, debe tenerse presente el sistema previsto por el mencionado art. 1746, CCC, que cederá, en tanto no exista prueba asertiva de los ingresos que percibía la víctima del hecho dañoso o frente a víctimas económicamente improductivas (arg. art. 3°, CCC, por referencia analógica con el art. 1745, incs.b y c, CCC, ante ausencia de norma específica al respecto), en favor del sistema de las calidades personales. Es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que la víctima del hecho sufre por la incapacidad física que presenta.

A efectos de determinar el monto de resarcimiento por incapacidad sobreviniente, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, reuniendo características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial.

La coactora Celina Policardo contaba con 40 años de edad a la fecha del siniestro (fs. 94, Expte. Nro. 3111/2011), acreditó ser contadora (fs. 90, ídem), aun cuando no obra prueba sobre los ingresos obtenidos por su profesión, y porta un 15 % de incapacidad (pericial médica, fs. 145 vta., ídem).

La coactora Mariana Inés Cenoz Berra, por su parte, contaba con 37 años de edad a la fecha del siniestro (fs. 6, Sumario penal), declaró ser médica (ídem) aun cuando no acreditó tal extremo ni desempeño laboral alguno, y porta un 12,64 % de incapacidad (pericial médica, fs. 220, Expte. Nro. 2510/2012).

Finalmente, la coactora Luciana María Cenoz, contaba con 23 años de edad a la fecha del siniestro (fs. 16, Sumario penal), declaró ser estudiante (ídem) aun cuando no acreditó tal extremo ni desempeño laboral alguno, y porta un 11,65 % de incapacidad (pericial médica, fs. 218, Expte.

los daños personales en la jurisprudencia. Fundamentos del rechazo a topes y baremos, en ídem, págs. 347 y ss. Nro. 2510/2012).

Teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las circunstancias que se explicitan precedentemente, se declara procedente el presente rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 127.000.­ para la coactora Celina Policardo, en la suma de $ 78.000.­ para la coactora Mariana Inés Cenoz Berra, y en la suma de $ 74.000.­ para la coactora Luciana María Cenoz.

5.2.Se define al daño moral sufrido a consecuencia del siniestro, como “u na modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial”.

El art. 1738, CCC, regla que “La indemnización (.) [i]ncluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, (.) su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”, estatuyendo el art. 1741, CCC, en expresa referencia a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, que “(.) [e]l monto

de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.

Cabe consignar que, sobre la procedencia de su reparación, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin”.

Sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto “la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante”.

Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto, cabe consignar que existen para ello distintos criterios, y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal, siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria, descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en conceptode daño moral, habiéndose entendido que “A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste”.

Sentado lo anterior, el Tribunal hace saber que, como directriz general para el examen de los daños, participa del criterio que no debe aceptarse la multiplicidad de rubros resarcitorios, los que se limitan en número a las consecuencias patrimoniales y no patrimoniales, posición en que se ha manifestado la Alzada, y que reafirma el art. 1737, CCC. Así, la lesión o daño estético y la lesión o daño psíquico o psicológico, son aspectos a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio (arg. art. 1738, CCC), pero cualquiera de éstos no configura un daño de distinta

naturaleza, o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o no patrimonial, según los intereses afectados30.

En autos se rindió prueba pericial psicológica, que concluye que la coactora Mariana Inés Cenoz Berra “se encuentra en un estado subjetivo de angustia leve (.) que supone un índice de incapacidad del 3 %” (punto c, fs. 191 vta., Expte. Nro. 2510/2012)., recomendándose “3 (tres) meses de tratamiento psicoanalítico, con una frecuencia de 1 (una) sesión semanal (.) el honorario al día de la fecha (.) es de $ 270.­ por sesión” (punto e, fs. 192, ídem), mientras que la coactora Luciana María Cenoz no cuenta con “ningún tipo de secuelas ni daño psíquico (.) no hay indicios de ningún tipo de trauma psicológico que guarde relación con el acontecimiento” (punto d, fs. 193 vta., ídem).

Entonces, teniendo una vez más en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art.245, CPCC, y las circunstancias a las que se alude precedentemente, se declara procedente el rubro fijándose el mismo en la suma de $ 38.000.­ para la coactora Celina Policardo, en la suma de $ 42.000.­ para la coactora Mariana Inés Cenoz Berra, y en la suma de $ 22.000.­ para la coactora Luciana María Cenoz.

5.3. En lo que atañe a los rubros gastos no documentados y gastos médicos, de traslado y de tratamiento para rehabilitación, el art. 1746, CCC, expresamente regula que “(.) Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad (.)”.

Teniendo una vez más en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el rubro fijándose el mismo en la suma de $ 800.­ para cada coactora.

5.4. En cuanto al rubro daños al vehículo, expresa el art. 1737, CCC, que “Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”.

El art. 1738, CCC, por su parte, indica que “La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima (.)”, y el art. 1740, CCC, estatuye que “La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie (.)”.

Las periciales mecánicas producidas informaron que la reparación del vehículo de la coactora Celina Policardo asciende a la suma de $ 13.765.­ (fs. 118 vta., Expte. Nro. 3111/2011), mientras que la del rodado de la coactora Mariana Inés Cenoz Berra fue facturada en la suma de $ 12.000.­, suma que no ha merecido cuestionamiento del experto (cf. punto h, fs. 198 vta., Expte. Nro. 2510/2012).

Teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art.245, CPCC, y las circunstancias que se explicitan precedentemente, se declara procedente el presente rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 13.765.­ para la coactora Celina Policardo, y en la suma de $ 12.000.­ para la coactora Mariana Inés Cenoz Berra.

5.5. En lo que respecta al rubro privación de uso, los peritos mecánicos concluyeron que la reparación del rodado de la coactora Celina Policardo insumirá 4,5 días hábiles (punto 7, fs. 119 vta., Expte. Nro. 3111/2011), y que la del vehículo de la coactora Mariana Inés Cenoz Berra demandará 5 a 6 días de trabajo (punto g, fs. 198, Expte. Nro. 2510/2012).

A ello debe adicionarse un tiempo prudencial estimado para la búsqueda de repuestos, solicitud de turnos y tareas pasivas.

Teniendo una vez más en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el rubro fijándose el mismo en la suma de $ 3.200.­ para la coactora Celina Policardo, y en la suma de $ 3.600.­ para la coactora Mariana Inés Cenoz Berra.

5.6. Finalmente, el rubro depreciación de la unidad será acogido sólo respecto a una de las reclamantes.

Es que los expertos indicaron, en relación al vehículo de la coactora Celina Policardo, una desvalorización de $ 1.760.­ (fs. 120 vta., Expte. Nro. 3111/2011), y en cuanto al rodado de la coactora Mariana Inés Cenoz Berra, que “No es posible establecer la desvalorización que sufrió el mismo puesto que no he tenido la oportunidad de ver el vehículo y constatar su reparación y la calidad de la misma” (punto f, fs. 198, Expte. Nro. 2510/2012).

Teniendo una vez más en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el rubro fijándose el mismo en la suma de $ 1.760.­ para la coactora Celina Policardo.

6. Toda vez que el art.1747, CCC, expresa que “El resarcimiento del daño moratorio es acumulable al del daño compensatorio o al valor de la prestación (.)”, el capital devengará un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas: a) desde el día del hecho (arg. art. 1748, CCC) y hasta el vencimiento del plazo que esta sentencia otorga para el pago, se aplicará el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); b) desde el vencimiento de dicho plazo y hasta su efectivo pago, devengará un interés equivalente al doble de la tasa referenciada.

7. En lo atinente a las costas, atento el éxito obtenido que se pondera jurídicamente, y en virtud del principio normativo del vencimiento objetivo, se impondrán en ambos trámites a la parte demandada (arts. 251 y 252, CPCC).

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, RESUELVE: I) Hacer lugar a la demanda articulada en el Expte. Nro. 3111/2011 y, en consecuencia, condenar a los codemandados Mariana Inés Cenoz Berra y Luciano Meza a pagar, dentro del término de diez (10) días, la suma de $ 184.525.­ a la actora Celina Policardo, con más los intereses fijados en el punto 6 de los considerandos que anteceden, con costas. II) Hacer lugar parcialmente a la demanda articulada en el Expte. Nro. 2510/2012 y, en consecuencia, condenar al demandado Luciano Meza a pagar, dentro del término de diez (10) días, la suma de $ 136.400.­ a la coactora Mariana Inés Cenoz Berra, y la suma de $ 96.800.­ a la coactora Luciana María Cenoz, con más los intereses fijados en el punto 6 de los considerandos que anteceden, con costas.

III) Rechazar el rubro depreciación de la unidad, reclamado por la coactora Mariana Inés Cenoz Berra en el Expte. Nro. 2510/2012. IV) Hacer extensivos los efectos del presente decisorio a las citadas en garantía, en la medida de los seguros.

V) Los honorarios se regularán oportunamente, firme que estuviera la planilla a practicarse en autos, difiriéndose para tal oportunidad el prorrateo previsto en el art. 730, CCC.

VI) Insértese, agréguese copia y hágase saber.

Autos: “POLICARDO, Celina c. CENOZ BERRA, Mariana s. Dañ os y perjuicios”, Expte. Nro. 3111/2011, y su acumulado “CENOZ BERRA, Mariana y otro c. MEZA MEDINA, Luciano s. Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 2510/2012.­

CINGOLANI

BENTOLILA

ANTELO

BITETTI