El fabricante y la concesionaria deben responder por la venta de un 0Km con desperfectos

autoPartes: Ventrici Germán Pascual c/ Automóviles Amándola S.A. y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 2-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-100429-AR | MJJ100429 | MJJ100429

cuadro

Sumario:

1.-La función jurisdiccional tiene como misión específica la de solventar conflictos de intereses -con contenidos patrimoniales en este Fuero en lo Comercial- cometido que se cumple en base a los hechos relevantes que, invocados oportunamente por los litigantes y acreditados, se encuentren dotados de suficiente eficacia convictiva. Ello conlleva necesariamente la reconstrucción de acontecimientos y situaciones que deben juzgarse en oportunidades muy posteriores al contexto histórico que enmarcó dichos sucesos.

2.-Las dificultades para emitir un juicio valorativo con referencia a la razón de las alegaciones de las partes, particularmente cuando como acontece en esta causa se contradicen en grado tal que se excluyen recíprocamente, resultan evidentes y justifican la regulación legal de los medios y modos de comprobar la veracidad de lo que se afirmó. En esta línea de pensamiento, es claro que no puede desconocerse la importancia que asume la actividad que las partes deben desplegar para crear la convicción judicial acerca de la sinceridad de sus respectivas posturas adoptadas en el proceso.

3.-El juez debe tener por propósito, dentro del cauce procesal adecuado, desentrañar la verdad jurídica objetiva y, por consiguiente, indagar en base a los hechos que surgen de la causa cuál es la versión más probable de lo que realmente sucedió, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación formulada contundentemente en el conocidísimo precedente Colalillo hace más de medio siglo (Fallos 238:550). Pero en el proceso civil la verdad puede estar sujeta sólo a lo que se quiso o pudo evidenciar y sometida a la regulación probatoria. Es usual, entonces, que aparezca retaceada, oculta o parcialmente aludida.

4.-Cuando los argumentos de las partes se hallan en franca contradicción, compete al juez llevar adelante la construcción de la versión fáctica que más se acomode a las circunstancias de lo que verosímilmente puede haber sucedido, optando si así fuera necesario por descartar totalmente la versión de una de ellas, si cuenta con base que lo persuadan suficientemente para formular esa interpretación.

5.-La escritura constituye un instrumento público en los términos del CCiv. 979 , por lo que hace plena fe hasta que sea redargüido de falso por acción civil o criminal (CCiv. 993 ), o incidental dentro de lo preceptuado por el CPCCN. 395 .

6.-La relación de consumo alude al vínculo que se establece con quien en forma profesional, aun ocasionalmente, produzca, importe, distribuya o comercialice cosas o presten servicios a consumidores o usuarios (LDC, art. 2 ). El objeto de esa relación consiste: (i) en los servicios, considerados como un hacer intangible que se agota con el quehacer inicial y desaparece e involucra una obligación de hacer y un derecho creditorio; y (ii) los bienes, que se refieren a las cosas elaboradas y con destino al uso final, que son en realidad productos, a las cosas sin elaboración, materiales e inmateriales, durables o no y los inmuebles.

7.-La relación de consumo puede ser concebida en términos latos como aquel vínculo jurídico generado por una relación contractual que se establece a título oneroso entre consumidores o usuarios finales y quienes participan en la producción o intercambio de los bienes o servicios aludidos en la LDC.

8.-La actuación de la empresa demandada, quien no entregó el rodado en un lapso razonable y además ocultó al adquirente del mismo los reales motivos de la demora, queda aprehendida en la norma del art. 40 de la LDC la cual dispone que, si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa responderán solidariamente el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa; ello así pues, más allá de la enumeración legal que es simplemente enunciativa, debe interpretarse que la ley quiere responsabilizar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio, y no solo a quien lo provee en forma directa.

9.-Una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los derechos observando tal pauta, es la exigencia de un comportamiento coherente. Este imperativo de conducta significa que, cuando una persona dentro de una relación jurídica ha suscitado en otra con su proceder una confianza fundada, conforme a tal principio en una determinada actuación futura, según el sentido objetivamente deducido de la conducta anterior, no debe defraudar la confianza despertada y es inadmisible todo comportamiento incompatible con ella.

10.-La consignación no tendría fuerza de pago, sino concurriendo en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. No concurriendo estos requisitos, el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento del pago. Para que la consignación sea válida deben cumplirse respecto del objeto del pago los principios de identidad e integridad referidos en el CCiv. 740 .

11.-La mera indisponibilidad material -y jurídica- del rodado a raíz del obrar ilegítimo de las reclamadas, configura por sí un daño indemnizable y si bien no se ignora que para alguna doctrina este rubro solamente puede incluirse en el capítulo de daños resarcibles si se prueba de manera muy concreta el perjuicio que la falta del bien ha ocasionado a su propietario, esa tesitura olvida en buena medida lo que sucede en la vida real.

12.-En la mayoría de los casos el propietario que se ve privado de su vehículo no puede afrontar los costos de pagar taxis o automóviles de alquiler para así cubrir todos los servicios que le prestaba el bien. De modo que casi inexorablemente, tiende a privarse de algunas ventajas: la comodidad del desplazamiento, los paseos, u otros usos que le brindaban utilidad, satisfacción o placer. Y todo ello, sin duda le irroga un daño cierto, aunque no resulte fácil mensurarlo o estimarlo económicamente.

13.-Debe admitirse la procedencia de la indemnización por privación del uso del automóvil, cuando media una prueba positiva y precisa de la existencia, entidad y vinculación causal del daño con el incumplimiento de la concesionaria y el fabricante.

14.-A fin de estimar el monto de la indemnización y, a falta de acreditación concreta del perjuicio sufrido a causa de la privación del rodado, cabe acudir a la facultad estimativa conferida por el CPCCN. 165 . Esto último sin perder de vista que el uso del automotor origina una serie de erogaciones, las que por aplicación de la compensatio lucri cum damno deben ser descontadas al monto total a indemnizar para no convertir la reparación en una causa ilícita del lucro en favor del damnificado.

15.-Si el objeto del daño es un interés actual, o sea, el interés relativo a un bien que ya corresponde a una persona en el instante en que el daño se ha ocasionado, se tiene un daño emergente; pero, si por el contrario, el objeto del daño es un interés futuro, es decir, el interés relativo a un bien que todavía no corresponde a una persona, se tiene un daño lucro cesante.

16.-En cuanto concierne a la existencia y cuantificación, ha sido criterio jurisprudencial reiterado que no basta la mera alegación de los daños para que ellos puedan estimarse configurados sino que es imprescindible la prueba concreta de su existencia.

17.-La existencia material del daño es irrelevante si no se lo comprueba apropiadamente: un daño improbado no existe para el derecho , y es carga de la parte actora probar el daño cierto sufrido (conf. art. 377 del Código Ritual). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los dos días del mes de junio de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “VENTRICI, GERMAN PASCUAL C/ AUTOMOVILES AMENDOLA SA Y OTRO, S/ ORDINARIO”, Expediente COM 7896/2009 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Barreiro, Ojea Quintana y Tevez.

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente decisión por encontrarse compensando la feria judicial en la que estuvo en funciones.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 963/983? El Señor Juez de Cámara doctor Barreiro dice:

Los antecedentes.

Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas por los sujetos procesales intervinientes en la causa y las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación (CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

[a] Germán Pascual Ventrici, por medio de apoderado, promovió demanda contra Automóviles Améndola SA y Volkswagen Argentina SA con el objeto de obtener la sustitución del automóvil o, en subsidio, la resolución del contrato con más los daños y perjuicios. Ello, con apoyo en las normas del art. 10 bis, inc. b) y c) y art. 40 de la LDC y, concordantes del Código Civil.

Relató que el 28.9.07 adquirió en la concesionaria Améndola un rodado marca Volkswagen, modelo Vento 1.9 TDI, color azul sombra, por el que abonó la suma de $ 86.700, conforme da cuenta la factura nro.0004.- 00005019.

Relató que las condiciones de la oferta eran pago de contado contra entrega inmediata del auto 0 km.

Continuó diciendo que el 9.10.07 inscribió el vehículo en el Registro de la Propiedad Automotor, lo dio de alta, lo patentó y lo aseguró. Mas -afirmó-, la demandada no le entregó el bien.

Sostuvo que la oferta fue incumplida pues el rodado no fue puesto a su disposición y además no funcionaba, extremo que pudo corroborar al concurrir a la concesionaria acompañado por un escribano.

Se explayó sobre los reclamos que dirigió a las requeridas y sus incumplimientos, los derechos que le confiere la ley 24.240 y los daños padecidos.

Ofreció prueba.

[b] Automóviles Améndola SA, por medio de apoderado, contestó la demanda incoada en su contra con la presentación de fs. 162/172.

Solicitó la citación en los términos del cpr: 94 de Antonio Rafael Giangreco y Automotores Nanejo SRL.

Explicó que Giangreco era comprador habitual del concesionario, tanto de unidades usadas como 0km, que luego vendía a sus clientes y que operaba bajo la denominación “Automotores Nanejo SRL”.

Adujo que Giangrego adquirió el rodado que dio lugar a este pleito el 9.10.06 por el que pagó la suma de $ 86.899,89, conforme dan cuenta los recibos que acompaña.

Agregó que el actor inspeccionó junto con el mentado tercero el auto en la concesionaria y allí advirtió que no arrancaba debido a una falla en una pieza de la unidad del control del encendido. Por tal motivo, añadió, solicitó a Volkswagen el repuesto en cuestión, concluyendo las tareas de reemplazo de las piezas en el mes de octubre de 2007.

Afirmó que el automóvil no presentó vicio oculto o defecto de fabricación alguno y que configurado el sistema electrónico, el vehículo quedó en su estado original. No obstante ello -aclaró-, el actor modificó su conducta y se negó a recibirlo.

Sostuvo que no es cierto que el Sr.Ventrici le comprara el auto y dio las razones por las cuales emitió la factura a su nombre.

Adujo que para incoar la pretensión de cambio de la unidad, cuanto menos el actor debió poner a su disposición toda la documentación para concretar la transferencia del bien, sin gravamen alguno. Empero, nada de ello ocurrió.

Propició el rechazo de los rubros indemnizatorios pretendidos y consignó el rodado en los términos del cciv: 764.

[c] Volkswagen Argentina SA contestó la demanda en fs. 176/186. Luego de formular una pormenorizada negativa de los hechos invocados en el escrito de inicio, resistió la pretensión argumentando básicamente que: (1) no participó en la compraventa que el accionante adujo haber celebrado con la codemandada, (2) el concesionario actúa por cuenta y riesgo propio, (3) la unidad de autos fue vendida a Améndola y facturada aproximadamente un año antes de que se celebrara la operación que dio lugar a estos actuados. Por ello, la imposibilidad de cumplir con la entrega inmediata, no le puede ser imputada a su parte, (4) el 13.9.07, antes de la supuesta venta del rodado, la concesionaria le requirió una pieza para la unidad de control del motor la que fue debidamente enviada el 10.10.07, la pretensión de sustitución resulta abusiva pues su parte nunca testeó si la reparación efectuada por el concesionario había sido o no exitosa.

Negó la existencia de los daños y ofreció prueba.

[d] Automotores Nanejo SRL, por medio de gestor, respondió la demanda en fs. 281/287. En dicha ocasión, dio cuenta del fallecimiento del Sr. Rafael Antonio Giangreco.

Sostuvo -en cuanto aquí interesa referir- que no vendió el rodado al actor y que solo intervino en la constitución de un derecho real de prenda sobre el bien.

Explicó que el concesionario sabía de antemano que el rodado no funcionaba (v.gr. fallas en el arranque), tal como lo reconoció en el acta notarial de fecha 23.10.07.No obstante ello, debió retirar de la venta el bien y no lo hizo.

Adujo que Améndola siempre estuvo en posesión del auto y que fue quien emitió la factura de venta.

Desconoció la documental acompañada por la concesionaria y ofreció prueba.

[e] Los herederos del tercero citado Rafael Antonio Giangreco, por medio de gestor procesal, contestaron la demanda en fs. 373/376. Empero, este Tribunal mediante decisión recaída en fs. 394/395 desestimó la referida presentación.

La sentencia.

En el decisorio de fs. 963/983 -integrado en fs. 1001.- el Juez a quo hizo lugar a la demanda promovida por Germán Pascual Ventrici contra Automóviles Améndola SA y Volkswagen Argentina SA con los alcances siguientes: (i) declaró resuelto el contrato de compraventa celebrado entre el actor y la concesionaria Améndola, (ii) condenó a las demandadas a abonar al Sr. Ventrici la suma de $ 97.988,70, con más los intereses allí establecidos, (iii) puso encabeza del actor la obligación de entregar la documentación indispensable y llevar a cabo los actos necesarios para transferir el dominio del bien a la concesionaria, libre de todo gravamen, (iv) desestimó la pretensión de consignación introducida por Automóviles Améndola SA, (v) no emitió pronunciamiento de mérito alguno contra los terceros Automotores Nanejo SRL y Antonio Rafael Giangreco y, (vi) impuso las costas a las demandadas vencidas y, las derivadas de la actuación de los terceros, encabeza de la codemandada Automóviles Améndola SA.

Para resolver en el sentido apuntado, el magistrado inicialmente se explayó sobre las normas del código civil relacionadas con los vicios redhibitorios y las opciones que trae la Ley de Defensa del Consumidor en sus artículos 10 bis y 17. Luego recordó que el Sr. Ventrici accionó por incumplimiento de contrato pues la entrega del rodado no se realizó de acuerdo a la oferta y además el vehículo, pese a tratarse de un cero kilómetro, poseía desperfectos. Por ello -aclaró-, reclamó conforme el art. 10 bis, inc. b) de la LDC; esto es:la sustitución de la cosa por otra equivalente más los daños y perjuicios y, en subsidio, la resolución en los términos del inciso c).

Señaló que de acuerdo a la informado por el perito mecánico “la pieza que había presentado defectos correspondía al sistema electrónico de arranque, que pertenecía a un circuito electrónico que englobaba el sistema climático del rodado y el sistema cuenta kilómetro y velocímetro.En consecuencia no era la simple llave de contacto del vehículo, sino que por haber estado dentro de un circuito con múltiples funciones había requerido el cambio de un sistema que incluía los controles del tablero de instrumentos.Agregó el a quo que, conforme dijo el experto: “el reemplazo de las piezas fue satisfactorio. y desde el punto de vista electromecánico y electrónico el automotor no fue alterado”.

De seguido, examinó la pericia contable, los testimonios rendidos, la prueba informativa y la documental y arribó a las conclusiones siguientes: (a) fueron probados los defectos de orden electromecánico que afectaron al automotor, (b) la expectativa de quien adquiere un automóvil 0 Km. alcanza holgadamente la pretensión y también el derecho de que el rodado se encuentre en óptimas condiciones, (c) a diferencia de lo sostenido por la concesionaria, no hay pruebas de que el actor hubiera solicitado la reparación del automotor, (d) no resulta aplicable el art. 17 de la LDC, desde que esa norma no impide que el actor accione directamente de conformidad con lo establecido por el art.10 bis del mismo cuerpo legal, (e) el incumplimiento se configuró no solo en los plazos de entrega del bien comprometido, sino que se verificó una clara transgresión al principio de buena fe al ocultar al adquirente el verdadero motivo del atraso, (f) fue claramente probado que a casi un mes de facturado (28.9.07), el rodado se hallaba desarmado, no apto para funcionar y sin que al accionante se le hubiera informado esa situación, (g) el actor no solo tenía derecho a que se le entregue al automóvil en el término pactado -o a lo sumo con una demora razonable-, sino a ser debidamente informado de lo que realmente originaba la tardanza. Además, Améndola silenció las alternativas del arreglo de marras y pese a haber adquirido en Volkswagen el rodado un año antes de venderlo al actor, fue negligente al ofrecérselo sin antes comprobar que efectivamente arrancaba, (h) la factura no consigna plazo de entrega, extremo que lleva a concluir que debió ser en forma inmediata. Empero, dado que ello no se verificó, el adquirente tenía derecho a resolver el contrato. Es que, aun cuando hubiera consentido la reparación, los plazos excedieron lo razonable dado que recién el 7.11.07, la accionada solicitó al Sr. Ventrici el retiro de la unidad, (i) corresponde disponer la resolución del contrato pues no aparece adecuado ordenar la sustitución del bien en tanto, de acuerdo a lo indicado por el experto mecánico, entre el reparado y el nuevo no existirían diferencias, (j) las demandadas deberán restituir al actor el precio pagado y, a su vez, el Sr. Ventrici tendrá que transferir a la concesionaria el rodado.

En punto a la responsabilidad de las accionadas y los terceros, el sentenciante de grado juzgó que: a) la concesionaria dijo que el actor adquirió el rodado del tercero Giangreco empero, la operación aparece registrada en sus libros a nombre de Ventrici y, además, fue Améndola la que extendió la factura y accionó la garantía para la reparación del vehículo.De otro lado, el bien se exhibió y vendió en el ámbito de la concesionaria. Por ello, la actuación de la demandada queda abarcada por la responsabilidad solidaria que emana de la LDC: 40. En la descripta situación, desestimó la consignación propuesta por Améndola; b) la terminal fabricante queda alcanzada por la condena -conforme art. 40 LDC- dado que se acreditó que el vehículo tenía una falla y por eso fue reparada en el período de garantía, c) la versión de Améndola en punto a la actuación que endilgó a los terceros Automotores Nanejo y Giangreco, no fue acreditada. Por tanto, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de los mismos, sin perjuicio de las acciones y reclamos que contra ellos pudieran ejercer los demandados.

Con relación a los daños reclamados el a quo resolvió: a) admitir el daño emergente por la suma de $ 1.288,70, b) acoger el rubro privación de uso y fijar la indemnización de conformidad con la facultad conferida en el cpr: 165, en $ 10.000 y, c) desestimó la pretensión enderezada a obtener la reparación del agravio moral, pues fue introducida de manera confusa en tanto se sustentó en los mismos hechos en que se requirió el resarcimiento por privación de uso.

Los recursos.

Automóviles Améndola SA apeló la sentencia en fs. 987. Concedido libremente el recurso en el proveído de fs. 988, el escrito de expresión de agravios fue glosado en fs. 1055/1059 y su réplica en fs. 1082/1093.

Volkswagen Argentina SA apeló el decisorio dictado por el Juez de grado en fs. 990. El recurso resultó concedido en fs. 991. La fundamentación vertida en la presentación de fs. 1067/1080 fue respondida en fs. 1094/1097.

[1] Las críticas de la Concesionaria Améndola pueden sintetizarse del modo siguiente:

a) sostiene que el Juez hizo lugar a la demanda resolutiva y a ciertos rubros indemnizatorios partiendo de un enfoque que no es real.Es que, el actor no adquirió el rodado en la concesionaria -donde se encontraba depositado- sino que quien concertó la venta fue el Sr. Giangreco. Además, Ventrici procedió a prendar el bien a favor de Automotores Nanejo SRL, sociedad del mencionado Giangreco, b) aduce que resultó errada la desvinculación de los terceros citados dado que su condición de verdaderos vendedores se encuentra probada. Por ello, considera que es injusta la solución aunque allí se advierta sobre la posibilidad de promover una futura contienda, c) cuestiona el rechazo de su pretensión relativa a la consignación judicial del rodado; máxime porque el sentenciante evaluó la pericia mecánica de la que surgiría que el mismo se encontraba en perfecto estado, sin que el cambio de la pieza operado altere para nada su condición de cero kilómetro y, d) le agravia las indemnizaciones concedidas. En cuanto concierne al daño emergente sostiene que los gastos en concepto de “formulario R 121 de rentas” e “inscripción de prenda”, no resultan ser consecuencia inmediata del incumplimiento. Respecto de la privación de uso, aduce que se admitió pese a la falta de prueba y que el importe es excesivo.

[2] Volkswagen Argentina SA alega que no tiene responsabilidad por los hechos debatidos en autos y, por tanto, no pudo ser condenada a devolver suma alguna al actor. Aduce que el único argumento que utilizó el a quo para resolver como lo hizo ha sido su carácter de fabricante del automotor empero, tal como surge de la pericial mecánica y las restantes pruebas rendidas en la causa, su parte cumplió con la obligación de garantía en tiempo y forma y el automóvil quedó en óptimas condiciones con las características de una unidad cero kilómetro.

Sostiene que al declarar operada la resolución del contrato el magistrado indicó que el efecto de la misma era “volver las cosas al estado anterior en que se encontraban”, mas aplicó parcialmente tal premisa.Ello pues, si el actor debía transferir el dominio del rodado a la concesionaria es ésta última la que tiene que reintegrar el dinero que el Sr. Ventrici abonó en virtud del contrato ahora resuelto.

Criticó la admisión del rubro daño emergente pues, los gastos que reclamó el accionante son aquellos en los que de todos modos debió incurrir para iniciar el presente proceso y, por ende, constituyen las costas del mismo. En esas condiciones, no pueden ser objeto de una indemnización diferenciada.

Le agravia de la indemnización concedida en concepto de privación de uso por entender que el monto establecido no fue debidamente justificado. Además, considera que tiene que ponderarse el hecho de que el auto se encontraba reparado y en condiciones de ser retirado por el actor en el mes de octubre de 2007.

Finalmente, cuestionó la imposición de las costas porque – insiste-, no existió conducta que pueda reprochársele.

La solución.

En primer lugar debo aclarar que en tanto las quejas esbozadas por los demandados -sintetizadas en el apartado precedente-, relacionadas con las indemnizaciones concedidas por el a quo a favor del Sr. Ventrici en concepto de daño emergente y privación de uso guardan estrecha vinculación, serán examinadas en forma conjunta.

[1] Sentado ello, atenderé los agravios a) y b) introducidos por Automóviles Améndola SA. Mas, como en buena medida el recurrente disiente con el modo en que el sentenciante de grado evaluó la prueba colectada en la causa, creo útil transcribir algunas consideraciones que plasmé sobre el particular al sentenciar en la causa “Paip SRL, c/ Saporitti SA, s/ ordinario”.

Juzgué en aquella ocasión que “la función jurisdiccional tiene como misión específica la de solventar conflictos de intereses -con contenidos patrimoniales en este Fuero en lo Comercial- cometido que se cumple en base a los hechos relevantes que, invocados oportunamente por los litigantes y acreditados, se encuentren dotados de suficiente eficac8ia convictiva.Ello conlleva necesariamente la reconstrucción de acontecimientos y situaciones que deben juzgarse en oportunidades muy posteriores al contexto histórico que enmarcó dichos sucesos.

Las dificultades para emitir un juicio valorativo con referencia a la razón de las alegaciones de las partes, particularmente cuando como acontece en esta causa se contradicen en grado tal que se excluyen recíprocamente, resultan evidentes y justifican la regulación legal de los medios y modos de comprobar la veracidad de lo que se afirmó. En esta línea de pensamiento, es claro que no puede desconocerse la importancia que asume la actividad que las partes deben desplegar para crear la convicción judicial acerca de la sinceridad de sus respectivas posturas adoptadas en el proceso.

Que el juez debe tener por propósito, dentro del cauce procesal adecuado, desentrañar la verdad jurídica objetiva y, por consiguiente, indagar en base a los hechos que surgen de la causa cuál es la versión más probable de lo que realmente sucedió, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación formulada contundentemente en el conocidísimo precedente “Colalillo” hace más de medio siglo (Fallos 238:550). Pero en el proceso civil la verdad puede estar sujeta sólo a lo que se quiso o pudo evidenciar y sometida a la regulación probatoria.Es usual, entonces, que aparezca retaceada, oculta o parcialmente aludida.

Adviértase que, como se ha producido en el caso presente, cuando los argumentos de las partes se hallan en franca contradicción, compete al juez llevar adelante la construcción de la versión fáctica que más se acomode a las circunstancias de lo que verosímilmente puede haber sucedido, optando si así fuera necesario por descartar totalmente la versión de una de ellas, si cuenta con base que lo persuadan suficientemente para formular esa interpretación (esta Sala, 21.03.2013, “Paip SRL, c/ Saporitti SA, s/ ordinario”,íd.,8.08.2013,”Romulan SRL, c/ Banco Comafi Fiduciario Financiero SA, s/ ordinario”; íd., 5.11.2013, “Badessich, Andrés Juan c/ Bodega y Cavas de Weinert SA, s/ ordinario” )”.

[1.a.] Partiendo de tales premisas, adelanto que comparto la solución propiciada por el sentenciante de grado y, además, considero que los endebles argumentos introducidos por la quejosa no son idóneos para concluir en sentido diverso, por los motivos que de seguido expondré.

La tesitura que ahora adopta la concesionaria claramente no se condice con el actuar que hubo desplegado al tiempo de detectarse la falla en el vehículo, que a la postre diera lugar a la presente contienda.

En efecto, a poco que se recurra a la lectura del copioso intercambio epistolar en el que acoto, ninguna mención o referencia se hizo de los terceros y, cuya autenticidad quedó acreditada con el informe del Correo Argentino glosado en fs. 683, se advierte que la recurrente reconoció su carácter de vendedora y concesionario oficial de Volkswagen Argentina, del vehículo que adquirió el actor (véase a modo de ejemplo la copia de fs. 680).

Además de indicar al Sr. Ventrici -por idéntico medio- que el rodado se encontraba a su disposición con el servicio de garantía realizado en el concesionario (v. carta copia da en fs.682).

La prueba colectada en la causa, debidamente reseñada por el a quo, da sobrada cuenta de que la unidad siempre estuvo en el ámbito del concesionario (desde que la recibió de fábrica el 19.10.2006, según carta de porte y remito, v. fs. 744 vta.) y que fue éste último quien requirió a la fábrica ciertas piezas para proceder a su reparación.

Las explicaciones que sobre éste tópico brindó Volkswagen en el escrito de responde son contundentes y se condicen con el “Reporte de Ticket” de fecha 23.11.2007 que incorporó el perito contador a su informe en fs. 728 (v. fs. 742 vta.).

El acta notarial de fecha 23.10.2007 que trajo el actor y las fotografías anexas (v. 21/29), corroboran que el rodado se encontraba desarmado en las dependencias de Améndola y que no era posible concretar la entrega porque tenía fallas electromecánicas. También se dejó constancia en aquella actuación de que: “la concesionaria estaba utilizando la garantía que da Volkswagen, que se ha importado una pieza y pese a habérsele cambiado el tablero y colocado esa pieza no logran programarlo correctamente, de modo tal que sigue sin reconocer la llave de contacto”.

En punto a esta probanza, interesa recordar que la escritura constituye un instrumento público en los términos del cciv: 979, por lo que hace plena fe hasta que sea redargüido de falso por acción civil o criminal (cciv: 993), o incidental dentro de lo preceptuado por el cpr: 395 (CNCom, Sala B, “Cettinas Andrea, c/ Banco Español del Río de La Plata”, 24/11/1986; íd., esta Sala, 2.09.2010, “Vecor Internacional SA c/ SHELL Compañía Argentina de Petróleo SA, s/ ordinario” ). En rigor, no hay pruebas que permitan inferir que las demandadas acudieron a esas vías de impugnación por lo que no puede restarse virtualidad al referido instrumento.

Conforme expuso el perito contador tras examinar los libros de Améndola, “A fs.79 del Libro Sub Diario Ventas de Unidades N° 2 cuyas formalidades obran en el Anexo I, consta la Operación 6772 del 28/09/2007, FC -B-N° 0004-00005019 a nombre de Ventrici, Germán Pascual, DNI: 33.442.757. La operación se refiere al automóvil en cuestión de la cual se acompaña fotocopia de la factura” (v. fs. 742). Dicho de otro modo, la concesionaria fue la que emitió la factura del vehículo cero kilómetro a nombre del actor y -como se explicó antes- la que debía entregar el rodado.

La reseña precedente en mi parecer es suficiente para tener por acreditada la existencia de una relación de consumo entre el Sr. Ventrici y Améndola.

Es que, justamente, la relación de consumo alude al vínculo que se establece con quien en forma profesional, aun ocasionalmente, produzca, importe, distribuya o comercialice cosas o presten servicios a consumidores o usuarios (LDC, art. 2).

El objeto de esa relación consiste: (i) en los servicios, considerados como un hacer intangible que se agota con el quehacer inicial y desaparece e involucra una obligación de hacer y un derecho creditorio; y (ii) los bienes, que se refieren a las cosas elaboradas y con destino al uso final, que son en realidad productos, a las cosas sin elaboración, materiales e inmateriales, durables o no y los inmuebles (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, pp. 101 y 105, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003).

En suma, la relación de consumo puede ser concebida en términos latos como aquel vínculo jurídico generado por una relación contractual que se establece a título oneroso entre consumidores o usuarios finales y quienes participan en la producción o intercambio de los bienes o servicios aludidos en la LDC (conf. Bernsten, Horacio Luis, “Derecho Procesal del Consumidor”, p. 4, La Ley, Bs. As.2004).

Siguiendo esa línea interpretativa, se justifica entonces la aplicación de las disposiciones de la LDC para dirimir el conflicto que aquí se ventiló. Y, en concordancia con lo decidido por el juez de grado, concluyo que la actuación de Automóviles Améndola -quien no entregó el rodado en un lapso razonable y además ocultó al Sr. Ventrici los reales motivos de la demora- queda aprehendida en la norma del art. 40 de la LDC.

La misma dispone que, si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa responderán solidariamente el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa; ello así pues, más allá de la enumeración legal que es simplemente enunciativa, debe interpretarse que la ley quiere responsabilizar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio, y no solo a quien lo provee en forma directa (cfr. Lorenzetti, R – Schötz, Gustavo, Defensa del consumidor, Cap. X “Contrato de ahorro previo”, por Wajntraub, J, P. 6, Pág. 268, Ed. 2003; CNCom, Sala D, 18.6.08, “Rusconi María, c/ Peugeot Citroen SA, s/ sumario ).

Contrariamente a lo sostenido por el quejoso, no hay elementos idóneos para concluir que los terceros Automotores Nanejo SRL y Antonio Rafael Giangreco -recuerdo fallecido antes de que Automóviles Améndola requiriera su citación, v. fs. 281 vta.-, fueron quienes vendieron el rodado al actor.

Ello así porque, por un lado -y como indiqué antes-, no puede soslayarse la posición que adoptó la concesionaria luego de advertida la falla del automóvil. Ergo, aceptar la interpretación que trae la recurrente implicaría ir contra la doctrina de los propios actos, ya que una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los derechos observando tal pauta, es la exigencia de un comportamiento coherente (CNCom, Sala A, “Copes, Juan Carlos c.Codic Productores SRL”, del 24.11.80 y sus citas). Este imperativo de conducta significa que, cuando una persona dentro de una relación jurídica ha suscitado en otra con su proceder una confianza fundada, conforme a tal principio en una determinada actuación futura, según el sentido objetivamente deducido de la conducta anterior, no debe defraudar la confianza despertada y es inadmisible todo comportamiento incompatible con ella (cfr. Luis Diez de Picasso Ponce de León, “La doctrina de los propios actos”, ed., Bosch, Barcelona, pág. 42). Insisto, acoger tal pretensión entonces en la forma que fue propuesta implicaría un venire contra factum propium, lo cual aparece inadmisible, por constituir a simple vista una contravención a la buena fe, e insusceptible, por ende de merecer tutela jurídica.

Por otro parte, los recibos a los que la recurrente refiere no pueden ser considerados en forma aislada; esto es: desatendiendo las restantes constancias documentales (v.gr. contrato prendario y estatuto social de Automotores Nanejo SRL cuya copia obra en fs. 299/302, la factura nro. 0004-00005019) y las explicaciones que brindaron los testigos Scaramella (fs. 560/563), Rodríguez (fs. 698/703) y Bonfigli (fs. 704/709), que darían cuenta de que la intervención de los mentados terceros solo se circunscribió a extender la prenda sobre el saldo del precio del rodado que compró el actor en la concesionaria.

Y en punto a esta concreta actividad financiera también aparece prima facie ilustrativo el listado de causas que arrimó la concesionaria en fs. 338vta./339.

Además, hay otras cuestiones fácticas que no puedo soslayar:

o el Sr. Ventrici adquirió un automotor cero kilómetro y cómo suele proceder el público en general, se dirigió para concretar el negocio a un concesionario oficial. Nótese que Automotores Nanejo SRL, no es concesionario oficial de la marca Volkswagen, (ii) no hay constancias en esta causa de que el actor hubiera formulado reclamo alguno a los terceros citados una vez advertida la falla y, (iii) finalmente, entiendo improponible y contradictoria la postura de Améndola; esto es:pretende aniquilar la relación de consumo y su condición de vendedora y, paralelamente, procede a consignar el rodado.

Por todo ello, no es posible desbaratar la responsabilidad de la concesionaria en el presente entuerto, sin perjuicio de las acciones que eventualmente pudiera ésta incoar contra los mentados terceros.

En la descripta situación, los agravios examinados no serán admitidos y, consecuentemente, propiciaré la confirmación de cuanto ha decidido el juez de grado sobre este tópico.

[2] El rechazo de la consignación dispuesto por el a quo es lógica derivación de la precedente declaración de resolución del vínculo -en los términos del art. 10 inc. c) de la ley 24.240-, luego de hallar responsable a la concesionaria y al fabricante del “no cumplimiento de la oferta” (v.gr. entrega inmediata del rodado y ocultamiento al actor de las verdaderas razones de la demora).

La sólida construcción argumental del anterior sentenciante no fue debidamente cuestionada -tal como surge del precedente apartado 1.- y por tanto no puede admitirse la posición de la quejosa.

Es que, aun cuando la pericial mecánica practicada en autos indique que el cambio de la pieza realizado sobre la unidad que adquirió el actor, “no altera para nada su condición de cero kilómetro”, no se me oculta que desde la adquisición del rodado hasta que el mismo fue examinado por el perito transcurrieron más de tres años (v. pericia en fs. 313/315 y ampliación del 21.08.2012 en fs. 584/585) y, lógicamente, es harto probable que en ese interregno las fallas pudieron ser subsanadas. Mas, en rigor, los datos que se extraen del mentado dictamen no enervan cuanto fue juzgado sobre el incumplimiento en que incurrieron las demandadas.

De otro lado no ignoro que recién el 09.06.2008, consumido en exceso lo que podría estimarse plazo razonable para la entrega, la concesionaria le envió al Sr.Ventrici una carta documento intimándolo al retiro de la unidad.

En la descripta situación, reitero, la posición de Automóviles Améndola no puede admitirse. Es que, como es sabido, la consignación no tendría fuerza de pago, sino concurriendo en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. No concurriendo estos requisitos, el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento del pago. Para que la consignación sea válida deben cumplirse respecto del objeto del pago los principios de identidad e integridad referidos en el cciv 740 (Belluscio – Zannoni, “Código Civil.”, T. 3, pág.493 y ss., Ed. Astrea, Buenos Aires, año 1988).

Por tanto, el agravio en examen será desestimado.

[3] De seguido examinaré la queja de Volkswagen Argentina SA enderezada a que se revoque cuanto fue juzgado sobre su responsabilidad para, finalmente, explayarme sobre las indemnizaciones concedidas a favor del actor, tópico respecto del cual -recuerdo- se alzaron ambas codemandadas.

Me remito en este punto a las consideraciones vertidas en el precedente apartado [1.a.iii], sobre la solución que consagra el art. 40 de la LDC.

Es innegable que la fabricante resulta partícipe de la operación que celebró el actor con la concesionaria. Dicho de otro modo; es el primer eslabón necesario en la cadena de comercialización y, a partir de ello, no puede repeler la responsabilidad que le fue atribuida.

Debe tenerse en cuenta que en el caso presente el Sr. Ventrici no reclamó por las fallas del rodado -del que nunca tuvo la posesión-, sino la sustitución del que hubo adquirido por otro que pudiera serle entregado en forma inmediata, de acuerdo a los términos de la oferta.

Esta requisitoria, agrego, se plasmó inicialmente mediante carta documento de fecha 25.10.2007 (v. copia en fs. 42) empero Volkswagen guardó silencio y no procedió a sustituir el bien.

Es verdad que la ahora recurrente obró con diligencia (v.gr.se ocupó de suministrar los repuestos originales) cuando la concesionaria en virtud de las fallas del rodado accionó para hacer valer la garantía del fabricante. Y también lo es -como se dijo más arriba al examinar la pericia mecánica- que la reparación del automóvil fue satisfactoria. Mas, estos extremos no enervan el hecho de que la unidad defectuosa cuya fabricación estuvo a cargo de la recurrente, no debió ser ofrecida para la venta pues no estaba en condiciones -dadas las deficiencias electromecánicas- de ser utilizada.

A lo anterior agrego que no hay elemento probatorio alguno en esta causa que permita siquiera inferir que el Sr. Ventrici solicitara la reparación del rodado. Antes bien, fue efectivamente acreditado que luego de formular reclamos por la falta de entrega se constituyó -acompañado por un notario- en las dependencias de Améndola y pudo constatar que el vehículo se encontraba desarmado y estaba siendo reparado por personal de la concesionaria.

En la situación descripta, no cupo sino declarar resuelta la compraventa, con los alcances previstos en el decisorio apelado y, consecuentemente, condenar a las codemandadas -que lucraron oportunamente con la venta del rodado- en los términos del art. 40 LDC. Ergo, la desestimación de la queja se impone como única solución posible.

[3] Las indemnizaciones concedidas a favor del Sr. Ventrici, tal como se reseñó en el apartado III, fueron cuestionadas por ambos demandados.

[a] Recuerdo que el anterior sentenciante fijó, en uso de las facultades que le confiere el cpr: 165, la cantidad de $ 10.000 en concepto de privación de uso atendiendo para así proceder a “la orfandad probatoria y al tiempo transcurrido desde el hecho” (v. fs. 981, segundo párr.).

Adelanto que comparto la solución propiciada por el juez de grado pues, ciertamente, la mera indisponibilidad material -y jurídica- del rodado a raíz del obrar ilegítimo de las reclamadas, configura por sí un daño indemnizable ( CNCom, Sala C in re: “Grosso Juan c. HSBC La Buenos Aires Cía. de Seguros s. ordinario, del 19.4.2005; in re:”Rodríguez Edrulfo c. Guini Automotores s. sumario”, del 5.4.2005; in re: “Zamoratte Raúl Alberto c. Círculo de Inversores S.A. s. ordinario” del 18.3.2003) y que produce una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria que no requiere ser probada (CSJN, fallos 319:1975 ; 320:1567; 323:4065 ; y conf. CNCom., Sala B, fallo citado; CNCom., Sala D, in re: “Toneguzzo, Honorio c. Columbia S.A. de Seguros s. Ordinario”, del 21.9.2006; CNCom., Sala E, in re: “Aquino, Oscar c. Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. s. ordinario”, del 22.8.2006).

No ignoro que para alguna doctrina este rubro solamente puede incluirse en el capítulo de daños resarcibles si se prueba de manera muy concreta el perjuicio que la falta del bien ha ocasionado a su propietario. Dicho de otro modo, deberían acreditarse los gastos que para reemplazar su carencia han debido efectuarse, es decir: los boletos de colectivos, recibos de taxis o remises, o el costo del alquiler de otro rodado.

Pero esa tesitura olvida en buena medida lo que sucede en la vida real. Me explico: en la mayoría de los casos el propietario que se ve privado de su vehículo no puede afrontar los costos de pagar taxis o automóviles de alquiler para así cubrir todos los servicios que le prestaba el bien. De modo que casi inexorablemente, tiende a privarse de algunas ventajas: la comodidad del desplazamiento, los paseos, u otros usos que le brindaban utilidad, satisfacción o placer.Y todo ello, sin duda le irroga un daño cierto, aunque no resulte fácil mensurarlo o estimarlo económicamente (mi voto, Sala F, in re, “Cots Roberto Jorge c/ La Caja de Seguros S.A.s/ ordinario” , del 24.6.2010).

No obstante ello, debe admitirse la procedencia de dicho concepto si media una prueba positiva y precisa de la existencia, entidad y vinculación causal del daño con el incumplimiento de la concesionaria y el fabricante.

De lo expuesto al inicio resulta indudable que el actor padeció un daño por la ausencia del rodado y este lo causaron las requeridas quienes guardaron silencio al pedido de sustitución del bien pese a que presentaba fallas electromecánicas que imposibilitaron la entrega inmediata. Ratifica esa conclusión, la abundante prueba colectada en la causa que examiné a lo largo de este decisorio.

Pues bien, a fin de estimar el monto de la indemnización y, a falta de acreditación concreta del perjuicio sufrido a causa de la privación del rodado, cabe acudir a la facultad estimativa conferida por el Cpr. 165 (CNCom, Sala B, 23.12.93, “Maldonado, María Cristina c/ Cordelli, Alberto s/ sum.”; Sala A, 18.2.2000, “Capriccioni, Omar José y otra c/ Sevel Argentina SA s/ sum.” ; Sala E, 20.04.1992, “Escolar Enrique c/ Red-Gar SACI, s/ sumario”; Sala F, in re, “Cots Roberto Jorge c/ La Caja de Seguros S.A.s/ ordinario”, del 24.6.2010; íd., 03.05.2011, “Carman Diego Alberto c/ Caja de Seguros SA, s/ ordinario”).

Esto último sin perder de vista que el uso del automotor origina una serie de erogaciones, las que por aplicación de la “compensatio lucri cum damno” deben ser descontadas al monto total a indemnizar para no convertir la reparación en una causa ilícita del lucro en favor del damnificado (CNCom, Sala B, 20.05.87, “Fernández, Ernesto c/ El Refugio Cía.de Seguros”; íd., 10.2.92, “Greco, Mario c/ Círculo de inversores s/ ord.”; íd., 26.02.91, “Paganini Aldo, c/ Volkswagen SA”; íd, 20.4.01, “Karg, Eduardo B. c/ La Uruguaya Arg. Cía. de Seguros SA s/ ordinario”; íd., 27.11.1992, “Colombo Jorge c/ Sevel SA y otro, s/ ord.”, íd., 09.02.2000, “Alloatti Morales Angel y otro, c/ Transportes 27 de Junio SA, s/ sumario”, íd., Sala E, 5.11.08, “Deleo, Emilio c/ Renault Argentina SA s/ ord.”, Sala F “Cots Roberto Jorge c/ La Caja de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 24.6.2010).

En virtud de lo expuesto precedentemente, en tanto la indemnización otorgada aparece suficiente para reparar los daños padecidos, las críticas ensayadas por ambos contendientes serán desestimadas.

No obstante ello y en cuanto a los réditos que se ordena liquidar, advierto que la fórmula diseñada por el magistrado en el apartado II.

a) no es idónea para repotenciar el rubro aquí examinado. Es que, teniendo en cuenta los términos de la oferta y el hecho de que 9.10.2007 el actor inscribió el rodado en el Registro de la Propiedad Automotor dándole el alta la respectiva, debió ser entregado el 10.10.2007 según el normal acontecer de las cosas. Por tanto, corresponde establecer la mora en la mentada fecha y repotenciar desde ese entonces la indemnización concedida.

[b] Para establecer el daño emergente el magistrado de grado ponderó las constancias glosadas en fs. 8, 9, 14,18 y fs. 684 que fueron detalladas por el actor al referirse al rubro en cuestión en fs.130 de su escrito de demanda.

Concuerdo con el temperamento adoptado por el a quo y considero que las alegaciones de las demandadas no son idóneos para resolver en sentido diverso del apuntado.

Es que conforme es sabido si el objeto del daño es un interés actual, o sea, el interés relativo a un bien que ya corresponde a una persona en el instante en que el daño se ha ocasionado, se tiene un daño emergente; pero, si por el contrario, el objeto del daño es un interés futuro, es decir, el interés relativo a un bien que todavía no corresponde a una persona, se tiene un daño lucro cesante (De Cupis A., “El Daño”, N° 38, págs. 312/313).

De otro lado y en cuanto concierne a la existencia y cuantificación, ha sido criterio jurisprudencial reiterado que no basta la mera alegación de los daños para que ellos puedan estimarse configurados sino que es imprescindible la prueba concreta de su existencia (CNCom., Sala C, in re: “La Nuecera Argentina S.A. c/ Los Quebrachos S.A.”, del 20/9/96; publicado en LL 1997-C, 472).

Tal como lo expresa Llambías, “la existencia material del daño es irrelevante si no se lo comprueba apropiadamente: un daño improbado no existe para el derecho” (“Código Civil Anotado”, tomo II-A, Bs. As., 1979, pág. 159, nº 17), y es carga de la parte actora probar el daño cierto sufrido (conf. art. 377 del Código Ritual) (CNCom, Sala C, in re: “Frigorífico Metan S.A. c/ Banco Río de la Plata S.A. s/ ordinario”, del 2/3/2007; íd., esta Sala, 26.04.2006, “Martínez Claudio Gustavo y otro, c/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. s/ ordinario”).

Mas en el caso, y como bien señaló el juez de grado, el Sr. Ventrici cumplió adecuadamente con la carga que le imponía el crp: 377.Ergo es merecedor de la indemnización establecida.

Por tanto, corresponde desestimar los agravios de Automóviles Améndola SA y Volkswagen Argentina SA y confirmar cuanto fue decidido en la instancia de grado sobre éste tópico.

[4] Volkswagen Argentina SA cuestionó la imposición de las costas empero, su tesitura no puede ser admitida.

Es que, la condena en costas al vencido, constituye un resarcimiento que la ley conforme la prescripción contenida en el cpr 68, reconoce al vencedor para sanear su patrimonio de los perjuicios que le ocasione el pleito. La misma debe ser entendida como reparación de los gastos razonables y justos, generados durante el devenir del proceso para accionar o para defenderse.

Por tanto, el vencimiento lleva consigo tal condena principio éste resultante de la aplicación de una directriz axiológica de sustancia procesal, en cuya virtualidad debe impedirse que la necesidad de servirse del proceso se convierta en daño (CNCom, Sala B, 28.3.89, “San Sebastián c/ Lande, Aron”); es decir, es una institución determinada por el supremo interés que el derecho cuyo reconocimiento debe transitar por los carriles del proceso, salga incólume de la discusión judicial (CNCom, Sala B, 12.10.89, “De la Cruz Gutiérrez, Graciela María, c/ Círculo de Inversores SA”; esta Sala, 11.10.2011, “Koldobsky Liliana Estela c/ Koldobsky Carlos David s/ ordinario”; íd., 10.07.2012, “Galli, Horacio Alberto c/ Euroderm SRL, s/ ordinario”).

Partiendo de tales principios, procede confirmar lo decidido en la sentencia apelada.

Conclusión.

Por todo lo expuesto si mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega propongo al Acuerdo:

a) desestimar las quejas de Automóviles Améndola SA glosadas en fs. 1055/1059 y las de Volkswagen Argentina SA vertidas en fs. 1067/1080, b) confirmar en lo principal que resuelve la sentencia de fs. 963/983 -integrada en fs. 1001.- y modificarla únicamente en cuanto concierne al dies a quo de los intereses que se ordena liquidar respecto del rubro privación de uso y, c) imponer las costas de alzada a las recurrentes vencidas (arg. cpr:68).

Así voto.

Con los mismos fundamentos, el Dr. Juan Manuel Ojea Quintana adhiere al voto que antecede.

Con lo que finalizó este Acuerdo en el que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores:

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 2 de junio de 2016.

Y Vistos:

Por todo lo expuesto, se resuelve:

a) desestimar las quejas de Automóviles Améndola SA glosadas en fs. 1055/1059 y las de Volkswagen Argentina SA vertidas en fs. 1067/1080, b) confirmar en lo principal que resuelve la sentencia de fs. 963/983 -integrada en fs. 1001.- y modificarla únicamente en cuanto concierne al dies a quo de los intereses que se ordena liquidar respecto del rubro privación de uso y, c) imponer las costas de alzada a las recurrentes vencidas (arg. cpr: 68).

2. En función a lo decidido, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de primera instancia (conf. art. 279 CPCCN) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos pertinentes.

Atento el mérito de la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad, eficacia y extensión, así como la naturaleza y monto del proceso (conf. esta Sala “Vital Nora Angélica c/ Peñaflor S.A. s/ ordinario”, del 01/04/14), se regulan en sesenta y un mil cuatrocientos pesos ($ 61.400) los estipendios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Marcelo O. Lombardo (ley 21.839, t.o. ley 24.432: 6, 7, 9, 19, 37 y 38).

Asimismo, se fijan en ($.) los emolumentos del letrado apoderado de la codemandada Automóviles Améndola S.A., doctor Jorge A. García; en ($.) los de los letrados apoderados de la codemandada Volkswagen Argentina S.A., doctores Mariela Balconi, Santiago Dall´Occhi, Maria J. Esteban, Marcela A. Ibarra y Pascual E. Elustondo (en forma conjunta) y en ($.) los de los letrados apoderados y patrocinantes del tercero citado Automotores Nanejo SRL y de la Herederas de Antonio R. Giangreco, doctores Betiana M. Zylberszac y Edgardo L.Ferreyra, en forma conjunta, por su actuación en el proceso principal y en la incidencia resuelta en fs. 512/514(ley 21.839, t.o. ley 24.432: 6, 7, 9, 19, 33, 37 y 38).

De acuerdo -en lo pertinente- con las pautas ut supra consideradas y ponderando la complejidad e importancia de los trabajos realizados en autos, se fijan en ($.) los honorarios del perito ingeniero mecánico Juan C. Iervasi y en ($.) los del perito contador Roberto Machia (Dec. Ley 7887/55:.88 Dec. Ley 16.638/57: art. 3 y ccdtes./ Cpr.: 478, 1er. párr.; introducido por ley 24.432).

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 26.589, la trascendencia económica de la materia y los establecido en el art. 2, inc. g) del Anexo I del decreto 2536/15 (conf. esta Sala “Ammaturo Francisco Horacio y otros c/Darex SA y otro s/ ordinario”; “All Music S.R.L. c/ Supermercados Ekono S.A. s/ ordinario” ambos del 29.03.12), se regulan en veintidos (22) UHOM, los estipendios de la mediadora, doctora Claudia G. Somovilla.

Por las actuaciones de Alzada que motivaron la resolución de fs.394/395, se fijan en cinco mil cuatrocientos pesos ($ 5.400) los estipendios del letrado apoderado de Automoviles Améndola S.A., doctor Jorge Alberto García (art. 14 ley cit.).

Asimismo, por los trabajos que originaron la sentencia que antecede, se fijan en ($.) los emolumentos del letrado apoderado de la parte actora, doctor Marcelo Osvaldo Lombardo; en ($.) los de la letrada apoderada de Volkswagen Argentina S.A., doctor Rocio A. Laban; y en ($.) los del letrado apoderado de Automóviles Améndola S.A., doctor Jorge Alberto Garcia (art. 14 ley cit).

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente decisión por encontrarse compensando la feria judicial en la que estuvo en funciones (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Notifíquese al domicilio electrónico, o en su caso, en los términos del art. 133 C.P.C.C. (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

María Florencia Estevarena

Secretaria