El aeródromo y un piloto deben responder por el accidente aeronáutico al despegar en condiciones no aconsejables

avionPartes: Montenegro Ernesto Luis c/ Aeroclub Mar del Plata y otros s/ daños y perjuicios – sumario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 30-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100830-AR | MJJ100830 | MJJ100830
Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios derivados de un accidente aeronáutico, pues surge probado que el avión en el que viajaba el actor despegó cuando las condiciones meteorológicas no lo aconsejaban, y el aeroclub codemandado tampoco cumplió debidamente con su función de contralor de los vuelos que salía de su predio.

2.-La responsabilidad del piloto se fundó en su decisión imprudente de despegar en proximidades de un fenómeno meteorológico adverso, intentando luego aterrizar en el mismo aeródromo cometiendo serios errores de operación.

3.-La responsabilidad del aeródromo fue sustentada en la calidad de propietario de la aeronave y la pasividad o aquiescencia frente al comportamiento irresponsable de un asociado, sin disponer el mínimo de los medios humanos y materiales que hubiesen permitido un activo y diligente control de la operación de sus aviones.

4.-La previsión contenida en el art. 139 del Código Aeronáutico, interpretada a la luz de lo dispuesto en el art. 142 , constituye un típico supuesto de responsabilidad por actividad riesgosa que se erige en factor objetivo de atribución; esa concepción torna innecesaria la existencia de culpa para atribuir responsabilidad a su titular, sin perjuicio de posibilitar la investigación de este último elemento subjetivo con el sólo propósito de reforzar armónicamente la plataforma sustentadora de la obligación resarcitoria.

5.-Tanto la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa como la responsabilidad del transportador que prevé el Código Aeronáutico no sólo coinciden en que el factor de atribución que consagran es objetivo, sino también impersonal y directo, los cuales sólo ceden ante el casus en su consabida condición de límite objetivo a la imputabilidad material del daño.

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata, a los 30 de Agosto de 2016, habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Ramiro Rosales Cuello y 2º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos “MONTENEGRO ERNESTO LUIS C/AEROCLUB MAR DEL PLATA Y OTROS S/ ··DAÑOS Y PERJUICIOS – SUMARIO”. Instruidos los miembros del tribunal, surgen de autos los siguientes: A N T E C E D E N T E S: A fojas 2098/2114 dictó sentencia definitiva el señor Juez de primera instancia. A través de ésta hizo lugar a la demanda interpuesta por Ernesto Luis Montenegro contra Aeroclub Mar del Plata Sociedad Civil sin fines de lucro y Juan Miguel Cotofre y, en consecuencia, condenó a estos últimos a abonar al primero la suma de $ 212.000, haciéndolo extensivo a la citada en garantía Caja de Seguros S.A. Todo con más los intereses computados a la tasa que fija el banco provincia para sus depósitos a treinta días desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago, debiendo liquidárselos primero a la tasa correspondiente al sistema tradicional de contratación y luego a la digital, según se hayan devengado antes o después del 19/08/2008. Por el principio objetivo de la derrota, las costas de la primera instancia fueron impuestas a los codemandados y a la compañía aseguradora, en su carácter de vencidos. Dicha sentencia viene a conocimiento de esta Alzada con motivo de los recursos de apelación deducidos y fundados por el piloto demandado (fs. 2128, 2171/2172 vta.), Aero Club Mar del Plata también demandado (fs. 2136, 2156/2166 vta.), citada en garantía (fs. 2125 y 2133, 2167/2169), y actor (fs.2116, 2173/2196). La parte actora contestó el traslado de las fundamentaciones de sus oponentes, y sólo el apoderado del Aeródromo Mar del Plata hizo lo propio con la de ésta última (fs. 2198/2201 vta., 2202/2207 vta., 2208/2213 vta., y 2214/2219 vta.). A fojas 2220 se llamaron AUTOS PARA SENTENCIA.- En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S:

1ª) ¿Ha cumplido el apelante de fojas 2128 con la carga impuesta por el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial?

2ª) ¿Es justa la sentencia de fojas 2098/2114? 3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO DIJO:

Sin perjuicio de que parte del razonamiento que sustenta la decisión del señor Juez de Primera Instancia se muestra carente de crítica, advierto que respecto de aquel segmento correspondiente a la procedencia y cuantificación de los rubros se logra señalar cuál es el error en que a su criterio se incurre y por qué debe considerárselo tal (art. 260 y 261 del CPCC). El oportuno tratamiento del recurso en esa porción y su desarrollo consecuente, dan cuenta del cumplimiento de la considerada carga procesal. Por lo brevemente expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa. EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO DIJO:

1. Responsabilidad del piloto. La responsabilidad del piloto se fundó en su decisión imprudente de despegar en proximidades de un fenómeno meteorológico adverso, intentando luego aterrizar en el mismo aeródromo cometiendo serios errores de operación.El señor Juez no sólo valoró las conclusiones a las que arriba la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, sino que también consideró que el dictamen pericial elaborado por el ingeniero aeronáutico designado, los informes, las testimoniales y confesionales producidas, no las contradijeron. El piloto cuestiona el valor excluyente o vinculante que interpreta se le dio al informe de la Junta de Accidentes de Aviación Civil, por lo cual entiende que se han dejado de lado sus argumentaciones en sentido contrario y las testimoniales prestadas. Afirma que habiendo amanecido con cielo limpio y condiciones propicias para las actividades aéreas, la posterior modificación meteorológica constituyó un supuesto de caso fortuito, o bien de responsabilidad exclusiva del aeroclub que debió tomar los recaudos para impedir los vuelos o advertir del peligro si es que notaron la variación de ese escenario. Conforme surge de la reseña precedente, el recurrente sólo manifiesta que las testimoniales acreditaban lo contrario aunque sin efectuar un ejercicio demostrativo mediante el análisis crítico de esas declaraciones, confrontarlas con la prueba técnica que se consideró ineficaz, y sin exponer la síntesis resultante de ese proceder. Se ha dicho que en el terreno de la prueba, el recurrente debe puntualizar qué medio pertinente y atendible fue desechado; cuál de los invocados resulta inexistente, impertinente o inatendible; o las probanzas cuyas fuentes han sido desinterpretadas, suministrando los argumentos de prueba que patenticen el error y su relevancia para la suerte final de la pretensión u oposición (La Alzada, Azpelicueta-Tessone, pag. 25). La omisión de esa carga procesal impide ingresar en el referido segmento del cuestionamiento (art. 260 del CPCC). De igual modo cabe concluir respecto del caso fortuito alegado.En efecto, en sentencia se tuvo por cierto que el piloto despegó viendo el peligro ante el desistimiento de otro vuelo más las señas que le efectuaron los demás concurrentes para que no lo hiciera, frente a lo cual éste sólo se limita a disentir con tal afirmación postulando la presencia de un supuesto de imprevisibilidad o de irresistibilidad pero sin referir ni analizar la prueba que contrariando la plataforma referida, permitiría avalar tal afirmación. Tiene sentado esta Alzada que lo normado en el artículo 260 del Código Procesal impone al recurrente la carga de realizar una crítica concreta, razonada y seria de la resolución puesta en crisis por el apelante, carga que no resulta cumplida con la mera enumeración de agravios, la disconformidad con lo resuelto en la instancia anterior y la reiteración de lo expuesto al juez de grado, ya que no resultan suficientemente explícitos como para demostrar los yerros en que incurre la sentencia o el auto cuestionado (esta Sala, causa 117856 en fecha 13/06/2002, reg. Nº 165-2 S; Sala II, causa 115336 en fecha 27/02/2001, reg. Nº 78-1 I). La sentencia apoya la responsabilidad del piloto tanto en la imprudencia verificada al decidir despegar como en la temeridad puesta de manifiesto al aterrizar, ambas comprobaciones a las que atribuye el carácter de suficientes para el sostén lógico, y dejar firme uno de ellos también obsta al tratamiento del otro (esta Sala, causa 115354 en fecha 05/12/2000, reg. Nº 499-00 S).-

2. Responsabilidad del aeroclub. La responsabilidad del aeródromo fue sustentada en la calidad de propietario de la aeronave y la pasividad o aquiescencia frente al comportamiento irresponsable de un asociado, sin disponer el mínimo de los medios humanos y materiales que hubiesen permitido un activo y diligente control de la operación de sus aviones. El apoderado de la asociación civil también controvierte la justicia del pronunciamiento.Para dar forma a su disconformidad discurre sobre la libertad de vuelo y la consecuente imposibilidad de que su mandante impida el despegue de un avión. Asevera que tampoco fue esa la causa adecuada del hecho sino el proceder del piloto al aterrizar. No les asiste razón. La parte actora encuadró el suceso dentro de los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, mientras que el señor Juez tuvo por probada cierta omisión antijurídica del aeroclub en su calidad de propietario de las aeronaves. Esta última identificada con la pasividad y aquiescencia puesta de manifiesto al no disponer los medios materiales y humanos para concretar un activo y diligente control sobre el uso que los socios hacen de esas máquinas. Llega consentido que el Aeródromo de Batán reconoce la categoría de no controlado. Esta circunstancia no sólo descarta la posibilidad de responsabilizar al Estado Nacional (Fuerza Aérea) -que no fue citado- por no impedir el despegue del avión, sino que otorga relevancia a la acción de determinar quién era el responsable de la actividad aérea que al momento del hecho hacía uso de esas instalaciones. La previsión contenida en el artículo 139, interpretada a la luz de lo dispuesto en el artículo 142 del Código Aeronáutico, constituye un típico supuesto de responsabilidad por actividad riesgosa que en coincidencia con lo postulado por la parte actora se erige en factor objetivo de atribución. Esa concepción torna innecesaria la existencia de culpa para atribuir responsabilidad a su titular, sin perjuicio de posibilitar la investigación de este último elemento subjetivo con el sólo propósito de reforzar armónicamente la plataforma sustentadora de la obligación resarcitoria (Zavala de González, Matilde; Responsabilidad civil, t. 3 Responsabilidad por riesgo, ps.45 y 65). Nada impide, entonces, que acreditado el nexo causal de los comportamientos protagonizados, el dirimente vaya más allá de lo exigido por la norma indagando en la presencia de este elemento en el titular de la actividad o sus representantes legales, como forma de fortalecer la justicia de la solución. Ahora bien, cuadra remarcar que tanto la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa como la responsabilidad del transportador que prevé el Código Aeronáutico no sólo coinciden en que el factor de atribución que consagran es objetivo, sino también impersonal y directo, los cuales sólo ceden ante el casus en su consabida condición de límite objetivo a la imputabilidad material del daño. Existe consenso para con esa interpretación respecto del primero, y cabe concluir de igual modo en el segundo, puesto que si “El transportador no será responsable si prueba que él y sus dependientes han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas” también se está exigiendo que el hecho ajeno posea los caracteres de inevitabilidad o de imprevisibilidad propios del caso fortuito para exonerarlo. Esto, independientemente de que el transporte fuere gratuito u oneroso (art. 139, 142, 163 y 164 del Cód. Aeronáutico). La lógica de razonamiento que subyace en el repasado dispositivo torna inútil todo esfuerzo que con la finalidad de liberar de responsabilidad al titular de las aeronaves y como tal del derecho a reglar o administrar su uso, trate de demostrar la de otra persona que se encuentra afectada a la actividad que se desarrolla con ellas, sin perjuicio de que a la postre pueda servir para fundar una eventual acción de regreso (arg. art. 1123 del Cód.Civ.). Sin perjuicio de ello, la omisión de reglar el uso de sus aeronaves cuyo reconocimiento subyace en la postura adoptada por el Aeroclub en este proceso, configura aquella omisión objetiva de las medidas que con base en las condiciones meteorológicas, razonablemente hubieren correspondido a la naturaleza esencialmente riesgosa de la actividad que esta sociedad civil desarrolla. Dado tratarse de un aeródromo no controlado, realizarse el vuelo con un avión de su propiedad, y ser el piloto un socio del aeroclub, no advierto óbices jurídicos ni materiales que siquiera pudieren insinuarse como justificativos de tal irregularidad (arg. art. cit y 512 del Cód. Civ. ley 340 aplic. en virtud arts. 1° y 7° del Cód. Civ. y Com.).

3. Daños.

a. Incapacidad sobreviniente.-

En sentencia, se cuantificó en $ 100.000 el reclamo por las consecuencias patrimoniales derivadas del estado salud en que se encuentra el actor luego de los tratamientos efectuados. El piloto codemandado critica que luego de reconocerse la falta de prueba del nivel de ingresos, se termine fijando el importe referido sin base en prueba alguna. Ello así, postula su rechazo o disminución. Por su parte, la actora considera que la mitad de esa suma corresponde al concepto incapacidad sobreviniente, razón por la cual estima insuficiente una cuantificación que con más sus intereses hasta la fecha de la sentencia, llegue al importe de 170.804. Repasa con ese fin las lesiones físicas, las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos post quirúrgicos y las incapacidades resultantes. Le asiste razón sólo al accionante, aunque por motivos distintos a los que esgrime.

En cuanto al rechazo solicitado por el piloto codemandado, cuadra afirmar que el señor Juez concluyó en la inexistencia de respaldo probatorio del monto denunciado en demanda, no de la actividad de zingero desarrollada como así tampoco de cierto caudal de ingresos provenientes de esa profesión. El importe mensual de estos recursos fue calculado en virtud de la naturaleza de reconocimiento que se le asignó a las posiciones confeccionadas por los codemandados.No obstante la consideración de ese promedio como uno de los aspectos ponderados, el monto global correspondiente al concepto referido fue estimado en uso de la potestad prevista en el artículo 165, párrafo 2° del Código procesal Civil y Comercial. Ese dispositivo consagra la facultad judicial de fijar el monto de la indemnización, si los daños aparecen probados debidamente, a diferencia de su importe (Cám. Apels. Trelew, Sala A, 21/12/2009, “Ballesteros, Andrés Elías c/ Arias, Diego Gabriel y otra s/ Daños y Perjuicios”, en La Ley online, voto Dr. López Mesa). Por lo tanto, no es impedimento para establecer la indemnización la falta de elementos probatorios que precisen la magnitud de los daños o la extensión del período de reparaciones, desde que el “quantum” retributivo puede ser determinado con sujeción a los parámetros del art. 165 CPCC (Cám. Apels. Trelew, Sala A, 21/12/2009, “Ballesteros, Andrés Elías c/ Arias, Diego Gabriel y otra s/ Daños y Perjuicios”, en La Ley online, voto Dr. López Mesa; C. Nac. Civ., sala A, 12/4/89, “Iurato, Antonio v. Viedma, Vicente s/ daños y perjuicios”; en igual sentido, ídem, 25/10/89, “Martínez, Adrián R. v. López, Antonio R. s/sumario – indemnización”, ambos en AbeledoPerrot online). El sentido último del artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial es permitir al juez hacer justicia cuando la prueba del monto -no de la magnitud del dañopueda ser suplida por su propio conocimiento ordinario de las cosas o por su experiencia personal (Cám. Apels. Trelew, Sala A, 21/12/2009, “Ballesteros, Andrés Elías c/ Arias, Diego Gabriel y otra s/ Daños y Perjuicios”, en La Ley online, voto del Dr. Velásquez). El desarrollo precedente descubre la sinrazón del agravio desarrollado en derredor de la procedencia de esta partida por falta de prueba del monto.

Igual parecer me merece la pretensión de que aquella sea reducida.La ausencia de elementos de juicio que permitan evaluar con mayor precisión el perjuicio sólo vigoriza la pauta de máxima prudencia y criterio restrictivo en la determinación de la cuantía del resarcimiento con el fin de reparar nada más que el perjuicio efectivamente sufrido y de ese modo evitar colocar al damnificado en mejor situación a la que tendría si el hecho no hubiere acaecido (Cám. Apels. Trelew, Sala A, 28/10/10, “Challu, Cristina Mabel c/ Roth, Mónica Magdalena s / Daños y perjuicios”, c. 321/10 S.D.C. 24/10. voto Dr. Velásquez). Aún con tales parámetros, de manera alguna advierto que la suma de $ 100.000 se muestre excesiva frente a la magnitud de la incapacidad verificada luego de los tratamientos quirúrgicos y terapéuticos prescriptos. Con referencia al aumento pretendido por la parte actora, quien entiende que el importe referido representa la indemnización conjunta tanto del lucro cesante como de la incapacidad sobreviniente, resulta preciso señalar que el señor Juez sólo procedió a receptar el segundo de los conceptos mencionados, descartándose la consideración separada del primero de ellos con el objeto de evitar duplicaciones indemnizatorias. Esta realidad pone en evidencia lo erróneo de la premisa sobre la que la parte actora apoya el silogismo efectuado para demostrar la insuficiencia del monto, puesto que esa conclusión la extrae de dividirlo en partes iguales para cada una de las dos partidas. Tampoco acierta el apelante en el procedimiento que posteriormente desarrolla para aplicar a esa premisa. La necesidad de indemnizar daños que se prologarán hasta la muerte de la víctima, impide el uso de fórmulas matemáticas.La misma finitud de la vida humana impone esa limitación dado tratarse de partidas tendientes a conjurar perjuicios que se prolongan durante el tiempo de existencia del damnificado, incierto por naturaleza (Rey, Nélida Rosa y Rinesi, Antonio Juan, “La cuantificación del daño y sus implicancias”, Revista de Derecho de Daños, “La cuantificación del daño y sus implicancias”, t. 2001-1, p. 48). La singular integración de este rubro cierra la lista de caracteres que impiden que su indemnización pueda ser traducida en una suma capaz de desagregarse en términos estrictamente aritméticos. Su finalidad de reparación tanto de la minusvalía para procurarse ingresos durante toda la vida laboralmente activa, como de aquellas consecuencias también patrimoniales que de modo mediato se siguen de la afectación de la personalidad de la víctima en sus aspectos individuales y sociales, sólo admite la fijación de una suma global tal como sucede con la pérdida de chance Ésta, si bien no debería desentenderse del resultado de una ecuación correctamente construida tampoco tendría que identificarse con él, habida cuenta del efecto que sobre el grado de certeza del daño causan los extremos repasados. No obstante ello, el esfuerzo desplegado por el apelante recorriendo los pormenores del tratamiento seguido junto a los magros resultados obtenidos de su realización, principalmente basados en las características y gravedad de las lesiones sufridas, me convence de la sustancial insuficiencia del monto otorgado. En efecto, con causa en el hecho nuevo admitido se acreditó que las dos intervenciones quirúrgicas anteriores tuvieron resultado negativo, circunstancia que prolongó la pseudoartrosis de húmero derecho y motivó la obtención de certificado único de discapacidad entendido por el Instituto Nacional de Reahabilitación Psicodísica del Sur.Aunque el nuevo dictamen médico producido en esa incidencia no descarta en forma definitiva la posibilidad de que la fractura se consolide luego de la nueva operación programada, los antecedentes enumerados dan cuenta que la incapacidad del 40 % o 50 % por lo menos ha adquirido la calidad de prolongada (más de 10 años) y que la consolidación de la secuela posee un grado serio de probabilidad (fs. 1361). También fueron probadas dificultades masticatorias productos de traumas en el maxilar y piezas dentarias, con posibilidad de mejora mediante tratamiento odontológico (fs. 1195/1196). Se agregan a esas limitaciones aquellas derivadas de la imposibilidad de desempañarse normalmente en la vida social, personal y deportiva que por representar facetas recreativas del individuo, también de modo mediato repercuten negativamente en la capacidad de desempeño laboral (fs. 1356). Las complicaciones repasadas no constituyen consecuencias mediatas ni remotas, sino derivaciones ciertamente necesarias de una lesión de tal índole, dado su grado de previsibilidad. Suscribo en esta parte aquella tesitura que anexa a la necesariedad, una adecuación causal y no la fatalidad de la consecuencia, excluyendo los daños que pudieran resultar de consecuencias “no necesarias” por inadecuadas (ver ACOGLIA, Maria; BORAGINA, Juan y MEZA, Jorge “Responsabilidad por incumplimiento contractual”, Ed. Hammurabi, José Luis Depalma Editor, Buenos Aires, 1993, págs. 297 y siguientes; y la cita obligada de Eduardo ZANNONI).-

La posibilidad de atenuación o consolidación del daño consis te en una situación aún no definitiva puesto que depende de un acontecimiento futuro e incierto como es la evolución post operatoria, características que confirman la habilitación del juez para fijar una suma que no represente la equivalencia de lo dejado de percibir, sino aquella que conjure el sometimiento a la probabilidad cierta de que por el resultado adverso de la intervención, esos ingresos nunca se produzcan (Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, Rubinzal Culzoni, Sta Fe t. I, P. 265 y 266). El cuadro sanitario descripto amerita el aumento de la indemnización de este concepto a la suma de $ 200.000.

b.Lucro cesante.

El rechazo que se sigue de no admitir el reclamo de lucro cesante impide ingresar al agravio enderezado a cuestionar la insuficiencia de su cuantía. Es que el fundamento de esta parte del decisorio se basó en la imposibilidad de atender dos veces a la indemnización de la pérdida de ingresos que con menor grado de certeza se acogió al tratar la pérdida de chance, argumento que la parte actora deja huero de crítica (arg. art. 260 del CPCC).

c. Daño moral.

En sentencia, se cuantificó en $ 100.000 el reclamo por las consecuencias extrapatrimoniales del suceso. El piloto codemandado considera elevado ese monto y pide que sea analizado a la luz de la razonabilidad y de los hechos ocurridos. De su lado, la actora reputa insuficiente ese importe para lo cual discurre sobre los tratamientos cursados, sus resultados negativos y las repercusiones que ellos tienen en el estado de ánimo y la psiquis del damnificado. Sólo el agravio de la parte actora merece ser atendido.

No descuido que la naturaleza extrapatrimonial de los bienes afectados descarta la posibilidad de colocar al damnificado en la misma situación que se hallaba antes de sufrir el daño mediante la mera entrega de dinero, pero tampoco que esa imposibilidad ha llevado a admitir su reparación a través de la compensación con el valor de bienes que pudieren servir en cierta medida de consuelo para mitigar sus consecuencias (Iribarne, Héctor Pedro, Daño Moral, Rev. Derecho de Daños, Rubinzal -Culzoni, Sta. Fe 1999, p. 185/215). Salvo supuestos de manifiesta irrazonabilidad, la ausencia de una impugnación expuesta en términos comparativos respecto de aquellos bienes susceptibles de ser adquiridos mediante dicha suma, explicando por qué entiende que la prolongación, temporalidad, permanencia y gravedad del daño moral no se ven reflejadas en la indemnización, me impide de ingresar en la revisión de lo decidido (art. 260 del CPCC, esta sala, 24/02/15, 157258 – “Arango, Jorge Gabriel c/ Torres Felisa Clotilde y ot s/ Daños y perjuicios”, Reg.N° 153 F° 18.S, ver Trigo Represas, Félix y López Mesa, Marcelo; citado por Jorge Mario Galdós en “Otra vez sobre los daños a las personas en la provincia de Buenos Aires”, Revista de derecho de daños, Ed. Rubinzal – Culzoni, p. 161).- El marco conceptual repasado impide la revisión de lo decidido en primera instancia solicitada por el piloto codemandado por no aparecer prima facie como excesivo y tampoco desplegarse el ejercicio demostrativo tendiente a patentizar esa condición (arg. art. 260 del CPCC). Dado lo ínfimo del importe fijado en relación a los padecimientos ocasionados, no ocurre lo mismo con la impugnación ensayada por la parte actora. En efecto, las molestias derivadas de los tratamientos seguidos para subsanar la fractura con minuta del húmero, y el detrimento en la autoestima que se sigue de la imposibilidad de sustentarse a sí mismo y a su familia, como así también de tener una vida individual y social normal, demuestran lo irrazonable del importe mereciendo su elevación a la suma de $ 200.000. Sigo en esto a aquel criterio que presupone que toda persona vive en un estado de equilibrio espiritual y tiene derecho a permanecer en ese estado, por lo cual las alteraciones anímicas perjudiciales deben ser resarcidas. Esa modificación desvaliosa del espíritu no corresponde identificarla exclusivamente con el dolor, porque puede suceder, como resultas de la interferencia antijurídica, otras conmociones espirituales: la preocupación intensa, la aguda irritación vivencial y otras alteraciones que, por su grado, hieren razonablemente el equilibrio referido. Dicho de otro modo, el daño moral hiere o menoscaba los sentimientos, la integridad física o moral y las afecciones legítimas de una persona, en suma los llamados bienes ideales (Cazeaux-Trigo Represas; “Compendio de las Obligaciones”, T. I, págs. 191 y ss.).

d. Gastos terapéuticos y de movilidad.-

La procedencia y cuantificación del reclamo por gastos terapéuticos y de movilidad se apoyó en la proporcionalidad de lo condenado con las lesiones y tratamientos que surgen de los distintos documentos sanitarios obrantes en autos.El copiloto codemandado advierte que el rubro fue acogido sin prueba documental que los respalde, razón por la cual advierte sobre la posibilidad de que proceda cualquier reclamo e importe. La falta de crítica del fundamento en que se apoya esta porción de la sentencia basada en la facultad estimatoria prevista en el artículo 165 párr. 2° del CPCC que permite al juez establecer el monto cuando resulte acreditada su existencia, obsta al tratamiento de este pasaje de la queja (art. 260 del CPCC).

4. Inconstitucionalidad de los artículos 144 y 163 de la Ley 17.285.

El señor Juez de Primera Instancia declaró de oficio la inconstitucionalidad de los artículos 144 y 163 de la Ley 17.285, en cuanto disponen sobre la referencia temporal de la cotización de la moneda en que se establece la limitación de la indemnización por accidentes aeronáuticos, y mandó aplicar intereses a la tasa pasiva digital desde el momento del hecho. El apoderado de la citada en garantía cuestiona ese proceder. Manifiesta que el juez puede aplicar el derecho correcto independientemente del alegado por las partes, pero no a hechos distintos a los expuestos por ellas.

En otro segmento, critica la duplicación indexatoria que resultaría de cotizar las unidades de pesos valor oro a la fecha de la sentencia, y de aplicar intereses a la tasa digital desde la fecha del suceso. La primer parte de la impugnación no puede ser atendida y la otra procede. No obstante la falta de petición al respecto, el magistrado de la instancia precedente declaró la inconstitucionalidad de los referidos dispositivos por considerar que mediante la actividad probatoria desplegada quedó demostrado palmariamente el perjuicio que su aplicación irrogaría a la parte actora.Ese escenario torna evidente que la tarea del juez no debió evaluarse a la luz de los principios y reglas procesales que rigen aquellas cuestiones donde no resulta necesario descalificar la validez constitucional de una norma, sino confrontada a las directrices para el ejercicio de la potestad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley -en sentido material- concienzudamente elaboradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su rol de tribunal de garantías constitucionales y último intérprete de la Constitución (CSJN, pronunciamientos citados en la sentencia de primera instancia y más recientemente en “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino”, 27/12/2012, Fallos 335:2333, y “Anadón, Tomás Salvador c/ Comisión Nacional de Comunicaciones”, 20-08-2015, Fallos 338:724). La falta de argumentación en el sentido señalado en el párrafo precedente pone de manifiesto que el apelante se ha desentendido de la estructura de razonamiento que subyace en la sentencia impugnada, circunstancia que impide ingresar en la revisión de este tópico por ausencia de crítica concreta y circunstanciada de los fundamentos que lo sostienen (arg. art. 260 del CPCC). En cambio, debe proceder el agravio relacionado a la doble actualización que advierte en la cotización del valor oro a la fecha de la sentencia sumado a la aplicación de intereses a la tasa digital desde la misma fecha del suceso. Al contestar la expresión de agravios, la parte actora admite la justicia de que se adicionen intereses iguales a la tasa digital recién desde la fecha de la sentencia y no desde la ocurrencia del suceso tal como se determinó en primera instancia. El principio dispositivo que rige el proceso en cuestiones patrimoniales en las que no se encuentra comprometido el orden público, me compele a decidir en ese sentido (fs. 2198/2201 vta., art. 17 de la Const. Nac., Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, T I, Nociones Generales, Abeledo – Perrot, Avellaneda 2011, p. 184/185). Así lo voto.

EL SEÑOR JUEZ DR.ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO DIJO: Corresponde:

I.- Considerar que el apelante de fojas 2128 ha cumplido con la carga impuesta por el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial.

II.- Modificar la sentencia de fojas 2098/2114 aumentando el monto de los conceptos incapacidad sobreviniente y daño moral a la suma de pesos doscientos mil $ 200.000 cada uno, y disponiendo el inicio del cómputo de los intereses fijados en primera instancia recién a partir de la fecha del dictado de la sentencia allí recaída.

III.- Confirmar la sentencia de fojas 2098/2114 en todo lo demás que hubiere sido materia de agravios.

IV.- Imponer las costas del recurso de la parte actora en un ochenta (80) por ciento a las codemandadas y en un veinte (20) por ciento a la apelante; las de sendos recursos del piloto y Aeroclub Mar del Plata codemandados en su totalidad a los recurrentes; y las del recurso de la citada en garantía Caja de Seguros S.A. en un sesenta (60) por ciento al impugnante y el restante cuarenta (40) por ciento por su orden en razón de que la cuestión del diez a quo de los intereses no fue promovida en esos términos en la instancia de origen ni defendida en esta instancia por la actora (arts. 68 párr. 1°, 70 inc. 1° y 71 del CPCC). Así lo voto.-

EL SEÑOR JUEZ DR. AL FREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS. Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y sus fundamentos, se dicta la siguiente

S E N T E N C I A:

I.) Consideráse que el apelante de fojas 2128 ha cumplido con la carga impuesta por el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial.II.) Modifícase la sentencia de fojas 2098/2114 aumentando el monto de los conceptos incapacidad sobreviniente y daño moral a la suma de pesos doscientos mil $ 200.000 cada uno, y disponiendo el inicio del cómputo de los intereses fijados en primera instancia recién desde la fecha del dictado de la sentencia allí recaída.

III.) Confírmase la sentencia de fojas 2098/2114 en todo lo demás que hubiere sido materia de agravios.

IV) Impónese las costas del recurso de la parte actora en un ochenta (80) por ciento a las codemandadas y en un veinte (20) por ciento a la apelante; las de sendos recursos del piloto y Aeroclub Mar del Plata codemandados en su totalidad a los recurrentes; y las del recurso de la citada en garantía Caja de Seguros S.A. en un sesenta (60) por ciento al impugnante y el restante cuarenta (40) por ciento por su orden en razón de que la cuestión del diez a quo de los intereses no fue promovida en esos términos en la instancia de origen ni defendida en esta instancia por la actora (arts. 68 párr. 1°, 70 inc. 1° y 71 del CPCC). V.) Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 decr. ley 8.904/77).

NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 CPCC).

DEVUÉLVASE.-

RAMIRO ROSALES CUELLO

ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ

JOSÉ GUTIÉRREZ

– Secretario-