Rechazan amparo presentado frente a la postura de AFIP ante un concurso preventivo

afip-logoPartes: CCR S.A. s/ concurso preventivo s/ queja

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 7-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100419-AR | MJJ100419 | MJJ100419

Sumario:

1.-El amparo es un proceso excepcional, sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriéndose para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegalidad manifiestas, que configuren, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, solo eventualmente reparable por esa acción urgente y expeditiva.

2.-Entre las condiciones de procedencia de la acción sumarísima se encuentra, por un lado la necesidad de reparación urgente del perjuicio o cesación inmediata de los efectos del acto lesivo , y por otro, que la cuestión no deba sustanciarse por algunos de los procesos establecidos por el ordenamiento ritual u otras leyes.

3.-La acción de amparo es un proceso constitucional autónomo, caracterizado como una vía procesal expedita y rápida condicionada entre otros recaudos a que .no exista otro medio judicial más idóneo (art. 43 C.N), de manera tal que la invocación y acreditación de esa aptitud, es por tanto de inexcusable observancia por parte de quien acude a esta vía.

4.-Todo derecho subjetivo tiene sustento en una norma constitucional y frente a ello resulta claro que el amparo no será admisible por la sola invocación del derecho lesionado y viable sólo ante la inexistencia de otro medio judicial más idóneo.

5.-La acción de amparo presupone la existencia de un derecho o garantía incontrovertido, cierto, en que la arbitrariedad e ilegalidad debe ser manifiesta, lo que en el caso tampoco se verifica ( art. 1 ley 16986).

6.-Se frustra la procedencia del amparo cuando la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca no surge con total nitidez, resultando por tanto ajenos a esta acción todas aquellas cuestiones que sean opinables o bien, requieran de un mayor debate y aporte probatorio, excediendo por tanto las posibilidades cognoscitivas propias de esta acción el examen acerca de la validez o procedencia de una resolución administrativa. (art. 2 inc. d , ley 16986).

7.-El Tribunal tiene la facultad de examinar el mérito sustancial de admisibilidad de la demanda en aquellos supuestos de evidente improcedencia de la vía elegida para alcanzar la pretensión.

8.-Aún resultando improcedente la acción de amparo iniciada y no pudiendo soslayarse que en la pretensión se evidencian aspectos inequívocamente concursales con implicancias relevantes en el marco de los concursos agrupados que tornan necesario atender en el marco del proceso universal, bajo trámite incidental, sumado a la solicitud de medidas cautelares concretas sobre la extensión o suspensión del período de exclusividad, ello convencen al Tribunal que sea el magistrado del proceso universal quien entienda en la causa, a los fines de evitar que decisiones que pudieren recaer en la misma, entren en contradicción con otras y las que pudieran adoptarse en el ámbito concursal. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 7 de julio de 2016.

Vistos:

1. El examen de las actuaciones revela que la concursada dedujo en forma liminar recurso de avocación de este Tribunal en los términos que se desprenden del escrito obrante a fs.351/60.

En línea con ello, solicitó la suspensión del procedimiento concursal y en subsidio extensión del período de exclusividad.

Fundó la petición en que la eventual revocatoria de la sentencia interlocutoria dictada el 14 de abril dispuesta por el magistrado de grado en el incidente n°38314/2014/12 significará el apartamiento del Juez de la causa y su traslado al siguiente Juez de turno, por lo que solicitó al magistrado de grado que se abstenga de adoptar resolución en el proceso hasta tanto medie sentencia de esta Sala sobre el recurso planteado.

Destacó que no obstante ello, tal decisión suspensiva no ha ocurrido y la gravedad de los plazos hacen presagiar que el Magistrado habrá de tomar una decisión que causará un agravio irreparable, extremo que habilita a que el tribunal se avoque al tratamiento de la apelación y decida como medida cautelar la suspensión del trámite del concurso y los plazos en curso hasta que medie decisión definitiva respecto del amparo.

I. a Posterior a ello, denunció en el mismo expediente la indebida concesión de la apelación. Ratificó la queja del art. 284 Cpr.

Impugnó regulación del trámite y denunció apropiación del trámite de la Jurisdicción (v. fs. 364/370).

Sobre el particular señaló que el magistrado dictó sentencia en el incidente n° 12, proveyendo el recurso de apelación deducido por su parte contra la desestimación de la acción de amparo promovido contra las vía de hecho y la Resolución General 3857/2016 de la Administración General de Ingresos Públicos.Agregó que en dicha providencia por demás contraria al principio de la ley especial e incongruente con el modo de tratamiento que diera a la cuestión en la resolución del 14 de abril de 2016, el magistrado decidió conceder el recurso de apelación con efecto devolutivo y sustanciar sus fundamentos con la Sindicatura y la Administración Federal de Ingresos Públicos generando un gravamen irreparable que justificara la prevención que diera origen a la presentación directa que hiciera ante esta Sala el 20.4.2016.

En función de lo expuesto, ratificó la queja que dedujera con anterioridad y con fundamento explícito en lo dispuesto por el art. 284 del Código Procesal Civil y Comercial, solicitó se revoque la decisión que concede el recurso con efecto meramente devolutivo y se ordene la concesión como suspensivo.

2. a Señálase en primer lugar que la queja no constituye propiamente un recurso ni un medio de impugnación de los actos jurisdiccionales sino solo un modo de obtener la concesión de otro recurso declarado inadmisible. Además, el recurso de queja tiene otras aplicaciones dirigidas, no ya a la subsanación de la apelación denegada, sino al efecto en que haya sido concedido el recurso (conf. Fenochietto, Carlos, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Buenos Aires, 2001, T 2, pág.126 y sgtes.).

En línea con lo expuesto se ha sostenido que en tanto las providencias que conceden un recurso no son recurridas por igual vía, el remedio idóneo para revertir lo dispuesto -otorgamiento de efecto devolutivo al recurso- es deducir un recurso de queja en su oportunidad (CNCom sala E, 10-10-95, ” Mundo Electrónico SA s/ Concurso s/ queja”, LD- Textos).

A su vez, la admisibilidad del recurso de apelación se halla condicionada a que se derive de la resolución atacada la existencia de un requisito de índole subjetiva como es el agravio, ya que de otro modo no existe interés jurídicamente tutelable, recaudo genérico de los actos procesales de parte (Palacio Lino, “Derecho Procesal Civil”, T° V, pág. 85, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., feb. 1993).

b. Pretende la quejosa que la concesión del recurso de apelación de fs.722/735 en el expediente n° 38314/2014/12 lo sea con Q efecto suspensivo y no como lo concediera el magistrado de grado con q efecto devolutivo.

Siendo que en el caso de marras, la apelación introducida por la demandada lo fue respecto de la resolución dictada en fs. 711/718 que rechazó la vía de amparo y las medidas cautelares solicitadas en el ámbito de la misma, no cupo conceder el recurso de apelación con efecto devolutivo, pues el art. 15 de la ley 16.986 acuerda el recurso a “ambos efectos” o sea suspendiendo la aplicación de lo resuelto en primera instancia hasta tanto se expida la Alzada (cfr. Sagües, P.H. ” Derecho Procesal Constitucional – “Acción de Amparo” n° 230, pág 469; Rivas A. “El Amparo”, pág. 313; Gozaíni O. “Características de los recursos previstos en el juicio de amparo”, rev. La Ley, sup.Diario del 8.9.94).

De ello se deriva que dicho recurso ha sido erróneamente concedido; en tanto, cupo concederlo en relación y con efecto suspensivo, lo que significa que el cumplimiento de la sentencia se paraliza, se suspende, al quedar supeditada la validez del acto al juicio del tribunal superior, ya que no se encuentra expresamente previsto, para el caso que nos ocupa, su concesión con efecto devolutivo. Frente a ello, los traslados ordenados a la sindicatura y al organismo recaudador respecto de los fundamentos del recurso de apelación del incidente n° 12 devienen inoficiosos, ello sin perjuicio de lo que se resuelva al tiempo de la decisión del recurso en cuestión.

3. Sin perjuicio de lo expuesto, a tenor de la premura que revela el tema sometido a consideración en el expediente de amparo, derivada de la postura asumida por el organismo recaudador en el marco del concurso preventivo, cuyos agravios se centran en la decisión del Juez a quo emitida en el expediente en cuestión (inc. 12); evidentes razones de economía procesal aconsejan en la especie pronunciarse sobre la acción de amparo propuesta, máxime cuando en el caso se encuentran configurados todos los recaudos necesarios para habilitar el tratamiento de la decisión observada. Esto es, pronunciamiento del tribunal sobre la vía elegida; apelación y fundamentos del recurso (v. fs.722/36).

Sentado ello, se pasa a considerar los agravios del recurrente formulados en el expediente caratulado “CCR S.A s/ concurso preventivo s/ amparo e inconstitucionalidad de la RG 4857/2016”, que tramita bajo n° 30314/2014/12.

El recurrente se quejó básicamente de la decisión del magistrado obrante a fs. 711/18 alegando en lo sustancial que:a) la decisión impugnada desconoce en forma manifiesta los principios esenciales del derecho, esquiva la realidad acreditada en el expediente y subvierte la jerarquía establecida en el orden jurídico nacional, subordinando la vigencia y alcance de los principios y garantías constitucionales a una interpretación particular y dogmática de la legislación concursal, dotada de un evidente exceso ritual que posterga la axiológica básica de la organización republicana nacional; b) es falso que la pretensión de inconstitucionalidad encierre la correlativa de reemplazar la libre voluntad del acreedor para expresarse favorablemente o de un modo particular e indirecto de excluir a un acreedor de la base de un cómputo; c) no se da el caso de una exclusión típica ni la existencia de abuso de derecho como para hacer una ampliación analógica de las causales consideradas por el art. 45 de la L.C.; d) no ha solicitado exclusión alguna del acreedor sino la aplicación de los reglamentos vigentes al momento de la solicitud por su parte, que se pretendieron modificar con posterioridad con efectos retroactivos.

En forma liminar cabe señalar, que el amparo es un proceso excepcional, sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriéndose para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegalidad manifiestas, que configuren, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, solo eventualmente reparable por esa acción urgente y expeditiva (Cfr. CNCom Sala A, 16/06/99, “Peirano Lamanna Horacio c.Multicanal SA s/ amparo ídem “Gonzalez Juan Angel c/ Páginas de Negocios SA s/ amparo” del 13/11/07).

Entre las condiciones de procedencia de esa acción sumarísima se encuentra, por un lado la necesidad de “reparación urgente del perjuicio” o “cesación inmediata de los efectos del acto lesivo”, y por otro, que la cuestión “no deba sustanciarse por algunos de los procesos establecidos” por el ordenamiento ritual u otras leyes.

Del relato efectuado por la actora, no se advierte que se verifiquen los recaudos condicionantes para su procedencia, por no concurrir los presupuestos del art. 1 y 2 de la ley 16986.

Es que la materia de agravio explicitada por la amparista, además de ser opinable y requerir mayor debate y prueba es propia del fuero Contencioso Administrativo que establece un trámite impugnativo específico que en el caso no aconteció.

Destácase que la acción propuesta es un proceso constitucional autónomo, caracterizado como una vía procesal “expedita y rápida” condicionada entre otros recaudos a que “.no exista otro medio judicial más idóneo.” (art. 43 C.N); que como se adelantara en el caso no se desprende.

La invocación y acreditación de esa aptitud, es por tanto de inexcusable observancia por parte de quien acude a esta vía. Todo derecho subjetivo tiene sustento en una norma constitucional. Frente a ello resulta claro que el amparo no será admisible por la sola invocación del derecho lesionado y viable sólo ante la inexistencia de otro medio judicial más idóneo. Asimismo, la acción de amparo presupone la

existencia de un derecho o garantía incontrovertido, cierto, en que la arbitrariedad e ilegalidad debe ser manifiesta, lo que en el caso tampoco se verifica ( art.1 ley 16986).

Por consiguiente se frustra también la procedencia del amparo cuando la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca, no surge con total nitidez, resulta ndo por tanto ajenos a esta acción todas aquellas cuestiones que sean opinables o bien, requieran de un mayor debate y aporte probatorio, excediendo por tanto las posibilidades cognoscitivas propias de esta acción el examen acerca de la validez o procedencia de una resolución administrativa. (art. 2 inc. “d”, ley 16986).

Frente a ello, la decisión del juez a quo, en cuanto rechazó la acción propuesta no se evidencia pasible de reproche.

4. Sin perjuicio de ello, sabido es que el Tribunal tiene la facultad de examinar el mérito sustancial de admisibilidad de la demanda en aquellos supuestos, como en el sub examine, de evidente improcedencia de la vía elegida para alcanzar la pretensión.

Desde esta perspectiva, no puede soslayarse que en la Q pretensión, se evidencian aspectos inequívocamente concursales con implicancias relevantes en el marco de los concursos agrupados que tornan necesario atender en el marco del proceso universal, bajo trámite incidental.

En efecto, a tenor de la exposición contenida en el escrito introductorio es claro que el resultado de los planteos formulados tienen implicancias directas en el trámite de los concursos agrupados por el que transita la deudora, habida cuenta que se encuentra en pugna la forma de pago de un acreedor.En el caso la Afip.

Además no puede soslayarse las vicisitudes que el planteo trae aparejado respecto con los plazos del concurso, en tanto el transcurso del tiempo y las tramitaciones que conlleva la sede administrativa no concuerdan con los términos en que se desarrolla el proceso universal.

Súmase a lo expuesto que la presentación viene acompañada de solicitud de medidas cautelares concretas sobre la extensión o suspensión del período de exclusividad, lo que convencen a esta Sala que sea el magistrado del proceso universal quien entienda en la causa, a los fines de evitar que decisiones que pudieren recaer en la misma, entren en contradicción con otras y las que pudieran adoptarse en el ámbito concursal.

Por ello, en uso de las facultades del art 274 LC, resulta atinado subsumir el planteo dentro de la esfera incidental prevista en los términos del art. 280 de la ley 24522 que también contiene un procedimiento abreviado, que se adecua a la tutela de urgencia que corresponde atender en función de los intereses involucrados, debiendo el magistrado de grado ordenar las medidas pertinentes.

No cambia las cosas que el Juez se haya expedido sobre la cuestión.

Ello a juicio de esta Sala no importó prejuzgamiento. Primero porque se pronunció respecto de la inadmisibilidad del amparo. Y en segundo lugar, porque el trámite incidental dispuesto en la esfera del proceso universal, requiere un trámite de bilateralidad, indagación, prueba y decisión de fondo, donde nadie mejor que el juez del concurso debe evaluar dentro del proceso universal en el que entiende.

5.Por otro lado, surge de modo prístino que las consecuencias de la resolución cuestionada, gravitarían en la suerte del concurso preventivo de las sociedades agrupadas, involucrando a los acreedores en general que han acompañado con su conformidad la propuesta de acuerdo de los deudores; y especialmente, a los trabajadores de las concursadas, quienes podrían ver afectada su fuente laboral con las implicancias que de ello se deriva.

De suerte, que las particulares circunstancias, y las peticiones que emergen de las distintas presentaciones traídas a consideración de este Tribunal, aconsejan disponer como medida cautelar “la prohibición de innovar” sobre el estado de la litis del concurso preventivo de la sociedades agrupadas, hasta que recaiga decisión pertinente sobre las cuestiones planteadas en el trámite incidental aquí ordenado. Ello encuentra fundamento en la necesidad de evitar daños manifiestamente no subsanables con posterioridad, cuyo encuadre normativo se desprende de los arts. 230 y concordantes del Código Procesal. Sobre esta disposición nuestro máximo Tribunal ha resuelto que la medida de “no innovar” constituye un arbitrio tendiente a preservar la razón de ser de la función jurisdiccional, cuyo objeto es la conservación durante el juicio del statu quo erat ante (CSJN, 7.5.98, E.D. 19-3-99, p.34).

Desde esa perspectiva y con carácter cautelar, corresponde disponer la suspensión de las actuaciones de los concursos agrupados que dado el trámite conferido en función del proceso concursal, puede estimarse que el mismo no puede demandar mayor tiempo en su tramitación.

A todo evento se señala que los argumentos que avalan el otorgamiento de la medida cautelar, en momento alguno deben ser interpretados como una adelanto de decisión favorable a la pretensión de fondo, pues lo decidido en el presente, atento las peculiaridades del caso, no tiene otra trascendencia que no sea la de atender a la tutela cautelar y provisional, dentro del cual agota toda su virtualidad.

6. Por lo expuesto, se resuelve:

Admitir la queja, conceder en relación la apelación de referencia con efecto suspensivo.

Dejar sin efecto los traslados ordenados respecto de los fundamentos del memorial y disponer cautelarmente la medida de “no innovar” con el alcance dispuesto.

Disponer la adecuación de la vía intentada al trámite previsto por el art. 280 y sgtes. de la ley 24522, encomendándose al magistrado disponer las diligencias pertinentes a tal fin.

Remítase este cuadernillo a los efectos de ser agregado a sus antecedentes, encomendándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (Cpr 36: 1°) y las notificaciones pertinentes.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Rafael F. Barreiro

María Eugenia Soto – Prosecretaria de Cámara