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En casos complejos, la relación de confianza médico-paciente debe primar por sobre los prestadores de la cartilla

medico-pacientePartes: B. R. D. O. B. y otro c/ Obra Social del Personal de la Industria del Plástico s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: I

Fecha: 22-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101201-AR | MJJ101201 | MJJ101201
Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la medida cautelar a fin de obtener por parte de la obra social demandada la cobertura médica para la cirugía de reconstrucción de labio y nariz bilateral, pues no resulta antojadiza la pretensión de la accionante de requerir su intervención en el establecimiento elegido, sino más bien fundada en la relación de confianza médico paciente.

2.-El argumento de la recurrente en torno a que se violentan legítimos derechos, toda vez que lo obliga a cumplir con la prestación al margen de sus obligaciones en un centro médico que no se encuentra dentro de su listado de prestadores no ha de tener favorable acogida, pues ha de darse solución inmediata e impedir que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con la tutela de orden constitucional, lo cual se produciría si el reclamo de la actora tuviese que aguardar al inicio de un nuevo proceso.

Fallo:

La Plata, de septiembre de 2016.- Y VISTOS: Este expediente N° FLP 27355/2016/CA1, caratulado: «B. R. D., O. B. Y OTRO c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO s/AMPARO LEY 16.986», proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Lomas de Zamora N° 3.- Y CONSIDERANDO QUE:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por la demandada, contra la resolución del juez de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada, y en consecuencia, ordenó a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO, que en forma inmediata arbitre los medios necesarios a fin de que le otorgue al menor L. B. C. A., la cobertura médica para la cirugía de reconstrucción de labio y nariz bilateral (fs. 148/154 y 125 respectivamente).

II. Los agravios de la recurrente son:

a)Señala que la medida cautelar solicitada violenta legítimos derechos que asisten a su conferente, toda vez que lo obliga a cumplir con la prestación al margen de sus obligaciones; concretamente, en un centro médico que no se encuentra dentro de su prestador.

b)Sostiene que en las presentes actuaciones la medida cautelar solicitada se confunde con el objeto de la acción principal.

c) Manifiesta que la medida que impugnan, admitida en un proceso de naturaleza excepcional como es el amparo, cuyo marco acotado de debate dificulta la discusión de los aspectos que singularizan la situación de los actores, no resulta ajustada al derecho.

III. El sub examine exige de la magistratura una solución expedita y efectiva frente a la magnitud de los derechos constitucionales conculcados y la eventual concreción de un daño irreparable; en el caso se encuentra afectada la salud de la accionante (conf. doctrina de la CSJN en Fallos: 324: 2042; 325:3542; 326:970, 1400 y 4981; 327:1444; P. 1425. XL. «Poggi, Santiago Omar y otra c/ Estado Nacional y otra s/ acción de amparo», fallo del 7/12/04; L. 1566. XXXIX.»López, Miguel Enrique Ricardo c/ Buenos Aires, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ acción de amparo» , fallo del 15/03/05; A. 1530. XL. Albarracín, Esther Eulalia c/ Buenos Aires, Provincia de (Minist. de Salud) y otro (Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo» , fallo del 14/12/04, E.D. 24 05 05 (supl.), nro. 248.; entre otros).

Como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30 y 532; 323:1877 y 324:2042).

Por otro lado, los recaudos para la procedencia genérica de las medidas precautorias previstos por el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se hallan de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar.

Dentro de aquéllas, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos: 325:2347; E. 366. XXXVIII. «Energía Mendoza S.E. c/ AFIP- DGI y Ots.s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad» , fallo del 30/09/03).

En tal sentido, es de la esencia de la medida cautelar innovativa enfocar sus proyecciones en tanto dure el litigio sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos: 325:2367).

IV. El derecho a la vida ha sido considerado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos:

302:1284, 310:112; R.638.XL., 16/05/06 – «R., N.N. c/ INSSJP s/ amparo»).

También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes).

A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), la Corte ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho Fecha de ñrm&ia^vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y 323:1339).

En ese marco, la Ley N° 23.661 instituyó el sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de asegurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica.Con tal finalidad, dicho seguro ha sido organizado dentro del marco de una concepción «integradora» del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden «su participación en la gestión directa de las acciones» (art. 1). Su objetivo fundamental es «proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación.». Asimismo, «se consideran agentes del seguro a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye.» (art. 2).

V- Sobre la vía procesal utilizada, las particulares circunstancias que rodean el caso, por encontrarse comprometidas prerrogativas constitucionales que hacen al derecho a la salud y a la vida indican que no resultaba razonable ni fundado impedir la continuidad de un procedimientos cuyo objeto es lograr soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual cabe encauzarlas por vías expeditivas- entre las cuales se encuentra, lógicamente, el juicio de amparo contemplado en el art. 43 de la Constitución Nacional-, y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con especial resguardo constitucional (conf. Fallos: 329:2179). Sobremanera cuando el nuevo art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo (conf. Fallos:330:4647).

El amparo es el procedimiento judicial más simple y breve para tutelar real y verdaderamente los derechos consagrados en la Constitución Nacional; tiene por objeto una efectiva protección de derechos y resulta imprescindible ejercer esa vía excepcional para la salvaguarda del derecho fundamental de la vida y de la salud (conf. Fallos: 329:255; 326:4931).

Por el contrario, en atención a la naturaleza de los daños invocados, que involucran la violación del derecho a la salud, sólo podrían alcanzar una protección ilusoria por las vías ordinarias (Fallos: 330: 520; 329:4741).

El máximo Tribunal ha interpretado que atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva este tipo de pretensiones. Para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con la tutela de orden constitucional, lo cual produciría si el reclamo de la actora tuviese que aguardar al inicio de un nuevo proceso.

VI- Sentado lo expuesto, corresponde destacar que este Tribunal ha resuelto en numerosos precedentes que no resulta antojadiza la pretensión de la accionante de requerir a la demandada la cobertura de su intervención en el establecimiento elegido, sino más bien fundada en la relación de confianza médico- paciente (conf. ésta Sala en Expte. N° 17510/11 «ZECHNER, Sandra Neri y Otro c/ Austral Médica S.A. s/ Amparo», fallo del 5 de julio de 2011, Expte. N° 17727/11 «PEDEMONTE, Sandra Mariel y Otro c/ O.S.U.T.H.G.R.A. s/ Amparo», fallo del 8 de noviembre de 2011, Expte. N° 18064/12 «MARAÑON, Ana Macarena c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación -CSJN- Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación s/ Amparo Ley 16986», fallo del 8 de mayo de 2012 y Expte. N° 18234/12 «DULAU DUMM, Agustina – Zavatti, Néstor Leandro c/ OSPJN – Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación s/ Amparo Ley 16986», fallo del 30 de agosto de 2012).

VII- En el caso, resulta comprobado que la actora es afiliada de la O.S.P.I.P, y que el objeto de la acción principal, es obtener para el menor la cirugía solicitada, gastos y honorarios que la misma demanda y su posterior tratamiento, también con sus accesorios (conf. fs: 7, 8 , 9, 14 y 23). En efecto, la realización del tratamiento al menor fue efectuada y en consecuencia, se dio por cumplida la medida cautelar solicitada (conf. fs. 159, 160 y 161).

Por ello, en orden a las consideraciones que anteceden, el Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso interpuesto, y en consecuencia, CONFIRMAR la resolución apelada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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