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La requisa policial sin orden judicial en válida en un evento realizado en un espacio público

requisa-policialPartes: D. L. s/ recurso de casación

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 1-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-100907-AR | MJJ100907 | MJJ100907
Sumario:

1.-Debe revocarse la resolución que decretó la nulidad de lo actuado y sobreseyó a la imputada ya que el análisis de los antecedentes del caso permite concluir que estaban configuradas las circunstancias que exige el art. 230 bis del CPPN. para que el personal policial realizara una requisa sin orden judicial en tanto se trata de funcionarios que pertenecían a la División de Precursores Químicos, que fue comisionado para prevenir ilícitos en infracción a la Ley 23.737 en el marco de un evento realizado en un espacio público y que observó a la imputada manipulando una bolsa en su riñonera, las que configuran el elemento objetivo requerido por la norma mencionada.

2.-Es procedente revocar la declaración de nulidad de lo actuado por personal policial en un evento llevado a cabo en un espacio público al estar acreditado que fundaron su accionar en circunstancias objetivas y concomitantes que justificaron el procedimiento al observar a la imputada manipular una bolsa, máxime si se tiene en cuenta que se encuentra comprometida la intervención estatal en el cumplimiento de obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, uno de los tipos de delito más graves que el Estado debe combatir (del voto de la Dra. Figueroa por sus fundamentos – mayoría)

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 1 (un) días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la doctora Ana María Figueroa como Presidenta, y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal General en esta causa CFP 1533/2014/CFC1, caratulada: «D., L. s/recurso de casación», de cuyas constancias RESULTA:

I. Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en la causa CFP 1533/2014/1/CA1 de su registro mediante sentencia de fecha 9 de septiembre de 2014, resolvió: «I. REVOCAR la resolución obrante en copias a fs. 6/9vta. en cuanto rechazó la nulidad planteada por la defensa.

II. DECLARAR la NULIDAD del procedimiento que dio inicio a las presentes actuaciones y de todo lo obrado en consecuencia y, como corolario, SOBRESEER a L. D., dejando expresa constancia de que la formación del presente legajo no afecto el buen nombre y honor del que hubiera gozado (arts. 167 inc. 2º, 168, 172 y 336 inc. 2º del Código Procesal Penal de la Nación)» (cfr. fs. 24/26).

II. Contra dicha resolución, la señora Fiscal General, doctora Eugenia Anzorreguy de Silva, interpuso recurso de casación a fs. 27/31 vta., el que fue concedido a fs. 33/ vta., y mantenido en esta instancia a fs. 40.

III.La recurrente sostuvo que el a quo efectuó un análisis rigorista de la ley sin precisar fehacientemente, en el caso, cuáles son las razones que permiten excluir la sospecha alcanzada por el personal policial actuante para requisar a la imputada.

Señaló que el presente caso se discuten las facultades pesquisitivas y prevencionales propias de las fuerzas preventoras, para actuar sin excesos y dentro del debido marco legal.

En este sentido, alegó que «[.] el proceder policial no puede cuestionarse sobre la base de afirmaciones que aparecen como meramente dogmáticas y falsas de correspondencia con los dichos prestados bajo juramento por personal de las Fuerzas de seguridad.

Solicitó que se anule la resolución impugnada e hizo reserva del caso federal.

IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., se presentó el defensor particular de L. D. y solicitó que se rechace el recurso de casación interpuesto.

V. Que superada la etapa prevista por los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N. de lo que se dejó constancia a fs. 49, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Ana María Figueroa.

El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:

I. Inicialmente, corresponde señalar que el recurso de casación interpuesto es formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida es de aquéllas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (art. 459 del C.P.P.N.), los planteos realizados encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del código ritual.

II.En primer lugar, resulta útil recordar, a los fines de efectuar el examen reclamado por la recurrente, cuál ha sido el hecho que originó las presentes actuaciones.

Las mismas tuvieron inicio el día 22 de febrero de 2014 en virtud de la detención de L. D. en el marco del evento «Buenos Aires Ultra», el cual se realizó en el interior del Parque de la Ciudad, por parte de personal policial perteneciente a la División Precursores Químicos de la P.F.A.

Se le secuestró a la nombrada en la riñonera que portaba, 21 cápsulas de color verde y blanda, las cuales contenían en su interior una sustancia en polvo de color blanca, además de otra bolsa con 34 pastillas de color rosa.

Del informe elaborado por el Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina surgen que las cápsulas secuestradas resultaron contener «MDMA» (éxtasis), y pesar aproximadamente y por promedio 6,195 gramos en total, mientras que las pastillas contenían una sustancia llamada DIETILPROPION, más conocido como ANFERPAMONA, también incluido en la ley. 23.737.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal declaró la nulidad del procedimiento que originó las presentes actuaciones y de todo lo obrado en consecuencia y dispuso el sobreseimiento de L. D.

Para así decidir, el a quo, por mayoría, sostuvo que «[.] en el presente caso, el procedimiento policial cuestionado no cumplió con las condiciones a las que el art. 230 bis [del] CPPN sujeta la validez de las requisas sin orden judicial. Del relato de los preventores no se verifican razones de carácter objetivo que permitan arribar a una sospecha concreta. En este sentido, el sólo hecho de manipular una bolsa no alcanza para tener por satisfechos estos requisitos, ni puede ser un fundamento suficiente para legitimar la intromisión en el ámbito de privacidad o intimidad de las personas» (cfr. fs.25).

La recurrente sostiene que la requisa realizada por los agentes policiales en el interior del Parque de la Ciudad donde se estaba llevando a cabo el evento «Buenos Aires Ultra», debe ser convalidada.

Al respecto, alega la existencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar la medida invasiva efectuada.

III. Ahora bien, luego de analizar de manera pormenorizada los antecedentes del caso advierto, tal como sostiene la recurrente, que en el caso se encontraban configuradas las circunstancias que exige el art. 230 bis del C.P.P.N. para que el personal policial realice una requisa, sin orden judicial.

En efecto, en su declaración el Sargento Primero, Luciano Sandra Alicia, relató que fue comisionado a constituirse en el interior del Parque de la Ciudad a los efectos de efectivizar la prevención de actividades en infracción a la ley 23.737 en el evento «Buenos Aires Ultra».

En esa oportunidad, cuando se encontraba próximo al sector de los baños, divisó a la imputada introducir su mano en el interior de una riñonera que llevaba y manipular una bolsa que se encontraba en el interior de la misma, la que observó detenidamente y volvió a guardar.

Frente a dicha circunstancia y ante la posibilidad de encontrarse frente a una conducta tipificada por la ley de estupefacientes se trasladó a la imputada hasta el sector de ingreso y se la requisó en presencia de dos testigos, extrayéndose del interior de la riñonera que llevaba una bolsa con veintiún (21) cápsulas de color verde y blanca las que contenía en su interior una sustancia en polvo, dentro de otra bolsa treinta y cuatro (34) pastillas de color rosas con polvo dentro de las mismas, la suma de novecientos setenta y un pesos ($971) y un teléfono «Blackberry».

De lo expuesto, se advierte que el procedimiento llevado a cabo el día 22 de febrero de 2012 en el cual se requisó a la imputada y se la detuvo por haberse hallado en su riñonera material estupefaciente, cumplió con los requisitos establecidos en el art.230 bis del C.P.P.N.

La perspectiva más adecuada para realizar el análisis acerca de la validez de una requisa policial es aquélla que tiene en cuenta la totalidad de las circunstancias y particularidades del caso concreto.

Ésta es la óptica que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos in re «United States v. Cortez» (449 U.S 411, 417) y en «Alabama v. White» en cuanto sostuvo que el análisis de la totalidad de las circunstancias que rodean la diligencia («the whole picture») constituye el criterio seguido a fin de determinar si existe «causa probable» o «sospecha razonable» para efectuar requisas sin orden judicial.

En primer lugar, es aquí reproducible aquello que sostuve al votar en primer término en la causa Nro. 3048 «AYAVIRI HUANCA, Cándido s/ recurso de casación» (Reg. Nro.

3982, rta. el 22/4/02), también tenido en cuenta en parte en la causa 5217 «CAMACHO, Jorge Luis s/ recurso de casación» (Reg. Nro. 5217, rta. el 29/9/03), ambos de esta Sala IV, en punto a que «.[l]a Ley Orgánica de la Policía Federal establece como función de la Policía la de ‘prevenir los delitos de la competencia de los Jueces de la Nación’.» (arts. 3.1 de la mencionada ley -Nro. 14.467 y sus modificatorias-). Asimismo, el decreto reglamentario señala que «.[c]omo policía de seguridad la Policía Federal debe velar por la estabilidad de los poderes de la Nación, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y asegurar el libre ejercicio de las instituciones políticas.» (art. 57) y más adelante «.[p]or prevención del delito debe entenderse toda actividad de observación y seguridad destinada a impedir la comisión de los actos punibles y a recoger elementos de juicio sobre las actividades de las personas de quienes se suponga fundadamente intenten cometerlos o hagan del delito su profesión habitual.» (art.64).

«La función policial no es sólo represiva sino también preventiva, facultad esta última, que no puede desconocerse; [.] La misma reglamentación señala que ‘las facultades expresamente enunciadas en la Ley Orgánica de la Policía Federal no excluyen otras que en materia no prevista sean imprescindibles ejercer por motivos imperiosos de interés general relacionados con el orden y seguridad públicas y la prevención del delito» (art. 94 del decreto 6.580/58).

En segundo término, debo recordar que también he tenido oportunidad de expedirme en el sentido de que si bien, por regla, el magistrado instructor es la autoridad competente para ordenar, mediante auto fundado, la requisa de una persona, extendido el concepto al cuerpo, ropas y efectos que porta (art. 230 del C.P.P.N.), como excepción, siempre que existan «motivos suficientes» de sospecha razonable en cuanto a la posible comisión de un delito y urgencia para proceder, la autoridad policial está facultada para disponer requisas sin orden judicial, dando inmediato aviso a la autoridad judicial competente (art. 184, inc. 5°, del C.P.P.N.), siendo facultad de los jueces su ulterior control (Causa Nro. 487, «HERSCOVICH, Mario A. s/ recurso de casación», Reg. Nro. 799, rta. el 3/4/97; Causa Nro. 4134, «CALDERÓN PINO, Daniel B. s/ recurso de casación», Reg. Nro. 5508, rta. el 1/3/04) Por su parte, el art. 230 bis, incorporado al código de rito por la reforma operada por la ley 25.434 establece, en cuanto aquí interesa, que «.[l]os funcionarios de la policía y fuerza de seguridad, sin orden judicial, podrán requisar a las personas e inspeccionar los efectos personales que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y buques, con la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo de acuerdo a las circunstancias particulares de su hallazgo siempre que sean realizadas:a) con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado; y, b) en la vía pública o en lugares de acceso público [.] Tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la inspección de vehículos».

En tal sentido, y tal como lo he sostenido en el citado precedente «Herscovich», es importante saber, en cada caso puntual, sobre qué elementos de juicio la prevención determinó el estado de sospecha respecto del individuo sometido a requisa personal.

En esta dirección, corresponde recordar que nuestro Máximo Tribunal tiene dicho que «[.] así como es exigible la existencia de los elementos objetivos para evaluar la razonabilidad de la sospecha necesaria para el dictado de una medida que pueda afectar garantías fundamentales, ese mismo parámetro debe aplicarse cuando los jueces resuelven invalidar diligencias que, por haber sido dispuestas con acreditación de esos requisitos, no merecen reparados constitucionales» (cfr. CSJN «Stancatti, Oscar s/ causa nº 462/2013, CSJ 57/2014 (50-S) /CS1, sentencia del 24/5/16, cons. 8).

La presunción debe existir en el momento mismo en que se lo intercepta pues es allí cuando la policía debe tener ya razones suficientes para suponer que una persona oculta en su cuerpo cosas probablemente relacionadas con la comisión de un delito; de lo contrario, una aprehensión ilegal a su inicio no puede quedar validada por su resultado.

Entonces, son las circunstancias del caso en particular: que el personal policial a cargo del procedimiento pertenecía a la División de Precursores Químicos, que fue comisionado para prevenir ilícitos en infracción ley 23.737 en el marco de la fiesta «Buenos Aires Ultra», y que observó a la imputada manipulando una bolsa en su riñonera, las que configuran el elemento objetivo requerido por el art. 230 bis del C.P.P.N.

IV. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo:I.HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal General, doctora Eugenia Anzorreguy de Silva, REVOCAR la resolución recurrida y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal a quo, sin costas en la instancia.

II. Tener presente la reserva del caso federal.

El señor juez doctor Mariano H. Borinsky dijo:

Que por coincidir sustancialmente adhiero a la posición del Dr. Gustavo M. Hornos, por lo que voto por hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Sra.

Fiscal General, doctora Eugenia Anzorreguy de Silva, revocar la resolución recurrida y remitir las presentes actuaciones al tribunal a quo, sin imposición de costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

La señora jueza, doctora Ana María Figueroa dijo:

Coincido con el voto del Dr. Hornos – que cuenta además con la adhesión del Dr. Borinsky – y, en tal sentido, estimo acertados los fundamentos que el colega expone para hacer lugar al recurso deducido por la representante del Ministerio Público Fiscal y, consecuentemente, revocar la resolución recurrida.

Al respecto – y tal como acertadamente se sostiene en el voto que lidera este acuerdo – debe decirse que el análisis de la validez de un procedimiento exige que se tomen en cuenta todas las circunstancias vinculadas al mismo. Por tales motivos, yerra el tribunal a quo al afirmar que el comportamiento de la imputada, que motivara el actuar policial, consistió en el «sólo hecho de manipular una bolsa», pues ello implica una indebida fragmentación de un cuadro fáctico mucho más amplio, que otorgaba a dicha acción un posible sentido ilícito que, en el caso, motivó una razonable sospecha por parte de los preventores.

Por último, resulta conveniente destacar, asimismo, el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino en la persecución del tráfico internacional de estupefacientes, mediante la aprobación de la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Ley 24.072, B.O.14 de Abril de 1992). En dicha Convención, los Estados Partes reconocieron que la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de todos los Estados y que, a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco de la cooperación internacional. A su vez, establecieron también que el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional, cuya supresión exige urgente atención y la más alta prioridad.

El Estado Argentino al ratificar la mentada Convención, se obligó a extremar los recaudos para la persecución del tráfico ilícito de estupefacientes, cuando pueda tratarse de casos que versen sobre el tráfico internacional de sustancias estupefacientes, recaudos entre los que no cabe excluir la debida observancia a la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones y privacidad (arts. 18 y 19 CN), extremos que han sido observados en las presentes actuaciones.

En el caso, y como ya se dijera, las fuerzas de prevención fundaron su accionar en circunstancias objetivas y concomitantes que justificaron el procedimiento, máxime si se tiene en cuenta que se encuentra comprometida la intervención estatal en el cumplimiento de obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, uno de los tipos de delito más graves que el Estado debe combatir.

Por los argumentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Sra. Fiscal General, Dra. Eugenia Anzorreguy de Silva, revocar la resolución recurrida y remitir las presentes actuaciones al tribunal a quo, sin costas.

Tal es mi voto.

La doctora Ana María Figueroa participó de la deliberación y emitió su voto, pero no firma la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 399 del C.P.P.N.).

En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal General, doctora Eugenia Anzorreguy de Silva, REVOCAR la resolución recurrida y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal a quo, sin costas en la instancia (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y comuníquese (Acordadas C.S.J.N. Nº 15/13, 24/13 y 42/15). Remítase la causa al tribunal de origen. Sirva la presente de muy atenta nota de envío.

ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ CASACION

MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL

GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION Firmado(ante mi) por: DRAGONETTI, ELSA CAROLINA, SECRETARIA DE CAMARA

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