Daño punitivo: indemnizan a quien adquirió un celular con desperfectos y no accedió a una reparación ni cambio del terminal

celularPartes: R. J. L. M. c/ T. P. SA s/ daños y perjuicios

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe

Sala/Juzgado: 7ma nom.

Fecha: 24-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-100781-AR | MJJ100781 | MJJ100781

cuadro

Sumario:

1.-Procede condenar a la empresa de telefonía celular a abonar una suma en concepto de daño punitivo al cliente que adquirió un teléfono que presentó desperfectos y no fue reparado ni reemplazado estando en el período de garantía, pues reconoció su responsabilidad al proponer en sede administrativa una solución de la controversia, lo cual importó asumir la responsabilidad del incumplimiento originado a partir del desperfecto comprobado, máxime cuando luego aquel se vio obligado a promover acciones judiciales.

2.-Es procedente condenar a la empresa de telefonía celular a abonar al actor una indemnización por daño moral al estar acreditado que le vendió un equipo defectuoso que no fue reparado ni reemplazado estando en el período de garantía, lo cual imposibilitó la utilización del servicio telefónico contratado, lo cual vulnera el trato equitativo y digno que consagra el sistema tuitivo de los consumidores, ocasionando con ello lesiones como la aflicción, angustia, padecimientos o inconvenientes, que influyen negativamente en la vida diaria y que generan en su autor la obligación de reparar.

3.-La empresa de telefonía celular debe reintegrar al actor los gastos por privación del uso de un teléfono celular que presentó defectos y no fue reparado ni reemplazado, porque resulta incontrastable el hecho de que dicha situación generó la privación de su uso debiendo el nombrado no sólo sufragar el abono mensual del servicio de telefonía celular sino incurrir lógica y naturalmente en otros gastos para suplantar la falta del servicio prestado por la demandada.

Fallo:

N.R.: Se advierte que la sentencia no se encuentra firme.

SANTA FE, 24 de Junio de 2016

AUTOS Y VISTOS: estos caratulados “R., J. L. M. contra T. P. SA sobre DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. CUIJ 21-01955020-3), de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación; de los que,

RESULTA:

1. El señor J. L. R., por su propio derecho, promueve demanda de cumplimiento de contrato y/o resarcimiento monetario en caso de negativa, abono de daño punitivo e indemnización por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, contra la empresa T. P. SA. (fs. 14/22) .

Indicó que el vínculo contractual con la accionada ha sido en la modalidad de prestación de telefonía celular y adquisición de terminal con esa finalidad y que siendo cliente del servicio de telefonía celular (identificado con el nro.), con abono comprensivo de telefonía móvil y servicio de internet, adquirió el 19.12.2013 un equipo Motorola modelo XT 925, a un valor promocional y por abono en cuotas sin interés por tarjeta de crédito VISA, con garantía de un año desde su adquisición, debitándose las cuotas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014.

Luego, sostuvo que en fecha 13.6.2014 el equipo telefónico deja de funcionar en forma sorpresiva e imprevista, efectuando el reclamo a la demandada, quien le indicó que debía concurrir al servicio técnico obligatorio encargado de las reparaciones oficiales para el mantenimiento de la garantía, brindado por la firma C. W.y que al dirigirse a ese lugar le fue recibido el reclamo, dejó el equipo contra entrega de la orden de reparación N° 00031056 y que tras treinta días sin obtener respuestas, intimó a la accionada por pieza postal (N° CU 77820384-4 del 14.7.2014) para que le entregue en reposición un equipo nuevo con la garantía correspondiente, idéntico al adquirido, ya que no fue reintegrado ni reparado el originario tal como era su obligación, requerimiento del que no obtuvo respuestas, como así tampoco en la instancia conciliadora ante la Dirección General de Comercio Interior y Servicios provincial.

En cuanto a los daños soportados, sostiene que no solo ha sufrido menoscabo en su persona debido a la frustrada adquisición del teléfono, sino que también se ha visto perjudicado en su actividad profesional como abogado. Afirma haber cumplido con todas las obligaciones a su cargo, no así la empresa demandada y su servicio técnico, que han efectuado diversas maniobras que demuestran un actuar negligente causándole perjuicios como consumidor, ya que no subsanaron un problema pese a estar debidamente anoticiados por la intimación antes referida.

En cuanto a la responsabilidad que imputa a la demandada, dice que si bien el equipo adquirido es de marca Motorola, es decir, no es de su fabricación directa, es solidariamente responsable de los elementos que pone a la venta, conforme lo dispone el art. 52 de la ley 24.240, por el incumplimiento que genera la imposibilidad de uso, la privación del equipo por defectos del mismo, el lapso de tiempo de pretensa reparación y su negligente accionar en la debida sustitución del equipo.

Respecto a los rubros reclamados, requiere: a) por daño material por incumplimiento contractual: que el equipo sea sustituido por uno de valor equivalente a elección del actor, el que estima a la fecha en la suma de $ 5.400 o, bien, conforme al art.1204 del Código Civil que lo autoriza a demandar la resolución contractual aunque se hubiese demandado el cumplimiento del contrato y la sustitución dineraria actualizada del bien contratado con más los demás rubros pretendidos; b) reintegro de los gastos por privación del uso del bien: reclama la suma de $ 5.000 atento a que se vio obligado a realizar gastos de telefonía fija, en locutorios y que se ha visto privado del servicio telefónico y de internet previsto en el abono; c) daño punitivo: el cual estima deberá ser graduado según la cuantía del daño y conforme la conducta asumida por la accionada; d) daño moral: atento al padecimiento sufrido exige la suma de $ 10.000 y/o lo que en más o menos se establezca; y e) intereses y costas.

Cita doctrina y jurisprudencia, funda su demanda en derecho y ofreció valerse de la prueba documental, documental intimativa, confesional e informativa. Requerido que precise el monto reclamado (f. 25), lo estimó a foja 26 en importes idénticos a los señalados y por los rubros aludidos.

2. Proveída de conformidad la demanda (f. 35), a la que se le imprimió el trámite del juicio sumarísimo, la accionada compareció a estar a derecho y contestó la demanda solicitando sea rechazada con costas (fs. 44/48).

En su responde, efectúa una pormenorizada negativa de todos los hechos invocados por la actora, afirmando que la pretensión del actor es improcedente ya que no tiene sustento fáctico y carece de elementos vinculantes, indicando que del escrito de demanda no se observan más que una enumeración desordenada de fechas, presuntas omisiones e incumplimientos, reclamos y actuaciones administrativas carentes de un hilo lógico o referencia temporal, lo que demuestra la endeblez de su pretensión. Además, aseveró que es erróneo el encuadre en la ley de defensa del consumidor como así también no se acredita nexo causal ni el daño invocado.

Ofreció prueba confesional, pericial, documental en poder de terceros e informativa.

3.Ordenadas las medidas conducentes para recibir la prueba admitida (f. 49), fue celebrada la audiencia de vista de la causa en fecha 28.4.2016 con la comparecencia de ambas partes (f. 56), oportunidad en la que se dispuso el pase a resolución y que deja estos autos en condiciones de ser decididos; y,

CONSIDERANDO:

1. Conforme surge del relato precedente y atento al responde de la demanda efectuado por la parte accionada, corresponde iniciar este derrotero con el análisis del encuadre jurídico del caso debatido en estos caratulados, más precisamente, hay que desentrañar si el vínculo que liga a las partes resulta alcanzado por las normas consumeriles -como postula el actor- o si las mismas les resultan ajenas -como alega su contraria-. Es que esta última sostiene que con R. no la vincula una relación de consumo con R. al carecer el nombrado del carácter de consumidor.

No le asiste razón en su postulación.

En efecto: en forma reiterada se ha dicho que “gráficamente, si la finalidad de un contrato -en el caso el que vincula a T. P. S.A. con el usuario- es la prestación del servicio de telefonía móvil el contrato es de consumo, la relación es de consumo y el derecho aplicable es el derecho de los consumidores” (Sup. Trib. Justicia Río Negro, Sala 04, “Decovi c. Amparo colectivo”, 01.3.06, Sumario nro. F0025389, ttp://www.saij.gob.ar/docs-f/dossierf/defensa_del_consumidor.pdf), extremo que el actor ha probado conforme la documental reservada en Secretaría -en particular, las cinco facturas emitidas por T. P. S.A. a nombre de J. L. M. R.y los cuatro resúmenes de cuenta de tarjeta de crédito, material al que luego me referiré más extensamente-, sin que sea necesario aludir a otras probanzas en este aspecto, lo que -a su vez- no se ve modificado por lo manifestado por la parte accionada en el sentido de que el actor, por ser abogado, utiliza ese servicio para su ejercicio profesional y comercial toda vez que esta construcción no altera la naturaleza propia de la relación de consumo cliente-empresa que, en el caso, se originó por la prestación del servicio de telefonía celular y adquisición de terminal a estos fines.

En tales condiciones, sabiendo que “. hay consumo cuando no hay reventa de lo adquirido.” (Santarelli, Fulvio G. en “Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada”, Directores Picasso y Vazquez Ferreyra, T. I, La Ley, Bs. As., 2009, pág. 33), R. resulta alcanzado por el artículo 1 de la ley consumeril que entiende por consumidor o usuario “a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”. A tal punto ello es así que de entenderse lo contrario, como postula T. P. S.A., se llegaría al absurdo de que un profesional del derecho que contrata servicios o compra insumos para su quehacer abogadil, como bien podrían ser útiles y artículos de librería, quedaría excluido de la aplicación de esa normativa para tales operaciones (se daría una situación verdaderamente extrema y paradojal que lo colocaría para estos casos en un estado de “muerto consumeril”) (En punto a lo cual, es sumamente atinado recurrir a Zygmunt Bauman y Tim May a fin de entender y explicar como funciona la relación de consumo: “El acceso al consumo pasa por el mercado y por actos de adquisición de mercaderías.Hay pocas cosas que se puedan consumir sin antes comprarlas y estos productos a menudo se despliegan como los cimientos para la construcción de estilos de vida reconocibles”, en “Pensando Sociológicamente”, Nueva Visión, Bs. As., 2007, pág.184).

Resumiendo, en el sub judice se presenta un vínculo entre las partes alcanzado por las normas tuitivas citadas (art. 3 de la ley 24.240 y sus modif.) que -como se dijo- determina la aplicación de ese estatuto que, en rigor, regula lo que la propia Constitución Nacional denomina “relación de consumo” (CN 42), y sus disposiciones afectan no sólo normas de derecho civil, sino también comercial, procesal, administrativo, penal, etc,”…para comprenderlas e integrarlas sistemáticamente” (Kemelmajer de Carlucci, Aída y Tavano de Aredes, María. “La protección del consumidor en el derecho privado”, Derecho del Consumidor 1991, Nº 1 página 11)”.

2. Sentado lo cual, y no obstante la referencia ya efectuada al material fáctico de autos, debe efectuarse el análisis íntegro del mismo dada la controversia que a su respecto formuló la parte accionada.

Como se dijera, el reclamo del actor se sustenta, primeramente, en la relación contractual que lo vincula con T. P. S.A. mediante la modalidad de prestación de servicio de telefonía celular y adquisición de terminal a esos fines, señalando que es cliente de esa empresa por abono mensual identificado como N°., contando con servicio de telefonía móvil e internet, habiendo adquirido el 19.12.2013 un equipo Motorola, modelo XT 925, nuevo, en caja cerrada con garantía de un año, que fue pagado en cuotas sin intereses por tarjeta de crédito Visa.

Esos hechos, a pesar de la negación puntual que se efectuara en el responde del escrito introductorio, resultan probados por R., tal como se dijo en el ordinal anterior. Efectivamente, ello surge de manera nítida de las cinco facturas emitidas por T. P. S.A.a nombre del accionante y que tengo a la vista por obrar reservadas en Secretaría para estos autos en las que de modo explícito se indica que “TU P. ES .” y de los cuatro resúmenes de tarjeta de crédito VISA que si bien son extendidos a nombre de “P. H. J.” incluye la tarjeta N° 7983 perteneciente a los “Consumos de J. R.” donde se imputa la operación “P. vta. equipos of come” realizada el 19.12.13 con indicación del importe a oblar.

Asimismo, esos extremos son corroborados por el resultado de la prueba confesional de la demandada ya que habiéndose decretado día y hora de audiencia para su recepción (f. 49) y estando debidamente notificada (fs. 51/52), sin justa causa no compareció a la misma, debiendo hacerse efectivos los apercibimientos decretados y de conformidad a lo prescripto en el artículo 162 del CPCC. Tenerla por confesa de las posiciones del pliego abierto obrante en el escrito de demanda (f. 21), sabiendo, además, que ninguna probanza en contrario ha arrimado la nombrada con fuerza tal de destruir dicha presunción. En punto a lo cual y en lo que aquí respecta, importa su confesión respecto de la venta del equipo marca Motorola, modelo XT 925, nuevo, en caja cerrada con garantía de un año desde su adquisición (posición nro. 1) y también que R. ostentaba el carácter de cliente de la demandada por contrato de servicio de telefonía celular de abono mensualizado (posición nro. 2). Por lo demás, lo dicho resulta coincidente con el resultado de la confesional del accionante (f.55). Para más abundar, hay que señalar que la accionada se ha desentendido por completo de acompañar elemento de convicción alguno -salvo la confesional del actor, cuyo resultado prueba en contra de sus postulados- aún cuando se observa que al evacuar el traslado de la demanda ofreció otras probanzas.

Así las cosas, resta continuar con el relato de los sucesos y la correspondiente valoración de los elementos de convicción colectados, para decir que R. siguió diciendo que el 13.6.14 la terminal adquirida dejó de funcionar por lo que realizó el correspondiente reclamo a T. P. S.A. quien indicó que el servicio técnico obligatorio encargado de las reparaciones era C. W. ubicado en calle . de esta ciudad, donde se apersonó, efectuó el reclamo y le recibieron el equipo, empero -continuó expresando- transcurrido el plazo de treinta días no tuvo ninguna respuesta en cuanto a su reparación o reemplazo pese a la intimación postal cursada.

Dichas circunstancias también han sido debidamente demostrados en la especie conforme la Orden de Reparación N° 001 000311056 acompañada por el actor (y que obra reservada para estos autos) correspondiente a un equipo “Mt XT 925” y con clara leyenda de haber sido emitida por “C. W.” el día 13.6.14; accionar que se corresponde con lo expuesto en la misiva con acuse de recibo de fecha 14.7.14. Y, por si algún resquicio quedaría, también avala este entendimiento la confesional ficta a la que me refiriera anteriormente (repárese, de modo puntual, en la posición nro. 3 que estipula, precisamente, la confesión del hecho de la intimación “por defecto y falta de reparación y entrega de equipo”; la nro. 4 que “nunca se le devolvió la terminal telefónica de su propiedad reparada ni fue sustituida por otra”; y la nro.5 “que el equipo defectuoso se encontraba dentro del período de garantía”).

Bajo tales consideraciones, y siendo a su vez que la parte demandada no ha arrimado elemento de convicción alguno en contrario cuando en su condición de prestataria del servicio de telefonía celular y también, en la especie, de parte contratante en la venta de un equipo móvil (más concretamente, el art. 53 de la LDC estipula: “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”), es quien se encontraba en una posición inmejorable para demostrar que los acontecimientos no sucedieron de la manera expuesta (esto lleva a la siguiente reflexión: ¡Quién mejor que la empresa para demostrar que el actor no era su cliente de telefonía celular y no le había vendido un aparato nuevo en las condiciones referidas!), debe concluirse que, efectivamente, R. era usuario del servicio de telefonía celular de T. P. S.A., que adquirió a esta empresa un nuevo equipo telefónico y que ante los desperfectos que presentó fue entregado para la correspondiente reparación sin que ésta se concrete causándole perjuicios que deben ser indemnizados al estar probado los perjuicios (el equipo defectuoso no fue reparado ni reemplazado estando en el período de garantía, imposibilitándole también la utilización del servicio telefónico contratado). A lo dicho, cabe agregar otro extremo que avala el entendimiento expuesto dado porque en forma previa a la instancia judicial el actor promovió instancia de solución amistosa del conflicto por ante la Dirección General de Comercio Interior y Servicios de la Provincia, fijándose audiencia, en la que la demandada ofreció el cambio del equipo comprado por otro similar, conforme acta reservada en Secretaría.

Consecuentemente, el incumplimiento contractual que R.le achaca a la empresa está demostrado y con ello -se adelanta- la existencia del daño material que invoca y que genera en la accionada la obligación de reparar, cuestión que se abordará a continuación.

3. Como quedó demostrado debe concluirse en que T. P. S.A. ha incurrido en el incumplimiento contractual que R. le endilga, debiendo -en consecuencia- responder por los daños ocasionados conforme las normativa aplicable (LDC, art. 17: “Reparación no Satisfactoria. En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede:.” y art. 40 : “Responsabilidad. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”), con más razón si se observa en que la profesionalidad de la empresa le exigía actuar adoptando las medidas necesarias y conforme a la más eficiente prestación del servicio y prevención de riesgos (arg. art. 42 CN, para más ver Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada”, 4° edición ampliada y actualizada, 7° reimpresión, T. I, La Ley, Bs. As., 2014, págs. 579 y ss.). Es que, por ese carácter, su conducta debe ser juzgada dentro de un estándar compatible con tal calidad profesional (Alterini A., “Responsabilidad profesional: el experto frente al profano”, LL 1989-E, 847), que ha estado ausente en la especie al igual que la demostración de que el daño le ha sido ajeno.

a.Por tanto, en primer lugar, cabe reconocer el daño material por incumplimiento contractual siguiendo lo dispuesto en el artículo 40 bis de la ley 24.240 y sus modif. (“Daño directo. Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción y omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios”) (conc. art. 17, inc. B, LDC), debiendo estimarse, tal como lo pide R. (f. 26) y según las probanzas valoradas, en la suma de $ 5.400.

b. En segundo término, el reintegro de los gastos por privación del uso del bien también será acogido por el importe reclamado en tanto resulta incontrastable el hecho de que los desperfectos sufridos por el celular adquirido, que R. entregó para su reparación a C. W. (ver constancias documental ya referida), generó la privación de su uso debiendo el nombrado no sólo sufragar el abono mensual del servicio de telefonía celular sino incurrir lógica y naturalmente en otros gastos para suplantar la falta del servicio prestado por T. P. S.A,. quien, vale iterar, debiendo arrimar elementos de convicción para cuestionar este rubro al estar en óptimas condiciones para hacerlo, nada ha acreditado.

Coadyuva a esta conclusión la interpretación pro consumidor consagrada expresamente en el artículo 3 de la ley 24.240 y sus modificatorias. En este sentido se ha dicho que “dado que lo habitual, en el marco de las relaciones de consumo es que, los usuarios y consumidores, sean el sujeto débil de la misma, frente al proveedor, quien puede obtener beneficios incausados ya que se encuentra en una mejor posición en la relación jurídica de consumo, deben articularse los anticuerpos legales y sociales que intenten equilibrar dicho sistema.Uno de los principios en que se sostiene toda la construcción jurídica del sistema de tutela del derecho del consumidor es el ‘in dubio pro consumidor’. Dicho principio y la tutela general del derecho del consumidor, se sustenta en el reconocimiento de su situación de debilidad y desigualdad frente a los proveedores de bienes y servicios, situación que se acrecienta aún má s con los fenómenos de globalización económica.” (Ghersi, Carlos A. y Weingarten, Celia, -Directores-, “Tratado jurisprudencial y doctrinario Defensa del Consumidor”, T. I, La Ley, Bs. As., 2011, pág. 202).

Por ende, corresponde acordar al actor la suma reclamada de $ 5.000 por este concepto.

c. En tercer lugar, cabe expedirse sobre la procedencia del daño moral reclamado.

En este sentido, si bien como postula Lorenzetti, la reparación del daño moral contractual es de interpretación restrictiva y debe ser consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento (“Responsabilidad Civil. Doctrinas esenciales”, Parte General, T. I, La Ley, Bs. As., 2007, pág. 1424), ello debe matizarse en supuestos como el de autos, donde es el consumidor o usuario -parte débil de la contratación- quien efectúa el reclamo (art. 42 de la CN.). Efectivamente, “no estamos frente a un contratante más: él es un consumidor en una relación de consumo, que hizo necesaria una protección específica para la parte más débil de la estructura negocial que se concreta en la Ley de Defensa del Consumidor que vino a ampliar y profundizar, la tutela ya garantizada por el Código Civil con cuya estructura normativa se complementa, y por la Constitución Nacional a través de los arts. 42 y 43 a partir de la reforma de 1994” (Cám. Apel. Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Tercera, “Pérez, María Cristina c/ Telefónica de Argentina S.A. S/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual”, 05.8.14, MJJ87478).

Entonces, en estos actuados, T. P. S.A.ha vulnerado con su conducta el marco legal referido, “el trato equitativo y digno” que consagra el sistema tuitivo de los consumidores, ocasionando con ello lesiones en la parte débil de la contratación, como la aflicción, angustia, padecimientos o inconvenientes, que influyen negativamente en la vida diaria -tanto en su calidad como en su normal desenvolvimiento- del damnificado y que generan en su autor la obligación de reparar. (arts. 522, 1078 del CC.; cc. art. 1741 CCC.). Es que la demandada se ha despreocupado por completo de brindad aquél trato al consumidor produciendo padecimientos que superan los límites tolerables, sensación disvaliosa se ha visto potenciada por la necesidad de promover más de una vía para arribar a un pronunciamiento definitivo en el caso.

En concreto, las afectaciones que alega el accionando, que encuentran como primer hito el reclamo a la empresa por los desperfectos sufridos por el equipo comprado, pasando por dejar el mismo a los fines de su reparación, aguardar ésta, la frustración ante la ausencia de respuesta, el reclamo postal y posterior instancia extrajudicial de solución de la controversia, con más la imposibilidad de utilizar el servicio telefónico con sus consecuencias negativas en cuanto a la comunicarse, le han provocado -lo que es extensible a la vida de cualquier persona- una clara lesión a la esfera espiritual que supera los que comúnmente la jurisprudencia denominaba como “padecimientos propios de la vida en sociedad” y que, por tal razón, no resultaban indemnizables (Cám. Apel. Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Tercera, “Pérez., cit.). Su prueba, por ende, surge de los hechos mismos y se potencia en épocas actuales donde las comunicaciones -y la tecnología forman parte de la sociedad contemporánea en sus diferentes manifestaciones al dar origen a objetos prácticamente indispensables del quehacer cotidiano del hombre medio.Se han generado necesidades donde antes no las había y el avance incesante de lo tecnológico va creando -y sosteniendo- su propia existencia aún a falta de una determinada demanda popular.

Para más, hay que decir que como sostuve en la causa “Fernandez c. Nuevo Banco de Entre Ríos y ot. s. Ordinario” (Res. N° 54, F° 471, T° 31, 18.2.15), “la situación fáctica que precedió al inicio de estos actuados se vio caracterizada por un ‘permanente peregrinar’, infructuoso por cierto, del demandante en procura de obtener respuesta del accionado, no pudiendo soslayarse el desgaste que ocasiona ese constante ‘golpear puertas’ y el tiempo que ello insume -en el caso, el actor hace más de dos años que brega por una solución-. Además, es claro el sentido de frustración que cualquier consumidor u usuario padece ante el poderío de los ‘fuertes’ de la contratación, que se refleja hasta en los más ínfimos incumplimientos contractuales que la vida moderna nos tiene acostumbrado. La sorpresa, la irritación y la desilusión son monedas constantes en los consumidores y/o usuarios”. En efecto, en materia consumeril estos padecimientos morales suelen ser los más habituales, incluso el consumidor común cuando contrata no entiende ingresar al “mundo de los negocios” sino que procura la satisfacción de sus legítimas expectativas por medio de un “mundo de connotaciones mas bien espirituales” (Stiglitz, Gabriel, JA, 1994-I-227).

De manera coloquial puede sostenerse que el mercado y los proveedores -T. P. SA. en el caso- no manifiestan interés en resolver los problemas de los consumidores luego de que estos hayan adquirido el bien o servicio. Por el contrario, ese desinterés deliberado como el que recae mayoritariamente en los consumidores conduce a una serie de padecimientos atravesados por la insatisfacción, la angustía, la resignación, sentimientos que solo pueden ser revertidos por medio de la adquisición de un nuevo producto de la misma clase. Como afirma Bauman “la pauta ética de la vida de consumo debe ser evitar la satisfacción duradera.En una sociedad que proclama que la satisfacción del cliente es su único motivo y propósito absoluto, un consumidor satisfecho no es un motivo o un propósito sino las más terrorífica amenaza” (“Vidas de consumo”, 1° ed., 2° reimpresión, FCE., Bs. As., 2011, pág.135).

Por lo tanto, de conformidad a la normativa citada y en virtud de lo dispuesto por el artículo 245 del CPCC. y de la valoración de los elementos referidos, estimo prudencial fijar en la suma de $ 10.000 el daño moral padecido por el actor.

d. En cuanto a los accesorios, los importes fijados precedentemente devengarán un interés a la tasa activa para operaciones de descuento de documentos que publica el Banco de la Nación Argentina desde el 13.6.14 (fecha de la constancia emitida por C. W.), estimada como razonable para el cómputo de este concepto a los fines de la reparación integral de los daños, y hasta el momento de su efectivo pago.

e. Por último, resta decidir el pedido de daño punitivo.

También en este aspecto asiste razón al actor.

Este particular instituto se encuentra previsto en el artículo 52 bis de la ley 24.240 y sus modificatorias, que establece: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que corresponda.”.

Al respecto, sin entrar a considerar las debates que el canon legal ha generado, más que señalar que en nuestro sistema este instituto está destinado a sancionar graves inconductas en que incurren los proveedores de servicios o cosas en la relación de consumo (Bru, Jorge y Stiglitz, Gabriel. “Manual de Derecho del Consumidor, Abeledo-Perrot, Bs. As., 2009, págs.389 y ss.) y que su finalidad está dada por disuadir al dañador, evitando la imitación de conductas similares, estimo decisiva la doctrina constitucional recientemente asumida por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en la causa “Borra” (A. y S., T. 266, pág. 463) cuando al anular el pronunciamiento recurrido por vía de la ley 7055 sostuvo que “no se escapa que cierta jurisprudencia y doctrina al interpretar el artículo 52 bis de la ley 24.240 adoptó un criterio de considerar insuficiente a la culpa como factor de atribución de responsabilidad, exigiendo una culpa agravada o una culpa más un plus (v. gr. López Herrera, Edgardo, Los daños punitivos en el Derecho argentino. Artículo 52 bis, Ley de Defensa del Consumidor, Lexis N° 003/013877; CCCom. De Salta, Sala I, 13.04.2011, “P., D. H. c/ Telecom Personal SA”, con nota aprobatoria de Ondarcuhu, José I., Los daños punitivos vienen marchando en la jurisprudencia nacional, en L.L. 2011-C-123; CCCom. 3° Nom. de Córdoba, 17.04.2012, “Teijero, Luis Mariano c/ Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG s/ Abreviados, otros”, R. y S. 2012-V-160; CNCom., 26.04.2011, “Fasan, Alejandro c/ Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados”); pero el hecho de asumir dicha exégesis normativa, no excusaba al A quo de la obligación de realizar una valoración racional de los hechos de la causa, máxime cuando resultan relevantes para decidir la litis”.

Y es, precisamente, que siguiendo este examen que estipuló el Alto Tribunal llego al convencimiento de que en la especie corresponde admitir el reclamo.Ello así, por cuanto el iter fáctico demuestra que el actor, cliente de la demandada, ha tenido por parte de ésta el reconocimiento de su responsabilidad al efectuar en la audiencia celebrada por ante la Dirección General de Comercio Interior y Servicios de la Provincia -a la que ya me he referido- una propuesta de solución de la controversia consistente en “cambiar el equipo por otro similar al que poseía el reclamante” y que si bien hizo la aclaración que era sin reconocer hechos ni derechos, la misma no excusa su responsabilidad del hecho en tanto dicha proposición importaba asumir la responsabilidad del incumplimiento originado a partir del desperfecto comprobado del equipo adquirido por R. Dato fundamental que debe correlacionarse con lo siguiente: la mencionada audiencia se concretó el día 25.9.14, es decir, a tres meses de haber dejado el aparato para la reparación, y luego de ello -por no existir acuerdo- R. tuvo que iniciar el presente juicio por ante estos estrados en procura de la satisfacción de sus derechos y en el cual T. P. SA. ha limitado su conducta a la negación por la negación misma. Ello, en palabras de la Corte, “trasluce claramente un estado de hechos decisivos para la determinación de la procedencia del daño punitivo” en tanto la valoración racional de la conducta desplegada por la Entidad demandada -que además en este pleito y como se expuso reiteradamente ningún elementos de convicción ha acompañado para sustentar su postura- conduce a ese resultado.

Por tanto, con la prudencia que debe guiar la aplicación de esta consecuencia (Rusconi, Dante D. -Director-, “Manual de Derecho del Consumidor”, Abeledo- Perrot, Bs. As., 2015, pág.593), evaluando la gravedad del hecho, las circunstancias del caso y el tinte ejemplificador que por naturaleza presenta el rubro a los fines de evitar incurrir en nuevos incumplimientos tanto por el aquí accionado como por otros proveedores, estimo acordar al actor -quien, como se relatara en este fallo dejó librada su graduación a lo que razonablemente estime este Juzgador según la intencionalidad, gravedad, reincidencia y demás circunstancias relevantes- la suma de $ 20.000, que deberá ser abonada por la demandada en el plazo de diez días del dictado de esta resolución y que, en caso de no ser atendida, generará intereses a la tasa referida ut supra a partir de ese momento.

4. En cuanto a los gastos causídicos, serán impuestas en su totalidad a la demandada (art. 251 CPCC.).

Por todo lo expuesto y lo dispuesto en las normas legales citadas, RESUELVO: 1. Hacer lugar a la demanda interpuesta y, en consecuencia, condenar a T. P. S.A. a pagar al actor los importes determinados en los Considerandos que anteceden con más sus accesorios en la forma dispuesta para cada uno de los rubros. 2. Costas a la vencida. 3. Oportunamente regular los honorarios profesionales.

Regístrese y hágase saber.