Corresponde la intervención en co-administración de una sociedad hasta tanto se dicte sentencia en el proceso que la involucra

sociosPartes: Doméstico Lucía Susana y otro c/ Buceta Elena Francisca y otros s/ ordinario, Incidente de medida cautelar

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 12-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100372-AR | MJJ100372
Sumario:

1.-La intervención judicial, en cualquiera de las formas previstas legalmente, es un instituto con características singulares y de excepción. De ahí que, como línea de principio, deba inscribirse dentro de un criterio restrictivo de aplicación, para evitar una injustificada intromisión o interferencia en los negocios de la sociedad, provocando un daño mayor del que se quiere evitar.

2.-Corresponde prorrogar la co-administración dispuesta por el plazo de seis meses, cuando se advierte que si bien se produjo una normalización en la vida de la sociedad en lo que hace al manejo administrativo (logrado como consecuencia de la designación de una persona ajena al ámbito natural societario); subsiste el conflicto habido entre los socios, en especial, cuando del acta de la asamblea surgen dudas sobre el devenir en el funcionamiento del ente, fundamentalmente en lo que hace a la imposibilidad de toma de decisiones en razón del porcentual que cada uno de los sectores ostenta y el diverso criterio reflejado en la misma.

3.-Siendo que la intervención judicial ha sido ordenada, claramente, en miras a la preservación del interés objetivo de la sociedad (art. 113 LSC), se estima que, aún ponderando el carácter provisional y transitorio de toda intervención judicial, que la aquí dispuesta ha de mantenerse hasta tanto se dicte sentencia en las presentes actuaciones o, en su caso, se modifiquen las cuestiones de hecho oportunamente valoradas para disponer la medida de intervención en grado de co-administración -las cuales a la fecha persisten-, lo que será valorado llegado el momento oportuno. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 12 de julio de 2016.

Vistos:

1. Viene apelado por la parte actora el decisorio de fs. 493/4 mediante el cual el magistrado de grado rechazó la prórroga solicitada de la medida cautelar oportunamente dispuesta (v. fs. 506).

El recurso se sostuvo con la expresión de agravios de fs. 516/521 que fuera contestada en fs. 545/553.

2. a. Fracasada la audiencia a los fines conciliatorios dispuesta por este Tribunal en fs. 559 (v. acta de fs. 560 y su continuación en fs. 561), corresponde decidir el recurso incoado por la demandante.

b. Ya tiene dicho esta Sala, que la intervención judicial, en cualquiera de las formas previstas legalmente, es un instituto con características singulares y de excepción.

De ahí que, como línea de principio, deba inscribirse dentro de un criterio restrictivo de aplicación, para evitar una injustificada intromisión o interferencia en los negocios de la sociedad, provocando un daño mayor del que se quiere evitar (cfr. Zaldívar, E. y otros, Cuadernos de Derecho Societario”, Abeledo Perrot, 1976, T. III, p. 394; arg. arts 114 LSC y 225 CPCC; esta Sala, 18/2/10 “Mayor, Marcela S. c/Faigelbaum, Marcelo Adrián y otro s/dilig. preliminar” ; íd. Sala C, 31/10/08, “Farengo, Pablo c/Síntesis Química SA s/med. caut. s/inc. de apelación”; íd. Sala B, 17/2/99 “Gonzalez, Carlos c/Propulsora Industrial San Luis SA. s/med. caut.”, entre otros).

Sentado ello, la decisión que ahora debe adoptarse, no puede ser tomada con prescindencia de aquellas circunstancias que han sido objeto de análisis por esta Alzada con anterioridad (vgr., lo decidido por esta Sala en 18/6/2015 en el expte n° 27189/2014/1).

Asimismo, en el presente incidente en la misma fecha este Tribunal ordenó prorrogar la co-administración dispuesta por el plazo de seis meses, en los términos señalados en el pronunciamiento de fs.423/5.

Para así decidir se tuvo en cuenta que, si bien produjo una normalización en la vida de la sociedad en lo que hace al manejo administrativo (logrado como consecuencia de la designación de una persona ajena al ámbito natural societario); subsiste el conflicto habido entre los socios.

En tal sentido, resultó determinante, el contenido del acta glosada en fs. 240/1, habiéndose concluido que su lectura genera cierto margen de duda sobre el devenir en el funcionamiento del ente, fundamentalmente en lo que hace a la imposibilidad de toma de decisiones en razón del porcentual que cada uno de los sectores ostenta y el diverso criterio reflejado en la misma.

Se señaló puntualmente, que “si bien finalmente se decidió llevar adelante las medidas de normalización, sobre todo en los aspectos bancarios y fiscales, lo cierto que el Sr. Mariano Lanfranchi en su carácter de Presidente en ejercicio de “Gran Playa Lomas SA” no compartió ninguna de las propuestas presentadas por el auxiliar designado por el Tribunal. Y así lo dejó sentado en dicha acta, de la que puede extraerse a modo de síntesis que: (a) prefería mantener la operatoria al margen del sistema en razón de la desconfianza en los bancos; (b) en que el depósito y la extracción de los fondos tiene un costo fiscal del 6,2% razón por la cual si se depositara la suma conservada por la sociedad fuera del sistema financiero que a ese momento ascendía a más de un millón de pesos, el costo sería importante; (c) que de esa suma más de $600.000 corresponden a utilidades acumuladas y que el resto es para atender futuros desembolsos; (d) que es habitual que los bancos congelen fondos, refiriendo a un conflicto que se suscitara con la AFIP”.

Con posterioridad al mentado pronunciamiento, el co¬administrador designado, en la presentación obrante en fs.446/7 ha reiterado que al estar dividido el capital entre los accionistas por partes iguales y existir empate en las votaciones por su situación de conflictividad, se ha producido un evidente bloqueo en el funcionamiento de las asambleas para la toma de decisiones y, por ende, para el funcionamiento normal de la sociedad en pos de la prosecución del objeto social, habiendo agregado que “. pareciera que esta situación no va a cambiar por lo menos de inmediato”.

Posteriormente, en los informes que lucen en fs. 485/6 y 495 el co-administrador informó que a partir de la reanudación del cargo mantuvo reuniones con las partes y sus letrados, de forma separada y también conjuntamente, a efectos de llegar a un acuerdo para poner fin al pleito, las cuales no concluyeron con éxito.

Pues bien, llegada esta altura de la causa y siendo que la intervención ha sido ordenada, claramente, en miras a la preservación del interés objetivo de la sociedad (art. 113 LSC), estima esta Sala -aun ponderando el carácter provisional y transitorio de toda intervención judicial- que la aquí dispuesta ha de mantenerse hasta tanto se dicte sentencia en las presentes actuaciones; o, en su caso, se modifiquen las cuestiones de hecho oportunamente valoradas para disponer la medida de intervención en grado de co-administración -las cuales a la fecha persisten-, lo que será valorado llegado el momento.

Ciertamente, el co-administrador designado se encuentra cumpliendo la labor encomendada, no advirtiéndose -ni ha sido acreditado en forma alguna- perjuicio o deterioro que haga peligrar la operatividad del ente.

Sin perjuicio de lo arriba expuesto, ha de encomendarse a las partes y al Sr. Juez a quo a adoptar a las medidas necesarias a los fines de una pronta resolución del presente litigio.

3.Corolario de lo expuesto, se resuelve:

Disponer que la intervención de la sociedad en grado de co¬administración debe ser mantenida hasta tanto se dicte sentencia en las actuaciones principales.

Las costas de Alzada se distribuirán en el orden causado, atento las particularidades que rodean la presente (art. 68:2 Cód. Procesal).

El doctor Rafael F. Barreiro no interviene en la presente decisión por encontrarse en uso de licencia por razones académicas (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional)

Notifíquese (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Julia Morón – Prosecretaria de Cámara