Los martilleros públicos están obligados a cumplir con un régimen informativo en materia de subastas o remates

subastaPartes: Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 3-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100665-AR | MJJ100665 | MJJ100665
Sumario:

1.-Procede confirmar el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución General N° 3724 de la AFIP, que establece un régimen de información respecto de los remates o subastas, cualquiera sea la forma o modalidad en que se instrumenten, ordenados o dispuestos por: a) los jueces o tribunales de cualquier jurisdicción, b) los Estados Nacional, Provinciales, Municipales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los entes autárquicos o descentralizados dependientes de ellos, c) las demás personas físicas o jurídicas de derechos público o privado, instituyendo a los martilleros públicos como obligados, pues no es una normativa irrazonable y procura tutelar la recaudación de impuestos.

2.-Siendo que la AFIP constituye la mayor fuente de ingresos del Estado Nacional, no resulta desproporcionado el medio instaurado por la Res. Gral. N° 3724, en cuanto establece un régimen de información respecto de las operaciones de compraventa de bienes efectuadas en remates o subastas, considerando asimismo que ha sido dictada en ejercicio de las facultades previstas en el art. 7(rEF:LEG4135.7) del Dec. 618/97 para conseguir también uno de sus objetivos primordiales, que es combatir la evasión impositiva.

3.-La Res. Gral. N° 3724 de la AFIP no afecta el derecho constitucional a ejercer actividad lícita, porque sólo reglamenta los requisitos a cumplir por parte de los martilleros públicos en materia de remates o subastas públicas, sin perjuicio del reconocimiento que numerosos fallos han dado a la función de gobierno que cumplen los colegios profesionales, quienes ejercen el control y la organización del ejercicio profesional de sus matriculados.

Fallo:

Rosario, 3 de agosto de 2016.

Visto, en Acuerdo de la Sala “A”, el Expte. N° FRO 2545/2015, caratulado “COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE SANTA FE C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S/ AMPARO LEY 16.986” del Juzgado Federal de la ciudad de Santa Fe N° 1, Secretaría Leyes Especiales, del que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento del Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 57/61), contra la Sentencia de fecha 29 de junio de 2015, que no hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe, tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución General n°3724, con costas a la vencida (fs. 52/56vta.).

Concedido el recurso, se ordenó correr traslado de los agravios expresados (fs. 62), los que fueron contestados a fs. 63/70vta. Recibidas las actuaciones y notificada la nueva integración de la sala, pasaron al Acuerdo (fs. 76/77).

Los apelantes se agravian respecto de la potestad reconocida a la demandada para dictar la RG 3724 y de la razonabilidad de ésta.

En primer lugar, exponen que no desconocen el poder reglamentario que asiste a la AFIP, pero cuestionan la falta de legitimidad de la obligación impuesta con relación a terceros cuyos datos se les requiere con fundamento en la lesión al derecho de ejercer una actividad lícita (art. 14 CN), en las condiciones legalmente reglamentadas por la carga especial que se exige y en la extralimitación del organismo para disponer como lo hizo, lo que consideran que menoscaba la razonabilidad del acto impugnado, con la consiguiente lesión de los arts. 1 y 28 de la Carta Magna.

Siguiendo este orden de ideas, expresan que la legalidad y razonabilidad que deben dirigir la conducta administrativa se encuentran severamente comprometidas, al imponerse respecto de las subastas, obligaciones no estipuladas o previstas en la ley que reglamenta el ejercicio profesional (arts. 84 y ss.de la Ley 7547).

Efectúan una reseña del fallo apelado.

Consideran que en la sentencia impugnada se soslaya el análisis atinente a la naturaleza jurídica de la labor de martillero, especialmente en la esfera judicial, en cuanto es un auxiliar del juez, y en modo alguno cumple una tarea de intermediario, menos de tipo comercial o negocial. Agregan que sucede lo mismo con las subastas oficiales, donde el martillero actúa por delegación del poder administrador.

Afirman que la actuación de los profesionales en

dichos ámbitos es por delegación del juez o de la administración, limitando su actividad a la preparación y

celebración de la subasta. Agregan que, aun cuando intervienen en la celebración de ésta, el perfeccionamiento del negocio jurídico generado en la subasta es ajeno a la actividad del martillero, toda vez que la aprobación del remate e integración del saldo del precio resultante se producen con posterioridad a la misma y por actos procesales generados por otros sujetos, tales como los representantes de las partes y por el órgano jurisdiccional.

Reiteran -tal como lo expresaran al promover la demanda- que si lo que se pretende a través del régimen de Fecha de /Morm&ftión es adquirir conocimiento subre la realidad

íico (arts. 2 y 107 primer párrafo parte final, de la Ley 11.683) a fin de la determinación y percepción de los gravámenes, mal podría lograrse ello a través del martillero público, quien en el mejor de los casos sólo interviene y puede informar lo relativo a la inicialización del acto económico.Explican nuevamente que el martillero público ve acotada su actividad durante el proceso a la preparación y realización de la subasta y que en dicho trance podría aportar a la AFIP información equivocada, insuficiente o directamente, carecer de elementos para cumplir con el deber de información en cuestión.

En las condiciones enunciadas, estiman que resultaría dificultoso, cuando no imposible -agregan- adecuarse a los requerimientos prescriptos en la Resolución General de AFIP 3724, estableciéndose el cumplimiento de un objeto ajeno a su ámbito profesional o laboral, cuyo efecto se proyecta directa y negativamente sobre el derecho de ejercer la profesión, en menoscabo del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Manifiestan que de ello se deriva la irrazonabilidad en el contenido de la reglamentación, en contraposición a la norma del art. 28 de la Carta Fundamental. Explican que las reglamentaciones deben ser razonables, con condiciones y limitaciones adecuadas al espíritu y a la letra de las normas constitucionales, y que lo razonable es lo proporcionado al efecto, lo exigido por la igualdad y la equidad.

Citan jurisprudencia del alto tribunal sobre la mencionada pauta de razonabilidad.

Al respecto agregan que por vía reglamentaria la AFIP DGI ha modificado, sino derogado -aclaran- las disposiciones legales que regulan la actividad (Ley 7547 y Ley Nacional 20.266 ref. por Ley 25.028), en lo referente a la naturaleza jurídica y funciones propias de la actividad.

Finalmente, entienden que se ha resuelto la cuestión planteada por su parte a partir de fórmulas dogmáticas, sin que se observe en ningún pasaje de la sentencia el abordaje detenido y puntual -detallan- del problema generado a partir de la disposición emitida por la demandada y las implicancias concretas en el desarrollo de la actividad laboral.

Y Considerando:

1) Los señores Hugo J. Milia y Marciano G.Bertuzzi, martilleros y corredores públicos, en carácter de Presidente y Secretario respectivamente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe (Ley 7547), interpusieron acción de amparo contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución General N° 3724, que establece un régimen de información respecto de los remates o subastas de determinados bienes, cualquiera sea la forma o modalidad en que se instrumenten, ordenados o dispuestos por: a) los jueces o tribunales de cualquier

jurisdicción, b) los Estados Nacional, Provinciales, Municipales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los entes autárquicos o descentralizados dependientes de ellos, c) las demás personas físicas o jurídicas de derechos público o privado; instituyendo en calidad de obligados a cumplir con el régimen establecido a los martilleros públicos intervinientes en cada remate o subasta.

El juez de primera instancia rechazó la acción intentada.-Consideró fundamentalmente que la RG cuestionada,

el art. 35 de la Ley 11.683 y conforme el art. 563 del CPCCN, de ningún modo vulnera el derecho constitucional a trabajar, sino que reglamenta los requisitos a cumplir, como en el caso, el deber de informar.

Para así resolver tuvo en cuenta que el art. 35 de la Ley 11.683 otorga amplios poderes de verificación a la AFIP para fiscalizar la situación de cualquier presunto responsable, y que en ese marco de atribuciones no visualiza que se encuentre vulnerado el principio de legalidad, a más de la presunción de la que gozan los actos emanados de la Administración Pública. Asimismo, que el art.563 del CPCCN establece que el martillero sólo podrá tener intervención en lo que refiere a su actuación, en los términos establecidos en ese código o en otra ley.

Además de esto, consideró que tampoco se viola el principio de razonabilidad y proporcionalidad, debido a que no se desvirtuó con prueba clara y precisa la presunción de legalidad de las leyes.

En virtud de todo ello, concluyó que no resultaba palmaria la inconstitucionalidad alegada por los amparistas.

2) La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (cfr. Fallos: 314:424; 319:178; 266:688; 248:73; 300:241), y de “incompatibilidad inconciliable” (Fallos: 322:842; y 322:919); y cuando no exista la posibilidad de otorgarle una interpretación que se propias y de terceros que se vinculen con la materia imponible (.) Podrá también exigir que los responsables otorguen determinados comprobantes y conserven sus duplicados (.) Los libros y la documentación a que se refiere el presente artículo deberán permanecer a disposición de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en el domicilio fiscal.” (el subrayado no pertenece a la redacción original).

El art. 35 establece que: “La Administración Federal de Ingresos Públicos tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de períodos fiscales en curso, por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable.” (el resaltado no pertenece al texto original).

Por su parte, el art. 107 dispone que:”Los organismos y entes estatales y privados, incluidos bancos, bolsas y mercados, tienen la obligación de suministrar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a pedido de los jueces administrativos a que se refieren los artículos 9°, punto 1, inciso b) y 10 del Decreto N° 618/97, todas las informaciones que se les soliciten para facilitar la determinación y percepción de los gravámenes a su cargo. Las solicitudes de informes sobre personas -físicas o jurídicas- y sobre documentos, actos, bienes o derechos registrados (.) podrán efectivizarse a través de sistemas y medios de comunicación informáticos, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. (.) La información solicitada no podrá denegarse invocando lo dispuesto en las leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones que hayan determinado la creación o rijan el funcionami ento de los referidos Organismos y entes estatales o privados.”

A su vez, el Decreto Reglamentario de la Ley 11.683 (Decreto 1397/79), establece dentro de los deberes relativos de la fiscalización que: “Art. 48 – Los

contribuyentes o responsables deberán conservar los comprobantes y documentos que acrediten las operaciones vinculadas a la materia imponible, por un término que se extenderá hasta cinco (5) años después de operada la

prescripción del período fiscal a que se refieran. Igual obligación rige para los agentes de retención, percepción y personas que deben producir informaciones, en cuanto a los comprobantes y documentos relativos a las operaciones o transacciones que den motivo a la retención del impuesto a

las informaciones del caso.” (el resaltado en negritas no

pertenece a la redacción del texto original).

En este sentido, el Decreto n° 618/97 de

organización y competencia de la AFIP, al disponer en lo relativo a las facultades de reglamentación (art. 7), establece que el Administrador Federal estará facultado para impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en las materias en que las leyes autorizan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a reglamentar la

situación de aquellos frente a la Administración.Fija en

especial -y entre otras- la facultad para dictar normas obligatorias en relación a: “.2) Inscripción de agentes de información y obligaciones a su cargo (.) 6) Creación,

actuación y supresión de agentes de retención, percepción e información (.) 7) Libros, anotaciones y documentos que

deberán llevar, efectuar y conservar los responsables y aduana, agentes de transporte fijando igualmente los plazos durante los cuales éstos

deberán guardar en su poder dicha documentación y en su caso, los respectivos comprobantes. 8) Deberes de los sujetos mencionados en el punto anterior ante los requerimientos tendientes a realizar una verificación, requerir información con el grado de detalle que estime conveniente – de la

inversión, disposición o consumo de bienes efectuado en el año fiscal, cualquiera sea el origen de los fondos utilizados (capital, ganancias gravadas, exentas o no alcanzadas por el tributo)” (el subrayado no es original).

3) Expuesto el marco normativo, es preciso

señalar que los actores reconocen expresamente el poder

reglamentario que le asiste a la AFIP (fs. 57 vta.). De ello se colige que los recurrentes no controvierten la potestad del organismo para dictar la resolución en cuestión. No obstante, al desarrollar sus agravios, objetan la legalidad y razonabilidad de la normativa atacada.

Resulta oportuno señalar que la doctrina es uniforme al definir a la potestad de fiscalizar como la acción de control del correcto cumplimiento de las obligaciones y deberes formales que tienen los contribuyentes para con el fisco. Por su parte, la verificación implica comprobar si se produjo o no el hecho imponible. Esta comprobación, puede realizarse en verificaciones internas o externas o solicitando a terceros información de la verdadera situación fiscal de un contribuyente.

Estas facultades se encuentran dentro de la esfera de discrecionalidad de la que goza la AFIP para el cumplimiento de su fin inmediato, la percepción de los tributos.A su vez, han sido instauradas para la lucha contra la evasión fiscal, que constituyen el marco de una política preventiva.

Tal como lo explica parte de la doctrina “el artículo 35 de la ley 11.683 concede en sus tres primeros incisos muy amplias facultades a la Administración tributaria para recabar informaciones a los efectos de verificar y fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias por parte de los obligados o responsables, enumerando una serie de diligencias que la AFIP puede realizar con fines de fiscalización de las obligaciones tributarias, las cuales importan correlativamente obligaciones para contribuyentes y responsables y aun respecto de terceros relacionados con aquéllos o de cuya documentación pudieren resultar antecedentes de interés a efectos de las inspecciones. [.] además. uno de los exponentes máximos del auxilio que precisa la Administración tributaria para el ejercicio de sus funciones es la obtención de información, del propio sujeto pasivo o de terceros, útil o potencialmente útil para la gestión tributaria entendida ésta en su acepción más amplia, y constitucionalmente nada puede objetarse a estas facultades pues en definitiva el aportar datos e informes es una herramienta de vital importancia para lograr el objetivo primordial de contribuir al sostenimiento de los gastos de Estado, lo que en términos del Tribunal Constitucional español, según lo explica Herrera Molina, implica avalar la potestad de la inspección fiscal para obtener información por ser necesaria para el efectivo cumplimiento del deber de todos a contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, aunque ello no implica que la potestad de recabar información sea ilimitada, ya que encuentra freno dictores tales como el derecho a la cursiva no pertenece a la redacción del texto original) (Puccinelli, Oscar R. al citar a Álvarez Echagüe con Borgoña Sesma Sánchez – “TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA ESFERA DE LA ADMINISTRACIÓN. Hábeas data tributario y secreto fiscal” – Revista de Derecho Público – Año 2011 – N° 2 – Pág.149 – cita on line RC D 589/2013).

Si bien la doctrina no es unánime en considerar taxativa a la enunciación de las facultades del art. 35 de la Ley 11.683 -y sin perjuicio de la discrecionalidad técnica de la que venimos hablando- no puede obviarse que ha de existir un límite a tales potestades: no deben traer aparejados

perjuicios irrazonables para los obligados. Para ello, debe haber una necesaria correlación entre los objetivos del fisco y los derechos constitucionales frente a las pretensiones fiscales.

4) Sentados estos principios, corresponde determinar si al dictar la RG n° 3724 la AFIP – DGI ha excedido el marco de las facultades que de ella emergen tornando así su accionar ilegal o arbitrario.

En concreto, se estima que las disposiciones contenidas en la resolución atacada no resultan irrazonables, máxime cuando lo que se pretende tutelar es el cumplimiento del fin principal de la demandada, cual es, la recaudación de los impuestos.

En este orden de ideas, y atento que el organismo accionado constituye la mayor fuente de ingresos del Estado Nacional, no se encuentra desproporcionado el medio instaurado por la RG 3724, en cuanto establece un régimen de información respecto de las operaciones de compraventa de bienes efectuadas en remates o subastas. Además, dicha resolución se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el art. 7 del Dec. 618/97 para conseguir también uno de los objetivos primordiales de la accionada, combatir la evasión impositiva (ver Decreto 618/97, exposición de motivos, párrafos 8vo. y 9no.). Ello se logra requiriendo información respecto de hechos con relevancia tributaria, como en el caso de autos. Máxime, cuando esta información no se solicita para su divulgación, sino para ejecutar las funciones que le son propias en la fiscalización en cumplimiento de sus obligaciones (en igual sentido fallo del 21.02.1995 de la Cám. Nac. Apels. Civ. y Com. Fed. de la Capital Federal, Sala 1, y CSJN fallo del 13.02.1996 en autos:”DGI c/ Colegio Público de Abogados de la capital

Federal s/ Medidas Cautelares”).

Al respecto, se ha dicho que la desproporcionalidad entre los medios que el acto administrativo adopta y los fines que persigue la ley que dio al administrador las facultades que éste ejerce en el caso, torna nulo el acto. Tal enunciación se encuentra consagrada en el art. 7°, inc. f del decreto-ley 19.549/72, donde se expresa que “las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas” a la finalidad que resulte de las normas respectivas que otorgan las facultades pertinentes al órgano que se trata (Agustín Gordillo: “TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, Tomo 3, 5° edición, Fundación de Derecho

Administrativo, Cap. VIII-15 y 16), adecuación que se verifica en autos.

De igual modo, no se ve afectado el derecho constitucional a ejercer actividad lícita. La resolución atacada sólo reglamenta los requisitos a cumplir por parte de

los colegiados. Ello, sin perjuicio del reconocimiento que dado a la función de gobierno que control y la organización del ejercicio profesional de sus matriculados. Así, el deber de informar que pesa sobre éstos (que se encuentra dentro del ámbito de los deberes de

colaboración fiscal, reconocido en numerosos fallos de la Corte), ha sido reglamentado conforme las facultades

inherentes a la administración, lo que determina la legalidad de la norma atacada. Así lo dispone el art. 9° de la Ley de Martilleros (n° 20.266) referido a las obligaciones de los mismos, que en su inc. l) titulado “Otros deberes”, establece que en general, deben “.cumplimentar las demás obligaciones establecidas por las leyes y reglamentaciones vigentes”.

Sobre este tema el Tribunal Cimero sostuvo: “Dichos deberes (refiriéndose a los de colaboración) se encuentran destinados, básicamente, a lograr el concurso de aquellos sujetos que por la índole de las actividades que

desarrollan se encuentran en condiciones de procurar a la administración tributaria un conocimiento preciso de los hechos impositivamente relevantes para un mejor y eficaz cumplimiento de sus fines.6°) Que en orden a lo expuesto cabe advertir que la resolución general 4056/95 -dictada, como se señaló, en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por la ley 11.683 al director general del ente fiscal- persigue el propósito de “optimizar la acción

fiscalizadora y el control de las obligaciones fiscales” mediante la obtención de información relacionada con determinadas manifestaciones de capacidad contributiva, destinada a integrarse en una base de datos que mediante la util ización de sistemas computadorizados facilite el cruzamiento de información. Con esa finalidad, se instituyó a los escribanos de registro como agentes de información sobre determinadas operaciones de terceros en las cuales intervienen en razón de su cargo. [.] Como se observa, este ámbito material del deber de información se refiere a datos de estricta naturaleza identificatoria y de indudable trascendencia tributaria, en tanto atinentes a la comprobación e investigación de actos que resultan útiles para el adecuado control de las obligaciones cuya determinación y percepción el ordenamiento jurídico le ha encomendado a la Dirección General Impositiva.” (RECURSO DE ‘Silvia A. Suárez Bras c/ Dirección General Impositiva”, fallo del 10.12.1997).

En cuanto a las facultades reglamentarias nuestro máximo tribunal tiene dicho que: “.todo derecho consagrado constitucionalmente no es absoluto, sino que debe actuarse de conformidad con las leyes que reglamentan su ejercicio, las cuales, a su vez, no pueden alterarlos, lo que sucede cuando sus previsiones resultan irrazonables, o sea, cuando no se adecuan al fin que requirió su establecimiento incurren en manifiesta iniquidad (Fallos: 256:241; 63:460; 300:642; 302:457; 304:319, 1524). Resulta incuestionable la facultad

concedida al legislador de establecer los requisitos a los que debe ajustarse una determinada actividad (Fallos: 307:2262; 314:1376). Por otra parte, como lo ha admitido la Corte, las facultades de reglamentación que confiere el art. 99, inc. 21, de la Constitución Nacional -art. 86, inc.21, antes de la reforma de 1994-, habilitan para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contemplados por el Legislador de una manera expresa, cuando se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue (Fallos: 301:214), son parte

integrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez ( 190:301; 202:193; 237 : 636) dictamen del señor Procurador General, en autos “Cámara de Comercio Industria y Producción c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/amparo” fallo del 16.04.2002).

Carlos María Folco, considera que la gestión administrativa de la AFIP – DGI se encuentra siempre enderezada a la satisfacción del bien común. En la faz de fiscalización y control, deberá el organismo recaudador practicar diligencias de investigación que la mayor parte de las veces implican verdaderas intromisiones en el campo de la intimidad o privacidad de contribuyentes, responsables y en ciertos casos, aún de terceros, como en el caso de autos, de los martilleros colegiados (Teresa Gómez y Carlos María Folco: Procedimiento Tributario Ley 11.683 – Decreto 618/97, Ed. La Ley, 8va. Edición Actualizada y Ampliada, pág. 654 y 655).

Para concluir, se observa además, que los planteos de los actores en nombre del conjunto de sus colegiados, en cuanto a la pretensión de la declaración de inconstitucionalidad de la RG 3724, se vieron limitados a poner en tela de juicio la razonabilidad de la resolución atacada, con alegaciones genéricas respecto de la afectación de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y el derecho de ejercer actividad lícita.

En tales condiciones, no se advierte la existencia de ilegalidad o irrazonabilidad del régimen de información instaurado por la Resolución General n° 3724.Como así tampoco se ha acreditado perjuicio alguno derivado de la aplicación de la normativa que se impugna en este proceso.

Como consecuencia de los fundamentos expresados precedentemente, y en virtud de considerar que la demandada actuó dentro de la órbita de su competencia, habrá de confirmarse la sentencia apelada con costas a la parte actora.

Por tanto,

SE RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia del 29 de junio de 2015 (fs. 52/56 vta.) en lo que fue materia de agravios. 2) Costas a la parte actora vencida (art. 14 de la Ley 16.986). 3) Regular los honorarios de los profesionales por su intervención en la

alzada en el 25% de lo que se fije en primera instancia.

Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada n° 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente

devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo el Dr. Carlos F. Carrillo por haber cesado en sus funciones (Ac. 84/2016).

Ms ae

FERNANDO LORENZO BARBARA

JUEZ DE CAMARA

ELEONORA PELOZZI

JUEZA DE CAMARA (Subrogante)

Ante mi

Raquel Bolzico

Secretaria de Cámara