Decidida la sustitución del bien, procede la resolución de la compraventa por sistema de ahorro previo

ahorrosPartes: Acción emergente de la Ley del Consumidor: Even Jean Paul c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Autosol S.R.L. s/

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 19-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100448-AR | MJJ100448 | MJJ100448
Sumario:

1.-Es procedente declarar resuelta la compraventa de automotor y condenar a la sociedad de ahorro previo fabricante y al concesionario a reintegrar las sumas percibidas con motivo de la suscripción de un plan de ahorro, ya que adjudicaron un modelo distinto del contratado y no cumplieron los recaudos exigidos por la res. General I.G.J. Nº 26/2004 para sustituir el bien ante el cese de la importación del modelo seleccionado, siendo que no hubo publicación y comunicación a los adherentes de la información atinente al hecho impeditivo de la prestación primigenia y a las características del modelo sustitutivo.

2.-La compraventa de un automotor por plan de ahorro previo debe declararse resuelta debido a que la sociedad de ahorro previo no comunicó la decisión de reemplazar el bien adquirido por otro con motivo del cese de la importación del elegido por el consumidor, lo cual vulnera las normas de la res. General I.G.J. Nº 26/2004, máxime cuando las características de los modelos ofrecidos no guardan similitud con las del bien que se tuvo en cuenta al contratar.

Fallo:

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, las señoras Vocales de la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial, doctoras ALEJANDRA MARÍA LUZ CABALLERO, NORMA BEATRIZ ISSA Y MARISA ELIANA RONDÓN (por habilitación), bajo la presidencia de la primera de las nombradas, vieron el Expte. N° C-043.448/15, caratulado: “ACCIÓN EMERGENTE DE LA LEY DEL CONSUMIDOR: EVEN, JEAN PAUL C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y AUTOSOL S.R.L.”.

La Dra. ALEJANDRA MARIA LUZ CABALLERO dijo:

La presente causa tiene inicio con la demanda promovida por el Dr. Mario Andrés Hipólito Puig, en representación de Jean Paul Even conforme mandato que acredita con el instrumento de fs. 02/03. La dirige contra Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados y Autosol S.R.L.

Invoca, al efecto, el carácter de consumidor de su representado frente a los demandados, en los términos de la ley 24.240 y modificatorias.Reclama el resarcimiento de los daños que dice derivados de los hechos que denuncia.

Al respecto, relata que su mandante suscribió un plan de ahorro con el fin de adquirir un automotor marca Volkswagen, modelo Transporter 1.9.

Esgrime que mensualmente cumplió con la prestación a su cargo efectuando los pagos de los importes convenidos.

Aduce que el 17 de noviembre del 2011 recibió una nota de la empresa Volkswaqen S.A de Ahorro para fines determinados por la que se le informó sobre la adjudicación de un vehículo de la marca en reemplazo del contratado, por lo que debía concurrir al concesionario a fin de realizar los trámites necesarios para su posterior entrega, caso contrario caducaría la adjudicación.

Apersonado en la concesionaria advierte la disimilitud del modelo adjudicado (VENTO) con aquel oportunamente contratado (TRANSPORTER), informando sobre ello al dependiente de la firma, quien le manifestó transmitir el reclamo y subsanar el error.

Alega que el 13 de julio del 2012, y tras seguir cumpliendo regularmente con la obligación asumida, recibió una nueva misiva de similar tenor a la anterior, pero en la ocasión el vehículo adjudicado resultaba ser el modelo BORA.

Esgrime que su mandante, luego de anoticiarse sobre el cese de importación del bien tipo, y en tanto los otros modelos disponibles no satisfacían las expectativas que lo habían llevado a contratar, remite carta documento solicitando la baja en el plan suscripto.

Al no obtener respuesta por la sociedad administradora, remite una segunda misiva por la que requería información sobre la existencia de otros modelos de similares características al oportunamente contratado y las condiciones de acceso a los mismos, epístola que tampoco fue contestada por la codemandada.

Afirma que para dar resguardo a sus derechos, su mandante buscó tutela en Departamento del Defensor del Pueblo y Defensa del Consumidor en los que se labraron las actuaciones agregadas como prueba.

En capítulo aparte justifica la legitimación activa de su mandante al sostener que éste exhibe el carácter de consumidor en razón de ser el destinatario final delbien, refiriendo particularmente a que el mismo no iba a ser incorporado de manera directa a su actividad comercial (empleado administrativo de la firma SALUD JUJUY y venta de accesorios de motovehículos y automotores).

Justifica la legitimación pasiva de la coaccionada Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados diciendo que reviste la calidad de proveedor en los términos del art. 2° de la ley 24.240 y de Autosol S.R.L. en razón de actuar como intermediaria de la nombrada precedentemente por lo que ambas deben responder en los términos del art. 40 del plexo normativo reseñado.

Dice incumplido el deber de información que pesa sobre la contraria por la calidad que exhiben y vulnerada la garantía de trato digno que le asiste como consumidor.

En cuanto a los daños cuyo resarcimiento demanda, en primer término refiere al daño emergente, comprensivo de los pagos efectuados, por lo que solicita su restitución con más los intereses devengados.

En segundo lugar al daño moral por los padecimientos sufridos, la experimentación de angustia, incertidumbre al ver frustrada su legitima expectativa de adquirir el bien luego de haber cumplido la prestación a su cargo.

El tercero refiere al daño punitivo, con sustento en el art. 52 de la ley 24.240.

Seguidamente cita derecho, evoca jurisprudencia, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y pide se haga lugar a la demanda, con costas.

2. Sustanciada la demandada y convocadas las partes a la audiencia que prescribe el art. 398 del C.P.C. comparecieron las firmas coaccionadas AUTOSOL S.R.L. y Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados, la primera representada por el Dr. Mario Rodolfo Mallagray y la segunda por el Dr. Fernando Zurueta, conforme las facultades que acreditan con los instrumentos agregados a fs.158/162 y 137/138 de autos respectivamente, contestando la demanda por escrito (fs.139/143 y 163/184).

La coaccionada AUTOSOL S.R.L., luego de negar categóricamente los hechos invocados en la demanda, concreta su versión de ellos diciendo que es concesionaria oficial en la Provincia de la Marca Volkswagen Argentina S.A. y que por cuenta y orden de ésta entrega las unidades a los adquirentes de vehículos de la marca.

Aduce que su función en el marco de la modalidad comercial desarrollada en el caso concreto se limita tan sólo a hacer firmar la solicitud de adhesión al suscriptor y remitirla a la Sociedad Administradora de los Planes de Ahorro (en el caso Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados), por lo que reclamándose en autos la restitución de las sumas abonadas, no puede endilgársele responsabilidad en virtud de que la solicitud reseñada sólo genera derechos y obligaciones para las partes que la suscribieron.

Asimismo refiere al procedimiento que debe observarse en los casos en que el adherente solicite la baja de la suscripción, concluyendo que la Sociedad Administradora debe restituir el neto de lo abonado una vez finalizado el plan en las formas y condiciones previstas por el convenio.

Niega que se le haya formulado reclamo previo.

Por esas, y demás alegaciones a cuya lectura remito, luego de ofrecer prueba, pide el rechazo de la demanda, con costas.

A su turno la codemandada Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados, luego de negar categóricamente los hechos alegados por la contraria, da su versión sobre cómo acaecieron éstos.

Liminarmente postula la inaplicabilidad de la ley 24.240 bajo el argumento de que el actor no reviste la calidad de consumidor en tanto no resulta destinatario final del bien -conforme lo prevé el art.1° de la reseñada normativa-, lo que se colige de los términos de la misiva cursada oportunamente a su mandante, en la que el accionante solicitó la baja del plan por cuanto los modelos disponibles no satisfacían sus expectativas laborales.

En otro parágrafo se explaya sobre el funcionamiento del Sistema de Ahorro Previo para fines determinados y el procedimiento que debe observarse para el reintegro de los haberes netos de los adherentes, concluyendo que esa obligación nace con la finalización del grupo.

Alega que, sin perjuicio de ello, a su mandante no se le puede endilgar responsabilidad en razón de haber cumplido acabadamente con todas las obligaciones a su cargo.

Seguidamente esgrime que si bien el modelo se dejó de importar tal como lo asevera la actora en su libelo de demanda, esa circunstancia no le puede ser imputable, ya que la misma no maneja ni la fabricación ni la importación de los vehículos, limitándose su función a la administración de los grupos de ahorristas.

Seguidamente expone que acaecido el hecho aludido, su mandante, por intermedio del concesionario codemandado, puso al actor en conocimiento del mismo y a fin de cumplir con la entrega de la unidad se le ofrecieron dos alternativas, las que fueron rechazadas por aquel.

Por esas y demás alegaciones a cuya lectura remito, luego de referir a la improcedencia de los rubros reclamados y a la inconstitucionalidad del art. 52 de la ley 24.240, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y pide el rechazo de la demanda, con costas.

3. Contestada por la actora la vista conferida por los hechos nuevos, abierta la causa a prueba, agregada la que se mandó producir, dictaminada la causa por el Sr. Defensor Oficial en el rol de Agente Fiscal (fs. 133) e integrado el Tribunal, corresponde, sin más, pronunciarnos.

4. Las cuestiones a tratar son las siguientes.

4.1.En cuanto a los hechos y en líneas generales, no está controvertido el vínculo jurídico que ligó a las partes y que tuvo por objeto la adquisición por el actor de un vehículo 0 km de la marca. Tampoco la sustitución del bien contratado efectuada por el proveedor ni la voluntad resolutoria del consumidor comunicada a la contraria mediante carta documento cursada el 11 de enero del 2013 (fs. 240), por lo que siendo así no queda más que declararlo (art. 1204) y analizar si hubo incumplimiento que justificara el ejercicio de esa facultad, debiendo examinar a tal efecto si la falta de entrega del bien tipo convenido obedeció a una causal imputable a las accionadas y en su caso el grado de responsabilidad que le cabe a cada una o si por el contrario la misma resulta ajena a éstas.

4.2. Dicho ello, cabe ante todo determinar si, como lo postula la actora y lo niega la codemandada Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados el caso se encuentra gobernado por el régimen consumerista integrado por ley 24.240 y sus modificatorias y también el Código Civil y Comercial de la Nación de reciente entrada en vigencia (CCyC, en adelante) en tanto sus disposiciones sean más favorables al consumidor (art. 7).

Como se sabe, tras su modificación por la ley 26.361, el art. 1º de la ley 24.240 califica al consumidor como “toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u o nerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”. El art. 1092 del CCyC replica ese concepto aunque reemplaza la expresión “persona física” por la de “persona humana”.

Tal como señala Lorenzetti, “el consumidor se califica en función del destino que le asigna a los bienes o servicio que adquiere o utiliza, resultando indistinto que el uso o la utilización de los bienes y servicios se efectúe a título personal o familiar, siempre que sea para uso privado.(Ricardo Luis Lorenzetti, “Código Civil y Comercial de la Nación-Tomo VI, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pag. 232).

El elemento finalista que contempla la norma (destino personal, familiar o social del bien o servicio adquirido), impide atribuirle el carácter de consumidor si el bien o servicio en cuestión es adquirido para ser incorporado a la cadena de producción concerniente a su objeto.

La ley argentina declara que siempre que hay consumo final se aplica, salvo que esos bienes sean destinados a la producción; es decir que, aun cuando exista consumo final, si el bien es integrado en procesos productivos, queda excluido” (Ricardo Luis Lorenzetti, “Consumidores” Segunda Edición actualizada, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pag. 104).

Con la misma orientación, señala Farina que para estar alcanzado por la especial protección de la ley, los bienes o servicios adquiridos deben quedar dentro del ámbito personal, familiar o doméstico del consumidor, sin que vuelvan al mercado (cfr. Farina, “Defensa del consumidor y usuario”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2009, pág. 45/46).

La línea divisoria entre los supuestos comprendidos y los excluidos del concepto de consumo contemplado en el régimen en cuestión no siempre exhibe un trazo definido e indubitable. Antes bien, no pocas veces ofrece justificadas dudas. La casuística es inagotable por lo que es deber del intérprete analizar las particularidades de cada supuesto para establecer su inclusión o no en el régimen del consumidor.

Dicho ello, cabe mencionar que si bien el fundamento esgrimido por la actora en oportunidad de solicitar la baja del plan residió en que los modelos disponibles no satisfacían las expectativas laborales que lo llevaron a contratar, ello no constituye óbice para la aplicación al sublite del régimen tuitivo del consumidor.

Ello así por cuanto juzgo la inexistencia de elementos probatorios suficientes que acrediten el propósito de disponer del bien para integrarlo en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros.

No hay indicio de que el actor pretenda afectar el bien a una actividad con fines de lucro.Ello puede inferirse en razón de que no integra su pretensión el resarcimiento por lucro cesante.

Tampoco hay indicio de que el actor haya requerido la pertinente habilitación municipal para afectar el bien al trasporte de terceros, por lo que la pretensión que constituye el objeto de la demanda debe subsumirse en la preceptiva del art. 1º de la ley 24.240 (modificado por la ley 26.361) y 1092 del CCyC.

Formulada la presente aclaración corresponde analizar la falta de legitimación pasiva deducida por la codemandada AUTOSOL S.R.L.

Anticipo opinión adversa a la defensa articulada por cuanto la concesionaria en el marco de la modalidad de venta operada en el caso bajo examen -venta realizada por medio de un plan de ahorro-, no actúa en calidad de intermediaria autónoma entre el comprador y la sociedad administradora. Ella se encuentra autorizada por ésta a suscribir los contratos que justifican los desembolsos del interesado y actúa en nombre de aquélla. Hay más que un mandato implícito: hay lisa y llana representación en cuya virtud la concesionaria actúa en tales casos como mero agente colocador. Actuación de esa índole revela -como lo ha destacado la doctrina- la inequívoca configuración de un contrato de agencia entre la concesionaria y la entidad administradora del sistema, como se infiere de la circunstancia de que, habilitada la intermediaria para concluir en representación de la administradora los aludidos contratos, su parte asume de manera estable el encargo de promover por cuenta de ésta la celebración de tales convenios percibiendo una compensación por ello (CNCom, Sala A, “Maggio, Antonio c/ Automotores Louvre SA s/ cumplimiento de contrato”, del 22.12.8 9; íd. Sala C, “Nill, Carlos c/ Compañía Interamericana de Automotores SA s/ ordinario” del 10.06.97). De ahí que, en tales casos, hay actuación conjunta generadora, frente a terceros, de obligaciones que no pueden ser discriminadas.Y ello en razón de que, al así actuar, estos sujetos se avienen a efectuar en conjunto una prestación de servicios que, en cuanto tal, y con prescindencia de cualquier otra consideración, se halla subsumida en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 24240. En tal contexto, y dado que tal norma extiende la responsabilidad derivada de la gestión a todos los sujetos que han intervenido en la cadena que condujo a tal prestación, forzoso es concluir que, sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere asistirles en el plano interno, los tres sujetos que intervienen en la operatoria -productor, administradora del plan y concesionario- son solidariamente responsables frente a terceros, por lo que cabe desestimar la defensa tentada (Cfr. CNCom, Sala C, “Diaz Paula Carolina y otro C/ Ford Argentina S.A. s/ Ordinario ) .

Dirimida esa cuestión, paso a tratar la de fondo.

Como se dijo, no está controvertida la sustitución del bien tipo que fue objeto de contratación ni la causal que la motivó. Sin embargo cabe ante todo analizar si el procedimiento verificado en los hechos para proceder en tal sentido se corresponde con el previsto en la normativa regulatoria de la materia vigente a la fecha del suceso (Resolución General I.G.J. Nº 26/2004).

En este orden cabe señalar que el Capítulo II de la mentada resolución, titulado “PLANES DE AHORRO PREVIO POR CÍRCULOS O GRUPOS CERRADOS PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE BIENES MUEBLES”, art. 1.3.2 regula lo atinente al cambio del bien tipo contratado por imposibilidad material de adjudicación.

El precepto aludido establece: “Si el fabricante o el importador cesaran en la fabricación o importación del bien- tipo comprometido, la entidad administradora deberá comunicar tal circunstancia, dentro de los diez (10) días de haberla conocido, a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y también a los suscriptores; a éstos, en la forma prevista en el inciso b) del punto 1.3.1.4 . (v.gr.publicación por un día en las páginas centrales y/o que contengan información de interés general de medios gráficos de circulación diaria generalizada en todo el territorio de la República) y mediante comunicación adjunta al primer talón de pago de cuota que les remita conteniendo el nuevo valor de la cuota. .

Las informaciones a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y a los suscriptores, deberán indicar el bien o bienes sustitutivos .”

1.3.2.2. “

Cumplida la información indicada, la entidad administradora podrá efectivamente sustituir el bien-tipo por otro de similares características comprendido en dicha información. Dicha facultad deberá ser ejercida dentro de los treinta (30) días siguientes al cumplimiento de la comunicación a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA indicada en 1.3.2.1., teniéndosela por ejercida mediante la remisión al suscriptor del talón de pago conteniendo el nuevo precio de la cuota y, adjunta a ella, la comunicación de la situación planteada .”

1.3.2.4.

“Los suscriptores que no acepten dichas propuestas, tendrán la facultad de resolver el contrato sin penalidad alguna en su contra, notificando su decisión a la entidad administradora por medio fehaciente dentro de los quince (15) días de recibidas las propuestas”.

Del análisis de las constancias obrantes en la causa, podemos colegir que en los hechos no se verificó el cumplimiento de los recaudos exigidos por la reseñada normativa para proceder a la sustitución del bien contratado por la causal invocada por las partes – cese de importación del modelo seleccionado-.

En concreto la sociedad administradora coaccionada Volkswagen S.A.de Ahorro para Fines determinados, no acreditó ni ofreció probar el cumplimiento de un presupuesto ineludible a tal efecto como es el de publicación -por los medios reseñados- y comunicación a los adherentes de la información atinente no sólo al hecho impeditivo de la prestación primigenia, sino también a las características del modelo sustitutivo.

La nombrada pretende justificar el cumplimiento de tal recaudo amparándose en la presunta comunicación efectuada al consumidor a través del concesionario y en las notificaciones cursadas en oportunidad de anoticiarlo sobre la adjudicación del bien. Sin embargo, estas últimas resultan insuficientes para considerar cumplida tal exigencia, toda vez que del texto de las mismas (fs. 102 y 340), no surge la individualización del modelo sustitutivo.

A más de ello, la comunicación relativa al reemplazo del bien y sus características, resulta extemporánea por cuanto ésta se verificó como consecuencia de la notificación de la adjudicación al adherente, siendo obligación de la sociedad administradora informar al respecto en el plazo de 10 días de haber conocido el hecho impeditivo de la prestación originariamente asumida.

Por último y como cuestión no menor, las características de los modelos ofrecidos por la nombrada no guardan similitud con las del bien que se tuvo en cuenta al contratar, lo que denota incumplimiento a lo prescripto por el art. 1.3.2.1. de la aludida resolución.

Analizado lo dispuesto por la norma marco corresponde examinar lo establecido al respecto por el contrato suscripto entre las partes.

En tal sentido, el art. 12 del documento titulado “Condiciones Generales”, incorporado a la presente causa como parte integrante de las actuaciones administrativas iniciadas ante la Defensoría del Pueblo y el que no fue desconocido en su oportunidad por la contraria (fs.335/338), establece el procedimiento a observar ante un supuesto similar al debatido en autos -supresión del bien por cese en su fabricación-. En este sentido determina distintos trámites según se proceda o no a su reemplazo, fijando para este último caso el llamado a reunión de los adherentes a fin de determinar el procedimiento a seguir, el que deberá contar con la aprobación de la Inspección General de Justicia. En los casos en que se proceda a la sustitución del bien por uno de los que denomina “nueva versión” o “nuevo modelo”, y aceptado éste por el adherente se adoptará el procedimiento establecido en el art. 4 del mismo instrumento, caso contrario, la Sociedad Administradora debe poner a disposición de los mismos los importes de las cuotas puras ingresadas sin la penalidad prevista en la norma marco reseñada líneas arriba dentro de los treinta (30) días corridos desde el rechazo comunicado en forma fehaciente por el suscriptor.

De lo expuesto, podemos concluir que la coaccionada omitió conferir al caso debatido en autos el tratamiento previsto tanto en la normativa que regula la materia como aquel contemplado en el contrato para un supuesto similar al del sublite.

La Carta Documento obrante a fs. 239-reconocida como auténtica por el correo emisor, por lo que habrá de estarse a sus términos- evidencia el incumplimiento en el que ha incurrido la coaccionada Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados.Si bien la misma fue remitida con posterioridad a la solicitud de baja en el plan, de su tenor se desprende la inobservancia a la obligación reseñada líneas arriba, por cuanto el actor en la ocasión no sólo denunció la falta de comunicación fehaciente del hecho impeditivo de la prestación sino que a su vez intimó a que se le informara sobre la disponibilidad de modelos que pudieran sustituir al original y conserven sus características.

Bajo esta óptica puede concluirse que el accionar del proveedor denota incumplimiento del deber de información que pesa sobre el mismo y que rige las relaciones de consumo, tanto en forma previa a entablarse ésta, como también de manera concomitante (Cfr. Alberto J. Bueres – Código Civil y Comercial de la Nación, Ed. Hammurabi, p. 624).

El art. 1100 del CCyC que establece “el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma clara y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato.” .

En la especie la demandada infringió el deber reseñado al omitir informar fehacientemente sobre el acaecimiento de un hecho modificatorio de uno de los elementos esenciales del contrato cual es su objeto, vulnerando asimismo el derecho que le asiste a la otra parte de conocer respecto a un evento susceptible de influir sobre su decisión.

En los hechos se vio asimismo quebrantado el deber de trato digno que pesa sobre los proveedores. El art. 1097 del CCyC reza: “Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos.Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorio”.

Tal exigencia no fue cumplida por la Sociedad de Ahorro quien demostró una actitud displicente, indiferente y hasta incluso abusiva frente al consumidor, quien pese a los sucesivos reclamos y gestiones que debió enfrentar no obtuvo la satisfacción de su derecho, ni siquiera frente a la denuncia administrativa obligándolo a acudir a tal efecto a esta instancia judicial.

A más de ello la transgresión a este deber se vislumbra en el hecho de haber dispuesto arbitrariamente el reemplazo del bien por otros que de ningún modo se asemejan en sus características al contratado originariamente, sin siquiera observar el procedimiento establecido al efecto, y pretender su aceptación lisa y llana por el adherente, conducta reprochable en razón de que potencia su condición de parte débil en este tipo de contratación en donde la capacidad de negociación del comprador es prácticamente nula atento su integración con cláusulas predispuestas.

Esta disposición legal debe ser vista también como una concreción del principio general de buena fe (art. 1198 del Cód.Civil) así como el desarrollo de la exigencia constitucional de trato digno y equitativo al consumidor previsto por el art. 42 de la Constitución Nacional (según ‘L.D.C. 24.240’ Ed. 2009 La Ley, Direct: Picasso -Vázquez Ferreyra, “, T. I, pág. 122).

A la luz de esos principios y fijados como quedaron los hechos, resulta incuestionable la procedencia de esta demanda, pues la prestación asumida por la contraria se entiende incumplida por las razones dadas.

Siendo así, paso a tratar los rubros que integran la pretensión.

El primero de ellos resulta incuestionable, pues tal como lo establece la Resolución IGJ Nº 26/04 el sólo retiro por el suscriptor del Plan en razón de no aceptar la propuesta ofrecida por la Sociedad Administradora frente a la imposibilidad material de adjudicación del bien comprometido, hace procedente su pretensión de recupero.Corresponde, en consecuencia, volver las cosas al estado previo a la contratación y, en su mérito, condenar a la parte incumplidora a reintegrar el total percibido, es decir, la suma de $ 54.520,94, importe reclamado por el accionante que se infiere de la documental acompañada en oportunidad de iniciarse las actuaciones administrativas y las que, en la ocasión, no fueron desconocidas por la contraria al formular su descargo, como así también, del número de cuotas que denunció abonadas mediante carta documento (fs. 240) la que tampoco fue rechazada.

4.2.2. En tanto la resolución contractual es imputable a las coaccionadas también corresponde hacer lugar a la pretensión de intereses moratorios devengados desde que cada cuota fue abonada y hasta el efectivo pago. Ello, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 509, 622 y ctes. del Cód. Civil. Para calcularlos, conforme el criterio sentado por el S.T.J. tratándose de deudas de dinero (cfr. Zamudio c/ Achi, L.A. Nº 54 Fº 673/678 Nº 235 y Castro c/ Martínez”, L.A. Nº 54, Fº 910/917, Nº 242), corresponde mandar aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

4.2.3. En cuanto al daño moral, aún cuando el derivado del incumplimiento de obligaciones contractuales no se presume, en el caso el denunciado por el actor debe ser admitido pues resulta evidente, a poco que se repare en la natural angustia, preocupación y zozobra que en cualquier consumidor genera la frustración del fin perseguido al contratar atribuible a la falta de información sobre la modificación de un elemento esencial del contrato, cual es el bien que constituye su objeto. Conducta reprochable que comportó asimismo incumplimiento del deber impuesto a todo proveedor por el art. 1097 del CCyC de garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios.También se incluye en este item la incuestionable pérdida de tiempo que importó para la actora las gestiones que debió enfrentar en procura de la satisfacción de sus derechos. Conforme las facultades que dimanan del art. 46 del C.P.C., estimo este rubro en la suma de diez mil pesos ($ 10.000.-), calculada a la fecha. En tanto la cuantificación es dispuesta con criterio actual, los intereses moratorios de ese crédito deben calcularse desde la resolución del contrato y hasta el presente conforme el criterio del S.T.J. expresado en los aludidos fallos y el asumido por esta Sala en no pocos precedentes, aplicando la tasa del ocho por ciento (8%) anual, por lo que ascienden, a la fecha, a la suma de dos mil ochocientos pesos ($ 2.800).

Queda por analizar la procedencia de la imposición de sanción punitiva que también peticiona el actor y que repele la codemandada pretendiendo se declare la inconstitucionalidad de esa disposición. No obstante, siendo ésta la última ratio a la que debe acudir el juzgador, habré de tratar esta cuestión después de analizar si concurren o no, en el caso, los presupuesto para su aplicación.

El incumplimiento de la Sociedad de Ahorro es evidente. Como se reseñó, el tratamiento otorgado en los hechos no se correspondió con el contemplado por la normativa para supuestos como el que nos ocupa.

A más de ello, la conducta de las demandadas reviste gravedad. Por un lado, tiene clara repercusión social porque el actor no fue el único perjudicado por el proceder irregular de las coaccionadas, sino que también vieron avasallados sus derechos otros adherentes del plan que hasta ése entonces no habían resultado adjudicatarios del bien. Por otro, demostró su indiferencia a los reclamos efectuados por el consumidor como al daño irrogado, sin cumplir sus obligaciones y sin siquiera ofrecer restituir lo recibido en pago.

Aparecen así reunidos los recaudos que la misma impone para la procedencia de la multa pretendida:incumplimiento del proveedor, conducta reprochable, daño y pedido del damnificado, por lo que sólo podría prescindirse de su aplicación si, como lo pretende la codemandada, le cabe a la norma, la tacha de inconstitucionalidad.

Siguiendo los lineamientos trazados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a ello, ha dicho el Superior Tribunal de esta Provincia que “siendo la declaración de inconstitucionalidad un acto de suma gravedad institucional, debe siempre ser considerado como la última ratio del ordenamiento jurídico por lo que, como regla de hermenéutica, se presume que las normas guardan ajuste a la Constitución y que sólo cabe declarar lo contrario cuando no haya interpretación posible para compatibilizarla con ella.

También es ineludible subrayar que no está al alcance de los jueces valorar la conveniencia o eficacia de los medios pergeñados por el legislador para alcanzar los fines perseguidos en el diseño de las políticas de Estado” (L.A. 50 Fº 2459/2464 Nº 823).

Bajo esos parámetros si bien, como apunta la demandada, la sanción punitiva o multa civil que tratamos ofrece, para cierta corriente doctrinaria, fundados reparos, comparto la postura de la corriente mayoritaria, entre quienes se enrolan Manuel Pizarro, Aída Kemelmajer de Carlucci, López Herrera, Fernando Colombres, entre otros, para quienes no contraviene precepto constitucional alguno y resulta ser un instituto valioso e incuestionable para reestablecer la legalidad quebrada por quien incurrió en dolo o culpa grave que debe sancionarse a fin de evitar que subsista en su favor el beneficio económico derivado de su reprochable conducta y para que cumpla función ejemplificadora y disuasiva.

La naturaleza punitiva y su inclusión en el campo de la responsabilidad civil no justifica que se la sindique de inconstitucional por contravenir garantías que son propias del derecho penal o contravencional. También en el derecho civil están incorporadas no pocas penalidades sin que en modo alguno violen el principio de legalidad que invoca la demandada.Tales los casos de la pérdida de la patria potestad, la reclusión del hijo por el padre, la pérdida de la vocación hereditaria por indignidad, la revocación de la donación por ingratitud, las astreintes, las multas procesales, la cláusula penal, etc. (cfr. Ricardo Lorenzetti, Consumidores, Rubinzal Culzoni, Segunda Edición Actualizada,Santa Fe 2009, pag. 561). La garantía de defensa en juicio y debido proceso bien pueden resguardarse asegurando el oportuno contradictorio y el respeto de los límites que impone el principio de congruencia.

Tampoco advierto conculcación al derecho de propiedad, en tanto el menoscabo del patrimonio del demandado tiene su causa en conducta que le es imputable, es decir, en factor subjetivo de atribución de responsabilidad, que provocó ostensible daño al consumidor quien pidió expresamente la imposición de esta multa.

Con ello digo que las críticas que pueda provocar el instituto para cierta corriente doctrinaria no alcanzan para la tacha de inconstitucionalidad que tratamos y su aplicación no puede soslayarse en tanto es parte de nuestro derecho positivo vigente.

Así pues, encontrándose reunidos los requisitos legalmente previstos por el citado art. 52 bis de la ley 24.240 corresponde hacer lugar a esta pretensión y aplicar la sanción punitiva reclamada por el actor.

Solo queda, entonces, cuantificarla, cuidando que guarde proporción a la gravedad de la falta, al daño provocado, al enriquecimiento del incumplidor y a su caudal económico. Bajo tales parámetros, conforme el principio de equidad que fluye del art. 1069 del Código Civil y las facultades que dimanan del art. 46 del C.P.C., estimo justo fijar esa sanción en la suma de quince mil pesos ($ 15.000.-). Tal importe deberá ser pagado en el plazo de diez (10) días y, en caso de incumplimiento, devengará intereses que se calcularán conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. (Zamudio c/ Achi: (L.A.Nº 54 Fº 673/678 Nº 235 y Castro c/ Martínez” (L.A. Nº 54, Fº 910/917, Nº 242).

4.4. Por lo hasta aquí expuesto, propongo hacer lugar a la demanda promovida por Jean Paul Even, en su mérito, declarar resuelto el contrato y condenar a las accionadas Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados y AUTOSOL S.R.L. a pagar a aquel a) la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 94/100 ($ 54.520,94) en concepto de reintegro de pagos percibidos por la demanda; b) los intereses moratorios que deberán ser calculados desde que las cuotas que componen ese total fueron pagadas y hasta el efectivo pago, aplicando al efecto la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; c) la suma de doce mil ochocientos pesos ($ 12.800) en concepto de daño moral y d) la suma de quince mil pesos ($ 15.000) en concepto de sanción punitiva.

Tal importe deberá ser pagado en el plazo de diez (10) días desde que quede firme la planilla de liquidación que deberá practicar la actora en el plazo de cinco días de quedar firme esta sentencia.

En caso de mora, el monto resultante de esa planilla devengará intereses que se calcularán conforme la misma tasa activa, hasta la fecha de efectivo pago.

4.5. Por aplicación del principio general de la derrota que consagra el art. 102 del C.P.C., postulo que las costas se impongan a las demandadas en su condición de vencidas.

4.6. La regulación de los honorarios profesionales quedará diferida para cuando quede firme la planilla de liquidación a cargo de la actora.

Tal es mi voto.

La Dra. Norma Beatriz Issa, dijo:

Que comparte los fundamentos expuestos en el primer voto, por lo que se pronuncia en el mismo sentido.

La Dra.Marisa Eliana Rondón dijo:

Que conforme el resultado de la deliberación a que fueron sometidas las cuestiones de estos autos, adhiere al primer voto.

Por lo expuesto, la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial,

RESUELVE:

1. Hacer lugar a la demanda promovida en esta causa por el Dr. Mario Andrés Hipólito Puig, en representación de Jean Paul Eveny, en su mérito, declarar resuelto el contrato y condenar a las accionadas Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados y Autosol S.R.L. a pagar a aquel: a) la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 94/100 ($ 54.520,94) en concepto de reintegro de pagos percibidos por la demanda; b) los intereses moratorios que deberán ser calculados desde que las cuotas que componen ese total fueron pagadas y hasta el efectivo pago, aplicando al efecto la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; c) la suma de DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 12.800) en concepto de daño moral y d) la suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000) en concepto de sanción punitiva.

2. Establecer que el pago deberá ser practicado en el plazo de diez (10) días desde que quede firme la planilla de liquidación que deberá practicar la actora en el plazo de cinco días de quedar firme esta sentencia.

3. En caso de mora, el monto resultante de esa planilla devengará intereses que se calcularán conforme la misma tasa, hasta la fecha de efectivo pago.

4. Imponer las costas a las demandadas y diferir la regulación de los honorarios profesionales.

5. Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula y hacer saber a C.A.P.S.A.P. y a la Dirección General de Rentas.