La mayor edad de un hijo, es argumento válido para autorizar el aumento de una pensión alimentaria

alimentos3Partes: P. A. F. c/ B. D. J. s/ aumento de cuota alimentaria

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 8-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100727-AR | MJJ100727 | MJJ100727

Sumario:

1.-Corresponde modificar la sentencia y elevar la cuota alimentaria que el progenitor demandado deberá abonar mensualmente a favor de su hijo adolescente en un 20% de los haberes que percibe con motivo de su actividad profesional en la fuerza de seguridad, adicionándosele un cinco por ciento más en la cuota correspondiente al mes de febrero de cada año, en concepto de cuota extraordinaria, tal como fuera pactado en al acuerdo homologado, toda vez que se encuentra acreditado que el encartado cuenta con posibilidades y recursos suficientes para afrontarla, no mediando razones para que el beneficiario no pueda vivir de acuerdo a la condición y fortuna del grupo familiar al que pertenece.

2.-En todo lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia, por lo tanto para la fijación del monto de la cuota de alimentos cuyo aumento se solicita rigen las pautas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pues no obstante que la sentencia fue dictada con fecha 18 de marzo de 2014, los recursos de apelación que se ha interpuesto contra aquella, impiden que se trate de una situación jurídica consolidada.

3.-En la realidad, varíen o no las circunstancias de hecho que sirvieron de base para la para la fijación de la cuota cuya modificación se pretende, siempre es admisible la modificación de lo pactado en función del interés prioritario de los hijos menores de edad, conforme lo establecido en la Convención Sobre los Derechos del Niño, de rango constitucional, y en la Ley 26.061 .

4.-El hijo común contaba al momento del acuerdo pactado con cinco años de edad y en la actualidad tiene catorce años, por lo cual del lapso transcurrido desde la fijación de la cuota, no sólo resulta relevante el prolongado transcurso del tiempo, sino que habrá que considerar también que el beneficiario ha ingresado a una nueva etapa evolutiva, con la consecuente modificación de sus requerimientos e intereses (art. 25 CCivCom.).

5.-La prueba producida permite establecer que el demandado cuenta con recursos suficientes para colaborar con mayor amplitud a la cobertura de las necesidades de su hijo; sobre todo si se considera que no invocó enfermedad o problemas de salud inhabilitantes, debiendo extremar los esfuerzos necesarios en orden a la satisfacción de las necesidades integrales de sus hijos, pues el actual reclamo del adolecente no puede verse perjudicado frente a la existencia de otros hijos del accionado.

6.-Si bien se ha acreditado la existencia de la relación laboral de la progenitora al mes de julio de 2011, la realidad existencial es que el emplazado no ha probado de ninguna manera, ni siquiera de modo indiciario, que los ingresos de la progenitora se equiparen o superen a los suyos, lo cual no autoriza a olvidar que la madre ostenta el cuidado personal de adolecente en el tiempo principal, lo que hace presumir que es ella quien se hace cargo de las necesidades cotidianas de su hijo de un modo directo, a través de la diaria atención de sus requerimientos; todo lo cual implica una inversión de tiempo al que no debe restársele valor susceptible de apreciación pecuniaria (art. 660 , CCivCom.).

Fallo:

Buenos Aires, 8 de agosto de 2016.- SDB

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I. Vienen las presentes actuaciones al Tribunal a raíz de los recursos de apelación interpuestos a f. 422 por la parte actora- la progenitora en representación de su hijo– y a f. 443 por la representante del Ministerio Público de la Defensa de la anterior instancia. Ambas vías de impugnación se dirigen contra la resolución obrante a fs. 417/420.

El memorial que sostiene el primero de los recursos arriba enumerados corre agregado a fs. 429/430. Se agravia la accionante, en primer lugar, porque la a quo no ha otorgado la suma pretendida a favor de quien reclama. Que ello está referido tanto al monto de la cuota por alimentos como a la extraordinaria, fijadas ambas en el decisum. Afirma que los gastos a favor del adolescente son superiores a los montos fijados judicialmente y que tampoco se ha considerado el efecto de la inflación. Prosigue manifestando que el salario del demandado ha aumentado a raíz de un ascenso en la labor que desempeña en la Policía Federal y solicita que se fije en un porcentaje del monto que percibe aquél. Insiste en que el incremento de las cuotas y sus montos no resultan razonables.

El traslado del memorial no ha sido contestado.

A fs. 495/497 luce la presentación mediante la cual el Ministerio Público de la Defensa por ante la Cámara funda el recurso de apelación que fuera interpuesto a f. 443. En el referido dictamen se señala que se comparte la valoración relativa a los parámetros que se deben tener en cuenta con motivo de la mayor edad del beneficiario.

En cambio, discrepa con los montos establecidos y adhiere a la conveniencia de fijar un porcentaje de los haberes que percibe el demandado con motivo de su actividad profesional en la fuerza de seguridad.

La respuesta del demandado -al dictamen antes reseñado- obra a fs. 499/500.

A f. 503 se han dispuesto medidas para mejor proveer. Su cumplimiento se ha acreditado a fs.520/521 y con el oficio contestado a f. 577, más los anexos que se adjuntaron con aquél. Del resultado de esas medidas, sólo se ha expedido el Ministerio Público a fs. 582/vta.

II. Habiéndose reseñado las posturas que han expuesto las partes, nos avocaremos al estudio de la cuestión.

En primer lugar habremos de señalar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.077 (B.O n° 33.034 del 19- 12-2014), que modificó el art. 7 de la ley 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la última norma indicada, que fuera promulgada por decreto 1795/2014 (B.O. n° 32.985 del 8-10- 2014), ha entrado en vigencia el 1 de agosto del año pasado.

En consecuencia, dada la cuestión relativa a la vigencia de las normas sucesivas en el tiempo, se hace necesario determinar los alcances del nuevo texto legal en el presente caso.

Al respecto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fija en su artículo 7° las reglas a seguir en estos casos estableciendo que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.

Como se aprecia, en materia de derecho intertemporal, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo del adverbio “aún”, el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y sistema que el derogado art.3° del Código Civil, según reforma de la ley 17.711.

De esta manera, con las aclaraciones ya realizadas, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren – en este caso regirá los tramos de su desarrollo no cumplidos – y también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley.

A mayor abundamiento, diremos que los suscriptos participan de la opinión de que todo lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia. Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo art. 4044 -luego derogado por la ley 17.711- “el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir”.

De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que guíe esta decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, no ya solo porque lo recuerde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1º y 2º), sino porque así lo manda la Constitución Nacional (cfr.art 31 y art 75 inciso 22°).

Sin duda, tampoco pueden soslayarse los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; los que se sintetizan en el mandato de “afianzar la justicia”, contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución, que no es letra vana.

En consecuencia, a mérito de lo expuesto, y dada la situación relatada, entendemos que para la fijación del monto de la cuota de alimentos cuyo aumento se solicita en autos rigen las pautas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En efecto, no obstante que la sentencia fue dictada con fecha 18 de marzo de 2014, los recursos de apelación que se ha interpuesto contra aquella, impiden que se trate de una situación jurídica consolidada. Por lo tanto, se verifica uno de los supuestos más arriba expresados que habilitan la aplicación de la normativa indicada.

III. Sentado ello, diremos que el tribunal de apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones, ni a refutar éstas una por una, en tanto posee amplia libertad para ordenar el estudio de los hechos y de las distintas cuestiones planteadas. Vale decir, que es facultad de los jueces asignar a aquellos el valor que corresponda, seleccionando lo que resulte decisivo para fundar la sentencia. Esto significa que la Sala podrá prescindir de los planteos que no sirvan para la justa solución de la litis.

De las constancias de autos surge que la pensión alimentaria cuyo aumento se pretende resulta del acuerdo de mediación celebrado el 22 de abril de 2008, que en copia certificada luce a fs. 69/69bis. En dicha oportunidad se estipuló a favor del entonces niño D. N. una suma mensual de $ 500 a cargo de su progenitor. Además el nombrado asumió el compromiso de atender “todos los gastos extraordinarios que pudieren eventualmente llegar a presentarse (ya sean gastos de estudio, de salud, de esparcimiento, vestimenta, etc.)”.

El acuerdo de marras ha sido homologado a f. 75, punto I, con fecha 15 de junio de 2010.Si bien el monto arriba indicado ha sufrido variaciones, conforme fue destacado a f. 417, punto II, las mismas han sido decididas unilateralmente por el accionado.

A mérito de dicho antecedente se recuerda que los presupuestos de admisibilidad del incidente de aumento de cuota alimentaria se configuran, en principio, cuando han variado las circunstancias de hecho consideradas al establecerla, ya sea por el incremento de la fortuna o de las posibilidades económicas del alimentante, o por el aumento de las necesidades del alimentado a cuya satisfacción debe tender la cuota. En este último caso, la factibilidad del aumento pretendido y sus concretos alcances deben guardar relación con la disponibilidad potencial de recursos por parte del obligado (esta Sala, R.619.128, 31-05-2013, “S.R., M.S. c/ S., P.”, eldial.com AA822A; CNCiv., sala D, 9-9-85, ED 122-650; CNCiv., sala H, 27-8-1997 in re “A., M. N. c. F., M. A. y F., M. A. c. A., M. N.”, LL 1998-B-917, entre muchos otros antecedentes).

De ello se sigue que el objeto de la prueba, en el incidente de modificación de los alimentos (art. 650 del Código Procesal), se centra en demostrar la variación acontecida en el contexto fáctico que sirvió de base para la fijación de la cuota cuya modificación se pretende. Ahora bien, este criterio -que podríamos llamar tradicional-no debe hacernos olvidar que en la realidad, varíen o no las circunstancias de hecho, siempre es admisible la modificación de lo pactado en función del interés prioritario de los hijos menores de edad, conforme lo establecido en la Convención Sobre los Derechos del Niño -de rango constitucional- y en la ley 26.061.

En la apuntada inteligencia, surge un dato que no se puede minimizar. El hijo común contaba al momento del referido acuerdo con cinco años de edad y en la actualidad tiene catorce años.

El cómputo se obtiene a partir de lo que surge de la partida de nacimiento que en copia certificada luce a fs.67/vta. En consecuencia, a través del lapso transcurrido desde la fijación de la cuota ya mencionada, no sólo resulta relevante el prolongado transcurso del tiempo, sino que habrá que considerar también que el beneficiario ha ingresado a una nueva etapa evolutiva, con la consecuente modificación de sus requerimientos e intereses (art. 25 Código Civil y Comercial de la Nación).

Los extremos antes aludidos permiten -por sí solos- presumir un significativo aumento de sus necesidades en cada uno de los rubros que componen la prestación alimentaria conforme la enumeración del art. 659, Cód.cit.

Así, se ha decidido de modo uniforme que la mayor edad de los hijos autoriza, por ese solo hecho, el aumento de la pensión alimentaria establecida a su favor; pues su crecimiento trae aparejado el paralelo incremento de las erogaciones destinadas a la cobertura de sus necesidades; aparecen mayores gastos para atender a sus requerimientos en materia de alimentación propiamente dicha, vestimenta y calzado, nuevas y crecientes inquietudes educativas y culturales; a lo que se le suma una mayor vida propia respecto de la de sus progenitores; todo lo cual hace más onerosa su manutención (Conf. Bossert, Gustavo A, “Régimen jurídico de los alimentos”, Buenos Aires, Astrea, 1993, pág. 206, pto. 229 y jurisprudencia allí citada; R. 459.679, del 14/02/07; y R. 492.369, del 7/03/08, entre muchos otros).

Las precedentes consideraciones aparecen como centrales a los efectos de meritar las necesidades vitales de D. N. y la posibilidad de mantener el nivel de vida contemplado al momento de la fijación de la cuota de la que se pide aumento.Es que al establecerse el monto de la prestación alimentaria se deben equilibrar -prudencial y equitativamente- las necesidades de los hijos, las posibilidades del alimentante y la severidad del deber alimentario que deriva de la responsabilidad parental, con la prevención de que no es ajustado a derecho escatimar esfuerzos o medios que conduzcan al pleno cumplimiento de los compromisos que tienen los progenitores por su condición de tales (conf.: CNCiv., Sala C, R. 30.662, del 04/08/87 y sus citas).

IV. Ahora bien, en lo atinente a la situación patrimonial del demandado, surge de las actuaciones que se desempeña como Sargento 1° en la Policía Federal Argentina, con los ingresos que se informan a f. 552, que resulta el dato más actualizado, al mes de marzo del corriente año, aspecto que no ha sido cuestionado (art. 403, C.P.C.C.).

A mayor abundamiento y con relación al monto del salario, el informado por intermedio de la prueba se ha incrementado nuevamente a la fecha del dictado de la presente (conf. Resol.

224/2016 del Ministerio de Seguridad, ratificado por el Decreto PEN 787/2016, Boletín Oficial del 21-06-16, Fuente: http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/disposiciones_legales/decreto- 787-2016.pdf).

Vale recordar que a los fines de determinar una suma razonable en concepto de alimentos, corresponde ponderar no sólo los ingresos nominales del alimentante, sino también su capital, la condición social y modalidades de vida de las partes. Las situaciones enumeradas dan una pauta para meritar, siquiera en forma aproximada, la capacidad económica del obligado para el pago de los alimentos. Es que, como reiteradamente se ha dicho, para la fijación del monto de la pensión alimentaria no es indispensable la demostración exacta, mediante prueba directa, de la capacidad económica del obligado. (conf.: CNCiv., Sala “C”, 23/11/89, L.L., 1990-C-251; íd, esta Sala, R.513.447, del 16/10/2008).

Por otra parte cabe resaltar que no se ha indicado en los memoriales, que se haya omitido en el decisum la enunciación de algún elemento de prueba que resulte esencial o decisivo para arribar a la solución del caso. Por el contrario, la crítica se centra, esencialmente, tanto en el monto fijado para la cuota mensual como para la extraordinaria.

A la luz de lo reseñado, la prueba producida permite establecer que el demandado cuenta con recursos suficientes para colaborar con mayor amplitud a la cobertura de las necesidades de su hijo; sobre todo si se considera que no invocó enfermedad o problemas de salud inhabilitantes (conf.: CNCiv., esta sala , “C., N. E. C/V., C. O. s/alimentos”, del 05/2/92; íd., Sala “C”, R. 169.248, del 18/7/95; íd., íd., R. 232.398 del 2/4/98 y sus citas, entre otros).

En definitiva, no median razones para que D. N. no pueda vivir de acuerdo a la condición y fortuna del grupo familiar al que pertenece (conf.: esta Sala, “C., N. E. c/ V., C. O. s/ alimentos”, 05/02/92; íd., CNCiv. Sala C, R. 169.248, 18/07/95; íd., R. 232.398, 2/04/98 y sus citas, entre otros).

En todo caso, más allá de lo referido, claro está que el demandado debe extremar los esfuerzos necesarios en orden a la satisfacción de las necesidades integrales de sus hijos. En efecto, el actual reclamo de D. N. no puede verse perjudicado frente a la existencia de otros hijos del accionado (ver fotocopias certificadas de fs. 211 y 330/342); pues así lo imponen las responsabilidades que ha asumido con su paternidad.

A la luz de todo lo relacionado, y tras un análisis detenido del caso de autos, concluimos que se encuentra acreditado -por medios directos o indirectos – que el encartado cuenta con posibilidades y recursos suficientes para abonar una cuota alimentaria conforme a los lineamientos que se indicarán (conf.: esta Sala, “C., N. E. c/ V., C. O.s/ alimentos”, 05/02/92; íd., CNCiv. Sala C, R. 169.248, 18/07/95; íd., R. 232.398, 2/04/98 y sus citas, entre otros).

V. En lo que hace al quantum de la obligación alimentaria, conforme las pruebas de la causa, el hijo en común concurre para recibir su educación al Instituto San Pío X. De la prueba producida como consecuencia de las medidas para mejor proveer, surgen los montos correspondientes a la matriculación y a las cuotas mensuales de los ciclos lectivos 2012/2016 (ver fs. 520/521).

El demandado se agravia indicando que la madre de D. N. posee ingresos. Al respecto se ha acreditado la existencia de la relación laboral de la nombrada, al mes de julio de 2011, surge de la prueba informativa incorporada a fs. 162 y 217. Sin embargo, dicho aserto no autoriza a olvidar que en este caso la madre ostenta el cuidado personal de D. N. en el tiempo principal, lo que hace presumir que es ella quien se hace cargo de las necesidades cotidianas de su hijo de un modo directo, a través de la diaria atención de sus requerimientos; todo lo cual implica una inversión de tiempo al que no debe restársele valor susceptible de apreciación pecuniaria (art. 660, Código Civil y Comercial de la Nación).

Todo ello sin perjuicio de señalar que está acreditada la ayuda económica y material a cargo de terceros. En ello coinciden las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 157vta. y 159vta. -respuestas a la cuarta pregunta- las que no han sido eficazmente rebatidas (art. 456, C.P.C.C.).

En concreto, la conclusión a la que se arriba es que la contribución en especie de la madre es significativa (conf. esta Sala, R. 595.586, “F., R.M. y otro c/ M., A.F. s/Alimentos”, del 16/4/2012; CNCiv., Sala H, R. 477.790, “L., L. L. y otro c/ O., E. G.s/ alimentos”).

Más allá de ello, la realidad existencial del expediente es que el emplazado no ha probado de ninguna manera, ni siquiera de modo indiciario, que los ingresos de la progenitora se equiparen o superen a los suyos.

VI. A esta altura de nuestro estudio, destacamos que esta Sala participa del criterio de que en toda actuación judicial en la que se encuentren involucrados niños o adolescentes, debe velarse por el interés supremo de éstos, que se erige como principio rector del derecho de familia. Sobre el tema, téngase presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la expresión “interés superior del niño” implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios esenciales para la elaboración y la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida (CIDH, 28/08/2002, Opinión Consultiva OC 17/02, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, LL 2003-B, 312); y la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 lo definió como “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley” (art. 3°).

Como consecuencia de lo descripto, en todas las cuestiones de esta índole en las que nos toca intervenir, ha de ser aquel interés primordial de los niños y adolescentes el que ha de orientar y condicionar toda decisión de los Tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos; y ello conforme a reiterada jurisprudencia de nuestra Corte Federal (CSJN, 6/2/2001, Fallos: 324:122 ; 2/12/2008, Fallos 331:2691 ; 29/4/2008, Fallos 331:941, entre muchos otros).

En resumidas cuentas, no corresponde en casos como el traído a examen limitarse a la aplicación rigurosamente técnica de pautas formales que llevarían a desentenderse del hecho de hallarnos operando sobre derechos indisponibles. Nótese que la normativa los declara “irrenunciables” (art. 2, párr.2°, de la ley 26.061), lo que lleva a privilegiar el principio opuesto al dispositivo y, en consecuencia, las facultades de las partes ceden paso a las facultades judiciales (conf.: Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos Procesales.”, 2da. ed., I-574, “C”; CApel. Trelew, sala A, 10/03/2010, “S, E.B. c/ N., J de la C.”, AR/JUR/95785/2010). Vale decir, el orden público es el que se impone y, con él, el deber de los jueces de actuar oficiosamente.

El criterio antes expresado, ahora encuentra su correspondiente apoyo en la normativa estatuida por los arts. 706 y 709, del Código Civil y Comercial de la Nación.

En tales condiciones y a la luz de los principios expuestos precedentemente, se concluye en la insuficiencia de la cuota alimentaria establecida por la magistrada de la anterior instancia para dar cobertura a los requerimientos del hijo en común de las partes.

Por otra parte, se coincide también con las apelantes en punto a la conveniencia de fijar la pensión alimentaria en un porcentaje de los ingresos del alimentante cuando, como ocurre en el caso, éste trabaja en relación de dependencia y obtiene una retribución mensual fija. En efecto, el empleo de tal modalidad para la determinación de la cuota ofrece múltiples beneficios, en tanto frente a la prohibición legal de establecer mecanismos de actualización monetaria para paliar los efectos del proceso inflacionario sobre la pensión, aparece como una vía adecuada que permite corregir, de un modo equitativo para ambas partes, las distorsiones que sufre el poder adquisitivo de la cuota por el aumento del costo de vida, al tiemp o que se promueve la vigencia del principio de economía procesal, al evitarse la continua promoción de incidentes de aumento de cuota (conf.: Bossert, Gustavo A., po.cit. p. 433 y jurisprudencia allí citada).

En tal sentido a partir de los principios más arriba expresados, no será exaudido lo manifestado por el accionado a f.499vta., en el sentido de que esa forma de cuantificar el monto de la cuota, no fue solicitada en la anterior instancia. En este entendimiento, se modificará también en este aspecto la resolución apelada.

En consecuencia, habrá de elevarse la pensión alimentaria que deberá abonar mensualmente el demandado a favor de su hijo D. N., fijándola de la siguiente manera:

1) en un veinte por ciento de los ingresos que aquél haya percibido por su trabajo, luego de efectuados los descuentos de ley desde la fecha de la interposición de la mediación (arts. 669 Código Civil y Comercial de la Nación y 644, C.P.C.C., texto s/ ley 26.589) hasta el dictado de la presente inclusive. A dicho monto se le deberá adicionar un cinco por ciento más en la cuota correspondiente al mes de febrero de cada año, en concepto de cuota extraordinaria, conforme el compromiso asumido en el acuerdo homologado a f. 75, punto I.

2) en un veinte por ciento de los ingresos que el accionado perciba regularmente por su trabajo, luego de efectuados los descuentos de ley desde el dictado de la presente. A dicho monto se le deberá adicionar un cinco por ciento más en la cuota correspondiente al mes de febrero de cada año, en concepto de cuota extraordinaria, conforme el compromiso asumido en el acuerdo homologado a f. 75, punto I. La cuota alimentaria determinada del modo precedentemente establecido, deberá ser retenida por la empleadora del alimentante del salario que éste percibe mensualmente y depositada la cuenta bancaria que denuncie la parte actora. A tal fin se librará oficio a la Policía Federal Argentina, dejando constancia que no se trata de un embargo, sino de una modalidad para hacer más regular el cobro de la cuota alimentaria.

VII. Las costas de Alzada se impondrán a la parte demandada que resulta vencida (arts. 68 y 69, C.P.C.C.). Una vez aprobada y firme la correspondiente liquidación se procederá a la regulación de los honorarios (art.279,C.P.C.C.) Por los fundamentos expresados el Tribunal RESUELVE:

I. Modificar la sentencia recurrida. En consecuencia, fijar la cuota alimentaria que deberá abonar el demandado D. J. B. a favor de su hijo D. N. de la siguiente manera:

1) en un veinte por ciento (20%) de los ingresos que el demandado haya percibido por su trabajo en la Policía Federal Argentina, luego de efectuados los descuentos de ley. Ello desde la fecha de la interposición de la mediación (arts. 669 Código Civil y Comercial de la Nación y 644, C.P.C.C., texto s/ ley 26.589) hasta el dictado de la presente inclusive. A dicho monto se le deberá adicionar un cinco por ciento (5%) más en la cuota correspondiente al mes de febrero de cada año, en concepto de cuota extraordinaria.

2) en un veinte por ciento (20%) de los ingresos que el accionado perciba regularmente por su trabajo, luego de efectuados los descuentos de ley a partir del dictado de la presente. A dicho monto se le deberá adicionar un cinco por ciento (5%) más en la cuota correspondiente al mes de febrero de cada año, en concepto de cuota extraordinaria. La cuota alimentaria determinada en este punto deberá ser retenida por la empleadora del alimentante del salario que éste percibe mensualmente y depositada la cuenta bancaria que denuncie la parte actora. A tal fin se librará oficio a la Policía Federal Argentina, dejando constancia que no se trata de un embargo, sino de una modalidad para hacer más regular el cobro de la cuota alimentaria.

II. Con costas al accionante vencido (arts. 68 y 69, C.P.C.C.). Una vez aprobada y firme la correspondiente liquidación se procederá a la regulación de los honorarios (art. 279, C.P.C.C.).

III. Regístrese y publíquese (Ac. 24/13, C.S.J.N).

Notifíquese al Ministerio Público de la Defensa en su despacho.

Cumplido devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado, encomendándose la notificación de la presente, junto con la recepción de las actuaciones (art. 135, inc. 7, C.P.C.C.).

DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI , JUEZ DE CÁMARA

DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA

ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA