En tanto el precio luce vil, se juzga que la venta encubrió una donación para el demandado

dolaresPartes: Venditti María Nayla c/ Vendetti Alberto Francisco s/ simulación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 10-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100733-AR | MJJ100733 | MJJ100733
Sumario:

1.-Corresponde juzgar que la venta del bien inmueble resultó ser simulada pues el importe pagado por la accionada lejos está de ser un precio razonable y resulta a todas luces vil; máxime teniendo en cuenta que de la prueba informativa surge que, si bien no fue posible aventurar un valor exacto sin visitar la unidad, por las características descriptas su valor podría rondar para aquel año, en mucho más dinero que el abonado.

2.-Toda vez que el bien inmueble está en una ubicación interesante de la ciudad, posee una buena superficie y construcción y posee buenas perspectivas de mercado potencial para la vivienda por tratarse de un PH sin expensas, corresponde confirmar que el acto de venta resultó simulado pues el precio pagado resultó vil.

3.-Puesto que se encuentra acreditado que el precio abonado por el inmueble resultó vil, que luego de la supuesta compraventa, el padre del demandado siguió habitándolo, el causante continuó siendo el titular de los servicios de gas, agua y electricidad, no queda duda alguna que se trató de una donación encubierta a favor del demandado.

4.-No corresponde que la suma entregada por el accionado a su padre en presencia del escribano sea imputada al pago de prestaciones alimentarias, pues más allá de no haberse podido acreditar el depósito de dicha cantidad en una cuenta bancaria, o el gasto en algún viaje, hay un hecho indiscutido y es que un escribano dio plena fe de que ante él el demandado entregó a su padre aquella suma, por lo que el importe debe ser reconocido y tenido en cuenta al momento de colacionar, y deben ser deducidos del bien donado.

5.-Toda vez que la donación encubierta que realizara el abuelo de la actora a su tío, -demandado en estos autos-, excedió su legítima disponible, lo que se debe colacionar es la parte afectada; más aun siendo que para el caso de conformidad con los arts. 3591 , 3592 y 3593 CCiv., la legítima es de 4/5 partes del acervo hereditario, debiendo recibir la accionante el equivalente al 2/5 del valor, correspondiente al cincuenta por ciento de dicha porción, excluida la disponible (conf. art. 3600 Civ.).

6.-Sin perjuicio de que ahora con la reforma del Código Civil, la porción legítima de los hijos se ha reducido al 2/3 del total de la herencia, la norma no resultaba vigente al momento de iniciar la demanda, sin importar la fecha en que efectivamente se realizará la partición.

7.-No se justifica admitir el daño moral a favor de la actora pues se produce no se acreditó que se hubieran lesionado afecciones legítimas de la persona ni que se hayan ocasionado perjuicios que se traduzcan en padecimientos físicos de tal magnitud que hubiera sido hábiles para perturbar la tranquilidad y el ritmo normal de vida.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de agosto de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “VENDITTI María Nayla c/ VENDITTI Alberto Francisco s/ simulación”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre Álvarez, Patricia Barbieri y Ana María Brilla de Serrat.

A la cuestión propuesta el doctor Osvaldo Onofre Álvarez, dijo:

I – Por sentencia obrante a fs. 392/406 se admitió la demanda planteada por María Nayla Venditti contra Alberto Francisco Venditti, y en consecuencia se declaró simulada la venta de la unidad funcional uno y de la unidad complementaria I, del bien localizado en la calle Lugones 3422/24, de esta ciudad, (matrícula 16-30462/1), instrumentada por medio de la escritura N°197, otorgada por el demandado y su padre, el Sr. Vicente Venditti ante el escribano Marcos Rospide, a cargo del Registro N°45 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Asimismo se declaró que sí existió entre los contratantes nombrados una donación, respecto al inmueble mencionado, acto oculto bajo la apariencia de una compraventa y se estableció que el accionado deberá colacionar el valor de ese bien en la sucesión del Sr. Vicente Veditti, en trámite por ante el mismo juzgado, debiendo operarse la reducción en los valores donados en la proporción necesaria para preservar la legítima de la actora, según lo establecido en el considerando II de esta sentencia.Por último se condenó al demandado a pagar a la actora bajo apercibimiento de ejecución, la suma de cuarenta mil pesos ($40.000), con más intereses moratorios, los que deberán liquidarse desde la fecha del otorgamiento de la escritura por la que se instrumentó el acto declarado simulado (16/10/2003) y hasta la del efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con costas al accionado vencido, difiriéndose la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para una vez determinada la base. Se dispuso en el fallo la remoción de la perito martillero Ester Davila, con comunicación a la Cámara del fuero y pérdida del derecho al cobro de honorarios, disponiendo el libramiento de un oficio a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a fin que se sortee el juzgado que habrá de determinar si dicho profesional incurrió o no en el delito previsto en el artículo 275 del Código Penal o en otro de acción pública.

Apelaron las partes y la perito designada de oficio Ester Davila. El actor, fundó sus quejas a fojas 431/435 y cuestiona en primer lugar en punto a que el sentenciante no resolviera suceder a su abuelo en partes iguales con el demandado, toda vez que concurrió al sucesorio en representación de su padre, por ello solicita se revoque el fallo apelado en cuanto ordena que reciba 2/5 parte del valor del bien, y se disponga en su lugar que le corresponde la mitad de dicho valor. Luego cuestiona que la sentencia no estipula el pago de intereses moratorios solicitado sobre los importes que debe depositar el demandado a raíz de la acción de complemento de la legítima. Por último y en un tercer agravio el apelante declina o desiste de los bienes muebles a favor del demandado, renunciando a colacionar. Manifiesta que el inventario que refiere el fallo recurrido, luce improcedente e inconducente, apareciendo incluso como una medida de cumplimiento imposible.Por su parte la demandada fundó sus quejas a fojas 437/449 y en primer lugar controvierte que el “a quo” admitiera la acción de colación y reducción. Luego se queja en punto a que se hizo lugar a la simulación planteada por la actora y en subsidio se queja de la forma en que se decidió reducir y colacionar. También solicita que la suma de $20.000 imputable a alimentos, sean descontados del valor que se presume donado, apreciándolo a importes constantes para mantener la igualdad entre las partes. Se agravia de la indemnización asignada en concepto de daño moral y subsidiariamente de su cuantía, como así también de los intereses en dicha cantidad y de la tasa activa fijada. Por último objeta la imposición de costas. A fojas 450/542 expresó agravios la perito, centrando sus quejas en su remoción, en la pérdida al derecho de cobrar sus honorarios y en la denuncia ordenada para la investigación del delito penal.

II – Solución Para decidir no estamos obligados a analizar cada una de las argumentaciones de las partes, ni ponderar todas las pruebas agregadas, sino sólo las consideradas decisivas para la resolución de la contienda (Fallos 144:611; 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 274:113: 276:132: 280:3201; 303:2088; 304:537; 307:1121; entre otros , arts. 386 y concs. del CPCC).

III – 1) Simulación Antes de analizar las quejas vertidas por la accionada, haré una breve reseña de los hechos que motivaron la presente demanda. Así pues, refiere la actora que la compraventa de la UF “1” y UC “I” de la propiedad sita en Lugones 3422/24, de esta Ciudad de Buenos Aires, pasada por ante el escribano Marcos Rospide resultó ser un acto simulado.Aclaró que luego del deceso de su abuelo el día 16 de julio de 2011, se presentó en la sucesión en representación de su padre fallecido Carlos Mario Venditti, advirtiendo que enterándose su tío -demandado en autos- se mostró contrariado por entender que al sucumbir su hermano la propiedad quedaba en su poder. Ante dicho suceso, el accionado le informó que el inmueble en cuestión lo había abonado por una venta realizada por el causante, en la cual se habría abonado la suma de $20.000 en el año 2003. Resalta que su abuelo jamás pudo haber enajenado dicha propiedad sin que sus familiares se enteraran, sin perjuicio que además continúo viviendo allí hasta el momento de su defunción por lo que no hubo tradición ni se perfeccionó ninguna compraventa. La demandada rehiere los hechos denunciados por la actora, y refiere que en el año 2002 ante la crisis económica y que su progenitor contaba con una jubilación que no había sido aumentada por catorce años, le ofreció comprarle su departamento para que tuviera dinero y poder viajar así por el país. Por ello desembolsó un precio acorde y no vil, teniéndose en cuenta que se trataba de un PH de más de 75 años de construcción.

Inicialmente diré en cuanto al encuadre jurídico que el artículo 955 del derogado cuerpo legal – actual artículo 333 del Código Civil unificado-a modo enunciativo- ofrece una definición descriptiva de la figura que se trata, en cuanto determina que, la “causa simulandi” tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquéllas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.

El profesor Eduardo L.Gregorini Clusellas (LL 1989-C-304, Las acciones paulianas y de simulación (Como recursos complementarios para asegurar la buena fe negocial y la responsabilidad patrimonial) nos enseña que: “La simulación puede ser absoluta o relativa y lícita o ilícita. Es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real (artículo 956, Cód. Civil), como cuando en un acto totalmente ficticio el deudor simula una venta a un cómplice para sustraer un bien de la acción de sus acreedores, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter (artículo 956, Cód. Civil), (el caso de la donación presentada como venta). La simulación está permitida y no es reprobada por la ley en todos los casos que a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito y contrariamente cuando incurra en dichas prohibiciones será ilícita (artículo 957, Cód. civil). La acción de simulación puede ejercerse (.) por las partes otorgantes, siempre y cuando no lo hubiesen producido con el fin de violar las leyes o de perjudicar a un tercero (artículo 959, del anterior Cód. Civil – actual 337 del vigente cuerpo normativo), en cuyo caso los jueces podrán denegar la acción de oficio. Ello significa que los autores de una simulación lícita pueden descorrer el velo y restablecer la verdad oculta siempre que su objetivo no haya sido ilícito y aún así podrán excepcionalmente cuando la acción procure dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la simulación (artículo 959 Cód. Civil, modif. s/ ley 17.711).

Inversamente siendo lícita la simulación, estarían exclusivamente autorizadas para accionar los terceros. Si la plantean las partes, se requiere contradocumento del cual sólo podrá prescindirse si mediaran circunstancias que hagan inequívoca la existencia de la simulación (artículo 960, Cód. Civil modif.s/ ley 17.711- vigente al momento del acto, artículo 335 del nuevo Código Civil).

Ahora bien, es sabido que a la muerte del “de cujus” es cuando el heredero posee legitimación para atacar por fingimiento los actos celebrados en su perjuicio por el causante, en virtud del cual se atribuyen a otro sujeto con las prevenciones contenidas en el artículo 3270 y conc. del C.C. El heredero -sucesor universal- es considerado como un tercero perjudicado. Analizando la prueba obrante en autos, en especial la nueva pericial técnica realizada en esta Alzada glosada a fojas 493/516 y su respectiva contestación de impugnaciones a fojas 533/537, dan cuenta que el importe pagado por la accionada -$20.000- lejos de ser un precio razonable, resulta a todas luces vil. En concordancia con ello, contamos con el informe obrante a fojas 366 presentado por la Cámara Inmobiliaria Argentina, que si bien aclaró no poder aventu rar un valor exacto de un inmueble sin siquiera visitarlo, por las características descriptas su valor podría rondar en el año 2003 entre U$S 75.000 a U$S 95.000. El informe glosado a fojas 295/296 por la martillera -en el cual se realiza un detalle pormenorizado de la propiedad en cuestión-, se estimó su cuantía aproximada por metro cuadrado en U$S 800 apreciándose un valor aproximado a la fecha de la pericia en U$S 70.000 equivalente a la suma de $560.000. Asimismo la experta considero que al encontrarse el inmueble en el barrio de Villa Urquiza, con buen entorno y proximidad del Parque Sarmiento y Av.General Paz se considera una ubicación buena, al igual que lo relativo a la superficie y la construcción, con buenas perspectivas de mercado potencial para la vivienda por tratarse de un PH sin expensas ( el resaltado es de mi autoría). En cuanto a la ampliación pericial que obra a fojas 329/330vta- controvertida por la actora-, en el que la profesional concluye, entre otras consideraciones, que el inmueble en el año 2003 ascendería a la suma de U$S 8.360, equivalente a la suma de $23.157 a la fecha de escrituración, diré, que quedó expuesto con la nueva prueba pericial que dista mucho de la realidad expuesta en dicha experticia. Así pues, de la pericia realizada por el martillero tasador Caballero glosada a fojas 493/516 se pueden extraer las siguientes conclusiones: a) las fotografías de los años 1996 y 2006 relevamiento catastro Ciudad de Buenos Aires, de la facha del PH permiten ver que la propiedad no sufrió modificaciones en el tiempo; b) también se aprecia de las imágenes del anexo 4 el estado calamitoso de la unidad funcional y la falta de mantenimiento en general del PH; c) del reporte inmobiliario valor referencia en Villa Urquiza para agosto de 2011 es de U$S 1625; valor actual por M2 de U$S 2029; d) el inmueble tiene una superficie homogeneizada de 84.3625m2, arrojando un costo total al mes de abril de 2016 de U$S 145.116; e) para obtener valor de referencia al mes de noviembre de 2003, multiplicando la superficie por el índice del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los respectivos coeficientes de corrección el precio de referencia resultaba ser U$S 42.913. A fojas 533 el experto al contestar la impugnación de la demandada aclaró que en cuanto a la superficie que consta en la escritura existe un error de tipeo ya que la superficie total de la unidad es correcta, detallado de la siguiente manera:en el instrumento público figura 23,91 m2 semicubierta y en realizad lo real es 27,91 m2 y más la superficie descubierta – 38,94 m2- se arroja al mismo total de 66,85 m2.

Aclaró el perito que en cuanto a la homogeneización de la superficie, teniendo en cuenta que de 155,81 m2 reales, se arribó a 84,36 m2 equilibrados, casi a un 50% de la superficie total real. Por último advirtió haber cometido un error involuntario, indicando los índices marcados en la zona centro no siendo los correctos, sino los del área oeste siendo en vez de 600 dólares el valor del metro cuadrado en 522 dólares. Por ello estimó que al año 2003, la propiedad en cuestión de 84,3625 m2, índice del GCBA 522 por M2, estado 0,92, antigüedad 0,95, distribución 0,97, resultado U$S 37.333,87, cotización dólar 2,89 total $107.895. Si bien las aclaraciones formuladas por el martillero fueron impugnadas por la accionada a fojas 539/541, no encuentro merito para apartarme de esas fundadas conclusiones. En suma, acreditado que el precio abonado por el inmueble en cuestión resultó vil, que luego de la supuesta compraventa, el padre del demandado siguió habitándolo – ver testimonios obrante a fojas 132,133 y 134 entre otros-, los informes glosados a fojas 92/93 que dan cuenta que el titular del servicio de Metrogas desde el año 1992 y hasta el 2011, como los de agua potable AYSA, y Edenor, continuaron a nombre del causante, no queda duda alguna que se trató de una donación encubierta a favor de Alberto Veditti. En cuanto a la suma que fuera entregada -$20.000- por el accionado a su padre en presencia del escribano, diré que no puede ser imputada al pago de prestaciones alimentarias, disintiendo de este modo, con el primer juzgador.Entiendo que más allá de no haberse podido acreditar -como resalta dicho magistrado- el deposito de dicha cantidad en una cuenta bancaria, o el gasto en algún viaje, hay un hecho indiscutido y es que un escribano dio plena fe de que ante él el demandado entregó a su padre aquella suma, e independientemente en que fue utilizada, el importe debe ser reconocido y tenido en cuenta al momento de colacionar, equivalente a U$S 7.000, guarismo admitido y consentido por ambas partes, de conformidad con señalado por el juzgador a fojas 395vta. Por ello, se admiten parcialmente las quejas, disponiéndose que los $20.000 entregados -equivalentes a U$S 7.000- por el demandado a su padre en el año 2003, deben ser deducidos del bien donado, al momento de colacionar.

III – 2) Colación y reducción Cuestionan ambas partes, obviamente por diferentes motivos, como ha sido resuelta por el “a quo” la forma de colacionar. Adelanto, desde ya, que en mi opinión ambas quejas deberán ser rechazadas. El art.3604 del Código Civil, importa una excepción al principio de que la dispensa de la colación debe ser expresa, ya que mediando entrega de bienes a alguno de los herederos forzosos, cuando sea con cargo de una renta vitalicia o con reserva de usufructo, el transmitente ha pretendido eximir de la colación al accipiens. En este aspecto, y en virtud de tal exoneración, el valor de los bienes será imputado sobre la porción disponible del causante, y no, como es la regla en materia de colación, sobre la fracción hereditaria que le correspondería al accipiens (en su calidad de heredero forzoso del cocontratante del que recibiera los bienes). Así, pues la donación encubierta que realizara el abuelo de la actora a su tío -demandado en estos autos- excedió su legítima disponible, por ello lo que se debe colacionar es la parte afectada. Como bien resalta el primer juzgador, para el caso de conformidad con los arts.3591, 3592 y 3593 del Código Civil, la legitima es de 4/5 partes del acervo hereditario, debiendo recibir la accionante el equivalente al 2/5 del valor, correspondiente al cincuenta por ciento de dicha porción, excluida la disponible ( conf. art. 3600 del Código Civil), cuenta que deberá ser realizada en el momento oportuno, con las pautas que han sido fijadas en la instancia de grado. En cuanto a la queja del demandado en punto a que ahora con la reforma del Código Civil, la porción legítima de los hijos se ha reducido al 2/3 del total de la herencia, diré que la norma no resultaba vigente al momento de iniciar la demanda, sin importar la fecha en que efectivamente se realizará la partición. Igual solución al planteo de la accionada en relación a que la estimación de los valores debe ser efectuada al momento de la apertura de la sucesión, es evidente que para mantener la equidad de los herederos, la misma corresponde ser estimada -como con acierto lo resolvió el señor juez de grado- al momento de la partición, debiendo tenerse en cuenta que la actora renunció a los bienes muebles que se encuentren en el inmueble. Reiteradamente la jurisprudencia ha resuelto que: ” si se trata de colacionar en los términos del art. 3477 -último párrafo- del Código Civil sumas de dinero recibidas en donación y que fueron utilizadas para comprar un inmueble, el valor del mismo se debe fijar al momento de la partición con el objeto de evitar distorsiones y preservar la necesidad de igualdad que deben regir entre los herederos. Es que el valor a la época de la partición confiura un equitativo reajuste y para efectuar el mencionado cómputo no se debe tener en cuenta ni el eventual mayor valor del inmueble por mejoras realizadas con posterioridad a la donación ni su posible menor valor emergente de los deterioros que se pudieron haber ocasionado” ( conf.Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil Sala “B”, del 08/02/2006, en los autos ” Sarpero, Néstor Alberto c/ Sarpero, Irene s/ colación”) Por último y en cuanto a los intereses que solicita la actora sobre los importes que en definitiva deban ser depositados por el demandado a raíz de la acción de complemento de la legítima, diré, que no corresponde fijarlos, en virtud del principio de que los herederos no deben los intereses y frutos sobre las cosas sujetas a donación. Por lo expuesto, y como ya lo adelantara se rechazan ambas quejas y se confirma la decisión de grado.

III – 3) Daño moral

También se queja la demandada de la admisión del presente reclamo a favor de la actora. El daño moral se produce cuando se lesionan afecciones legítimas de una persona o cuando se ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o que hayan perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida (esta Sala, ED 61-779; ídem Sala “E”, ED 42-311, ídem Sala “F”, ED 100-309). En la reparación del daño moral no domina la idea de una pena para el responsable, sino la de compensar de alguna manera el daño causado a la víctima. En el caso, no coincido con el sentenciante en punto a que la actora sufrió un perjuicio espiritual traducido en un detrimento moral que deba ser resarcido. Propongo en consecuencia admitir las quejas y desestimar el daño moral decidido en la anterior instancia.

III – 4) Remoción de la perito

La martillero Ester Davila, designada en autos, controvierte la decisión de grado en cuanto decidió removerla del cargo, con la pérdida al derecho de cobro de honorarios. Asimismo solicita se deje sin efecto la denuncia ordenada para la investigación de delito alguno.En primer lugar diré, que no me expediré respecto a sí el proceder de la experta es merecedora o no de un reproche penal, toda vez que el magistrado de grado ordenó la remisión a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a los fines pertinentes, quedando pendiente de resolución. En cuanto a la ampliación a la experticia que orig inalmente presentara la profesional, la cual obra a fojas 329/330 y las presentaciones de fojas 347/348 y 357/358, expresaré, coincidiendo con el inicial magistrado, que sus conclusiones -las que distan notoriamente con su presentación original-, no se encuentran fundadas en principios técnicos ni científicos que avalen sus argumentaciones. Por el contrario se advierte una ausencia de las fuentes consultadas, contradicciones, las cuales son bien detalladas en la sentencia a fojas 398vta/399, y lo más notorio es como llega a un valor del inmueble, que resulta a mi entender irrisorio, que no se condice con el precio real, teniéndose en consideración la nueva pericial presentada en autos como medida para mejor proveer. Se configura la validez científica del dictamen de un perito en cuanto recurre a una característica mas de labor de ese tenor, cual es la remisión a múltiples pautas objetivas para la elaboración de conclusiones verificables y cuya validez no se basa únicamente en el titulo del experto, sino también en la coherencia interna del dictamen y en la posibilidad de comprobación y verificación de sus referencias a elementos externos útiles, para la ordenación lógica de la labor respectiva (CNCiv., Sala B, 12-05-89, in re “Medina Marta S.B. c Medina María I.C.”, La Ley 1989-E-117). Así pues, corresponde que el sentenciante se aparte de las conclusiones del dictamen del idóneo que incurrió en una inadecuada aplicación de sus conocimientos técnicos de los que se supone dotado por su profesión o título en que se funda.Por tanto, el juez solo puede y debe apartarse del asesoramiento pericial cuando este adolezca de deficiencias significativas, lo que reitero a mi entender acontece en el caso de autos.

III – 5) Costas

Por último la accionada cuestiona que los gastos causídicos fueran impuestos a su parte. Recordemos que la parte que pierde el juicio es condenada a pagar los gastos del mismo y que el fundamento de esta condena es el hecho objetivo de la derrota (soccombenza); la justificación de esta institución se encuentra en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en favor de la que se realiza; siendo interés del comercio jurídico que los derechos tengan un valor posiblemente puro y constante (Chiovenda, José en “Principios de Derechos Procesal Civil”, Tomo II, página 452, Editorial Reus, Madrid, 1923). El sistema de imposición de costas tiene como finalidad resarcir a la parte contraria de los gastos que tuvo que realizar para lograr el reconocimiento de su derecho. Tiene su fundamento en el principio objetivo de la derrota que actúa con independencia del factor subjetivo, esto es, sin tener en cuenta la buena fe, o la mala en su caso, con la que ha actuado el que estaba obligado a soportarlos (art. 68 CPCC). Sin embargo, el artículo 68 “in fine” del Código de forma, autoriza al Tribunal a eximir de costas al vencido “cuando encontrare mérito para ello”. Tal expresión genérica -sin indicar los casos en que procede la exención-, tiene carácter excepcional y debe interpretarse restrictivamente de acuerdo al prudente arbitrio judicial. Generalmente se sustenta en razones de equidad, en aquellos supuestos en que sobre el tema existe divergencia doctrinaria o jurisprudencial, cuando existe convicción fundada acerca del derecho que se invoca o en cuestiones que suscitan la aplicación de nuevas leyes o cuando se trata de una situación de gran complejidad.También se suele aplicar, cuando el litigante pudo haberse creído con derecho al reclamo.

En el caso, no hallo mérito para apartarme del principio general en la materia -condena en costas al vencido- habida cuenta que no se configura ninguna de las situaciones que autorizan esta excepción. Por ello, se rechazan los agravios y se confirma la decisión de grado.

III- Resumen, costas Por lo expuesto postulo admitir parcialmente las quejas de la demandada y modificar la sentencia de grado en el siguiente sentido: a) los $20.000 entregados -equivalentes a U$S 7.000- por el demandado a su padre en el año 2003, deben ser deducidos del bien donado, al momento de colacionar; b) se desestima la indemnización reclamada por la actora en concepto de daño moral; b) las costas de Alzada, en atención al resultado de los recursos planteados, serán impuestas por su orden (conf. art. 71 del Código Procesal). Confirmar la sentencia en todo lo demás que ha sido materia de agravios. Los honorarios se difieren de conformidad con lo resuelto a fojas 406vta.

Así lo voto.

Las señoras jueces de Cámara doctoras Patricia Barbieri y Ana María Brilla de Serrat, por análogas razones a las aducidas por el señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Buenos Aires, de agosto de 2016. Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Admitir parcialmente las quejas de la demandada y modificar la sentencia de grado en el siguiente sentido: a) los veinte mil pesos ($20.000) entregados -equivalentes a siete mil dólares (U$S 7.000-) por el demandado a su padre en el año 2003, deben ser deducidos del bien donado, al momento de colacionar; b) se desestima la indemnización reclamada por la actora en concepto de daño moral; b) las costas de Alzada, en atención al resultado de los recursos planteados, serán impuestas por su orden. Confirmar la sentencia en todo lo demás que ha sido materia de agravios. Los honorarios se difieren de conformidad con lo resuelto a fojas 406vta. Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Osvaldo Onofre Álvarez

Patricia Barbieri

Ana María Brilla de Serrat