El Estado debe responder por los daños que un interno sufrió durante una requisa personal

robo-cuchilloPartes: M. G. D. c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia Dirección Nacional SPF y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 18-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-100663-AR | MJJ100663 | MJJ100663

cuadro

Sumario:

1.-Corresponde reconocer la responsabilidad del Estado por los daños sufridos por un interno durante una requisa personal – traumatismo encefálocraneano con hematoma subdural, que derivó en una incapacidad laboral total y permanente -, toda vez que se ha constatado la existencia de un daño cierto mediante informes médicos e historia clínica; se ha acreditado la imputabilidad material de un órgano estatal a través de las declaraciones de ambas partes y testigos; se probó una relación de causalidad adecuada entre la actividad estatal y el daño cuya reparación se persigue a través de las pericias médicas: y se observa una ineludible falta de servicio por parte del Servicio Penitenciario Federal, ya que el daño causado al actor excedió los límites legales y razonables autorizados para repeler una situación de reticencia – no comprobada – durante la requisa.

2.-La indemnización por daño sobreviniente debe elevarse, toda vez que el actor vio afectadas gravemente sus oportunidades de reinsertarse en la sociedad, en su familia y en el mercado laboral, al haber perdido agudeza y campo visual – sin posibilidad de recuperación – y presentar un desorden mental orgánico postraumático, con la consiguiente alteración de la memoria y fluencia verbal, como consecuencia del traumatismo encéfalocraneal.

3.-El daño moral debe repararse, en tanto que del estudio psiquiátrico se desprende que el actor presenta un síndrome depresivo producto de los sucesos que representaron una amenaza para su integridad corporal y presenta una reacción vivencial anormal.

4.-Corresponde condenar solidariamente al jefe de requisa, toda vez que, de las declaraciones testimoniales recabadas y actas de reconocimiento, surge la efectiva y concreta participación del agente en los sucesos ocurridos en el interior del pabellón donde resultó dañado el actor; más aún cuando por el carácter de su función, era él quien tenía el deber de vigilar y controlar la correcta realización de la requisa.

Fallo:

En la Buenos Aires, a 18 de agosto de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer los recursos interpuestos en autos “M., G. D. c/ EN – Mº Justicia – Dirección Nacional de SPF y otro s/ daños y perjuicios”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán, dice:

1º) Que, por sentencia de fs. 1058/1068vta., el señor juez de la instancia anterior hizo lugar parcialmente a la demanda contra el Servicio Penitenciario Federal tendiente a obtener un resarcimiento por daños y perjuicios por la suma de $300.000 por incapacidad sobreviniente, $250.000 por daño moral y de $25.000 para tratamiento terapéutico. Asimismo, dispuso que, en función del carácter alimentario que revisten las indemnizaciones otorgadas y del alto grado de incapacidad que padece el actor, correspondía excluir las obligaciones del régimen de pago en bonos de consolidación de la deuda pública y que, por ende, los primeros dos conceptos nombrados debían ser pagados en dinero efectivo. Por otro lado, rechazó la acción contra el codemandado, Hugo Norberto Sbardella, ya que no se había probado adecuadamente la autoría que se le atribuía.

Entendió que las costas del proceso debían ser impuestas íntegramente al Servicio Penitenciario Federal y en relación con el codemandado las distribuyó en el orden causado.

Respecto al daño sobreviniente aclaró que según el informe neurológico el actor presenta una incapacidad del 34,4% con pronóstico incierto respecto a una posible recuperación dado que existen posibilidades de que presente una epilepsia postraumática y que es común en este tipo de pacientes padecer convulsiones. Asimismo, señaló que el traumatismo craneoencefálico produjo un desorden mental orgánico postraumático, con la consiguiente alteración de la memoria y fluencia verbal y que el pronóstico a largo plazo es incierto.Agregó que presentaba amnesia de lo ocurrido y que padece cefaleas y mareos. En relación a la pericia médica oftalmológica, señaló que el demandante evidencia una importante disminución de la agudeza y del campo visual de ambos ojos por haber sufrido desprendimientos de retina traumáticos. Indicó que las lesiones eran definitivas, sin posibilidad de recuperación visual. Especificó que su capacidad laboral se encuentra disminuida y representa una incapacidad del 80%.

En cuanto al daño moral refirió que según la pericia psiquiátrica el actor expresaba un síndrome depresivo que se relacionaba con los eventos vividos, los cuales significaron una amenaza a su integridad, dejando como secuela la ceguera parcial y que requería un tratamiento psicoterapéutico de un año de duración.

2º) Que, contra ese pronunciamiento, ambas partes interpusieron recurso de apelación, el actor a fs. 1069 y el Estado Nacional a fs. 1070, concedidos libremente a fs. 1074. Puestos los autos en la oficina, expresaron sus agravios a fs. 1078/1086 y 1088/1096, respectivamente. Ningún traslado fue contestado (v. fs. 1101 y 1103).

3º) Que, en primer término, la actora se agravia por el hecho de que el a quo no considerara al codemandado Sbardella como responsable del suceso que le provocó el daño. Manifiesta que al momento en que sucedió el accidente, el denunciado era “Jefe de Requisa” y fue quien debió controlar, en ejercicio de sus funciones, la correcta realización del procedimiento.

Agrega que, por acción u omisión, el codemandado es responsable y solicita que así se lo condene.

Se queja también respecto del monto de las sumas concedidas en concepto de indemnización. Manifiesta que, con una incapacidad del 88%, la indemnización del daño sobreviniente de $300.000 es baja y no repara las lesiones de carácter permanente que sufrió por negligencia de la demandada.

Cita las pericias de los expertos en las que aluden a los perjuicios que actualmente padece.Indica que no puede sostenerse válidamente que la suma del 80% de incapacidad visual, más el 34,58% de discapacidad neurológica pueda dar un total menor al 100%. Sin perjuicio de ello, arguye que una capacidad residual del 20% es muy baja para reubicarse en el mercado laboral.

Destaca que han afectado negativamente su vida dado que el accidente, que provocó daños irreparables, fue a los 21 años de edad y de esta manera se afectó su derecho a la vida y a su integridad física.

Finalmente, señala que los $250.000 por daño moral son insuficientes dado que no reparan el dolor íntimo experimentado por el trastorno postraumático de carácter crónico que padece.

4º) Que, por su parte, el demandado se queja de la falta de coherencia entre lo presupuestos legales establecidos en el fallo apelado y respecto de la solución adoptada por ser errónea, arbitraria y contraria a la prueba producida. Explica que si el actor hubiese obrado con el cuidado y la previsión elemental con el que se debe conducir una persona en forma habitual, no se habría producido el accidente. Aclara que “la dolencia que dice padecer el actor debe atribuirse -con relación de causalidad- a una situación atribuible a su propia conducta”.

Por otro lado, considera incorrecta la imposición de costas y solicita que sean impuestas al actor, o en su defecto por su orden. Apela por altos los honorarios regulados al letrado de la parte actora (v. fs. 1090vta., segundo párrafo).

Señala que resulta exorbitante el monto otorgado por el daño moral ya que su valoración y cuantificación es antojadiza y arbitraria.

Impugna la suma fijada por el daño sobreviniente por carecer de fundamento y por ser abultada y arbitraria. Agrega que un accidente no debe ser objeto de enriquecimiento indebido.Desconoce la operación aritmética utilizada por el magistrado para su cálculo.

Respecto al daño psicológico, cita un precedente del Tribunal Supremo de Córdoba en el que establece que, mientras no se demuestre de manera cabal que promedia una lesión psíquica, con motivo del hecho, susceptible de traducirse en una real y efectiva minusvalía, la alteración anímica no podrá ser resarcida como perjuicio material sino, en todo caso, a título de daño moral. Añade que es errónea la valoración que se tomó para determinar el monto de este concepto y que prescinde de fundamento alguno.

Manifiesta que la sentencia recurrida se apartó de las reglas de la sana crítica. Explica cómo funciona esta doctrina y su lógica. Alega que en el expediente no hay elementos probatorios que permitan establecer que el Servicio Penitenciario Federal hubiese actuado de forma indebida y que dicha circunstancia no fue advertida por el magistrado de la instancia anterior y esto agravia a su parte.

Por último, critica la tasa de interés aplicada, y solicita que se declare las sumas retroactivas hasta 31/12/01 y se las encuadre dentro del régimen de consolidación de deuda de las leyes 25.344, 25.565, 25725 y dto. 1116/00. Asimismo, peticiona que a los montos no consolidados se le aplique lo dispuesto en el art. 68 de la ley 11.672, “señalando la previsión presupuestaria previa, pero -tal como lo estipula dicho precepto- no a partir de la notificación del fallo en crisis ni del eventual pronunciamiento adverso de Cámara, sino a partir de la sentencia firme”.

5º) Que, previo a tratar los agravios vertidos por los recurrentes, estimo apropiado puntualizar que en el sub examine se encuentra fuera de discusión que, el 09/01/1998, G. D. M. fue detenido preventivamente y trasladado a la Unidad Carcelaria de Devoto, por ser presunto coautor de un robo a mano armada. El 31/03/98, mientras se realizaba una requisa a cargo del Jefe de Requisas Hugo R.Sbardella, el actor fue golpeado fuertemente en su cabeza. Producto de ello, fue internado en el Hospital Santojanni por un traumatismo encéfalo craneano, siendo intervenido quirúrgicamente el 01/04/98 (v. historia clínica de fs. 284/385). Como luego de la operación el interno manifestó tener la visión borrosa, el 23/06/00 se le diagnosticó amaurosis (ceguera) en el ojo derecho (OD) y visión luz en el ojo izquierdo (OI), siendo operado nuevamente, el 04/10/00, realizándosele una vitrectomía y aplicación de retina en el OD (fs. 372).

Finalmente, el 07/10/98, el Tribunal Oral en lo Criminal 6º de la Capital Federal, condenó al actor, como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas, a la pena de 5 años y 6 meses de prisión. Asimismo, consideró como atenuante de la pena “la lesión craneoencefálica causante de la minusvalía psicofísica verificada a través de los informes médicos.” (fs. 910/924).

6º) Que, en su primer agravio, el SPF atribuye la responsabilidad de los hechos al actor en función de lo dispuesto en el art. 1111 del C.C. (art. 1729 CCyC), indicando que si aquél hubiese obrado con el cuidado y la previsión elemental con la que se debe conducir una persona en forma habitual, el daño no se habría producido. Ante ello, es necesario recordar, en primer término, que el art. 18 de la CN establece como principio que las cárceles tienen como propósito la seguridad de las personas y no el castigo de los reos detenidos en ellas, proscribiendo toda medida “que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija”. Este artículo consagra para aquellas personas privadas de su libertad el derecho a un trato humano y a condiciones dignas de vida, como también establece la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento.

Asimismo, el art.5º de la ley 20.416 establece, entre las funciones del Servicio Penitenciario Federal, la de “velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental”.

Por su parte, luego de la reforma constitucional de 1994, la Nación incorporó, con jerarquía constitucional, tratados internacionales, entre ellos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre que, en su art. 25, prevé que “todo individuo tiene también un tratamiento humano durante la privación de su libertad”; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 10, establece que “toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su inc. 2º, art.

5º prescribe “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

Aclarado ello, entre la prueba incorporada a la causa consta el expediente nº 28.634/98, caratulado “Hugo Norberto Sbardella y otros por apremios ilegales a detenidos”, en el cual se encuentran testimonios de los reos en donde, en forma genérica manifiestan que, el 31 de marzo de 1998, se realizó de forma imprevista una requisa en el pabellón 6º de la unidad carcelaria de Devoto, en donde el personal policial ingresó con escopetas, bastones y cascos, disparando, golpeando y reprimiendo a todos los que allí se encontraban. Se les ordenó que se tiraran al piso y a los renuentes se los castigó brutalmente. Varios afirman que fueron obligados a formar con sus cuerpos una pila humana con el fin de reducirlos e inmovilizarlos (fs.123/149, 160/167 y 168).

De la indagatoria de Sbardella (Alcaide de la Sección Requisas de la División Seguridad Interna, de la Unidad II del Servicio Penitenciario Federal) se desprende que, el 31 de marzo de 1998, como consecuencia de ciertos problemas de parte de los internos de los pabellones 5º, 6º y 7º, se reunió el Comando de Seguridad de la Unidad con el Director, a fin de evaluar la gravedad de los hechos y recibió la orden de parte de sus superiores de ingresar al pabellón 6º. El objetivo era retirar a los reos que habían comenzado los disturbios, que eran entre 5 y 7, para aislarlos en otro lugar. Entraron equipados con chaleco protector, casco visera, dos agentes armados con escopetas, balas de goma y bastones. Cuando se apersonaron en la puerta del pabellón encontraron colchones quemándose y los esperaban portando elementos corto punzantes.

Relató que se produjo un forcejeo con los casi 70 internos alojados y como resultado de ello varios delincuentes y agentes terminaron lesionados (fs. 393/398 del expte. cit.).

El médico de la Unidad, Julio C. Bini (acusado de golpear a varios reclusos), en su declaración relató que, el día del suceso, luego del procedimiento de requisa, se apersonó en el pabellón y elaboró informes de los diagnósticos, en tanto que sus compañeros realizaban tareas de primeros auxilios, constatando las lesiones. Aclaró que en ningún momento aplicó tratamiento alguno o tuvo contacto con los internos que allí se encontraban. Agregó que no recordaba haber visto colchones quemados y respecto de los objetos que se encontraban en el lugar sólo individualizó trapos y ropa tirada por el piso (fs.

427/429 del expte. cit.).

Asimismo, figura un informe de Sbardella en el que individualiza a los “cabecillas” de la resistencia a la requisa entre los cuales no aparece el nombre del aquí actor (cfr. fs. 114/115 del expte.cit.).

Por otro lado, del testimonio de Mario Carrizo, agente retirado del SPF, surge que el día en que se produjo el accidente había muchos reclusos amontonados en la reja y se tuvo que ingresar con escudos y bastones de goma, que se efectuaron dos disparos al aire y así se logró dominar la situación, llevando a aquellos al fondo del pabellón. Respecto a la forma en la que los detenidos tomaban conocimiento de las requisas indicó que era común que se lo comunicaran entre ellos (fs. 942/943).

De toda la prueba reunida no surge constancia alguna que acredite la inconducta del actor. Por el contrario, del informe del médico forense constan numerosas lesiones entre la cuales se puede mencionar la de Alejandro Mila que presentó hematoma de 10 por 4 cm aproximadamente en la región escapular derecha, hematoma de 5 por 2 cm aproximadamente en tercio medio de brazo izquierdo, hematoma de 8 por 3 cm aproximadamente en cara posterior de muslo izquierdo, todas ellas de importancia leve y producidas mediante golpe o choque con o contra cuerpo duro; Eduardo Eugenio Zamudio presentó herida contusa de 3 cm en región frontal izquierda saturada con 2 puntos; Raúl Roberto González presentó diecisiete heridas redondeadas contuso excoriativas cubiertas con costra hemática de diámetro variable entre 1,5 y 2 cm distribuidas en forma difusa en cara anterior de tórax, abdomen y región inguinal izquierda, tumefacción en dorso de mano izquierda, áreas equimóticas varias que oscilan entre 6 por 12 y 6 por 15 cm distribuidas en cara posterior del tronco, brazo izquierdo y región lumbar izquierda y herida contuso cortante saturada parietooccipital derecha; Antonio Alfonso Lago presentó herida contusa saturada de 3 cm en región parietal derecha, seis heridas redondeadas cubiertas de costra hemática en miembro inferior izquierdo, hematoma de 6 cm de diámetro en región malar izquierda y equimosis múltiples en dorso y región occipital; Víctor Elio Navarro presentó mejilla izquierda excoriación cubierta con costra serohemática de aproximadamente 1 cm de longitud por0,5 de ancho, en nariz ala nasal izquierda, excoriación de aproximadamente 0,5 cm de longitud por 2 cm de ancho, en codo izquierdo tumefacción global equimosis en cara posterior, dolor a la palpación de epicóndilo izquierdo, movimientos abolidos por importancia funcional, región cortical dolor a la movilización activa para flexión, equimosis en región dorsal en un área de 8 cm de longitud por 4 cm de ancho, en región glútea izquierda equimosis en un área de 6 cm de longitud por 5 cm y en mano izquierda dorso dedo índice sobre su articulación interfalángica media, tumefacción y herida de 2 cm de longitud; y entre ellas la más grave, la de G. D. M. quien presentó traumatismo encéfalocraneano con hematoma subdural derecho, observándose equimosis palpebral izquierda con herida quirúrgica compatible con evacuación de hematomas, agudeza visual cero en ojo izquierdo y visión luz en ojo derecho, con hemovítreo o derrame sanguíneo intraocular en el cuerpo vítreo, de importancia gravísima para la salud del interno y producidas mediante golpe o choque con o contra cuerpo duro, lo que determinará una incapacidad funcional y laboral total y permanente (fs. 42/52 del expte. penal cit.).

Debe recordarse que la Corte federal ha interpretado que “la seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema al que no sirven formas desviadas del control penitenciario” (Fallos: 318:2002 ). Además, cabe señalar que quien contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o ejecución irregular (Fallos:312:1656, 318:193 , 325:2949 ; 326:4003 , entre muchos otros).

7º) Que, en esta línea, se consideran como requisitos ineludibles para el reconocimiento de responsabilidad del Estado por su actividad ilegitima: a) un daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca; b) imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) relación de causalidad adecuada entre la actividad estatal y el daño cuya reparación se persigue; d) falta de servicio por cumplir de manera irregular los deberes y obligaciones impuestas por la Constitución, la ley o el reglamento o por el funcionamiento defectuoso del servicio.

En el caso se cumplieron todos estos requisitos, el daño cierto fue acreditado, como se expuso ut supra, por el médico forense, la historia clínica adjuntada a la causa y del informe del especialista neurólogo que describe que el actor presenta una cicatriz parietal derecha no cubierta por el cabello y una cicatriz a nivel de la nariz (v. fs. 612). En cuanto a la imputabilidad, de los testimonios y declaraciones de ambas partes, así como de los informes médicos, resulta claro que la lesión fue provocada en el pabellón 6º de la Unidad Carcelaria de Devoto, el 31/03/98, por parte del personal del Servicio Penitenciario mientras se llevaba a cabo la requisa, producto de un golpe o choque con un cuerpo duro.

Además, las tres pericias médicas realizadas coinciden en que la lesión y las dolencias que el actor padeció y sufre actualmente tienen una relación de causalidad directa con el traumatismo craneoenfálico (fs. 557/559vta., 610/613 y 619/621vta.).

De lo expuesto y de los informes médicos acompañados es indudable la falta de servicio del SPF ya que el daño que se le causó al actor excedió los límites legales y razonables autorizados para repeler la situación que describe el codemandado, verificándose una notoria desproporción entre los incidentes que se trataban contener y los perjuicios que se ocasionaron posteriormente.Sin perjuicio de ello, tampoco se advierte que haya existido alguna conducta reticente del actor respecto al operativo policial que se llevó a cabo que justifique la magnitud de la agresión que sufrió.

En este contexto, cabe colegir que los graves perjuicios, detallados anteriormente, ocasionados al actor por parte del Servicio Penitenciario se podrían haber evitado si se hubiera hecho un uso responsable de la fuerza pública, circunstancia que lleva a desestimar el agravio planteado por el Estado Nacional y confirmar su responsabilidad por los daños provocados.

8º) Que, aclarado ello, corresponde tratar los planteos referidos a los montos indemnizatorios concedidos por el a quo.

Si bien en el texto de la Constitución Nacional no existe criterio precis o que permita establecer el alcance o en qué medida debe responder el Estado por su obrar irregular, con la incorporación de la Convención Americana de DDHH al texto, luego de la ya mencionada reforma de 1994, se agregó el principio de “justa indemnización” (inc. 1º, art. 63 de la CADDHH).

Este postulado fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Velázquez Rodríguez” en el que interpretó que el resarcimiento “debe estar [orientado] a procurar la restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos humanos. El desiderátum es la restitución total de la situación lesionada, lo cual, lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el caso presente. En esos supuestos, es procedente acordar el pago de una “justa indemnización” en términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida lo que se buscaba era recomponer las cosas al estado anterior a la ocurrencia del daño para remediar la desigualdad” (cfr. segundo párrafo del pto. IV en http://www.corteidh.or.cr/ docs/casos/articulos/seriec_ 09_esp.pdf). Asimismo, la CSJN tiene dicho que el principio general que establece el art.19 de la CN, según el cual se prohíbe a los `hombres´ “perjudicar los derechos de un tercero”, se encuentra “entrañablemente vinculado a la idea de reparación” (Fallos 308:1118 y 327:3753 ).

La doctrina de la Corte Interamericana de DDHH es incluida en el nuevo Código Civil y Comercial cuando establece que la reparación plena “consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso” (art. 1740) y respecto la indemnización aclara que “incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida” (art. 1738).

De ello se interpreta que la reparación del perjuicio debe ser integral teniendo en cuenta las lesiones físicas y psíquicas ya que lo que se busca indemnizar es el daño a la integridad del actor.

9º) Que, respecto al daño sobreviniente debe tenerse en cuenta el informe del perito oftalmólogo, en cual detalla que las lesiones sufridas fueron desprendimientos de retina traumáticos en ambos ojos que pudieron ser mejorados desde lo anatómico por tratamientos médico y quirúrgico y que dejaron como secuela una importante disminución de la agudeza visual (OD: 3/10 y OI: visión luz) y del campo visual. Aclara que si bien mejoró la parte anatómica (retina aplicada a OD), no sucedió lo mismo con la parte funcional o sensorial (secuela en la agudeza y campo visual) y que la etiología de estas lesiones se ubica a partir de los traumatismos craneoencefálico y ocular sufridos durante la requisa realizada el 31/03/98. Deduce que en función de lo analizado la capacidad laboral del actor se encuentra disminuida en un 80 % (fs.619/621vta.).

Además, consta que mientras que del ojo derecho pudo ser intervenido quirúrgicamente, recuperando 3/10 de agudeza visual, no pudo hacerse lo mismo con el ojo derecho ya que -como indica el actor- no contaba con los recursos suficientes para afrontar tales gastos.

Al respecto, el perito informó que en la actualidad la pérdida de agudeza y del campo visual es definitiva sin posibilidad de recuperación ni de tratamiento alguno.

Por su parte, de la pericia neurológica surge que el traumatismo craneoencefálico produjo un desorden mental orgánico postraumático con la consiguiente alteración en la memoria, fluencia verbal y, como todo operado de una lesión de este estilo, el pronóstico a largo plazo es incierto habida cuenta de las lesiones estructurales demostradas por tomografía computada encefálica y un electroencefalograma patológico. Agrega que estos pacientes pueden sufrir convulsiones y que deben controlarse periódicamente por un neurólogo o neurocirujano. Cuantifica la incapacidad en un 20 % de la total obrera (fs. 610/613 y 633 y vta.).

En consecuencia, teniendo en cuenta este alto grado de discapacidad, no puede sostenerse, como lo afirma el demandado, que la suma de $300.000 sea un monto elevado. En cambio, resulta atendible el planteo expuesto por el actor cuando lo considera exiguo dado que, al momento en que se produjo el incidente, aquél tenía 21 años de edad y seis hijos a su cargo.Por ello y dado que el actor sufrió daños permanentes que afectaron gravemente sus oportunidades de acceder e integrarse, no sólo a la sociedad y en su familia, sino también al mercado laboral en una edad sumamente productiva, corresponde establecer el resarcimiento por este rubro en la suma de pesos 500.000.

10) Que, en lo atinente al daño moral, cabe precisar que el mismo comprende las molestias en la seguridad personal o en el goce de sus bienes que se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados de un hecho; y que tienen por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor por si mismos en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual y la integridad física.

Al respecto, este Tribunal tiene dicho que el daño moral tiene naturaleza resarcitoria y, para fijar su quatum, no es menester recurrir inexorablemente a criterios puramente matemáticos ni es necesario una estricta correspondencia con otros rubros indemnizables, que, incluso, pueden no llegar a existir (esta Sala, Viega Verónica Paola c/Mº Interior – PFA s/ Daños y Perjuicios” , nº 135.596/02, sentencia del 24/02/11).

Aclarado lo precedente, del estudio psiquiátrico se desprende que el actor presenta un síndrome depresivo producto de los sucesos vividos que representaron una amenaza para su integridad corporal y que desde el punto médico legal presenta una reacción vivencial anormal Grado II porcentual dando como resultado una incapacidad del 10 %. Además indicó que requería tratamiento psicoterapéutico durante un año (fs.557/559vta.).

En virtud de ello, teniendo en cuenta de que para fijar el valor de la reparación del daño moral -como ya se dijo- no es necesario ningún parámetro específico al cual atenerse, sino más bien al libre criterio de juzgador, y dado las circunstancias configuradas en la causa y los padecimientos de orden espiritual experimentados por el recurrente, corresponde fijar el monto, en valores actuales, a la suma de pesos 300.000 a favor de la Sr. G. D. M.

11) Que, el actor también manifestó que se condenase solidariamente al codemandado junto con el Estado Nacional, por incumplir su deber de seguridad como jefe de requisa, ya sea por acción u omisión, dado que bajo su supervisión ocurrieron los hechos descriptos en autos.

Según lo acreditado en las declaraciones testimoniales de fs. 136/137, 140/141, 145/146, 148/149, 164/168 (reclusos) y de las indagatorias de fs. 393/398 y 402/400vta. (Sbardella y Mario A. Carrizo, encargado de requisas) del expte. penal nº 28634/98 resulta indudable la participación efectiva de Hugo A. Sbardella en los hechos descriptos en la presente. Asimismo, en su procesamiento se dispuso “estimo que de cara a las numerosas testimoniales recabadas y de las actas de reconocimiento, surge desde ya la efectiva y concreta participación de Sbardella y Carrizo en los hechos sucedidos en el interior del pabellón 6 del penal”.

Por otro lado, debe señalarse que según lo dispuesto en el art. 9º de la ley 24.660, que establece los principios y modalidades básicas de la ejecución de la pena privativa de la libertad, prevé que “la ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes.Quien ordene, realice o tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren corresponder”. Además, el dto.

303/96, que aprobó el Reglamento General de Procesados aplicable a los procesados alojados en unidades carcelarias de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, en su art. 57 dispone “al personal penitenciario le está absolutamente prohibido emplear la fuerza en el trato con los internos, excepto en los casos de fuga, evasión o de sus tentativas o de resistencia por la fuerza activa o pasiva a una orden basada en norma legal o reglamentaria. Aun en estos casos, todo exceso hará pasible al responsable de las sanciones administrativas y penales que correspondan”.

En esas condiciones, evaluando las severas lesiones que sufrió actor, el cual padece de una discapacidad visual del 80 %, resulta evidente que el codemandado estaba a cargo y efectivamente participó de la requisa del 30/03/98, en el pabellón 6º de la Unidad Carcelaria de Devoto. Además, se advierte que aquél, como jefe del procedimiento, tenía el deber de vigilar y controlar su correcta realización y que por la magnitud de los daños ocasionados no cumplió debidamente su deber al no haber adoptado las precauciones indispensables para impedir el proceder dañoso de sus dependientes.En definitiva, lo que aquí se reconoce es la responsabilidad del codemandado Sbardella por no haber evitado, al menos, el obrar perjudicial del personal a su cargo cuando ello era su deber como encargado de requisa.

Por lo expuesto, cabe concluir en la responsabilidad de Sbardella respecto de las lesiones sufridas por el actor y corresponde condenarlo solidariamente al pago de los montos reconocidos en la presente junto con el Estado Nacional.

12) Que, no puede considerarse como válida y fundada la crítica del Estado Nacional referida a la tasa de interés, ya que esta sólo es mencionada en el título 2.1.5 de su expresión de agravios a la que no agrega reproche ni explica la forma en que esos réditos deberían ser calculados. Algo similar sucede con el agravio relativo a la consolidación de deuda, en donde sólo cita la ley y pide su aplic ación pero no se hace cargo de lo expuesto por el magistrado de grado cuando puntualizó que “Atendiendo al carácter alimentario que revisten las indemnizaciones otorgadas, y habida cuenta del alto grado de incapacidad permanente, que padece el accionante en la actualidad -casi total-, considero que el caso encuadra en la en la excepción prevista en el art. 18 de la ley 25.344, que permite excluir obligaciones del régimen de pago en bonos de consolidación de la deuda pública.”.

13) Que, en relación con el agravio del Estado Nacional relativo la apelación de honorarios por altos no corresponde pronunciamiento alguno, toda vez que los argumentos desarrollados en tal sentido no se compadecen con lo decidido en la sentencia apelada (art. 265 y 266 del CPCCN).

14) Que, respecto a las costas, no encontrándose circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde imponerlas en ambas instancias a los demandados vencidos (art. 68, primera parte, del CPCC).

Que, en virtud de las razones que anteceden, VOTO por: 1) Rechazar el recurso interpuesto por el Estado Nacional de fs.1070; 2) hacer lugar al recurso del actor y condenar solidariamente a Hugo Norberto Sbardella al pago de las sumas que aquí se establezcan; 3) modificar los importes fijados en la sentencia de grado determinándolos en $500.000 por daño sobreviniente y de $300.000 por daño moral, con más sus intereses, calculados a la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina desde el día del hecho dañoso

(31/03/98) y hasta su efectivo pago, en dinero en efectivo (cfr. art. 18 de la ley 25.344); 4) imponer las costas a los demandados vencidos.

Los señores jueces de Cámara Marcelo Daniel Duffy y Rogelio W. Vincenti adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso interpuesto por el Estado Nacional de fs. 1070; 2) hacer lugar al recurso del actor y condenar solidariamente a Hugo Norberto Sbardella al pago de las sumas que aquí se establezcan; 3) modificar los importes fijados en la sentencia de grado determinándolos en $500.000 por daño sobreviniente y de $300.000 por daño moral, con más sus intereses, calculados a la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina desde el día del hecho dañoso (31/03/98) y hasta su efectivo pago, en dinero en efectivo (cfr. art. 18 de la ley 25.344); 4) imponer las costas a los demandados vencidos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI