La medida cautelar prevista en el art. 252 de la Ley 19.550, procede cuando los extremos fácticos no pueden ser analizados con profundidad en el marco estrictamente cautelar

reunionPartes: Turdó Miguel Esteban c/ Empresa de Proyectos Management y Gerencia (EPMG) S.R.L. s/ medida precautoria

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 7-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-100123-AR | MJJ100123 | MJJ100123


Sumario:

1.-Si nos hallamos ante una incidencia tendiente a dilucidar la eventual procedencia de una medida cautelar que, como la prevista en el art. 252 de la Ley 19.550, debe ceñirse al análisis provisorio de los hechos que rodean a la pretensión principal, cualquier decisión que en esta instancia se adopte al respecto, solamente tenderá a evitar la causación de perjuicios al interés social que pongan en peligro al ente; aunque sin ingresar definitivamente al fondo del conflicto y tal tarea, como es de toda obviedad, deberá llevarse a cabo una vez delimitada la materia litigiosa y luego de producidos los medios probatorios correspondientes.

2.-Las atribuciones judiciales para decretar la suspensión de una reunión de socios se condicionan a la existencia de motivos graves y a la posibilidad de que se consumen hechos que causen perjuicios irreparables.

3.-Los motivos graves, a la luz de lo dispuesto por el art. 252 de la Ley 19.550 deben merituarse en función no sólo del perjuicio que podría ocasionarse a terceros, sino fundamentalmente al interés societario, que predomina sobre el particular del impugnante.

4.-Procede la medida cautelar prevista en el art. 252 de la Ley 19.550, cuando las cuestiones controvertidas – necesidad por la sociedad de un aumento del capital social – conciernen a extremos fácticos ampliamente controvertidos, que no pueden ser analizados con profundidad en este marco estrictamente cautelar, máxime cuando los hechos invocados por el actor no hallan apoyatura en circunstancias debidamente probadas en la causa y que aun así han sido utilizadas por el juez de primer grado para admitir la medida cautelar que nos ocupa. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 7 de junio de 2016.

Empresa de Proyectos Management y Gerencia (EPMG) S.R.L. apeló la resolución de fs. 89/92, por la que el juez de primera instancia admitió la solicitud de suspensión las decisiones adoptadas en la reunión de socios celebrada el 23.4.15, que el actor Miguel Esteban Turdó efectuara en fs. 52/58. Su recurso de fs. 161/169 -fundado en los términos del art. 248 del Cpr.- fue concedido en fs. 198 (punto IV.2°) y contestado en fs. 189/193.

En prieta síntesis, la recurrente se agravia porque -a su criterio- el magistrado anterior no examinó adecuadamente las constancias de la causa y no advirtió que, en el caso, no concurren los recaudos legales para el otorgamiento de la medida pretendida por el actor.

I. Para comenzar, debemos recordar que nos hallamos ante una incidencia tendiente a dilucidar la eventual procedencia de una medida cautelar que, como tal, debe ceñirse al análisis provisorio de los hechos que rodean a la pretensión principal. Es así que cualquier decisión que en esta instancia se adopte al respecto, solamente tenderá a evitar la causación de perjuicios al interés social que pongan en peligro al ente; aunque sin ingresar definitivamente al fondo del conflicto. Tal tarea, como es de toda obviedad, deberá llevarse a cabo una vez delimitada la materia litigiosa y luego de producidos los medios probatorios correspondientes (esta Sala, 21.2.13, “Faggioni, Rubén B. y otro c/Uniquim S.R.L. s/ordinario s/inc. de apelación art. 250, Cpr.”).

Sentado ello, corresponde poner de relieve que en casos como el de autos, los hechos tenidos como prima facie acreditados por el juez de primera instancia deben ser desvirtuados por quien apela (arts. 202/203 y 265, Cpr.; conf. esta Sala, 26.2.15, “Geuna, Edgardo Daniel c/Ranchos S.A. y otros s/medida precautoria s/incidente art. 250”; 25.8.15, “Geuna, Edgardo Daniel c/Ranchos S.A. y otros s/ordinario s/incidente art.250”) y que, específicamente en conflictos como el aquí evidenciado, las atribuciones judiciales para decretar la suspensión de una reunión de socios se condicionan a la existencia de motivos graves y a la posibilidad de que se consumen hechos que causen perjuicios irreparables (esta Sala, 8.4.08, “Maya, Antonio José c/Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A. s/medida precautoria”; Sala A, 22.6.82, “Marcanti, Héctor L. c/Empresa de Transportes General Roca”; Sala B, 31.10.83, “Milrud, Mario c/The American Rubber Co. S.R.L.”; Sala E, 10.2.87, “La Gran Provisión S.A. c/Meili y Cía. S.A. s/inc. med. cautelares”; entre muchos otros).

Tales motivos graves deben merituarse en función no sólo del perjuicio que podría ocasionarse a terceros, sino fundamentalmente al interés societario, que predomina sobre el particular del impugnante (CNCom., Sala B, 24.12.87, “Ferrari Hardoy M. c/Plinto S.A.”; 23.9.86, “Grosman H. c/Los Arrayanes S.A.”; Sala C, 12.6.92, “Mues Cesario c/Rin Riv s/sum.”).

J. Sobre la base de lo anteriormente expuesto, corresponde señalar que en el caso de autos, la demandada procura la revocación de la decisión del Juez a quo, efectuando manifestaciones que aluden a cuestiones de hecho que -en este estado del procedimiento- no encuentran correlato empírico en la causa (tales como la necesidad de aumentar el capital social, la conducta reprochable del actor y la expansión de los negocios sociales a la que se opondría injustificadamente aquel). Además, esas cuestiones conciernen a extremos fácticos ampliamente controvertidos, que no pueden ser analizados con profundidad en este marco estrictamente cautelar.

Claro que podría sostenerse que también los hechos invocados por el actor no hallan apoyatura en circunstancias debidamente probadas en la causa y que aun así han sido utilizadas por el juez de primer grado para admitir la medida cautelar que nos ocupa.Mas no debe perderse de vista que el análisis de tal magistrado debe concentrarse en aquellos hechos que por su relevancia y exposición otorgan calidad indiciaria al relato del pretensor; ni puede soslayarse, por lo demás, que la decisión apelada se basó especialmente en dos hechos no controvertidos de manera idónea: 1°) la necesidad de evitar que el elevado aumento del capital social (de $ 20.000 a $ 1.800.000) viole los derechos del socio que no asistió a la reunión impugnada (y que con anterioridad a ella solicitó reiteradamente el tratamiento de los balances del ejercicio cerrado el 31.8.14 y su oportuna exhibición; v. fs. 140) y, 2°) el mantenimiento de las decisiones sociales adoptadas en la reunión cuestionada por un solo socio dejaría en su poder el manejo y control de una entidad cuyas participaciones pertenecen, al menos por ahora, en mitades iguales a los dos miembros que la integran.

Al respecto, corresponde recordar que esta Sala ya ha intervenido en un expediente donde debió analizarse, también con un reducido pero insoslayable marco procedimental, el extenso y aletargado conflicto societario en que se hallan inmersos los socios Franco y Turdó (a priori enemistados desde fines del año 2012; v. fs. 162), quienes una y otra vez se imputan entre sí conductas contrarias al interés social y se atribuyen el mérito por el éxito empresarial que hasta el momento habría obtenido la sociedad en sus actividades comerciales

-imputaciones y atribuciones que se mantienen en esta causa según puede apreciarse, por ejemplo, en las constancias de fs. 54, 124/143, 163, 175/186 y 180/181.- (v. esta Sala, 5.2.15, “Empresa de Proyectos Management y Gerencia S.R.L. c/ Turdó, Miguel Esteban s/ordinario”; v. copia en fs.73/74).

Lo hasta aquí expuesto conduce a confirmar la decisión de primera instancia.

Es así que, sin perjuicio de analizar nuevamente el caso si circunstancias ulteriores así lo aconsejan, y dejando debidamente en claro que la presente decisión en modo alguno significa adelantar opinión o parecer alguno sobre la suerte que pudiera seguir la pretensión de fondo, corresponde desestimar el recurso sub examine.

K. En cuanto al pedido de sanciones efectuado por el actor en fs. 192 (art. 45, Cpr.), corresponde recordar que la malicia es el propósito obstruccionista y dilatorio evidenciado por las articulaciones deducidas,

mientras que la temeridad implica el conocimiento que tuvo o debió tener el litigante de la falta de motivo para resistir, formulando defensas o pretensiones cuya ausencia de fundamento no podía ignorar de acuerdo a pautas mínimas de razonabilidad (esta Sala, 23.10.13, “Budani, Carlos c/BMW Argentina y otros s/ordinario”, Sala B, 5.7.93, “Mariano, Alberto c/Mattina Hnos. SACIAN s/ ordinario”).

Así, considerando el resultado del recurso interpuesto y que, en sí misma, la actitud de la demandada no resulta temeraria ni maliciosa -pues no se configuran los presupuestos señalados supra- no cabe más que rechazar el pedido efectuado.

L. Con base en lo precedentemente expuesto, se RESUELVE:

x) Desestimar la pretensión recursiva de fs. 167 y confirmar íntegramente la resolución de fs. 144/147.

xi) Rechazar el pedido de sanciones de fs. 192.

xii) Imponer las costas de segunda instancia a la demandada, por resultar sustancialmente vencida (arts. 68/69, Cpr.).

M. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13). Fecho, devuélvase la causa, confiándose al Juez a quo las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes.

Firman los suscriptos por hallarse vacante la vocalía 12 (RJN 109).

Es copia fiel de fs. 240/241.

Pablo D. Heredia

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Frick

Prosecretario de Cámara