Procede el pedido de rendición de cuentas efectuado por el autor contra el editor demandado

contrato-rotoPartes: L. C. c/ Capítulo Dos Producciones S.A. y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 24-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99791-AR | MJJ99791 | MJJ99791

Sumario:

1.-Existiendo un contrato verbal en el que la contraprestación era un porcentaje de las sumas que percibiera la escritoria de la editorial y al no contar con ninguna otra referencia de cuál era el valor de ese descuento, no existen razones válidas para apartarse del primigenio porcentaje del 35% descontado del anticipo de honorarios que, por otra parte, coincide sustancialmente con las operaciones posteriores y que no fueron cuestionadas.

2.-Para interpretar los alcances de un contrato los jueces no deben limitarse tan sólo a lo fundamental expresado, sino que resulta menester tomar en consideración las consecuencias que del propio accionar de las partes derivan (arts. 1197 , 1198 y cc. CCiv. y art. 218 CCom.).

3.-El Tribunal debe buscar que se mantenga el debido equilibrio en los acuerdos de voluntades, utilizando como principio rector la buena fe, que es el predicado general que se encuentra en toda la vida del derecho. Buena fe, creencia en la preparación y celebración del contrato, lealtad y probidad en la interpretación, cumplimiento y término.

4.-Procede el pedido de rendición de cuentas efectuado por el autor contra el editor demandado, pues aún cuando surgiera con claridad el porcentaje de comisión de los honorarios y las sumas percibidas de las editoriales por los contratos de edición, la demandada no pudo demostrar la legitimidad del rubro gastos que fue descontado de los pagos ni cómo se componían.

5.-La rendición de cuentas alcanza aquello que no fue evacuado por la documentación agregada al expediente, concernientes a la configuración y procedencia de los débitos por gastos efectuados por el agente literario.

6.-No pudo tratarse de una omisión no aclarar que el agente literario firmaba en representación de la sociedad, pues con ese primer párrafo se verificó quiénes intervenían en el contrato y cuál era el carácter que asumieron y allí se indicó al editor, sin aclarar nada más y se colocó un domicilio que no es el de la sociedad. Por lo cual, no existe ningún elemento que permita vincular a la misma con esa contratación, sino que cabe imputar sus consecuencias al editor como agente literario, y es justamente por esa actuación que deberá rendir cuentas de su gestión como representante, en los términos decididos por la magistrada de grado. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 24 días del mes de mayo de dos mil dieciseis reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “L. C. C/ CAPÍTULO DOS PRODUCCIONES S.A. Y OTRO s/ ORDINARIO” (Expediente N° COM 43214/2009; Com. 24 Sec. 48) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Ojea Quintana, Tevez y Barreiro.

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente decisión por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 762/770? El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

I.- Los hechos

616. En fs. 48/51 se presentó la Sra. C. L., por intermedio de apoderamiento judicial, y promovió formal demanda contra CAPÍTULO DOS PRODUCCIONES S.A. y contra GUILLERMO ARIEL OTERO por rendición de cuentas y pago de los importes resultantes, con más sus intereses, accesorios y costas del juicio.

Relató que es una reconocida escritora y que es autora de un libro de impacto editorial titulado “ABZURDAH” que se publicó originalmente a través del Grupo Editorial Planeta SAIC según el contrato de edición que firmaran el 13.7.2006 y que se convirtió en un notorio éxito de librerías y de crítica.

Indicó que en ese contrato designó como su representante y agente literario a Capítulo Dos Producciones S.A., que es una empresa de propiedad del codemandado Guillermo Otero.

Destacó que no suscribió un acuerdo escrito con Otero -con quien, aclaró, estuvo unida sentimentalmente- ni con la empresa Capítulo Dos Producciones. Mencionó que el Sr. Otero recibió los pagos efectuados por la editorial y otros terceros, como presidente de la Sociedad Anónima o bien a título personal.Citó jurisprudencia y doctrina aplicable a estos vínculos. Manifestó que el referido codemandado en algunos casos actuó en representación de su empresa y en otros lo hizo a título personal, tal como ocurrió en el contrato que celebró con una editorial de España llamada “Ediciones Ambar SL” de la cual percibió anticipos de precio sin informarle a la actora.

Destacó que los demandados se condujeron de manera abusiva, aprovechándose de la inexperiencia contractual y comercial de la Sra. L. Expuso que jamás presentaron una rendición de las cuentas y que se condujeron de manera caprichosa y arbitraria con el dinero que ingresaba y recibieron sumas injustificadas.

Señaló que el 24 de noviembre de 2008 revocó por medio de carta documento el mandato otorgado en favor del agente artístico, pues no tenía plazo de duración y le exigió que en el término de diez días procediera a rendir cuentas documentadas, bajo expreso apercibimiento legal.

Mencionó que luego de un intercambio epistolar realizado con la reclamada, el 29.12.2008 se apersonó en sus oficinas en compañía de un escribano a fin de recibir la rendición de cuentas pretendida, pero se le entregaron unas simples planillas que se adjuntaron al acta que labraron en esa oportunidad, que lejos está de constituir una rendición de cuentas o una simple liquidación. Agregó que ese documento no tenía firmas ni membretes, que no se le exhibieron los libros ni había documentación respaldatoria.

Enunció los incumplimientos de la demandada y adujo que de la supuesta rendición entregada surgía una columna que fijaba los honorarios en el 35%, pero que ese importe no fue convenido y que está fuera de los usos y costumbres de la actividad. A su vez, adujo que de las planillas surgen montos no discriminados de “gastos” que tampoco están respaldados por documentación.

Fundó en derecho y ofreció prueba.

617. Corrido el traslado del escrito inaugural de la instancia, se presentó en fs.158/165, CAPÍTULO DOS PRODUCCIONES S.A., también por medio de apoderamiento judicial y aclaró que aun cuando la notificación se hiciera a la dirección del presidente de la sociedad, en aras del principio de buena fe, celeridad y economía procesal, contestó la demanda.

Formuló una negativa pormenorizada y categórica de los hechos expuestos por la accionante y desconoció la autenticidad de la documentación acompañada con el primer escrito.

Relató que la demandante es autora de la novela “Abzurdah” y que suscribió un contrato de edición con su parte, que incluía la promoción y difusión del libro, para que se convirtiera en un Best Seller aquí y en el extranjero. Agregó que luego del boom de este libro, gestionó la firma de un nuevo contrato para otra obra de la autora llamada “Miroslaba”.

Mencionó que el representante legal de la sociedad acompañó personalmente a la actora en sus giras al exterior, ocupándose de su vestuario y maquillaje y que, incluso, llegó a financiarle algunos gastos personales. Aclaró que, en tanto las actividades que realizaba excedían a las que normalmente desarrolla un agente literario, fijaron un porcentaje superior a lo que se acostumbra para estos contratos y que ascendía al 35% de lo que la actora percibiera. Expuso que no plasmaron por escrito este acuerdo en función de la relación de confianza que tenían, pero que esta circunstancia surge claramente del confronte entre las liquidaciones realizadas por Grupo Editorial Planeta SAIC y de los cheques que su parte le entregó a la actora.

Destacó que cada pago que recibió y que acreditó a favor de la contraria, cuenta con los recibos correspondientes.

Explicó que suscribió un contrato con Ediciones Ambar SL, pero que no es cierto que hubiera recibido anticipos y no se los hubiera entregado a la demandante, sino que fue ella misma quien recibió la suma de u$s 5.000.En punto a las restantes sumas estipuladas, adujo que no fueron abonadas porque la actora no cumplió con la gira promocional que debía realizar.

Resaltó que su parte siempre efectuó las rendiciones de cuentas, entregando contra cada pago percibido en nombre de la accionante el correspondiente cheque, con los descuentos por comisión que correspondían. Detalló las operaciones celebradas.

Dedujo reconvención contra la accionante en los términos del Cpr. 355 y le reclamó el pago de $46.649.

Expuso que con posterioridad a la extinción del contrato, la Sra. L. percibió la liquidación efectuada y abonada por el Grupo Editorial Planeta SAIC por los períodos 1/01/2008 -30/06/2008 y 1/07/2008.- 31/12/2008 y por el anticipo de los derechos de autor correspondientes a la obra “Miroslaba”, que ambas remuneraciones se generaron durante la vigencia de la relación contractual y que no entregó a su parte el porcentaje que habían pactado oportunamente.

Ofreció prueba y fundó en derecho.

618. En fs. 211/215 el codemandado, Guillermo Ariel Otero, contestó demanda y adhirió a la presentación de Capítulo Dos Producciones S.A.

Realizó únicamente una salvedad relativa a su actuación como representante de la sociedad y aclaró que nunca intervino a título personal.

Ofreció prueba y se opuso a la prueba testimonial de Carolina G. Heredia.

II.- La sentencia de primera instancia.

La magistrada de grado, mediante el pronunciamiento de fs. 762/770: (a) hizo lugar a la demanda promovida por C. L. contra Guillermo Ariel Otero y lo condenó a rendir cuentas detalladas y documentadas de su intervención como “agente literario” en el contrato celebrado con Ediciones ÁMBAR SL por la obra ABZURDAH con más las costas del juicio (Cpr. 68); (b) rechazó las cuentas rendidas por CAPÍTULO DOS PRODUCCIONES S.A. y la condenó a rendir cuentas de manera detallada y documentada de las operaciones celebradas con Editorial Planeta y le impuso las costas (Cpr. 68); (c) receptó la reconvención y condenó a C. L. a pagar a CAPÍTULO DOS PRODUCCIONES S.A.la suma de $24.598,77 con más los intereses conforme las pautas que fijó y con costas a la vencida (Cpr. 68). Difirió la regulación de honorarios hasta tanto exista una base patrimonial cierta.

Con relación al reclamo por rendición de cuentas, estimó que Capítulo Dos Producciones S.A. admitió plenamente haber sido representante de C. L. y, además, reconoció esta obligación.

Consideró que la actora designó a Capítulo Dos Producciones S.A. como agente literario en el contrato de edición de la obra literaria ABZURDAH que celebró con Grupo Editorial Planeta; que esta sociedad la representó y era quien intervenía para el pago de los derechos, entrega de liquidaciones, certificados y ejemplares ya que estaba autorizado para actuar en su nombre y recibir pagos.

Por otro lado, reconoció la obligación de rendición de cuentas de Guillermo Otero por el contrato de edición de obra suscripto con Ediciones Ambar S.L. el 6.5.2008. Para así decidir consideró que si bien el codemandado dijo que había actuado como representante legal de Capítulo Dos Producciones S.A. (art. 58 de la ley 19.550), del documento suscripto con la editorial española surge que Otero firmó como agente literario y no se hizo ninguna referencia a Capítulo Dos Producciones S.A.

A fin de corroborar el carácter en el que actuó, valoró especialmente el informe de Ediciones Ambar S.L. en el que dijo que D. Guillermo Otero intervino en la contratación y que le realizaron dos pagos.

En virtud de lo expuesto, juzgó que ambos demandados, cada uno por el contrato en el que intervino, debió rendirle cuentas detalladas y documentadas a C. L.

Y en orden al tópico de la rendición de cuentas propiamente dicha, estimó dirimente que las partes no hubieran celebrado un contrato por escrito y que por eso desconoce, entre otras cuestiones, cuál era la comisión de honorarios que habían convenido.

Por ello, realizó una labor de interpretación, de conformidad con las pautas brindadas por el Código de Comercio.En ese sentido, juzgó relevante la documentación acompañada al expediente y destacó los recibos extendidos por la actora, de los que surge el pago de los derechos de autor con una deducción por las sumas que a llí se indicaron. Apreció relevante la contemporaneidad de algunos documentos: el pago que realizó la editorial “Planeta” (21.7.2006), un recibo extendido por L. (28.7.2006) y un cheque, pues la fecha de emisión de cada uno permite inferir su vinculación.

En consecuencia, consideró que esas constancias demuestran que Planeta pagó al agente literario de L. – aquí demandado- por anticipo de derechos de autor la suma de $10.000, que Capítulo Dos Producciones dedujo la suma de $3500 (35%) por honorarios y $500 por “gastos” y que luego, el 24.7.2006, libró un cheque en favor de L. por $6.000 y que la actora suscribió un recibo.

Estimó relevante que de otro de los recibos emitidos por L. del surge que el 20 de marzo de 2007 Capítulo Dos Producciones le entregó la suma de $38.787, deducidos los $10.200 en concepto de “gastos relacionados”.

En esa línea la magistrada decidió que una simple operación aritmética demuestra que los valores entregados a la actora dan cuenta, en ambos casos, de la deducción del 35% y de un descuento por los “gastos”.

Como consecuencia de ello, juzgó que la conducta asumida por las partes durante el transcurso de su relación contractual corrobora: que el agente literario recibió el 35% de lo percibido por la escritora del contrato de edición celebrado con “Grupo Planeta” el 13.7.2006; y que, por otro lado, la demandante aceptó los pagos y consintió el valor de la comisión, analizando para así decidir la ruta literaria de la Sra.L.

Al respecto, juzgó que se trató de un consentimiento tácito y que el descontento actual de la actora con las cifras pactadas es tardío y contrario a sus propios actos.

En punto al porcentaje de la comisión, aludió a un informe que revela que las comisiones que suelen pactarse oscilan entre un 10% y un 20% y que solo en pocas ocasiones hay agentes que cobran un 30%, empero consideró que en el caso no existen motivos para apartarse del pacto del 35% porque las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma (Cciv. 1197) y además, destacó que esta acción no fue interpuesta para revisar las cláusulas del contrato sino para exigir que las demandadas rindieran cuentas por su gestión.

Resolvió que la liquidación realizada por Capítulo Dos Producciones S.A. el 29.12.2008 no es una rendición de cuentas pues, conforme lo dispone el artículo 68 del Código de Comercio, debe estar acompañada de todos los comprobantes relativos a los hechos expresados en ella y en el caso no ocurrió. Por ello, condenó a la demandada a que rindiera cuentas de modo descriptivo, instruido y documentado (art. 68 a 70 del Código de Comercio).

Receptó la reconvención entablada por Capítulo Dos Producciones y condenó a C. L. a que le abonara la suma de $24.598,77 en concepto de comisión sobre los derechos de autor que se generaron durante la vigencia de la relación contractual que unía a las partes -entre el 1.1.2008/30.6.2008 y 1.7.2008/31.12.2008 y anticipo de los derechos de autor de la obra “MIROSLABA”- y que el Grupo Editorial Planeta S.A.le abonó a la autora.

Para decidir en ese sentido consideró que la actora no controvirtió adecuadamente la postura de la reconviniente, pues se limitó a cuestionar el porcentaje de la retribución pretendida y nada dijo acerca del derecho que invocó su ex agente literario a percibir retribución sobre períodos posteriores a la “desvinculación” ni sobre el anticipo que habría recibido por los derechos de su obra “MIROSLABA”.

Juzgó que el vínculo contractual sin término que entablaron las partes se resolvió mediante la carta documento enviada por la actora en la que le comunicaba la revocación del mandato conferido en su oportunidad y lo intimaba a rendirle cuentas de lo actuado en su nombre.

A su vez, destacó que la función económica del negocio de las partes consistió en la intermediación para la edición de las obras ABZURDAH Y MIROSLABA y que esta gestión se concretó mediante los contratos de edición suscriptos con “Planeta” y que en esos contratos la reconviniente intervino como agente literario. Así consideró que está probado que la actora percibió del grupo editorial Planeta en diciembre de 2008 la suma de $20.282,22 por derechos de autor por la renombrada obra ABZURDAH y que también en esa oportunidad cobro $50.000 por anticipo de los derechos de autor por la obra MIROSLABA y, en consecuencia, debe pagar los honorarios a la agente literario con más los intereses liquidados desde la notificación de la reconvención, pues fue la primera interpelación fehaciente de este reclamo dinerario.

III.- Los recursos.

Apelaron las demandadas en fs. 771 y la actora en fs. 774. Sus recursos fueron concedidos en fs. 775 y 780 respectivamente.

La parte accionada expresó agravios en fs. 789/793. Sus críticas pueden resumirse del siguiente modo:(a) es contradictorio que se la condenara a rendir cuentas cuando la sentencia de grado reconoció el porcentaje de retribución acordado, la actora consintió el monto de las sumas entregadas y no cuestionó ninguno de los conceptos deducidos; (b) es errónea la admisión de la demanda contra Guillermo Otero, pues no actuó a título personal sino como representante de la sociedad.

La actora fundó su recurso mediante la presentación de fs. 795/797. Sus agravios transitan por los siguientes carriles: (a) es equívoco el porcentaje de honorarios fijado por la juez a quo y la recepción de los pagos por parte de la demandada no pudo implicar consentimiento pues desconocía la composición de esas sumas; (b) no pudo condenársela al pago de los honorarios reclamados en la reconvención porque no consintió el porcentaje utilizado para su cómputo y, además, el contrato se resolvió antes de cobrar esas sumas; (c) objetó que se la obligara a pagar honorarios sin tener una liquidación firme.

IV.- La solución.

Cabe precisar algunas cuestiones que resultan útiles para revolver los recursos de ambos litigantes.

Se trata aquí de una demanda por rendición de cuentas y pago de los importes resultantes de esa rendición y de una reconvención por el pago de los honorarios que quedarían pendientes y que derivan de ese mismo vínculo contractual.

Las partes están de acuerdo en la existencia de un contrato de “agente literario” y en que no lo celebraron por escrito, incluyendo en dicha omisión la determinación de cuál era el porcentaje que le correspondía percibir al representante en concepto de honorarios. Dicha cuestión, junto con los débitos por gastos del contrato, constituyen el eje del conflicto.

Un orden lógico de prelación aconseja tratar en primer término los cuestionamientos de ambas partes dirigidos contra la condena a rendir cuentas y los parámetros precisados por la anterior sentenciante para cumplir con esa manda, pues aunque con sentido diverso, discurren sobre la misma temática.Luego, serán dirimidos los restantes planteos recursivos.

Rendición de cuentas.

La accionante cuestionó el porcentaje de honorarios fijado por la juez a quo y adujo que la recepción de los pagos no pudo implicar consentimiento, pues no sabía cómo se componían las sumas.

La reclamada fundó su apelación en la contradicción que existiría en la sentencia de grado que por un lado la condenó a rendir cuentas pero, por otro, ya fijó el monto de los honorarios.

Honorarios del agente literario.

Liminaremente cabe señalar que la determinación del porcentaje de los honorarios en esta etapa no resultaba imprescindible para decidir la procedencia de la demanda, pero la jueza se expidió sobre este extremo fijándolo en un 35%, lo que fue asimismo materia de agravio específico.

La actora objetó dicho valor pero no mencionó -siquiera insinuó- qué porcentaje habían pactado en el contrato para fijar el monto de los honorarios del agente literario. El demandado, en cambio, afirmó que acordaron el 35% de lo que percibiera la escritora de las editoriales.

La juez de grado, en adecuada sindéresis, tuvo en consideración la conducta asumida por las partes durante la ejecución del contrato, para así poder determinar cuál fue su real intención al tiempo de contratar; ello, en los términos de lo dispuesto por el artículo 218 del Código de Comercio. Y a fin de resolver el conflicto suscitado en autos valoró la prueba documental que se agregó al expediente.

Es sabido que la prueba es indispensable y su importancia es fundamental pues sustrae al derecho del arbitrio de la probabilidad y lo coloca bajo la égida de la certeza (CNCom., Sala B, in re: “Roldán, Angela R. c. Savaso, Gabriel H. s.sumario”, 26.4.93). Por ello, en principio, y dejando a salvo los casos expresamente previstos por la ley en los que esta última dispone la inversión del onus probandi, quien alega un hecho debe demostrar su existencia.

La carga de la prueba es por cierto una distribución, no del poder de probar, que lo tienen las dos partes, sino una distribución del riesgo de no hacerlo. No supone pues ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante (CHIOVENDA, GIUSEPPE, “Instituziones de Derecho Procesal”, T. III, pág. 92, 1954).

Es, como principio, un imperativo del interés de cada litigante, dado que el juez realiza a expensas de los elementos probatorios aportados a la causa la reconstrucción de los hechos invocados, descartando aquéllos que no hayan sido objeto de demostración en la medida necesaria (esta Sala, in re: “Fábrica de Implementos Agrícolas S.A. c/ Kohler Company s/ordinario”, del 31.5.05; ídem, in re: “Pérez Camps, Sergio c/ Dealers”, del 27.04.99; PALACIO, “Derecho Procesal Civil”, Bs. As., 1972, T. IV, nº 408, pág. 361).

Cierto es que tal esquema conceptual no exhibe carácter dogmático. Y puede decirse que en el mosaico de posibilidades que la realidad presenta a diario al juzgador, corresponde exigir de las partes en el juicio que asuman una carga de colaboración activa concerniente a la prueba que ha de instruirse; sin que ello implique, claro está, desvirtuar el principio supra indicado.

Desde dic ha perspectiva teórica y de la revisión de las constancias del expediente, estimo que la actora no ha satisfecho la carga probatoria que sobre ella pesaba a los fines de abonar su postura y, como se dijo, ni siquiera indicó el valor de los honorarios convenidos.Por el contrario, los pocos elementos que lucen del expediente abonan la versión brindada por la demandada.

Nótese que la documentación aportada y valorada por la anterior sentenciante refleja que respecto del primer pago (de diez mil pesos por adelanto de derechos de autor) la accionante sí conoció cuál fue la suma que retuvo su agente en concepto de honorarios y lo consintió al percibir únicamente $6.000 y emitir recibo (fs. 290, 294, 192, 578 y 567).

Y este es el elemento que mayor eficacia probatoria tiene a fin de dilucidar lo que las partes acordaron, pues no se cuenta con otra prueba de igual tenor que contradiga tal cuestión. De ello, puede presumirse que los honorarios alcanzaban el 35% de lo que ella ganara de las editoriales.

No obstante y aun pudiendo conjeturarse que luego de ese primer pago se hubiera pactado una retribución diferente a la percibida o debatida, lo cierto es que nada dijo la actora al respecto.

En ese contexto, es preciso señalar que existiendo un contrato verbal en el que la contraprestación era un porcentaje de las sumas que percibiera la escritoria de la editorial y al no contar con ninguna otra referencia de cuál era el valor de ese descuento, no existen razones válidas para apartarse del primigenio porcentaje del 35% descontado del anticipo de honorarios que, por otra parte, coincide sustancialmente con las operaciones posteriores a las que ya refirió la magistrada de grado y que no fueron cuestionadas.

No soslayo que, respecto de los pagos subsiguientes, no puede afirmarse -tal como dijo la demandante- que al momento de recibir dinero de la demandada conociera cuánto ésta habría a su vez cobrado de la editorial por virtud de los contratos de edición para así, con esta información, inferir el alcance de estos rubros, es decir, cuánto retenía por comisión y gastos.Pero lo cierto es que no demostró ni insinuó que el porcentaje de los honorarios fuera otro que el utilizado para el primer pago.

Así, para interpretar los alcances de un contrato los jueces no deben limitarse tan sólo a lo fundamental expresado, sino que resulta menester tomar en consideración las consecuencias que del propio accionar de las partes derivan (arts. 1197, 1198 y conc. Cód. Civil y art. 218 Cód. Comercial).

El Tribunal debe buscar que se mantenga el debido equilibrio en los acuerdos de voluntades, utilizando como principio rector la buena fe, que es el predicado general que se encuentra en toda la vida del derecho. Buena fe, creencia en la preparación y celebración del contrato, lealtad y probidad en la interpretación, cumplimiento y término (conf. Bustamante Alsina, Jorge, “Concesión de venta de automotores” LL 152-155).

En ese marco, también se advierte una cuestión que no debe pasarse por alto y que puede esclarecer las cuestiones que aquí se ventilan, o cuanto menos explicar por qué el vínculo entre las partes fue distinto de lo que se acostumbra para esta clase de contratos; y es que las operaciones fueron realizadas en un marco de confianza. En efecto, la misma accionante aludió en su escrito inicial que se vinculó sentimentalmente con el Sr. Otero – integrante y representante de la sociedad reclamada- (fs. 48 vta.).

Ello bien puede exponer por qué no pactaron por escrito el porcentaje de honorarios y se apartaran de los valores que se suelen cobrar en estos negocios (oficio de fs. 349/350).

Máxime cuando los alcances de las actividades que constituyeron el objeto del contrato “excedían las funciones normalmente desarrolladas por un agente literario” (v. contestación de demanda, fs. 160). Esto fue corroborado por el testimonio de Sebastián Abramovich, quien dijo que lo actuado por el Sr.Otero en este contrato fue “…mucho más abarcativo que un representante…en este caso, el trabajo del representante iba desde la creación del producto, la incentivación a la creación, el sustento económico de numerosos instrumentos publicitarios necesarios para el éxito del libro en cuestión, acompañaba en viajes que generaba el Sr. Otero en pos de la promoción del libro…” (fs. 414/415).

En tal inteligencia y al no contar con suficientes elementos de juicio, cabe echar mano de otras cuestiones que permiten desentrañar el contrato que celebraron entre las partes, como es, el contexto en el que se vincularon.

Desde dicha perspectiva, no resulta ajustado a derecho modificar lo que, según se desprende de las pruebas referidas, fue intención de las contratantes y en consecuencia, se desestima el agravio sobre este punto.

Reconvención por honorarios no abonados.

La actora criticó que se la hubiera condenado al pago de los honorarios reclamados por Capítulo Dos Producciones en su reconvención pues alegó que no habría consentido el porcentaje utilizado para su cómputo y, además, el contrato se habría resuelto antes de que ella percibiera ese dinero. Sobre este aspecto de la sentencia, también cuestionó que se la obligara a pagar honorarios sin que haya una liquidación firme.

Recuérdese que se trató aquí de un contrato por tiempo indeterminado y que la accionante decidió revocar el mandato conferido a la empresa demandada y se lo comunicó por medio de la carta documento del 24.11.2008.

No obstante ello, no resulta acertado la defensa elaborada por la aquí apelante, pues los honorarios reclamados por la reconviniente son los que correspondía debitar de las sumas que percibió la actora en el mes de diciembre de 2008 de parte del Grupo Editorial Planeta S.A.por derechos de autor de la obra ABZURDAH (correspondiente a los períodos comprendidos

entre 1.1.2008 al 30.6.2008 y 1.7.2008 al 31.12.2008) y anticipo de derechos de autos de la obra MIROSLABA.

Ambos ingresos se devengaron en la época en la que aún estaba vigente -en tanto no se había revocado- el contrato celebrado entre las partes y por ello, no existen dudas que están comprendidos en el contrato de edición que celebró la Sra. L. con la editorial y en el cual la demandada intervino en carácter de agente editorial (v. fs. 55/60). En consecuencia debe desestimarse este agravio de la actora.

Cabe señalar, por último, que se aprecia prematuro lo decidido por la magistrada de grado al disponer que la accionante pague el monto de la reconvención dentro de los diez días de que la sentencia quede firme. Ello pues, resulta conveniente, primeramente, que la demandada cumpla con la rendición de cuentas pues ésta podría arrojar la existencia de saldos recíprocos. Cabe receptar, en consecuencia, este aspecto recursivo de la demandante.

a) La reclamada alegó que es contradictorio que se la condenara a rendir cuentas cuando la sentencia de grado reconoció el porcentaje de retribución que acordaron y la actora consintió el monto de las sumas entregadas sin cuestionar ninguno de los conceptos deducidos.

No se advierte contradicción alguna pues, como se dijo en el acápite anterior, la jueza consideró que contaba con elementos suficientes para fijar el porcentaje del honorario. Por otra parte, condenó a la demandada a que rindiera cuentas únicamente sobre los gastos que descontó de los valores pagados a la actora, cuya legitimidad no acreditó con la documentación respaldatoria ni cumplió con lo dispuesto en los arts. 68 y sgtes.del Código de Comercio.

Por ello y aun cuando surgiera con claridad el porcentaje de comisión de los honorarios y las sumas percibidas de las editoriales por los contratos de edición, la demandada no pudo demostrar la legitimidad del rubro “gastos” que fue descontado de los pagos ni cómo se componían.

En esa línea de análisis, la rendición de cuentas alcanza aquello que no fue evacuado por la documentación agregada al expediente, concernientes a la configuración y procedencia de los débitos por gastos efectuados por el agente literario.

b) Actuación del codemandado Otero.

Se agravió de la calificación dada por la jueza a quo respecto de su actuación en la relación contractual con Ediciones Ambar SL y que se lo condenara a rendir cuentas por este contrato, pues reiteró que su intervención fue en representación de la demandada.

De los fundamentos de su recurso no se advierte ninguna crítica concreta al argumento de la magistrada de grado; se observa por el contrario que la única defensa esbozada es la reiteración de que en ningún momento habría actuado como representante de la actora a título personal y que la única razón para fallar como lo hizo, sería la falta de aclaración del carácter en el que intervenía al suscribir el contrato con la editorial española.

En el contrato literario celebrado entre C. L. y Ediciones Ambar SL, la primera, autora del libro “ABZURDAH”, le cedió al editor derechos en exclusiva de la obra para su divulgación en los términos y condiciones que allí señalaron (fs. 9/14). Mas de la lectura de ese documento, no puede interpretarse que el hecho de no haber mencionado “Sociedad Capítulo Dos Producciones S.A.” se trate de una omisión.

Véase que en otro acápite del mismo contrato se refiere expresamente al Sr. Guillermo Otero y se agrega “Guillermo Otero, de nacionalidad argentina, con DNI n° 16.766.434, con domicilio en Sucre 840, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina” (v. fs.9).

En este orden, se desprende que no pudo tratarse de una omisión no aclarar que el agente literario firmaba en representación de la sociedad, pues con ese primer párrafo se verificó quiénes intervenían en el contrato y cuál era el carácter que asumieron y allí se indicó al Sr. Otero, sin aclarar nada más y se colocó un domicilio que no es el de la sociedad Capítulo Dos Producciones.

A su vez, la editorial confirmó el carácter de la actuación del Sr. Otero en fs. 686 y dijo que fue él quien recibió los pagos por esa contratación, sin mencionar nunca a la sociedad accionada.

Por lo cual, no existe ningún elemento que permita vincular a Capítulo Dos Producciones con esa contratación, sino que cabe imputar sus consecuencias al Sr. Otero como agente literario. Y es justamente por esa actuación que deberá rendir cuentas de su gestión como representante, en los términos decididos por la magistrada de grado.

• Recuérdese, por fin, que el sentenciante puede inclinarse por aquellas pruebas que merezcan mayor certidumbre en concordancia con las demás obrantes en la causa, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado (CNCom. Sala C, in re: “Belloni Omar Marcelo c. Mazza Turismo-Mazza Hnos. S.A.C.” del 27.05.02; in re: “Abaceta Héctor Luis c.Tonel Antonio A.”, del 18.06.96; en igual sentido, in re, “Milicix Próspero c/ Centro Integral Médico a Domicilio S.A.”, del 28/12/90) y que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquéllas que se estimen conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia (CSJN, fallos 307:2216 y precedentes allí citados).

V.- Conclusión

Por lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega, propongo al Acuerdo la confirmación de la sentencia apelada con la modificación de la oportunidad del pago de la condena de la reconvención, según lo considerado en el acápite 1.

Las costas de alzada se imponen a las apelantes sustancialmente vencidas, por virtud del principio objetivo de la derrota (Cpr. 68).

Por análogas razones el doctor Rafael Barreiro adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Secretaria

María Florencia Estevarena

Buenos Aires, 24 de mayo de 2016.

Y Vistos:

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve confirmar la sentencia apelada con la modificación de la oportunidad del pago de la condena de la reconvención, según lo considerado en el acápite 1.

Las costas de alzada se imponen a las apelantes sustancialmente vencidas, por virtud del principio objetivo de la derrota (Cpr. 68)

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente decisión por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Notifíquese al domicilio electrónico, o en su caso, en los términos del art. 133 C.P.C.C. (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

María Florencia Estevarena

Secretaria