Rechazo del reclamo de daños y perjuicios intentado contra el banco ante la supuesta errónea categorización formulada en la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA

santanderPartes: C.P.T. Integral S.A. c/ Banco Santander Río S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 30-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99759-AR | MJJ99759
Sumario:1.-La pérdida de chance debe ser un daño cierto (arts. 519 y 622 del CCiv.), no hipotético, por el cual se pretende la reparación por la probabilidad de éxito frustrada. La naturaleza jurídica de esta figura necesita que la posibilidad no sea simplemente una expectativa general o vaga; no debe tratarse de la mera posibilidad del acaecimiento eventual o hipotético de alguna ventaja, sino que la pérdida ha de tener suficiente fundamentación y entidad -aunque su previsión ocurra en el futuro- en tanto la causa de aquella frustración existe ya en el presente.

2.-Cuando el daño consiste en la frustración o pérdida de chance, debe existir la certeza de que en caso de no mediar el evento dañoso -trátese de un hecho o acto ilícito o de un incumplimiento contractual- el damnificado habría mantenido la esperanza en el futuro que le permitiría obtener una ganancia o evitar una pérdida patrimonial.

3.-No se ignora que, conforme reiterada jurisprudencia de esta Sala, configura una lesión per se aparecer incurso en una situación irregular cuando se trata de un supuesto erróneo, pues son notorios los efectos nocivos que produce la aparición en tales registros por ser el primer centro de consulta al que se recurre para ponderar la liquidez, confianza y seriedad con quien se quiere contratar. Empero, en el sub examine solo se reclamó el reembolso de lo pagado en virtud del saldo deudor de la cuenta corriente y los daños derivados de la pérdida de la licitación. Por ello no corresponde analizar la procedencia de ningún otro rubro indemnizatorio, pues de lo contrario se caería en un fallo extra petita en desmedro de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (arts. 17 y 18 CN.).

4.-En el marco de la búsqueda de la verdad objetiva, deben examinarse las pruebas, apreciarlas con criterio lógico-jurídico y asignarles valor de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las máximas de experiencia, extraídas de la observación del corriente comportamiento humano científicamente verificables.

5.-La carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que tienen las partes, sino del riesgo de no hacerlo. En, no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante. En suma, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo de dos mil dieciséis, reunidas las señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “C.P.T. INTEGRAL S.A.” contra “BANCO SANTANDER RIO S.A.” sobre

ORDINARIO, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi, Díaz Cordero y Ballerini.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? La Señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

ANTECEDENTES FACTICIALES DEL PROCESO

1. El 20-10-2011 (fs. 7/19) C.P.T. Integral S.A. demandó a Banco Santander Río S.A. por el resarcimiento de los daños y perjuicios que le habría irrogado la errónea categorización formulada por la entidad bancaria en Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina.

Solicitó que la responsabilidad se extienda a los directores que firmaron dicha categorización o a quienes ocupaban tal cargo en abril de 2010.

Refirió que se dedica a la comercialización, exportación e importación de artículos de librería y a la fabricación, industrialización y comercialización de productos dedicados a trabajos de imprenta.

Relató el accionante que en el año 2007 celebró con la demandada un contrato de cuenta corriente bancaria asignándole las cuentas n° 045-2920/7 y 045-2921/4.Explicó que la relación contractual continuó hasta fines del año 2008 cuando decidió cerrar ambas cuentas, desconforme con las improcedentes exigencias del Banco demandado que se traducían en constantes imposiciones de distintos gastos y cargos unilateralmente dispuestos.

Agregó que la demora del accionado en cerrar las cuentas generó un pasivo en ambas equivalente a $447,76 y que en abril de 2010 el banco la informó como deudor en situación 2 en la Central de Deudores del Sistema Financiero incumpliendo – según el accionante- la normativa específica de la materia emitida por el Banco Central. El 19 de mayo de 2010 al actor canceló la deuda. Empero, adujo que nunca se comunicó ese hecho a la entidad rectora del sistema financiero.

Continuó diciendo que había participado en la licitación pública n° 1224/SIGAF/2010 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde su oferta resultó ser la mejor. La empresa competidora en la puja dedujo impugnación porque la actora se encontraba en situación 2 en la Central de Deudores del BCRA. Ello habría llevado a la exclusión de la accionante del proceso licitatorio.

Como corolario de lo anterior, CPT Integral reclamó al Banco Santander Río el reembolso de lo abonado en razón de las cuentas corrientes cerradas, lo dejado de percibir por haber quedado excluido de la licitación antes referida (pérdida de chance) y el pago de los gastos ocasionados.

En fs. 162 la actora desistió de la demanda respecto de los directores de la entidad accionada.

2. El 26-02-13 (fs. 250/269) Banco Santander Río S.A. contestó demanda y solicitó su rechazo con costas.

Tras una negativa pormenorizada de los hechos expuestos en el escrito de inicio, manifestó que para abril de 2010 la actora tenía un saldo deudor en su cuenta corriente.Por ello, sostuvo que se encontraba obligado a informar dicha situación a la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA.

Explicó que sólo informó como deudora a la accionante en el mes de abril de 2010, pues con el pago registrado en mayo de ese año dejó de remitir información. Agregó que no tenía obligación de comunicar la cancelación de la deuda.

Con respecto al monto reclamado, que calificó de exorbitante, sostuvo que no se había ofrecido prueba idónea que justifique su admisión y arguyó que el GCBA adjudica las licitaciones basado en diversos criterios, no solo en el monto ofertado, por lo que no existiría certeza de que la actora ganaría la puja.

EL DECISORIO RECURRIDO

La sentencia definitiva de primera instancia corriente a fs. 768/775 y correctamente precedida de la certificación actuarial sobre su término prevista en el art. 112 del reglamento del fuero, rechazó la demanda con costas.

Para así decidir el ‘a quo’ meritó que: (i) la conducta del banco fue antijurídica pues no informó los fundamentos que habrían justificado la calificación efectuada y no comunicó al cliente que debía proceder a informarlo en la Central de Deudores del BCRA; (ii) no se encontraba acreditado el nexo causal entre la conducta de la entidad bancaria y los daños reclamados, en tanto la actora fue excluída de la licitación por diversas causas.

III. LOS RECURSOS

La actora apeló el decisorio el 16-09-2015 (fs. 778); el recurso se concedió el 18-09-2015 (fs. 779); y sus quejas del 20-11-15 (fs. 806/813) recibieron respuesta el 15-12-15 (fs. 827/834).

La demandada recurrió el 17-09-2015 (fs.780/1); el recurso se concedió el 18-09-2015 (fs. 782); y sus quejas del 23-11.- 2015 (fs. 817821) recibieron respuesta el 09-12-2015 (fs. 823/825).

La presidencia de esta Sala llamó “autos para sentencia” el 21-03-16 (fs. 846); el sorteo de la causa se realizó el 22-04-2016 (fs.846 vta.), y el Tribunal se encuentra habilitado para resolver.

CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA

La accionante se queja sustancialmente porque la sentencia de primera instancia: (i) resultaría arbitraria pues existiría contradicción entre los fundamentos del fallo y la resolución dictada; (ii) valoró incorrectamente la prueba; (iii) no apreció que la actora superó ampliamente a su competidora en la oferta licitatoria y que el único motivo por el cual fue excluida del proceso fue la errónea calificación atribuida por la demandada en la Central de Deudores del Banco Central; (iv) le impuso íntegramente las costas.

La demandada se agravia porque el anterior sentenciante: (i) consideró insuficiente la explicación brindada en cuanto a que la información enviada al BCRA fue efectuada de acuerdo a la normativa vigente; (ii) juzgó que el banco debió comunicar a CPT Integral S.A. la situación generada con su cuenta corriente; (iii) estimó que por el monto, tiempo de mora y contenido del saldo deudor no se debería haber informado a la actora ante el BCRA.

Luego de analizar los antecedentes del caso, los diversos medios de prueba aportados al expediente de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386, CPCCN) y la sentencia recurrida, anticipo que el pronunciamiento apelado será confirmado.

No atenderé todos los planteos recursivos de los apelantes sino sólo los que estime esenciales y decisivos para fallar en la causa (cnfr. CSJN, “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13-11-86; ídem, “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas” , del 12-2-87; bis ídem, “Pons, Maria y otro” del 6-10-87; ter ídem, “Stancato, Carmelo”, del 15-9-89; v.Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

LA DECISIÓN PROPUESTA

Sabido es que -salvo circunstancias excepcionales -que no se verifican en el sub lite- los considerandos de una sentencia no son susceptibles de ser apelados si la parte dispositiva no agravia al recurrente (Fenochietto, Carlos Eduardo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales.”, Tomo 2, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999, pág. 101).

Configura requisito subjetivo de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución ocasione, a quien lo interpone, un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, el interés (CNCom, esta Sala, “Sanz, Raúl Jorge c/ Galinetti, Guillermo Luis s/ordinario” del 12-06-06).

Dicha limitación es congruente con la función jurisdiccional de revisión pues carece de sentido materialmente útil revisar la exposición del sentenciante, cuando ese escrutinio no determinara ningún resultado concreto (CNCom, esta Sala, “Banco Francés SA c/ Idiart, Carlos Alberto s/ ejecutivo” del 7-12-2000)

Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación deducido por la demandada (vencedora en el pleito). Ello, teniendo en cuenta que, como se verá infra, la acción debe ser rechazada con independencia de la conducta del banco, dado que no se

acreditó el nexo causal adecuado entre el actuar antijurídico atribuido a la entidad y los daños reclamados.

No obsta a tal conclusión que el auto de fs.782 se encuentre consentido pues la Alzada tiene facultades suficientes para decidir la procedencia formal de los recursos sometidos a su consideración.

Agrego que el derecho de defensa en juicio de la accionada se encuentra suficientemente resguardado con la facultad otorgada por el Cpr.: 265 ya que la reiteración en el escrito de contestación de agravios de las defensas invocadas al trabarse la relación procesal, basta para su mantenimiento en la litis (CSJN, 8-2.- 1990, “Sueldo, Sixto c/ Zerboni”).

Sentado lo anterior, analizaré los agravios del actor.

En el marco de la búsqueda de la verdad objetiva, deben examinarse las pruebas, apreciarlas con criterio lógico-jurídico y asignarles valor de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las máximas de experiencia, extraídas de la observación del corriente comportamiento humano científicamente verificables (CSNJ, 7-06-1988, “Martínez Saturnino y otros s/homicidio calificado”, entre otros).

La carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que tienen las partes, sino del riesgo de no hacerlo. En, no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante (cnfr. CNCom, esta Sala, in re “Nannis, Gonzalo María c/ Caniggia, Claudio Paul s/ ordinario” , del 14-2-2005; entre otros).

En suma, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito.

No se encuentra controvertido que la actora participó de la licitación pública n° 1224/SIGAF/2010 del GCBA. La cuestión se centra en determinar si la exclusión de la accionante en la referida licitación se fundó únicamente en la calificación como deudora categoría 2 en el BCRA.

Al expresar agravios CPT Integral S.A.refirió que los incumplimientos que valoró el anterior sentenciante -y que la habrían llevado a perder la licitación- eran cuestiones sin relevancia.

Argumentó que la competidora en la licitación solo impugnó su oferta respecto al informe de la Central de Deudores del Banco Central “y nada dijo respecto al resto de los incumplimientos”.

Arguyó que la falta de inscripción en el Registro de Residuos Peligrosos era insignificante para una empresa dedicada a la comercialización de artículos de oficina.

Por otro lado, sostuvo que la omisión de presentar la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar fue advertida por la administración al abrir los sobres con las ofertas, pero eso no impidió la continuación del proceso licitatorio.

De lo anterior, concluyó que la causa del rechazo de su oferta era la errónea calificación crediticia efectuada por la demandada.

Las constancias obrantes en el expediente administrativo n° 273.981/2010 que en este acto tengo a la vista (y a cuya foliatura me referiré en lo sucesivo) no abonan la postura del accionante.

En primer lugar, es falso que la competidora en la licitación (Oficcenet S.A.) sólo observara la oferta por la deuda informada por el Banco Santander Río.

Por el contrario, en fs. 1105/1106 obra la impugnación que refiere, entre varios incumplimientos imputados a la actora, a aquéllos que meritó el Juez de primera instancia: falta de presentación de la declaración jurada de no encontrarse incursa en ninguna causal de inhabilidad, no encontrarse inscripta en el registro de generadores de residuos peligrosos y tener una deuda con ARBA.

Como consecuencia de la impugnación, la administración requirió informes al BCRA y a ARBA, lo que muestra que la crítica no se redujo a la deuda con la entidad bancaria demandada.

En segundo término, la inscripción en el registro de residuos peligrosos no puede ser calificada como insignificante. Al respecto, el informe 1586/DGCYC/2010 del director general de compras y contrataciones del GCBA (fs.792) destaca que el oferente “deberá desplegar una gestión ambiental adecuada respecto de los toners y cartuchos de impresoras agotados que hubieran sido objeto de uso” y que se “tendrá como sujeto responsable de la gestión de residuos sólidos urbanos de características especiales a la empresa adjudicada”.

A fs. 1091 corre anejada la circular n° 3, que trata específicamente de la generación de residuos peligrosos, aclarando que “en el caso de proceder al tratamiento o disposición final de los cartuchos agotados” el oferente “deberá encontrarse inscripto como generador de residuos peligrosos en el registro correspondiente (Ley 2.214) o bien haber iniciado el trámite correspondiente” y que de efectuarse en extraña jurisdicción “todos los sujetos intervinientes (generador, transportista y operador) deberán cumplir con lo establecido en la Ley n° 24.051”.

Agrega la circular que de enviarse los elementos a reciclado o manufactura deberá encontrarse inscripta “la empresa debidamente habilitada que efectúe la labor”.

No se aprecia entonces que el requisito sea insignificante cuando fue objeto de expreso tratamiento durante el trámite licitatorio y motivó una circular aclarando sus alcances.

Nótese, además, que la ley 2.214 de la CABA es de marcado orden público pues tiende al resguardo del medio ambiente, promoviendo la protección de la población en general y al cumplimiento del art. 41 de la CN y del art. 26 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo anterior llevó a la comisión evaluadora de ofertas (dictamen de fs. 1179/1184) a señalar que en tanto “el oferente propone realizar la disposición final de los residuos. la empresa CPT Integral

S.A.no da cumplimiento al requisito de inscripción como generador de residuos peligrosos en el registro correspondiente según Ley N° 2.214 requerida en Circular con Consulta N°3″.

En relación a la omisión de presentar la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, lo reprochado a la actora en sede administrativa no fue un mero incumplimiento formal sino la carencia de aptitud del accionante para contratar con el GCBA.

El artículo 19 del pliego de bases y condiciones particulares establece: “No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación. k) Las personas jurídicas que resulten evasoras y deudoras morosas tributarias o previsionales de orden nacional, provincial o local, declaradas tales por la autoridad competente”.

A fs. 1135/1162 obra agregado un informe de ARBA indicando que CPT Integral S.A. posee una deuda con ese organismo por $10.229 reclamada por vía de apremio (juicio n° 766432). Tal información no fue cuestionada por el actor ni en el expediente administrativo ni con posterioridad en las presentes actuaciones.

Es acertada entonces la conclusión de la comisión evaluadora que encontró a la accionante “incursa en una de las causales de inhabilidad para contratar con el GCBA” por ser morosa tributaria.

No puedo dejar de señalar que en ninguna parte del expediente administrativo -que tengo a la vista- surge que la administración “haya dejado en espera” el requisito incumplido, considerando “que el incumplimiento consistía en un juicio. en extraña jurisdicción con ARBA” conforme sostuvo la actora en su expresión de agravios. Tal afirmación carece absolutamente de apoyatura.

De lo expuesto se coligue que la comisión evaluadora, cuyo dictamen fue receptado por el ejecutivo municipal (fs. 1283) excluyó a la actora de la licitación por:

a) encontrarse incursa en una de las causales de inhabilidad para contratar con GCBA conforme el art.19 del pliego de bases y condiciones particulares; b) figurar como deudora categoría 2 durante el mes de julio de 2010 en la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA y c) no dar cumplimiento al requisito de inscripción como generador de residuos peligrosos requerida en la Circular con Consulta N° 3.

Fue acertada la decisión del Juez de primera instancia.

Es que la pérdida de chance debe ser un daño cierto (arts. 519 y 622 del Cód. Civil), no hipotético, por el cual se pretende la reparación por la probabilidad de éxito frustrada.

La naturaleza jurídica de esta figura necesita que la posibilidad no sea simplemente una expectativa general o vaga; no debe tratarse de la mera posibilidad del acaecimiento eventual o hipotético de alguna ventaja, sino que la pérdida ha de tener suficiente fundamentación y entidad -aunque su previsión ocurra en el futuro- en tanto la causa de aquella frustración existe ya en el presente (CNCom, esta Sala, mi voto in re “Kosiuko Panama SA c/ Kowzef SA y otro s/ ordinario” del 15-08-13).

Como se expuso, la causa de la frustración de la licitación no puede atribuirse al accionado y ello implicará el rechazo de la demanda.

Tampoco puede ser acogida la pretensión de una condena parcial en virtud del actuar atribuido al banco; porque esa petición no fue introducida en primera instancia.

Pero además, cuando el daño consiste en la frustración o pérdida de chance, debe existir la certeza de que en caso de no mediar el evento dañoso -trátese de un hecho o acto ilícito o de un incumplimiento contractual- el damnificado habría mantenido la esperanza en el futuro que le permitiría obtener una ganancia o evitar una pérdida patrimonial (CNCom, esta Sala, mi voto in re “Construnoa S.A. y otro c/ Banco Hipotecario S.A. s/ ordinario” del 15-11-11).

No es ese el supuesto de autos.Nótese que existían por lo menos dos requisitos adicionales que llevaron al rechazo de la oferta formulada por la actora. Es imposible reconocer la certeza aludida en el párrafo anterior, pues no fue probado siquiera indiciariamente que si -como mera hipótesis- el demandado hubiera calificado en situación normal al accionante, aquél no hubiera sido excluido de la licitación.

Ello, en tanto las simples alegaciones procesales no bastan para crear convicción en el juzgador (CSJN, 19-12-1995, in re “Kopex Sudamericana SAIyC c/ Provincia de Buenos Aires y otros” , Fallos 318:2555, entre otros).

Ergo, no puede atribuirse responsabilidad al banco demandado por un negocio que -conforme la prueba agregada en autos- se vio frustrado por motivos ajenos a la entidad.

Es que aún en el supuesto más favorable para el actor, esto es, que el actuar del banco haya sido antijurídico, aquel accionar no fue causa de los daños reclamados.

No ignoro que, conforme reiterada jurisprudencia de esta Sala, configura una lesión per se aparecer incurso en una situación irregular cuando se trata de un supuesto erróneo, pues son notorios los efectos nocivos que produce la aparición en tales registros por ser el primer centro de consulta al que se recurre para ponderar la liquidez, confianza y seriedad con quien se quiere contratar. (CNCom, esta Sala, “Pérez Luis Alberto c/ Citibank N.A. s/ ordinario”, del 18-05-05; ídem, “Lake Tahoe S.A. y otros c/ Bank Boston N.A. s/ ordinario”, del 28-11-04; ídem, “Muller, Estela Angélica c/ Banco de Galicia y Buenos Aires”, del 23-6-04, entre otros).

Empero, en el sub examine solo se reclamó el reembolso de lo pagado en virtud del saldo deudor de la cuenta corriente -cuyo rechazo no fue materia de agravio- y los daños derivados de la pérdida de la licitación.Por ello no corresponde analizar la procedencia de ningún otro rubro indemnizatorio, pues de lo contrario se caería en un fallo extra petita en desmedro de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (arts. 17 y 18 CN).

COSTAS

Como las cuestiones de mérito hacen a la convicción del juzgador respecto a las costas propongo que se soporten el 80% al actor y el 20% al demandado (art. 71, Cód. Procesal) pues las particulares circunstancias de la causa así lo aconsejan. En tanto se advierten en el presente elementos atípicos y opinables, infiero que las partes actuaron sobr e la base de una razonable convicción acerca del derecho invocado, (ver CNCom, mi voto, in re “Amigal Coop. de Vivienda, Crédito y Consumo c. Aluar Aluminio Argentino SAIC s/ ord.” y “Aluar Aluminio Argentino SAIC c. Viegas Mendonca y Cía. y otros s/ sum.”, del 23-8-2002).

Si mi criterio es compartido por mis distinguidas colegas, propongo confirmar el decisorio recurrido, con excepción de las costas, que serán distribuidas conforme lo expresado en el párrafo VII. He concluido.

Por análogas razones las Dras. Díaz Cordero y Ballerini adhirieron a la conclusión propiciada por su distinguida colega. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara Dras. Matilde E. Ballerini, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Ana I. Piaggi,. Es copia del original que corre a fs. 371/79 del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B.

JORGE DJIVARIS

SECRETARIO DE CÁMARA

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve: confirmar el decisorio recurrido, con excepción de las costas, que serán distribuidas conforme lo expresado en el párrafo VII.

Regístrese y notifíquese por Secretaría, en su caso, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSJN y devuélvase. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN.

MATILDE E. BALLERINI

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

ANA I. PIAGGI