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Se mantiene la prohibición de vinculación de la progenitora con su hija menor, por la gravedad de los hechos que se le imputaron, encontrándose procesada por homicidio

no-mas-violenciaPartes: R. O. Á. L. s/ control de legalidad – ley 26.061

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 23-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-99966-AR | MJJ99966

La decisión que decretó la prohibición de vinculación de la progenitora, imputada por el homicidio de la hermana de la causante, con su hija menor, es meramente provisoria y susceptible de modificarse a medida que se incorporen nuevos elementos que modifiquen el cuadro cautelar.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que decretó la prohibición de vinculación de la progenitora con su hija menor, ya que resulta insuficiente su intento por mostrarse como una madre cuidadosa y atenta a las necesidades de su hija, cuando se le imputó el delito de homicidio en perjuicio de la hermana de la causante.

2.-La gravedad de los hechos que se le imputaron a la progenitora de una menor, sostenidos en elementos probatorios que justificaron no solo su procesamiento por el delito de homicidio en perjuicio de la hermana, sino también la privación preventiva de su libertad, brindan suficiente sustento para que se mantenga la prohibición de vinculación con la causante.

Fallo:

Buenos Aires, junio 23 de 2016.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- La progenitora de Á. L. R. O. -una niña de un año y dos meses- apeló a fs. 149 la resolución de fs. 146 que de-cretó la prohibición de su vinculación con la menor hasta tanto se dis-ponga lo contrario. El memorial de agravios se agregó a fs. 183/188 y sus contestaciones a fs. 220/222 y 224/226. La cuestión se integra con el dictamen de la Defensora de Menores de Cámara de fs. 269/271.

II.- El estudio de la pretensión recursiva intentada exige destacar que el 22 de mayo de 2015 se constató el deceso de M. E. R. O., hermana de Á., que al momento de su fallecimiento contaba con tres años y once meses. De la autopsia rea-lizada en la morgue judicial resulta que el tristísimo suceso se produjo por un traumatismo cerrado de abdomen, cuya etiología pudo ser un golpe y/o traumatismo directo y/o único y/o concentrado al abdomen de mucha intensidad que llegó hasta la columna vertebral, posible-mente un puntapié. El hecho motivó -lógicamente- la correspondiente investigación penal en la que, en lo que aquí interesa, el 12 de junio de 2015 se dictó el auto de procesamiento y prisión preventiva respecto de sus dos progenitores: al padre, A. G. R. R. por conside-rarlo «prima facie» autor penalmente responsable del delito de homi-cidio agravado por haber sido cometido en perjuicio de su hija, en tanto que a la aquí apelante, por considerarla «prima facie» partícipe necesaria penalmente responsable de ese mismo delito agravado.En-tre otros fundamentos para sostener tal decisión, el magistrado des-tacó que la versión de que M., estando al cuidado de una niñera, se habría caído de una escalera y sufrido de tal modo un golpe de gran intensidad en el abdomen, debía descartarse en razón de la prueba tes-tifical recogida -no solo de las profesionales médicas que recibieron el cuerpo ya sin vida de la niña el 22 de mayo en el centro de salud sino también de vecinos de los imputados- y el resultado de la autopsia; que el deceso de la niña se habría producido luego de las cinco de la tarde del 21 de mayo de 2015 y, por tanto, en momentos en que su madre se hallaba presente en el domicilio; que, no obstante, ésta omitió llevarla a un centro de salud a fin de que sea tratada, lo que posibilitó que las lesiones evolucionen, que M. entre en estado de shock y que, finalmente, se produzca su fallecimiento para, concre-tado ello, recién entonces trasladarla al centro asistencial; que tal inacción de la progenitora se habría motivado en la intención de evitar que sea descubierta la situación de violencia a la que el padre de su hija sometía a ésta última, pues la cantidad de lesiones de diversas da-tas que presentaba la menor en su cuerpo llevan a considerar que la apelante «sin duda alguna» tenía conocimiento de los maltratos que sufría la menor; y que, consecuentemente, «es dable concluir que no hizo nada para evitar que se ocasione la muerte de su hija a pesar de que contaba con la posibilidad de hacerlo como podría haber sido evitando que se quede al cuidado de su padre mientras ella trabajaba llevándola al jardín por lo que su actuar omisivo fue necesario a los efectos de que se concrete el resultado ya que si ella se hubiese comportado de otra forma la muerte de la menor M. E. R. podría haber sido evitada» (fs. 49 vta.; v.copia de la sentencia a fs. 25/53). En este marco la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Comuna 1 dependiente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -en adelante, la Defensoría- solicitó a fs. 129 el dictado de la medida cautelar que motivó el dictado de la resolución apelada y, a la postre, a raíz de la apelación deducida por la progenitora con la asistencia de las Defensoras Públicas Coadyuvantes de la Defensoría General de la Nación -oficina del Programa para la asistencia jurídica a mujeres privadas de libertad-, doctoras Inés Aldanondo y Agustina Inés Garrote, la inter vención de este colegiado. De todos modos y más allá del esfuerzo realizado por la apelante, se anticipa que la pretensión recursiva no será admitida. En efecto, sin necesidad de un mayor esfuerzo -y a propósito de lo apuntado por la recurrente en el apartado b] de fs. 184- se deduce que los precedentemente apuntados han sido los «antecedentes» tenidos en cuenta por la a quo para resolver la cuestión en el sentido que lo hizo. Por lo demás, no deja de llamar la atención la ligereza de algunas afirmaciones volcadas en el escrito de fs. 183/188. Así, por ejemplo, se cuestiona que se haya prohibido «la vinculación entre madre e hija sobre la base de circunstancias no probadas en debida forma» (fs. 184 vta.), sin reparar en la naturaleza cautelar del asunto y en que la fundabilidad de una pretensión de tal carácter no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.Esta circunstancia permite desestimar las referencias acerca de que se ha soslayado el principio de inocencia previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional; que los hechos aludidos aún se encuentran en grado de investigación; que todavía no ha recaído sentencia en la causa penal; o que se le ha impuesto una suerte de «condena civil» (fs. 184 vta.). No advierte la apelante que la decisión que cuestiona es meramente provisoria y susceptible de modificarse a medida que se incorporen nuevos elementos que modifiquen el cuadro cautelar que se tiene a la vista; y ciertamente que es insuficiente su intento por mostrarse como una madre cuidadosa y atenta a las necesidades de su hija (fs. 185), cuando los antecedentes ponderados en el auto de procesamiento indican que con relación a su otra hija su comportamiento distó de esa ejemplaridad.

Es cierto que la dictada en sede penal no constituye una sentencia condenatoria pero a los efectos que aquí interesan, los fundamentos de esa decisión y la gravedad de los hechos que se le imputaron a la progenitora de Á., sostenidos -se insiste- en elementos probatorios que justificaron no solo su procesamiento por el delito de homicidio en perjuicio de la hermana de la causante de autos sino también la privación preventiva de su libertad, brindan suficiente sustento para que, de momento, se mantenga la prohibición decretada a fs. 146. De ahí que, aun soslayando las expresiones que a fs. 127 se ponen en boca de J. D.R., abuelo paterno de las niñas, en cuanto a que en relación a Á. habría dicho «la nena debe estar lejos de su madre y su padre, es lo mejor», o que «le va a pasar lo mis-mo, que la maten», o que «ellos [por lo padres de la niña] no están bien», el recurso de apelación debe ser rechazado y las costas de al-zada impuestas en el orden causado, habida cuenta las particula-ridades del asunto y la temática abordada, donde es loable que la madre apelante defienda lo que considera más beneficioso para su hija. III.- En consecuencia, por lo hasta aquí apuntado y de conformidad con lo dictaminado por la Defensora de Menores de Cámara, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 149, confirmar la resolución de fs. 146 e imponer las costas de alzada en el orden causado. Regístrese, notifíquese a los interesados y a la mentada Defensora en su despacho, y devuélvase.

Fdo.: Dras. Castro-Ubiedo-Guisado. Es copia de fs.273/5.

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