fbpx

Exclusión de un contribuyente de la base de datos ‘eAPOC’ de la Administración Federal de Ingresos Públicos debido a la ausencia de regulación válida al respecto

Ingresos publicosPartes: Barros Nelson Bartolo c/ AFIP – DGI s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: B

Fecha: 10-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99712-AR | MJJ99712

Exclusión de un contribuyente de la base de datos ‘eAPOC’ de la Administración Federal de Ingresos Públicos debido a la ausencia de regulación válida al respecto.

Sumario:

1.-Es procedente confirmar la sentencia que admitió la acción de amparo y ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos excluir al amparista de la base de datos eAPOC que figura en el sistema informático de dicho organismo, al estar acreditado que se trata de un registro que carece de una norma de creación y regulación válida a su respecto, siendo que las Instrucciones Generales de la Administración son disposiciones que no resultan oponibles a los administrados por su naturaleza esencialmente interna.

2.-La exclusión del amparista de la base de datos eAPOC de la Administración Federal de Ingresos Públicos es procedente debido a que de las constancias administrativas aportadas por ésta no surge acto administrativo alguno dictado por autoridad competente que disponga dicha medida ni que en algún momento o por algún medio se hubiera notificado la inclusión de la CUIT en dicha base de datos, lo cual lo privó del derecho a ser oído.

3.-El art. 2, inc. e) , de la Ley de Amparo que establece para la presentación del amparo, un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, es inaplicable a la acción mediante la cual un contribuyente pretende que la Administración Federal de Ingresos Públicos lo excluya de la base de datos eAPOC , pues los efectos que trae aparejada dicha inclusión perduran en forma continuada debido a que los perjuicios que causa subsisten en el tiempo y se mantendrán hasta el momento en que se efectivice la exclusión.

4.-El requisito de ausencia de recursos o remedios administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate, establecido en el art. 2, inc a), de la Ley de Amparo ha quedado implícitamente derogado por el art. 43 de la CN., el cual sólo exige para desestimar esta vía rápida y expedita la existencia de otro medio judicial más idóneo , convirtiéndose el amparo, en reiteradas ocasiones, en la vía alternativa y principal para procurar la defensa de los derechos fundamentales de los habitantes.

Fallo:

Córdoba, 10 de Mayo de 2016.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: «BARROS, NELSON BARTOLO c/ AFIP – DGI – AMPARO LEY 16.986» (Expte. N° 22844/2014), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada en contra de la Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 dictada por el señor Juez Titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en la que ha decidido: «RESUELVO: 1°) Hacer lugar al amparo interpuesto y ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos a que elimine de su base APOC el registro publicado con fecha 29/03/2006 que recae sobre el contribuyente Nelson Bartolo Barros, CUIT Nro. 20- 13823100-4.

2°) Imponer las costas del juicio a la demandada (arts. 68 del Código Procesal), a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Raúl Morra, letrado patrocinante de la actora, en la suma de Pesos Diez Mil ($10.000) conforme lo dispuesto en los arts. 6, 7, 9, 36, 37 y 41 de la ley 21.839, modificada por el art. 12 de la ley 24.432. No se regulan honorarios a los letrados de la parte demandada por ser profesionales a sueldo de su mandante. 3°) Protocolícese y hágase saber.-

FDO. MIGUEL HUGO VACA NARVAJA – JUEZ FEDERAL»

Y CONSIDERANDO:

I.- Contra la resolución recaída en los presentes (fs. 95/100), la demandada AFIP – DGI deduce recurso de apelación (fs. 101/112vta.). Se queja la recurrente al entender que el Juez de grado hizo lugar a la demanda iniciada por el señor Nelson B.

Barros, a través de una sentencia que considera arbitraria, apoyada en afirmaciones dogmáticas y que no hace una verdadera ponderación de los antecedentes de la causa y de las normas relacionadas con la cuestión de fondo.

En primer lugar, sostiene que la acción incoada es extemporánea, atento establecer la propia ley de amparo N° 16.986, un término perentorio de quince días para su interposición, el que -afirma- no fue respetado por el amparista.Cita el artículo 2 de la mencionada ley y jurisprudencia respaldando su postura. Asimismo, destaca la improcedencia de la vía escogida y la falta de agotamiento del reclamo administrativo previo, siendo estas cuestiones esenciales que no están cumplidas en la presente causa, y que el Juez Aquo las desechó bajo afirmaciones dogmáticas. Sostiene la improcedencia formal de la acción de amparo, atento la existencia de otro remedio judicial más idóneo.

Seguidamente, hace mención de la improcedencia de la sentencia apelada sobre la cuestión de fondo del asunto. Destaca que la inclusión en la base de datos eAPOC del contribuyente, es consecuencia de una fiscalización llevada a cabo de conformidad a la instrucción por funcionarios competentes, no habiendo actuación arbitraria de su parte. Cita jurisprudencia que avala de manera legal el proceder cuestionado, no siendo una vía de hecho administrativa lesiva de derechos y garantías constitucionales. Afirma que la base de datos eAPOC ha sido creada en cumplimiento de lo normado por la ley 11.683; y que la inclusión del accionante en la misma no implica sanción ni perjuicio alguno, siendo una herramienta de fiscalización que advierte a todos aquellos que contraten con contribuyentes cuyas facturas se encuentran incorporadas en dicha base, quedarán obligados a acreditar la veracidad de sus operaciones por otros medios de prueba. En definitiva, solicita se haga lugar al recurso deducido y en consecuencia, se revoque la resolución recurrida, con costas.

Corrido el traslado de ley, la parte actora contesta agravios, escrito que fue desglosado atento no presentar la firma del amparista, ya que el letrado actúa en carácter de patrocinante, por lo que se lo tuvo por no presentado (fs. 114).

A fs.118 se corrió vista al Señor Fiscal General, quien comparece manifestando que nada tiene que observar respecto del control de legalidad que le compete; quedando entonces la causa en condiciones de ser resuelta.

II.- Previo a ingresar al tratamiento de las cuestiones traídas a consideración del Tribunal, corresponde realizar una breve descripción de los hechos aquí acontecidos.

Es así que el presente amparo fue interpuesto con fecha 11/08/14 por el señor Nelson Bartolo Barros, con el patrocinio letrado del Dr. Raúl E. Morra (fs. 2/20), en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos, solicitando se ordene a la AFIP – DGI que excluya al accionante de la base de datos «APOC» que figura en el sistema informático de dicho organismo. A tal fin, ofreció prueba documental, solicitó medida cautelar y formuló reserva federal. En aquella oportunidad sostuvo la imposibilidad de desarrollar los hechos por los que la demandada procedió de esa manera, atento desconocer los mismos. Remarcó que la actividad por el llevada a cabo era la de compra y venta de cueros vacunos, actividad que venía desarrollando desde hace más de 20 años con la diligencia de un buen hombre de negocios. Destacó que la inclusión de su persona en la base eAPOC configuraba una grave sanción, mayor aun que la suspensión de la CUIT, atento tildarlo de apócrifo, falso o como contribuyente o responsable no confiable en forma pública en la página web de la AFIP, a la cual accedían todos los contribuyentes para constatar los datos de las empresas y/o comerciantes con los que realiza transacciones. Afirmaba que la arbitrariedad o ilegalidad de lo decidido por la AFIP resultaba manifiesta atento que nunca fue notificado de su nueva situación, privándolo del ejercicio del derecho de defensa, logrando de esa forma la total paralización de sus actividades comerciales.

Seguidamente la representación jurídica de la parte demandada, Dres. Pedro Emilio Salvadeo y Mónica Elisa Tinunin, presentaron los informes circunstanciados establecidos por el art.4 de la Ley 26.854 y por el 8 de la Ley de Amparo (fs. 37/59vta. y 64/87, respectivamente), acompañando prueba documental y solicitando el rechazo del amparo deducido, con costas.

Finalmente, el día 15/12/15 el Juez de grado mediante el resolutorio ahora impugnado hizo lugar a la acción de amparo, con costas a la demandada. Afirmó que el plazo de los quince días hábiles previstos en la ley de rigor, no resulta aplicable en esta situación, atento demostrarse que en la presente nos encontramos ante una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, que si bien fue originada anteriormente, se mantenía al momento de accionar por parte del amparista. Asimismo, entendió que no fue necesario el agotamiento de la vía administrativa por parte del reclamante atento a que la AFIP procedió a incluir al actor en la base eAPOC a través de una vía de hecho, lo que se encuentra prohibido por la mentada ley 19.549; siendo el accionar de la demandada arbitrario atento no haber garantizado el derecho de defensa a la parte actora, procediendo sin dictar acto administrativo válido que reúna los requisitos previstos en el art. 7 de la ley 19.549. Asimismo, al haberse basado en meras presunciones caracterizando al actor como sujeto apócrifo e incluirlo en un registro abierto al público, consideró la gravedad del daño ocasionado por el accionar de la demandada, ya que lo dejaría fuera del comercio, de la vida laboral, impidiéndole toda actividad económica y financiera.

III.- Ahora bien, a mérito de lo reseñado precedentemente, la cuestión a resolver se circunscribe a analizar si corresponde confirmar el decisorio del magistrado interviniente que acogió la acción de amparo presentada por el señor Barros, basado tal proceder en los argumentos previamente expuestos.

En estos términos, uno de los agravios del recurrente finca en cuestionar la decisión del Inferior por considerar que la demanda fue incoada en forma extemporánea, en violación del art. 2 inc.e) de la Ley de Amparo que establece para su presentación, un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse. Y a su entender, este fue el 19/07/2013, momento en que el amparista solicitó mediante la presentación del formulario «Multinota f 206» la activación de su CUIT por encontrarse «bloqueado», según sus propias palabras, quedando de manifiesto que a esa fecha, ya tenía pleno conocimiento del dictado del acto que supuestamente le produciría agravio.

Ello así, entendemos que las estipulaciones contenidas en aquella norma no resultan aplicables al caso que aquí nos convoca, atento a que los efectos que trae aparejada la inclusión en la base eAPOC del accionante perduran en forma continuada, ya que los perjuicios que produce dicha inclusión, han de subsistir en el tiempo y se mantendrán hasta el momento en que se produzca la exclusión de dicha base. En tal sentido, la CSJN en Fallo 307:2174 sostuvo: «cabe advertir que el escollo que importa el art. 2° inc. e, de la ley 16.986, en cuanto impone la necesidad de presentar la demanda de amparo dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no es insalvable en la medida en que con la acción incoada se enjuicia una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada, es verdad, tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente. No es un hecho único, ya pasado, cuyo juzgamiento tardío comprometa la seguridad jurídica ni un hecho consentido tácitamente, ni de aquellos que en virtud de su índole deben plantearse en acciones ordinarias (confr. dictamen del Procurador General subrogante)».

Otro agravio estriba en impugnar la sentencia que rechaza la acción intentada por no cumplimentar con lo dispuesto por el art.2 inc a) de la Ley Nº 16.986 atento la improcedencia de la vía escogida; como así también por la falta de agotamiento del reclamo administrativo previo.

Sobre este punto cabe manifestar que el requisito de «ausencia de recursos o remedios administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate», previsto en el inciso recién mencionado, ha quedado derogado implícitamente por el texto del artículo 43 de la Constitución Nacional, el cual sólo exige para desestimar esta vía rápida y expedita la existencia de «otro medio judicial más idóneo», convirtiéndose el amparo, en reiteradas ocasiones, en la vía alternativa y principal para procurar la defensa de los derechos fundamentales de los habitantes (confr. Morello, Augusto M., «El amparo régimen legal», Editorial Platense, La Plata, 2000; Bidart Campos, Germán J., «Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino», p. 296, Ed. Ediar, Bs. As., 2002-2003). Asimismo, con la reforma constitucional del año 1994 la reclamación administrativa previa ha dejado de ser un requisito de esta acción de naturaleza constitucional, más aun en los casos en que no existen actos administrativos susceptibles de ser recurridos en sede administrativa.

Por lo que -entendemos- tampoco resultan atendibles los planteos efectuados por la quejosa en referencia a la existencia de otras vías procesales más idóneas o respecto al agotamiento de la vía administrativa previa.

IV.- Resta ahora pronunciarnos en relación al fondo del asunto, atendiendo los agravios de la demandada referidos a que el fallo apelado resulta arbitrario, habiendo sido su proceder conforme a derecho. De forma preliminar corresponde recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos:258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).

Dicho ello, surge de autos que con fecha 29/06/2005, luego de un proceso de verificación realizado al Sr. Nelson B. Barros por parte de AFIP, División Fiscalización 3- Equipo 3 «B» de la Dirección Regional Córdoba, se desprende que el contribuyente es cargado en la Base eAPOC por ser una «usina» conforme los lineamientos de la IG N° 699/04 (DI PYNF). De las tareas de auditoría, relevamientos y cruces de información realizados, la fiscalización actuante consideró que «. nos encontraríamos ante la presencia de una «usina» conforme los lineamientos de la INSTRUCCIÓN GENERAL N° 699/04 (DI PYNF). En caso contrario se estaría validando créditos fiscales a favor de beneficiarios («usuarios»), generando una obligación fiscal a cargo de una persona insolvente y por consiguiente e improbable o nula posibilidad de cobro. En consecuencia se propone el descargo de la presente con carácter S.I.F., remitiendo los antecedentes a la Div. Investigación a sus efectos.» (ver fs. 41/45 de autos).

En estos términos, corresponde delimitar el marco legal en el que actuó el Organismo Recaudador. Es así que mediante la Instrucción General Nº 748/2005 (DI PYNF) la AFIP dispuso implementar una nueva aplicación informática denominada «eAPOC», en vista a la necesidad de establecer pautas y procedimientos para la detección y registro de nuevos sujetos caracterizados como apócrifos, usinas, sin capacidad económica y/o financiera. Desde esta perspectiva la inclusión del contribuyente en la base de datos eAPOC produce el efecto de advertir a todos aquellos que contratan con él que quedarán obligados a acreditar la veracidad de sus operaciones, por otros medios de prueba distintas a las facturas emitidas (conf. art.33 bis y 34 de la ley 11.683), sin embargo también dicha base de datos es un registro abierto al público en general al cual se accede para constatar los datos de las empresas con las cuales se está negociando; y al encontrarse el amparista en dicho registro, se presume que emite facturas apócrifas, lo que podría generar perjuicios a nivel comercial y por ende también económico patrimonial.

V.- Continuando con el análisis, cabe destacar que dicho registro carece de una norma de creación y regulación válida respecto del accionante, ya que las Instrucciones Generales de la AFIP son disposiciones que no resultan oponibles a los administrados. Ello, por detentar una naturaleza esencialmente interna y cuyos destinatarios son los funcionarios y miembros de la Administración. Siendo ello así corresponde, como primera aproximación, precisar la naturaleza y característica de los actos emanados del organismo fiscal que se denominan «Instrucciones Generales».

Con dicho fin, cabe señalar que el Decreto 618/97 del 10 de julio de 1997 aprobó la organización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, creada como ente autárquico responsable de la política tributaria, aduanera y de los tributos de la seguridad social. En tal sentido, la norma aludida estableció como autoridad máxima al Administrador Federal, reconociéndole, entre otras las facultades, la reglamentación del funcionamiento interno, de dictar normas reglamentarias e interpretativas de alcance general respecto de terceros, y de fijar políticas y criterios generales de conducción.

Para llevar acabo aquellos cometidos, emitió como primera Disposición la N° 1/97, respecto de la regulación de los actos de carácter individual y general, normativos o de ejecución que pudieran dictarse en el ámbito de la Administración Federal.Esta disposición fue modificada y complementada posteriormente por las Disposiciones:

87/97; 319/98 y la última de ellas, actualmente vigente, la N° 446/2009 (BO 16/9/2009).

En la Disposición N° 446/2009 citada, se establecieron los actos de carácter individual y general, normativos o de ejecución que se dictan en la órbita de la AFIP.

Calificando a las «Instrucciones Generales» como «Actos internos de carácter resolutivo»; definiéndolas como: «. normas de procedimiento o trámite, de cumplimiento obligatorio para las jefaturas de dependencia y personal definido en las mismas, para el desarrollo de tareas o funciones que les fueran asignadas. Su fundamento normativo.son las facultades de los artículos 4° y 5° del Decreto 618/97, sus modificatorios y complementarios, y demás normas vigentes relativas a la organización, competencia y funcionamiento del organismo.».

Es decir, que el alcance de las instrucciones lo es respecto de los funcionarios y personal del organismo fiscal.

En este sentido, Giuliani Fonrouge enseñaba que: «.las circulares normativas o instrucciones emitidas por las dependencias oficiales no tienen carácter obligatorio para los particulares, por tratarse de disposiciones internas con efectos en el orden jerárquico de la Administración. Agregaba que: si, como suele acaecer, las normas contenidas en las instrucciones se apartaran de la ley, resultarían viciadas de ilegalidad y no deberían aplicarse, aun resultando favorables a los contribuyentes, careciendo de efecto vinculativo para la propia Administración» (GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, vol. I, 1986, p. 65; vol. I, 1997, p. 89; t. I, 2004, ps. 71 y 72).

Asimismo, Teresa Gómez y Carlos M. Folco destacan que las instrucciones generales «.no son publicables en el Boletín Oficial, ni tienen alcance normativo frente a contribuyentes y terceros.» (GÓMEZ, Teresa – FOLCO, Carlos M. Procedimiento tributario, 5ª ed., LA LEY, Buenos Aires, 2007, p.25).

Por último, debe mencionarse que el Tribunal Fiscal de la Nación ha sostenido que las instrucciones, los reglamentos internos, circulares, órdenes de servicio, son actos administrativos emitidos por la Administración Pública tendiente a regular su propia organización o funcionamiento interno, siendo sus destinatarios los funcionarios y empleados públicos, mas no los administrados o personas particulares, agregando luego que dicho acto de administración no produce efecto con relación a los administrados, pues, correspondiendo a la actividad interna de la Administración Pública, agotan su eficacia dentro de la esfera de ésta sin proyectarse hacia lo exterior de ella o más allá de tal esfera; en principio el acto de administración es «res ínter alios acta» para el administrado (T.F.N., Sala C, «Ricardo Almar de Hijos S.A. S/ rec. de apelación ahorro obligatorio» 02/08/1999).

En consecuencia, resulta inadmisible que se generen perjuicios a un contribuyente por decisiones que sólo deberían tener efectos en el ámbito propio de la Administración. Por lo que se entiende con respecto a la relación jurídica tributaria que las instrucciones generales no resultan obligatorias para los particulares, porque son disposiciones internas de carácter obligatorio para el personal de la Administración y porque al no publicarse en el boletín oficial no resultan oponibles a terceros.

VI.- Asimismo, es de destacar que de las constancias administrativas aportadas por la demandada no surge acto administrativo alguno dictado por autoridad competente que disponga dicha medida, tampoco que en ningún momento y por ningún medio se le notificó al amparista la inclusión de su CUIT en la base de datos. En consecuencia, al desconocer los motivos que indujeron a la AFIP a tomar tal determinación, es que se hace imposible para el accionante el ejercicio del derecho de defensa.En el caso de autos se rompe la presunción de legitimidad del actuar administrativo atento no existir actos fundados; asimismo debe tenerse en cuenta que la Administración Federal de Ingresos Públicos debe abstenerse de comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucional (conf. art. 9 ley 19.549).

Y es en este punto en que no podemos soslayar que la ya citada ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549, establece como requisito general, entre otros, el del «debido proceso adjetivo», que comprende especialmente el derecho de los administrados a una decisión fundada con la posibilidad de exponer razones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, circunstancia que se contrapone con la conducta del Organismo Recaudador en el caso bajo estudio, donde no existe un acto administrativo. A mayor abundamiento, cabe destacar que la existencia de todo acto administrativo depende del c umplimiento de ciertos elementos esenciales, a saber: competencia, causa, objeto, motivación, finalidad y forma. Asimismo, y para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia, el mismo debe ser objeto de notificación al interesado (art.7 y 11 de la Ley 19.549).

En virtud de todo lo antes expuesto, y sin miras de realizar un análisis legal de la normativa citada, se extrae que el accionar del Organismo Recaudador, resultó a todas luces arbitrario y violatorio tanto de los principios del debido proceso legal como del derecho de defensa en juicio, receptados en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ya que la facultad del Fisco de fijar reglas a los fines tributarios no puede sustraerse a los límites exigibles a toda actividad estatal, ni eludir los derechos de aquellos a quienes pueda afectar, máxime teniendo en cuenta que el daño que se ocasionaría podría tornarse ‘irreparable’ y de dificultosa reparación ulterior (en tal sentido, ver «Yu Jian s/ Infracción – Ley 11.683», P.E.T., 1999-635).

VII.- En cuanto al planteo de la accionada respecto a que el fundamento de la inclusión del actor en la base e APOC es la inspección llevada cabo, cabe destacar que surge de fs. 41/45 que la AFIP mediante Orden de Intervención N° 36553/0 procedió a verificar, al contribuyente por el Impuesto al Valor Agregado Período Fiscal 01/03 a 12/03.Así, concluye que «.es presunción de este cuerpo de inspección que nos encontraríamos ante la presencia de una «usina» conforme los lineamientos de la INSTRUCCIÓN GENERAL N° 699/04 (DI PYNF). En caso contrario se estaría validando créditos fiscales a favor de beneficiarios («usuarios»), generando una obligación fiscal a cargo de una persona insolvente y por consiguiente de improbable o nula posibilidad de cobro».

De lo expuesto se advierte que el Fisco en uso de sus facultades, procedió a inspeccionar al contribuyente por sus obligaciones tributarias, sin embargo, no se encuentra en dichas conclusiones fundamento alguno para su inclusión en la Base en cuestión.

Es decir, la AFIP posee amplias facultades para inspeccionar y fiscalizar a los contribuyentes a los fines del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como también la Ley 11.683 le otorga potestades para imponer sanciones frente a incumplimientos, sin embargo, no se advierte que tales prerrogativas habiliten a incluir al contribuyente en un registro público, que carece de norma de creación y que le genera perjuicios.

VIII.- Por lo tanto, corresponde aseverar que el obrar del ente resulta arbitrario, pues se confronta con el principio de juridicidad que debe regir el ejercicio de la función administrativa. Es decir, resulta ignominioso que se haya incluido al amparista en la Base de datos eAPOC sin el dictado de un acto administrativo alguno que lo avale, ignorando los motivos que fundamentaron tal decisión, ni habérsele otorgado la posibilidad de ser oído previamente respecto de la supuesta incorrecta conducta fiscal que se le imputa, todo lo cual implica una flagrante violación al derecho que le corresponde a un debido proceso adjetivo (conf. art. 1°, inc. f), pto. 1) de la ley 19.549).

Es decir, este accionar sin base de sustentación en un acto administrativo previo, configura una «vía de hecho administrativa», que desborda sus atribuciones legítimas y trae aparejada una restricción o cercenamiento de derechos o garantías constitucionales. Tal es así, que dicha conducta se encuentra expresamente prohibida por el art. 9 inc.a) de la LNPA, que precisa que: «La Administración se abstendrá: a) De comportamientos que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucionales.».

IX.- A mérito de las consideraciones que anteceden, entendemos que corresponde confirmar la resolución apelada de fecha 15 de diciembre de 2015 dictada por el señor Juez Federal Nº 3 de Córdoba, en todo cuanto dispone y ha sido materia de agravios; imponiendo las costas de esta instancia a la demandada perdidosa (art. 68, 1º párrafo del C.P.C.N.). No se regulan honorarios a la representación letrada de la parte actora atento no haber desplegado actuación firme en esta Alzada, ya que se presentó escrito de contestación de agravios sin la firma del actor y sin invocar carácter de gestor de negocios (fs. 114). Asimismo, tampoco se regulan honorarios a la representación jurídica de la demandada por ser profesionales a sueldo de su mandante (art. 2 de la ley de la materia).

La presente resolución se emite por los señores Jueces que la suscriben de conformidad a lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Por ello; SE RESUELVE:

1) Confirmar la Resolución apelada de fecha 15 de diciembre de 2015 dictada por el señor Juez Federal Nº 3 de Córdoba, en todo lo que decide y ha sido motivo de agravios.

2) Imponer las costas de esta alzada al recurrente perdidoso, ello de conformidad al art. 68, 1° párrafo del C.P.C.N. No regular honorarios a la representación letrada de la parte actora atento no haber desplegado actuación firme en esta Alzada, ya que se presentó escrito de contestación de agravios sin la firma del actor y sin invocar carácter de gestor de negocios. No regular honorarios a la representación jurídica de la demandada por ser abogados a sueldo de su mandante (art. 2 de la ley de la materia).

3) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.-

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

LUIS ROBERTO RUEDA

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA

A %d blogueros les gusta esto: