El GCBA y los médicos intervinientes deben indemnizar a un paciente por olvidar tras una operación una gasa dentro de su cuerpo.

cadera52Partes: G. C. A. c/ Hospital Bernardino Rivadavia y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: M

Fecha: 27-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99908-AR | MJJ99908

El GCBA y los médicos demandados deben responder por la omisión del retiro de una gasa de la cavidad abdominal del paciente, ya que la sola presencia de la cosa dañosa en el cuerpo del actor es muestra del descuido durante el acto quirúrgico. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda por mala praxis, pues, tratándose de un oblito por olvido de gasa en el cuerpo del paciente sometido a cirugía no existe un método infalible al respecto, por lo que se impone como deber ineludible del equipo el recuento de gasas antes de cerrar el campo quirúrgico, máxime cuando ni siquiera se ha intentado demostrar el cumplimiento de alguna medida aconsejable al respecto para evitar la posibilidad de un olvido de esta índole.

2.-El nuevo art. 7 del CCivCom. sienta el principio del efecto inmediato que contenía el art. 3 del CCiv., que patentiza el conflicto de las leyes en el tiempo ante la entrada en vigencia de una nueva legislación, la que se aplica aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que habiendo nacido bajo el imperio de la ley anterior,continúan hacia el futuro produciendo efectos jurídicos, es decir se aplica frente a casos donde no ha habido consumo jurídico.

3.-A los fines de cuantificar el daño moral el párrafo final del art. 1741 del CCivCom. determina que la indemnización de las consecuencias no patrimoniales debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas.

4.-Cuando se trata de daños a la persona, se configura una situación de excepción que justifica el apartamiento de la Ley de consolidación de las deudas del estado 23.982 ,pues de otro modo se estaría haciendo prevalecer un derecho patrimonial sobre el derecho a la vida.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, hallándose reunidas las señoras jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dras. María Isabel Benavente, Mabel De los Santos y Elisa M. Diaz de Vivar, a fin de pronunciarse en los autos “García, Carlos Alberto c/Hospital Bernardino Rivadavia y otros s/daños y perjuicios y otros”, expediente n° 17030/2007, la Dra. Diaz de Vivar dijo:

La sentencia dictada por la Dra. Marisa Sandra Sorini, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e hizo lugar a la demanda por la indemnización de los daños sufridos a raíz de la mala praxis sufrida por CARLOS ALBERTO GARCÍA contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, JUAN CARLOS ALBERRO IRAZATBAL, MARTIN JOSÉ MIGUEL MUNARRIZ, SEBASTIÁN ÁLVARO GÓMEZ y SEGUROS MÉDICOS S.A.; condenándolos a pagar al actor la suma de $70.000.

I.- Apelaron: 1) el Gobierno de la Ciudad, expresando agravios a fs. 468/77; 2) Martín José Miguel Munarriz expresó agravios a fs. 480/2 y Juan Carlos Alberro Iratzabal quien expresó agravios a fs. 499/09. El codemandado Gómez contestó en forma extemporánea por lo cual a su respecto quedó firme la sentencia.-

1. – Los apoderados del Gobierno de la Ciudad centraron la primera queja en la atribución de responsabilidad a su respecto, pretendiendo convencer de que una cosa es el proceder del médico quien cumple empleando la razonable diligencia y otra son los factores ajenos, reacciones orgánicas, riesgos, error excusable que eventualmente generan una reacción patológica. El acto médico de efectos no queridos es inculpable e inimputable. Así prosiguieron, como se trataba de una cirugía con mucho sangrado si bien había previsibilidad no así evitabilidad de circunstancias, como el olvido de una gasa en el interior del cuerpo del paciente.

El segundo agravio giró en torno a los montos resarcitorios reconocidos.El daño material es fundado en declaraciones de testigos y respecto del daño moral, la sentenciante ha suplido la falta de reclamo por daño psicológico. La aplicación de la tasa activa de intereses causó agravio con el argumento de que habiéndose dictado el fallo Samudio durante el trámite de la causa no le era aplicable retroactivamente y por otro lado, la tasa genera un enriquecimiento sin causa al haber sido estimadas las sumas indemnizatorias al momento de la sentencia (fs. 473). Finalmente, sostuvo que el plazo de la condena a su respecto es contrario a la ley 23.982.-

A fs. 513/16, la actora contestó estos agravios.

2) El Dr. Munarriz consideró que responsabilizarlo fue derivación de una incorrecta valoración de las peritaciones. Dijo que se adjudicó una participación promiscua a quienes estuvieron en el acto quirúrgico ante la falta de identificación de la instrumentadora que trabajó como tal y de ahí, se ha incurrido en arbitrariedad. Luego de explicar el problema prostático del actor y los valores aceptables de PSA, aludió a que es común que el cirujano y los ayudantes sequen el campo quirúrgico sangrado con gasas y el conteo lo realiza la instrumentadora en forma conjunta con el cirujano actuante, por lo que es absurdo responsabilizar a los ayudantes uno tiene a su cargo el sostén de los planos abiertos y el otro debe usar aspiradores y controlar la iluminación del campo quirúrgico.

A fs. 511/12, la actora contestó estos agravios.

3) El Dr. Alberro Iratzabal -quien se presentó a fs. 36, pero no contestó la demanda- se quejó en primer lugar por lo que consideró la errónea y arbitraria valoración de la prueba que se ha tomado como demostrativa de su falta de negligencia a través del peritaje de Rubén Raño, cuando el Dr. Eduardo Garzón se pronunció sosteniendo que es un accidente inimputable.También adjudicó el apartamiento de la juzgadora de las reglas de la sana crítica.

A continuación los agravios enfocaron los daños, la indemnización por lucro cesante fue considerado improcedente por no haberse concretado la demostración de la repercusión patrimonial y se sostuvo que el daño moral debe ser apreciado con rigor en materia contractual. Finalmente se quejó por la tasa de interés aplicable pidiendo que sea la del 8% hasta la sentencia.

A fs. 513/16, la actora contestó estos agravios.

II. – a) El nuevo art. 7 del Cód. Civil y Comercial sienta el mismo principio del efecto inmediato que contenía el art. 3 del Cód. Civil, que patentiza el conflicto de las leyes en el tiempo ante la entrada en videncia de una nueva legislación. En anteriores ocasiones he dicho que la ley nueva debe ser aplicada a la mayor cantidad de casos posibles -sin retroactividad-, porque es la expresión del legislador del momento, quien al modificar la ley anterior ha partido de la convicción de considerar aquélla inadecuada, arcaica o, que significa un progreso frente al cambio de circunstancias, dando así una mejor solución a determinada problemática. De ahí que se establece que esta se aplica aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que habiendo nacido bajo el imperio de la ley anterior, continúan hacia el futuro produciendo efectos jurídicos, es decir se aplica frente a casos donde no ha habido consumo jurídico.

Este mandato no es tan lineal como parece, por de pronto existen relaciones jurídicas ya constituidas respecto de las cuales la ley antigua posee ultraactividad (efecto diferido) porque no es posible volver sobre los efectos de una situación jurídica ya producidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley nueva, esto es sobre los efectos consumidos conforme la legislación entonces vigente, ya que existiría retroactividad y consiguiente posible inconstitucionalidad.De ahí que bajo estas directivas serán aplicadas las respectivas normas que rigen cada tramo de la relación jurídica de autos.

b) Esta es la segunda oportunidad en que me debo pronunciar sobre la responsabilidad derivada de un oblito. En ambos casos el cuerpo extraño fue gasa olvidada en el paciente durante un acto quirúrgico (CNC, sala C, confirmatorio publicado en ED. T.154- 602).

En el caso, adelanto que no son aceptables los argumentos del GCBA en cuanto pretende la exoneración sosteniendo que existió “un alea incontrolable o no prevista” que determinen complicaciones “extraordinarias, imprevisibles o irresistibles” y que el paciente debe asumir su propio riesgo y no el médico, etc., etc. (fs. 468vta/69 y 470).

Tratándose de un oblito por olvido de gasa en el cuerpo del paciente sometido a cirugía no existe un método infalible al respecto, por lo que se impone como deber ineludible del equipo el recuento de gasas antes de cerrar el campo quirúrgico.

El perito de autos Dr. Rubén Raño fue terminante al sostener que la presencia en el cuerpo del paciente de material quirúrgico o utilizado para la cirugía “no condice con una praxis adecuada” (fs. 374/vta. pto. 10). En el trabajo del Cuerpo Médico Forense que transcribió, se alude al oblito frente a quienes cotidianamente se mueven en ambientes quirúrgicos, como de una factibilidad tangible llamándolo “incidente desafortunado” (fs. 377).

De todo ello se extrae que la inculpabilidad de que pretende es insostenible, ello no solo a título de caso fortuito sino además porque ni siquiera se ha intentado demostrar el cumplimiento de alguna medida aconsejable al respecto para evitar la posibilidad de un olvido de esta índole (art. 902 del Cód. Civil).

El cirujano responsable no intentó ninguna defensa, declinando su derecho de contestar la demanda frente a lo cual cabe considerar que su silencio ha importado el reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes (art. 356 del Cód.procesal). Su ayudante Munarriz luego de una negativa pormenorizada, aceptó haber participado del acto quirúrgico sin otras argumentaciones. Así pues sólo el segundo ayudante Gómez sostuvo que no fue el cirujano ni cumplió funciones de instrumentación quirúrgica por lo cual no era responsable pero como señalé a su respecto la sentencia quedó firme (fs. 344/6 e informe de fs. 332, del Hospital Bernardino Rivadavia).

No cabe duda que el cirujano responde no sólo a titulo profesional y personal sino que como jefe del equipo quirúrgico, tiene también la obligación de controlar minuciosamente la conducta y organización de su gente. Hay certeza de que el oblito existió ya que se extrajo la gasa en una segunda operación y la sola presencia de la cosa dañosa en el cuerpo del actor es demostrativa de que hubo un descuido en el retiro de las gasas durante el acto quirúrgico del 22 de octubre de 2003.

Según teoría de la causalidad adecuada que recoge el texto del artículo 906 del Código Civil, la causa de un resultado dañoso es una condición “sine qua non”, vale decir aquélla que entre todas las que concurren ha influido decisivamente en la dirección del resultado. No todas las condiciones necesarias para operarlo son equivalentes, sino de eficacia distinta, de modo que sólo cabría calificar como “causa” a la más eficaz o activa, dotada de la mayor fuerza productiva, al punto que la relación de causalidad jurídica relevante es la que media entre el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme al curso natural y ordinario de las cosas (CNC, sala A del 18 de marzo de 2003:González Frutos c/ Radaelli; id. voto del Dr. Molteni en L. n° 200.871 del 21/10/96; J.A. T° 1990-IV, pág. 464/67; Orgaz, “El daño resarcible”, n°18, pág. 70; Llambías op. cit. T° I, pág.372/74, n° 286 al 288).

No existe en autos demostración de una culpa ajena, se menciona la responsabilidad de la instrumentadora que ni siquiera se sabe si existió (fs. 334), por lo cual debo dar por sentado que la remoción de objetos que pudieran haber quedado dentro del cuerpo del paciente, quedó en manos del cirujano por sí y como jefe de su equipo siendo todos partícipes del acto quirúrgico del que se derivó el daño. Por otro lado la exoneración que pretendió Gómez al contestar debió ser probada en cuanto a la diligencia de su conducta en concreto, lo que no ha ocurrido.

Del voto en disidencia parcial del Dr. Lorenzetti en autos “Bustos, Ramón Roberto c/La Pampa, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios” del 11/07/2006, recuerdo lo siguiente: “La obligación nuclear causada por el contrato médico es de hacer, cuyo contenido es una prestación de diligencia apropiada para la curación, conforme con el nivel de conocimientos científicos existentes al momento de la prestación, y las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 512 del Código Civil). A ello cabe adicionar los deberes colaterales de conducta derivados de la buena fe (Código Civil, art. 1198), entre los cuales se encuentran los de seguridad, información y consejo. Esa responsabilidad directa basada en la falta de servicio y definida por esta Corte como una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Fallos:321:1124). Dicho con otras palabras, no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva”.

“Es doctrina de esta Corte Suprema que la obligación de prestar un servicio de asistencia a la salud, se debe realizar en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y hay responsabilidad por los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 306:2030; 307:821; 312:343; 315:1892; 317:1921 y 322:1393). Cabe señalar, asimismo, que el adecuado funcionamiento del sistema médico asistencial no se cumple tan solo con la yuxtaposición de agentes y medios o con su presencia pasiva o su uso meramente potencial, sino que resulta imprescindible, además, que todos ellos se articulen activamente en cada momento y en relación a cada paciente. Porque cada individuo que requiere atención médica pone en acción todo el sistema y un acto en cualquiera de sus partes, sea en lo que hace a la faz de la prestación médica en sí como a la faz sanitaria, sea en el control de una y otra, en la medida en que pudiera incidir en el restablecimiento del paciente, demorándolo, frustrándolo definitivamente o tornándolo más difícil, más riesgoso, más doloroso, necesariamente ha de comprometer la responsabilidad de quien tiene a su cargo la dirección del sistema y su control (Fallos: 306:178; 317:1921 y 322:1393, ya citados)”.

Volviendo al caso de autos, considero pues que todos los demandados deben responder como responsables por la omisión del retiro de una gasa de la cavidad abdominal del actor. No dudo que en una cirugía con sangrado abundante al impregnarse la gasa se hace difícil su detección, de ahí que sea una elemental obligación poner el máximo de cuidado, en el conteo final antes de suturar.Es de conocimiento generalizado la preocupación de los cirujanos de la posible ocurrencia de un oblito, es decir es un riesgo previsible y, por supuesto lamentable. Pero paralelamente al deber legal hay un deber ético y basado en la buena fe, de hacerse cargo de la situación no querida.

De esto extraigo que los agravios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de los codemandados deben ser desestimados, ante el incumplimiento culposo de la obligación de conducta, que se suma a una clara violación del deber de seguridad, sin que se adviertan hechos eximentes de responsabilidad.

III. – El otro agravio gira alrededor de los montos otorgados en concepto de indemnización (fs. 471 y fs.502 vta.).

La sentenciante otorgó la suma de $20.000 por lucro cesante sobre la base de los testimonios de Adrián Lionel Zenobi (fs. 211) y Marcos Juan Brisaoff (fs. 220) quienes trabajaron con él como corredor de cambio y refirieron que se reintegró definitivamente después del año transcurrido entre una y otra operación. Durante ese período dijeron que se sentía mal con problemas y no iba a trabajar, no cobrando comisiones. En este sentido el perito médico Raño consideró que los padecimientos que podían ser causados por el oblito, infecciones urinarias que si son sintomáticas difícilmente le permitirían desarrollar sus tareas laborales habituales.

Los agravios consisten en críticas genéricas en las que se reprocha a la señora Juez haberse sólo fundado en la prueba testimonial.

Al momento de la operación el actor tenía 61 años. En la anamnesis refirió el primer síntoma de su obstrucción urinaria, diciendo que ese día había salido de la oficina para entrevistarse con un cliente y al ir al baño no pudo orinar.- Los testigos que declararon sobre su situación laboral no merecieron objeción, ni se planteó cuestionamiento alguno por lo cual nada impide en tener por cierto que no estando aun en edad de jubilarse, se dedicara alguna actividad rentable.Lo que no se encuentra acreditado es cuánto percibía por su trabajo.

Se sostiene que la ausencia de la prueba más idónea o eficaz no es impedimento para recurrir a otros medios probatorios subsidiarios, inclusive de naturaleza presuncional, desde que es uniformemente admitido en doctrina y jurisprudencia que la prueba de un hecho puede ser efectuada a través de todos los medios de convicción que legisla el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De allí que el alegado extremo de que la parte actora no aportó una prueba fehaciente que demuestre con exactitud la ganancia frustrada no sea óbice para que esta última pueda ser acreditada ponderando otros elementos de juicio y aplicando a las circunstancias de la causa las reglas de la sana crítica racional (art. 386 del Código citado).

Así es dable admitir en materia de lucro cesante una mayor flexibilidad en la apreciación de los hechos que constituyen el perjuicio. Se trata de una probabilidad concreta aunque no de certeza absoluta, apreciada con criterio objetivo y de acuerdo a las circunstancias propias del caso que permiten la concesión que ha hecho la señora Juez, otorgando una suma que -además- es absolutamente razonable.

Propongo pues al Acuerdo confirmar la sentencia en este aspecto.

En lo que respecta al daño moral, su cuantificación es un tema que presenta serias dificultades. Ello porque la valoración depende de dos planos de subjetividades. Una es la del sujeto que lo padece a la que nadie puede acceder -ya que solo cada uno sabe su propia medida- y otra, la del juez quien valorará cómo cuantificará el dolor ajeno sin conocer objetivamente en qué consiste y cuál es su dimensión, salvo lo que él mismo podría sentir (“precio del dolor” y “precio del consuelo”). Pero justo es reconocer que no existe ninguna posibilidad objetiva de comparación, entre múltiples razones porque hay individuos con mayor o menor umbral de tolerancia o mayor posibilidad de aceptación y porque se trata de perjuicios intraducibles al plano monetario.El párrafo final del art. 1741 del Código nuevo determina que la indemnización de las consecuencias no patrimoniales debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas.

Sin embargo las pautas que menciona el fallo -gravedad de las lesiones, el tratamiento al que ha sido sometida la víctima, la duración de la internación, la incertidumbre sobre el restablecimiento y el grado de lesión consiguiente a las afecciones íntimas- son elementos a tomar en cuenta teniendo en claro que si bien el daño moral sobreviene cuando se afecta la tranquilidad espiritual o la integridad psicofísica de la víctima, el daño psíquico no se produce en todos los casos. Es que el elemento tipificador del daño psíquico es la patología, y de allí el distingo entre una y otra categoría.

Adviértase que el actor no cuestionó las sumas otorgadas por lo cual sólo corresponde hacer lugar o rechazar los agravios de los codemandados sobre los montos resarcitorios, que por los fundamentos que indico propiciaré su confirmación de $20.000 por lucro cesante y $50.000 por daño moral.

IV. – tasa de interés.

La sentencia estableció que deberán calcularse desde la fecha del ilícito, momento en el que se cristaliza el daño, hasta su efectivo pago según la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Hubo agravio a fs. 473 y a fs.504 por considerar que habiendo sido fijadas las sumas a valores de la sentencia, correspondía una tasa menor desde el hecho hasta el fallo del 6% u 8%.

El fundamento de este sistema de liquidación de los intereses está dado por la circunstancia de que tratándose de una deuda de valor los montos de los daños cuantificados en la sentencia quedan fijados en moneda actualizada y, en consecuencia, si se mantuviera la tasa activa desde el hecho quedaría afectado el significado económico el capital de condena.

Siguiendo pues este criterio que en cada caso en particular analiza este Tribunal, considero y así lo propongo que hasta la sentencia se aplique la tasa del 8% anual y recién a partir de allí, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta el efectivo pago.

V. – Plazo de la condena (fs. 476 vta. y dictamen de fs.526). El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también se quejó del plazo de diez días otorgado en la sentencia de grado para el cumplimiento de la condena allí impuesta. Fundó escuetamente la queja en lo dispuesto por la ley 23.982.

El art. 22 de la ley 23.982 aplicable a la Ciudad Autónoma por ser sucesora de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que en su momento adhirió a la citada ley federal, aunque con modificaciones, cuando aprobó el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el dictado de la ley n° 189 (CNCiv. Sala “F”, junio 22/2001, Barletta c/ M.C.B.A. s/ expropiación”, R. 321.943; id. Sala “F “, febrero 1°/2002, “F.A.D.A. I.C.y F. S.R.L c/ M.C.B.A. s/ cobro de sumas de dinero”, R.335.443; íd. Sala “C”, “Antunes c/ G.C.B.A.” mayo 15/2001, R. 322.207; id. Sala “C”, marzo 6/2001, “G.C.B.A. c/Sarabia, Juan”, R.314.749).

Este último ordenamiento señaló el carácter declarativo de las sentencias que condenan al pago de una suma de dinero a las autoridades administrativas, sujetándolas a la inclusión presupuestaria de la condena (art. 398 Cód. Cont. Adm. y Trib. de la Ciudad de Bs. As.), con excepción de los créditos de carácter alimentario cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración del Jefe de Gobierno (art. 398, ap. 2° del Cód. cit.).

Si bien el principio general establecido para las condenas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, para su cumplimiento se requiere el trámite de previsión presupuestaria contemplado por el art. 399, sin perjuicio de su posterior ejecutoriedad conforme la misma norma lo prevé, la característica alimentaria del monto resarcitorio establecido para el damnificado directo para la atención inmediata de las afecciones padecidas ha sido reconocido reiteradamente por la CSJN (Fallos: 326:1733; 327:2551 y 4067, entre otros).

Es que la postergación no resulta una solución justa para quien reclama por los daños producidos por un hecho ilícito, vulnerada su integridad física y psíquica y requiere revertir el perjuicio ocasionado, lo cual no puede ser demorado en aras del bien público y en salvaguarda del equilibrio económico financiero del Estado (CNC., Sala B, causa n°161.718 del 31/3/95).

Así se ha considerado que cuando se trata de daños a la persona, se configura una situación de excepción que justifica el apartamiento de la citada ley de consolidación de las deudas del estado, pues de otro modo se estaría haciendo prevalecer un derecho patrimonial sobre el derecho a la vida, que evidentemente lo precede (conf. esta Sala “Rochi Mabel Susana c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios”,6/10/06; “Camacho Carlos Enrique c/Balpala Construcciones S.A.y otros s/ daños y perjuicios”, “Cabrera, Nora Beatriz c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios” Libre 9/4/08).

En razón de las características de la indemnización que aquí se admite, propongo que se establezca un plazo para el cumplimiento de la condena en cuanto a los importes que en la liquidación que se practique no superen el límite del doble de la remuneración antes aludido y sólo en cuanto al monto que sobrepase ese límite serán sometidos a lo establecido en los arts. 399 y 400 Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Buenos Aires.

En cuanto al plazo para el cumplimiento de la condena estimo prudente establecerlo en el de treinta días desde la fecha en que la liquidación quede aprobada, en razón de los trámites administrativos que el Gobierno de la Ciudad debe realizar (conf. mi voto en la Sala “F”, causa libre n° 543.005 del 02/07/2010, etc.).

VI. – Las costas deben ser mantenidas en ambas instancias a cargo de los demandados al no encontrar mérito para apartarse del criterio objetivo de la derrota (art. 68 del Cód. Proc.) y principio de la reparación integral.

Por estos fundamentos propongo a mis distinguidas colegas que se confirme la sentencia en todas sus partes, con excepción de la tasa de intereses que deberá ser calculada al 8% hasta la sentencia y a partir de allí a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina y el plazo de cumplimiento de la condena contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se fija en 30 días de acuerdo con lo establecido en el considerando V, precedente.

Las Dras. Mabel De los Santos y María Isabel Benavente adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando las señoras jueces por ante mí que doy fe. Fdo: Elisa M.Diaz de Vivar, Mabel De los Santos, María Isabel Benavente. Ante mí, María Laura Viani (Secretaria). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.

MARIA LAURA VIANI

Buenos Aires, mayo de 2016.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la

sentencia de grado en todo cuanto decide, con excepción de la tasa de intereses que deberá ser calculada al 8% hasta la sentencia y a partir de allí a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina y el plazo de cumplimiento de la condena contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se fija en 30 días de acuerdo con lo establecido en el considerando V. 2) Imponer las costas de Alzada a los demandados vencidos al no encontrar mérito para apartarse del criterio objetivo de la derrota (art. 68 del Cód. Proc.) y principio de la reparación integral. Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

ELISA M. DIAZ de VIVAR

MABEL DE LOS SANTOS MARIA ISABEL BENAVENTE

MARIA LAURA VIANI