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Se atribuye el 70% de la culpa a la víctima quien murió en el accidente y el 30% a la Municipalidad pues faltaban los círculos refractarios al volquete con el que chocó la motocicleta.

Conducir alcoholizadoPartes: F. J. C. c/ Municipalidad de Rosario s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Sala/Juzgado: 1era Nom.

Fecha: 2-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-99419-AR | MJJ99419 | MJJ99419

Accidente de tránsito: se atribuye el 70% de la culpa a la víctima, quien circulaba en su motocicleta con un nivel de alcohol superior al permitido y producto del siniestro perdió su vida, y el 30% restante a la Municipalidad, pues si bien el volquete estaba correctamente ubicado, faltaban los círculos refractarios.

Sumario:

1.-Corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la actora, contra la sentencia que dispuso atribuir el 70% de la culpa a la víctima -quien conducía su motocicleta con un nivel del alcohol superior al permitido y perdió la vida en el accidente- y el 30% restante a la Municipalidad demandada, en tanto el volquete en cuestión se encontraba correctamente ubicado y el elemento que transformó la cosa inerte en causa activa del daño ha sido la falta de los círculos refractarios que debieron ser provistos al propietario del volquete por la Municipalidad y cuya efectiva entrega no se acreditó en autos.

2.-La víctima resulta alcanzada por la prohibición contenida en el art. 48 inc. a) de la ley 24.449, según la cual se establece que para quienes conduzcan motocicletas queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200ml. por litro de sangre, pues el actor tenía un nivel de alcohol en sangre 5,75 veces más de lo permitido, en razón de lo cual se le atribuyo el 70% de la culpa en el accidente de tránsito que le costara la vida.

Fallo:

Rosario, 02 de marzo de 2016.

VISTOS: Los presentes caratulados «F., J. C. C/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», Expte N° 342/09, para resolver sobre el Recurso de Apelación Extraordinaria interpuesto por la actora, representada por la Dra. Jorgelina Rodriguez, a fs. 490/500, contra la Sentencia N° 1273 de fecha 17/03/14 que obra a fs. 451/471.

La recurrente realiza un análisis preliminar de los requisitos rituales y funda su recurso invocando el apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para la decisión del litigio (art. 42, inc. 1 ° , L.O.P.J. Nro. 10.160), apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley (art. 42, inc. 3° LOPJ) y apartamiento relevante que a idéntica cuestión de derecho haya dado una sala de la Cámara de Apelación de la respectiva circunscripción judicial (art. 42, inc. 4° LOPJ) Quedan así los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

CONSIDERANDO: 1. Que en el juicio de admisibilidad que corresponde realizar al Tribunal Colegiado se comprenden tres niveles, conforme doctrina consagrada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a partir de los precedentes «Cerrutti, Armando» y «Nasurdi, Rubén», que parten de los aspectos mere-rituales, para continuar luego con un examen de las razones que el recurrente invoca para avalar su pretensión. En este segundo paso no sólo el motivo alegado debe coincidir en abstracto con alguna de las causales que prevé el artículo

42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -nivel segundo- sino que debe juzgarse «prima facie» si media un mínimo nexo entre aquel motivo y la realidad concreta de los autos -nivel tercero-.

2. Sentado lo expuesto, y a fin de evaluar el primer nivel de análisis del recurso, observamos que el mismo ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva del Tribunal Colegiado, dentro del plazo legal para hacerlo (Notificación de fecha 09/06/14 e interposición 23/06/14), por quien se encuentra legitimado para recurrir.Además, dicho recurso ha sido presentado en el lugar y forma correctos, ya que se formuló ante este Tribunal, por escrito. Expresando genéricamente cual es el pronunciamiento que se pretende (art. 567 del C.P.C.): «esta parte solicita se haga lugar a lo peticionado en la demanda en cuanto a la atribución de culpa en un cien por ciento (100%) de culpa exclusiva de los demandados con la consiguiente carga total de las costas .». (Fs. 499vta.) 3. – Verificado lo anterior, en un segundo nivel deben analizarse las causales invocadas por la recurrente, en el caso, que el motivo alegado debe coincidir en abstracto con alguna de las causales que prevé el art. 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y en un tercer nivel, si media «prima facie», un mínimo nexo entre aquel motivo y la realidad concreta de los autos.

3.1.- La recurrente introduce su primer agravio fundado en el art. 42 inc 1) lLOPJ, apartamiento de las formas sustanciales estatuídas para el trámite o la decisión del litigio, siempre que ello influya directamente en el derecho

de defensa y en tanto no medie consentimiento del impugnante.

Manifiesta que se ha incurrido en arbitrariedad fáctica, atento la omisión de datos relevantes incorporados válidamente a la causa e ignorados por el juez al momento de resolver.

3.1.1.- Aduce que el tribunal no consideró la prueba producida dentro de los autos conexos «F. J. C. y otros c/ Municipalidad de Rosario y/u ot. S/ Aseguramiento de Pruebas» Expte. N° 2940/08. Transcribe fragmentos de la medida practicada por el Oficial de Justicia en estos autos y entiende que de dicha prueba se colige que para cualquier persona en pleno dominio de su conducido, aún sin ningún porcentaje de alcohol en sangre, la loma de burro hubiera sido igualmente sorpresiva, causando el mismo resultado.Expresa que tampoco fueron consideradas las fotografáis tomadas al practicar el mandamiento que muestran que la loma de burro es imposible de visualizar.

Corresponde reseñar liminarmente que el juez tiene plena facultad para valorar las pruebas producidas, puesto que «los jueces no están obligados a ponderar una por una exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni tampoco a tratar todas las cuestiones expuestas, ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos» .

A mayor abundamiento, lo constatado por el Sr. Oficial de Justicia en cuanto a la loma de burro existente en el lugar del hecho, dentro de la medida de Aseguramiento de Pruebas señalada por la recurrente, coincide con lo reseñado por la preventora al realizar la inspección ocular practicada, que fuera referida en la Sentencia de mérito.

3.1.2.- Argumenta que el fallo da por cierto hechos que considera no probados, al entender que la víctima circulaba a exceso de velocidad basándose para ello únicamente en la Pericia Mecánica. Transcribe que el perito a fs. 407vta determina «no se encuentran elementos de prueba que permitan calcular, en forma precisa la velocidad a la cual circulaba el motociclista» y solo estima sin realizar ningún tipo de cálculo o tarea científica que dicha velocidad era superior a la permitida en el lugar, sin especificar cual era la velocidad permitida.

Conforme se expuso en la resolución recurrida, el perito Ingeniero Mecánico expresó en su dictámen que «no se encuentran elementos de prueba que permitan calcular en forma precisa la velocidad a la cual circulaba el motociclista.No obstante ello, dadas las características del siniestro y teniendo en cuenta que el motociclista recorre cuarenta metros luego de trasponer el lomo de burro, se puede establecer que la velocidad desarrollada por el mismo era sin dudas superior a la permitida en el lugar».

De lo expuesto se desprende que el perito no deja lugar a dudas que la velocidad desarrollada por la actora excedía la permitida en el lugar.

Si bien no especifica cual es la velocidad permitida, ni puede determinar a que velocidad circulaba la actora es contundente en su conclusión, siendo irrelevante que el mismo no determine cual era la velocidad permitida pues ello se desprende de la normativa vigente. Por otra parte, la pericia mecánica no fue observada por la recurrente.

También se ha dicho que, el conductor debe circular siempre a una velocidad tal que teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo, la visibilidad existente, las condiciones de la vía, tenga siempre el total dominio de su vehículo y el desarrrollo de velocidades superiores a las establecidas significará que el conductor ha desarrollado una velocidad peligrosa para la seguridad de las personas y en caso de accidentes la máxima responsabilidad recaerá sobre él .

De ello se evidencia que el argumento introducido por la recurrente no constituye causal casatoria.

3.1.3.- Cuestiona que el Tribunal libera de responsabilidad al codemandado Víctor José Perez, dando por cierto dos situaciones no probadas en autos.

A.- Que el volquete se encontraba bien ubicado. Resalta que el perito ingeniero mecánico establece que «es incumbencia del juez establecer si la localización del mismo se hallaba de acuerdo a la reglamentación vigente», sin afirmar que el volquete se encontraba bien ubicado.

Entiende que la ubicación del volquete surge de las fotografías acompañadas en la demanda y reconocidas en la Audiencia de vista de Causa por los testigos, de las que se evidencia que el mismo se encontraba 50% sobre la calle y 50% sobre la vereda, lo cual no fue considerado por el Tribunal.

Cita la Ordenanza N° 7834, art.7, que reglamenta el servicio de contenedores y Ordenanza N° 6543 (código de tránsito), art. 45 b) que determina el lugar de ubicación del volquete y cuestiona que el Tribunal considere que el volquete estaba bien ubicado sin brindar fundamentación legal y contradiciendo la norma de aplicación al caso.

Aduce que la ubicación antirreglamentaria del volquete hizo que el mismo fuera mas difícil de ser advertido, especialmente de noche, por encontrarse semioculto y si éste hubiera estado ubicado reglamentariamente, el actor hubiera impactado con la rueda delantera y la muerte no se hubiera producido.

Corresponde destacar que el Tribunal arriba a la conclusión de que el volquete se encontraba correctamente ubicado luego de analizar la prueba producida en autos. Ello por cuanto, conforme la constatación efectuada por la preventora el volquete se hallaba en forma paralela a las zanjas existentes a los lados de calle Liniers, sobre la calzada casi en su totalidad sobre el asfalto y una pequeña porcion sobre la franja de tierra existente entre el mismo y la zanja, lo cual se condice con las fotografías aportadas y reconocidas en la

Audiencia de Vista de Causa, esa franja de tierra no conforma la vereda, la que se ubica detrás de la zanja adyacente.

Además, calle Liniers posee un escaso ancho de 4 metros y la Ordenanza N°7834 dispone que los contenedores deben ubicarse en forma paralela al cordón de la vereda «lo más próximo posible al mismo», por ello su pequeño apoyo en la zona de tierra no constituye una falta sino que despeja el área de circulación de los vehículos, favoreciendo la fluidez del tránsito conforme lo normado por el art. 45 inc. b) de la Ordenanza 6543. No viéndose configurada la falta de valoración probatoria invocada.

B.- Sostiene que el Tribunal da por cierto que el Sr.Perez solicitó a la Municipalidad los autoadhesivos refractantes y ésta no se los entregó lo cual es un hecho no probado en autos.

Considera que el demandado Perez no probó los hechos alegados en su contestación de demandada, consistentes en que la Municipalidad no le entregó los adhesivos y que a la fecha del accidente no se había implementado el registro único de volquetes.

Conforme lo informado por el perito Ingeniero Mecánico el volquete carecía de los dos círculos rojos refractantes de 10cm de diámetro colocados a 10cm de sus vértices correspondientes al lado sur, los cuales en virtud del art. 3 de la Ordenanza N°7834 debieron ser provistos por el Encargado del Registro Único de Volquetes de la Municipalidad de Rosario.

En autos, el Sr. Pérez afirmó que los círculos refractarios no le habían sido entregados por el Municipio y oficiada la Municipalidad de Rosario omite dar respuesta sobre el tema (fs. 288/292).

En consecuencia, el volquete se encontraba correctamente ubicado y el elemento que transformó la cosa inerte en causa activa del daño ha sido la falta de los círculos refractarios los que debían ser provistos al propietario del volquete por la Municipalidad de Rosario, cuya efectiva entrega no se acreditó en autos.

C.- Asimismo considera que el Tribunal no tuvo en cuenta el Oficio N° 93 fs. 288 que informa que el Sr. Perez no contaba con habilitación para volquetes, sino para mini volquetes.

Es de destacar que dicho informe no indica en que fecha el Sr. Pérez obtuvo habilitación, ni cuales son las características de los mini volquetes, ni si la misma comprende volquetes y mini volquetes, ya que la característica «mini» se designa luego de volquete.Asimismo la normativa N°7834 refiere a contenedores sin diferenciar volquetes de mini volquetes, consecuentemente carece de relevancia la diferenciación introducida.

3.1.4.- Reitera que el Tribunal no consideró las fotografías acompañadas en la demanda, las cuales fueron reconocidas en la Audiencia de Vista de causa por los testigos, que ponen de manifiesto la ubicación antirreglamentaria del volquete.

Dicho agravio fue tratado supra, considerando que las fotografías aportadas en la demanda ratifican las conclusiones arribadas por el Tribunal.

3.1.5. – Alega que el Tribunal no consideró la falta de huellas de frenada, prueba que consta en el Sumario Penal, lo que constituye prueba determinante de que la víctima no pudo visualizar la loma de burro.

Yerra la recurrente al entender que el Trbunal no ha considerado la falta de huellas de frenada, pues todas las pruebas producidas en autos han sido valoradas a tenor de las reglas de la sana crítica. Pues, de las pruebas aportadas este Tribunal ha entendido que la loma de burro no se hallaba señalizada, era del mismo color del pavimento y que al no encontrarse visible no cumple con la función para la cual fue instalada, siendo en consecuencia irrelevante no haber desarrollado en profundidad la falta de huella de frenada, pues no modifica la conclusión arribada.

3.1.6. – Aduce que el Tribunal no consideró declaraciones testimoniales, al evaluar el rubro Pérdida de Chance/ daño material, sosteniendo que el actor hacía changas en un taller mecánico, prescindiendo de la declaración de tres testigos, que enumera y transcribe.Entiende que ello repercute directamente en la cuantificación de la indemnización siendo irrisoria la que otorga el tribunal.

Cuestiona que el Tribunal omitió explicar las razones o motivaciones que llevaron a fijar una suma y no otra en concepto de reparación de

los daños y perjuicios.

En la Sentencia el monto que se otorga por el rubro daño material a los padres del fallecido, a su concubina y a sus hijas es muy bajo especialmente para la concubina y no se explicitan las razones que llevaron a esa cuantificación. Considera que en autos se acreditó que la víctima era de profesión mecánico y trabajaba como empleado en un taller y que vivía con su concubina y sus hijas.

De los términos de la recurrente se evidencia que cuestiona la valoración efectuada por el Tribunal de las testimoniales producidas en autos.

Dicha valoración constituye una facultad propia de los magistrados quienes pueden muy bien inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate. Lo relevante es el grado de credibilidad de los dichos, en orden a las circunstancias personales de los testigos, razón de ser de su conocimiento, interés en el asunto y coherencia, requisitos que de no concurrir, total o parcialmente, autorizan a alegar sobre la idoneidad del declarante Conforme se sostuvo en la Sentencia, de la declaración del Sr. J. C. Mobilia surge que el Sr. F. hacía changas en el taller mecánico, pues expone «era empleado, hacía changas en el taller mecánico» y al

ser nuevamente preguntado si era empleado de ahí responde «hacía changas». De ello se colige que el Sr. F. no era empleado del taller, sino que eventualmente laboraba en el mismo. Asimismo, no se acreditaron los ingresos de la víctima.

Por otra parte, la concubina no goza de la presunción prevista en el art. 1084 C.C.y por ello la prueba de la pérdida material se hallaba a su cargo.

A mayor abundamiento, el cuestionamiento de los montos de indemnización otorgados no constituye un motivo recursorio que encuadre en las causales del art. 42 de la L.O.P.J.

En concordancia, la Sala 4° de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, estableció que: «la discrepancia respecto de la cuantía de la indemnización otorgada por el «a quo» constituye una «cuestión de hecho» que exorbita el ámbito propio del recurso de apelación extraordinario» .

De lo expuesto se evidencia que sus agravios se limitan a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal.

Sin embargo, el Tribunal no se ha apartado de las formas sustanciales estatuidas para la decisión del litigio y que el agravio introducido por la recurrente se limita a exponer su disconformidad con las consideraciones del tribunal pero sin alcanzar la entidad necesaria para encuadrar en la causal casatoria. Se trata de una cuestión de valoración de prueba ajena al marco

excepcional del Recurso de Apelación Extraordinaria. Por ello, «la recurrente no demuestra que la conclusión a la cual arribó el a quo sea irrazonable o carezca de sustento en las constancias de atuos. En tales condiciones, la arbitrariedad fáctica que se alega no supera airosamente el límite impuesto por el art. 560, inc. 7°) del CPCC, respecto de la irrecurribilidad de las cuestiones de hecho.» Sobre la causal del inciso 1° del art. 42 de la LOPJ, la Sala 1§ de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario ha dicho: «El análisis de la causal contemplada en el art. 42 inc. 1° de la L.O.P.J. bajo el cuadrante casatorio impone señalar que las cuestiones fácticas y probatorias son, naturalmente, ajenas al recurso, salvo hipótesis de absurdo.Es decir, no es tarea casatoria el re-examen íntegro del proceso, pues la finalidad de aquella se limita a confrontar si ha sido aplicado el derecho correctamente a los hechos definitivamente fijados y valorados por los jueces de la causa. A su vez, el absurdo, como circunstancia que autoriza este recurso extraordinario, esencialmente casatorio, es un remedio último y justificable sólo en casos excepcionales, pues no lo constituye cualquier decisión que se estime equivocada o injusta, sino la que escapa a las reglas de la lógica formal y las transgrede, aquello que es impensable o inconcebible por haber quedado al margen del raciocinio.» «La doctrina casatoria ha dicho que la ponderación de la prueba constituye una materia ajena, en principio, al recurso extraordinario, aún en

aquellos casos que pudiera aparecer como opinable o discutible para alguno de los interesados, ya que el medio impugnativo premencionado no debe convertirse en otra instancia ordinaria, más allá de la valoración de la prueba en su acierto o error, lo poco o mucho convincente de aquélla, pues la teoría del absurdo es un remedio excepcional y último agregado al ordenamiento jurídico para evitar la inequidad en los pronunciamientos judiciales sobre cuestiones de hecho» (Acuerdo N° 140 del 29 de octubre de 1998 dictado por la Sala 1§ de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en la causa «Champier, Claudio C. c/ Stella, Sergio M. y Ot. s/ Daños y perjuicios»).

Ello debido a que el recurso de apelación extraordinario está previsto para aquellas situaciones en que el Tribunal de grado se aparta arbitrariamente de la prueba rendida en el juicio, arribando a conclusiones que carecen de todo fundamento, pero no para casos como el de autos en los que se trata de una diferente valoración de la prueba respecto de la que realiza el Tribunal.

3.2.- En segundo término la recurrente introduce la causal de apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley (art. 42 inc.3 LOPJ).

3.2.1.- Entiende que el Tribunal se apartó de lo previsto en las Ordenanzas 7834 y 6543, disponiendo la primera de ellas que el volquete debería haber estado ubicado en el lado derecho de la circulación en forma paralela al cordón de la vereda con calcomanías refractarias, y la segunda que no se debe estacionar ni tampoco podrá autorizarse a ello: 1.- en todo lugar que pueda afectar

la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la señalización.

Alega que el Tribunal reconoce que el volquete no se encontraba conforme ordena la ley y cuestiona que se haya consignado que la porción del volquete apoyada en el sector de zanjas fuera pequeña como dice la Sentencia, ya que de las fotografías surge que ocupaba casi la mitad del volquete, siendo como consecuencia de ello más difícil de ser advertido, especialmente de noche y determinante que pegara la punta del mismo con el pecho de la víctima.

Dicho agravio ha sido desarrollado precedentemente, siendo aplicables las conclusiones arribadas supra, destacando que el pequeño apoyo del volquete en la zona de tierra no constituyó una falta sino que por el contrario despejó el área de circulación de los vehículos, favoreciendo la fluidez del tránsito conforme lo normado por el art. 45 inc. b) de la Ordenanza 6543.Limitándose el agravio introducido al mero discenso con el criterio adoptado por los sentenciantes.

3.2.2.- La recurrente, alega que el Tribunal aplicó la Ordenanza Municipal N° 8393 que entró en vigencia en el año 2009, cuando debió aplicar la Ordenanza N° 6543 que regía al momento del hecho, y disponía que en caso de ingesta de alcohol no se podrá conducir con más de medio gramo (0,5g) por litro de sangre . Dicha ordenanza no distinguía entre conductores de autos y motos y para los conductores que presentaban más de un gramo de alcohol en sangre sólo disponía la sanción administrativa de falta grave, sin aludir a «estado de

embriaguez alcoholóca» como lo hace la ley de tránsito nacional 24.449.

Expresa que la cuestión de tránsito es materia de derecho Público local por lo que el único habilitado para dictar legislación de tránsito aplicable a la ciudad de Rosario es la Municipalidad de Rosario, ello establece un orden material normativo donde en primer lugar se aplican las ordenanzas locales y eventualmente ante acto de adhesión expreso la ley nacional.

Sostiene que el Tribunal no aplica esta ordenanza N ° 6543 que era la aplicable al caso y aplica sólo un régimen que contiene la ley de tránsito 24.449 que se incorpora a la ordenanza 6543 a través de la ordenanza 8349 en el año 2009.

Expresa que según consta a fs. 44 del sumario penal la víctima tenía 1,150 g/l y en base a la ley aplicable al momento del hecho la víctima no tenía 5,75 veces más de lo permitido, como afirma erróneamente la sentencia recurrida, sino apenas una vez más de lo permitido.

Alega que tener 1,150 coloca al Señor F.con un trastorno de la conducta que no llega a ser «cansancio, fatiga, pérdida de agudeza visual», que se obtiene a los 1,200, ni «embriaguez motora» que se obtiene a los 1,500.

Critica que la Sentencia afirme que la víctima tenía «intoxicación alcohólica», cuando ni siquiera con la nueva ordenanza vigente la consecuencia es esa.

Alega que si el Tribunal hubiese aplicado la normativa Municipal vigente al momento del hecho no hubiera asignado una responsabilidad de la víctima en un 70%, sino en un grado inferior.

Corresponde destacar que la Sentencia cuestionada no ha incurrido en error en la normativa aplicada y vigente al momento del hecho como señala la recurrente. Pues, el fallo ha sido analizado a la luz de la Ley 24.449 y la Ordenanza Municipal N°6543, sin ser considerada la reforma introducida por la Ordenanza N° 8349, lo cual se evidencia de las citas expresadas a fs. 456 y 456vta.

En cuanto al orden de prelación normativa alegado por la recurrente, pretendiendo que tenga preminencia la aplicación de la Ordenanza Municipal sobre la Ley Nacional, se señala que conforme el art. 1 de la Ley 24.449, los gobiernos provinciales podrán adherir a dicha normativa, lo que aconteció en la Provincia de Santa Fe, mediante Ley N° 11583 sancionada en fecha 17 de Septiembre de 1998, motivo por el cual la misma deviene aplicable al presente caso acaecido en fecha 26/05/07.

En consecuencia, la víctima resulta alcanzada por la prohibición contenida en el art. 48 inc. a) de dicha normativa nacional, según la cual se establece que para quienes conduzcan motocicletas queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200ml. por litro de sangre. Resulta entonces que el Sr. F. tenía un nivel de alcohol en sangre 5,75 veces más de lo permitido, conforme se expuso en la Sentencia, ello así en razón de que la Ordenanza 6543 no preveía

el caso de autos.

Si bien la actora sostiene que tener 1,150 coloca al Señor F.con un trastorno de la conducta que no llega a ser «cansancio, fatiga, pérdida de agudeza visual», que se obtiene a los 1,200, dicha diferenciación deviene irrelevante atento la insignificante diferencia marcada por la recurrente.

Por su parte, en la sentencia no se ha sostenido que la víctima tuviera «embriaguez motora» -que se obtiene a los 1,500, conforme lo reseñado por la actora-, sino que tenía «intoxicación alcohólica». Ello deriva de la expresión prevista en el art. 86 de la Ley 24.449, sin ser una calificación arbitraria impuesta por el Tribunal.

En consecuencia, el agravio introducido no tiene incidencia en el porcentaje de atribución de responsabilidad dispuesto por el Tribunal.

3.2.3.- Se agravia por la distribución de culpas atribuida por el Tribunal en un 70% a la víctima y un 30% a la Municipalidad de Rosario. Entiende que dicha atribución no se encuentra debidamente fundada y se basa sólo en el informe pericial.

Basta remitirnos al fallo recurrido para observar que dicho agravio carece de fundamento, pues en la Sentencia se han motivado debidamente las conclusiones arribadas en torno a la atribución de responsabilidad, limitándose el agravio introducido al mero discenso con los argumentos vertidos por

el Tribunal al analizar dicha cuestión.

«Cabe recordar que la Corte local que ha sido particularmente enérgica al señalar que ‘la causal del inciso 3° del art. 42 de la ley 10.160 exige, rigurosamente, que el apartamiento del texto expreso de la ley sea manifiesto; lo cual implica que el juzgador de primer grado haya decidido un litigio a base de texto no vigente o prescindiendo por completo de normativa expresa y reguladora del problema debatido» (CSSF, doctrina de Benítez V. Berretoni (A. Y S.103-63), invariablemetne reiterada) , situación ésta que en modo alguno se configura en autos.

Con igual criterio, la Sala III de nuestra ciudad ha sostenido que «corresponde reputar configurada la susodicha causal, única y exclusivamente cuando la decisión respectiva resulte arbitraria, siendo mutatis mutandi aplicables en la especie los postulados de la doctrina jurisprudencial elaborada en torno a la sentencia arbitraria en orden a la concesión del recurso de inconstitucionalidad provincial y/o del extraordinario federal. El texto del art. 42 inc. 3 Ley 10.160 guarda estrechos puntos de contacto con la teoría de la sentencia arbitraria por mediar contradicción contra fundamentos normativos aplicables. Da pie a la tacha de arbitrariedad de la sentencia el hecho de haberse fundado en textos legales no vigentes y también en la circunstancia de haberse apartado irrazonablemente de la norma aplicable en principio al caso. Por lo dicho, pues, se

impone verificar si lo resuelto por el a quo se apoya en una aplicación de fundamentos normativos irrazonables y producto de una lucubración imposible por parte del juzgador porque sólo en el supuesto de que dicha compulsa arroje un resultado positivo podrá considerase a lo decidido en la instancia de origen como arbitrario, y consecuentemente, susceptible de ser revisado a través del recurso de apelación extraordinaria».

3.3.- Finalmente, introduce la causal de apartamiento relevante de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una Sala de la Cámara de Apelación de la respectiva circunscripción Judicial (art. 42 inc.4 LOPJ).

Reitera que la indemnización otorgada por el rubro daño material en la sentencia es irrisoria, especialmente para la concubina, a quien se le otorga la suma de $20.000, la cual restando el 70% de culpa de la víctima, queda en $6.000.- Alega que los montos indemnizatorios fijados por el a quo estarian por debajo de las pautas resarcitorias mínimas que determinan que toda privación de vida merece un trato resarcitorio, mínimo e igualitario que debe acordarse siempre sin perjuicio de la reparación de otros daños potenciales o actuales que se probacen.

Cita y acompaña en copia simple fallo emitido por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala I, «Ledesma, Marta

Sara c/ Municipalidad de villa Gobernador Gálvez s/ Daños y Perjuicios», de fecha 21/10/2010.

Analizando el fallo traído a consideración, se vislumbra que el mismo no refiere a la cuantificación del daño material reclamado por la concubina, sino a la legitimación activa de la misma para reclamar dicho rubro.

Por ello, dicho precedente no resulta aplicable al caso de autos, atento que no contiene una «idéntica cuestión de derecho», conforme lo que exige la ley.

De ello se deriva que la conclusión extraída por la actora no resulta aplicable al presente caso.

Al respecto la Sala 4§ de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario ha reiterado que: «el art.42 inciso 4° de la ley 10.160 exige que haya existido un apartamiento de la interpretación de una idéntica cuestión de derecho, por lo que la utilización de la expresión «idéntica» que ha realizado la ley no puede ni debe ser reemplazada, en los hechos, por «análoga», «afín» o locuciones semejantes» (28-2-95, «Muzzo c/ Alturi s/ Daños y perjuicios»).

Al no existir, en el caso, la «identidad» exigida por la norma, el apartamiento invocado por la recurrente en torno a esta causal tampoco reúne las características establecidas por la ley, por lo que el agravio esgrimido resulta improcedente.

4. En conclusión, más allá del denodado esfuerzo

argumental de la recurrente, resulta claro que los vicios que la impugnante pretende endilgar a la Sentencia no se presentan, por lo tanto resulta inadmisible el recurso de apelación extraordinaria interpuesto.

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Primera Nominación de Rosario, RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la actora, contra la Sentencia N° 1273 de fecha 17/03/14.

Insértese, y hágase saber. (Expte. N°342/09)

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