Rechazo de la medida tendiente a suspender los efectos de las decisiones adoptadas en una reunión de directorio y asamblea de accionistas al no resultar acreditada la calidad de socio invocada.

shutterstock_124922840Partes: Trobo Hugo Walter y otro c/ Casa Abe S.A. y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 4-feb-2016

Cita: MJ-JU-M-98789-AR | MJJ98789 | MJJ98789

Rechazo de la medida tendiente a suspender los efectos de las decisiones adoptadas en la reunión de directorio y en la asamblea de accionistas, al no resultar acreditada la calidad de socio invocada por el peticionante.

Sumario:

1.-A efectos de ejercer los derechos inherentes a la calidad de socio, la prueba natural de esa calidad de accionista surge de la posesión del título y, de no contarse con él, puede ser acreditado por otros medios de prueba.

2.-Con el propósito de resguardar adecuadamente la garantía constitucional de defensa en juicio (CN. 18 ) resulta más apropiado aguardar la etapa probatoria para despejar los aspectos de la legitimación activa que no se encontrarían actualmente expeditos por la falta material del título-acción.

3.-En la legislación societaria mercantil no fue prevista expresamente la acción de nulidad de los acuerdos directoriales. El disenso que demuestran las diferentes interpretaciones parece haberse ocasionado en esa omisión de regulación expresa en la Ley de Sociedades Comerciales, pues -sintéticamente expresado- aunque pueda sostenerse que la introducción de tales cuestiones no se encuentra expresamente vedada, lo que daría pie para su admisión, lo cierto es que el debate permanece abierto con relación a los alcances de la pretensión invalidatoria, aspecto éste que no cabe analizar en el marco del cauce cautelar.

4.-Si bien puede estimarse actualmente consolidada en doctrina la posición que admite la declaración de la nulidad de las decisiones del órgano de administración de las sociedades anónimas, la cuestión en la jurisprudencia ha seguido diversas líneas de interpretación, pues algún antiguo precedente jurisprudencial de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se inscribió en esta línea hermenéutica puntualizando que aunque la ley actual no reconoce expresamente la impugnabilidad de los actos del directorio, ello no implica en modo alguno que esté vedado su ejercicio y además resulta del régimen de los actos jurídicos en general.

5.-La ausencia de regulación específica de regulación de la impugnación de las reuniones de directorio en la Ley 19.550 no es defecto atribuible exclusivamente al ordenamiento societario nacional pues, como fue precisado, son muy pocos los ordenamientos que admiten la impugnación judicial de los actos del directorio.

6.-En consonancia con la afirmación de la procedencia de la pretensión que persigue la declaración de nulidad de las decisiones del directorio, se ha admitido la suspensión temporaria de sus efectos como medida cautelar, debiendo tenerse en cuenta que en esta materia convergen: a) una pretensión de fondo, que supone el reconocimiento de una vía de impugnación carente de expreso apoyo normativo; y b) una medida de naturaleza esencialmente procesal que accede a aquélla y que tiene por finalidad impedir la ejecución de los aludidos efectos que tampoco está consagrada en la ley.

7.-La procedencia de la suspensión de las decisiones del directorio en las sociedades anónimas ha sido favorablemente recibida por distintos pronunciamientos de esta Cámara y no se erige en óbice para su admisión, por cierto, la carencia de regulación normativa expresa. A lo sumo, ello podrá plantear dificultades de orden interpretativo en cuanto al trámite adecuado, pero no impedir que, con la finalidad de proteger al sujeto societario, se evite la consumación de actos que padecen vicios invalidantes.

8.-La suspensión de los efectos de los actos del órgano de administración se inscribe en la tesitura vinculada con la necesidad de precaver la actuación desviada en la gestión patrimonial del ente y su proyección negativa respecto del interés social.

9.-La LSC contiene disposiciones que regulan la suspensión preventiva de la ejecución del acuerdo asambleario cuestionado (en los términos del art. 251 ) que tiende a impedir su ejecución mientras tramita el proceso impugnatorio (art. 252 ) por lo que la aplicación de dicho precepto a las decisiones del directorio viene autorizada por el nuevo CCyC: 2, que en materia de interpretación integradora remite a los principios de leyes análogas. En otros términos, si el ordenamiento societario contiene una previsión expresa para regular un instituto de similares características, parece más apropiado preferir su aplicación -del modo indicado- por sobre dispositivos de naturaleza únicamente procesal.

10.-La suspensión de los efectos de las decisiones de la asamblea es una medida cautelar prevista por el ordenamiento específico y, en consecuencia, aunque innegablemente tenga rasgos rituales, se encuentra provista de una finalidad que le es propia e inserta en un esquema jurídico de peculiar estructura, cual es la sociedad comercial.

11.-No corresponde, ante el pedido cautelar de suspensión de los efectos de una decisión del directorio, referir a los requisitos exigidos respecto de la restante medida precautoria que la LSC autoriza: la intervención judicial (específicamente arts. 113 y 114 ). Ello por cuanto aunque no se desconoce que la intervención presenta una finalidad común con la suspensión, cual es la protección de la sociedad frente a acciones u omisiones de los administradores que la pongan en peligro grave, la legitimación para promoverla se halla ceñida a la calidad de socio y a la promoción de la acción de remoción del administrador.

12.-No se aprecia en principio congruente con la finalidad de la suspensión provisoria de la decisión del directorio impugnada de nulidad, exigir el agotamiento de los recursos previstos por el contrato, que en el caso nada contempla.

13.-Las atribuciones judiciales para decretar la suspensión de una asamblea impugnada -medida cautelar aquí también solicitada- se condicionan básicamente a la: (i) petición de un sujeto legitimado al efecto, (ii) existencia de motivos graves, (iii) inexistencia de perjuicios para terceros.

14.-Un significativo cúmulo de precedentes judiciales, ha requerido también en orden a autorizar la procedencia de medidas cautelares innovativas, la configuración de un cuarto requisito -amén de la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la contracautela- cual es la posibilidad de que se consume un daño irreparable.

15.-La consideración del periculum in mora, implícitamente previsto en el inc. 2° del art. 230 CPCCN., cubría con sobrada amplitud la extensa gama de daños involucrados en el otorgamiento de la medida cautelar.

16.-Debe reconocerse la existencia de disenso acerca del alcance que debe darse a la expresión motivos graves que refiere la LSC:252, cuya configuración dota a la suspensión de las decisiones -cualesquiera que fuere el órgano emisor, conforme quedó dicho- de rasgos de excepcionalidad. La conclusión se sigue de la previsión de la LSC: 233 , último apartado para las resoluciones asamblearias que, interpretada a contrario sensu, determina la carencia de obligatoriedad de las decisiones violatorias de la ley o el estatuto. Súmese a ello que la exigencia del mencionado LSC:252, debe ser evaluada teniendo en cuenta no sólo el eventual perjuicio que podría ocasionar a terceros, sino primordialmente para el interés societario, el que predomina sobre el particular del accionista impugnante.

17.-Parece claro que la facultad que el ordenamiento societario confiere al juez para decidir la suspensión de los acuerdos sociales impugnados persigue una doble finalidad de protección: (i) conjurar el eventual perjuicio individual y, (ii) evitar la consumación de actos lesivos del interés social.

18.-Sobre la factibilidad de suspender judicialmente la aprobación de los estados contables, esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en sentido afirmativo. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 04 de febrero de 2016.

Y Vistos:

1. Viene apelada la resolución de fs. 123/126 por la cual la Sra. Juez a quo desestimó las medidas cautelares solicitadas en el escrito inicial, tendientes a que se suspendan los efectos de las decisiones adoptadas en la reunión de Directorio de fecha 15 de abril de 2015 y en la asamblea de accionistas de fecha 28 de mayo del mismo año.

Básicamente juzgó: en primer lugar, que la condición de socio invocada por los peticionantes no fue debidamente acreditada; y, en segundo término, que las constancias aportadas no permiten tener por demostradas, aun con la precariedad propia de esta instancia, las irregularidades invocadas.

Puntualizó que la asamblea general ordinaria y extraordinaria que se resolvió convocar para el día 28 de mayo de 2015 en la reunión de directorio impugnada, ya se llevó a cabo; y que, las decisiones allí adoptadas se encontrarían ejecutoriadas.

Los agravios fueron vertidos en el memorial de fs. 135/6.

2. En primer lugar, el examen de la causa permite superar los valladares formales apuntados por la anterior sentenciante, y así tener por acreditado a los fines cautelares la calidad de accionistas de Casa Abe SA de los Sres. Taranto y Trobo.

Sin que importe predicar respecto de reconocimiento alguno de los derechos que se atribuyen los accionantes, lo cierto es que los antecedentes habidos en autos aportan cierto grado de verosimilitud a los apelantes, lo cual consecuentemente deriva en el reconocimiento del carácter de accionistas que invocan a los efectos de poder tramitar las medidas articuladas.

Adviértase para ello cuanto emerge de las piezas de fs. 33/4, y de las actas de constatación de fs.48/50 oportunidad en la que no fue objetada ni cuestionada la calidad invocada.

En tal sentido, es del caso recordar que a efectos de ejercer los derechos inherentes a la calidad de socio, la prueba natural de esa calidad de accionista surge de la posesión del título y, de no contarse con él, puede ser acreditado por otros medios de prueba (CNCom, Sala A “Scarso Libertad c/ Complejo Puerto SA s/ medida precautoria”, de fecha 09/10/2007).

Dicho en otros términos, con el propósito de resguardar adecuadamente la garantía constitucional de defensa en juicio (CN 18) estímase más apropiado, en todo caso, aguardar la etapa probatoria para despejar estos aspectos de la legitimación activa que no se encontrarían actualmente expeditos por la falta material del título-acción.

3. Sentado lo anterior, el primer análisis que debe emprenderse refiere a la pretensión sustancial deducida conforme el escrito liminar de fs.

81/106, porque la medida cautelar suspensiva de los efectos de la decisión directorial cuestionada se halla en directa relación de instrumentalidad con aquella.

Es sabido que en la legislación societaria mercantil no fue prevista expresamente la “acción” de nulidad de los acuerdos directoriales. El disenso que demuestran las diferentes interpretaciones parece haberse ocasionado en esa omisión de regulación expresa en la Ley de Sociedades Comerciales (en adelante LSC), pues -sintéticamente expresado- aunque pueda sostenerse que la introducción de tales cuestiones no se encuentra expresamente vedada, lo que daría pie para su admisión, lo cierto es que el debate permanece abierto con relación a los alcances de la pretensión invalidatoria, aspecto éste que no cabe analizar en el marco del cauce cautelar.

Puede estimarse actualmente consolidada en doctrina la posición que admite la declaración de la nulidad de las decisiones del órgano de administración de las sociedades anónimas (Farina, Juan M., “Tratado de Sociedades Comerciales, Parte Especial II-B, Sociedades Anónimas”, p. 371 y ss., Zeus, Rosario, 1979; Otaegui, Julio C., “Invalidez Societaria”, p. 424, Depalma, Bs.As., 1978). Tal es, también, la postura sostenida por los redactores de ese cuerpo legal (Halperín, Isaac, “Sociedades Anónimas”, p. 438, Depalma, Bs. As. 1974; Zaldívar, Enrique y sus coautores en “Cuadernos de Derecho Societario”, Tomo II, parte segunda, p. 535, Abeledo Perrot, Bs. As., 1975).

La cuestión en la jurisprudencia ha seguido diversas líneas de interpretación. En efecto, algún antiguo precedente jurisprudencial de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se inscribió en esta línea hermenéutica puntualizando que aunque la ley actual no reconoce expresamente la impugnabilidad de los actos del directorio, ello no implica en modo alguno que esté vedado su ejercicio y además resulta del régimen de los actos jurídicos en general (CNCom., Sala A, 20.2.80, “Bellone, Próspero c/ Devoto SA de Transportes”). Ese criterio fue reiterado, con variantes, en otros fallos (CNCom., Sala B, 24.9.80, “Kraft Ltda. c/ Motormecánica SAIC”) y, también más recientemente (CNCom, Sala A, 11.12.86, “Vistalba SA c/ Banco de Galicia y Buenos Aires”, voto en minoría de la Dra. Isabel Miguez; CNCom., Sala B, 19.5.95, “Noel Carlos c/ Noel y Cia. SA”, voto de las Dras. Piaggi y Díaz Cordero, con la interesante disidencia del Dr. Enrique M. Butty; CNCom, Sala B, 24.6.03, “Forns, Eduardo Ángel c/ Uantú S.A. s/ordinario”; CNCom, Sala C, 29.5.05, “Allona, Horacio Raúl y otro c/ José Allona S.A. s/ ordinario” ; CNCom, Sala D, 16.4.07, “Paz Rodríguez Jesús c/ Clínica Modelo Laferrere SA s/ ordinario” ).

No obstante, señálese que la ausencia de regulación específica no es defecto atribuible exclusivamente al ordenamiento societario nacional pues, como fue precisado, son muy pocos los ordenamientos que admiten la impugnación judicial de los actos del directorio (Embid Irujo, José Miguel, “Impugnación judicial de los acuerdos del órgano colegiado de administración”, RDCO, año 31, 1998, pp. 7.En la doctrina nacional, véase Verón, Alberto V., “Tratado de los Conflictos Societarios”, Ed. La Ley, 2006, pág. 931, nº 69).

Consecuentemente, la medida precautoria pretendida constituye -con independencia de lo que pudiere decidirse respecto de la admisión de la acción de nulidad que no puede juzgarse aquí- adecuado instrumento (CNCom., Sala A, 18.07.01, “Orona, Oscar Alberto c/Gas Argentino SA. s/ medida precautoria” ; íd., 18.07.01, “YPF S.A. c/Gas Argentino SA. s/ medida precautoria”).

4. En consonancia con la afirmación de la procedencia de la pretensión que persigue la declaración de nulidad de las decisiones del directorio, se ha admitido -en tiempos más recientes como se señalará más adelante- la suspensión temporaria de sus efectos como medida cautelar.

Téngase en cuenta que en esta materia convergen: a) una pretensión de fondo, que supone el reconocimiento de una vía de impugnación carente de expreso apoyo normativo; y b) una medida de naturaleza esencialmente procesal que accede a aquélla y que tiene por finalidad impedir la ejecución de los aludidos efectos que tampoco está consagrada en la ley.

Así configurado el panorama sobre el que discurre la cuestión, debe emprenderse su análisis con sumo cuidado y tomando en especial consideración su consistencia excepcional, que impone un examen puntual y pormenorizado, con sujeción a los antecedentes de hecho que cada caso presente.

Y, entonces, a partir de dicha prevención pueden tenerse en cuenta algunos aspectos que contribuyen a perfilar los requisitos y alcances de la medida pretendida.

5.a. La procedencia de la suspensión de las decisiones del directorio en las sociedades anónimas ha sido favorablemente recibida por distintos pronunciamientos de esta Cámara (esta Sala F, el 13.6.2010 in re: “Luciano Juan José y otro c/Rutas del Valle SA Obra Pública Vial s/medida precautoria”; íd. 02.12.2010, “Fundación Seranouch y Boghos Arzoumanian c/ B. Arzoumanian Cia SA s/ medidas cautelares s/ inc. de apelación (art.250 CPCC)”; en igual sentido CNCom., Sala C, 23.06.09, “Michani, Johanna Vanesa c/Cabello Park S.A. s/ordinario s/inc. del art 250”; íd., Sala E, 22.09.03, “Argensur S.A. y otros c/Argencard S.A. s/medida precautoria”).

No se erige en óbice para su admisión, por cierto, la carencia de regulación normativa expresa. A lo sumo, ello podrá plantear dificultades de orden interpretativo en cuanto al trámite adecuado, pero no impedir que, con la finalidad de proteger al sujeto societario, se evite la consumación de actos que padecen vicios invalidantes. Y, lógicamente, la suspensión de los efectos de los actos del órgano de administración se inscribe en la tesitura vinculada con la necesidad de precaver la actuación desviada en la gestión patrimonial del ente y su proyección negativa respecto del interés social.

5.b. Como es sabido, la LSC contiene disposiciones que regulan la suspensión preventiva de la ejecución del acuerdo asambleario cuestionado (en los términos del art. 251) que tiende a impedir su ejecución mientras tramita el proceso impugnatorio (art. 252).

La aplicación de dicho precepto a la situación aquí configurada viene autorizada por el nuevo CCyC: 2, que en materia de interpretación integradora remite a los principios de leyes análogas. En otros términos, si el ordenamiento societario contiene una previsión expresa para regular un instituto de similares características, parece más apropiado preferir su aplicación -del modo indicado- por sobre dispositivos de naturaleza únicamente procesal. No debe perderse de vista que la suspensión de los efectos de las decisiones de la asamblea es una medida cautelar prevista por el ordenamiento específico y, en consecuencia, aunque innegablemente tenga rasgos rituales, se encuentra provista de una finalidad que le es propia e inserta en un esquema jurídico de peculiar estructura, cual es la sociedad comercial.

Este parecer, acótase, ha sido recogido por esta misma Cámara (CNCom., Sala D, 2.6.09, “Michani, Johanna Vanesa c/Migueletes Park S.A.s/incidente de apelación” ).

Por tal razón, entiende esta Sala que no corresponde en el sub examine, referir a los requisitos exigidos respecto de la restante medida precautoria que la LSC autoriz a: la intervención judicial (específicamente arts.

113 y 114). Ello por cuanto aunque no se desconoce que la intervención presenta una finalidad común con la suspensión, cual es la protección de la sociedad frente a acciones u omisiones de los administradores que la pongan en peligro grave, la legitimación para promoverla se halla ceñida a la calidad de socio y a la promoción de la acción de remoción del administrador.

Además, no se aprecia en principio congruente con la finalidad de la suspensión exigir el agotamiento de los recursos previstos por el contrato, que en el caso nada contempla.

5.c. En consonancia con la tesitura propuesta en el apartado precedente, cabe recordar que las atribuciones judiciales para decretar la suspensión de una asamblea impugnada -medida cautelar aquí también solicitada- se condicionan básicamente a la: (i) petición de un sujeto legitimado al efecto, (ii) existencia de motivos graves, (iii) inexistencia de perjuicios para terceros (conf. CNCom. Sala A, 22.6.82, “Marcanti Héctor L. c/Empresa de Transportes General Roca”, JA, 1983-I, Síntesis p. 135, índice, fallo cit. por Halperín-Otaegui, Sociedades Anónimas, Buenos Aires, 1998, pág. 779; Sala B, 31.10.83, “Milrud Mario c/The American Rubber Co. SRL”; Sala E, 10.2.87, “La Gran Provisión S.A. c/Meili y Cía. S.A. s/inc. med. cautelares”; 30.3.95, “Galante Bernardo c/Aerolíneas Argentinas S.A.”).

Un significativo cúmulo de precedentes judiciales, ha requerido también en orden a autorizar la procedencia de medidas cautelares innovativas, la configuración de un cuarto requisito -amén de la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la contracautela- cual es la posibilidad de que se consume un daño irreparable (cfr.cita 20 en “Impugnación de actos y decisiones asamblearias, resoluciones directoriales y aspectos conexos”, de Ramiro G. Viñal, pág. 237, Ed. Heliasta, 2007).

Relacionado con este último punto, autorizada doctrina precisó que la consideración del periculum in mora, implícitamente previsto en el inciso 2° del art. 230 CPCC, cubría con sobrada amplitud la extensa gama de daños involucrados en el otorgamiento de la medida (cfr. Palacio, Enrique L. “La venerable antigüedad de la llamada medida cautelar innovativa y su alcance actual”, Rev. de Derecho Procesal, T. I, p. 112, Ed. Rubinzal Culzoni, 1998).

A esta altura de la exposición, luego de vincularse las consideraciones generales relativas a las medidas precautorias conservatorias con la temática específica, debe reconocerse la existencia de disenso acerca del alcance que debe darse a la expresión motivos graves que refiere la LSC:252, cuya configuración dota a la suspensión de las decisiones -cualesquiera que fuere el órgano emisor, conforme quedó dicho- de rasgos de excepcionalidad. La conclusión se sigue de la previsión de la LSC: 233, último apartado para las resoluciones asamblearias que, interpretada a contrario sensu, determina la carencia de obligatoriedad de las decisiones violatorias de la ley o el estatuto. Súmese a ello que la exigencia del mencionado LSC:252, debe ser evaluada teniendo en cuenta no sólo el eventual perjuicio que podría ocasionar a terceros, sino primordialmente para el interés societario, el que predomina sobre el particular del accionista impugnante (CNCom., Sala B, 23.09.86, “Grosman, Hugo c/Los Arrayanes SA”; íd., 24.12.87, “Ferrari Hardoy, M. c/Plinto S.A”).

5.d. Cualquiera que fuere la posición que pudiera adoptarse sobre este aspecto, parece claro que -en los límites en que la cuestión puede actualmente juzgarse- la facultad que el ordenamiento societario confiere al juez para decidir la suspensión de los acuerdos sociales impugnados persigue una doble finalidad de protección: (i) conjurar el eventual perjuicio individual y, (ii) evitar la consumación de actos lesivos del interés social (conf.esta Sala, 8.6.10, “Pusso Fernando Fabian c/Urbano Express Argentina SA s/ordinario s/incidente de Apelación -art. 250 CPCC-” ).

Ambos extremos han sido materia de expresa invocación en el caso (v. ap. IX en fs. 103vta., entre otras referencias).

5.e. Desde tal óptica, y en el contexto fáctico descripto por la Sra. Juez a quo, apareció prudente y ajustada a derecho la decisión adoptada en fs. 123/6 por las consideraciones que seguidamente se expondrán.

En efecto, si bien se ha esgrimido como fundamento de lo solicitado la falta de notificación a los directores de la reunión llevada a cabo el día 15 de abril -plasmada en el acta n° 125 (fs. 40 y ss.), en la que se resolvió convocar a asamblea general ordinaria a los efectos de tratar el orden del día allí establecido-, lo cierto es que la asamblea allí decidida fue efectivamente llevada a cabo en fecha 28 de mayo de 2015; de modo que aparece imprescindible concatenar lo actuado en ambos actos.

Ahora bien, existe un argumento central a partir del cual ha de denegarse la medida prevista por el art. 252 LSC: la falta de acreditación -por cualquier medio probatorio- de la proclamada violación del derecho de información de los accionistas.

Obsérvese que de la propia documental agregada por los apelantes -v. carta documento de fs. 59- se desprende que la convocatoria a la asamblea en cuestión habría sido publicada en el Boletín Oficial; cuestión que no ha sido objetada por los actores, resultando en todo caso, materia litigiosa que debe ser objeto de una prueba acabada, extraña al conocimiento permitido en el estadio cautelar.

Y, a partir de allí, la manifestación unilateral de los mismos en tal sentido (violación al derecho de información) no ha sido acompañada por ningún elemento de convicción -siquiera indiciario- a partir del cual se pueda derivar a priori la restricción en el ejercicio del derecho consagrado por el art.55 LSC ó la desatención a la manda del art. 67 ley cit. con antelación al acto cuestionado.

Antes bien, conviene apuntar en este sentido, que tanto la correspondencia epistolar adjuntada en fs. 51/8 y 60/63, cuanto los requerimientos mediante acta notarial acreditados en fs. 48/50, resultan posteriores al hito que aquí es objeto de análisis, de manera que en este contexto restringido de apreciación, donde no puede determinarse el alcance y seriedad de la postura esgrimida, no existen elementos de mérito que permitan modificar la solución adoptada en la anterior instancia.

Sobre la factibilidad de suspender judicialmente la aprobación de los estados contables, esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en sentido contrario al plasmado por el a quo (in re: “Craig Garry Patrick c/Panoceanica SACII A y otros s/incid. de apelación” del 27/5/2010, con disidencia de la Dra. Tevez; entre otros). No obstante, la orfandad probatoria a la que se aludiera con antelación, releva de formular mayores consideraciones al respecto.

6. Como corolario de todo lo expuesto, se resuelve:

Confirmar lo decidido en el pronunciamiento apelado.

Las costas se impondrán por su orden, atento el estado inicial de las actuaciones y la particular cuestión decidida con el alcance sentado en el precedente de esta Sala del 25/9/2014, “Zenobio, Marcela Alejandra s/pedido de quiebra por Delucchi Martín C.”.

Notifíquese al domicilio electrónico denunciado o en su caso, en los términos del art. 133 CPCC (Ley 26.685, Ac. CSJN 31/2011 art. 1° y 38/2013) y hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez María

Julia Morón

Prosecretaria de Cámara