Por carecer de familia y requerir atención permanente, deben arbitrarse medidas necesarias que aseguren la atención del paciente.

HospitalesPartes: Estado Nacional Ministerio de Seguridad Policía Fed. Arg. c/ C. O. H. s/ incidente de medida cautelar

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 31-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99584-AR | MJJ99584

En vistas de la atención permanente que requiere el paciente y la ausencia de familiares que colaboren con su cuidado, es imperioso arbitrar las medidas necesarias que garanticen su traslado y alojamiento en una institución de internación de pacientes crónicos.

Sumario:

1.-Corresponde declarar procedente la disponibilidad de la cama sanitaria que ocupa un paciente en el hospital en que se encuentra internado, sin perjuicio de que la actora deberá arbitrar -previamente- las medidas pertinentes a los efectos de garantizar y asegurar su traslado y alojamiento en alguna institución de internación de pacientes crónicos que sea acorde a sus actuales requerimientos, toda vez que se trata de un paciente portador de patologías crónicas y dependiente de terceros para las actividades de la vida diaria.

2.-La medida cautelar solicitada ha de tener favorable acogida, no solo por contemplar las patologías que el paciente padece, sino también en virtud de la dependencia de terceros que presenta para las actividades de la vida diaria; máxime advirtiéndose que el paciente no posee grupo familiar continente.

3.-El tratamiento de determinadas enfermedades no se limita a la provisión de fármacos o elementos que procuran revertir un cuadro clínico determinado, sino que en cada caso individual es apropiado desplegar diferentes medios con el objeto de lograr el restablecimiento de la salud del paciente en la mejor forma posible, tanto en el aspecto físico como en el psíquico.

Fallo:

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016.

AUTOS Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto y fundado por el actor a fs. 19/20 contra la resolución de fs. 10/12 -el que fue contestado por el demandado a fs. 31/33-, y

CONSIDERANDO:

1. El actor promovió acción judicial, con medida cautelar, contra el demandado solicitando que se ordene su traslado del Complejo Médico Policial “Hospital Churruca Visca” a una residencia geriátrica en donde pueda ser tratado con los cuidados acordes a su patología, manifestando que la Obra Social de la Policía Federal Argentina proponía alguna de las instituciones geriátricas que resultaban ser prestadoras habituales suyas, como Osiris, Santa Elizabeth y Santa Catalina, las que podrían acogerlo (cfr. fs. 4/6).

La Sra. Juez decidió rechazar la medida precautoria, pues consideró que con la documentación acompañada no se encontraba acreditada la verosimilitud del derecho invocado, ya que la constancia médica de alta hospitalaria databa del 11.7.2014 y no se había aportado a la causa constancia médica actualizada acerca de las condiciones de salud del demandado (cfr. fs. 10/12).

La decisión fue apelada por el amparista a fs. 19/20, quien aportó nueva constancia médica indicando que, al 24.11.2015, el demandado se encontraba en condiciones de ser externado del nosocomio y ser derivado a un tercer nivel (cfr. fs. 18). El recurso fue concedido a fs. 21, primer párrafo.

2. El amparista solicitó la revocación del pronunciamiento sobre la base de agravios que pueden resumirse en los siguientes: a) se encuentra probado -en las constancias del expediente administrativo y de la propia historia clínica- el estado actual del demandado, situación que no ha variado como se denunciara; b) la constancia médica actualizada acompañada a fs.18 no hace más que sumar argumentaciones documentadas a favor de la medida innovativa solicitada en autos; c) resulta arbitraria la resolución denegatoria de la medida precautoria, toda vez que se debió ponderar su viabilidad, considerando que existe un menor peligro en otorgar la medida que en negarla, por los riesgos para la salud que implica el seguir internado; d) el demandado no tiene criterio para internación en rehabilitación, por lo que requiere cuidados de terceros para su desempeño y apoyo kinésico para su marcha, siendo en consecuencia el lugar adecuado su traslado a un centro asistencial geriátrico como se propone y e) con los elementos aportados a la causa, la jurisprudencia imperante en el tema y el estado de salud del demandado se encuentran plenamente probados los requisitos exigidos por la ley para el dictado de la medida cautelar solicitada.

3. En los términos expuestos, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido, en repetidas oportunidades, que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

4. Sentado lo anterior, y con el fin de tratar la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, corresponde realizar una breve reseña de las constancias obrantes en la causa.

Surge de estos autos -junto con la historia clínica reservada- que el demandado, de 88 años de edad, ingresó al Servicio de Guardia del Complejo Médico Policial “Churruca Visca” el 17.5.2014 presentando cuadro clínico de dolor abdominal de carácter continuo. De la evolución médica practicada, y con presunción clínica de abdomen agudo oclusivo, fue intervenido quirúrgicamente, practicándose una laparoscopía exploratoria convertida, más enterotomía con extracción de cuerpo extraño (fecaloma) y entero-entero anastomosis. Posteriormente, se halló trombosis venosa profunda, e inició proceso anticoagulante.Evolucionó favorablemente, comenzando tratamiento de asistencia kinesiológica motora a partir del 11.6.2014 en gimnasio de la institución. Para el 26.6.2014 se hallaba en condiciones clínicas de egreso hospitalario, el que no fue efectivizado, por negarse -el accionado- a firmar el alta médica. Prosiguió internado en condición clínica de estabilidad con control clínico y ejercicios de mantenimiento. El 8.2.2015 intercurrrió nuevo evento trombótico en territorio superficial del miembro inferior derecho prosiguiendo tratamiento anticoagulante, que fue suspendido para el 4.7.2015. Al 19.10.2015 presentaba aparente estado de estabilidad y compensación clínica, en condiciones clínicas de egreso hospitalario para proseguir su control evolutivo en institución adecuada para asistencia de pacientes crónicos con requerimiento de asistencia permanente de terceros. Posteriormente, presentó diversas intercurrencias infectológicas y lesión trófica por decúbito en la región sacra categorizada como grado I, los que fueron adecuadamente tratados, con evolución clínica favorable. Sus últimos análisis de laboratorio (20.4.2016) no evidenciaron alteraciones humorales de significación clínica en relación a sus antecedentes patológicos ni a las intercurrencias sufridas.

Corresponde agregar -a lo dicho- que se encuentra acreditado el carácter de afiliado del demandado a la obra social de la Policía Federal Argentina (cfr. fotocopia de la credencial a fs. 7/8 de la causa 82180/2014).

Así, pues, la controversia se plantea -cautelarmente- en cuanto a si el señor O.H.C. debe -o no- continuar internado en el Complejo Médico Policial “Hospital Churruca Visca”.

5. Primeramente, corresponde precisar que el Tribunal dispuso, como medida para mejor proveer, remitir las actuaciones al Cuerpo Médico Forense.

Del informe precedente surge que: “.es un paciente portador de patologías crónicas y dependiente de terceros para las actividades de la vida diaria.se considera que no tiene criterio de prolongar su internación en un hospital general de agudos.Sus requerimientos (control médico, asistencia de enfermería, kinesiología, etc.) pueden ser brindados en una institución de internación de pacientes crónicos, salvo modificación de su estado clínico o prueba médica en contrario.” (cfr. fs. 46/48).

Se debe recordar que resulta pertinente asignar a la prueba pericial significativa importancia y, puesto que la materia excede los conocimientos propios de los jueces, el apartamiento de sus conclusiones requiere razones serias, elementos objetivos que acrediten la existencia de errores de entidad que justifiquen prescindir de sus datos (Palacio, “Derecho Procesal Civil”, 4ta. reimpresión, T. IV. Pág. 720). Además, no debe perderse de vista que la prueba pericial médica adquiere un valor significativo cuando ella ha sido confiada al Cuerpo Médico Forense, habida cuenta de que se trata de un verdadero asesoramiento técnico de auxiliares del órgano jurisdiccional, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas que amparan la actuación de los funcionarios judiciales (Corte Suprema, Fallos 299:265 y 787; 319:103; esta Sala, causas 1992/99 del 8/5/03, 6130/91 del 14/12/04; Sala 3, causas 7887 del 21/8/92, 3341/91 del 24/8/94 y 4698/93 del 15/7/99, entre muchas otras).

Por consiguiente, cuando el peritaje del Cuerpo Médico Forense es coherente, categórico y está fundado en principios técnicos -como ocurre en este caso-, no existen razones que justifiquen apartarse de sus conclusiones (cfr. esta Sala, causa 4847/08 del 14/10/08; Sala 2, causa 4140/91 del 23/5/00; Sala 3, causa 6177/91 del 24/11/95).

6.Además, no debe soslayarse que el tratamiento de determinadas enfermedades no se limita a la provisión de fármacos o elementos que procuran revertir un cuadro clínico determinado, sino que en cada caso individual es apropiado desplegar diferentes medios con el objeto de lograr el restablecimiento de la salud del paciente en la mejor forma posible, tanto en el aspecto físico como en el psíquico.

Por ello, en el particular caso traído a estudio, y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, el Tribunal considera que -precautoriamente- debe estarse a los términos del certificado médico actualizado acompañado a fs. 18 y el dictamen del CMF (cfr. fs. 46/48) y, en consecuencia, decidir -con la caución juratoria que se tiene por prestada en el punto VII.3 de fs. 4/6, especialmente fs. 6)- que corresponde disponer de la cama sanitaria que ocupa actualmente el señor O.H.C., toda vez que el accionado no tiene criterio de prolongar su internación en un hospital general de agudos, como lo es el Complejo Policial “Churruca Visca”. En tal sentido, nótese que ambos facultativos han indicado -en forma coincidente- que el señor O.H.C. se encuentra en condiciones de ser externado de dicho nosocomio.

Ahora bien, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que presenta la causa, lo informado por el CMF, en el sentido de que el demandado es un paciente portador de patologías crónicas y dependiente de terceros para las actividades de la vida diaria (cfr. especialmente el segundo párrafo de fs.48; la negrita le pertenece a la Sala), y advirtiendo -también- que el paciente no tiene grupo familiar continente, se resuelve que la parte actora deberá -en forma previa a la externación- arbitrar las medidas pertinentes a los efectos de garantizar y asegurar su traslado y alojamiento (esto es, cama reservada y disponible) en alguna institución de internación de pacientes crónicos que sea acorde a sus actuales requerimientos. En tal sentido, se hace saber que deberá brindarse un informe al Tribunal con las especificaciones técnicas correspondientes por parte de los médicos del establecimiento que se proponga, con el fin de corroborar que dicho servicio se ajuste a las prestaciones que actualmente necesita el demandado (control médico, asistencia de enfermería, kinesiología, et c.).

7. Finalmente, y en los términos en los cuales el caso bajo análisis de este Tribunal ha quedado planteado, corresponde ponderar -muy especialmente- que el otorgamiento de la medida precautoria es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el Dr. Gonzalo Diego Gilabert, Jefe del 8° Piso, Internación de Oficiales Sup y Jefes del C.M. PFA “Churruca Visca” (cfr. fs. 18) y el CMF, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed.La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000); todo ello, a los fines de preservar eficazmente la situación sanitaria del señor O.H.C., por lo menos, hasta que se produzca la totalidad de la prueba y existan elementos suficientes para el dictado de la sentencia definitiva.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución de fs. 10/12 y declarar procedente la disponibilidad de la cama sanitaria que ocupa actualmente el demandado, sin perjuicio de que la actora deberá arbitrar -previamente- las medidas pertinentes a los efectos de garantizar y asegurar el traslado y alojamiento del señor O.H.C. en alguna institución de internación de pacientes crónicos que sea acorde a sus actuales requerimientos.

El doctor Francisco de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta

Ricardo Víctor Guarinoni