Estado Nacional y obra social, deben brindar una vivienda con destino de tratamiento médico pues se probó la discapacidad de los hijos del afiliado presentante.

domiciliariaPartes: S. A. M. c/ Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y otro s/ incumplimiento prestac. de obra soc. – med prepaga – incidente de apelac.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 19-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99589-AR | MJJ99589

Atento la probada discapacidad de los hijos del presentante, obligan al Estado Nacional y a la obra social demandada, a brindar al actor una vivienda con destino familiar que permita recibir el tratamiento médico y asistencial requerido.

Sumario:

1.-Corresponde a los efectos de dar solución al conflicto planteado, obligar a la demandada a que a la brevedad brinde el apoyo económico necesario destinado a abonar en forma íntegra el alojamiento que permita a los actores discapacitados vivir con su grupo familiar y recibir el tratamiento médico y asistencial que requieren en condiciones de dignidad.

2.-Corresponde precisar que la obtención del seguro de caución, o bien de otra garantía, que permita concretar la locación de un inmueble, quedará a cargo del Estado Nacional, quien -además- deberá designar un agente que colabore con la representante legal de los menores discapacitados en la elección de la vivienda y en la concreción del referido contrato de alquiler, y la suma dispuesta podrá ser -eventualmente- materia de revisión, atento el tiempo transcurrido.

Fallo:

Buenos Aires, 19 de mayo de 2016.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto -en subsidio- por la actora a fs. 43/45 (ver adhesión del Defensor Público Coadyuvante a fs. 48) contra la resolución de fs. 42, mantenida 46, cuyo traslado se encuentra contestado por el Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social a fs. 50/53, y

CONSIDERANDO:

1. El señor Juez desestimó el pedido formulado por la actora a los fines de que se ordene a las demandadas cumplir con la medida cautelar dictada en autos. Para así decidir, el magistrado manifestó no advertir el incumplimiento denunciado por la actora, a cuyo efecto consideró que ello dependía de una actividad que estaría aun en cabeza de la propia actora. En tal sentido, el a quo puntualizó que frente a la voluntad de las demandadas y a los compromisos obrantes en el proceso en orden al apoyo económico dispuesto por esta Cámara, no se encontraba acreditado cuáles serían los requisitos que la actora no podía cumplir, a cuyo efecto invocó la falta de respuesta de la Superintendencia de Seguros de la Nación al pedido de informes solicitado.

Contra dicha decisión interpuso la accionante una revocatoria con apelación en subsidio.La recurrente señaló que el señor Juez no se había percatado de que la respuesta de la Superintendencia de Seguros de la Nación se encontraba agregada en la causa y, por otro lado, sostuvo -en lo sustancial- que lo decidido por el magistrado no resolvía lo solicitado por su parte, esto es, el cumplimiento de la medida cautelar pero mutando lo resuelto en su oportunidad por la Alzada, ya sea exigiendo a las demandadas que consigan ellas un seguro de caución o bien, por el medio que sea, cumplan con destinar una vivienda para sus hijos discapacitados y su grupo familiar.

El señor juez reconoció que la respuesta de la Superintendencia de Seguros de la Nación estaba agregada en la causa pero -de todos modos- interpretó que dicha circunstancia no modificaba el criterio adoptado, por cuanto se señala allí que los seguros se cotizan sobre el valor total del contrato de alquiler celebrado, y porque el apoyo económico se ha visto estancado por la falta de concreción de dicho alquiler. Finalmente, el magistrado expuso la imposibilidad de pensar en una mutabilidad de la cautelar cuando el propio interesado no señaló cuál sería. Por consiguiente, rechazó la revocatoria interpuesta y concedió la apelación deducida en subsidio (ver fs. 46).

2. A los fines de resolver la cuestión planteada, resulta apropiado recordar -en lo que aquí interesa- que, mediante la resolución dictada el 12.11.13 en los autos principales (cuya copia el Tribunal tiene a la vista), esta Sala modificó la decisión de primera instancia y ordenó a la Obra Social Unión Personal y al Estado Nacional -hasta tanto se dicte el fallo definitivo de la causa- otorgar el apoyo económico necesario destinado a abonar en forma íntegra el alojamiento que permita a los actores discapacitados vivir con su grupo familiar y recibir el tratamiento médico y asistencial que requieren en condiciones de dignidad.Impuso dicha obligación en un 20% a la obra social Unión Personal y en el 80% restante a cargo del Estado Nacional y estableció que debía ser satisfecha en el término de diez días, en el modo que dispusiera el señor juez de primera instancia.

Posteriormente, en atención al tiempo transcurrido y a los fines de posibilitar la ejecución de la medida decretada, el Tribunal reasumió la jurisdicción que delegara y -luego de dictar una medida para mejor proveer, destinada a determinar el monto de alquiler de una vivienda de las características de la requerida- estableció la suma de $ 28.000 como monto inicial del aporte mensual que a ese efecto deberían efectuar las demandadas (en las proporciones anteriormente precisadas), y que quedaría a cargo de la actora la elección de la vivienda, como así también el pago del seguro de caución (utilizando una parte de los importes a recibir), a los fines de afrontar la garantía que se le requiriese (conf. resoluciones dictadas el 27.11.14 y el 13.3.15, esta última obrante a fs. 1/3bis del presente incidente).

3. Ello sentado, importa precisar que -a criterio del Tribunal- la actora formuló (en las pretensiones que dieron origen a la resolución recurrida) una pretensión principal y una subsidiaria. La principal consistió en que se intimara a las demandadas para que consigan un seguro de caución que sirva para afrontar la garantía de alquiler que se requiera. Para ello sostuvo que la resolución de este Tribunal puso a su cargo el pago del seguro de caución pero no así conseguir quién lo otorgue.En subsidio, y para el caso en que las demandadas no pudieran conseguirlo (lo que configuraría -según afirman- la imposibilidad de cumplimiento de la medida mediante el alquiler de una propiedad), solicitó que se siguieran las pautas establecidas originalmente por la Alzada, esto es, que las demandadas destinen el apoyo económico necesario para abonar en forma íntegra el alojamiento requerido, destacando que no se precisó la forma en que ello debía ocurrir.

En consecuencia, y contrariamente a lo sostenido por el señor Juez, no se pretende la modificación de una medida cautelar sino de las pautas establecidas por el Tribunal a los fines de posibilitar su cumplimiento. En tal sentido, cabe reiterar que la verosimilitud en el derecho invocado fue admitida por esta Sala en la resolución del 12.11.13, en la que se ordenó a la Obra Social Unión Personal y al Estado Nacional otorgar el apoyo económico necesario destinado a abonar en forma íntegra el alojamiento requerido, y que se encuentra firme.

En tales condiciones, y habiendo pasado más de un año desde que fue emitido el pronunciamiento de fs. 1/3bis, no cabe sino concluir que las directivas allí impartidas no han resultado eficaces para la finalidad perseguida, esto es, el efectivo cumplimiento de una medida dispuesta hacia fines del año 2013. Por lo tanto, y en el uso de las facultades que se desprenden de lo dispuesto en la resolución del 27.11.14, corresponde precisar que la obtención del seguro de caución, o bien de otra garantía, que permita concretar la locación de un inmueble, quedará a cargo del Estado Nacional, quien -además- deberá designar un agente que colabore con la representante legal de los menores discapacitados en la elección de la vivienda y en la concreción del referido contrato de alquiler. Asimismo, se deja aclarado que el monto de la suma dispuesta podrá ser -eventualmente- materia de revisión, atento el tiempo transcurrido. Las gestiones realizadas deberán ser puestas en conocimiento del juzgado en un plazo no mayor de 30 días.

Por ello, SE RESUELVE: revocar la resolución apelada, con los alcances determinados en el considerando precedente (último párrafo).

El doctor Francisco de las Carreras no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 de R.J.N.).

Regístrese, notifíquese -a la señora Ministra de Desarrollo Social mediante oficio, con copia de este pronunciamiento y de los precedentes en él mencionados- y devuélvase.

María S. NajurietaRicardo V. Guarinoni