Admisibilidad de la acción tendiente al cobro de diferencias de haberes previsionales.

Pesos argentinos 3Partes: Ruiz Mabel B. c/ Anses s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 18-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99250-AR | MJJ99250

Admisibilidad de la acción tendiente al cobro de diferencias de haberes previsionales.

Sumario:

1.-Debe admitirse la acción de amparo y ordenar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que abone, a partir de la fecha de interposición de la demanda la diferencia y la movilidad que correspondiere, entre el haber que percibe por su beneficio pensión por el fallecimiento del afiliado en actividad, hasta alcanzar el haber mínimo garantizado previsto por el art. 46 de la Ley 26.198 y sus modificatorias.

2.-Corresponde distribuir las costas en el orden causado en ambas instancias, en atención a la complejidad de la cuestión debatida (art. 68 , segundo párrafo CPCCN).

Fallo:

Rosario, 18 de mayo de 2016.

Visto, en Acuerdo de la Sala “B” el expediente n° FRO 5930/2013 caratulado “RUIZ, Mabel B. c/ ANSES s/ Amparo Ley 16.986” (del Juzgado Federal n°1 de Rosario), de los que resulta que:

Mediante sentencia de fecha 16/04/2015 se hizo lugar parcialmente a la acción de amparo interpuesta por Mabel Beatriz Ruiz, ordenando en consecuencia a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que abone, a partir de la fecha de interposición de la demanda (24 de mayo de 2013) la diferencia y la movilidad que correspondiere, entre el haber que percibe por su beneficio pensión por el fallecimiento del afiliado en actividad que paga HSBC New York Life, hasta alcanzar el haber mínimo garantizado previsto por el artículo 46 de la ley 26.198 y sus modificatorias, con intereses, con costas a la demandada vencida (fs. 89/99).

Apelada por la demandada (fs. 101/106vta.), se concedió el recurso y se corrió traslado a la contraria (fs. 107), quien no contestó. Se elevaron los autos a esta Alzada e ingresado por sorteo informático en esta Sala “B”, quedaron en condiciones de ser resueltos (fs. 113).

El Dr. Toledo dijo:

1°) La accionada al exponer sus agravios destaca que la acción de amparo resulta ser manifiestamente inadmisible toda vez que ha sido iniciada vencido el plazo de quince días hábiles que determina el art. 2° inciso e) de la ley 16.986.

Que asimismo yerra la actora en la vía intentada atento al fondo de la cuestión sujeta a debate, para la cual existen otros medios procesales.

Aduce que el recurso de amparo constituye una vía de excepción y extraordinaria.

Que en consecuencia el amparo es un camino procesal no idóneo para estudiar la inconstitucionalidad de ciertas normas, cuando se presentan situaciones que merecen un debate contradictorio con partes en litigio.

Se agravia también en cuanto la sentencia recaída en autos no se adecua a las disposiciones vigentes en la materia previsional para el beneficio de autos.Advierte que el capital a cargo del Régimen Previsional Público se ha practicado en un único pago a los fines del financiamiento de la prestación del solicitante, y que por lo tanto el presente beneficio queda excluido de la garantía del haber mínimo del art. 125 de la ley 24.241 y que dicha garantía solo alcanza a los beneficiarios del anterior Régimen de Capitalización que perciban el componente público en pagos mensuales, no encontrándose siquiera incluidos los que recibieron en su cuenta individual de capitalización y en un solo pago, la totalidad de la cuota parte del capital necesario para financiar la prestación de capitalización.

Afirma que las jubilaciones de capitalización, en este caso pensión, se financiaban con lo acumulado en el fondo de jubilaciones y pensiones, el cual era administrado por la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones. Que el monto del referido fondo podía variar en función de la rentabilidad, pero bajo ningún punto de vista la ley garantizaba siquiera rentabilidad neutra. Destaca que el haber inicial no se calculaba en función de ningún promedio salarial, sino según lo acumulado por cada afiliado en el fondo.

Dice que con los fondos debían abonarse las prestaciones durante la vida del afiliado y sus eventuales derecho-habientes; y que en materia de fallecimiento en actividad, una vez calculado el capital necesario para financiar las prestaciones, no se podían incorporar nuevos derecho-habientes.

Menciona que las A.F.J.P. actuaban en el marco de la ley 24.241 y ésta no las obligaba a garantizar el contenido económico de las prestaciones.Que no obstante, y a pesar de lo expuesto, el causante optó por el régimen de capitalización, y hoy se pretende que el Estado se haga cargo de una rentabilidad que nunca hubiese sido otorgada en el sistema de capitalización oportunamente optado por el causante.

Se queja de la imposición de las costas a su parte, solicitando sean cargadas en el orden causado, teniéndose en consideración el art. 21 de la ley 24.463.

2°) La actora interpuso la presente acción de amparo, contra la ANSES, a fin de que se ordenen el pago de la diferencia entre lo que percibe como renta vitalicia previsional de HSBC y el haber mínimo garantizado por el Estado, con los retroactivos desde la fecha de otorgamiento del beneficio de pensión (10-1995) hasta su efectivo pago, con intereses y costas. Asimismo, solicita la incorporación de la movilidad en sus haberes y la declaración de inconstitucionalidad del art. 125 de la ley 24.241 (fs. 36vta.).

3°) Del relato de la demanda surge que el 15/08/1995, falleció Ricardo Antoni Foresi, esposo de la actora. Que como consecuencia de ello, Mabel Beatriz Ruiz, tramitó ante Máxima AFJP la pensión por fallecimiento junto con sus hijos menores de edad, la que fuera acordada en octubre de 1995, bajo la modalidad de renta vitalicia.

Agrega que percibe un ingreso inferior al mínimo legal, por lo que el 18/12/2012 solicitó al ANSES el correspondiente reajuste, que fue rechazado mediante Resolución RLI-H-01009/13 de fecha 07/03/2013.

Todo ello, conforme documentación obrante a fs.3/33 y expedientes administrativos.

4°) Corresponde en primer lugar pronunciarse en cuanto a si la acción de amparo es la vía apta para este reclamo, atendiendo a la alegada necesidad de un mayor debate del caso, debiendo destacarse que en la especie se trata de la declaración de nulidad – inconstitucionalidad- de normas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Rozniatowski” (R.1242 XLIII) 03/03/09 -en su actual composición- sentó criterio sobre la naturaleza del amparo, estableciendo su posición al explicitar quién debe acreditar la improcedencia de la vía y en qué situaciones, considerando que, cuando se han producido amplias probanzas, no puede alegarse meramente la necesidad de mayor debate o prueba, sino que para invocar la existencia de otras vías se debe demostrar “.en forma concreta cuáles habrían sido los elementos probatorios que no se pudieron utilizar para dilucidar la cuestión, así como la incidencia que éstos hubieran podido tener sobre el resultado final del proceso”.

Es decir que pesa entonces sobre quien alega la improcedencia de la acción, demostrar concretamente de qué manera se ha impedido ejercer adecuadamente su derecho de defensa, lo que no se advierte hubiera ocurrido en el caso en estudio.

La acción intentada pasa el examen de admisibilidad, debiendo el tribunal analizar si ha existido un acto manifiestamente arbitrario por parte de la A.N.S.E.S., alterando las garantías constitucionales en materia previsional, que afecta de manera irrazonable los derechos de propiedad y a la seguridad social de la parte actora.

La índole de los derechos comprometidos llevan al convencimiento de que el amparo es el más idóneo a fin de evaluar la situación de autos, toda vez que si se obligara a la actora a tramitar por la vía ordinaria, los derechos y garantías constitucionales presuntamente violados y conculcados por el complejo normativo impugnado encontrarían una difícil, o quizás, tardía reparación ulterior.En igual sentido se expide la jueza a quo en tanto hace lugar al requisito de admisibilidad formal de la acción ya que “las formalidades deben ser evaluadas en consideración al fin último que es la más efectiva realización del derecho”.

Ello así, corresponde confirmar que el amparo resulta ser la vía procesal idónea para dirimir el conflicto expuesto por la accionante.

5°) Corresponde entonces analizar las normas que juegan en el estudio de la cuestión planteada.

Así, en primer lugar, la Ley 24.241 -Sistema integrado de pensiones y jubilaciones-, sancionada el 23/09/1993 y promulgación parcial el 13/10/1993, en su art. 125 dispuso que: “El Estado nacional garantiza el otorgamiento de haberes mínimos a los afiliados al SIJP que: a) Acrediten los requisitos establecidos en los incs. a), b) y c) del art.19; b) computen un haber total previsional al momento de acogerse a las prestaciones inferior a tres veces y dos tercios (3 y 2/3) el aporte medio previsional obligatorio al que se refiere el art.

21. Se define como haber total previsional a la suma de las siguientes prestaciones: 1. Prestación básica universal, conforme lo establecido el art. 20; 2.

Prestación compensatoria, conforme lo establece el artículo 24; 3. Jubilación ordinaria, conforme lo establece el artículo 47, determinándose su haber según la modalidad establecida en el inc. b) del art. 100 o la prestación adicional por permanencia prevista en el art. 30; c) Manifiesten en forma expresa su voluntad de acogerse a esta garantía. Los afiliados que optaren por la aplicación de la garantía establecida en el presente artículo, percibirán su prestación en forma directa por el SUSS”.

El Decreto 55/94, que aprueba la reglamentación del artículo 27 de la Ley 24.241, en su considerando primero expuso:”Que con el fin de lograr la necesaria unidad de criterio en la determinación de la invalidez de los afiliados que optaron por el Régimen de Reparto respecto del resto de los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, se considera necesario que dicha determinación sea efectuada por las mismas Comisiones Médicas que intervienen en el Régimen de Capitalización, colaborando el sector público en su financiamiento en la forma y proporción previstas para las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones por el artículo 51 de la Ley N° 24.241″ y en el articulo 5º: “Que, no obstante ello, parece razonable que el Estado Nacional participe en el financiamiento de los beneficios de aquellas personas que opten por el sistema de capitalización y hayan realizado parte de sus aportes en sistemas previsionales preexistentes.” El Decreto 728/2000 -modificación de la reglamentación del art.

27 de la ley 24.241 y sus modificatorias, aprobada por el Decreto nº 55/94-, en su art. 1º estableció: “Modifícase la Reglamentación del artículo 27 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, aprobada por el Decreto N° 55/94, reemplazándose los apartados 6, 7 y 8 de dicha reglamentación.” La Ley 26.198, en su art. 46: “Establécese el haber mínimo de cada beneficio correspondiente a las prestaciones cuyo pago se encuentre a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en la suma total de QUINIENTOS TREINTA PESOS ($ 530) mensuales, que se liquidará a partir del 1º de enero de 2007, pasando a constituir el nuevo haber mínimo a todos los efectos legales. Dicho haber mínimo absorbe el suplemento por movilidad creado por el Decreto Nº 1199/04”.

Con el dictado de la Ley 26.417 -Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público. Ley Nº 24.241 modificación- sancionada el 01/10/2008 y promulgada el 15/10/2008, en su art.8 se expresa que “El haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la Ley 24.241 y sus modificatorias se ajustará en a función de la movilidad prevista en el artículo 32 de la mencionada ley”.

Y por último la Ley 26.425 -Régimen Previsional Público.

Unificación- sancionada el 20/11/2008 y promulgada el 04/12/2008, en su art. 1º expone: “Dispónese la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización vigente hasta la fecha idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público, en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En consecuencia, eliminase el actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones de la presente ley”; en su art. 2º: “El Estado Nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley”; y en el art. 5º: “Los beneficios del régimen de capitalización previstos en la Ley 24.241 y sus modificatorias que, a la fecha de vigencia de la presente, se liquiden bajo la modalidad de renta vitalicia previsional continuarán abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro”.

6°) El caso en estudio guarda relación con lo resuelto en planteos de análogos contenidos por la Sala “A” en Acuerdo n° 28/12, en los autos caratulados “VALDEZ, María Ester c/ ANSES s/ Amparo”, expte. n° 5551-C, y por la Sala “B” en Acuerdo n° 85/2013, en los autos “STRUMIA, Alejandro Javier c/ Unidos – Retiro s/ Ordinario”, expte.n° 930006431/2012 (primer voto del suscripto), Acuerdo de fecha 28/10/15 en autos “DI NICOLA, Adrián c/ ANSES s/ Amparo ley 16.986” (primer voto del suscripto), y Acuerdo del 23/09/2014 en autos “BALAGHI, Lidia Ester c/ PEN y/o ANSES s/ Amparo ley 16.986” (primer voto del Dr. Bello al que adherí en lo pertinente), los cuales cabe remitirnos en lo pertinente, coincidiendo ambos pronunciamientos en hacer lugar al planteo de los accionantes.

El art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional establece que “.El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.la protección integral de la familia.” y en el art. 75 inciso 22 se enumeran los tratados internacionales que tienen jerarquía superior a las leyes, entre ellos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

En este punto se comparte lo vertido por María Angélica Gelli, en el comentario al art. 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina (Comentada y Concordada, Editorial La Ley, pág. 170), en cuanto a que: “La Constitución Nacional dispone que es deber del Estado el cumplimiento de la seguridad social.

Ello no impide que algunas prestaciones estén en manos de la actividad privada, en ese caso, el Estado mantiene la obligación de control y, en última instancia, de cumplimiento directo si aquella resulta ineficiente.

Así, el causante previendo su futuro realizó aportes a lo largo de su vida al régimen de capitalización individual. Al momento de acceder Mabel Beatriz Ruiz al beneficio de la renta vitalicia con motivo del fallecimiento de su marido, se encontró en inferioridad de condiciones de las que gozaría un beneficiario del sistema estatal, y al ser el Estado Nacional el encargado de cubrir y/o suplir las necesidades que sufran sus habitantes en materia de seguridad social, incumbe a éste el pago de la diferencia que corresponda para llegar al haber mínimo establecido en el art. 46 de la ley 26.198.Todo lo cual hace que el planteo efectuado por la actora luzca ajustado a derecho.

7°) En este sentido la jurisprudencia que se cita por compartir ha sostenido que: “.debe confirmarse lo decidido en la anterior instancia, que ordenó a la A.N.Se.S. abonar el titular la diferencia existente entre la renta previsional que percibe y el mínimo garantizado que prevé el art. 46 de la ley 26.198 y sus sucesivas modificaciones, mientras corresponda”. (Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala 1, en autos “FRAGUEIRO, Juan Manuel c/ A.N.S.E.S.- Binaria Seguros de Retiro S.A. – Arauca Bit A.F.J.P. s/ Amparos y sumarísimos”. Expte. n° 4050/2006; 27/08/07).

Y además que: “Conforme el art. 3 de la Res. A.N.Se.S. 1432/03, los afiliados del Régimen de Capitalización que no perciban componente público (tal es el caso de autos), quedan excluidos de dicha normativa, produciéndose así una fulminante desigualdad que vulnera claramente el art. 14 bis de la C.N. En consecuencia, corresponde declarar inaplicable la citada resolución, y establecer que en la renta vitalicia previsional elegida como modalidad de la prestación, deberá incluirse el monto que corresponda para garantizar el haber mínimo que el Estado asegura a los beneficiarios del régimen de reparto (cfr. En igual sentido, C.F.S.S., Sala I, “Fragueiro, Juan Manuel”, sent. Del 27.08.07, íd. Sala III, “Kevorkian, Eduardo Manuel”, sent. Del 15.10.08). (Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, en autos “ESPÍNDOLA, Roxana Beatriz y otros c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos”, Expte. n° 101629/2009, 05/04/11).

Y también que: “Resulta inconcebible el hecho de que el actor perciba un haber por demás exiguo (en el caso, $ 113.) que lo condena a la desprotección absoluta, suma que no puede considerarse sino como risible para atender las mínimas necesidades vitales.Por lo mismo, es reprochable que por haber nacido en una fecha posterior al año 1963 no se le reconozca su derecho a percibir el monto mínimo legal determinado por las sucesivas normas dictadas al respecto, toda vez que dicha situación implicaría una discriminación que entraría en pugna con los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional. En consecuencia, corresponde ordenar al organismo que abone al actor, a partir de la interposición de la demanda, las diferencias entre el haber que percibe por su beneficio de jubilación por invalidez hasta alcanzar el haber mínimo garantizado previsto por el artículo 46 de la ley 26198 y sus modificatorias”. (Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, en autos “ROSSI FALCONE, Damián Eduardo y otro s/ Amparo y Sumarísimos”, 18/04/2011).

Y que: “Teniendo en cuenta que la razón de ser del “haber mínimo garantizado” (vigente con anterioridad a la ley 26.425) no es otra que la de asegurar “elementales condiciones de vida” que hacen a la dignidad del beneficiario y al carácter integral de la prestación acordada, la condena al pago de un suplemento por parte de la A.N.Se.S. en los casos que el importe de la prestación no alcance aquel valor, resulta plenamente compatible con las obligaciones asumidas por el R.P.P.R. en la ley 26.425, y la garantía prevista en el art. 2 de dicha norma -cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. Del 04.01.09, “Dabaan, Nadia c/ Orígenes A.F.J.P. y otro”. (Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, en autos “ESPINDOLA, María Susana y otro c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y Sumarísimos”, Expte. n° 101627/2009, 28/03/12).

Recientemente la CSJN se ha expedido en el mismo sentido, afirmando:”14) Que, a pesar del declarado propósito de la ley 26.425 de asegurar a los beneficiarios del derogado régimen de capitalización idéntica cobertura y tratamiento que los deparados por el régimen previsional público al resto de los jubilados, la reglamentación de esa ley ha reproducido las pautas del ordenamiento jurídico anterior respecto de la participación estatal en los beneficios, que se encuentran superadas por la unificación dispuesta en el actual esquema normativo, lo cual ha provocado una desigualdad irrazonable entre los pasivos, al excluir a algunos de lo que, en similares condiciones, se otorga a los demás, con el agravante de que se ha dejado al margen del haber mínimo que asegura las condiciones básicas de subsistencia a quien resulta beneficiario de un retiro por invalidez.

15) Que corresponde al Estado el deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar el nivel adecuado de las prestaciones.

Ello surge con claridad del artículo 14 bis, tercer párrafo, de la Constitución Nacional en tanto expresa que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que -tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: .jubilaciones y pensiones móviles .”.

En forma concorde con ese mandato, diversos instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país han consagrado el derecho de toda persona a gozar de un nivel adecuado de vida cuando ya no pueda proveerse un sustento (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Capítulo 1, artículo XVIi Declaración Universal de los Derechos Humanos, arto 25¡ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arto 9¡ Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arto 28, inc. 1°, y Convenio relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social -Convenio 102 de la OITarts.36, inc . 1, y 65) .

16) Que al respecto, en la Observación General N° 19 relativa al derecho a la seguridad social del arto 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité respectivo ha interpretado que resultan aceptables diversas formas de seguridad social siempre que, cualquiera que fuese el sistema elegido, esté amparado por el Estado y se respeten los elementos esenciales del derecho de la seguridad social (conf. punto 5 de la Observación General N° 19); en particular, ha señalado que las medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de la seguridad social no pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de ese derecho humano (conf. punto 4, observación citada) .

Del mismo modo, dicho Comité ha exhortado a la Argentina a asegurar que el régimen de seguridad social garantice al trabajador una pensión mínima adecuada que no deberá ser cercenada ni aplazada unilateralmente, especialmente en tiempos de crisis económica (conf. punto 33 de las recomendaciones realizadas a nuestro país, transcripta en la Compilación de Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe-1989/2004-).

17) Que en tales condiciones, toda vez que no resulta razonable privar al actor del mínimo de ingresos garantizado por el Estado Nacional al resto de los pasivos comprendidos en el sistema único de jubilaciones, corresponde reconocer su derecho a percibir de la ANSeS las sumas necesarias para que su prestación alcance dicho mínimo vital.” (CSJ 261/2012(48-E)CS1 Recurso de hecho en “Echart, Fernando Martín c/ ANSES S/ Amparos y sumarísimos” del 27/10/15).

8º) En relación al último de los agravios esgrimidos por la demandada dirigido a que las costas sean distribuidas por su orden de conformidad con el art.21 de la Ley 24.463, resulta necesario señalar que, sin perjuicio de lo que sostuviera en anteriores pronunciamientos (Acuerdo del 25/06/2014 en autos “Donati, Marcelo c/ ANSES s/ Amparo ley 16.986”; Acuerdo del 25/07/2014 en autos “Bustos, Cecilia c/ ANSES s/ Amparo ley 16.986” (ambos primer voto de la Dra. Vidal al que adherí en lo pertinente) y Acuerdo de fecha 28/10/15 en autos “DI NICOLA, Adrián c/ ANSES s/ Amparo ley 16.986” (primer voto del suscripto), entre otros, corresponde distribuirlas en el orden causado en ambas instancias, en atención a la complejidad de la cuestión debatida (art. 68, segundo párrafo CPCCN). Ello así, conforme criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Recurso de hecho en “Echart, Fernando Martín c/ ANSES S/ Amparos y sumarísimos” CSJ 261/2012(48-E), fallo del 27/10/15, el cual corresponde receptar por tratarse de la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal.

9º) En mérito de todo lo cual, propicio la confirmación parcial del decisorio recurrido, distribuyendo las costas de ambas instancia en el orden causado (art. 68, segundo párrafo CPCCN). Así voto.

El Dr. Bello adhirió a los fundamentos y conclusiones del voto precedente Atento al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I) Confirmar parcialmente la sentencia de fecha 16/04/2015, obrante a fs. 89/99 en cuanto ha sido materia de agravios. II) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, segundo párrafo CPCCN). III) Regular los honorarios profesionales de la parte demandada en un 25% de lo que se fije en primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la CSJN y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo la Dra. Vidal por encontrarse fuera de la Jurisdicción cumpliendo funciones inherentes a su cargo de Presidenta