El Estado Nacional responde por los daños pues la salida de los simpatizantes del estadio no estuvo organizada de modo que se impidiese el cruce de hinchadas.

riverPartes: Toledo Edgardo Víctor Daniel y otros c/ Club Atlético River Plate s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 5-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99287-AR | MJJ99287 | MJJ99287

El Estado Nacional responde por el ataque a las víctimas pues la salida de los simpatizantes del estadio no estuvo organizada de modo que se impidiese el cruce de hinchadas. Cuadro de rubros indemnizatorios.

BNM

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la responsabilidad del Estado Nacional por las lesiones sufridas por los actores toda vez que la salida de los simpatizantes de la cancha no se llevó a cabo de la manera en que usualmente se lo hace para evitar que se crucen las hinchadas; máxime sumado a la escasa presencia policial en las inmediaciones del estadio, en concreto, en la esquina de la calle donde tuvo lugar el ataque.

2.-Se confirma la responsabilidad del Estado Nacional pues al quedar bajo control policial la zona en que se produjo el hecho, la falta de servicio comprobada en ella equivale a la falta de control efectivo sobre los barrabravas que ocasionaron el daño; en efecto, estos últimos no son terceros por los cuales aquél no debe responder.

3.-Procede la reparación del daño moral pues quedó demostrada la responsabilidad directa del Estado Nacional por falta de servicio y ésta, al igual que en los hechos ilícitos, hace que deba responder siempre que exista una relación de causalidad suficiente entre el daño y esa falta, derivada del incumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos a los órganos de la Administración.

4.-Corresponde admitir la discriminación de responsabilidad pues, frente a la víctima, responden distintas personas por causas, asimismo, distintas; en efecto, la fuerza de seguridad lo hace con base en el art. 1.112 del CCiv., mientras que el club, en virtud del factor objetivo de atribución del art. 51 de la Ley 23.184, se trata entonces de obligaciones concurrentes en las que pueden existir, según los casos, acción para recuperar lo pagado por uno de los deudores de los restantes.

5.-Dado que los daños cuyo resarcimiento se reclama en autos se originaron antes de la vigencia del CCivCom., cabe juzgar la responsabilidad del Estado Nacional sobre la base del CCiv. vigente en ese momento y, la de la codemandada a la luz de la Ley específica nº 23.184 de Espectáculos Deportivos, en primer lugar, y del CCiv., en forma complementaria.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Toledo Edgardo Víctor Daniel y otros c/ Club Atlético River Plate s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. Los antecedentes fácticos de la causa fueron adecuadamente reseñados en la sentencia de fs. 543/556vta. (ver, en especial, resultandos 1 a 4, fs.543/547vta.), por lo que a ellos me remito por razón de brevedad. En prieta síntesis, cabe mencionar que Edgardo Víctor Daniel Toledo y su hija Bárbara Carolina Toledo -quien adquirió la mayoría de edad durante el curso del proceso, ver fs. 522- demandaron al Club Atlético River Plate Asociación Civil (“River Plate”) y al Estado Nacional – Ministerio del Interior (Policía Federal Argentina) (“PFA”) por los daños sufridos el 2 de julio de 2000 en las inmediaciones del estadio después del partido de fútbol disputado contra el club Chacarita Juniors. Aquél día, mientras se retiraban en el auto de un amigo, el actor fue agredido por simpatizantes del club local no individualizados que forzaron la puerta del vehículo y lo hirieron con un arma blanca (fs. 9/14).

II. El juez de primera instancia hizo lugar a la acción condenando solidariamente a las demandadas al pago de $24.100 para Edgardo Toledo y $53.000 para Bárbara Carolina, con más los intereses indicados en el considerando VI y las costas del juicio (fs.543/556vta.).

Con relación al Estado Nacional, el a quo juzgó que era responsable por la falta de servicio dado que los miembros de la PFA afectados al operativo de seguridad habían actuado negligentemente al permitir que se retirasen del estadio, en primer lugar, los hinchas locales y, después, la tribuna visitante, lo que, sumado a la escasa presencia policial, contribuyó a la exteriorización de hechos de violencia al finalizar el encuentro. En cuanto a River Plate, lo responsabilizó en su calidad de organizador del evento deportivo de acuerdo a las previsiones genéricas del art.1198 del Código Civil, a las más específicas contenidas en la ley 23.184 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia (causa “Mosca”, Fallos 330:563). Sostuvo que el deber de seguridad que pesaba sobre las entidades participantes de este tipo de torneos no estaba circunscripto al club ni al encuentro deportivo, sino que le incumbía la adopción de medidas en el lapso anterior y posterior al evento, en las inmediaciones del lugar. Seguidamente, juzgó que River no había adoptado todas las medidas necesarias para procurar la seguridad del público una vez finalizado el encuentro. Tanto la PFA como River Plate apelaron la decisión (fs. 561 y 566, y concesiones de fs. 562 y 567). La primera expresó agravios a fs. 573/574vta., mientras que la segunda lo hizo a fs. 576/587, dando lugar a la contestación de fs. 589/593vta.

III. La PFA cuestiona la responsabilidad que le endilgó el magistrado y, a todo evento, la procedencia del daño moral y el punto de partida de los intereses. Niega que exista culpa de su parte y relación de causalidad entre la conducta de sus dependientes y las lesiones propinadas a Toledo. Por su parte, River Plate se queja de la condena dispuesta en su contra destacando lo siguiente:a) la obligación de seguridad que le impone la Ley de Violencia en Espectáculos Deportivos nº 24.192 supone que el hecho haya ocurrido dentro de las instalaciones del club y durante el desarrollo del evento, nada de lo cual sucede en autos; b) el Estado Nacional era quien tenía a su cargo el operativo de seguridad en la vía pública y, por ende, quien debe responder por los perjuicios; c) los actores no probaron su calidad de espectadores del partido, lo que obsta a la aplicación del art. 1198 del Código Civil; d) no existe nexo causal entre los daños reclamados y la tarea desarrollada por el club como organizador del partido; y d) el fallo del Máximo Tribunal citado por el juez remite a circunstancias fácticas distintas a las de autos. Para el caso de que se confirme la sentencia apelada, pide que se discrimine el porcentaje de responsabilidad que le cupo a cada demandado, con el fin de encarar una acción de regreso posterior contra el Estado Nacional.

IV. Ante todo, corresponde definir la ley aplicable con relación a cada uno de los codemandados en virtud de la sanción de la Ley de Responsabilidad Estatal nº 26.944 (B.O. del 8/8/14) y del Código Civil y Comercial de la Nación. La Sala tiene dicho que la norma que rige la responsabilidad civil es la vigente a la fecha en que ocurrió el hecho antijurídico productor del daño (esta Sala, causa nº 2121/05 del 16/9/15). En tal sentido, la ley nº 26.944, que regula la responsabilidad estatal por falta de servicio (art. 3), por su actividad lícita (art. 4 y 5) y por los hechos ilícitos causados por sus agentes (art. 9), sólo resulta aplicable a aquéllos hechos posteriores a su entrada en vigor. Igual criterio debe seguirse respecto del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994 B.O.8/10/2014, en adelante CCyCN), que rige en aquéllos conflictos -léase, hechos- ocurridos después de su entrada en vigor (art. 7º del CCyCN; esta Sala, causas nº 11.095/03 del 21/10/2015 y nº 12.504/07 del 27/10/15). Dado que los daños cuyo resarcimiento se reclama en autos se originaron el 2 de julio de 2000, cabe juzgar la responsabilidad del Estado Nacional sobre la base del Código Civil vigente en ese momento y, la de la codemandada River Plate a la luz de la ley específica nº 23.184 de Espectáculos Deportivos (B.O. del 25/6/85, texto según ley 24.192, modificada por ley 26.358), en primer lugar, y del Código Civil, en forma complementaria.

V. Responsabilidad

Aclarado lo anterior, los agravios sobre este tópico expuestos por el Estado Nacional y por River Plate remiten a cuestiones análogas a las falladas en las causas acumuladas “De La Cuetara Fernando c/ Domínguez Alejandro Mariano s/ daños y perjuicios” y “Ameri Juan Emilio c/ Domínguez Alejandro Mariano y Otros s/ daños y perjuicios” (exptes. nº 11.951/02 y nº 3563/02 del 6/8/13 y aclaratoria del 22/8/13). A su vez, la responsabilidad del establecimiento deportivo ha quedado definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Mosca” (Fallos 330:563). Para evitar reiteraciones innecesarias, corresponde remitir a los fundamentos dados en los precedentes mencionados. Copia impresa del registro del protocolo informático de sentencias (Acordada CSJN 6/14), cuyo texto puede ser consultado en el sistema de consultas web del Poder Judicial, a continuación de la presente, serán adjuntadas al expediente e integrarán la presente resolución. Si bien es cierto que los hechos analizados en el holding de “De la Cuetara” no concuerdan exactamente con los de autos -ya que aquí la agresión provino de un particular-, no lo es menos que el Estado Nacional no puede valerse de ese distingo para exonerarse de responsabilidad.En efecto, en autos quedó demostrado que la salida de los simpatizantes de la cancha no se llevó a cabo de la manera en que usualmente se lo hace para evitar que se crucen las hinchadas. A ello se suma la escasa presencia policial en las inmediaciones del estadio, en concreto, en la esquina de la calle Manuel Ugarte y Avenida del Libertador, en donde tuvo lugar el ataque a los actores. Aclaro que la condición de espectadores de Toledo y su hija surge tanto de los testimonios de quienes fueron al partido junto con ellos como de los artículos periodísticos publicados por los diarios “Crónica” y “Clarín” (ver artículos periodísticos de fs. 39, 41, 42, 49; informativa de fs. 38/43 y 72/73; copia del expediente administrativo nº 22905 del Tribunal de Disciplina Deportiva de la Asociación de Fútbol Argentino a fs. 78/94, en especial, fs. 91, 92 y 93, testimoniales de fs. 353/354vta., 362/362vta.; testimoniales de fs. 353/353vta. y 362/362vta.). Al quedar bajo control policial la zona en que se produjo el hecho, la falta de servicio comprobada en ella equivale a la falta de control efectivo sobre los barrabravas que ocasionaron el daño. Dicho de otro modo, estos últimos no son terceros por los cuales aquél no debe responder (ver expresión de agravios, fs. 573vta., quinto párrafo; y esta Sala, causa nº 5089/07 del 25/2/16, considerando VI). En consecuencia, corresponde desestimar el agravio de las demandadas en lo atinente a su responsabilidad.

VI. Indemnización

El Estado Nacional cuestionó, a todo evento, la procedencia del daño moral y el punto de partida de los intereses (fs. 574).

VI.a. Daño moral

El agravio está infundado (art. 267 del Código Procesal). La media carilla que el apelante dedica a este tema no logra conmover lo resuelto ya que la mera mención de que el perjuicio moral “es a todas luces improcedente” (fs. 574, quinto párrafo, in fine) no cumple con la crítica concreta y razonada que exige el art.267 del Código Procesal – DJA. Por lo demás, tengo en cuenta que quedó probada la responsabilidad directa del Estado Nacional por falta de servicio y ésta, al igual que en los hechos ilícitos, hace que deba responder siempre que exista una relación de causalidad suficiente entre el daño y esa falta, derivada del incumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos a los órganos de la Administración (esta Sala, causa nº 4416 del 16/12/88, nº 7740 del 30/8/91 y nº 25.761/94 del 17/5/95, entre otras). En este caso, los damnificados tienen derecho a la reparación integral de los perjuicios sufridos.

VI.b. Punto de partida de los intereses

El magistrado ordenó computar los accesorios desde el día del hecho (ver cons. VI, segundo párrafo) y el apelante pide que ellos comiencen en la fecha de notificación de la demanda (fs. 574, pto. IV). Esta queja tampoco puede prosperar dado que el dies a quo establecido en la sentencia se corresponde con el momen to en que se produjo el daño y es el aplicado por la Sala en este tipo de juicios (ver causas nº 11.951/02 y nº 3563/02 ya cit.). Sin perjuicio de ello, se advierte que la causa de la obligación, que remite al día del hecho -2/7/00-, es anterior a la fecha de corte fijada en la ley 25.344 -el 31 de diciembre de 2001 (art. 13, modificado por el artículo 58 de la ley 25.725, B.O. del 10/1/03). Por lo tanto, el crédito de los actores se encuentra alcanzado por las normas sobre consolidación de deudas estatales que, por tratarse de una ley de orden público (art. 16 de la ley 23.982 y 13 de la ley 25.344) debe aplicarse aún de oficio, con prescindencia del thema decidendum (art.21 del Código Civil y esta Sala, causas nº 11.951/02 y nº 3563/02 cit.). En función de ello, el capital de condena en el caso del Estado Nacional devengará los intereses fijados en el fallo hasta la fecha de corte correspondiente y, a partir de allí, los que determinen las normas sobre consolidación de deuda pública interna (art. 6 de la ley 23.982).

VII. Discriminación de la responsabilidad

River Plate solicita que se discrimine expresamente la responsabilidad que cupo a cada demandado en el hecho (ver recurso, fs. 586vta., pto. IV). Corresponde hace lugar al pedido porque, frente a la víctima, responden distintas personas por causas, asimismo, distintas. La PFA lo hace con base en el artículo 1.112 del Código Civil; la entidad participante en virtud del factor objetivo de atribución del art. 51 de la ley 23.184. Se trata de obligaciones concurrentes en las que pueden existir, según los casos, acción para recuperar lo pagado por uno de los deudores de los restantes (Llambías, “Obligaciones” cit., tomo II-A, págs. 567, nota 243 y 568; Fallos: 320:536 y 329:1881). En función de lo expuesto y teniendo en cuenta el modo en que se desarrollaron los hechos, considero que la responsabilidad debe distribuirse del siguiente modo: 40% al Estado Nacional (PFA) y el 60% restante a River Plate. Ello, sin perjuicio de lo establecido por el magistrado con relación al porcentaje de responsabilidad en el rubro “tratamiento psicológico” del señor Toledo -40% en forma concurrente para ambas codemandadas- dada la concausalidad del daño con los factores preexistentes detectados por la perito psicóloga (ver fs. 555, segundo párrafo, y peritaje de fs. 376/387, en especial, fs. 380, pto. I).

Por ello, juzgo que la sentencia apelada debe confirmarse en lo principal modificándola en los siguientes aspectos: 1º) consolidar la condena contra el Estado Nacional en los términos indicados en el considerando VI.b. de este voto; 2º) aclarar la sentencia determinando el siguiente porcentaje de atribución de responsabilidad:40% al Estado Nacional (PFA) y 60% al Club Atlético River Plate Asociación Civil, con excepción de lo indicado en el párrafo anterior para el rubro tratamiento psicológico.

Las costas concernientes a los recursos de cada uno de los demandados se le imponen a estos por ser vencidos en lo sustancial (art. 70, primer párrafo, del Código Procesal).

Así voto.

Los Dres. Recondo y Medina, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016.

Y VISTOS: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en lo principal modificándola en los siguientes aspectos: 1º) consolidar la condena contra el Estado Nacional en los términos indicados en el considerando VI.b. de este voto; 2º) aclarar la sentencia determinando el siguiente porcentaje de atribución de responsabilidad: 40% al Estado Nacional (PFA) y 60% al Club Atlético River Plate Asociación Civil, con excepción de lo indicado en el considerando VII, in fine, para el rubro tratamiento psicológico. Las costas concernientes a los recursos de cada uno de los demandados se le imponen a estos por ser vencidos en lo sustancial (art. 70, primer párrafo, del Código Procesal). Una vez practicada la liquidación del crédito en cuanto a su capital e intereses, y firme que se encuentre la misma, el Tribunal procederá a regular los honorarios profesionales por ambas instancias (art. 280 del Código Procesal, DJA).

Regístrese, intégrese este pronunciamiento con el precedente al que se remite en el considerando V, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo

Graciela Medina