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Ordenan a obra social cubrir la totalidad del costo de interconsultas requeridas por un menor discapacitado.

especialidad_neurologíaPartes: P. A. R. c/ Construir Salud y otro s/ ley de discapacidad

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

Fecha: 15-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-99319-AR | MJJ99319

Obligan a obra social a cubrir íntegramente el costo de las interconsultas en materia de neurología realizadas a un menor discapacitado.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta contra una obra social y ordenarle que proceda a otorgar al hijo de la amparista de forma inmediata con cobertura en un 100% a su cargo del costo irrogado por la interconsulta en la especialidad neurología infantil- especialidad epilepsia- conforme lo solicitado por su médico tratante, toda vez que han quedado debidamente acreditado el cuadro del niño y las prestaciones necesarias para su tratamiento.

2.-Es menester hacer lugar a la medida interpuesta en tanto resulta esencial buscar una solución concordante con la ley 24.901 ; máxime cuando han quedado debidamente acreditadas las patologías que presenta el menor, como la necesidad de contar con la prestación y con los prestadores requeridos.

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata, a los 15 días del mes de junio de dos mil dieciséis, avocados los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al análisis de estos autos caratulados: «P., A. R. c/ CONSTRUIR SALUD Y OTRO s/LEY DE DISCAPACIDAD». Expediente FMP 2302/2014, proveniente del Juzgado Federal N° 4, Secretaría N° 3 de esta ciudad. El orden de votación es el siguiente: Dr. A. O. Tazza, Dr. Jorge Ferro.

El Dr. Tazza dijo:

I. Llegan los autos a esta Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por el agente de salud accionado en oposición a la sentencia obrante a fs. 112/6, la cual: 1°) hace lugar totalmente a la acción de amparo promovida por A. Rubén P. en representación de su hijo contra la Obra Social del Personal de la Construcción -OSPECON- como obligada principal y en forma subsidiaria contra el Estado Nacional; 2°) en consecuencia; reordena a la entidad social » ut supra» indicada que proceda a otorgar al hijo de la amparista de autos de forma inmediata con cobertura en un 100% a su cargo del costo irrogado por la interconsulta en la especialidad neurología infantil- especialidad epilepsia- en el Instituto Fleni con el Dr. Poliechea, conforme lo solicitado por su médico tratante, y sin perjuicio que el Estado Nacional arbitre los medios necesarios para el cumplimiento de la presente, todo ello bajo apercibimiento de ley; 3°) impone las costas a las co-demandadas perdidosas, conforme principio general en la materia.- (art. 68 del CPCCN.-)

Los agravios del recurso en tratamiento lucen expresados en la memoria de fs. 120/122vta, y están dirigidos a cuestionar esencialmente la obligación que impone el a quo de hacerse cargo de la prestación con prestadores externos ajenos al staff que integra la cartilla de OSPECON SALUD.El agente de salud accionado expone que el Juez de grado en su afán de garantizar el derecho a la salud y la protección de las personas con discapacidad, violenta a través de su decisorio otro derecho de no menor envergadura, cual es la propiedad de la Obra Social y el principio de trato paritario para todos los afiliados sin distinción.

Agrega que los prestadores médicos en la especialidad requerida se han encontrado a disposición del amparista, y que no se acreditó diferencia alguna en calidad o modalidad del servicio médico ofrecido. Finalmente, peticiona se revoque la resolución recurrida.

Corrido el traslado de ley, se encuentra la causa en condiciones de resolver con el llamamiento de autos para dictar sentencia decretado a fs. 162, es que procedo a abocarme al conocimiento de los aspectos litigiosos tal como ha quedado trabada la litis.

II. Antes de comenzar con el desarrollo de las cuestiones propuestas a revisión de esta Alzada he de señalar que sólo se atenderá en el presente voto aquellos planteos que sean considerados esenciales a los fines de la resolución del litigio. En este entendimiento, he de recordar que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los planteos de las partes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y decisivos para el fallo de la causa.

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina según la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (ver LL 144 p. 611, 27.641-S; LL 145 p. 346; LL 148 p. 692, 29.625-S; Fallos 296:445; 297:333 entre otros).

III.Tratándose el presente de un amparo en materia de salud, conviene recordar de manera preliminar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que «el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, y es el primero de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, desde que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su carácter trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes revisten siempre condición instrumental» (doctrina de Fallos 323:3229, 325:292, entre otros). En esta línea, debe buscarse una solución que, fundada en derecho, satisfaga de la mejor manera posible la necesidad de la amparista de poner en resguardo el derecho a la salud de su hijo discapacitado.

El derecho a la vida -no sólo a la vida sino también a una buena calidad de vida y por consiguiente a una adecuada atención médica- asume un papel central en la sistemática de los derechos humanos, ya que tiene por contenido un bien humano más básico que todo el resto, pues resulta ser la condición necesaria, primera y más fundamental para la realización de los otros bienes; por otra parte, tiene como objeto a la misma existencia sustancial del hombre, que es el sustrato en el que inhieren las restantes perfecciones humanas existencialmente no autónomas (CFAMDP; «López, Andrea I. c/ OSECAC s/ amparo»; sentencia registrada al T° XXVIII F° 5646 del libro de Sentencias).

En tal orden de ideas, Alberto Chartzman Birenbaum sostuvo que «El estudio del derecho a la salud no tiene sentido, emancipándolo de la vida. La salud representa un delicado equilibrio que garantiza la continuidad de la vida.El derecho a la vida no abarca sólo un período, sino toda la vida» [Chartzman Birenbaum, Alberto (30-08-2007) «Una visión holística del derecho a la salud y la política de gestión»].

Tal como se adelantó en el punto I del presente, el amparista inició esta acción con el objeto de conseguir por parte del agente de salud demandado la cobertura de la interconsulta médica con el Dr. Poliecha, Neurólogo infantil especialista en epilepsia en el Fleni. En el escrito de inicio recordó que su hijo se encuentra afiliado al agente de salud demandado en calidad de discapacitado debido a un cuadro de epilepsia tipo no especificada y retraso mental leve (ver certificado de fs. 8 y certificado de discapacidad de fs. 7).

Acreditados tales extremos, debe tenerse presente, que el derecho a la salud del discapacitado se encuentra amparado por un amplio marco de disposiciones de corte constitucional, es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. 11 y 16), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12), y la Convención de los Derechos del Niño (arts. 23/27).

En el plano infra constitucional se encuentra amparada por las previsiones de la Ley 22.431, de «protección integral de personas discapacitadas» (v. art. 2°) y la ley 23.661 de «seguro de salud» (art. 28). A todo ello debe agregarse que por Ley 24.901 se ha creado un sistema de prestaciones básicas de «atención integral a favor de las personas con discapacidad» que contempla acciones de asistencia y protección para brindarles cobertura integral a sus necesidades y requerimientos, dejando a cargo de las obras sociales comprendidas en la Ley 23.660 la obligatoriedad de su cobertura total (arts. 1° y 2°; CSJN, Fallos 323:3229, considerando 33).

Encuentro oportuno aclarar aquí mi opinión en el sentido de que el estado de emergencia sanitaria nacional, declarado por el art. 1° del Decreto P.E.N.N° 486/02 prorrogado por los Decretos P.E.N. N° 2724/03, N° 1210/03 y N° 756/04, y las leyes 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339, no ha tenido virtualidad de recortar el universo de prestaciones básicas y servicios específicos instituidos por la legislación antes citada, ni el porcentaje de cobertura (ver art. 34 Decreto 486/02, derogado por art. 1° Decreto P.E.N. N° 788/02).

En este marco fáctico legal, se torna esencial buscar una solución coherente con el fin tuitivo de la ley 24.901, que no es otro que brindarle a la persona con alguna discapacidad una cobertura integral que se ajuste a sus necesidades y requerimientos.

IV. En esa misma línea de pensamiento considero que la solución que mayor coherencia guarda respecto de las particulares circunstancias del caso, el derecho y el complejo normativo en juego es hacer lugar a la acción de amparo promovida. Ello por cuanto han quedado debidamente acreditadas en esta causa tanto las patologías que presenta el menor, como la necesidad de contar con la prestación y con los prestadores requeridos.

En efecto, -como expuse ut supra- en la documental de fs. 08 y 09 se puede apreciar que el Dr. Laureano Marcón (Neurólogo del Instituto Neurológico Infantil de la ciudad de Mar del Plata) expone que el paciente posee «RM + epilepsia refractaria 2 a 5 crisis diarias sin respuesta a los tratamientos instituidos. Se solicita el traslado a Buenos Aires al Hospital Fleni con carácter de urgencia para evaluación por el Dr.Polecha (especialista en epilepsia). El motivo de la urgencia radica en que se presenta varias crisis diarias y esto afecta significativamente su calidad de vida, lo expone a peligros constantes (caídas- traumatismos)y lo deteriora desde el punto de vista cognitivo».

De ello, se desprende que el agente del seguro de salud tiene obligación de costear la prestación solicitada en el FLENI, pues la patología del beneficiario así lo requiera y ello haya sido determinado por el equipo interdisciplinario que la atiende aquí en Mar del Plata.

En este marco y ante las recomendaciones efectuadas por el médico tratante del niño estimo conveniente hacer lugar a la acción de amparo promovida.

V. Por otra parte, de entenderse que el tratamiento implica costos excesivos para la obra social y que genera que el uso de los fondos por un solo beneficiario derivara en el impedimento de los otros a gozar de las prestaciones que le son debidas por ley, se estaría priorizando a un mero interés comercial o mercantilista por sobre derechos humanos sagrados como lo son: el derecho a la vida; a la salud; derecho adquirid o a una mejor calidad de vida; derecho a la integridad física; el derecho a la igualdad, constitucionalmente protegidos, a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Es más, no se encuentra acreditado que si la demandada afrontara el gasto correspondiente a las prestaciones demandadas, se produciría con ello un grave entorpecimiento en los servicios de salud que deben brindarse al resto de los afiliados. En concreto, no se probó ni justificó con guarismos, demostraciones contables, balances, estadísticas o cualquier otro elemento probatorio la posibilidad de un desequilibrio económico, ni se acreditó la imposibilidad financiera para hacer frente a la prestación reclamada por la actora.

VI. Por todo lo expuesto precedentemente propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de fs. 112/6 en todo y en cuanto hubiere sido objeto de apelación y agravios, con costas a la recurrente vencida (art. 14 ley 16.986).

Tal es mi voto.

El Dr. Ferro dijo:

Que adhiero en el caso traído a examen a la solución propiciada por mi colega preopinante.

Tal es mi voto.-

Mar del Plata, 15 de junio de 2016.

VISTOS:

Estos autos caratulados: «P., A. R. c/

CONSTRUIR SALUD Y OTRO s/LEY DE DISCAPACIDAD». Expediente FMP 2302/2014, proveniente del Juzgado Federal N° 4, Secretaría N° 3 de esta ciudad. y lo que surge del Acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Confirmar la sentencia de fs. 112/6 en todo y en cuanto hubiere sido objeto de apelación y agravios, con costas a la recurrente vencida (art. 14 ley 16.986).

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.

Se deja constancia que el Dr. Eduardo P. Jiménez se encuentra excusado (art. 109 del R.J.N.)

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