En tanto el tratamiento se eligió conforme estudios previos, el médico no resulta responsable por los daños alegados.

JuicioMedicinaPartes: B. H. c/ Obra Social del Personal Municipal de la Matanza y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Sala/Juzgado: I

Fecha: 6-may-2016

Cita: MJ-JU-M-98764-AR | MJJ98764 | MJJ98764

El médico demandado no resulta responsable por los daños reclamados, ya que utilizó una de las opciones viables para tratar el cuadro clínico que presentaba el paciente en función de los resultados que arrojaron los estudios debidamente realizados.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por responsabilidad médica, si se encuentra acreditado que el profesional intervino a su paciente porque -de acuerdo a los resultados de los estudios previos a la cirugía- padecía cáncer de próstata, y dado que frente al informe de biopsia, no se ajusta al protocolo repetir el estudio.

2.-En el marco de los daños y perjuicios derivados de la atención médica donde el evento dañoso tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo CCivCom, con base en el art. 7 del cuerpo legal mencionado, la responsabilidad civil habrá de regirse por la ley vigente al momento del hecho antijurídico, esto es, el CCiv. y sus leyes complementarias, aunque la nueva normativa abarca a las consecuencias que no están consumadas al momento de su entrada en vigencia.

Fallo:

En San Martín, a los 6 días del mes de mayo de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, a fin de pronunciarse en los autos caratulados “B., HÉCTOR c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE LA MATANZA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, de conformidad al orden de sorteo, La Dra. Lidia Beatriz SOTO dijo:

I. – El Sr. juez de primera instancia en su pronunciamiento de Fs. 468/474Vta. no hizo lugar a la demanda interpuesta por Héctor B. contra la Obra Social del Personal Municipal de la Matanza y la Clínica del Buen Pastor (Climo S.A.). Por ello, impuso las costas a la parte actora vencida (Art. 68 y Cc., CPCC).

Para así resolver, consideró que de las pruebas colectadas en autos quedó acreditado que el médico tratante -Dr. Carlos Alberto García-, sobre la base de los antecedentes clínicos que reportaba el Sr.

B. -a quien asistía desde larga data- y en función del resultado obtenido con el estudio de imágenes (ecografía transrectal) y citológico (biopsia con punción aspirativa con aguja fina), instrumentó una de las alternativas válidas para el tratamiento de casos como el de autos -la intervención quirúrgica

extirpatoria-. Asimismo, consideró que ha quedado probado que el “Diagnóstico: Próstata: Positivo para células neoplásicas. Compatible con carcinoma” importó un cuadro clínico en función del cual, según el protocolo, una interconsulta -con nuevo estudio- no era necesaria, al no mediar elementos validantes de un estado de “duda diagnóstica”, según la definición brindada por la pericia médica.

También, tuvo por acreditado que, aun en los casos de hiperplasia prostática benigna (diagnóstico post operatorio de la dolencia del Sr.B.), una intervención no está exenta de riesgos y complicaciones inherentes al resultado (hemorragia infecciosa, lesiones uretrales, estenosis, incontinencia, etc.).

Además, tuvo presente la tradicional postura (que acepta la clásica distinción de Demogue) por la cual la prestación a cargo de los médicos importa una obligación de medios y no de resultados y, por ello, es el damnificado quien debe acreditar la culpa del profesional. Así, dispuso que no ha existido elemento de convicción alguno que permitiera efectuar reproche respecto de la actuación que le cupo al Dr. García en la intervención quirúrgica del Sr. B. y que pueda sustentarse en un error de diagnóstico o mala praxis.

Asimismo, consideró que los dichos del propio accionante en su demanda han reflejado que recibió información del estado de su cuadro con el resultado de la biopsia y del temperamento a seguir, habiendo consentido la realización de la intervención.

También, determinó que el replanteo del escenario inicial -efectuado por la parte actora- pretendiendo reencausar la cuestión con un supuesto error de diagnóstico del patólogo en función del cometido “de colaboración de éste para con el médico” -para así obtener una condena-, no puede tener acogida judicial. Ello así, porque entendió que no se acreditó debidamente tal extremo, que la circunstancia tampoco fue alegada como basamento del reclamo reparatorio y, porque el galeno tratante no debe cargar con la culpa de un tercero por quien no debe responder (patólogo) ya que no se ha acreditado su dependencia. Por todo lo expuesto, consideró innecesario el juzgamiento de las restantes cuestiones traídas a juicio.

II. – Ahora bien, corresponde tener a la citada en garantía San Cristóbal SM de Seguros Generales por contestado el traslado conferido a Fs. 520.

III. – El pronunciamiento fue apelado por la parte actora a Fs. 484/484Vta., expresando agravios a Fs. 513/518, habiendo contestado los agravios las citadas en garantía -Sancor Cooperativa Ltda.de Seguros y San Cristóbal SM de Seguros Generales- a Fs.

52l/524Vta., no haciéndolo así las coaccionadas -Obra Social del Personal de la Matanza y Climo S.A.-.

Las quejas de la parte recurrente giran en torno al rechazo de la demanda y, considera que el iudex a quo -en su pronunciamiento- ha prescindido de los hechos de la causa, del derecho aplicable, de las probanzas y de las conclusiones lógicas a las que por ellas se arriba.

Para avalar su postura, citó jurisprudencia.

Finalmente, ratificó la reserva del caso federal.

IV. – En primer lugar, corresponde precisar cuál es la norma que habrá de aplicarse al caso.

No obstante que el 1° de agosto de 2015 ha entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, en función de su Art. 7°, entiendo que el presente reclamo se rige por el Código Civil sustituido, debido a que este último se encontraba vigente al momento de la ocurrencia del hecho que motivara el presente litigio.

En efecto, la disposición referida, que reproduce -en lo sustancial- el Art. 3° del Código Civil derogado, no ha sufrido modificaciones de trascendencia, razón por la cual, rigen los principios de irretroactividad y de aplicación inmediata de la ley; esto es, la nueva norma se aplica ex nunc, pudiendo comprender a los tramos de situaciones o relaciones jurídicas que no se encuentran abarcados por la noción de consumo jurídico. Este concepto fue tomado por Borda de la obra de Roubier, quien distingue entre leyes que gobiernan la constitución y la extinción de una situación jurídica, y leyes que gobiernan el contenido y las consecuencias. Cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa; el consumo o el agotamiento debe analizarse según cada una de esas etapas (Roubier, Paul, Le droit transitoire [Conflicts des lois dans le temps], 2a ed. París, Ed. Dalloz et Sirey, 1960, Nro. 42, citado por la Dra.Aída Kemelmajer de Carlucci en El artículo 7° del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme, L.L., 2015-B-1146), en concreto, para cada tipo de situaciones, siendo imposible una formulación en abstracto, para todo tipo de cuestiones.

La aplicación inmediata de una nueva ley se encuentra limitada por la noción de “consumo jurídico”, pues esa norma podrá tener operatividad en tanto las consecuencias no se encuentren consolidadas antes de la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial.

Entonces, la responsabilidad civil habrá de regirse por la ley vigente al momento del hecho antijurídico, esto es, el Código Civil y sus leyes complementarias, aunque el Código Civil y Comercial abarca a las consecuencias que no están consumadas al momento de su entrada en vigencia (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015).

En consecuencia, toda vez que el evento dañoso tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, es claro que el presente litigio habrá de regirse por la ley vigente al momento en que dicho infortunio se produjo.

V. – En segundo término, es necesario aclarar que se ha deslizado un error material en el pronunciamiento en crisis, ya que se ha consignado equivocadamente -en dos oportunidades- el apellido del causante como Bruno (vid Fs. 473 y 474Vta.), cuando debería haberse redactado B., conforme constancias de la causa. Por lo que corresponde su modificación en este sentido.

VI. – Ahora bien, en cada caso que llega a los estrados judiciales, el magistrado realiza una verdadera reconstrucción histórica con el objeto de determinar si los hechos alegados por las partes son ciertos y para ello, examina las pruebas y las aprecia con criterio lógico jurídico. Finalmente, les asigna su valor de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia.Queda claro, entonces, que se encuentra en una posición activa frente a la prueba, lejos de limitarse a aceptarla lisa y llanamente, la valora y efectúa un examen crítico de ella (Conf. causa 540/88 “Del Valle Campos, Elsa y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios”, resuelta por este Tribunal el 16/12/88).

VII. – Habiendo sentado lo expuesto y en aras de lograr un mayor entendimiento en lo que a responsabilidad médica se refiere, considero necesario realizar una sucinta sinopsis sobre el tema. Liminarmente debo referir que, en relación a la atención médica, existen diferentes obligaciones: 1) obligaciones de resultado o determinadas; 2) obligaciones de medio o de diligencia; y 3) obligación de seguridad (ACHÁVAL, Alfredo, Responsabilidad civil del médico, Abeledo-Perrot, 1992, Buenos Aires; LOPEZ MESA, Marcelo J. y TRIGO REPRESAS, Félix A., Responsabilidad Civil de los profesionales, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, 1° y 2° parte, Capítulo 8, Págs. 385 y Sgtes.).

Las primeras, son aquellas en las cuales el accipiens (paciente) recibe como contraprestación debida el resultado de la atención médica como tal, es decir, el medio ha llegado a su fin y, éste y el telos (finalidad) son evaluables, verbi gratia, la realización de análisis clínicos o la cirugía de resultado (estética, reparadora, etc.). En las segundas, el médico coloca toda su sapiencia y experiencia al servicio del paciente, con el objeto de curarlo o, según el caso, de mitigar su sufrimiento y mejorar su calidad de vida. Ergo, al someterse a un tratamiento concreto, el paciente espera un resultado y puede obtenerlo, pero no exigirlo. Sólo puede pretender que el profesional actúe con pericia y diligencia. En cuanto a la obligación tácita de seguridad, debe entenderse como un eficiente cumplimiento de la asistencia prometida, razón por la cual, al no mediar una diligente ejecución del servicio, queda configurada la responsabilidad de la demandada (C.Civ. y Com. La Plata, Sala I, del 04/09/86, “Pompey, Omar E. c/ Prov.de Buenos Aires”). Esta obligación se relaciona con la entidad que presta el servicio y resulta accesoria a la obligación principal de prestar asistencia por medio de los facultativos del cuerpo médico (CNCiv., Sala H, del 15/10/99, “Carrasco, Jorge M. c/ Clínica San José de Flores”).

VIII. – Ahora bien, no es ocioso recordar que, para generar responsabilidad civil del médico, se hacen necesarios los siguientes presupuestos: a) un comportamiento propio, activo o pasivo del galeno; b) que dicho comportamiento viole el deber de atención y cuidado propios de la profesión médica, sea el específico nacido de una obligación voluntaria (Art.

505 y Concs. del Cod. Civil), sea el genérico (Arts.

1066 y Concs. del Cod. Civil); así se configura un obrar antijurídico; c) que ese obrar antijurídico sea imputable subjetivamente al médico, a título de culpa (Art. 512 del Cod. Civil), o de dolo o de malicia (Arts. 520, 521, 1072 y Concs. del Cod. Civil); d) que ese obrar antijurídico e imputable al médico derive en un daño al paciente, en el cuerpo, en la psiquis y/o en la salud, patrimonial o moral (Art. 1068 y Concs. del Cod. Civil); e) que exista un nexo causal (relación de causalidad) entre el daño sufrido y el hecho médico (Arts. 901 y Ss., del Cod. Civil), (MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños, T.VIII, Rubinzal-Culzoni, 2001, Buenos Aires).

IX. – A continuación procederé a analizar si se verifican o no los presupuestos mencionados en el considerando VIII y, en su caso, en qué medida deben responder los codemandados Obra Social del Personal Municipal de la Matanza, Climo S.A. y las citadas en garantía.

De las constancias de autos surge claramente que el Sr. B. era atendido -desde hacía tiempo- por el Dr.Carlos Alberto García -especialista en Urología- quien en forma periódica le indicaba la realización de estudios del antígeno prostático (PSA).

Así, el 16/04/99 y atento el resultado elevado que arrojó dicho estudio -sumado a ello sus precedentes clínicos-, el aludido profesional ordenó se efectuara una ecografía transrectal con punción, la que demostró el agrandamiento de la glándula prostática, cuyo volumen era de 22 Cc con una formación isoecogénica mixta con volumen de 1,2 Cm3 que por sus carácterísticas puede responder a un adenoma, con un diagnóstico de “Próstata: Positivo para células neoplásicas compatibles con carcinoma (vid Fs. 336, respuesta 3). El 18/08/99, el citado profesional médico le practicó una intervención quirúrgica mediante la cual se le efectuó la extirpación radical de la próstata y ganglios linfáticos (vid Fs. 339, respuesta 18). Asimismo, con posterioridad a la operación -con los estudios de urodinamia y monitereo peneano- se constató que el Sr. B. padecía de incontinencia de orina de urgencia y disfunción sexual (Fs. 420).

Se debe señalar que según surge de la pericia médica obrante es esta causa, con el informe del patólogo quedó confirmado el diagnóstico preoperatorio y, también que, si con posterioridad se estableció que el Sr. B. padecía de una hiperplasia prostática benigna, debe tenerse en cuenta que este resultado fue obtenido después de efectuado el acto quirúrgico, ya que previamente a ello el diagnóstico era positivo para células neoplásicas. Es decir, que se lo interviene porque -de acuerdo a los resultados de los estudios previos a la cirugía- padecía cáncer de próstata. Además, agregó el experto que, frente al informe de biopsia, no se ajusta al protocolo repetir el estudio y que durante la intervención, el cirujano no tenía la posibilidad de verificar el acierto o error de su resultado (vid Fs.335/341, respuestas a los puntos 10 y 14 del cuestionario de la parte actora y, respuestas 12 y 15 del cuestionario de la codemandada Climo S.A.). También -a Fs. 439-, se señaló que la técnica de punción con aguja fina, es muy efectiva para detectar carcinoma de próstata.

Asimismo, se consignó que las variantes, moderada y pobremente diferenciados son diagnosticadas con facilidad y que aquellos bien diferenciados ofrecen cierto grado de dificultad, la cual puede resultar en un “falso positivo”, motivos por el cual, el chequeo con la punción biopsia es de buena práctica. Además, se señaló que teniendo en cuenta lo expuesto ut supra pudo haber ocurrido un error de diagnóstico -respecto al patólogo- cuyo resultado desembocó en la conducta quirúrgica. También, se determinó que ante el resultado que arrojó la biopsia -efectuada con anterioridad a la cirugía- la conducta médica a seguir era tratarlo como un cáncer de próstata mediante cirugía, radioterapia u hormonoterapia (vid Fs. 341 respuesta 14).

He de señalar que ni las partes ni las citadas en garantía, cuestionaron la pericia médica, contestando los expertos sólo las explicaciones que les fueron requeridas, de modo que no encuentro mérito para apartarme de las conclusiones que se han referido precedentemente (Art. 477 del CPCC).

Asimismo, sabido es que, si bien los magistrados no están obligados a seguir los dictámenes periciales y ellos no resultan vinculantes, la opinión del experto cobra relevancia probatoria cuando sus conclusiones se basan en elementos objetivos de valoración y razones técnicas de buen sentido (Conf. CNCont.Adm.Fed., Sala II, “Emebe SACEAI y M c/DNV s/ expropiación”, del 25/04/94, entre otros).

Por lo tanto, a pesar de que los dictámenes periciales están sujetos -como todo elemento de juicio- a la valoración por parte de los jueces (Fallos:315:2774), si no se observan razones que desmerezcan sus conclusiones, procede asignarles suficiente valor probatorio.

Por ello, a la luz de las probanzas de autos, considero que el Dr. Carlos Alberto García utilizó una de las opciones viables (cirugía extirpatoria) para tratar el cuadro clínico del Sr. B., en función del resultado que arrojaron tanto la ecografía transrectal como el estudio citológico.

Ahora bien, he de señalar que con relación al “consentimiento informado” la base de su fundamento jurídico es el respeto de los derechos personalísimos, pues los pacientes tienen derecho de conocer todo aquello que consideren necesario para tomar libremente la difícil decisión de continuar adelante o no con la propuesta o diagnóstico que efectúa el profesional (CNCiv., Sala I, “C., P. L. y otros c/ C., A. G. y otro”, del 25/08/05). Si bien -en el caso- no consta tal consentimiento en forma escrita, surge de los propios dichos del Sr. B. en su demanda, que se le informó sobre su estado de salud, resultados de los estudios realizados y tratamiento a seguir, prestando el consentimiento respectivo. Asimismo, no puede soslayarse que al momento de efectuarse la intervención quirúrgica, la forma en la cual debía instrumentarse el consentimiento informado -salvo casos específicos dispuestos por la ley 17.132- no estaba impuesto de manera expresa por una norma de carácter general -toda vez que la ley 26.529 se sancionó recién en el año 2009-. Por ello y, teniendo en cuenta esta circunstancia entiendo, que en ausencia de la forma escrita tal extremo puede ser probado por cualquier otro medio (Conf. CNCiv., Sala “F”, “Carballo, Celia Alicia c/ M.C.B.A. y otro s/ daños y perjuicios”, del 18/04/00 y CNCiv., Sala “B”, “S. de Del M. E. R. y otros c/ Granja Miguel Ángel y otro s/ daños y perjuicios”, del 18/03/08).

Por último, en relación a la atribución de responsabilidad al Dr.García por el hipotético error de diagnóstico del patólogo -en función de la colaboración de éste para con el médico-, advierto que la parte accionante pretende que el Tribunal se expida sobre puntos que no fueron introducidos oportunamente y que son fruto de una reflexión tardía, por lo cual, estas cuestiones no pueden ser ahora abordadas por esta Alzada (Fallos: 310:896; 311:371; 312:551 y sus citas, entre otros).

En consecuencia y, por todo lo expuesto, considero que la conducta desplegada por el Dr. Carlos Alberto García -en el caso- no merece reproche alguno y, por lo tanto, corresponde el rechazo de los agravios.

Por último, en atención a la forma en que se decide deviene inoficioso el tratamiento de las restantes quejas planteadas.

X. – Voto, entonces, por confirmar la sentencia apelada, con la modificación establecida en el considerando V. Las costas en la Alzada estarán a cargo de la recurrente vencida (Art. 68 del CPCC).

El Dr. Marcelo Darío FERNÁNDEZ, por análogas razones, adhiere al voto precedente.

En mérito a lo que resulta del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia de Fs. 468/474Vta., con la modificación estipulada en el considerando V. Las costas en la Alzada se imponen a la recurrente vencida (Art. 68 del CPCC). A los fines del Art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se deja constancia del caso de vacancia en este Tribunal por decreto 417/15.

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 24/13 y ley 26.856) y devuélvase.-