Condena por el delito de cohecho cometido al ofrecer dádivas a un diputado para que se dejara de tratar o modificase la ley que incorporó al salario los tickets alimentarios.

DineroPartes: G. G. S. M. s/ recurso de casación

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 27-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98379-AR | MJJ98379 | MJJ98379

Condena por el delito de cohecho cometido al efectuar ofrecimientos de dádivas a un diputado para que se dejara de tratar o modificase la ley que incorporó al salario los tickets alimentarios.

Sumario:

1.-Las constancias de la causa permiten concluir la existencia de un ofrecimiento espurio que el imputado realizó a un diputado nacional para que en su condición de Presidente de la Comisión Legislativa de Trabajo modifique o retarde el proyecto de ley mediante la cual se disponía incorporar al salario los tickets alimentarios que los empleadores abonaban a los trabajadores.

2.-El ofrecimiento de dádivas hacia un funcionario público, en el caso un diputado nacional, con el objeto de que retarde o modifique un proyecto de Ley configura el delito de cohecho previsto en el art. 258 del CPen., en tanto que para que la conducta encuadre en la normativa alcanza con el mero ofrecimiento sin necesidad que el funcionario acepte la propuesta efectuada por el sujeto activo.

3.-El supuesto error de tipo alegado por la defensa del condena en orden al delito de cohecho fundado en el desconocimiento por parte del imputado de que el denunciante a quien le ofreció dádivas era diputado nacional, debe ser rechazado, pues de las constancias de la causa surge que conocía la relación jurídica que vinculaba a éste con el Estado y la calidad de funcionario público que revestía.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de ABRIL del año dos mil dieciséis, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Juan Carlos Gemignani como Presidente, y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky como Vocales, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación, cuya copia certificada obra a fs. 42/52 de la presente causa CFP 16133/2007/TO1/9/CFC1 del Registro de esta Sala, caratulada: “G. G. S., M. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de esta ciudad en la causa CFP 16133/TO1/9 de su registro interno, mediante sentencia de fecha 15 de julio de 2015, cuyos fundamentos fueron dados a conocer el día 5 de agosto de 2015, resolvió -en lo que aquí interesa-:

“I- CONDENAR a M. G. G. S., de demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO, y al pago de las COSTAS por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de cohecho activo (arts. 26, 29 -inc. 3º-, 40, 41, 45 y 258 en función del art. 256 del CP; y arts. 530, 531 y 533 del CPPN).- [.]” (cfr. fs. 14/14 vta. y fs. 15/40). II. Que contra dicha resolución, los defensores particulares de M. G. G. S., doctores Santiago Viola y Claudia P. Balbín, interpusieron a fs. 42/52 recurso de casación, el que fue concedido por el “a quo” a fs. 53/54 y mantenido en esta instancia a fs. 61. III. La defensa, luego de discurrir sobre la admisibilidad formal del recurso, sustentó su impugnación en los motivos previstos en los incisos 1º y 2º del art. 456 del C.P.P.N.En primer término, sostuvo la arbitrariedad de la sentencia en cuanto tuvo por acreditado, sin pruebas suficientes, que su asistido participó del ofrecimiento espurio efectuado a Recalde, por el que fuera acusado. En tal sentido, alegó que el “a quo” efectuó una valoración parcial de la prueba reunida en el debate para tener por cierta la hipótesis acusatoria, valorando únicamente los fragmentos de las declaraciones que le eran útiles para arribar a la sentencia de condena. Asimismo, la defensa expuso el modo en el que a su criterio sucedieron los hechos. Así, relató que fue Mariano Recalde quien insistió en concretar las reuniones y mantener conversaciones sobre las “propuestas” en torno a la modificación del proyecto de ley. Agregó que no existen pruebas ni constancias en la causa de lo que efectivamente sucedió en la primera reunión que habrían mantenido M. R. y M. G. G. S. y, por ello, no puede descartarse que fuera R., quien indujera a hacer las propuestas para luego conseguir la repercusión mediática del proyecto de ley, para su aprobación y promulgación. Por otro lado, negó el vínculo que el “a quo” le atribuyó al imputado con la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios (CEVAS) y la empresa Accor, en cuya representación según el tribunal habría efectuado el ofrecimiento espurio, y el interés en que la ley se aprobara o se dejara de tratar. En este sentido, destacó algunos aspectos de la ley de vales alimentarios y recordó los preceptos que rigen en el derecho laboral para arribar a la conclusión según la cual ninguna de las “propuestas” que conformaban el ofrecimiento espurio traían aparejado beneficios para el imputado o para las empresas mencionadas, sino que eran contrarias a sus intereses.Indicó que “.es evidente que la sanción de la ley cuya promulgación se intentaba era contraria a la Cámara de Valores pero no menos cierto es que las propuestas supuestamente descriptas por Mariano Recalde, no se condicen con ningún beneficio que pudieran obtener ni la propia Cámara ni la propia empresa Accor” (cfr. fs. 45 vta.). Cuestionó, además, el valor probatorio de las grabaciones, alegando que en ellas no es posible observar ni el rostro, ni los labios de las personas involucradas, sino que únicamente se escuchan las voces, lo que pone en crisis la credibilidad y veracidad del material audiovisual. Manifestó la errónea valoración de las declaraciones de los testigos Garrido, Juan Carlos Nardelli Mira y Slevin, efectuada por el “a quo” para otorgar credibilidad al método seguido para la obtención, registro y resguardo del material aportado (fs. 46). En dicha inteligencia, expresó que “.lo único que hay sobre el procedimiento para realizar las grabaciones son dudas y lo que falta es una descripción clara, concisa y coincidente sobre ello” (fs. 46 vta.). En definitiva, cuestionó la validez del material audiovisual aportado como prueba de juicio, alegando la falta de certeza sobre la autenticidad del material gráfico y postuló la aplicación del principio de inocencia, ante la duda de que el video fuera el original. Por último, se agravió de la errónea aplicación de la ley sustantiva, considerando que no se encuentran reunidos todos los elementos del tipo requeridos por el art. 258 del C.P. En dicha inteligencia, expresó que el “a quo” se limitó a realizar una transcripción de la doctrina sobre el delito de cohecho, sin efectuar un análisis concreto con relación a las constancias de la causa.

Con relación a este agravio, alegó el desconocimiento por parte del imputado de la calidad de funcionario público que revestía Mariano Recalde.Asimismo, consideró que el delito de cohecho requiere que el ofrecimiento espurio este destinado para corromper al funcionario público, y en este sentido, sostuvo que Mariano Recalde no tenía capacidad para influir sobre la voluntad de su padre, para que éste modificara el destino del proyecto de ley. Agregó, por último, que “.al momento de las supuestas reuniones y supuestos ofrecimientos, el proyecto de ley del Diputado Recalde ya había sido tratado varias veces en comisión -es decir, era conocido por TODOS los diputados de la comisión y por el público- y además (como reconocieron Mariano Recalde y el asesor Ciampa) llevaba las firmas de otros diputados. Es decir, si un proyecto es presentado en conjunto por varios diputados, es obvio que la voluntad de uno sólo no puede llevarse a cabo sin consenso de los otro más allá de que uno fuera el presidente de la comisión” (fs. 49). Por último, mencionó que presentó dos recursos de queja por la afectación al derecho de defensa que alega haber sufrido ante la denegatoria de extracción de fotocopias y el rechazo de la suspensión del debate oral y público solicitada por el cambio de defensores técnicos. Asimismo, dijo que la falta de citación del señor Hugo Wortman a declarar como testigo al debate oral, afectó el derecho de defensa en juicio. Finalizó su presentación solicitando que se absuelva a su asistido. Hizo reserva del caso federal. IV. Que en la oportunidad prevista por los arts. 465, último párrafo y 468, la defensa particular presentó breves notas, que lucen agregadas a fs. 73/76, en las que remarcó los aspectos sustanciales por los cuales se agravia de la sentencia recurrida, quedando las actuaciones en estado de ser resueltas (fs. 77). Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I.El recurso interpuesto por la defensa particular contra la decisión del “a quo” que condenó a M., G. S. G., es formalmente admisible a tenor de lo normado por los arts. 438, 456, 457, 459 y 463 del C.P.P.N., por lo que corresponde ingresar al examen de los agravios allí expuestos.

II. Previo a ingresar en el examen de los agravios introducidos por la defensa particular en el recurso de casación presentado, corresponde recordar los hechos que conformaron el objeto de la condena pronunciada. El tribunal evaluó como acreditado que: “.en las reuniones realizadas entre los días 6 y 19 de noviembre del año 2007, M. G. G. S., junto con S. A. L., ofreció el pago de dádivas al Diputado Nacional Héctor Recalde, quien ejercía la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por intermedio de su hijo y asesor, Mariano Recalde, en procura de que retarde el tratamiento o modifique un proyecto de ley de su autoría mediante el cual los vales alimentarios -que poseían naturaleza no remunerativa- pasarían a formar parte del salario, es decir, adquirirían naturaleza remunerativa, que ya se encontraba en el seno de la comisión legislativa. Fue así que Mariano Recalde recibió el llamado de G. G. S., quien invocando actuar en representación de la Cámara de Vales (CEVAS) solicitó, de manera urgente, una reunión con aquél.

Éste le había previamente realizado referencias vagas a honorarios, lo que hizo pensar a Recalde que se trataba de una maniobra extraña. Ante este cuadro de situación, el Diputado Recalde se asesoró respecto de los pasos a seguir y recomendó a su hijo que, en la medida de sus posibilidades, filmara o grabara la reunión que se celebró el día 6 de noviembre de 2007. En dicha oportunidad, y con la ayuda de tecnología provista por el estudio jurídico Wortman Jofré e Isola, procedió a grabar la conversación con G. G. S.de donde pudo verse que éste expresó representar a la firma Accor y le ofreció una dádiva a fin de que su padre modificara su actitud frente al proyecto que había redactado. En dicha ocasión, M. G. G. S. le expresó que quien formalizaría el acuerdo sería Santiago L., que en ese momento se encontraba abordando un avión de Air France rumbo a Paris y que llamaría para conocer el resultado de la reunión, retornando recién el 17 de noviembre de ese año. La mentada reunión, se concretó finalmente el día 19 de noviembre de 2007. En ella participaron M. R., G. G. S. y S. L., quien ratificó la oferta oportunamente realizada por M. G. G. S. Dicha propuesta espuria, tal como se desprende de las constancias de la causa, fue expresada por L. utilizando los términos “bicicleta”, “pick up”, y “mercedes Benz”. Según pudo determinarse, la p rimera de ellas, consistía en la suma mensual a percibir sería de veinte mil dólares cada vez, de los cuales diez mil serían aportados por Accor, empresa a la que representaba L. y que, en caso de acoplarse otra empresa de tickets, esta cifra se duplicaría. En la misma reunión, L. le manifestó que permanecería en contacto para saber que decidiría el padre de Recalde en relación al ofrecimiento.

Asimismo, se tuvo por probado también que el Diputado Héctor Recalde tomó inmediato conocimiento a través de su hijo Mariano Recalde de la propuesta venal formulada por M. G. G. S. y S.A.L., que rechazó el acuerdo criminal y formuló la correspondiente denuncia penal ante la justicia” (cfr. fs. 30/31). En este marco, el tribunal calificó los hechos mencionados como constitutivos del delito de cohecho activo, previsto y reprimido en el art. 258, en función del art. 256, del C.P., conforme lo postulado durante los alegatos por el señor Fiscal General, Jorge Felipe Di Lello. II.a. Arbitrariedad de la sentencia.La defensa alegó en la presentación recurrida la valoración parcializada de la prueba producida durante el debate y la falta de credibilidad del material audiovisual que permitió demostrar la ocurrencia del hecho juzgado. En primer término y a fin de dar respuesta al agravio mencionado, corresponde analizar los elementos probatorios tenidos en cuenta por el “a quo” para arribar a la sentencia condenatoria. Así, el tribunal tuvo en cuenta el contexto en el que se desarrollaron los hechos imputados a M. G. S. G. En tal sentido, consideró correctamente las declaraciones efectuadas por Mariano Recalde y Gustavo Ciampa, quienes se desempeñaban a la época de los hechos juzgados, como asesores del Diputado Héctor Recalde. Ambos testigos destacaron el contexto en el cual se propiciaba la sanción del proyecto de ley presentado por Héctor Recalde que tenía como fin otorgar carácter remunerativo a los vales alimentarios y los beneficios que ello traía para los trabajadores. Hicieron hincapié en el objetivo principal de la ley, el cual, según recordaron, consistía en modificar el régimen de los vales alimentarios proporcionados en aquella época a los trabajadores, en el sentido de que fueran incorporados como parte del salario, con los efectos que la remuneración implica. Es que hasta ese entonces, los vales no tenían naturaleza remunerativa, por ende constituían beneficios sociales que pagaban menos aportes y no se computaban a los fines del aguinaldo, ni de las vacaciones, entre otras cosas. Así, los empleadores debían pagar las cargas sociales que como parte del salario les correspondía, y ello permitía entonces que los empleadores pudieran optar por pagar el salario con moneda de curso legal o con tickets o vales alimentarios. Dicha propuesta afectaría a los intereses económicos y comerciales de las empresas que se encontraban nucleadas en la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares (CEVAS), ya que en caso de sancionarse, los empleadores dejarían de adquirir los mencionados vales a los emisores.En este contexto y con especial referencia a la conducta juzgada y al delito investigado en las presentes actuaciones el “a quo” tuvo principalmente en cuenta las consecuencias que la sanción del proyecto de ley impulsado por el Diputado Héctor Recalde, podría tener en el ámbito empresario y de allí el interés de corromperlo para que modifique, a cambio de un ofrecimiento espurio, el destino de la ley. En efecto, tal como expusieron los testigos durante el debate, una enorme cantidad de empresas pagaban a sus empleados parte de sus contraprestaciones con los tickets alimentarios, y generaba un enorme movimiento de plata en torno a ello. Sobre el punto, Mariano Recalde manifestó que “si bien los beneficios de las empresas no fueron evaluados en términos económicos en una tasa de ganancia, se entendía que esos vales eran un gran negocio, el cual no era rentable únicamente por la venta a las empleadoras sino también por el cobro de una comisión a los supermercados y demás comercios que aceptaban esos tickets y después los canjeaban por dinero” (fs. 18 vta.). Recordó, además, que era conocida la oposición que las empresas tenían respecto del proyecto de ley. En efecto, según contó la representación de la Cámara de Empresas de Vales Alimentarios y Similares, que aglutinaba entre otras empresas a Accor, pudo exponer en más de una oportunidad su postura en relación al proyecto de ley, manifestando su oposición o efectuando propuestas de modificación. Asimismo, la voz cantante del sector en el tramo de discusión institucional fueron L. y Engel, quien además de corroborar esta situación, expresó la sorpresa que causó en el ámbito interno la publicidad de los hechos ventilados. Por su parte, el testigo Engel quien se desempeñaba como directivo en la Cámara de Vales Alimentarios reconoció el alto impacto económico que la modificación propuesta en el proyecto de ley generaba para las empresas y la preocupación de la Cámara frente a dicha circunstancia.Sobre el punto, consideró el “a quo”, además, que “incluso, reconoció el propio Engel que el proyecto era un tema de preocupación para la cámara que presidía como para la empresa que dirigía, porque ésta tenía varios servicios pero no del tamaño ni del impacto económico como el que estaba en juego con la modificación en materia de vales alimentarios. Explicó que cualquier evaluación en ese sentido dependía de que forma terminaba resultando la modificación del régimen, total o parcial. Relató que una vez sancionada la ley la empresa tuvo que reestructurarse para garantizar las operaciones existentes” (cfr. fs. 32). El tribunal, además, evaluó correctamente el relato de Mariano Recalde y Gustavo Ciampa en cuanto expresaron la presión de la prensa que habían recibido durante el tratamiento del proyecto de ley, conocido como uno de los que integraban el paquete de leyes “anti-empresas” y los perjuicios que podrían sufrir las empresas con la modificación que se intentaba. Respecto del ofrecimiento espurio efectuado por el imputado, el tribunal evaluó, en primer término, la declaración del testigo Mariano Recalde, quien relató que cuando se desempeñaba como asesor de la Comisión de Legislación del Trabajo prestando asesoramiento jurídico respecto de los proyectos de ley presentados en la comisión, recibió a fines de octubre o principios de noviembre un llamado de M. G. G. S. en el que le solicitó una reunión con urgencia. Dijo que le explicó que tenía que ver con el proyecto de ley de marras, que el espíritu era que tenía una oferta para transmitirle, para ver si se podía conversar sobre proyecto de ley. Así, relató el modo en que se fueron desarrollando los hechos y las comunicaciones que se mantenían con el imputado y S. L. En este sentido, cabe recordar que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia efectuada por el diputado Héctor Recalde, representado por Garrido, quien luego de tomar conocimiento de la propuesta venal formulada por M. G.Guido S. y S. A. L., rechazó el acuerdo criminal espurio y efectúo la denuncia. Asimismo, es dable destacar que Héctor Recalde concurrió al estudio jurídico WortmanJofre, donde lo asesoraron respecto del procedimiento a seguir para formalizar la denuncia y recomendaron grabar las conversaciones que mantuviera con el imputado. También valoró correctamente el “a quo” el contenido de las grabaciones aportadas por el denunciante a partir de las cuales se pudo determinar las distintas propuestas efectuadas a Mariano Recalde respecto del destino del proyecto de ley, y las pericias efectuadas sobre las mismas en cuanto a la secuencia lógica y falta de alteración de su contenido. Concretamente, tuvo en consideración el contenido del material audiovisual registrado el día 19 de noviembre de 2007 de donde se observa con claridad cómo G. G. S. y L. le ofrecieron a Mariano Recalde, para que éste transmitiera a su padre Héctor, las siguientes propuestas: “(i) una suma de dinero mensual o un pago único al Diputado Recalde para que “cajonee” el proyecto; (ii) una suma de dinero superior si el Diputado modificaba el proyecto manteniendo el carácter no remunerativo de los tickets pero declarándolos inembargables; (iii) que se lo sustituya por otro proyecto que establezca la obligatoriedad de otorgar tickets a todos los trabajadores que cobren menos de $2000. Para esta última opción, se ofreció abonar la suma de 20 millones de dólares en cinco cuotas: 10% al presentar el nuevo proyecto, 10% se si aprobaba en comisión, 10% si se aprueba en Diputados, otro 20% cuando tuviera media sanción en la Cámara de Senadores y el 40% restante cuando esté publicado en el Boletín Oficial”. En cuanto a la credibilidad puesta en duda por la defensa, corresponde recordar que luego de evaluar el contenido de las grabaciones aportadas por el denunciante, el tribunal resaltó las declaraciones efectuadas por los testigos Garrido, Nardelli Mira y Slevin quienes fueron coincidentes en cuanto explicaron de manera clara, concisa y coincidente el protocolo seguido para la obtención, registro y resguardo del material aportado en la denuncia.Sobre el punto, manifestó el “a quo” que el testigo Garrido relató que el estudio Wortman Jofré tenía experiencia en realizar cámaras ocultas, contando con un equipo humano y técnico para la realización de las filmaciones y las grabaciones y que la persona que se encarga de eso era Gustavo Slevin. Por su parte, el testigo Juan Carlos Nardelli Mira -escribano- relató que habitualmente realiza el precinto de equipos y registra manifestaciones en colaboración con el estudio WortmanJofré, trabajando en otros casos siguiendo la misma tecnología y que su trabajo consistía en precintar los equipos que se utilizarían para registrar filmaciones, que no mira el contenido de lo filmado sino la información técnica. El tribunal hizo hincapié especialmente en los testimonios colectad os en el debate prestados por los profesionales que tomaron conocimiento de las filmaciones, más allá que ninguno de ellos observó fehacientemente alguna alteración manifiesta del material y destacó algunas conclusiones a las que arribaron los expertos. Asimismo, la pericia de fs. 894/897 valorada por el “a quo” para resaltar la credibilidad del contenido de las grabaciones, el informe efectuado por el perito Conrado Antonio Potterson y el testimonio de Gustavo Gabriel Slevin resultaron concordantes en cuanto a la secuencia lógica existente en el video y la falta de signos de alteración del material aportado, más allá de que no se tratara del original, sino de una copia, así como que los videos tienen un principio y fin lógico, no se evidencian cambios importantes en el sonido ambiente y guardan sincronismo entre video y audio. También destacó las actas notariales y el testimonio del escribano Juan Carlos Nardelli Mira, quien intervino en su calidad de funcionario público y dio fe respecto de la autenticidad de las grabaciones y el modo en que se llevó a cabo el procedimiento de registro y grabaciones de las reuniones mantenidas entre el imputado y Mariano Recalde.Así, de las actas notariales referidas no sólo se desprende la entrega del equipo de video filmación que fuera utilizado para efectuar la grabación de la reunión mantenida entre en el estudio jurídico de la calle Tucumán 1452, piso 1º, Oficina 2, el día 5 de noviembre de 2007 a las 17.30 con un precinto de lo que se dejó constancia en la escritura 150, pasada al folio 184, sino que además se efectúo una copia del contenido del único archivo que existía en la memoria del equipo. Asimismo y conforme surge del acta notarial de fs. 66, el equipo de filmación utilizado para la grabación de la reunión mantenida el día 19 de noviembre de 2007, fue precintado, siguiendo idéntico mecanismo detallado anteriormente, y se verificó que en el equipo no había archivos de video registrados en la memoria y/o carpetas de dicho aparato y se procedió a precintarlo con una faja de seguridad con sello y firma del escribano. Destacó el “a quo” el informe pericial efectuado por el perito oficial interviniente, Conrado Antonio Petterson, quien declaró que las filmaciones que tuvo bajo análisis si bien no eran las originales, tenían una secuencia lógica y una concisa sincronización entre el audio y la imagen, a lo que agregó que de haberse producido cambios bruscos o algo relevante en el ambiente o sonodio de estos archivos, lo hubiera informado de manera categórica en la pericia practicada. En idéntico sentido, se expidió el testigo Rodrigo Del Pino, al señalar que las filmaciones observadas no presentan ninguna alteración o cambio brusco, no fueron trucadas y no fue editada. Por último, el testigo Slevin reafirmó las conclusiones a las que arribaran los testigos, explicando el mecanismo utilizado para la grabación y las medidas de seguridad pertinentes para que el material audiovisual tuviera valor probatorio.Recuérdese que el denunciante concurrió a un estudio jurídico especializado en derecho público y en derecho penal, que tenía experiencia en realizar cámaras ocultas y que contaba con un equipo de trabajo que asesoró a los consultantes para poder acreditar el ofrecimiento espurio realizado para frenar o modificar el proyecto de ley. Fue a partir de las pruebas reseñadas, que el tribunal evaluó que luego de los llamados efectuados a Mariano Recalde solicitándole una reunión de modo urgente, el imputado efectuó un ofrecimiento espurio de dádivas a cambio de que retardara o modificara el proyecto de ley presentado por el diputado Héctor Recalde que cambiaba el régimen de los vales alimentarios que los empleadores le otorgaban a los trabajadores no sólo mediante las declaraciones de los testigos que concurrieron al debate, en particular, Mariano Recalde, sino mediante la filmación de las reuniones de los días 6 y 19 de noviembre de 2007. Entonces, si bien luce correcta la afirmación que efectúa la defensa en cuanto sostiene que el archivo en el que constan las grabaciones son copia y no el original, tal como relatara el testigo Nardelli las filmaciones originales se encontraban reservadas y ello no implica que su contenido se hubiera alterado. Por el contrario, los testigos fueron coincidente al señalar que el contenido o material audiovisual guarda una secuencia lógica y no se advierte en él alteraciones o defecto, que permitieran sostener la edición.Luce correcta la afirmación del “a quo” en cuanto concluyó que “el contenido de las grabaciones ha sido contrastado y valorado en todo caso como coincidente con la prueba testifical de Mariano Recalde quien en cuanto a la autenticidad e integridad de las filmaciones afirmó que las imágenes que aparecían en la cinta coincidían con lo que él había presenciado directamente, ratificando íntegramente su contenido y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, vinculadas con su intervención y la de los imputados”. Así, fueron las constancias reseñadas precedentemente las que permitieron concluir al tribunal la existencia de un ofrecimiento espurio que el imputado M. G. G. S. realizó al diputado Héctor Recalde, por intermedio de Mariano Recalde, para que en su condición de Presidente de la Comisión Legislativa del Trabajo modifique o retarde un proyecto de ley. En efecto, de la reseña efectuada se desprende que en el fallo recurrido se ha efectuado un exhaustivo examen de los elementos probatorios arrimados al debate, valorándolos de manera conjunta, armónica e integrada conforme a las reglas de la sana crítica, sin que la defensa logre demostrar la arbitrariedad que invoca. En este sentido, se advierte que el a quo ha explicitado los motivos por los que creyó verosímil el relato del denunciante Héctor Recalde, que fue corroborado por los demás testimonios recibidos durante el juicio, y el material audiovisual del que se desprende la existencia del ofecimiento espurio que fuera imputado a G. G. S., por el que resultara finalmente condenado. Por lo demás, las alegaciones que efectúa el recurrente en su presentación casatoria no logran conmover el razonamiento efectuado por el a quo.En efecto, las críticas que efectúa la defensa respecto de la credibilidad del material audiovisual que fue valorado por el “a quo” para tener acreditada la conducta juzgada no resultan atendibles en tanto no sólo la originalidad y la falta de alteración del material aportado por el denunciante fue comprobado mediante el escribano público que diera fe respecto del mecanismo y procedimiento utilizado para llevar a cabo dicha grabación, sino que las imágenes y videos que se observan resultan coincidentes con las declaraciones efectuadas por Mariano Recalde, quien afirmó presenciar directamente la reunión, ratificando las imágenes, el contenido y el contexto en el que se sucedieron los hechos investigados.

Por último y en relación a los cuestionamientos del recurrente relativos a la posible afectación del derecho de defensa en juicio, cabe remitirse, en primer término, a lo resuelto por esta Sala IV en las quejas planteadas frente a la decisión del “a quo” de rechazar la nulidad planteada relativa a la extracción de copias y al rechazo del pedido de suspensión de la audiencia oral oportunamente fijada (cfr. en tal sentido, C.F.C.P., Sala IV: causa CFP 16133/2007/TO1/7/RH2, caratulada: “G. G. S., M. s/queja”, Reg. Nro. 1712/2015.4, rta. el 11/9/2015 y causa CFP 16133/2007/TO1/7/RH1, caratulada: “G. G. S., M. s/queja”, Reg. Nro. 1711/2015.4, rta. el 11/9/2015). Tampoco podrá tener favorable acogida la crítica de la defensa relativa a la falta de citación del señor Hugo Wortman a declarar en el debate, en tanto la parte no se ha hecho cargo de demostrar, siquiera de especificar en qué medida dicha decisión le genera un perjuicio concreto o una afectación al derecho de defensa, ni en qué medida dicha prueba resultaba útil con relación a la investigación de los hechos juzgados en la presente causa.En idéntico sentido, tampoco la defensa invoca la posible relación que la decisión del tribunal tendría con el concreto ejercicio del derecho de defensa en juicio, ni la pertinencia de su recepción en los términos del art. 355 y 356 del C.P.P.N. II. b. Calificación legal. La defensa particular, en segundo lugar, se agravio por la errónea aplicación de la ley sustantiva considerando que no se encuentran reunidos los elementos típicos del delito de cohecho activo, requeridos por el art. 258, en función del art. 256 del C.P. En primer término y con relación a la calificación legal asignada, cabe recordar, como he tenido oportunidad de sostener al votar en la causa Nro. 11.083 caratulada: “RAMÍREZ, Andrés y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 15145.4, rta. el 27/06/2011, entre otras, que “el art. 258 del Código Penal, prescribe que: “Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los arts. 256 y 256 bis, primer párrafo [.]”. Por su parte, el art. 256 del mismo cuerpo legal, reprime al funcionario público que “por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”. De la lectura de la norma bajo examen se desprende que la dación o la oferta deben estar guiadas subjetivamente por los designios de típicos contenidos en el art. 256 del C.P., de modo que constituye un requisito esencial de la figura el ánimo de corromper al funcionario”. En dicha inteligencia, la protección de la administración pública, como bien jurídico protegido por esta clase de delitos, se encuentra destinada en particular a eliminar la corrupción y la venalidad de la administración pública.Es en ese sentido, que se establecen los fines buscados por la Convención Interamericana contra la Corrupción, sancionada en nuestro derecho interno mediante ley Nro. 24.759, en la que se establecieron como propósitos “(p)romover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción” y “(p)romover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio” (art. 2). En dicha Convención se definieron como “actos de corrupción”, no sólo al requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas (art. VI, inc. 1.a), sino también al “ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas” (art. VI, inc. 1.b) (cfr. en lo pertinente, causa Nro. 14.770 del Registro de esta Sala, caratulada: “CIRIGLIANO, Sergio Claudio s/recurso de casación”, Reg. Nro. 744/12, rta. el 14/05/2012). En el sub examine, el tribunal evaluó que la conducta de M. G. G.S., consistente en el ofrecimiento de dádivas hacia un funcionario público en el caso el diputado Héctor Recalde, con el objeto de que retarde o modifique un proyecto de ley, configura el delito de cohecho activo. En efecto, para la configuración de la conducta reprimida en el art. 258 del C.P. alcanza con el mero ofrecimiento de dádivas a un funcionario público, sin necesidad de que aquel acepte la propuesta efectuada por el sujeto activo. En este sentido, el delito de cohecho activo es un delito autónomo del previsto en el art. 256 del C.P., en el sentido de que se consuma con la sola propuesta venal, que es conocida por el funcionario público, independientemente de la aceptación de la propuesta por parte del funcionario público. La afirmación efectuada por la defensa relativa al desconocimiento por parte de M. G. G. S. de la calidad de funcionario público de Mariano Recalde, como un supuesto error de tipo, no encuentra sustento en las constancias de la causa, por lo que deberá ser rechazada. La defensa intenta introducir un error sobre la persona a la cual le ofrece finalmente la dádiva que no resulta compatible con las constancias de la causa ni las pruebas reunidas durante el debate, en tanto el imputado conocía la relación jurídica que vinculaba a Recalde con el estado y la calidad de funcionario público que el mismo revestía. En efecto, el conocimiento que el imputado tenía de la calidad de funcionario público que revestía Mariano Recalde, esto es la relación jurídica que lo vinculaba con el Estado era conocida a raíz de las reuniones que mantenían por los juicios laborales que los unía y se pone de manifiesto mediante los llamados que el mismo M. G. G. S. efectuara hacia Mariano Recalde para conversar sobre el proyecto de ley.Nótese en este sentido que de los diversos testimonios recibidos en autos se detalla las reuniones ocasionales que tenía Mariano Recalde con el imputado, la relación entre Guido Spano y L., quien a su vez representaba a la Cámara de Vales y quien había participado en algunas oportunidades de las discusiones institucionales sobre la el proyecto de ley. En este sentido, no puede alegarse el desconocimiento respecto del estado del proyecto de ley y la calidad de funcionario público de quien lo impulsaba. Asimismo, Mariano Recalde se desempeñaba como asesor del diputado Héctor Recalde al momento de los hechos, de modo que el ofrecimiento fue dirigido hacia un intermediario dentro del marco de su competencia y funciones, podía transmitir la propuesta espuria hacia Héctor Recalde. Examinada la sentencia atacada a la luz de lo expuesto, advierto que el tribunal sentenciante ha fundado debidamente la condena de M. G. G. S. y la calificación jurídica asignada al hecho juzgado. Por todo lo expuesto, corresponde: I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de M. G. G. S. Sin costas en la instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (art. 8.2.h de la C.A.D.H. y 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:

Que las conclusiones que surgen del voto de mi colega preopinante, del Dr. Gustavo M. Hornos, revelan que la sentencia traída a estudio no puede ser descalificada como acto jurisdiccional válido en los términos de los artículos 123 y 404 inc. 2 del C.P.P.N. En razón de ello, adhiero a la propuesta de rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de M. G. G. S., sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Así voto.-

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:Que coincido en lo sustancial con los fundamentos desarrollados en el voto de mi distinguido colega que me precede en el orden de votación, doctor Gustavo M. Hornos -que contó con la adhesión del doctor Juan Carlos Gemignani-, y adhiero a la solución propuesta, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal efectuada. Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de M. G. G. S. Sin costas en la instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (530 y 531 in fine del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal. Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese (Acordada Nº 15/13 -Lex 100-, CSJN). Remítase la presente causa al tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

JUAN CARLOS GEMIGNANI

GUSTAVO M. HORNOS MARIANO

HERNÁN BORINSKY

Ante mí: HERNÁN BLANCO

Secretario de Cámara