La provincia acudió a la Corte por la coparticipación.

vidalla provincia de Buenos Aires demandó al Estado nacional ante la Corte Suprema para que le reintegre 48.000 millones de pesos correspondientes a recursos de la coparticipación federal que en los últimos cinco años fueron derivados a la Anses y la AFIP. Se trata de la misma demanda que el máximo tribunal resolvió favorablemente en noviembre pasado para Córdoba, Santa Fe y San Luis.

El reclamo incluye la exigencia para que cese de inmediato la retención del 15% de la coparticipación, que es derivada al sostenimiento de la Anses, y el 1,9% de la recaudación aduanera, que se destina a la AFIP. En este último caso, solicita una medida cautelar para acelerar el cese.

La presentación ante la Corte Suprema fue realizada el miércoles pasado por el fiscal de Estado bona-erense, Hernán Gómez. Al conocerse, ayer, el gobierno de María Eugenia Vidal buscó tomar distancia para evitar que fuera interpretada como un foco de conflicto con el presidente Mauricio Macri, con quien la gobernadora negocia la recuperación de otros dos fondos: el del conurbano y el de infraestructura social.

Pero en los hechos las demandas presentadas por Gómez podrían tomarse como dos nuevos argumentos de los que Macri y Vidal terminarán sirviéndose para defender ante el resto de los gobernadores la necesidad de enviar más recursos a Buenos Aires. Vidal estuvo al tanto del inicio de la demanda de Gómez, en diciembre, y la convalidó días atrás con un decreto aún no publicado.

«Hay una relación política de mucha afinidad con la Nación, pero todos entendemos nuestro rol institucional de preservar los intereses de los bonaerenses. Éste es un derecho que no se puede resignar. Es un conflicto jurídico entre dos estados que en nada interfiere en la negociación política por otros fondos», señaló a LA NACION el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza.

En un sentido similar se expresó el fiscal Gómez. «A la luz de la nueva jurisprudencia de la Corte, la provincia considera que está habilitada para reclamar el retroactivo», señaló. Al igual que Lacunza, explicó que si también se reclamó «el cese inmediato de la detracción» para este año fue porque «esa posibilidad fue habilitada por el pacto que los gobernadores firmaron con la Nación», en alusión al encuentro que se realizó en mayo en Córdoba.

Con los antecedentes de Santa Fe, San Luis y Córdoba, la primera demanda presentada por Gómez exige que la Corte declare la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078. Se trata de la ley de presupuesto de 2006, que prorrogó la detracción del 15% de la recaudación de varios impuestos, entre ellos Ganancias, para financiar a la Anses.

«Viola el artículo 75 inciso 2 de la Constitución, y también la disposición transitoria sexta, de donde surge que el régimen de distribución de tributos no puede modificarse ni prorrogarse unilateralmente», fundamentó Gómez, sino que requieren el acuerdo con las provincias.

La demanda también exige que se declare el cese definitivo de la detracción de ese 15% y «se condene» al Estado nacional a reintegrar «las sumas que retuvo indebidamente con intereses» entre 2010 y 2015.

¿Por qué sólo en los últimos cincos años y no desde 2006 o desde 1993, cuando la provincia dejó de convalidar el Pacto Federal I, de 1992, en el que se creaba la detracción del 15% para la Anses? La respuesta roza el escándalo: porque para este tipo de recursos la posibilidad de reclamar prescribe a los cinco años.

«Esto deja en evidencia todo lo que no hicieron los anteriores gobiernos», dijo Lacunza. De hecho, el reclamo de Gómez y, por extensión, de Vidal deja mal parados a 20 años de gobiernos peronistas.

Éstos podrían defenderse con dos buenos argumentos: que el precedente jurídico recién fue fijado por la Corte en noviembre de 2015 y que, quizá por primera vez en décadas, el clima político es favorable para La Plata: antes de Macri-Vidal no hubo presidente peronista que no quisiera limitar -cuanto menos financieramente- al gobernador bonaerense de turno.

Dentro de la primera demanda, el último reclamo del fiscal busca que se condene al Estado nacional a devolverle a la provincia el 15% de la coparticipación durante las semanas en las que rigió el decreto 2635/15 de Cristina Kirchner, que, antes de abandonar el poder, ordenó devolver esos fondos a las provincias. Macri lo anuló con otro decreto.

Para el fiscal, el monto que representa el reclamo total y retroactivo por el 15% durante los últimos cinco años es de 40.000 millones de pesos. El cálculo surge de la Comisión Federal de Impuestos (CFI).

Pero a ellos habría que sumarles 8000 millones de pesos de la segunda demanda, que ataca el artículo 1 (inciso a) del decreto 1399, de 2001, dictado por el entonces presidente Fernando de la Rúa, que destinaba el 2,75% de la recaudación aduanera a financiar la AFIP. Hoy, esa detracción es del 1,9%.

Como en la demanda primera, y citando los antecedentes de Santa Fe, Córdoba y San Luis, Gómez pide que se declare la inconstitucionalidad de la norma. También exige el retroactivo de los últimos cinco años y agrega una cautelar para que la detracción cese de inmediato.

El fiscal de Estado presentó las demandas sobre la hora. Tenía un día más, hasta el 30 de junio. ¿Por qué? Porque tras el fallo de la Corte de noviembre, Gómez presentó en diciembre una demanda originaria ante el máximo tribunal para detener los tiempos de prescripción. Ese acto fue comunicado a la Casa Rosada, que lo rechazó. Tanto Vidal como Macri estuvieron al tanto, entonces, al menos desde diciembre.

Pero para presentar formalmente las demandas Gómez necesitaba también un decreto de autorización de Vidal. Y allí quizás esté el mejor argumento de la gobernadora para mostrar distancia política de las denuncias y, a la vez, no sumarse a la lista de gobernadores que dejaron caer el reclamo: Vidal demoró hasta último momento ese decreto. Según supo LA NACION, es el N° 766, firmado el 23 de junio. No fue publicado aún en el Boletín Oficial.

Fuente: La Nación

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