La justicia del trabajo debe entender en accidentes de trabajo que sufran los empleados públicos.

RenunciaPartes: Giardino Silvio Antonio c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ accidente de trabajo – acción especial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 20-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98175-AR | MJJ98175 | MJJ98175

Se admite la competencia del fuero laboral para entender en un reclamo por accidente de trabajo formulado por un empleado público.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia en cuanto declaró la incompetencia del tribunal de trabajo para entender en la presente, pues la competencia sobre la materia contencioso administrativa no comprende el conocimiento y decisión de las demandas en las que se reclama una indemnización prevista y reglada en normas del derecho laboral atinentes a accidentes de trabajo, aun cuando la pretensión del actor tenga su origen en una relación de empleo público.

2.-Para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión.

Fallo:

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 20 de abril de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Genoud, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.510 «Giardino, Silvio Antonio contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo – Acción especial».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo nº 2 del Departamento Judicial San Nicolás hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la demandada, imponiendo las costas a la parte actora (fs. 199/200 vta.).

Ésta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 204/209), concedido por el citado tribunal a fs. 210.

Dictada a fs. 218 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El tribunal de trabajo admitió la excepción de incompetencia opuesta por el Banco de la Provincia de Buenos Aires contra la acción promovida por Silvio Antonio Giardino, en cuanto le reclamó el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados del infortunio laboral que denuncia haber sufrido.

Para resolver de esa manera determinó que la relación que unía al actor con la entidad bancaria demandada constituía una relación de empleo público y que la materia sometida a juzgamiento era propia de la competencia contencioso administrativa (arts. 1, 2 y 31 de la ley 11.653; 345 inc. 1 y 352 inc. 1 del CPCC; 1 y 2 inc.4 de la ley 12.008). Agregó a ello que, aun en el entendimiento que la actuación adjudicada a la accionada no sea en el ejercicio de la función administrativa, la fundamentación del reclamo en el derecho civil, y no en normas laborales, corroboraba la falta de jurisdicción del tribunal (fs. 200).

En consecuencia, declinó su intervención y ordenó remitir las actuaciones al fuero referido.

II. La actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 2 de la ley 11.653; 2 inc. 4 de la ley 12.008 y de la doctrina legal que cita (fs. 204/209).

Cuestiona la decisión del sentenciante de origen en cuanto se declaró incompetente para resolver la presente causa.

En tal sentido, alega que el actor reclamó una indemnización integral con fundamento en los arts. 1109 y 1113 del anterior Código Civil, materia ésta que es propia de la justicia del trabajo, máxime -añade- que a los fines de su eventual progreso debe evaluarse la validez constitucional de la normativa laboral (LRT).

Refiere que la doctrina citada por el tribunal en apoyo de lo resuelto no resulta de aplicación al caso, en tanto ha sido elaborada en base a supuestos de despido y no de accidentes laborales. Agrega que este Tribunal ha dicho que independientemente de la naturaleza del vínculo habido entre las partes (relación laboral en el marco de la LCT o empleo público), las cuestiones que versan sobre infortunios laborales son de competencia de ese fuero.

III. El recurso prospera.

1. a.Silvio Antonio Giardino promovió demanda de daños y perjuicios contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener una indemnización a raíz de la incapacidad que dice padecer como consecuencia de lo ocurrido el día 23-XI-2010, ocasión en la que fue víctima de un hecho delictivo mientras se dirigía por la ruta Panamericana en dirección a la localidad de San Nicolás, y delincuentes armados interceptaron el camión de caudales a bordo del que se encontraba, en su condición de jefe de transporte de caudales.

En este episodio, el actor considera haber sufrido un accidente de trabajo cuyas consecuencias dañosas -detalladas a lo largo de los rubros que reclama- deben ser reparadas por la demandada.

Por ello, funda su pretensión en los arts. 1109 y 1113 del anterior Código Civil y plantea, como prolegómeno de su reclamo, la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 14, 15, 21, 22, 39, 40, 46 y 49 de la ley 24.557.

b. Los jueces de Tribunal de Trabajo nº 2 del Departamento Judicial San Nicolás admitieron la excepción opuesta por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y se declararon incompetentes para entender en el asunto. Ello por considerar que la relación que unía al accionante con el Banco demandado era de empleo público, debiendo tramitar la causa ante el fuero contencioso administrativo (arts. 1 y 2 inc. 4 de la ley 12.008; v. fs. 199/200 vta.).

2. Reiteradamente se ha sostenido que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (doct. causas B. 68.059 «Baez», res. de 3-XI-2004; Ac. 97.052 «Mazzoletti», sent. de 17-V-2006; B. 72.860 «Ghersinich», sent. de 4-XII-2013 y B. 73.370 «Morales», sent. de 18-III-2015; entre muchas otras; CSJN Fallos:308:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298; entre otros).

Bajo tal premisa, surge del relato efectuado en la postulación inicial que el objeto de la presente demanda consiste en hacer efectiva una pretensión indemnizatoria por los daños y perjuicios derivados del accidente que el accionante denuncia haber sufrido el día 23-XI-2010, mientras realizaba trabajos para la entidad bancaria accionada.

Luego, el presente es un caso singularmente raleado del conocimiento de los órganos que componen el fuero contencioso administrativo, al encontrarse regido primariamente por normas y principios de derecho privado y laboral (art. 4 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101).

Corrobora lo anterior lo decidido recientemente por este Tribunal en la causa B. 73.571 «Molina Oscar Guillermo c/Ministerio de Seguridad s/Daños y Perjuicios/Conflicto de Competencia», sent. de 8-IV-2015, donde se trataba de un hecho luctuoso del cual el actor adujo haber sido víctima, con la sola diferencia que en aquel caso se trató de un agente de la fuerza policial quien custodiaba el camión de caudales en cuyo interior se encontraba el demandante, según lo indica.

En tal sentido, esta Corte tiene dicho que la competencia sobre la materia contencioso administrativa no comprende el conocimiento y decisión de las demandas en las que se reclama una indemnización prevista y reglada en normas del derecho laboral atinentes a accidentes de trabajo, aun cuando la pretensión del actor tenga su origen en una relación de empleo público (conf. causa B. 59.414 «Delgado», res. de 29-IX-1998; entre otras).

De modo tal que el conocimiento y decisión de pretensiones deducidas por accidentes de trabajo corresponden a la competencia material de los tribunales de ese fuero, debiendo la cuestión sustanciarse conforme las normas procesales estatuidas para el ámbito local por la ley 11.653.

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso traído, revocar la sentencia impugnada en cuanto declaró la incompetencia del tribunal de trabajo para entender en la presente.Los autos deberán volver al órgano judicial de origen a fin de que proceda a sustanciar la causa de conformidad con las normas procesales locales y, oportunamente, emita el pronunciamiento que corresponda; con costas (art. 289, CPCC).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Kogan, Pettigiani y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto declaró la incompetencia del tribunal de trabajo para entender en la presente.

Vuelvan los autos al órgano de grado a fin de que proceda a sustanciar la causa de conformidad con las normas procesales locales y, oportunamente, emita el pronunciamiento que corresponda; con costas de ambas instancias a cargo de la excepcionante vencida (art. 289, CPCC).

Regístrese y notifíquese.

LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

DANIEL FERNANDO SORIA

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario

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